ARIT-LPZ-RA-1982-2018 La AIT anula la Resolución Determinativa por falta de sustento de la acusación. El SIN tras una orden de fiscalización observó las notas fiscales y facturas correspondientes al IVA IT IT-Retenciones IUE IUE-Retenciones, las observaciones fueron: Notas fiscales no declaradas por el emisor (proveedor de automóviles) y facturas que el proveedor no declaró o declaro por un importe menor, compras que no se encuentran respaldadas con medios fehacientes de pago. La AT no estableció de forma expresa y objetiva las causas que les motivaron a observar específicamente las facturas que tienen las observaciones, ya que tienen la obligación de mostrar de manera objetiva los reparos obtenidos producto de la verificación realizada, se limitaron a evaluar documentación del emisor por tanto vulneraron el derecho al debido proceso del acusado.

ARIT-LPZ-RA-1982-2018

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1982/2018 

Recurrente: 

Víctor Justino Apaza Callisaya 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

i İmpuestos Nacionales, legalmente 

representada por Iván Arancibia Zegarra 

Acto Impugnado: 

Resolución Determinativa N° 171820001658 (SIN/GDLPZ-1/DJCC/TJ/RD/246/2018) 

PUTEMYT 

Expediente: 

—ARIT-LPZ-1475/2018 —– 

. I. –uutu 

z, 14 de diciembre de 2018 

KEWALL 

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VISTOS El Recurso de Alzada, el Aŭto de admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y prodúcidas por las partes cursantes en el expedierite administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ No-1982/2018 de 13 de diciembre de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente: 

– www 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La “Resolución Determinativa N° 171820001658 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/TJ/RD/246/2018) de 17 de agosto de 2018, emitida por la Gerencia Distrital La Paz-l del Servicio de Impuestos Nacionales, determinó de oficio las obligaciones impositivas determinadas sobre base cierta de Victor Justino Apaza Callisaya en la afaq suma de 256.754.UFV’s, importe que incluye tributo omitido, actualización e intereses, resultante de la verificación de ciertas transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el IVA, IT-Retenciones, IUE, IUE-Retenciones, correspondiente a la ToNet gestión fiscal con cierre a marzo 2014; asimismo, sancionó con la Multa por omisión de Pago del 100% conforme lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492, cuyo importe alcanza a la suma de 214.618 UFV’s. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1 Argumentos del Recurrente Víctor Justino Apaza Callisaya mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 2018, cursante a fojas 58-67 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente: 

La Resolución Determinativa carece de fundamentación técnica jurídica, puesto que arriba a conclusiones sin detallar o especificar método y el sustenta sus determinaciones; se limitó a manifestar que las facturas por compra de gasolina y diésel no son válidas; lo cual lesiona flagrantemente sus intereses y vulnera la garantía al debido proceso en su vertiente de fundamentación, además que lo dejó en indefensión y denota que el ente fiscal no partió de una premisa normativa para contrastarla con hechos y arribar a sus conclusiones. 

El Ente fiscal observó facturas por compra de gasolina y repuestos para vehículos en razón a que supuestamente no se encontrarían activados en el balance general y por no contar con registro Propietario; al efecto, debió agotar los medios de prueba para llegar a la verdad material de los hechos y verificar si el recurrente se valió de tales vehículos para ejecutar su actividad comercial; asimismo, argumenta que los vehículos no se encuentran inscritos en los registros públicos a nombre del recurrente y procedió con la depuración, no obstante, de haber entregado de manera oportuna ofreció documentación que avala su derecho propietario sobre los vehículos; agrega que debido a su actividad, transporta material de construcción, por tanto dichas facturas debieron ser validadas para el crédito fiscal. 

Considera válidas las pruebas de descargo respecto del Certificado de Registro de Propiedad de Vehículo Automotor del vehículo con placa N° 2873 ESE, pero no valida la documentación presentada en torno al vehículo con placa No 1224 YTC; del mismo modo discrimina de manera arbitraria las facturas vinculadas a los vehículos validando unas y dejando otras sin valor; situación extraña, toda vez que consideró que las facturas de compras de ambos vehículos poseían las mismas observaciones, por tanto es inadmisible que se discrimine a un vehículo bajo el argumento que es de uso particular y que no es de propiedad del recurrente, aspecto que fue demostrado; circunstancias que lesionan flagrantemente sus intereses, toda vez que n

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fundamenta apropiadamente la razón por la que las facturas de compra correspondiente al vehículo con placa No 1224 YTC son excluidas; en ningún momento hace referencia cuál es el marco normativo para llegar a tal conclusión, más al contrario en su fundamento menciona que debía presentar documentos que respalden la efectiva realización del hecho económico, demostrando así que omitió el memorial de descargos presentados, además de transgredir el artículo 69 de la Ley 2492; agrega que el procedimiento realizado en el presente caso, llama la atención y obliga a pensar que la Administración Tributaria asume determinaciones, a su libre albedrio sin ningún asidero legal, por tanto se vulneró la garantía.constitucional al debido proceso; al respecto cita los artículos 10 de la Ley 843, 10 del DS 21530, 41 de la RND 10-0016-07. 

Por otra parte, observó facturas-por-los siguientes conceptos:- 1.)-Por no encontrarse dosificadas, 2) No declaradas por el proveedor y 3) Declaradas por’un importe inferior, : sin considerar que son los proveedores quienes tienen la obligación de extender las facturas debidamente dosificadas y declarar los importes de venta en su integridad y i no derivar la responsabilidad a terceras personas que fueron sorprendidas en su buena fé; como contribuyente no cuenta con facultades para exigir a los proveedores a cumplir con sus obligaciones tributarias. Explica que si los proveedores–no– proporcionaron información fiţedigna o no declararon oportụnamente sus obligaciones o hubieran registrado importes inferiores, demuestran_ğue no .cumplen con sus obligaciones, aspecto que afecta sus intereses, ya que en su calidad de cliente, se “limito a exigir que se extienda la factura. EI SIN respondió amparándose en el artículo 70 de la Ley 2492; sin embargo; no explicó cual el motivo de las observaciones y por ende no obtuvo una respuesta material y vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación; agrega que debió aplicarla la presunción de inocencia a favor del sujeto pasivo;-conforme lo previsto en los artículos 69 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 2341. 

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Para determinar la utilidad neta se debe considerar todos los gastos que hayan sido efectivamente erogados para la obtención de la utilidad, es decir las facturas por compras depuradas debieron ser consideradas en la determinación del IVE aunque éstas se encuentren observadas, lo cual no significa que tales gastos no hubieran sido efectivamente utilizados en el desarrollo de su actividad; al respecto el acto 

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impugnado, no dio respuesta a los argumentos de descargo planteados, además que consigna nuevas observaciones, mismas que no se encuentran debidamente fundamentadas, situación que conlleva a concluir que la observación no tiene asidero legal o técnico; consecuentemente se vulneró la garantía al debido proceso en su vertiente de la debida fundamentación; al respecto cita los artículos 36 y 47 de la Ley 843 y 99 parágrafo II de la Ley 2492. 

En la determinación del UE, el ente fiscal se valió de varios indicadores que corresponden a las cuentas del Estado de Resultados, una de estas cuentas es la de Sueldos y Salarios, donde el ente fiscal refiere que de la revisión efectuada a la información contable, planillas de avance y el acta de recepción de mano de obra verificó que tuvo gastos relativos a mano de obra; sin embargo, el acto impugnado no establece cuál fue el método que siguió para llegar a tal conclusión, menos aún cual fue el marco normativo que utilizó para arribar a la misma, además que dicho importe también sirvió para determinar los supuestos impuestos omitidos por concepto de IUE Retenciones e ITRetenciones, cuyas observaciones debieron estar debidamente fundamentadas, añade que la cuenta Materiales de Construcción de la cual depende la cuenta de inventario para compra de materiales de construcción, no se encuentra debidamente expuesta y desarrollada en la Resolución Determinativa, del cual no se tiene ninguna explicación. 

En la cuenta de gastos se consigna la cuenta contable de sueldos y salarios, la cual es válida para la Administración Tributaria; empero, la cuenta de servicio de té y refrigerio no es aceptado, este análisis es ilógico ya que si a criterio del SIN el recurrente posee personal para el desarrollo de sus actividades, por ende tendría gastos por servicio de té y refrigerio los cuales van de la mano con la cuenta Sueldos y por último observó la cuenta Transporte Terrestre, afirmando que se tenia un contrato de obra en la localidad de Charazani en las gestiones 2013 y 2014, no. obstante, el ente fiscal pretende ignorar todos los gastos que fueron erogados para el traslado de material y personal, sin fundamentar cuáles son los argumentos que avalan su exclusión; aspectos que lesionan el debido proceso en su vertiente de la fundamentación e indefensión, ya que no pudo verificar que normativa se utilizó dentro del proceso de fiscalización

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Por otro lado, señala que muchas facturas observadas en el presente proceso de fiscalización, ya fueron objeto de verificación y cuyo resultado se encuentra en la Resolución Determinativa 1896/2016 de 15 de noviembre de 2016, por las que se acogió a un plan de pagos; al’efecto, se proporcionó documentación pertinente y exigió que en virtud al principio de non bis in idem, las notas fiscales sean excluidas del actual proceso de fiscalización, es decir que el ente fiscal no puede pretender determinar deudas tributarias por hechos que fueron sujetos en otro proceso de verificación. 

De acuerdo al artículo al artículo 59 del Código Tributario, las facultades de la Administración Tributaria para verificar, comprobar y determinara la deuda tributaria e imponer sanciones prescriben a los 4 años, por lo tanto resulta inviable, que se pretenda fiscalizar y exigir el pago de supuestas deudas, considerando que dichas prerrogativas y facultades habrían prescrito. La Ley. 812-promulgada el 30 de junio de 2016 y los periodos fiscalizados comprenden la gestión 2013’y 2014, por tanto resulta arbitrarjó aplicar una norma con carácter retroactivo, es decir es un acto contra legem y contrario a la Constitución Política del Estado, en este sentido, la irrétroactividad se encuentra protegida y’prevista en la mencionada Constitución bajo el criterio de favoris debilis concordante con el artículo 150 de la Ley 2492, es decir que la única situación en la que se aplica la norma de forma retroactiva, solo ocurre cuando ésta beneficie — al’ sujeto pasivo, no obstante, pese a los descargos presentados al este respecto, donde se expuso de manera clara que sus facultades se encuentran prescritas, pretende aplicar las normas con carácter retroactivo; en suma el acto impugnado no cuenta con la fundamentación, argumentación y exposición de hecho, vulnerando el debido proceso y la irretroactividad de la Ley. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 171820001658 (SIN/GDLPZ-I/DJCC/TJ/RD/246/2018) de 17 de agosto de 2018. 

afaq II.2 Auto de Admisión El Recurso de Alzada interpuesto por Victor Justino Apaza Callisaya fue admitido por Auto de 21 de septiembre de 2018, notificado por cédula a la Administración Tributaria. Net el 27 de septiembre de 2018 y de forma personal al recurrente el 1 de octubre de 2018; fojas 68-72 y 74 de obrados. 

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11.3 Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, representada legalmente por lván Arancibia Zegarra, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001413 de 29 de septiembre de 2017, por memorial 

presentado el 11 de octubre de 2018, cursante a fojas 7788 de obrados, respondió 

negativamente expresando lo siguiente: 

Los actos jurídicos llevados a cabo dentro del proceso de verificación fueron realizados bajo la égida del respeto a los derechos, reglas principios y garantias básicas fijadas por el orden judicial, se actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídico tributarias, poseyendo el pleno conocimiento de cuáles eran sus derechos y obligaciones en el marco de la garantía del debido proceso, cuidando que asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de acto; la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa fueron parte de los principios vivificadores del proceso de determinación, ejerciendo las amplias facultades del artículo 100, las genéricas que otorga el artículo 21 y las específicas conferidas por el artículo 66 de la Ley 2492. 

Desde el inicio del proceso, el ahora recurrente tuvo posibilidad de ejercer amplia e irrestrictamente su derecho a la defensa, ya que al haber tenido pleno conocimiento de todas las actuaciones, era de su responsabilidad la presentación de descargos o pruebas que desvirtúen los reparos; en consecuencia las afirmaciones realizadas no cumplen los requisitos esenciales para su validez, son argumentos que carecen de todo tipo de respaldo legal, al respecto cita la SCP 1380/2016, SCP 0536/2014, SSCC 0731/2010R, SSCC 0242/2011R y SC 0345/2004-R

En relación a las facturas por compra de gasolina, diésel y repuestos, inicialmente se observó el derecho propietario de los vehículos, ya que éstos no se encontraban registrados en la cuenta de activos fijos, ni estaban registrados a nombre del recurrente; sin embargo, en el proceso de la fiscalización, presentó fotocopia del Certificado de Propiedad del vehículo con placa N° 2873 – ESE, por tanto se dio por válidas las facturas por compra de gasolina y repuestos respecto de este vehículo; por otra parte presentó la DUI C-22130, fotocopia del Certificado de Propiedad del vehículo y certificado SOAT 2015, correspondiente al vehículo con placa N° 1224-YTC 

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(vagoneta Nissan Terrano), sin embargo no surten efecto probatorio en razón a que el vehículo no fue activado como parte del activo fijo en el Balance General de la gestión fiscalizada, además no cuenta con registro RUAT y se trata de un bien de uso particular, por tanto las.facturas de combustible no fueron consideradas válidas para la apropiación del crédito fiscal, toda vez que no se encuentra vinculada con la actividad del contribuyente, aspecto que no ocurrió con el primer vehículo citado anteriormente. 

En relación a las obligaciones tributarias de los proveedores del recurrente, se realizó control cruzado y se constató que éstos no registraron en su Libro de Ventas IVA las facturas declaradas por Víctor Justino Apaza Callisaya, o declararon las ventas al referido contribuyente, pero por importes menores, a cuyo efecto se realizó el ajuste, por tanto, se obtuvo diferencias-a-fayor,-del-fisco,-aspectos que fueron puestos a : conocimiento del sujeto pasivo a efectos de desvirtuar las observaciones, hecho que : no sucedió, y sólo se limitó a señalar que es obligación de la Administración Tributaria: buscar la verdad material; al respectolen aplicación del prìncipio de verdad material, se determinó, que el recurrente omitió la presentación de documentación de respaldo de las supuestas transacciones realizadas, en tal entendido, las facturas de compras al no contar con documentación que demuestre la transacción del hecho económico, – – – no demuestra el ingreso de estos bienes o insumos a inventarios, es decir no se demostró la materialidad de las compras observadas; es decir no respaldo fehacientemente la realidad económica de sus transacciones, toda vez que no presentó respaldos de sus compras de sus actividades y operaciones gravadas, ni respaldo la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan; es decir no respaldo sus actividades y operaciones con documentación fehaciente de pago que hubiera permitido evaluar y descargar las observaciones, al efecto cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0183/2008, STG RJ/437/2008, AGIT-RJ 0147/2011, artículos 76 de la Ley 2492, 41 de la RND 10-0016- afaq 07 y 8 de la Ley 843. 

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Sobre la determinación del TUE, el contribuyente obtuvo ingresos por el Contrato de Obra N° 159/2013 suscrito con el Fondo Social de Inversion Productiva Social en la 

gestión fiscalizada, sin embargo no realizó las retenciones establecidas por Ley y no 

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presentó documentación que demuestre lo contrario, al respecto manifiesta que no se 

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consideró los gastos de servicio de té, refrigerios y transporte terrestre; sin embargo a momento de determinar la deuda tributaria, se contempló todos los aspectos; ade que la determinación de la cuenta materiales de construcción, se encuentra debidamente detallada en función a la documentación proporcionada por el ahora recurrente. Según el contribuyente en la Resolución Determinativa, no se consigno cual fue el método y el marco normativo que se siguió en el proceso de la fiscalización, sin embargo, de la lectura del acto impugnado, en la determinación realizada se señala de forma clara la normativa utilizada. En cuanto a la supuesta doble fiscalización, argüida por el recurrente, aclara que este aspecto fue debidamente respondido en la Resolución Determinativa, no obstante; en su Recurso de Alzada nuevamente expone el mismo argumento, sobre el cual, el Ente Fiscal no se pronunciará, toda vez que se dio respuesta de forma clara en el acto impugnado. 

En un intento forzado de tratar de aplicar la norma de manera antojadiza a sus intereses y desconociendo por completo la normativa tributaria vigente, cita el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones, para establecer presumiblemente la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria, Se debe tomar en cuenta que el artículo 59 de la Ley 2492, sufrió modificaciones; primero por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, después por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, el 30 de junio de 2016 se promulgó la Ley 812 que modifica los parágrafos I y Il del artículo 59 del Código Tributario, estableciendo el nuevo término de 8 años. 

Conforme lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y artículo 150 de la Ley 2492, corresponde aplicar la normativa legal que beneficie al administrado, es decir, la Ley 812 que establece el término de prescripción de 8 años; en el presente caso se advierte que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 28 de agosto de 2018, en vigencia de la Ley 812; cuyo término de prescripción para los periodos fiscal abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2013, enero, febrero y marzo 2014, se computa a partir del 1 de enero de 2015 y debe concluir el 31 de diciembre de 2022; sin embargo, dicho plazo fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa, razón por la 

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que hasta la fecha no operó prescripción alguna. 

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En relación a la aplicación retroactiva de la Ley, es pertinente considerar que la aplicación de las nuevas Leyes 291, 317 y 812, no pueden afectar los derechos adquiridos o consolidados de los contribuyentes, ya que eso implicaría la aplicación retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones o derechos adquiridos que aún no se consideraron por estar pendientes de cumplimiento, ya sea por falta de algún-réquisito de forma o fondo o porque aún no se cumplió el plazo la condición establecida para consolidar el derecho; al efecto realiza un cuadro y cita a lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1413/2013. 

Finaliza solicitando se resuelva bajo el principio de congruencia, en el entendido de que el contribuyente solamente pidió la prescripción de los periodos fiscales de la gestión 2011, en aplicación de lo establecido en los artículos 198 inciso e) o.211 del Código Tributario, lo contrario, – constituiria en una-vulneración a los derechos a la defensa y el debido proceso del Servicio de Impuestos Nacionales, previsto en el : artículo 115 parágrafo II de lả Constitución Política del Estado, al efecto, refiere a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0790/2017 de 3 de julio ďe 2017 y la Resolución de Recurso Jerárģuico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011. – 

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Conforme los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa—- N 171820001658 (SIN/GDLÝZ-I/DJCC/TJ/RD/246/2018) de 17 de agosto de 2018. 

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11.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas Mediante Auto de 12 de octubre de 2018, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por Secretaría al recurrente y a la Administración. Tributaria el 17 de octubre de 2018, periodo dentro del cual, el ente fiscal mediante memorial de 5 de noviembre de 2018, ofreció, propuso y ratificó en calidad de prueba los antecedentes originales presentados a momento de responder afaq el Recurso de Alzada; al efecto, mediante Proveido de 6 de noviembre de 2018, se dio por ratificada la prueba documental señalada; fojas 89-92 de antecedentes administrativos

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De la misma manera Victor Justino Apaza Callisaya por memorial de 6 de noviembre de 2018, ratificó los argumentos establecidos en el memorial de alzada; al mismo 

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I

tiempo, respecto de la prescripción señaló como precedentes jurisprudenciales la SCP 1169/2016-S3, Auto Supremo 16/2016-S y refirió que para aplicar una norma debe considerarse la realización del hecho imponible y no así la notificación de la Resolución Determinativa como pretende el ente fiscal; al efecto, mediante Proveido de 6 de noviembre de 2018, se dio por ratificada la prueba documental señalada; fojas 93-98 de obrados. 

Con memorial de 27 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, solicitó que al momento de dictar Resolución, se tenga presente que el ahora recurrente no realizó ofrecimiento formal de prueba, al efecto mediante proveído de 28 de noviembre del mismo año, se señaló que los hechos, datos y antecedentes serán considerados a momento de emitir la respectiva resolución, asimismo se hizo notar que el acogimiento o no a dicho beneficio es facultad exclusiva del sujeto pasivo, por lo que se proseguirá con la tramitación de la impugnación efectuada por Víctor Justino Apaza Callisaya; fojas 101-103 de antecedentes administrativos. 

II.5 Alegatos El recurrente y la Administración Tributaria, no formularon alegatos en los plazos y condiciones establecidos por el artículo 210 numeral II del código Tributario. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales el 21 de septiembre de 2017, notificó de forma personal a Víctor Justino Apaza Callisaya con la Orden de Fiscalización N° 17990100180 y Requerimiento No 00142627, comunicando el inicio de la fiscalización de uno o más impuestos a los que está sujeto el contribuyente, se revisa y verifica la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes a cada impuesto definido en el alcance, sin llegar a una fiscalización total de los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2013 y enero, febrero, marzo de la gestión 2014, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y sus incidencias (IUE), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT). 

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En la misma fecha mediante el requerimiento antes citado se solicitó la siguiente documentación: Declaración Jurada y Formulario 605, Estados Financieros 

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digitalizados, libros de compras y ventas IVA, notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, extractos bancarios, planillas de sueldo, formulario 608, comprobantes de ingresos y egresos con respaldo, estados financieros gestión 2014, dictamen y estados Financieros auditados de la gestión-2014, libros de contabilidad, kardex e inventarios de materiales, contratos de obras suscritas con sus clientes, planillas de avance de obra, actas de recepción definitiva de obra, contratos de mano de obra, medios de pago por desembolsos en efectivo, libros de bancarización, estado de activos fijos, detalle de vehículos y maquinaria pesada con números de placa y RUAT; fojas 6’y 9 de antecedentes administrativos. 

Según consta de las Actas de Recepción de Documentos de 5, 16 de octubre de 2017 y 17 de noviembre del mismo año, el ahora recurrente hizo la entrega de la documentación solicitada consistente en:-talonarios-de-facturas de venta, facturas de: compras estados financieros gestión 2014, libros diarios, mayores, coạtratos, boletas de retiro de caja del Banco Únión SA planillas de avance de los contratos de obra, entre otros; fojas 10-13 de antecedentes administrativos. 

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Notifico el 25 de septiembre de 2017, mediante cédula al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social con el Requerimiento N°400142628; a cuyo efecto; -solicitó—- documentación relativa a Libros de Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal, comprobantes de egreso, contratos suscritos con el proveedor Victor Justino. Apaza Callisaya, documentos de pago, planillas de avance con informes técnicos; fojas 164 de antecedentes administrativos. 

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Mediante nota CITE: SIN/GDLP-1/DF/FVEI/NOT/03327/2017 recepcionada el 8 de noviembre de 2017, solicitó a la Autoridad del Sistema Financiero fotocopias legalizadas de extractos bancarios de las cuentas, boletas de depósito y retiros de las operaciones efectuadas y préstamos o líneas de crédito correspondiente al afaq contribuyente Víctor Justino Apaza Callisaya; al efecto mediante notas dirigidas a la calidad Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, las entidades RFITATE financieras, como ser el Banco Unión SA, Mercantil, Santa Cruz SA, Banco Fie SA, ToNet Prodem SA, Cooperativa de Ahorro San Carlos Borromeo Ltda, Banco Bisa SA, Cooperativa de Ahorro Loyola Ltda, Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre Maestra” Ltda, Cooperativa de Ahorro y crédito “Educadores Gran Chaco” Ltda, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973 www.ait.gob.bo . La Paz, Bolivia 

– 

Cooperativa La Merced Ltda, Banco Sol SA, entre otras, efectuaron la entrega de la información solicitada; fojas 352-428 de antecedentes administrativos. 

Resultado del proceso de verificación el ente fiscal emitió la Vista de Cargo No 291820000333 (SIN/GDLPZ-1/DF/FVE-I/VC/332/2018) de 24 de mayo de 2018, contra Victor Justino Apaza Callisaya, estableciendo preliminarmente el tributo omitido por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a las Transacciones – Retenciones (IT-R) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Retenciones (IUE-R), sobre base cierta la suma de 556.071 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago al 100%; actuación notificada mediante cédula el 30 de mayo de 2018, fojas 14141443 de antecedentes administrativos. 

Dentro el plazo previsto por el artículo 98 del Código. Tributario, Justino Apaza Callisaya, mediante memorial de 28 de junio de 2018, presentó argumentos y documentación de descargo a la Vista de Cargo N° 291820000333 (SIN/GDLPZ 1/DF/FVEINC/332/2018), a cuyo efecto se refirió a la depuración de crédito fiscal de las facturas por concepto de compra de combustible y repuestos, facturas no dosificadas, no declaradas por el proveedor y declaradas por importe inferior, sobre los cuales el ente fiscal no había agotado los medios de investigación, no aplicó la presunción de inocencia, conllevó vulneración del debido proceso y no llegó a la realidad económica de los hechos; también refirió sobre la determinación del impuesto sobre las Utilidades de la Empresas y los gastos deducibles; asimismo solicitó la. prescripción de los periodos fiscales abril 2013 a marzo 2014, en aplicación del artículo 59 sin modificaciones de la Ley 2492; fojas 1450-1456 de antecedentes administrativos. 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 17 de agosto de 2018, emitió la Resolución Determinativa N° 171820001658 (SIN/GDLPZ V/DJCC/TJ/RD/246/2018), que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Víctor Justino Apaza Callisaya en la suma de 471.372 UFVs, importe que incluye el tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones – Retenciones (IT-R), Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas 

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(IVE-R), más actualización, intereses y la sanción por omisión de pago de la gestión fiscal con cierre a Marzo 2014; acto notificado de mediante cédula a Víctor Justino Apaza Callisaya el 28 de agosto de 2018; fojas 1527-1584 de antecedentes administrativos. 

*.** 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.. Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 del Código Tributario, “revisados los antecedentės administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes, verificada ‘toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, parágrafo III de la Ley 3092. 

11 

Wu WLL 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,ise abocará únicamente al · análisis de los agrayios manifestados por Victor Justino Alpaza Callisaya la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia Recursiva. 

LART 

– 

IV.1. Fundamentación de los actos administrativos Víctor Justino Apaza Callisaya en su Recurso de Alzada señala que la Resolución Determinativa, carece de fundamentación técnica jurídica y le causó, indefensión, lo cual denota que el ente fiscal no partió de una premisa normativa para contrastarla con hechos y arribar a sus conclusiones. El Ente Fiscal observó el crédito fiscal de las facturas bajo los siguientes numerales: 4) Revisado el sistema SIRAT 2 se verificó que el proveedor no tiene entre sus ventas la factura de compra y 7) Compras que no se encuentran respaldadas con medios fehacientes de pago, asimismo se observa que los proveedores no declaran o declaran importes inferiores en sus declaraciones afaq juradas F200 IVA. Por tanto dichas facturas no son válidas para Crédito Fiscal /VA; a este respecto no consideró que los proveedores tienen la obligación de declarar los importes de venta en su integridad y que si éstos no cumplen con sus obligaciones tributarias, afecta sus intereses, toda vez que como cliente, se limitó a exigir que se STARE extienda la factura; sin embargo, el SIN respondió amparándose en el artículo 70 de la Ley 2492 y no explicó cual el motivo de las observaciones y por ende no obtuvo una 

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Calidad 

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IN 

respuesta material y vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación

La Administración Tributaria en respuesta señala que el recurrente desde el inicio del proceso tuvo posibilidad de ejercer su derecho a la defensa en razón a que tenía pleno 

conocimiento de las actuaciones y era de su responsabilidad la presentación de 

descargos a fin de desvirtuar los reparos; por tanto, las afirmaciones realizadas por el 

sujeto pasivo, no cumplen los requisitos esenciales para su validez y son argumentos que carecen de todo tipo de respaldo legal. 

Respecto de las notas fiscales observadas y las obligaciones tributarias de sus proveedores, realizó control cruzado y constató que sus proveedores no registraron en su Libro de Ventas IVA las facturas declaradas por el recurrente, o declararon las ventas por importes menores, aspectos que fueron puestos a conocimiento del sujeto pasivo a fin de desvirtuar las observaciones, empero el sujeto pasivo solo se limitó a señalar que es obligación de la Administración Tributaria buscar la verdad material; al efecto, se debe considerar que las facturas al no contar con documentación de respaldo no demuestra ni respalda fehacientemente la realidad económica de sus transacciones, ni pudo demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan; al respecto, corresponde lo siguiente: 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: 1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establece: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

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tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

El artículo 76 de_la.-Ley 2492, establece: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria 

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 señala que: La Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba –en-poder-de-la-Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

– “‘T Tru-F 

El artículo 99, parágrafo 11 de la Ley 2492, dispone que: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha;—nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

El parágrafo I del artículo 100 de la Ley 2492 establece: la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización afao e investigación. 

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11.11 

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Por su parte el artículo 18 del DS 27310, señala que: la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo b) Fecha. 

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  1. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de registro tributario, cuando corresponda. e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda tributaria. g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

A su vez el artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso

De inicio es preciso establecer que los artículos 115, 117 y 119, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, establecen la obligación que tiene el Estado a través de sus instituciones de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, esto implica que ninguna persona puede ser juzgada sin un debido proceso

La Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista teológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir, que nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el desarrollo de un debido proceso establecido por ley, revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla 

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LL 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que arbitrariamente no se puede establecer una decisión particular que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada à fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, ofreciendo por los interesados. los descargos que considere pertinentes, es decir, existe la obligación legal de la Administración Tributaria de realizar la valoración de la prueba puesta en sú conocimiento por el administrado en los plazos establecidos

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías minimas, tendientes a asegurar un resultado justo y. equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantias previstas en el ordenamiento jurídico, a-través de las cuales se busca la: protección del individuo en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de la Resolución Determinativa, constituye un elemento inherente a la , garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada decisión de tal —- modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y de esta manera puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios de ...... impugnación establecidos en el ordenamiento jurídico. 

En el presente caso conforme con lo establecido en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, la Administración Tributaria cuenta, entre otras, con la facultad de verificación para determinar la deuda tributaria, conforme el artículo 29 del DS 27310; en este entendido, la Administración Tributaria dispone de diferentes modalidades para proceder con la determinación de oficio de la deuda, entre los que se encuentra la determinación parcial afaq que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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Bajo el marco normativo.citado precedentemente y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, con las facultades establecidas notificó de forma personal a Víctor Justino Apaza Callisaya con la Orden de Fiscalización N° 17990100180, y Requerimiento No 

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00142627, comunicando el inicio de la fiscalización de uno o más impuestos a los que está sujeto el contribuyente, se reviso y verificó la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes a cada impuesto definido en el alcance, sin llegar a una fiscalización total de los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2013 y enero, febrero, marzo de la gestión 2014, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas-Retenciones 

(IUE-RET), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT). 

Resultado de la fiscalización realizada, el Ente Fiscal emitió la Vista de Cargo No 291820000333 (SIN/GDLPZ-1/DFIFVE-INC/332/2018) de 24 de mayo de 2018, notificada por cédula al contribuyente el 30 de mayo de 2018; a cuyo efecto el sujeto pasivo el 28 de junio de 2018, presentó memorial de descargos, conteniendo fotocopia simple de los siguientes documentos: Certificado de Registro de Propiedad de Vehículo Automotor con placa de control 1224-YTC; Testimonio de poder No 196/2012, Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT correspondiente al vehículo con placa de control 1224-YTC; Certificado de Registro de Propiedad de Vehículo Automotor del vehículo con placa de control 2873-ESE; DUI C-22130 y Resolución Determinativa No 1896/2016. 

De manera posterior y de la valoración de los descargos presentados por el contribuyente, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa N° 171820001658 (SIN/GDLPZ I/DJCC/TU/RD/246/2018) de 17 de agosto de 2018, determinó de oficio las obligaciones impositivas determinadas sobre base cierta de Víctor Justino Apaza Callisaya por concepto de tributo omitido resultante de la verificación de ciertas transacciones, hechos o elementos específicos relacionados con el crédito fiscal del IVA, IT, IT-Retenciones, IUE, IUE Retenciones, más actualización, intereses y la sanción por omisión de pago correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2013, enero, febrero, y marzo 2014 

… 

En el presente caso, el proceso determinativo realizado por la Administración Tributaria estableció observaciones en la actuación administrativa preliminar, signadas con los numerales 1 al 8, que sustentaron la depuración del crédito fiscal de las facturas declaradas por el sujeto pasivo, respecto las cuales el recurrente observó las referidas a: 

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Notas fiscales no declaradas por el proveedor (Observación No 4) y Facturas que el Proveedor no declaró o declaró por un importe inferior (Observación N° 7). 

En ese contexto, la Administración Tributaria procedió con la depuración de crédito fiscal de notas fiscales bajo el numeral 4, mismo que señala: 4) Revisado el sistema SIRAT 2 se verificó que el proveedor no tiene entre sus ventas la factura de compra, según el siguiente detalle: 

CÉDULA DE ANALISIS, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DESCARGOS 

Expresado en Bolivianos 

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19/12/2013 59617840162101001470984 20/12/2013 | 5961784016 2101001470984 

FACTURA 

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IMPORTACIONES ENDSHIN KARASU IMPORTACIONES ENDSHIN KARASU 

De la compulsa de antecedentes administrativos, sé tiene que el Ente Fiscal depuró el crédito fiscal de las facturas bajo el argumento de que el proveedor “Importaciones Endshin Karasu”, no declaró en su Libro de Ventas IVA las facturas Nos. 75 y 78, a cuyo efecto adjunto capturas de pantalla de los Libros de Ventas IVA del citado proveedor obtenido del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria SIRÀT-2 del SỊN; dichos reportes exponen en la columna N° de Factura-los-.-. números 75 y 78, además de un recuadro que señala: “La consulta no recupero ningún dato” 

De lo anotado, la Administración Tributaria a momento de verificar la validez de las facturas Nos. 75 y 78, recurrió a los Libros de Ventas IVA del proveedor y dio por sentado que las facturas no habían sido emitidas al recurrente, a ello se suma que la observación realizada, involucra información respecto de los ingresos de los proveedores, aspecto que no es atribuible al ahora recurrente; en ese entendido el sujeto activo cuenta con las facultades que confiere el Código Tributario para efectuar afaq las verificaciones correspondientes; asimismo se debe tomar en cuenta que el calidad contribuyente, cumplido el plazo que otorga el artículo 98 del Código Tributario, mediante memorial de descargos a la actuación preliminar señaló: “…en lo referente IQNet 

al Débito Fiscal y declarar los importes de Ventas en su integridad, son cargas y obligaciones que corresponden única y exclusivamente al contribuyente que brinda y ofrece un producto o servicio (…) por lo que es totalmente inviable que se pretenda 

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derivar la responsabilidad a terceros (…) no cuentan con facultades coercitivas para exigir y/o conminar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias formales y materiales, lo cual debe ser ejecutado por la administración tributaria (...); fojas 798 de antecedentes administrativos. 

De la misma manera, procedió con la depuración de crédito fiscal de notas fiscales bajo el numeral 7, mismo que señala: 7) Compras que no se encuentran respaldadas con medios fehacientes de pago, asimismo se observa que los proveedores no declaran o declaran importes inferiores en sus declaraciones juradas F200 IVA. Por tanto dichas facturas no son válidas para Crédito Fiscal /VA (...); según el siguiente detalle: 

CÉDULA DE ANALISIS, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DESCARGOS PERIODO FECHA 

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FLORES ago-13 05/08/2013 2449410016 2101001073108 

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SALVADOR JULIO CALLE 

FLORES sep13 28/09/2013 2449410016 2101001073108 705 

FERREMAT EL 

16.600,00 SALVADOR 

OBS 

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Revisados los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria observó las facturas Nos. 692 y 705 emitidas por el Proveedor Julio Calle Flores, correspondiente a los periodos fiscales agosto y septiembre 2013, respectivamente, bajo el argumento de que el proveedor “Julio Calle Flores – Ferremat El Salvador declaró importes inferiores en sus Declaraciones Juradas F-200 en los citados periodos fiscales, a cuyo efecto adjunto impresión del F-200 con número de orden 17080858 y 16408723 correspondiente a los periodos fiscales agosto y septiembre 2013, ambos con un importe a pagar a favor del fisco de Bs2.- obtenido del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT-2 del SIN; al efecto, el ente fiscal a momento de verificar la validez de dichas facturas, acudió a las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y dio por sentado que las facturas no habían sido emitidas al recurrente, a ello se suma que la observación realizada, implica información respecto de los ingresos de los proveedores, aspecto que no es atribuible al ahora recurrente; en ese entendido el sujeto activo cuenta con las facultades que confiere el Código Tributario para efectuar las verificaciones correspondientes; fojas 625 y 685 de antecedentes administrativos. 

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De lo anotado precedentemente, es evidente que el Ente Fiscal no establece en forma expresa y objetiva las observaciones establecidas al sujeto pasivo, limitándose a evaluar la documentación presentada por el contribuyente y omitir ejercer su función de verificación e investigación, por tanto vulneró el numeral l del artículo 96 del Código Tributario; consecuentemente, la Administración Tributaria al limitar sus facultades contravino el derecho al debido proceso establecido en el numeral 6 del artículo 68 del Código Tributario; más aún cuando el sujeto activo en su tarea de fiscalización tiene facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, conforme señala el artículo 100 concordante con el artículo 71 del mencionado Código 

Continuando con el análisis, se advierte que ante las observaciones realizadas por.la Administración Tributaria en la vista de Cargo N° 291820000333 (SINGDLPZ 1/DF/FVEŽINC/332/2018) de 24 de mayo de 2018, elahora recurrente a través del memorial de descargos de 28 de junio de 2018, respecto del crédito fiscal observado : según las observaciones signadas con los numerales 4) ý 7) (Proveedor Julio Calle Flores), señaló de manera expresa que correspondía al sujeto activo ejercer las tareas : de control y verificación de las obligaciones tributarias a los proveedores y no derivar la responsabilidad al sujeto pasivo y que las declaraciones juradas de los proveedores podrían no contener información fidedigna; pese a ello, e! Ente Fiscal, mantuvolas—- observaciones en la Resolución Determinativa ahora impugnada señalando en el acápite ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS_DESCARGOS PRESENTADOS .. RECIBIDOS, lo siguiente: ...la Administración Tributaria considerando los argumentos expuestos y la documentación presentada por el contribuyente analizo y evaluó la pertinencia de los documentos (...); aspecto que no ocurrió, toda vez que los reparos derivados de las observaciones anteriormente descritas no contienen el respaldo necesario y la debida fundamentación

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Lo señalado precedentemente, se acentúa aún más al considerar la determinación afaq realizada por el Ente Fiscal, en la que no establece en forma expresa y objetiva las causas que motivaron a observar el crédito fiscal con los numerales 4) y 7) (Proveedor Julio Calle Flores) expuestos en la CÉDULA DE ANALISIS, REVISIÓN Y TQNet VALIDACIÓN DE DESCARGOS, limitándose a evaluar la documentación presentada por Victor Justino Apaza Callisaya y omitir ejercer su función de control, verificación, fiscalización e investigación; a cuyo efecto, determinó cargos en base a observaciones 

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desde todo punto de vista ambiguas, vulnerando el debido proceso y fundamentalmente del derecho a la defensa; consecuentemente, la Administración Tributaria al limitar sus facultades, contravino el derecho al debido proceso establecido en el numeral 6 del artículo 68 del Código Tributario; más aún cuando el sujeto activo en su tarea de fiscalización tiene facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, así como demostrar de manera objetiva los reparos obtenidos producto de la verificación realizada, conforme señala el artículo 100 concordante con el artículo 

71 de la Ley 2492. 

Sobre lo señalado, corresponde enfatizar que la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo debe comprender la comprobación de la información y documentación proporcionada por el mismo, adecuado manejo de la información que proveen los sistemas de información de la entidad recaudadora, obteniendo elementos de prueba que amparen los reparos o por el contrario confirmen la validez del crédito fiscal; en ese sentido, el artículo 99, parágrafo 11 de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos -entre otros- fundamentos de hecho y de derecho, concordante con lo establecido por el artículo 19 del DS 27310. Asimismo, el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud al artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492, establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que séan fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acta, consignando además la motivación el cual debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. 

Por su parte el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la distinción entre fundamentación y motivación de las resoluciones, habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: “El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantia de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa“, en ese sentido, es evidente la falta de 

stantivos

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

fundamentación del acto administrativo impugnado, situación que suprime una parte estructural de la misma, que en los hechos conlleva a establecer que se tomó una decisión de hecho y no así de derecho, extremo que vulnera el derecho al debido proceso de la recurrente-siendo que la motivación de las resoluciones se constituye en un deber de la autoridad administrativa que lo emite impuesto por ley, esto con la finalidad de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que la decisión asumida devenga de un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no así de un acto discrecional de su voluntad autoritaria

Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la vista de Cargo que fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones-de-la-Administración Tributaria a efectos de que éste, en el término probátorio, presente los descargos’a la Administración Tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el artículo 119, parágrafo 11 de la’nuéva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la Ley 2492; “sin embargo, tanto la fúndảmentación como la motivación que debe contener todo acto administrativo definitivo, no se observa en el presente caso.

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Conforme el análisis realizado es evidente que la Administración Tributaria no incluyó en la vista de Cargo N° 291820000333 (SIN/GDLPZ-1/DF/FVE-INC/332/2018) de 24 de mayo de 2018, los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones para establecer la correcta depuración del crédito fiscal del contribuyente, que posteriormente fundamenten la Resolución Determinativa N° 171820001658 (SIN/GDLPZ 1/DJCC/TJ/RD/246/2018) de 17 de agosto de 2018, exponiendo las causas, respaldo y fundamento conforme establecen los artículos 96-11 y 99-11 del Código Tributario, aspectos que impiden a esta Instancia de Alzada ingrese a realizar el análisis de los aspectos de fondo argumentados en el Recurso de Alzada; consecuentemente, al ser 

evidente la existencia de vicios que provocan la vulneración de los derechos al debido proceso y defensa, omisiones que se encuentran sancionadas con la nulidad de obrados conforme a los artículos 36-11 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente por disposición del artículo-201; de la Ley 3092, corresponde anular obrados hasta que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo de conformidad a los artículos 96-1 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Calle Arturo Borda No 1933, Zona Cristo Rey (Alto Sopocachi) Teléfonos: (591-2) 2412613 2411973. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

III 

II 

POR TANTO: La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema No 10501 de 16 de septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

RESUELVE: PRIMERO: ANULAR obrados hasta la vista de Cargo N° 291820000333 (SIN/GDLPZ-1/DF/FVEINC/332/2018) de 24 de mayo de 2018, inclusive; consecuentemente, la Administración Tributaria debe emitir un nuevo acto administrativo preliminar contra Victor Justino Apaza Callisaya, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos, actos y elementos de prueba que fundamenten los cargos de conformidad a los artículos 96-1 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Politica del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario, sede cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

Gonzalo Meriles Lobo 

Condad RON 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computable a partir de su notificación. 

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Regístrese, hágase saber y cúmplase 

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Lc. Cecilia Voler borado 

Directora Ejecutiva Regional Dirección Ejecutiva Regional Autoridad Regional de Impugnadón 

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ms/avv/gjml/mfsb 

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