ARIT-SCZ-RA-0755-2020 El periodo para ejecutar las deudas tributarias prescribe a los 5 años por deudas tributarias vigentes en la Ley 1340

ARIT-SCZ-RA-0755-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0755/2020 

Recurrente 

Ana María Ayala de Roca. 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital Santa Cruz || del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) representada por Carlos Gonzalo Suarez Virreira. 

Acto Impugnado 

Resolución Administrativa 231976001477 de 18 de diciembre de 2019. 

Expediente N° 

ARIT-SCZ-0157/2020. 

Lugar y Fech

Santa Cruz, 29 de diciembre de 2020 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0755/2020 de 29 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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ISO 900

Cotida

AFNOR CERTIFICATIO

MANAGE 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Administrativa No 231976001477, de 18 de diciembre de 2019, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en el Pliego de Cargo Nro. 781/1999, presentada por la contribuyente Ana María Ayala Saavedra con RUC 

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7168780, al evidenciarse que no ha transcurrido el plazo necesario para s

aplicación, puesto que se procedió a aplicar las correspondientes medidas coactivas 

en ejecución tributaria, encontrándose vigente el plazo que la ley otorga para que se exija el pago de la obligación. Asimismo, resolvió continuar con los procesos de ejecución tributaria en contra de la contribuyente hasta la total recuperación de los adeudos tributos, en mérito a las facultades de cobro coactivo establecidos en los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

Ana María Ayala de Roca, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 4 y 19 de febrero de 2020 (fs. 74-76 y 7980 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa No 231976001477 de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Sobre las notificaciones con la Intimación y el Pliego de Cargo. 

La recurrente señaló que, en el mes de julio de 2019, se enteró de la instrucción confiscatoria de su patrimonio realizada por la Administración Tributaria mediante oficio CITE SIN/GDSCZ II/DJCC/CC/NOT/04858/2019 de 21 de mayo de 2019, al Sistema Financiero Nacional, por lo que solicitó se le extiendan fotocopias simples de todas las actuaciones respecto al Pliego de Cargo 781/1999, las que le fueron entregadas recién el 20 de agosto de 2019

Explicó que supuestamente el 11 de noviembre de 1997, se le realizó una Intimación de Cobro Coactivo del periodo IVA 06/96 por pago a cuenta determinado de Bs2.017.y que supuestamente el 16 de enero de 1998 se le entregó vía correo la actuación dicha intimación, la cual nunca recibió y que como se puede apreciar no lleva firma ni de la persona de quien entregó la copia de parte de Correos de Bolivia ECOBOL, ni de la persona a quien se le hizo la entrega, donde sólo figura el nombre de Daniela Roca A sin firma ni carnet de identidad. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACION TRIBUTARIA 

Así también, señaló que se notificó el Pliego de Cargo por edicto de prensa de 20 de diciembre de 2003, supuestamente por haber cambiado de domicilio, lo que es totalmente falso por cuanto sigue viviendo en el mismo domicilio y su RUC tiene baja definitiva desde 1997, asimismo, la notificación no cumple con las tres notificaciones en distintas fechas -no se encuentran en la carpeta- y no refiere al hecho generador ni los detalles de la obligación tributaria

11.1.2 Prescripción de las facultades de cobro de la deuda tributaria. 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria no ejecutó ninguna acción de cobro del Pliego de Cargo 781/1999 desde el 1 de enero de 2007 hasta el 20 de mayo de 2019, dejando transcurrir más de 12 años sin ejercer ninguna acción, lo que configuró la prescripción del derecho de cobro de la obligación tributaria contenida en el citado Pliego de Cargo. 

Explicó que siendo el hecho generador del cobro que se le realiza por el periodo de junio de 1996 por el IVA, acaeció antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), son de aplicabilidad ultractiva las normas sobre prescripción de la Ley 1340 (CTb) o en su caso las normas de prescripción de la Ley 2492 (CTB) si fueran más favorables al administrado por el principio de favorabilidad. Señaló que el art. 41 de la Ley 1340 (CTb) determina la extinción de la obligación tributaria por prescripción y que el art. 52 de la misma norma establece que: “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. (…)”. 

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Pleingut 

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AFHOR CERTIFICATION 

Manifestó que el último actuado de cobranza de parte de la Administración Tributaria lo constituyó el cite GDSC/DTJC/UCC/N° 1438/2006 de 18 de julio de 2006, por el cual se solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos que lleva sello de recepción en la SBEF de 20 de julio de 2006, habiendo transcurrido más de 10 años, siendo el término de prescripción de 5 años establecido en la Ley 1340 (CTb). 

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Por otra parte, señaló que el art. 324 de la CPE no se aplica a este caso, por cuanto este artículo se refiere a la imprescriptibilidad de los daños económicos y es 

totalmente absurdo que se pretenda interpretar que el acto de no pagar un adeudo (desconocido por cuanto nunca fue notificada ni tuvo conocimiento ni de la intimación ni del pliego de cargo ni de los edictos) se repute como daño económico que se hubiera causado al Estado, más aún cuando esta liquidación impositiva se realizó de oficio por la Administración Tributaria y no así por una declaración presentada de su parte. Explicó que la prescripción generó un daño económico emergente de la responsabilidad de la función pública, en consecuencia, es falso pretender fundamentar un rechazo a la solicitud de prescripción basado en el art. 3 de la Ley 

  1. 154

Por lo expuesto, solicitó se deje sin efecto la Resolución Administrativa No 231976001477 de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del SIN, declarando la prescripción de la facultad de cobro de la Administración Tributaria

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa No 231976001477 de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz II del SIN (fs. 81 del expediente)

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 13 de marzo de 2020 (fs. 89-91 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente

11.3.1 Sobre la prescripción de la facultad de imposición de sanción de la 

Administración Tributaria. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

La Administración Tributaria manifestó que debido a que el objeto de la presente controversia es la prescripción e interrupción de la misma, correspondiente al impuesto omitido del IVA del periodo fiscal 06/1996 Form. 143, se deberá aplicar la Ley 1340 (CTb), en observancia a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, asimismo, se debe aplicar los arts. 1492 y 1493 del Código Civil en mérito a los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), posición concordante con el precedente administrativo contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0202/2014, 

Explicó que la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo) opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés conforme los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, en ese sentido, de la revisión de antecedentes se evidencia que el 31 de diciembre de 2003 se notificó por edicto el Pliego de Cargo No 781/1999, emitido por 

el impuesto omitido al IVA del periodo fiscal 06/1996 Form. 143, por el monto adeudado de Bs2.017,- constituyéndose en mora conforme lo establecido en los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb). 

Señaló que el término de la prescripción de cinco años para ejercer la facultad de cobro del Pliego de Cargo No 781/1999 fue interrumpido inicialmente el 17 de junio de 2004, mediante nota CITE GDSC/DTJC/UCC/N° 355/2004 dirigida a la entonces Superintendencia de Bancos solicitado retención de fondos del contribuyente, luego el 6 de enero de 2006 mediante nota CITE GDSC/DTJC/UCC/N° 0057/2006 solicitó información al Gobierno Municipal de Santa Cruz, el 6 de febrero de 2006, mediante nota CITE GDSC/DTJC/UCC/N° 0253/2006 solicitó la anotación preventiva de líneas telefónicas a COTAS LTDA, el 15 de marzo de 2006, mediante nota CITE GDSC/DTJC/UCC/No 0549/2006 dirigida al Juez Registrador de DDRR solicitó información sobre bienes registrados a nombre de la contribuyente, el 20 de mayo de 2019 mediante nota CITE SIN/GDSCZ-11/DJCC/CC/NOT/04831/2019 dirigida a la ASFI instruye nuevamente la retención de fondos de la contribuyente y a través del ID 431054 se realizó el registro del proceso de ejecución en el Sistema de Registros de Procesos de la Contraloría General del Estado. Conforme a las citadas actuaciones administrativas tendientes al cobro de la deuda, señaló que las mismas fueron efectuadas en el trascurso de las gestiones 2006 al 2019, de lo que concluyó que la Administración Tributaria nunca dejó de ejercer su derecho al cobro, situación que 

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impidió que la prescripción tuviera lugar de acuerdo a lo previsto en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 231976001477 de 18 de diciembre de 2019. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 16 de marzo de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria el 18 de marzo de 2020 (fs. 92-93 del expediente). 

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Durante el plazo probatorio que fenecía el 23 de junio de 2020, la Administración Tributaria, el 9 de junio de 2020, ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 94 del expediente). 

Por su parte, la recurrente, el 23 de junio de 2020 ratificó como prueba la documentación que acompañó a su memorial de Recurso de Alzada consistente en copias de los antecedentes del proceso de ejecución PC/781/1999 (fs. 100 del expediente). 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 17 de julio de 2020, la Administración Tributaria el 26 de junio de 2020 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente Recurso de Alzada (fs. 105 del expediente). 

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

III.1 

El 11 de noviembre de 1997, la Administración Tributaria emitió la Intimación N° 350768-340-6, contra la recurrente donde señaló que no existiendo constancia de que haya presentado la Declaración Jurada Form. 143 por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 06/96 y habiendo vencido el plazo otorgado en la intimación (formulario 316) le comunica que se ordenó la iniciación de la acción para el cobro coactivo del pago a cuenta determinado de Bs2.017.- conforme al art. 17 del DS 21530 (fs. 2 de antecedentes). 

III.2 

El 4 de mayo de 1999, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo No 781/99 librado contra la recurrente, de acuerdo al art. 17 del DS 21530, por concepto de pago a cuenta determinado de Bs2.017.-, debiéndose notificar a efectos de que al tercer día se pague la suma establecida, bajo conminatoria 

de aplicarle las medidas precautorias (fs. 3 de antecedentes). 

III.

El 20, 25 y 31 de diciembre de 2003, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a la recurrente con el Pliego de Cargo No 781/1999 con el cual citó, llamó y emplazó a la cancelación del adeudo tributario (fs. 7-9 de antecedentes) 

III.4 

El 20 de enero de 2006, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/No 058/2006, dirigida la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda, solicitó la anotación preventiva de líneas telefónicas 

de propiedad de la recurrente la recurrente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo No 781/1999 (fs. 17-18 de antecedentes). 

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En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 057/2006, dirigida al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información y certificación sobre los vehículos registrados a nombre de la recurrente con el objeto de proceder a la anotación preventiva correspondiente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 781/1999 (fs. 19-20 de antecedentes). 

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AFNOR CERTIFICATION 

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111.5 

El 7 de febrero de 2006, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N 0253/2006, dirigida la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda, solicitó la anotación preventiva de líneas telefónicas 

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de la Calidad Certokado No 771/14 

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de propiedad de la recurrente la recurrente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo No 781/1999 (fs. 22-23 de antecedentes). 

El 15 de marzo de 2006, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 0549/2006, dirigida al Juez Registrador de DDRR, solicitó información y certificación respecto a los bienes registrados a nombre 

de la recurrente (fs. 31-32 de antecedentes). 

111.7 

El 20 de julio de 2006, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 1438/2006, dirigida a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, solicitó la retención de fondos en las entidades 

financieras de las cuentas embargables que tuviera la recurrente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo No 781/1999; asimismo, solicitó la circularización de dicha disposición (fs. 31-32 de antecedentes). 

III.8 

El 21 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota SIN/GDSCZ-11/DJCC/UCC/NOT/04858/2019, dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en la cual se instruyó a las Entidades de Intermediación Financiera a nivel nacional la retención de fondos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la recurrente, hasta la cuantía suficiente para cubrir el importe de las deudas impagas, por lo que solicitó transmitir lo instruido a las entidades financieras, a efectos que esta en el plazo de cinco días informen sobre las sumas retenidas (fs. 55-56 de antecedentes). 

III.9 

El 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria mediante nota SIN/GDSCZ-11/DJCC/UCC/NOT/06527/2019, dirigida a la Secretaria de Recaudación y Gestión Catastral del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información sobre los vehículos que se encuentren registrados a nombre de la recurrente (fs. 59-60 de antecedentes). 

III.10 

El 16 de julio de 2019, la recurrente, mediante nota solicitó a la Administración Tributaria fotocopias simples de las actuaciones administrativas que condujeron a que se dicte el PIET 781/1999 así como las actuaciones posteriores de notificación y ejecución tributaria (fs. 64 de antecedentes). 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

III.11 El 30 de agosto de 2019, la recurrente mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria solicitó la prescripción del Pliego de Cargo No 781/2019 de 4 de mayo de 1999, manifestando que ya hubieran transcurrido más de 12 años desde la última acción de cobro ejercitada, así también solicitó se dejen sin efecto todas las medidas realizadas dentro de la ejecución coactiva en especial la retención de fondos y el embargo de la línea telefónica 3421538 (fs. 83-85 de antecedentes). 

III.12 El 15 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notificó de forma 

personal al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231976001477, de 18 de diciembre de 2019, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en el Pliego de Cargo Nro. 781/1999, 

presentada por la contribuyente Ana María Ayala Saavedra con RUC 

), al evidenciarse que no ha transcurrido el plazo necesario para su 

ón, puesto que se procedió a aplicar las correspondientes medidas coactivas en ejecución tributaria, encontrándose vigente el plazo que la ley otorga para que se exija el pago de la obligación. Asimismo, resolvió continuar con los procesos de ejecución tributaria en contra de la contribuyente hasta la total recuperación de los adeudos tributos, en mérito a las facultades de cobro coactivo establecidos en los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 87 91 de antecedentes). 

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III.13 El 3 de agosto de 2020, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, emitió la Resolución del Recurso de Aizada ARIT-SCZ/RA 0431/2020, la cual resolvió REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 231976001477 de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de la deuda tributaria correspondiente al IVA del periodo 06/1996 contenida en el Pliego de Cargo No 781/1999 de 4 de mayo de 1999, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), han prescrito y, por tanto, dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas en contra de la recurrente (fs. 115-124 del expediente). 

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de la Caldad Certifkado N771/14 

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NAS 

III.14 El 25 de agosto de 2020, la Administración Tributaria, se apersonó ante esta 

instancia e interpuso Recurso Jerárquico impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARITSCZ/RA 0431/2020 de 25 de agosto de 2020 (fs. 139143 del expediente)

III.15 

El 26 de octubre de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1573/2020, la cual resolvió ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0431/2020, de 25 de agosto de 2020, a objeto que la instancia de alzada emita una nueva Resolución considerando todos los aspectos planeados en la tramitación del Recurso de Alzada, todo de conformidad a lo previsto en el art. 212 parágrafo 1 inc. c) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 165-172 del expediente). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada formuló sus agravios, los cuales versan sobre el desconocimiento de las notificaciones con la Intimación y el Pliego de Cargo y la prescripción de las facultades de cobro de la deuda tributaria. 

IV.1 Cuestión previa

En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1573/2020, de 26 de octubre de 2020, que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0431/2020, de 25 de agosto de 2020, a objeto que la instancia de alzada emita una nueva Resolución considerando todos los aspectos planteados en la tramitación del Recurso de Alzada, a continuación se desarrollará el análisis de los agravios expuestos por la recurrente considerando lo resuelto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que su acápite IV.4 Fundamentación Técnico Juridica de la citada Resolución señaló: (…) la Contribuyente refirió vicios de nulidad en las notificaciones de la Intimación de Pago y Pliego de Cargo, aspectos que también fueron identificados por la ARIT; sin embargo, dicha instancia consideró pertinente analizar de manera previa la prescripción de las facultades de cobro de la Administración Tributaria, en el entendido que si esta se encontraba configurada ya no correspondía verificar los aspectos de forma. (...) la Administración Tributaria, e

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

la contestación al Recurso de Alzada, objetó los agravios del Sujeto Pasivo a partir de la correcta notificación de sus actuados, es decir, formuló defensa considerando el 

efecto de las notificaciones sobre la prescripción de las facultades de cobro (..) es evidente que en el presente caso correspondía se analicen los vicios de nulidad reclamados por la contribuyente, puesto que los mismos, al referirse a las notificaciones, podrían incidir sobre los aspectos de fondo que fueron planteados por el Sujeto Pasivo; y más aún cuando la Administración Tributaria argumentó la validez de dichas notificaciones a fin de demostrar que no se configuró la prescripción de las facultades de cobro (…)“. 

En ese sentido, corresponde señalar y dejar claramente establecido que si bien la recurrente en su Recurso de Alzada se refirió al desconocimiento de las notificaciones y observó aspectos de forma de las notificaciones con la intimación y el Pliego de Cargo realizadas por la Administración Tributaria; sin embargo, se advierte que el objeto principal de su impugnación se refiere a la prescripción de las facultades de cobro coactivo de la deuda tributaria, aspecto que se fundamento considerando que la Administración Tributaria dejó de ejercer sus facultades de cobro con su última actuación en el año 2006 hasta el año 2019, es decir no cuestionó que las actuaciones anteriores al año 2006 no hubieran interrumpido el curso de la prescripción, al contrario el basamento de su agravió es el tiempo transcurrido desde 

enero de 2007 hasta el 2019, lapso en el cual el plazo de prescripción se cumplió sin que la Administración Tributaria hubiera realizado ningún acto que interrumpa el curso de la prescripción, así como tampoco la Administración Tributaria recurrida en 

su defensa en instancia recursiva de alzada objeto que se hubiese suscitado interrupción alguna con la notificación de la intimación, lo cual hubiese podido ser mencionado por dicha instancia recurrida en su favor. No obstante con ese antecedente suscitado en instancia recursiva y en cumplimiento al mandato y análisis 

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establecido mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1573/2020, de 

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26 de octubre de 2020, ésta instancia ingresará a revisar y complementar el análisis referido a las notificaciones de la Intimación de Pago y del Pliego de Cargo realizadas por la Administración Tributaria a fin de considerar sus efectos en el análisis de la 

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AFNOR CERTIFICATION 

prescripción invocada por la recurrente. 

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IV.2 Sobre las notificaciones con la Intimación y el Pliego de Cargo. 

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La recurrente señaló que, en el mes de julio de 2019, se enteró de la instrucción confiscatoria de su patrimonio realizada por la Administración Tributaria mediante oficio CITE SIN/GDSCZ II/DJCCICC/NOT/04858/2019 de 21 de mayo de 2019, al Sistema Financiero Nacional, por lo que solicitó se le extiendan fotocopias simples de todas las actuaciones respecto al Pliego de Cargo 781/1999, las que le fueron entregadas recién el 20 de agosto de 2019. 

Explicó que supuestamente el 11 de noviembre de 1997, se le realizó una Intimación de Cobro Coactivo del periodo IVA 06/96 por pago a cuenta determinado de B$2.017.- y que supuestamente el 16 de enero de 1998 se le entregó vía correo la actuación de dicha intimación, la cual nunca recibió y que como se puede apreciar no lleva firma ni de la persona de quien entregó la copia de parte de Correos de Bolivia ECOBOL, ni de la persona a quien se le hizo la entrega, donde sólo figura el nombre de Daniela Roca A. sin firma ni carnet de identidad. 

Así también, señaló que se notificó el Pliego de Cargo por edicto de prensa de 20 de diciembre de 2003, supuestamente por haber cambiado de domicilio, lo que es totalmente falso por cuanto sigue viviendo en el mismo domicilio y su RUC tiene baja definitiva desde 1997, asimismo, la notificación no cumple con las tres notificaciones en distintas fechas -no se encuentran en la carpeta- y no refiere al hecho generador ni los detalles de la obligación tributaria

En contraparte, la Administración Tributaria señaló que de los antecedentes se puede evidenciar que el 16 de enero de 1998 se notificó a la contribuyente con el Auto Intimatorio R. No. 350768-340-6 y que el 31 de diciembre de 2003 se notificó por edicto el Pliego de Cargo No 781/1999 emitido por el impuesto omitido al IVA del periodo fiscal 06/1996 Form. 143. 

Respecto a la notificación, la doctrina señala que “es la acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su indole, o sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 36a Edición. Buenos Aires – Argentina. Editorial Heliasta. 2012. Pág. 619)

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Igualmente, en relación a la notificación, la doctrina refiere que: “Notificar a las partes no es otra cosa que hacer conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su sustanciación, a fin de que esté a derecho”. Couture dice que es también la constancia escrita puesta en los autos. de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 650). Asimismo, considera que: “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario, si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO Agustin, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

La Ley 1340 (CTb) en su art. 159 sobre las notificaciones establece que: Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de las formas siguientes: a. Personalmente (...). b. Por correo postal, u otro medio de comunicación escrita. La notificación por correspondencia se efectuará mediante el envío de copia integra del acto que deba notificarse en carta certificada con aviso especial de retorno, dirigida al domicilio declarado, la cual deberá ser entregada por el funcionario de correos o de empresas privadas, de mensajerías en el domicilio 

antedicho a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, 

debiendo ésta identificarse y firmar el recibo respectivo. El aviso de retorno servirá de 

suficiente prueba de la notificación siempre que la carta hubiera sido entregada en el 

domicilio del notificado, aunque sea suscrito por un tercero siempre que éste resida en el domicilio declarado por el contribuyente. Deberá dejarse constancia del día, hora y lugar en que se efectúe la notificación. (…) d. Por Edicto. Si las notificaciones no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, la misma se practicará por edictos publicados durante tres (3) dias en un órgano de prensa de circulación nacional. (...)”

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Dolly K. 

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afao ISO 900

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AFNOR CERTIFICATION 

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Ahora bien, con relación a la notificación con la intimación N° 350768-340-6 realizada por la Administración Tributaria, de la revisión de antecedentes se tiene que a fs. 37 cursa el aviso de la notificación, el cual registró el nombre de la contribuyente, el documento AR NRO. 350768-340-6 y el sello de la Empresa ECOBOL de 16 de 

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NB/ISO 900

Sistema de Gestion 

de la Calidad Certincado N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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enero de 1998; sin embargo, se advierte que no consigna el lugar donde se habría materializado efectivamente el acto de notificación, es decir, el domicilio de la contribuyente o si se dejó a una persona mayor de 14 años que resida en dicho domicilio, solamente se registró el nombre de Daniela Roca A, sin consignar firma

De lo señalado, tratándose de la notificación por correo postal y de conformidad a lo dispuesto por el inc. b) del art. 159 de la Ley 1340 (CTb), aplicable al caso, el aviso de retorno serviría de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta hubiera sido entregada en el domicilio del notificado aunque sea suscrita por un tercero, siempre que éste resida en el domicilio declarado por el contribuyente, debiendo dejarse constancia del día, hora y lugar en que se efectúe la notificación; consiguientemente en el presente caso se advierte que no se cumplieron con los requisitos establecidos, omitiendo registrar el lugar donde se efectuó la notificación, la hora, a quien corresponde el nombre registrado y la firma que de conformidad a la 

ción, en consecuencia, la notificación realizada incumplió de los requisitos 

establecidos para la notificación por correo postal, afectando la valid 

por lo que el acto 

acto administrativo que se notificó no surtió efectos legales, es decir, e

relación al análisis de la prescripción, objeto del presente recurso. 

CUI 

Respecto a la notificación del Pliego de Cargo No 781/1999, de la revisión de los antecedentes se tiene que a fs. 5-9 cursan diligencias de notificación donde se señaló 

que el funcionario actuante de la Administración Tributaria se constituyó en el domicilio fiscal de la recurrente, ubicado en la calle Litoral #143 UV 39 MZ 5 Villa Pillin, a objeto de notificar el Pliego de Cargo N°781/99, no siendo posible llevar a cabo dicha diligencia al haber cambiado su domicilio y no actualizado el mismo, por lo que solicitó proceder a la notificación por edicto acuerdo a lo establecido en el art. 159 inc. d) de la Ley 1340 (CTb), la cual fue autorizada mediante Auto de 4 de diciembre de 2003, y cursan copias de la publicación con las fechas de 20, 25 y 31 de 

diciembre de 2003. En ese entendido y considerando que el art. 159 inc. d) de la Le

1340 (CTb) que establece que las acciones de la Administración Tributaria se 

notificarán por edicto, siempre y cuando no se conociera el domicilio del contribuyente, publicándose el mismo durante tres días en un órgano de prensa de circulación nacional, se observa que la Administración Tributaria habiendo visitado el domicilio de la recurrente estableció que la misma cambio de domicilio y declarando desconocer el domicilio autorizó la notificación por edicto la que se publicó por tres 

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AITL 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

dias continuos, actuaciones de las que se evidencia que se cumplió con los requisitos formales establecidos para la notificación por edicto, en el entendido que la recurrente no demostró que era falso que hubiera cambiado de domicilio como alegó en su recurso, no obstante en el siguiente punto esta instancia analizará si las actuaciones de notificación realizadas por la Administración Tributaria habrían interrumpido o no el cómputo de la prescripción. 

IV.3 Sobre la prescripción de las facultades de cobro de la deuda tributaria. 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria no ejecutó ninguna acción de cobro del Pliego de Cargo 781/1999 desde el 1 de enero de 2007 hasta el 20 de mayo de 2019, dejando transcurrir más de 12 años sin ejercer ninguna acción, lo que configuró la prescripción del derecho de cobro de la obligación tributaria contenida en el citado Pliego de Cargo. 

Explicó que siendo el hecho generador del cobro que se le realiza por el periodo de junio de 1996 por el IVA, acaeció antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), son de aplicabilidad ultractiva las normas sobre prescripción de la Ley 1340 (CTb) o en su caso las normas de prescripción de la Ley 2492 (CTB) si fueran más favorables al administrado por el principio de favorabilidad. Señaló que el art. 41 de la Ley 1340 (CTb) determina la extinción de la obligación tributaria por prescripción y que el art. 52 de la misma norma establece que: La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. (…)

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Manifestó que el último actuado de cobranza de parte de la Administración Tributaria lo constituyó el cite GDSC/DTJC/UCC/N° 1438/2006 de 18 de julio de 2006, por el cual se solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos que lleva sello de recepción en la SBEF de 20 de julio de 2006, habiendo transcurrido más de 10 años, siendo el término de prescripción de 5 años establecido en la Ley 1340 (CTb). 

SCZ 

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C

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Por otra parte, señaló que el art. 324 de la CPE no se aplica a este caso, por cuanto este artículo se refiere a la imprescriptibilidad de los daños económicos y e

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Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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totalmente absurdo que se pretenda interpretar que el acto de no pagar un adeudo (desconocido por cuanto nunca fue notificada ni tuvo conocimiento ni de la intimación 

ni del pliego de cargo ni de los edictos) se repute como daño económico que se hubiera causado al Estado, más aún cuando esta liquidación impositiva se realizó de 

oficio por la Administración Tributaria y no así por una declaración presentada de su parte. Explicó que la prescripción generó un daño económico emergente de la responsabilidad de la función pública, en consecuencia, es falso pretender fundamentar un rechazo a la solicitud de prescripción basado en el art. 3 de la Ley 

Por su parte, la Administración Tributaria, explicó que la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo) opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés conforme los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, en ese sentido, de la 

n de antecedentes se evidencia que el 31 de diciembre de 2003 se notificó por edicto el Pliego de Cargo No 781/1999, emitido por el impuesto omitido al IVA del periodo fiscal 06/1996 Form. 143, por el monto adeudado de Bs2.017, constituyéndose en mora conforme lo establecido en los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb). 

Señaló que el término de la prescripción de cinco años para ejercer la facultad de cobro del Pliego de Cargo No 781/1999 fue interrumpido inicialmente el 17 de junio de 2004, mediante nota CITE GDSC/DTJCIUCC/N° 355/2004 dirigida a la entonces Superintendencia de Bancos solicitado retención de fondos del contribuyente, luego el 6 de enero de 2006 mediante nota CITE GDSC/DTJC/UCC/N° 0057/2006 solicitó información al Gobierno Municipal de Santa Cruz, el 6 de febrero de 2006 mediante nota CITE GDSC/DTJC/UCC/N° 0253/2006 solicitó la anotación preventiva de lineas telefónicas a COTAS LTDA, el 15 de marzo de 2006 mediante nota CITE GDSC/DTJC/UCC/N° 0549/2006 dirigida al Juez Registrador de DDRR solicitó información sobre bienes registrados a nombre de la contribuyente, el 20 de mayo de 2019 mediante nota CITE SIN/GDSCZ-11/DJCC/CC/NOT/04831/2019 dirigida a la ASFI instruye nuevamente la retención de fondos de la contribuyente y a través del ID 431054 se realizó el registro del proceso de ejecución en el Sistema de Registros de Procesos de la Contraloría General del Estado. Conforme a las citadas actuacione

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AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

administrativas tendientes al cobro de la deuda, señaló que las mismas fueron efectuadas en el trascurso de las gestiones 2006 al 2019, de lo que concluyó que la Administración Tributaria nunca dejó de ejercer su derecho al cobro, situación que impidió que la prescripción tuviera lugar de acuerdo a lo previsto en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil. 

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria sala que: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTIN José Maria, Derecho Tributario General, 2a edición, Pág. 189). También para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor aueda lib de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el presente caso su ente recaudador. 

De esta forma, la prescripción de acciones se entiende como: la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaino. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I)

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Clidad 

AFNOR CERTIFICATIO

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573 La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que ...es cualquier manifestación que en forma inequivoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado.De considerarse que: “a suspensión inutiliza para la 

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NB/ISO 9001 

Sisterna de Gestion 

de la Calidad Certificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

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prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269)

En el caso que nos ocupa, tratándose de la Acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo por periodos e impuestos de la gestión 1996, el hecho imponible del impuesto ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310 (RCTB), que sala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 

1340 (CTb), dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional. 

En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional No 1606/2002 R: la misma expresa que: “En este sentido el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo, en caso de presentarse un vacio legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogia y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogia será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. Asimismo, el art. 7 de la Ley N° 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.” 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “(...) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (…). Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de lo

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTD, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias.

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que: En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particulary el art. 52 de la citada Ley, determina que: La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años(las negrillas son nuestras)

Dolly K. Salgar Perez 

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No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 

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de la Calidad Certikado N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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prescripción), determina que: . Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (…)”. 

Así también, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese sentido, se tiene que la prescripción en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó la prescripción invocada 

Dentro de este contexto legal, compulsados los antecedentes del caso, se observó que el 11 de noviembre de 1997, la Administración Tributaria emitió la intimación No 

350768-340-6, contra la recurrente donde señaló que no existiendo constancia de que haya presentado la Declaración Jurada Form. 143 por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 06/96 y habiendo vencido el plazo otorgado en la intimación (formulario 316) le comunica que se ordenó la iniciación de la acción para el cobro coactivo del pago a cuenta determinado de Bs2.017.- conforme al art. 17 del DS 21530 (fs. 2 de antecedentes); posteriormente, el 4 de mayo de 1999, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo No 781/99 librado contra la recurrente, de acuerdo al art. 17 del DS 21530, por concepto de pago a cuenta determinado de Bs2.017.-, debiéndose notificar a efectos de que al tercer día se pague la suma establecida, bajo conminatoria de aplicarle las medidas precautorias, Pliego que fue notificado a la recurrente por edicto de prensa el 20, 25 y 31 de diciembre de 2003, con el cual citó, llamó y emplazó a la cancelación del adeudo tributario (fs. 3 y 7-9 de antecedentes). 

A tal efecto, el 20 de enero de 2006, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 058/2006, dirigida la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda., solicitó la anotación preventiva de líneas telefónicas de propiedad de la recurrente la recurrente y mediante nota GDSC/DTJCIUCC/No 057/2006 dirigida al Jefe del 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicito información y certificación sobre los vehículos registrados a nombre de la recurrente con el objeto de proceder a la anotación preventiva correspondiente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 781/1999 (fs. 17-20 de antecedentes); el 7 de febrero de 2006, mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 0253/2006 dirigida la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda, solicitó la anotación preventiva de líneas telefónicas de propiedad de la recurrente la recurrente (fs. 22-23 de antecedentes); el 15 de marzo de 2006, mediante nota GDSC/DTJC/UCC/0549/2006 dirigida al Juez Registrador de DDRR, solicitó información y certificación respecto a los bienes registrados a nombre de la recurrente (fs. 31-32 de antecedentes) y el 20 de julio de 2006, mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 1438/2006 dirigida a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, solicitó la retención de fondos en las entidades financieras de las cuentas embargables que tuviera la recurrente, asimismo, solicitó la circularización de dicha disposición (fs. 31-32 de antecedentes). 

Posteriormente, el 21 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota SIN/GDSCZ-II/DJCC/UCC/NOT/04858/2019, dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en la cual se instruyó a las Entidades de Intermediación Financiera a nivel nacional la retención de fondos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la recurrente, hasta la cuantía suficiente para cubrir e

importe de las deudas impagas, por lo que solicitó transmitir lo instruido a las entidades financieras, a efectos que ésta en el plazo de cinco dias informen sobre las 

sumas retenidas (fs. 55-56 de antecedentes) y el 19 de junio de 2019, mediante nota SIN/GDSCZ-11/DJCC/UCC/NOT/06527/2019 dirigida a la Secretaría de Recaudación y Gestión Catastral del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información sobre los vehículos que se encuentren registrados a nombre de la recurrente (fs. 59-60 de 

antecedentes). 

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Continuando con la compulsa, el 30 de agosto de 2019, la recurrente mediante memorial presentado a la Administración Tributaria solicitó la prescripción del Pliego de Cargo No 781/2019 de 4 de mayo de 1999, manifestando que ya hubieran transcurrido más de 12 años desde la última acción de cobro ejercitada, así también solicitó se dejen sin efecto todas las medidas realizadas dentro de la ejecución coactiva en especial la retención de fondos y el embargo de la línea telefónica 3421538 (fs. 83-85 de antecedentes); y el 15 de enero de 2020, la Administración 

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Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Administrativa No 231976001477, de 18 de diciembre de 2019, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en el Pliego de Cargo Nro. 781/1999, presentada por la contribuyente Ana María Ayala Saavedra con RUC 7168780, al evidenciarse que no ha transcurrido el plazo necesario para su aplicación, puesto que se procedió a aplicar las correspondientes medidas coactivas en ejecución tributaria, encontrándose vigente el plazo que la ley otorga para que se exija el pago de la obligación. Asimismo, resolvió continuar con los procesos de ejecución tributaria en contra de la contribuyente hasta la total recuperación de los adeudos tributos, en mérito a las facultades de cobro coactivo establecidos en los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 87-91 de antecedentes). 

Ahora bien, en el presente caso, conforme se observó en los antecedentes, la Administración Tributaria pretende ejecutar la deuda tributaria habiendo evidenciado la falta de presentación de Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado del periodo de junio de 1996, a efectos de analizar la pertinencia de la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para ejecutar la citada deuda agraviada por la recurrente; cabe señalar que como ya se explicó de manera anterior, la norma aplicable en este caso es la Ley 1340 (CTb) y en ese contexto, conforme establecen los arts. 1493 y 1494 del Código Civil, aplicables supletoriamente, por analogía, que salan:” La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, se tiene que el cómputo de la prescripción para ejecutar la mencionada deuda tributaria, considerando el periodo fiscal de junio de 1996, inició desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de pago, es decir, que en el presente caso de acuerdo al art. 10 del DS 21530, de 29 de junio de 1995, la presentación y pago de la Declaración Jurada debía ser dentro de los 15 días siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, es decir la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada era hasta 15 de julio de 1996, por lo que para el periodo de junio de 1996 el cómputo de la prescripción se inició el 16 de julio de 1996, extendiéndose hasta cinco (5) años, es decir, hasta el 16 de julio de 2001, lapso en el que la Administración Tributaria debió hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta, de acuerdo al cómputo efectuado conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), en concordancia con lo expuesto sobre periodos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 

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AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

(CTB), en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2544/2018, de 10 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, considerando el lapso expuesto en el párrafo precedente, la Administración Tributaria tenía hasta el 16 de julio de 2001 para realizar todas las acciones tendientes al cobro de dicha deuda en virtud a lo establecido en los arts. 304 y 308 de la Ley 1340 (CTb), es así que de la revisión y compulsa de los antecedentes se observa que la Administración Tributaria el 16 de enero de 1998 notificó vía correo con la Intimación N° 350768-340-6 de 11 de noviembre de 1997, 

sin embargo como se analizó anteriormente dicha actuación no cumplió con los 

requisitos exigidos por el inc. b) del art. 159 de la ley 1340, en consecuencia no 

surte los efectos legales y por tanto no interrumpió el curso de la prescripción. 

Posteriormente, la Administración Tributaria continuando con el proceso de cobro de la referida deuda tributaria, el 4 de mayo de 1999 emitió el Pliego de Cargo No 781/1999, librado contra la recurrente, empero, recién lo notificó por Edicto el 20, 25 y 31 de diciembre de 2003; de modo que ésta notificación se produjo después de que operó el término de prescripción; consecuentemente, las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro de la deuda tributaria correspondiente al IVA del periodo fiscal 06/1996, contenido en el mencionado Pliego de Cargo se 

encontraban prescritas, al momento de la notificación con el citado acto administrativo, de acuerdo a los arts. 1492 y 1493 del Código Civil aplicables por supletoriedad y los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) por analogía. 

afaq 

Cabe hacer notar que si bien de acuerdo a la Ley 1340 (CTb) todas y cada una de las medidas tendientes al cobro de la deuda tributaria interrumpen el curso de la prescripción; no obstante, en este caso la Administración Tributaria realizó actuaciones en las gestiones 2006 y 2019, tales como notas a la Superintendencia de Bancos, al Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, a COTAS y a Derechos Reales solicitando anotaciones preventivas de vehículos, líneas telefónicas, retención de fondos que pudiera tener la recurrente así como la solicitud de información y certificación de los bienes registrados a nombre de la recurrente, notas que incluso cuentan con el respectivo sello de recepción de las distintas, las mismas que en su ejecución conllevarían un efecto interruptivo del curso de la prescripción si hubiesen sido realizadas antes de plazo de cinco años; empero, 

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IIIIII

1111 

al haberse realizado después del 16 de julio de 2001, dichas medidas fueron realizadas cuando sus facultades ya se encontraban prescritas, por lo que indiscutiblemente no surten efectos legales; es decir, no interrumpieron el cómputo de la prescripción por ser posteriores, por lo cual no corresponde sean analizadas, ni consideradas, pues como se explicó, las facultades de cobro (Cobranza coactiva), de la Administración Tributaria se encontraban prescritas después del 16 de julio de 

  1. 200

Consecuentemente, las facultades de cobro de la deuda tributaria para la Administración Tributaria, se encuentran prescritas, demostrándose de esta forma la inactividad de la Administración Tributaria por el término de cinco (5) años continuos, plazo previsto legalmente en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y que la realización de las actuaciones para efectivizar el cobro, claramente fueron extemporáneos, dando lugar a que opere la prescripción de la deuda tributaria por el IVA del periodo 06/1996, conforme con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; es decir cinco años; y que la prescripción comienza a correr desde que el titular ha dejado de ejercer su derecho. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para el cobro de la deuda tributaria emergente de la falta de presentación de Declaración Jurada Form. 143 por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 06/96 y el pago a cuenta determinado; que dio origen al Pliego de Cargo No 781/1999 de 4 de mayo de 1999, precautelando la seguridad jurídica, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231976001477, de 18 d

diciembre de 2019, dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de cobro coactivo de la Administración Tributaria se encuentran prescritas. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009

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It 

AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa No 231976001477 de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de la deuda tributaria correspondiente al IVA del periodo 06/1996 contenida en el Pliego de Cargo No 781/1999 de 4 de mayo de 1999, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), se encuentran prescritas y, por tanto, dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas en contra de la recurrente, de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB)

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la 

administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días 

computable a partir de su notificación

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

afaq 

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