ARIT-SCZ-RA-0749-2020 El computo de prescripción comienza a partir del día siguiente al que se debo realizar el pago por deudas vigentes en la Ley 1340

ARIT-SCZ-RA-0749-2020

AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0749/2020 

Recurrente 

Margot Arias Vda. de Quiroga representada por Salvador Talamas Quiroga 

Administración Recurrida

Gerencia Distrital Santa Cruz | del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) representada por Carlos Eufronio Camacho Vega. 

Acto Impugnado 

Resolución Administrativa No 232070000701 de 11 de agosto de 2020. 

Expediente No 

ARIT-SCZ-0528/2020. 

Lugar y Fech

Santa Cruz, 24 de diciembre de 2020 

VISTOS : 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0749/2020 de 23 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa No 232070000701, de 11 de agosto de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de 

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de la Calidad Certificado N 771/14 

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prescripción del Proveido de Ejecución Tributaria N° 5864/2008, de 16 de junio de 2008, formulada por Margot Arias Vda. de Quiroga, con NIT 289115013, en virtud a lo establecido en el parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al artículo 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZAD

11.1 Argumentos del Recurrente 

Margot Arias Vda. de Quiroga representada por Salvador Talamas Quiroga, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 202

(fs. 16-19 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 232070000701, de 11 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Nulidad de la Resolución impugnada por vulneración al derecho a la 

defensa. 

La recurrente manifestó que la Resolución impugnada desconoce la aplicación de la 

Ley 2492 (CTB), vigente hasta agosto de 2012, porque no aplicó la norma vigente en el tiempo que sucedieron los hechos, los impuestos, sanciones por omisión de pago y multas por incumplimientos a los deberes formales que se encuentran prescritos corresponden a los impuestos de la Gestión 2003, del Impuesto a las Transacciones IT del periodo 06/2003, que desps de más de diez años, pretende cobrar las deudas tributarias que están prescritas. 

Señaló que existe diferencia entre la prescripción de las facultades de Determinación 

Tributaria y la prescripción de las facultades de Ejecución Tributarla, que en ambos casos debe aplicarse la normativa legal vigente al momento de materializado o perfeccionado el hecho generador sin considerar las modificaciones posteriores. Explicó que en el caso de la prescripción de las facultades de la ejecución de las sanciones tributarias debe aplicarse lo dispuesto por el art. 154 parágrafo IV de la Ley 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

2492 (CTB) y citó la Sentencia No 35/2016, de 20 de octubre de 2016, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Manifestó que la Resolución impugnada se encuentra en directa contravención con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) vigente hasta agosto de 2012, de manera que ha vulnerado su derecho a la defensa por someterle a un procedimiento oscuro en su contenido indispensable para hacer legal uso de su derecho a la defensa. 

11.1.2 Prescripción de la facultad de ejecución tributaria y de imposición de 

sanción de la Administración Tributaria. 

La recurrente solicitó la prescripción de la Ejecución Tributaria del Proveído de Inicio Ejecución Tributaria N° 5864/2008, de 16 de junio de 2008, referente al Impuesto a las Transacciones (IT) de la Gestión 2003, del periodo 06/2003, señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) vigente hasta agosto de 2012, determina que prescriben a los cuatro 4 años las acciones de la Administración Tributaria y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, asimismo citó el art. 60 de la citada norma, respecto al cómputo de la prescripción, de dicho contexto consideró que correspondía dejar establecido que la prescripción de imponer sanciones y ejercer la facultad de ejecución tributaria se opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cuatro (4) años par

imponer sanciones y dos (2) años para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias; es decir que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por desinterés conforme a los artículos citados. 

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Mencionó las modificaciones en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dispuestas por las Leyes 291 y 317, citó el principio de irretroactividad de las leyes recogido en los arts. 123 de la CPE y 150 de de la Ley 2492 (CTB) y señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 317 recién se aplica a los tributos cuyo vencimiento es a partir del 11 de diciembre de 2012, fecha en la cual recién se modifica el referido artículo y que los plazos extensivos dispuestos por la Ley 291 se aplican a los tributos cuyo vencimiento es a partir de enero de 2013, de lo que concluyó que el PIET citado relativo a impuestos de la Gestión 2003 están regulados por el texto original de la Le

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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2492 (CTB). Citó como jurisprudencia la Sentencia Constitucional Plurinacional 1168/2016-S3 y doctrina respecto a la prescripción. 

Explicó que, de acuerdo a lo establecido en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el término de la prescripción se computará a partir del 1 de enero del año siguiente a cada una de las fechas de vencimiento, durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB); en el presente caso el supuesto objeto es el Impuesto a las Transacciones (IT) de la Gestión 2003, del periodo 06/2003, cuya supuesta obligación tributaria data desde del 2003, cuyo vencimiento del periodo de pago hubiera operado a partir de enero de 

2004, para las Deudas Tributarias y por Sanciones de la Gestión 2003. 

Así también, señaló que debe quedar claro lo dispuesto en el parágrafo lll del art. 60 

de la citada norma que establece “En el supuesto del parágrafo III del artículo 

anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria”, evidenciándose que el título de ejecución tributaria constituye el Proveído de Inicio Ejecución Tributaria N° 5894/2008, de 16 de junio de 2008, notificado el 28 de octubre de 2008. 

Respecto a las causales de suspensión e interrupción de la prescripción, citó el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) y señaló que es el único argumento esgrimido por la Administración Tributaria para perseguir adeudos tributarios de hace más de 10 años y que si bien efectivizó medidas tendientes al cobro, dirigidas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y otras mediadas coactivas realizadas en las gestiones 2012, 2013, y siguientes, sin embargo la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, no reconoce las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción, por tanto no corresponde mayor análisis de las mismas. 

Manifestó que las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar, controlar, investigar, verificar, comprobar y sancionar del periodo fiscal referido en el Proveido de Inicio Ejecución Tributaria N° 5864/2008, ha prescrito, motivo por el cual no es procedente la prosecución de la referida Ejecución Coactiva realizada mediante el citado Proveido, cuyo origen es el Impuesto a las Transacciones (IT) de la Gestión 2003 del periodo 06/2003, por haber precluido su derecho de la Administración 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Tributaria y facultad tanto para imponer sanciones, emitirlas y notificarlas por el transcurso del tiempo que le otorga la Ley a ese fin. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa N° 232070000701, de 11 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 29 de septiembre de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa N° 232070000701, de 11 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 20 del expediente). 

1.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 21 de octubre de 2020 (fs. 30-33 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración 

Tributaria. 

La Administración Tributaria, luego de referirse a los antecedentes del proceso, citó el art. 108 de la CPE respecto a los deberes de los bolivianos y bolivianas señalando que la recurrente al haber realizado actos de comercio que resultaron en ingresos 

económicos, tenía la obligación de pagar los impuestos por dicha actividad, pretendiendo ahora ser liberada de una obligación en afectación al bien común. 

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Explicó que conforme señala la Resolución impugnada el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC/5864/2008, emergente del incumplimiento a las obligaciones tributarias del periodo fiscal de junio de 2003, es decir emitido dentro del periodo vigente previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), iniciándose el computo el 1 de enero de la gestión 2004 y que la recurrente, fue debidamente notificada con el 

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de la Caldad Certhcado N077114 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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proceso que se le sigue, cumpliendo con el deber de hacer conocer al contribuyente sobre las acciones asumidas por el SIN, conforme lo establecen los nums. 6 y 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), en aplicación a las garantías constitucionales previstas 

en el art. 115 parágrafo 11 de la CPE; es decir que la contribuyente conocía de la 

existencia de su deuda tributaria desde la gestión 2008 y pudiendo haber presentado 

descargos o pagar la deuda al momento de haber sido notificado con el Proverdo de 

Inicio de Ejecución Tributaria. Asimismo, saló que pudo acogerse a las previsiones del art. 157, que regula el arrepentimiento eficaz, y al contrario adoptó una actitud pasiva, en pleno conocimiento de las obligaciones tributarias y del proceso coactivo que se le sigue en su contra, pretendiendo de manera dolosa que opere la prescripción de la Deuda Tributaria por el transcurso del tiempo. 

Manifestó que el proceso contra la ahora recurrente se encuentra en etapa de ejecución, aclaró que la prescripción no extingue la obligación, máxime si ésta, a la fecha se encuentra firme, líquida y legalmente exigible y que la Administración Tributaria no ha renunciado al cobro de la deuda, en consecuencia, señaló que no ha operado prescripción alguna, lineamiento que es compartido por diferentes precedentes administrativos emitidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008. 

Señaló a efectos de establecer el momento exacto desde el cual debe iniciase el computo de la prescripción, debe observase lo establecido en el art. 4 del DS 27874 

de 26 de noviembre de 2004, que establece: “La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente 

de la notificación con el proveido que de inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable; en este sentido, el momento de la notificación con los PIET’s inicia el computo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y es a partir de esto momento que la Administración Tributaria, inicia sus facultades de ejecución tributaria y se ve habilitada -no antes de la notificación de los PIET’s- para desplegar la variedad de medidas coactivas que establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) 

Indicó que en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, habiendo realizado gestiones como las Liquidaciones del PIET en las oportunidades solicitadas 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

por la recurrente, incluso su solicitud escrita y formal para acogerse a los beneficios de la Ley 1105 modificada por la Ley 1154 de 27 de febrero de 2019, la nota de solicitud de retención a la Autoridad del Sistema Financiero ASFI de 28 de diciembre de 2017, y otras gestiones que han interrumpido la prescripción liberatoria de pago, con lo que se tiene que la facultad de la Administración Tributaria se encuentra plenamente vigente

Argumento que las medidas coactivas desplegadas por la Administración Tributaria, interrumpieron la prescripción, figura jurídica que se encuentra reconocida en la Ley 2492 (CTB) y complementada en el Código Civil, y para los efectos del presente caso, consideró de relevancia lo establecido en el parágrafo II del art. 1503 del Código Civil, que establece. “La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva constituir en mora al deudor, de acuerdo a lo indicado en la Resolución Administrativa, en sus páginas 6 y 7, por lo que, interrumpida la prescripción, se reanudó el cómputo del mismo, en este caso, las medidas coactivas de retención de fondos y las liquidaciones entregadas a la recurrente en observancia de la parte in fine del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), el término de la prescripción se reanudó a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de la medida, conforme el precedente tributario contenido la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0478/2012 de 2 de julio de 2012

Concluyó, que se ha demostrado que la Administración Tributaria ha actuado en total apego a la norma, recalcando una vez que el ahora recurrente, se desentendió de sus obligaciones tributarias y que se encuentran reflejadas en el sumario 

contravencional seguido en su contra. Indicó que disponer lo contrario implicaría la 

emisión de un fallo ultra o extrapetita; lo que implicaría una flagrante violación a la garantía del debido proceso en su elemento de seguridad jurídica y congruencia, según lo establecido en la SC 486/2010R y SC N°1009/2003-R

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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 232070000701 de 11 de agosto de 2020. 

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

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Mediante Auto de 22 de octubre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal 

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notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria el 28 de octubre de 2020 (fs. 34-35 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 17 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 16 de noviembre, ofreció y ratificó en calidad de pruebas todo el expediente administrativo que acompaño a su contestación del Recurso de Alzada (fs. 36 del expediente). 

Por otra parte, la recurrente no ratificó ni presentó pruebas. 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo ll de la Ley 2492 (CTB), que fenecia el 7 de diciembre de 2020, la Administración Tributaria el 2 de diciembre de 2020 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente Recurso de Alzada (fs. 40-41 del expediente). 

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2020 presentó alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada (fs. 44-46 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

III.1 

El 28 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, notifico mediante cédula a la recurrente con el proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 5864/2008, de 16 de junio de 2008, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada con N° de Orden 9320344 del Impuesto a las Transacciones del periodo junio de 2003, por el monto de Bs 1.889.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto 

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será actualizado a la fecha de pago, reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 5 y 10 de antecedentes). 

111.2 

El 28 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria, mediante nota CITE SIN/GDSCZ 1/DJCC/NOT/10926/2017 dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, solicitó la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la contribuyente Margot Arias Vda. de Quiroga en todo el Sistema de Intermediación Financiera hasta el pago total de la deuda, de acuerdo a detalle adjunto (fs. 22-23 de antecedentes). 

III.3 

El 28 de enero de 2019, la recurrente mediante nota presentada a la Administración Tributaria solicitó fotocopias simples de los expedientes con Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria girados a su nombre, de acuerdo a detalle, entre ellos el PIET N° 5894/2008 (fs. 29 de antecedentes). 

111.4 

El 7 de marzo de 2019, la recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria mediante el cual solicitó la prescripción de la ejecución tributaria e imposición de sanción tributaria por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones del periodo junio de 2003, del PIET 5864/2008, de 16 de junio de 2008, de acuerdo a lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), considerando el periodo de 4 años para la prescripción prevista en la citada norma vigente hasta agosto de 2012, y la irretroactividad de la Ley establecida en los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 42-43 de antecedentes). 

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El 27 de marzo de 2019, la recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria mediante el reitera solicitud de fotocopias de antecedentes y del PIET 5864/2008, de 16 de junio de 2008, entre otros (fs. 

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El 3 de junio de 2019, la recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria reiterando por la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria del Impuesto a las Transacciones del periodo junio de 2003, del PIET 5864/2008, de 16 de junio de 2008 (fs. 34 de antecedentes). 

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de la Calidad Certificado N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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111.

El 3 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 232070000701, de 11 de agosto de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción del Proveido de Ejecución Tributaria N° 5864/2008, de 16 de junio de 2008, formulada por Margot Arias Vda. de Quiroga, con NIT 289115013, en virtud a lo establecido en el parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al artículo 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 45-52 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada expuso como agravios: 1. Nulidad de la Resolución impugnada por vulneración al derecho a la defensa y 2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria y de imposición de 

sanción de la Administración Tributaria

IV.1 Cuestión Previa. 

Con carácter previo, corresponde señalar que si bien la recurrente denunció, en su 

Recurso de Alzada, vicios de nulidad en la Resolución impugnada respecto a la vulneración al derecho a la defensa; sin embargo, también se advierte que invocó la prescripción; es decir, un análisis en el fondo; al respecto, es importante aclarar que en el marco de la previsión contenida en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB) y criterios 

establecidos por la máxima instancia administrativa, precautelando la seguridad 

jurídica, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se sustentará en los hechos, antecedentes, el derecho aplicable al caso y los precedentes administrativos, en el análisis de los puntos agraviados, considerando en primera instancia la procedencia o improcedencia de la prescripción solicitada y sólo en caso de no ser evidente la misma se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados, pues no tendría sentido revisar primero los aspectos de forma, que pudieran originar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, de un proceso en el que posiblemente operó la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

IV.1 Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y de 

imposición de sanción de la Administración Tributaria. 

La recurrente solicitó la prescripción de la Ejecución Tributaria del Proveido de Inicio Ejecución Tributaria N° 5864/2008, de 16 de junio de 2008, referente al Impuesto a las Transacciones (IT) de la Gestión 2003, del periodo 06/2003, señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) vigente hasta agosto de 2012, determina que prescriben a los cuatro 4 años las acciones de la Administración Tributaria y el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, asimismo citó el art. 60 de la citada norma, respecto al cómputo de la prescripción, de dicho contexto consideró que correspondía dejar establecido que la prescripción de imponer sanciones y ejercer la facultad de ejecución tributaria se opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cuatro (4) años para imponer sanciones y dos (2) años para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; es decir que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por desinterés conforme a los artículos citados. 

Mencionó las modificaciones en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dispuestas por las Leyes 291 y 317, citó el principio de irretroactividad de las leyes recogido en los arts. 123 de la CPE y 150 de de la Ley 2492 (CTB) y señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 317 recién se aplica a los tributos cuyo vencimiento es a partir del 11 de diciembre de 2012, fecha en la cual recién se modifica el referido articulo y que los plazos extensivos dispuestos por la Ley 291 se aplican a los tributos cuyo vencimiento es a partir de enero de 2013, de lo que concluyó que el PIET citado relativo a impuestos de la Gestión 2003 están regulados por el texto original de la Ley 2492 (CTB). Citó como jurisprudencia la Sentencia Constitucional Plurinacional 1168/2016-S3 y doctrina respecto a la prescripción. 

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Explicó que, de acuerdo a lo establecido en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el 

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término de la prescripción se computará a partir del 1 de enero del año siguiente a cada una de las fechas de vencimiento, durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB); en el presente caso el supuesto objeto es el Impuesto a las Transacciones (IT) de la Gestión 2003, del periodo 06/2003, cuya supuesta obligación tributaria data desde del 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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2003, cuyo vencimiento del periodo de pago hubiera operado a partir de enero de 2004, para las Deudas Tributarias y sus por Sanciones de la Gestión 2003. 

Así también, señaló que debe quedar claro lo dispuesto en el parágrafo III del art. 60 de la citada norma que establece “En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria”, evidenciándose que el título de ejecución tributaria constituye el Proveído de Inicio Ejecución Tributaria N° 5894/2008, de 16 de junio de 2008, 

notificado el 28 de octubre de 2008

Respecto a las causales de suspensión e interrupción de la prescripción, citó el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) y saló que es el único argumento esgrimido por la Administración Tributaria para perseguir adeudos tributarios de hace más de 10 años y que si bien efectivizó medidas tendientes al cobro, dirigidas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y otras mediadas coactivas realizadas en las gestiones 2012, 2013, y siguientes, sin embargo la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, no reconoce las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción, por tanto no corresponde mayor análisis de las mismas. 

Manifestó que las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar, controlar, investigar, verificar, comprobar y sancionar del periodo fiscal referido en el Proveido de Inicio Ejecución Tributaria N° 5864/2008, han prescrito, motivo por el cual no es procedente la prosecución de la referida Ejecución Coactiva realizada mediante el 

citado Proveído, cuyo origen es el Impuesto a las Transacciones (IT) de la Gestión 2003 del periodo 06/2003, por haber precluido su derecho de la Administración Tributaria y facultad tanto para imponer sanciones, emitirlas y notificarlas por el transcurso del tiempo que le otorga la Ley a ese fin. 

En contraparte, la Administración Tributaria, explicó que conforme sala la Resolución impugnada el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No DTJCC/5864/2008, emergente del incumplimiento a las obligaciones tributarias del periodo fiscal de junio de 2003, es decir emitido dentro del periodo vigente previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), iniciándose el computo el 1 de enero de la gestión 2004 y que la recurrente, fue debidamente notificada con el proceso que se le 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

sigue, cumpliendo con el deber de hacer conocer al contribuyente sobre las acciones asumidas por el SIN, conforme lo establecen los nums. 6 y 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), en aplicación a las garantias constitucionales previstas en el art. 115 parágrafo ll de la CPE; es decir que la contribuyente conocía de la existencia de su deuda tributaria desde la gestión 2008 y pudiendo haber presentado descargos o pagar la deuda al momento de haber sido notificado con el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria. Asimismo, señaló que pudo acogerse a las previsiones del art. 157, que regula el arrepentimiento eficaz, y al contrario adoptó una actitud pasiva, en pleno conocimiento de las obligaciones tributarias y del proceso coactivo que se le sigue en su contra, pretendiendo de manera dolosa que opere la prescripción de la Deuda Tributaria por el transcurso del tiempo. 

Manifestó que el proceso contra la ahora recurrente se encuentra en etapa de ejecución, aclaró que la prescripción no extingue la obligación, máxime si ésta, a la fecha se encuentra firme, líquida y legalmente exigible y que la Administración Tributaria no ha renunciado al cobro de la deuda, en consecuencia, señaló que no ha operado prescripción alguna, lineamiento que es compartido por diferentes precedentes administrativos emitidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria · Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008

Señaló a efectos de establecer el momento exacto desde el cual debe iniciase el computo de la prescripción, debe observase lo establecido en el art. 4 del DS 27874 

de 26 de noviembre de 2004, que establece: “La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable“; en este sentido, el momento de la notificación con los PIET’s inicia el computo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y es a partir de esto momento que la Administración Tributaria, inicia sus facultades de ejecución tributaria y se ve habilitada -no antes de la notificación de los PIET’s- para desplegar la variedad de medidas coactivas que establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB). 

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Indicó que en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, habiendo realizado gestiones como las Liquidaciones del PIET en las oportunidades solicitadas 

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por la recurrente, incluso su solicitud escrita y formal para acogerse a los beneficios de la Ley 1105 modificada por la Ley 1154 de 27 de febrero de 2019, la nota de solicitud de retención a la Autoridad del Sistema Financiero ASFI de 28 de diciembre de 2017, y otras gestiones que han interrumpido la prescripción liberatoria de pago, con lo que se tiene que la facultad de la Administración Tributaria se encuentra 

plenamente vigente. 

Argumentó que las medidas coactivas desplegadas por la Administración Tributaria, interrumpieron la prescripción, figura jurídica que se encuentra reconocida en la Ley 2492 (CTB) y complementada en el Código Civil, y para los efectos del presente caso, consideró de relevancia lo establecido en el parágrafo II del art. 1503 de

Código Civil, que establece. “La prescripción se interrumpe también por cualquier otr

acto que sirva constituir en mora al deudor“, de acuerdo a lo indicado en la Resolución Administrativa, en sus páginas 6 y 7, por lo que, interrumpida la prescripción, se reanudó el cómputo del mismo, en este caso, las medidas coactivas de retención de fondos y las liquidaciones entregadas a la recurrente en observancia de la parte in fine del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), el término de la prescripción se reanudó a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de la medida, conforme el precedente tributario contenido la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0478/2012 de 2 de julio de 2012. 

Concluyó por lo que se ha demostrado que la Administración Tributaria ha actuado en 

total apego a la norma, recalcando una vez que el ahora recurrente, se desentendió de sus obligaciones tributarias y que se encuentran reflejadas en el sumario contravencional seguido en su contra. Indicó que disponer lo contrario implicaría la emisión de un fallo ultra o extrapetita; lo que implicaría una flagrante violación a la garantía del debido proceso en su elemento de seguridad jurídica y congruencia, según lo establecido en la SC 486/2010-R y SC No1009/2003-R. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que para la doctrina la prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: “La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquella(MARTIN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. Buenos Aires -Argentina: Editorial “Depalma”, 1995. Pág. 189). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: ., la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro“; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarian por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

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En el caso que nos ocupa, tratándose de la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria contenida en el Proveído de Ejecución Tributaria No 5864/2008 por el Impuesto a las Transacciones del periodo junio de 2003, el hecho imponible del impuesto ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación del último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb), dich

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disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional. 

En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional No 1606/2002 R: la misma expresa que: “En este sentido el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su 

declaratoria. Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogia será admitida para llenar los vacíos legales, 

pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes”. Asimismo, el art. 7 de la Ley N° 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.”. 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “(…) que el art. 307 del CTb, establecia que la ejecución coactiva no podia suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 

Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (…). Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de lo

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias.”

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CT), establece que: “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley, determina que: “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años” (las negrillas son nuestras). 

No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los arts. 6 y 7 de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que: . Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece...

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Así también, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo“. En ese sentido, se tiene que la prescripción en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se 

demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

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verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó la prescripción 

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invocada. 

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De la revisión y compulsa de los antecedentes se advierte que el 28 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, notifico mediante cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 5864/2008, de 16 de junio de 2008, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada con N° de Orden 9320344 del Impuesto a las Transacciones del periodo junio de 2003, por el monto de Bs1.889.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveido, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago, reconociendo justos y legales los pagos a cuenta 

que se hubiesen efectuado (fs. 5 y 10 de antecedentes). 

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2018 la Administración Tributaria mediante nota CITE SIN/GDSCZ 1/DJCC/NOT/10926/2017 dirigida a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, solicitó la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la contribuyente Margot Arias Vda. de Quiroga en todo el Sistema de Intermediación Financiera hasta el pago total de la deuda, de acuerdo a detalle adjunto (fs. 22-23 de antecedentes). 

Por su parte, el 28 de enero de 2019, la recurrente mediante nota presentada a la Administración Tributaria solicitó fotocopias simples de los expedientes con Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria girados a su nombre, de acuerdo a detalle, entre ellos el PIET N° 5894/2008 (fs. 29 de antecedentes) y el 7 de marzo de 2019, presentó memorial mediante el cual solicitó la prescripción de la ejecución tributaria e imposición de sanción tributaria por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones del periodo junio de 2003, del PIET 5864/2008, de 16 de junio de 2008, de acuerdo a lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), considerando el periodo de 4 años para la prescripción prevista en la citada norma vigente hasta agosto de 2012, y la irretroactividad de la Ley establecida en los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 42-43 de antecedentes). 

Continuando con la compulsa, el 3 de junio de 2019, la recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria reiterando por la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria del Impuesto a las Transacciones del periodo junio de 2003, det PIET 5864/2008, de 16 de junio de 2008 (fs. 34 de antecedentes). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Finalmente, el 3 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 232070000701, de 11 de agosto de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción del Proveido de Ejecución Tributaria N° 5864/2008, de 16 de junio de 2008, formulada por el Margot Arias Vda. de Quiroga, con NIT 289115013, en virtud a lo establecido en el parágrafo del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al artículo 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 45-52 de antecedentes). 

De lo descrito, se advierte que en el presente caso, la entidad recurrida, pretende ejecutar la deuda tributaria contenida en el Proveido de Ejecución Tributaria No 5864/2008, de 16 de junio de 2008, correspondiente al Impuesto a las Transacciones del periodo junio de 2003, ahora bien, a efectos de analizar la pertinencia de la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la citada deuda agraviada por la recurrente; cabe señalar que como ya se explicó de manera anterior, la norma aplicable en este caso es la Ley 1340 (CTb) y en ese contexto, conforme establecen los arts. 1493 y 1494 del Código Civil, aplicables supletoriamente, por analogía, que señalan:“ La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, se tiene que el cómputo de la prescripción para ejecutar la mencionada deuda tributaria, considerando el periodo fiscal de junio de 2003, inició desde el día siguiente a la 

fecha de vencimiento de pago, es decir, que en el presente caso de acuerdo al DS 

25619 de 17 de diciembre de 1999 y considerando el número de NIT 289115013 y el 

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último dígito 3 la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada era hasta 16 del próximo mes, por lo que el periodo junio de 2003 inició el 17 de julio 

de 2003, extendiéndose hasta cinco (5) años, es decir, hasta el 17 de julio de 2008, lapso en el que la Administración Tributaria debió hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta, de acuerdo al cómputo efectuado conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), en concordancia con lo expuesto sobre periodos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2544/2018, de 10 de diciembre de 2018. 

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Ahora bien, considerando el lapso expuesto en el párrafo precedente, la Administración Tributaria tenía hasta el 17 de julio de 2008 para realizar todas la

acciones tendientes al cobro de dicha deuda en virtud a lo establecido en los arts. 304 y 308 de la Ley 1340 (CTb), es asi que de la revisión y compulsa de los antecedentes se evidenció que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 5864/2008 fue notificado el 28 de octubre de 2008, de modo que ésta notificación 

se produjo después de que operó el término de prescripción; consecuentemente, las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro de la deuda tributaria correspondiente al IT del periodo fiscal 06/2003, contenido en el mencionado PIET se encontraban prescritas, al momento de la notificación con el citado acto administrativo, de acuerdo a los arts. 1492 y 1493 del Código Civil aplicables por supletoriedad y los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) por analogía. 

Con relación a gestiones realizadas por la Administración Tributaria que hubieran 

interrumpido el curso de la prescripción, tales como la nota de solicitud de retención a la Autoridad del Sistema Financiero ASFI de 28 de diciembre de 2017 o las Liquidaciones del PIET, cabe hacer notar que si bien de acuerdo a la Ley 1340 (CTb) todas y cada una de las medidas tendientes al cobro de la deuda tributaria interrumpen el curso de la prescripción; no obstante, en este caso la Administración Tributaria realizó actuaciones desps del 17 de julio de 2008, cuando sus facultades ya se encontraban prescritas, indiscutiblemente no surten efectos legales; 

es decir, no interrumpieron el cómputo de la prescripción, por lo cual no corresponde 

sean analizadas, ni consideradas por esta instancia, pues como se explicó, las facultades de cobro (Cobranza coactiva), de la Administración Tributaria se encontraban prescritas después del 17 de julio de 2008. 

Consecuentemente, las facultades de cobro de la deuda tributaria para la Administración Tributaria, se encuentran prescritas, demostrándose de esta forma la inactividad de la Administración Tributaria por el término de cinco (5) años continuos, plazo previsto legalmente en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y que la realización de las actuaciones para efectivizar el cobro, claramente fueron extemporáneos, dando lugar a que opere la prescripción de la deuda tributaria por el IT del periodo 06/2003, conforme con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

establece; es decir cinco años; y que la prescripción comienza a correr desde que el 

titular ha dejado de ejercer su derecho. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo; en el marco de la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, en resguardo de la seguridad jurídica, corresponde dar curso a la prescripción invocada por la recurrente y revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 23207000070

de 11 de agosto de 2020. 

Consiguientemente, habiéndose otorgado la razón a la recurrente en cuanto a la 

prescripción, no corresponde mayor pronunciamiento respecto a los demás aspectos de forma agraviados, toda vez que se encuentran subsumidos a este punto. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

DIPIO 

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PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa No 232070000701, de 11 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de la deuda contenidas en Proveido de Ejecución Tributaria No 5864/2008, de 16 de junio de 2008, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), se encuentran prescrita y por tanto, dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas en contra de la recurrente; de acuerdo con los fundamentos técnicos jurídicos señalados precedentemente de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la 

administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme preel art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

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Carrasco Rosa 

V•B 

Abog. Doth Karina Salazar Pérez Directora Ejecutiva Regionat a.i. 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

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