ARIT-SCZ-RA-0729-2020 Falta de fundamentación de la Resolución Administrativa de rechazo de la exención del IUE la vician de nulidad

ARIT-SCZ-RA-0729-2020

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0729/2020 

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente Nc 

Lugar y Fecha 

VISTOS 

Asociación de Copropietarios del Edificio Condominio Multifamiliar Murano, representado por José Barnadas Jordán. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Eduardo Mauricio Garcés Cáceres. 

Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192070000010, de 28 de julio de 2020. 

ARIT-SCZ-0517/2020. 

Santa Cruz, 16 de diciembre de 2020 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0729/2020 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192070000010, de 28 de julio de 2020, que resolvió declarar improcedente la solicitud de formalización de reconocimiento como entidad exenta de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Multifamiliar Murano”, registrado con NIT 388394020, al no cumplir sus normas estatutarias a cabalidad con las previsiones del inc. b) del art. 49 de la Ley 843 (Texto Ordenado vigente), concordante con lo dispuesto por el art. 8 de la RND 10-0030-05, modificada por la RND 10-0030-14, de 19 de diciembre de 2014 y N° 10-0027-15, debiendo éste contribuyente obligatoriamente presentar los respectivos formularios oficiales de Declaraciones Juradas con la determinación y pago del impuesto por las utilidades obtenidas. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del recurrente 

Asociación de Copropietarios del Edificio Condominio Multifamiliar Murano, representado por José Barnadas Jordán, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 18 y 23 de septiembre de 2020; vale decir, dentro del plazo establecido por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 70-82 y 115 del expediente), para impugnar la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192070000010, de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vicios de nulidad en la Resolución Administrativa, por falta de fundamentación y motivación.- 

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria limitó la justificación de su decisión de negar la exención a la decisión en sí, pues concluyó que la Asociación no desarrolla ninguna de las actividades previstas en la RND 10-0030-05, vale decir: 1. Que sea una entidad civil sin fines de lucro, 2. Que no realice actividad de intermediación financiera. 3. Que no realice actividad comercial, salvo lo dispuesto en el parágrafo II del art. 3 de la RND 10.0030.05. 4. Que la totalidad de los ingresos yel 2 de 43

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patrimonio de la institución se destine en definitiva a la actividad exenta. 5. Que en ningún caso la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados. 6. Que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas; además no existe desarrollo, argumento o análisis de cuáles serían las actividades que desarrollaría la Asociación; cuales serían las actividades que supuestamente la Ley determina como exentas y el contraste entre ambas de modo que le permita conocer el punto de desacuerdo o falta de tipicidad que conduzca a rechazar la solicitud de exención. Análisis que no fue realizado, consecuentemente se vulneró su derecho a la defensa y a obtener una resolución razonable y razonada que de manera explícita y exprese y defina el motivo del rechazo. 

A su vez adujo que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no desarrolló, identificó y menos aún fundamentó cuales son las actividades de la Asociación sin fines de lucro que se encuentran gravadas por el IUE para efectuar el rechazo, dejándolo en total indefensión, sin conocer los fundamentos y motivos por los que declaró la improcedencia, vulnerando el principio del debido proceso, derecho fundamental que tiene entre sus elementos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos, citando en ese sentido la Sentencia Constitucional Plurinacional 0782/2015-S3 de 22 de julio de 2015, SCP 07112/2015-S3 de 03 de julio; SC 1291/2011-R de 26 de septiembre; SCP 1414/2013 de 16 de agosto. 

Agregó que el SIN señaló que revisó el artículo Tercero de los Estatutos (Objetivos y Fines) y concluyó, que: “el contribuyente no persigue ningún fin u otro similar a una Asociación Civil sin fines de lucro con la característica exenta”, es decir que el SIN al no desarrollar, identificar normas o hechos concretos, precedentes o jurisprudencia, omitió fundamentar adecuadamente su decisión. 

En respaldo citó la jurisprudencia surgida del Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional 97/06-R de 25 de enero de 2006, SSCC 43/05-R de 14 de enero de 2005; 1369/01-R de 19 de diciembre de 2001; 1006/04-R de 30 de junio de 2004; 284/05-R de 4 de abril de 2005 y 437/05-R de 28 de abril de 2005. 

Adicionalmente sostuvo que la modificación del sentido de la norma; el apartamiento de las instrucciones y requisitos a verificar para conceder la exención; la falta de 3 de 43 

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identificación y análisis de las supuestas actividades de la Asociación que se encontrarían gravadas por el IUE, la falta de análisis de la realidad económica del contribuyente, conducen a que el SIN haya adoptado una decisión arbitraria a momento de dictar la Resolución Administrativa, dejándolo en total indefensión, sin poder conocer los motivos por los que se declara la improcedencia de su solicitud. 

Por otra parte, argumentó que la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014, modificó la RND 10-0030-05, específicamente el procedimiento de formalización para la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE, determinando exactamente las tareas que debe realizar la Administración Tributaria a momento de verificar el trámite de formalización de la exención del IUE, transcribiendo textualmente el art. 8 de dicha RND; no obstante el SIN, sin fundamentación alguna adopta una decisión de improcedencia de la solicitud de formalización de la exención tributaria señalando que: “la Asociación no desarrolla ninguna de las actividades citadas precedentemente (religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales)”, dejando entrever una interpretación sesgada, errónea incoherente, ilegal y contraria a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. 

Acotó que la actuación del SIN se apartó del procedimiento establecido por el art. 8 de la RND 10-0030-05 (modificado por la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014), que de manera taxativa señala que el análisis de la documentación presentada por el contribuyente debe circunscribirse a constatar en los Estatutos que las siguientes condiciones estén expresamente contempladas: 1. Que sea una entidad civil sin fines de lucro, 2. Que no realice actividad de intermediación financiera. 3. Que no realice actividad comercial, salvo lo dispuesto en el parágrafo II del art. 3 de la RND 10.0030.05. 4. Que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destine en definitiva a la actividad exenta. 5. Que en ningún caso la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados. 6. Que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas; además no existe desarrollo argumentando o análisis de cuáles serían las actividades que desarrollaría la Asociación; sin embargo, la Resolución impugnada en su Considerando III, transcribió textualmente el art. Segundo de los Estatutos, que de 4 de 43

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manera textual cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de la RND 10.0030.05; empero la Resolución impugnada no contempla ninguna observación de fondo o contradicción con algún otro artículo de los Estatutos que pudiera generar duda o controversia, por lo que entiende que el SIN no encontró observación alguna respecto al cumplimiento de la solicitud de formalización de la exención del IUE presentada por la recurrente, y pese a ello, transgrediendo el procedimiento establecido en la RND 10.0030.05, incrementa, a través de una interpretación arbitraria los requisitos establecidos en la Ley para la concesión de la exención tributaria. 

11.1.2 Errónea interpretación de “Realidad económica” y “Actividad económica”.- 

La recurrente argüyó que el Servicio de Impuestos Nacionales señaló que: “La normativa legal señala que podrán solicitar su reconocimiento como entidad exenta ante la Administración Tributaria siempre y cuando su actividad económica se adecué a lo establecido en el parágrafo I del inciso b) del artículo 49 de la Ley 843″; sin embargo esta aseveración es ambigua ya que no establece cual Ley dispone taxativamente que el reconocimiento como entidad exenta esté sujeta a que la actividad económica se adecué a lo establecido en el art. 49 de la Ley 843, tomando en cuenta que “actividad económica” es diferente a “realidad económica”, como reconoce el art. 5 del DS 24051, que señala: “Las entidades detalladas en el primer párrafo del inciso b) del artículo 49 de la Ley N° 843 modificado por la Ley 2493 publicada el 4 de agosto de 2003, que desarrollen actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su reconocimiento ante la Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, debiendo las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos”; quedando de esta manera, claramente demostrado que la Administración Tributaria modifica el concepto “Realidad económica” por “actividad económica” y “refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece” por “se adecué a lo establecido en el parágrafo I del inc. b) del artículo 49 de la Ley 843″; agravando y distorsionando la norma con la finalidad de rechazar arbitrariamente la exención. 

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Posteriormente, indicó que la “Realidad económica” o la interpretación según la realidad económica, de acuerdo con la doctrina tributaria aceptada por la AIT, establece: “en rigor no tiene el carácter de método, sino que es un instrumento jurídico que permite investigar los hechos reales, considerando que ha sido la valoración económica del hecho o acto gravado la que ha determinado la imposición. La autora cita a García Belsunce, para quien el aspecto más importante del método de la realidad económica finca no ya en lo relativo a la interpretación de la Ley, sino en lo concerniente a la interpretación de los hechos que deben caer bajo el ámbito de la Ley” en cambio la actividad económica es cualquier actividad cuyo objetivo sea cubrir una necesidad o deseo, independientemente de que sea produciendo, intermediando vendiendo algún bien o servicio, en el caso específico la Administración Tributaria interpreta erróneamente, que para ser una entidad exenta debe dedicarse únicamente a las actividades descritas en el art. 49 inc. b) (religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales) cuando no es la actividad que realiza el contribuyente el elemento que determina la exención, sino que es su realidad económica, con una serie de características específicas definidas por la RND 10-0030-05, las que determinan la procedencia de la exención tributaria. 

11.1.3 Interpretación errónea del art. 49 inc. b) de la Ley 843 y decisiones contrarias del SIN ante situaciones similares. – 

La recurrente indicó que la interpretación de las exenciones debe realizarse por el método literal, de acuerdo a la doctrina tributaria, aceptada por la AIT, se refiere a: “la interpretación según el método literal refiere a la interpretación estricta o declarativa del alcance manifiesto e indubitable de las palabras empleadas en las normas jurídicas, sin restringir ni ampliar su alcance, por lo cual recurre alestudio gramáticas, etimológico, de sinonimia, etc.”, en ese sentido es necesario determinar si una interpretación literal del art. 49 inc. b) de la Ley 843, conduce a las siguientes conclusiones: a) si la norma distingue distintos diferentes tipos de personas colectivas debido a la naturaleza jurídica de cada una., b) Si la exigencia, de realizar actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, es exclusiva solo para las instituciones no lucrativas 6 de 43

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autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, o es exigióle también para las fundaciones y Asociaciones Civiles, la interpretación textual del art. 49 de la Ley 843, conduce a concluir que la norma describe trestipo de personas colectivas, que pueden ser sujetos de exención tributaria: 1. Las Asociaciones civiles. 2. Las fundaciones y 3. Las instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos y se desarrollan como actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. La diferencia entre éstos 3 tipos de personas colectivas emerge de su naturaleza y el reconocimiento normativo típico estipulado por el Código Civil o su regulación por normas especiales. 

A continuación indicó, que la diferencia entre estos tres tipos de personas colectivas emerge de la naturaleza y el reconocimiento normativo típico estipulado por el Código Civil y cita al respecto lo previsto en el art. 52 del Código Civil, referido a las personas colectivas; también la Ley 351 de 19 de marzo de 2013 (Ley de otorgación de Personalidad Jurídica), que estipula las definiciones de personas colectivas (Organizaciones sociales; Organizaciones no gubernamentales; Fundaciones; Entidades civiles sin fines de lucro) y la Ley Departamental N° 50 de 19 de octubre de 2012, que aplica a determinadas personas colectivas o jurídicas; todas estas normas son ratificadas por las normas emitidas por el SIN, pues en el art. 3 de la RND 10.0030.05 de 14 de septiembre de 2005, calificó como entidades sin fines de lucro a las “Asociaciones y fundaciones constituidas por el Código Civil” por un lado y por otro lado las separa y distingue de las “organizaciones no Gubernamentales (ong) nacionales e internacionales”, que además de cumplir con los requisitos establecidos en el inc. b) del art. 49 de la Ley 843, estén constituidas bajo el principio de autonomía patrimonial, en virtud del cual se diferencia el patrimonio de la persona colectiva del de sus miembros asociados, patrimonio que una vez constituido no podrá ser afectado, sino a los fines para los que fue establecido”, es decir que a través de esta norma la Administración Tributaria confirmó la exigencia del convenio firmado y la dedicación a las actividades detalladas en el art. 49 inc. b) de la Ley 843, es aplicable únicamente a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Además transcribió lo previsto en el art. 7 de la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014, en el cual estableció la diferencia, los requisitos que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables que solicitan la exención del IUE, reconociendo 7 de 43 

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distintos tipos de personas colectivas: 1. Entidades civiles sin fines de lucro. 2. Fundaciones. 3. Organizaciones sociales. 4. Organizaciones no gubernamentales y 5. Organizaciones religiosas y espirituales. 

Asimismo, indicó que la Asociación de copropietarios del edificio “Condominio multifamiliar Murano”, se encuentra comprendida dentro de las entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades únicamente a nivel departamental, por haberse obtenido del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz el reconocimiento de su personalidad jurídica como una persona jurídica sin fines de lucro con domicilio en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra Provincia Andrés Ibáñez, departamento de Santa Cruz de Bolivia. 

Por otra parte, la recurrente manifestó que el SIN cuestionó, el hecho de que la Asociación de Copropietarios de un edificio no cumplió las “actividades exentas” no realiza una observación aplicable a la asociación de copropietarios del Edificio Multifamiliar Murano, sino que es una observación aplicable a todas las asociaciones de copropietarios de edificios, condominios, urbanizaciones cerradas cuya finalidad es la misma, representar a sus miembros y administrar la cosa común en beneficio del condominio, conforme determina el Código Civil, sin embargo el SIN no otorgó el mismo criterio utilizado con otras asociaciones de copropietarios a los que ha concedido la exención. 

A ese efecto, acompañó en calidad de prueba la Resolución Administrativa de Aceptación de Exención del IUE 191976000035 de 03 de diciembre de 2019, en el cual declaró procedente la solicitud de exención del IUE realizada por la Asociación de Copropietarios de un edificio, con similares fines, objetivos, documentación y actividades. 

También, citó como respaldo al principio de legalidad, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0498/2018-S1 de 12 de septiembre de 2018; respecto a la seguridad jurídica la SSCC 2324/2010-R de 19 de noviembre de 2010; SSCC 70/2010-R. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192070000010 de 28 de julio de 2020. 

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11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 25 de septiembre de 2020 (fs. 116 del expediente), se dispuso la Admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192070000010, de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 19 de octubre de 2020 (fs. 123-130 vta., del expediente) contestó al Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Respecto a los supuestos vicios de nulidad en la Resolución Administrativa, por falta de fundamentación y motivación.- 

La Administración Tributaria manifestó que la motivación, se encuentra asociada al examen crítico de las pruebas, a la exposición razonada del mérito que se asigna a cada prueba y a los razonamientos necesarios para fundamentar las conclusiones. Asimismo la motivación constituye una exposición del razonamiento justificativo de las bases en las cuales se fundamenta la decisión judicial o administrativa, tal exposición, se efectúa mediante argumentos que den cuenta de la eficacia atribuida a cada uno de los medios de prueba, del resultado arribado producto de la evaluación global y de la elección de la hipótesis fáctica asumida como verdadera reconstrucción de los hechos. En respaldo citó la Sentencia Constitucional 0398/2014 de 25 de febrero de 2014; SCP 0153/2018-S1 de 25 de abril de 2018. Por lo que de la revisión detallada a la Resolución Administrativa impugnada, se evidencia que cumplió con las exigencias de motivación y fundamentación, pues explicó los motivos por los cuales, rechazó la solicitud del contribuyente, toda vez que en el Considerando II de la citada Resolución, indicó: “(…); el Artículo 49, inciso b) de la Ley 843 modificado por el artículo 2 de la Ley N° 2493 establece que están exentas de pago de Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas, las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades: 9 de 43 

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religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales; y que esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica (…)” y en el considerando III, continuó fundamentando de forma expresa las razones por las que consideró la no procedencia de la exención solicitada por la actual recurrente, pues consignó: “(…) de la revisión del Acta de Fundación y Estatuto Orgánico del Contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio “CONDOMINIO MULTIFAMILIAR MURANO” con NIT388394020, se evidencia que el sujeto pasivo de referencia no desarrolla ninguna de las actividades citadas precedentemente, asimismo en el artículo Tercero de su Estatuto se puede observar que el contribuyente no persigue ningún fin u objetivo similar a una Asociación Civil sin fines de lucro con la característica exenta; en ese sentido la solicitud de formalización de exención del IUE, no cumple la característica de realizar alguna actividad exenta (…)”; de lo expuesto, se evidencia que se cumplió a cabalidad, conforme prevé el art. 28 inc. e) y art. 30 de la Ley 2341 (LPA) y 29 inc. d) y art. 31 del DS 27113 (RLPA), referentes a la obligación de motivar y fundamentar la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE. 

Adicionalmente indicó, que respondió a las cuestiones que realizó la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, referente a que: 1. Indicó que la documentación presentada por el contribuyente, no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos para otorgar la exención de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 2. En la Resolución impugnada, expresamente se le indicó al contribuyente, que se rechaza su solicitud debido a que no desarrolla ninguna de las actividades establecidas en el inc. b) parágrafo I art. 49 de la Ley 843. 3. Se le explicó que si pretendía beneficiarse con la exención, debía enmarcarse exclusivamente a las actividades establecidas en el inc. b), parágrafo I del art. 49 de la Ley 843, y estas actividades son: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 10 de 43

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profesionales, sindicales o gremiales. Yque la totalidad de sus ingresos y patrimonio debía destinarse exclusivamente a los fines enumerados, en ese sentido alegó que, de la revisión al contenido de la Resolución Administrativa de Rechazo, se dio respuesta al contribuyente. 

11.3.2 Sobre los requisitos de fondo, para la procedencia de la exención del Impuesto a las Utilidades de las Empresas.- 

La Administración Tributaria argüyó que para que cualquier contribuyente, pueda obtener la exención del IUE, se encuentra establecido en el art. 49 inc. b) parágrafo I de la Ley 843, precepto que en su parte pertinente dispone: “b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica”; en ese sentido la documentación presentada y particularmente el Estatuto de la Asociación, no cumplieron con los requisitos de fondo, para beneficiarse con la exención solicitada, en consideración: 

  1. En ningún artículo del Estatuto, se establece que la Asociación sin fines de lucro se dedica exclusivamente a las actividades: religiosas, de caridad, 

beneficencia, asistencia social, educativa, culturales, científicas, ecológicas, 

artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales

gremiales. 

  1. En ningún artículo del Estatuto, se establece de forma expresa que la totalidad de sus ingresos obtenidos por la referida institución, se destinará a las 

actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencias sociales, 

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educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

  1. En ningún artículo del Estatuto, se establece de forma expresa que la totalidad de su patrimonio se destinará a las actividades, religiosas, de caridad, beneficencia, asistencias sociales, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

Muy al contrario de lo dispuesto en la norma legal contenida, en el inciso b) parágrafo I art. 49 de la Ley 843. El Estatuto de la recurrente, establece lo siguiente: 

  1. Art. Sexto: Propiedad individual o exclusiva (uso particular), se establece de forma expresa que: “(…) a) Departamentos: Las Unidades de inmuebles, que corresponde a los Departamentos del Segundo Piso hasta el Piso Doceavo, serán destinados exclusivamente a viviendas familiares. B) Locales comerciales u oficinas: Las unidades que corresponda a locales comerciales de la planta baja, será destinadas al libre ejercicio del comercio lícito (…).” 
  2. En el artículo Décimo Primero: Determinación y destino de las áreas de las áreas de uso común, se establece los siguientes: “Cada propietario será dueño exclusivo de su Departamento, de las mejoras de indivisión forzosa 

(•••)”• 

  1. En el artículo Décimo Segundo: Destino de las parte del condominio, se establece que: “12.2) Los sectores de propiedad exclusiva serán destinados únicamente al objeto de vivienda para el cualfueron construidos (…)”. 
  2. Los fines perseguidos por la Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Multifamiliar Murano”, de acuerdo al art. Tercero: de los Objetivos y fines, no tiene nada que ver y no se relacionan en nada con las actividades exentas, establecidas en el inc. b) parágrafo I art. 49 de la Ley 843. 

Explicó, que de todo lo descrito, expuesto y confrontado con el Estatuto de Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Multifamiliar Murano”, a prima facie, se evidencia que la denominada asociación no cumple con los requisitos de fondo establecidos en el inc. c) parágrafo I art. 49 de la Ley 843, para la obtención de 

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exención del Impuesto a las Utilidades de las Empresas; por lo que rechazó la solicitud del contribuyente. 

11.3.3 Sobre los requisitos y procedimientos establecidos en las Resoluciones de Directorio RD 10-0030-05, modificada por la RND 10-0030-14 y RND 10-0027- 15. 

La Administración Tributaria indicó que en uso de sus facultades reglamentarias, emitió la RND 10-0030-05 de 14 de septiembre de 2005; modificada por la RND 10- 0030-14 de 19 de diciembre de 2014 y RND 10-0027-15 de 22 de octubre de 2015, en la cual se estableció una serie de requisitos para las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro: 

  1. a) Original y fotocopia de la Resolución suprema o Resolución Ministerial de reconocimiento de personalidad jurídica, registrada en el Sistema de Registro 

de Personalidad Jurídicas SIREPEJU del Ministerio de Autonomías. 

  1. b) Original y fotocopia del
  2. c) Original y fotocopia del Testimonio de Poder notariado que acredite a Representación del solicitante. 
  3. d) Otra documentación o información según el caso

Asimismo aseguró, que con el propósito de declarar la procedencia o no de la solicitud de exención, el art. 4 parágrafos III, el cual modifica el art. 8 parágrafos II, de la RND 10-0030.05 de 14 de septiembre de 2005, de forma expresa establece que, las normas estatutarias deben estar contemplados de forma expresa lo siguiente: 1. Que sea una entidad civil sin fines de lucro. 2. Que no realice actividad de intermediación financiera. 3. Que no realice actividad comercial, salvo lo dispuesto en el parágrafo II del art. 3 de la RND 10.0030.05. 4. Que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destine en definitiva a la actividad exenta. 5. Que en ningún caso la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados. 6. Que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. 

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CertficadoN” 771/14 

Agregó que de la revisión a la documentación presentada por el contribuyente, evidenció que efectivamente, cumplió con los requisitos referentes a la presentación de documentación necesaria para la formalización de la solicitud de exención y prueba de ello es que, emitió el Auto Motivado N° 392070000012 de 05 de mayo de 2020, admitiendo la solicitud de exención de pago de IUE-500; no obstante de una revisión minuciosa de los requisitos de fondo, establecidos en el inc. b) parágrafo I art. 49 de la Ley 843, para la obtención de exención del IUE, toda vez que en ninguno de sus artículos, establece que la entidad se dedicara de forma exclusiva a alguna de las actividades exentas. Tampoco se encontró en el Estatuto, la existencia de algún artículo que establezca de forma expresa que la totalidad de sus ingresos obtenidos y la totalidad de su patrimonio, se destinará exclusivamente a las actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales y gremiales; por lo que, insistió que el contribuyente, a pesar de haber cumplido con los requisitos de forma, para la formalización de la solicitud de exención de pago del IUE, no cumplió con los requisitos de fondo previstos en el inc. b) parágrafo I art. 49 de la Ley 843. 

II.3.4 Sobre la supuesta vulneración del art. 8 parágrafo II de la RND 10-0030-05 de 14 de septiembre de 2005. 

La Administración Tributaria indicó que la recurrente pretende que la exención debe declararse procedente con la sola verificación de que en el Estatuto, se evidencie el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 8 parágrafo II, de la RND 10- 0030-05 de 14 de septiembre de 2005, el cual fue modificado por el art. 4 parágrafo III de la RND 10-0030-2014 y se proceda a declarar la exención solicitada. Cuando en los hechos no es así, el contribuyente aparte de presentar toda la documentación necesaria debe ineludiblemente por imperio del art. 49 parágrafo I de la Ley 843, demostrar el desarrollo de las actividades establecidas en la Ley y demostrar que la totalidad de sus ingresos obtenidos y la totalidad de su patrimonio se destinan exclusivamente a las actividades exentas, por lo que no es evidente la vulneración argüida, pues dio cumplimiento efectivo a la Ley sustantiva. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.3.5 Sobre las decisiones contrarias, ante situaciones similares. 

La Administración Tributaria manifestó que con la finalidad de verificar los extremos descritos por la recurrente, se constituyó en las Oficinas de la AIT y resultado de esa verificación y revisión de la Resolución Administrativa de Aceptación de Exención del IUE 191976000035 se llegó a evidenciar que este acto fue emitido por la Gerencia Distrital Santa cruz II y en sus considerandos observó lo siguiente: 

  1. La Resolución Administrativa de Aceptación de Exención del IUE N° 191976000035, no adjunta ni desarrolla puntualmente los requisitos 

presentados por la Asociación de Copropietarios del Edificio Alas Torres de 

Negocios, por los cuales la Gerencia determinó conceder la exención del IUE. 

  1. Siendo que cada caso presenta características particulares, no se puede determinar por la emisión de la Resolución Administrativa de Aceptación de 

Exención del IUE 191976000035, que la misma puede ser aplicable al 

caso en cuestión, toda vez que , siguiendo la lógica de la recurrente por el 

simple hecho de haberse declarado la exención en un caso debería sin 

realizar un análisis concederse la exención a todas aquellas actividades que 

sean similares, sin embargo existen también a nivel nacional otras 

resoluciones que deniegan la exención a las asociaciones de copropietarios, 

por lo cual cada caso debe ser analizado individualmente, no correspondiendo 

el conceder o denegar las peticiones por el simple hecho de actuaciones 

emitidas a otros contribuyente. 

Finalizó señalando que la Resolución Administrativa de Aceptación de Exención del IUE N° 191976000035 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II, no merece mayores consideraciones, por lo que el mismo no puede ser considerado. 

>\\ Por lo expuesto, solicitó confirme la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192070000010, de 28 de julio de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 20 de octubre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

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CettincadoN» 771/14 

notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida el 21 de octubre de 2020 (fs. 131-132 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que concluyó el 10 de noviembre de 2020, la recurrente mediante memorial de 28 de octubre de 2020 (fs. 133-133 vta., del expediente), ratificó la prueba presentada con el Recurso de Alzada, consistente en los siguientes documentos: 1. Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2019 468 de 18 de septiembre de 2019, otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (copia legalizada). 2. Escritura Pública N° 619/2019 otorgada por la Notaría de Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a cargo de la Abogada Marcia Capobianco Céspedes, en fecha 20 de noviembre de 2019 (Copia legalizada). 3. Poder 683/2018 otorgado por la Notaría de Fe Pública N° 97 a cargo de la Dra. Juana Mery Ortiz Romero, en fecha 04 de septiembre de 2018 (original). 4. Copia simple del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes bajo el NIT 388394020. 5. Copia simple del aviso de cobranza de energía electrónica – CRE y 6. Formulario 520. 7. Copia de Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192070000010 de 28 de julio de 2020 (CITE: SIN/GDSCZI/DJCC/UTJ/RAFIUE/10/2020) emitida por el Gerente Distrital Santa cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales. 8. Resolución Administrativa de Aceptación de Exención del IUE 191976000035 de 03 de diciembre de 2019. 9. Poder 528/2020 otorgado por ante la Notaría de Fe Pública 97 a cargo de la Dra. Juana Mery Ortiz Romero, el 15 de septiembre de 2020. Asimismo con la finalidad de producir prueba que demuestre la arbitraria actuación del SIN, solicitó a la Gerencia Distrital Santa Cruz I y a la Gerencia Distrital Santa cruz II del SIN, remita, la siguiente documentación: 1. Copia de todas las Resoluciones Administrativas de Exención del IUE, emitidas por el Servicio de Impuestos otorgadas durante la gestión 2019 y 2. Copia de todas las Resoluciones Administrativas de Rechazo de Exención del IUE emitidas porel Servicio de Impuestos Nacionales durante la gestión 2019 (fs. 133-133 vta., del expediente). 

Al respecto, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria mediante Proveído de 28 de octubre de 2020, comunicó que se tiene por ratificada la prueba señalada en el memorial, aclarando que solo se valorará la prueba que cumpla con lo dispuesto en el art. 217 inc. a) de la Ley 3092 (Título Vdel CTB), asimismo en caso de corresponder, la parte recurrente deberá probar que la omisión de presentación no 16 de 43

AIT.^ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

fue por causa propia conforme el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), caso contrario se tendrá por no presentada (fs. 134 del expediente). 

Asimismo, se evidenció que la recurrente, mediante memorial de 12 de noviembre de 2020 (fs. 139-140 del expediente), fuera de plazo presentó la siguiente prueba documental: 1. Escritura Pública 19/2011 otorgada por la Notaría de Gobierno Departamental el 13 de enero de 2011, por el que se protocoliza los documentos de personalidad jurídica de la Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los Parques del Urubo – ACOLPA. 2. Resolución Administrativa N° RASGSJD DAJ PJ 2010 141 de 14 de diciembre de 2010. 3. Resolución Administrativa 19-0000031- 11 de 10 de agosto de 2011, por el cual el Servicio de Impuestos Nacionales acepta la solicitud de exención del IUE para el contribuyente Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los Parques del Urubo – ACOLPA. 4. Escritura Pública N° 205/2019 otorgada por la Notaría de Gobierno Departamental el 4 de abril de 2019, por el que se protocoliza los documentos de personalidad jurídica de la Asociación de Copropietarios del Edificio a las Torres de Negocios. 5. Resolución Administrativa N° RA SG SJD DAJ PJ 2019 145 de 01 de marzo de 2019. 6. Resolución Administrativa de Aceptación de Exención del IUE N° 191976000035 de 03 de diciembre de 2019, también solicitó que la prueba en fotocopia simple sea considerada, debido a que la misma cursa en originales en el Servicio de Impuestos Nacionales (prueba 1, 2, 4 y 5) o fueron emitidas por dicha institución (Pruebas 3 y 6). Además reiteró el ofrecimiento de prueba: 1. A momento de interponer recurso de alzada solicitó se ordene a la Gerencia Distrital Santa Cruz I y Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN remita ante ésta instancia: 1.1 Copia de todas las Resoluciones Administrativas de Exención del IUE emitidas por el SIN, otorgadas durante la gestión 2019 y 1.2. Copia de todas las Resoluciones Administrativas de Rechazo de Exención del IUE emitidas por el SIN durante la gestión 2019, sin embargo señaló que dicha solicitud debía realizarla durante el periodo probatorio. 2. Mediante memorial de 28 de octubre de 2020, volvió a solicitar que se ordene a la Gerencia Distrital Santa Cruz I y Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, remita la siguiente documentación 2.1 Copia de todas las Resoluciones Administrativas de Exención del IUE emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales otorgadas durante la gestión 2019 y 2.2 Copia de todas las Resoluciones Administrativas de rechazo de exención del IUE emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales durante la gestión 2019, sin embargo omitió resolver esta solicitud, dejándolo en indefensión. 3. El art. 215 de la Ley 3092 establece que: 

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“Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidas en derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido”, en consecuencia la solicitud realizada esta permitida por Ley y tiene total pertinencia con el asunto sometido a consideración, ya que se demostró que el Servicio de Impuestos Nacionales de manera arbitraria utiliza criterios arbitrarios y discriminatorios a momento de conceder o no la exención tributaria (fs. 139-140 del expediente). 

Ante tal solicitud, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió el Proveído de 16 de noviembre de 2020, en el cual señaló: Numeral I: En cuanto a la presentación y ofrecimiento de pruebas, estese a los plazos establecidos en el art. 218 inc. d) del Código Tributario Boliviano, puesto que la etapa de pruebas concluyó el 10 de noviembre de 2020. Numeral II: Respecto a la prueba señala, la parte recurrente deberá ajustar la presentación de la misma ante ésta autoridad recursiva de Alzada, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, concordante con el art. 217 inc. a) del mismo procedimiento, que prevé que se admitirá, como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia que esté legalizada (fs. 141 del expediente). 

Por su parte, la Administración tributaria mediante memorial de 09 de noviembre de 2020, ofreció y ratificó en calidad de prueba todo el expediente administrativo presentado junto con la contestación al Recurso de Alzada, en fecha 19 de octubre de 2020, el mismo que contiene todos los antecedentes, los cuales se puede evidenciar la legalidad de las actuaciones (fs. 136 del expediente). 

II.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que concluyó el 30 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 19 de noviembre de 2020, presentó alegatos en conclusión escritos, en el cual se evidenció que reiteró los mismos argumentos expuestos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 144-147 vta., del expediente). 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 30 de noviembre de 2020, presentó alegatos escritos, en los cuales reiteró los argumentos expuestos en el memorial de Recurso de Alzada, e indicó que quedó demostrado la existencia de decisiones contradictorias del SIN ante situaciones similares y vulneración de los principios y garantías constitucionales, asimismo indicó que presentó como prueba la siguiente documentación que acredita que el SIN ante Estatutos con textos similares ha concedido la exención del IUE a asociaciones de copropietarios de edificios o condominios: a) Escritura Pública 19/2011, otorgada por la Notaría de Gobierno Departamental el 13 de enero de 2011 por el que se protocoliza los documentos de personalidad jurídica de la Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los Parques del Urubo – Acolpa., b) Resolución Administrativa N° RASGSJD DAJ PJ 2010 141 de 14 de diciembre de 2010, c) Resolución Administrativa N° 19-0000031- 11 de 10 de agosto de 2011 por la que el Servicio de Impuestos Nacionales acepta la solicitud de exención del IUE para los contribuyentes Asociación de Copropietarios del Condominio Privado los Parques del Urubo – ACOLPA., d) Escritura Pública N° 205/2019 otorgada por la Notaría de Gobierno Departamental el 4 de abril de 2019, por el que se protocoliza los documentos de personalidad jurídica de la Asociación de Copropietarios del Edificio Alas Torres de Negocio., e) Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2019 145 de 1 de marzo de 2019 y f) Resolución Administrativa de Aceptación de Exención del IUE N° 191976000035 de 03 de diciembre de 2019. 

Continuó señalando, que para la valoración de ésta prueba, es necesario realizar las siguientes consideraciones: 

  1. a) La prueba presentada, si bien ha sido notificada al SIN, no fue observada, cuestionada por la Administración Tributaria, reconociendo su validez, 

legalidad y legitimidad. 

  1. b) La prueba presentada en copia simple debe ser valorada por sus autoridades en función del cumplimiento de la garantía de igualdad de oportunidad, 

equilibrio, justicia social y los valores supremos reconocido por el art. 8 

parágrafo II de la CPE, que por mandato del Tribunal Constitucional 

Plurinacional debe ser aplicado transversalmente por todas las autoridades 

del Estado. 

  1. c) El SIN tiene en sus archivos toda la documentación probatoria, sin ninguna carga mayor que entregar la documentación, aspecto que no sucede con los 

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900) 

SisemadeGesnon de faCalidad 

Certificado 771/14 

contribuyentes cuando quieren discutir el trato desequilibrado que otorga el Estado a los ciudadanos, 

  1. d) No quiere sustituir la carga tributaria, sin embargo en 3 oportunidades se negó el acceso a la producción de prueba: 1) Primera solicitud de auxilio administrativo para producción A momento de interponer el recurso de alzada, solicitó que ordene a la Gerencia Distrital Santa cruz I y a la Gerencia Distrital Santa cruz II del SIN remita: copia de todas las Resoluciones Administrativas de Exención del IUE emitidas por SIN otorgadas durante la gestión 2019 y copia de todas las Resoluciones Administrativas de Rechazo de exención del IUE emitidas por el SIN durante la gestión 2019, sin embargo la instancia recursiva indicó que dicha solicitud debía realizarla durante el periodo probatorio. 2. Segunda solicitud de exilio administrativo para producción de prueba: mediante memorial de 28 de octubre de 2020, volvió a solicitar lo señalado precedentemente, sin embargo omitió resolver ésta solicitud, dejándolo en indefensión. 3. Tercera solicitud de auxilio administrativo de producción de prueba: ante la citada omisión, mediante memorial de 11 de noviembre de, por tercera vez volvió a solicitar que se pronuncie sobre su solicitud de producción de prueba, sin embargo, me remitió a lo previsto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), Resolución vulneratoria de sus derechos constitucionales a la defensa, toda vez que está recurriendo para que por intermedio pueda producir prueba, transcribió lo previsto en el art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB) e indicó que la solicitud realizada esta permitida por la Ley y tiene total pertinencia con el asunto sometido a consideración, ya que se podrá demostrar que el SIN de manera arbitraria utiliza criterios y discriminatorios a momento de conceder o no la exención tributaria (fs. 150-160 del expediente) . 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 09 de marzo de 2020, la recurrente, mediante memorial, solicitó “declaración formal de exención”, e indicó que al amparo del art. 49 inc. b) de la Ley 843 y la RND 10.0030.05 de 14 de septiembre de 2005, tiene a bien 20 de 43

AIT, 3t 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

solicitar emita resolución administrativa de formalización de la exención del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) en favor de la Asociación 

de Copropietarios del Edificio “Condominio Murano”, debido a que cumple 

con los requisitos exigidos en la normativa tributaria, que son: 1. La 

Asociación no realizará actividades de intermediación financiera u otras 

comerciales, ya que la organización tiene como finalidad los siguientes 

objetivos: a) Representación, conservación y defensa de los derechos de los 

asociados, en forma colectiva e individual., b) La conservación, 

mantenimiento, vigilancia y mejoramiento del patrimonio de la Asociación: las 

áreas comunes, equipos, instalaciones e infraestructura en copropiedad de 

todos los propietarios de oficinas, parqueos y bauleras del edificio., c) 

Fomento y estímulo de las relaciones armónicas de sus asociados colectivos 

e individualmente, cultivando los principios de solidaridad y ayuda mutua., d) 

hacer cumplir los Estatutos, el Reglamento Interno y las normas específicas 

que se aprueben en procura de una pacífica convivencia entre los vecinos., 

  1. e) Administración del patrimonio de la Asociación., f) Establecimiento de 

relaciones con asociaciones del mismo carácter para la defensa común de 

los intereses y derechos de copropiedad de condominios vecinos., g) 

Fiscalizar el cumplimiento de la normativa de carácter constructivo dentro de 

la urbanización., h) Preservar y conservar el concepto arquitectónico del 

condominio., i) Recaudar y administrar los fondos que aporten los asociados 

por concepto de pago de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, 

destinadas al cumplimiento de los objetivos y j) Otros que sin estar 

expresamente nombrados tiendan a la prosecución del bienestar de los 

asociados. 

Adicionalmente indicó 2. Que el patrimonio será registrado a nombre de la 

Asociación, bienes que pertenecen a la organización y no a los miembros 

que la componen, asimismo las utilidades, los ingresos y el patrimonio que 

obtenga la Asociación, serán destinados exclusivamente a los fines 

enumerados en el Estatuto y en ningún caso podrán distribuirse directa

indirectamente entre sus asociados. 3. En caso de haber sido declarada 

procedente la disolución de la Organización y haber logrado un balance fina 

aprobado con inventario de bienes (con aceptación tácita sobre activos

pasivos), se conformará una comisión o comité de liquidación a partir del 

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Directorio para proceder a la liquidación debiendo distribuirse todo el patrimonio de la Asociación a entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. Acompañó la siguiente documentación: 1. Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2019 468 de 18 de septiembre de 2019, otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. 2. Escritura Pública 619/2019 otorgada por la Notaría de Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a cargo de la Abog. Marcia Capobianco Céspedes, el 20 de noviembre de 2019. 3. Poder 683/2018 otorgado por la Notaría de Fe Pública N° 97 a cargo de la Dra. Juana Mery Ortiz Romero, de 04 de septiembre de 2018. 4. Copia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes bajo el NIT. 5. Copia simple del aviso de cobranza de energía eléctrica – CRE y 6. Formulario 520 (fs. 1-2 de antecedentes). 

.2 El 07 de mayo de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaria el Auto Administrativo N° 392070000012, de 05 de mayo de 2020, en el cual resolvió admitir la solicitud de formalización de exención de pago del Impuesto sobre las utilidades de las Empresas IUE F-500, presentada por Rosso Cruz Castro, en presentación del contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Murano”, con NIT 388394020, al haber cumplido con los requisitos de forma establecidos en la RND 10-0030- 05 modificada por la RND 10-0030-14 y RND 10-0027-15, por lo que se procederá al análisis de fondo de la solicitud de exención presentada (fs. 82- 83 de antecedentes). 

.3 El 01 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192070000010, de 28 de julio de 2020, en la cual resolvió declarar improcedente la solicitud de formalización de reconocimiento como entidad exenta de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Multifamiliar Murano”, registrado con NIT 388394020, al no cumplir sus normas estatutarias a cabalidad con las previsiones del inc. b) art. 49 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), concordante con lo dispuesto por el art. 8 de la RND 10-0030-05, modificada 22 de 43

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria IV. 

por la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014 y RND 10-0027-15, debiendo éste contribuyente obligatoriamente presentar los respectivos formularios oficiales de Declaraciones Juradas con la determinación y pago del Impuesto por las Utilidades obtenidas (fs. 84-89 de antecedente). 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Vicios de nulidad en la Resolución Administrativa, por falta de fundamentación y motivación, 2. Errónea interpretación de “Realidad económica” y “Actividad económica”; y 3. Interpretación errónea del art. 49 inc. b) de la Ley 843 y decisiones contrarias del SIN ante situaciones similares, que serán dilucidados a continuación. 

IV.1 Vicios de nulidad en la Resolución Administrativa, por falta de fundamentación y motivación.- 

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria limitó la justificación de su decisión de negar la exención a la decisión en sí, pues concluyó que la Asociación no desarrolla ninguna de las actividades previstas en la RND 10-0030-05, vale decir: 1. Que sea una entidad civil sin fines de lucro, 2. Que no realice actividad de intermediación financiera. 3. Que no realice actividad comercial, salvo lo dispuesto en el parágrafo II del art. 3 de la RND 10.0030.05. 4. Que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destine en definitiva a la actividad exenta. 5. Que en ningún caso la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados. 6. Que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas; además no existe desarrollo, argumento o análisis de cuáles serían las actividades que desarrollaría la Asociación; cuales serían las actividades que supuestamente la Ley determina como exentas y el contraste entre ambas de modo que le permita conocer el punto de desacuerdo o falta de tipicidad que conduzca a rechazar la solicitud de exención. Análisis que no fue realizado, consecuentemente se vulneró su derecho a la defensa y a obtener una resolución razonable y razonada que de manera explícita y exprese y defina el motivo del rechazo. 

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A su vez adujo que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no desarrolló, identificó y menos aún fundamentó cuales son las actividades de la Asociación sin fines de lucro que se encuentran gravadas por el IUE para efectuar el rechazo, dejándolo en total indefensión, sin conocer los fundamentos y motivos por los que declaró la improcedencia, vulnerando el principio del debido proceso, derecho fundamental que tiene entre sus elementos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos, citando en ese sentido la Sentencia Constitucional Plurinacional 0782/2015-S3 de 22 de julio de 2015, SCP 07112/2015-S3 de 03 de julio; SC 1291/2011-R de 26 de septiembre; SCP 1414/2013 de 16 de agosto. 

Agregó que el SIN señaló que revisó el artículo Tercero de los Estatutos (Objetivos y Fines) y concluyó, que: “el contribuyente no persigue ningún fin u otro similar a una Asociación Civil sin fines de lucro con la característica exenta”, es decir que el SIN al no desarrollar, identificar normas o hechos concretos, precedentes o jurisprudencia, omitió fundamentar adecuadamente su decisión. 

En respaldo citó la jurisprudencia surgida del Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional N° 97/06-R de 25 de enero de 2006, SSCC N° 43/05-R de 14 de enero de 2005; 1369/01-R de 19 de diciembre de 2001; 1006/04-R de 30 de junio de 2004; 284/05-R de 4 de abril de 2005 y 437/05-R de 28 de abril de 2005. 

Adicionalmente sostuvo que, la modificación del sentido de la norma; el apartamiento de las instrucciones y requisitos a verificar para conceder la exención; la falta de identificación y análisis de las supuestas actividades de la Asociación que se encontrarían gravadas por el IUE, la falta de análisis de la realidad económica del contribuyente, conducen a que el SIN haya adoptado una decisión arbitraria a momento de dictar la Resolución Administrativa, dejándolo en total indefensión, sin poder conocer los motivos por los que se declara la improcedencia de su solicitud. 

Por otra parte, argumento que la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014, modificó la RND 10-0030-05, específicamente el procedimiento de formalización para la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE, determinando exactamente las tareas que debe realizar la Administración Tributaria a momento de verificar el trámite de formalización de la exención del IUE, transcribiendo textualmente el art. 8 de dicha RND; no obstante el SIN, sin fundamentación alguna 24 de 43

AlflL 

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Impugnación Tributaria 

adopta una decisión de improcedencia de la solicitud de formalización de la exención tributaria señalando que la Asociación no desarrolla ninguna de las actividades citadas precedentemente (religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales), dejando entrever una interpretación sesgada, errónea incoherente, ilegal y contrario a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. 

Acotó que, la actuación del SIN se apartó del procedimiento establecido por el art. 8 de la RND 10-0030-05 (modificado por la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014), que de manera taxativa señala que el análisis de la documentación presentada por el contribuyente debe circunscribirse a constatar en los Estatutos que las siguientes condiciones estén expresamente contempladas: 1. Que sea una entidad civil sin fines de lucro, 2. Que no realice actividad de intermediación financiera. 3. Que no realice actividad comercial, salvo lo dispuesto en el parágrafo II del art. 3 de la RND 10.0030.05. 4. Que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destine en definitiva a la actividad exenta. 5. Que en ningún caso la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados. 6. Que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas; además no existe desarrollo argumentando o análisis de cuáles serían las actividades que desarrollaría la Asociación; sin embargo, la Resolución impugnada en su Considerando III, transcribió textualmente el art. Segundo de los Estatutos, que de manera textual cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de la RND 10.0030.05; empero la Resolución impugnada no contempla ninguna observación de fondo o contradicción con algún otro artículo de los Estatutos que pudiera generar duda o controversia, por lo que entiende que el SIN no encontró observación alguna respecto al cumplimiento de la solicitud de formalización de la exención del IUE presentada por la recurrente, y pese a ello, transgrediendo el procedimiento establecido en la RND 10.0030.05, incrementa, a través de una interpretación arbitraria los requisitos establecidos en la Ley para la concesión de la exención tributaria. 

En contraposición, la Administración Tributaria en su memorial de contestación al Recurso de Alzada manifestó que la motivación, se encuentra asociada al examen crítico de las pruebas, a la exposición razonada del mérito que se asigna a cada 25 de 43 

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Jan mít’ayirjach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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prueba y a los razonamientos necesarios para fundamentar las conclusiones. Asimismo la motivación constituye una exposición del razonamiento justificativo de las bases en las cuales se fundamenta la decisión judicial o administrativa, tal exposición, se efectúa mediante argumentos que den cuenta de la eficacia atribuida a cada uno de los medios de prueba, del resultado arribado producto de la evaluación global y de la elección de la hipótesis fáctica asumida como verdadera reconstrucción de los hechos. En respaldo citó la Sentencia Constitucional N° 0398/2014 de 25 de febrero de 2014; SCP 0153/2018-S1 de 25 de abril de 2018. Por lo que de la revisión detallada a la Resolución Administrativa impugnada, se evidencia que cumplió con las exigencias de motivación y fundamentación, pues explicó los motivos por los cuales, rechazó la solicitud del contribuyente, toda vez que en el Considerando II de la citada Resolución, indicó: “(…); el Artículo 49, inciso b) de la Ley 843 modificado por el artículo 2 de la Ley N° 2493 establece que están exentas de pago de Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas, las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales; y que esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica (…)” y en el considerando III, continuo fundamentando de forma expresa las razones por las que consideró la no procedencia de la exención solicitada por la actual recurrente, pues consignó: “(…) de la revisión del Acta de Fundación y Estatuto Orgánico del Contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio “CONDOMINIO MULTIFAMILIAR MURANO” con NIT 388394020, se evidencia que el sujeto pasivo de referencia no desarrolla ninguna de las actividades citadas precedentemente, asimismo en el artículo Tercero de su Estatuto se puede observar que el contribuyente no persigue ningún fin u objetivo similar a una Asociación Civil sin fines de lucro con la característica exenta; en ese sentido la solicitud de formalización de exención del IUE, no cumple la característica de realizar alguna 26 de 43

aití 

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actividad exenta (…)”; de lo expuesto, se evidencia que se cumplió a cabalidad, conforme prevé el art. 28 inc. e) y art. 30 de la Ley 2341 (LPA) y 29 inc. d) y art. 31 del DS 27113 (RLPA), referentes a la obligación de motivar y fundamentar la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE. 

Adicionalmente indicó, que respondió a las cuestiones que realizó la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, referente a que: 1. Indicó que la documentación presentada por el contribuyente, no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos para otorgar la exención de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 2. En la Resolución impugnada, expresamente se le indicó al contribuyente, que se rechaza su solicitud debido a que no desarrolla ninguna de las actividades establecidas en el inc. b) parágrafo I art. 49 de la Ley 843. 3. Se le explicó que si pretendía beneficiarse con la exención, debía enmarcarse exclusivamente a las actividades establecidas en el inc. b), parágrafo I del art. 49 de la Ley 843, y estas actividades son: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. Y que la totalidad de sus ingresos y patrimonio debía destinarse exclusivamente a los fines enumerados, en ese sentido alegó que, de la revisión al contenido de la Resolución Administrativa de Rechazo, se dio respuesta al contribuyente. 

Al respecto, la doctrina Administrativa establece que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar, en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

Para ingresar a resolver el agravio expuesto por la recurrente, se hace necesario acudir a conceptos y jurisprudencia sentada mediante la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, que señaló: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con 

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Justiciajtributaria para vivir bien 

Jan mittayirjach’a kamani (Aymara) 

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claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, e) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las parles procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.”. 

En ese contexto, respecto a la fundamentación y motivación del acto administrativo, se tiene que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010 define -entre otras-, a la: “garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador vea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen aljuzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (…). Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a lajusticia”. 

La legislación nacional en el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, 28 de 43

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a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y el art. 119 parágrafo II de la indicada norma constitucional, prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Contexto en el que el debido proceso y derecho a la defensa, no puede ser ajeno al derecho a la petición reconocido en el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CTB), que establecen que, dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por Ley 2492 (CTB), sus reglamentos; así como al debido proceso. 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa que cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums.2, 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

Por su parte, el art. 28 de Ley 2341 (LPA), aplicable en virtud al art. 201 de Ley 2492 (CTB), establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitirlo, consignando además la motivación del acto, la cual debe sustentarse en los hechos antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Así también, el art. 30 del mismo cuerpo legal citado establece que; los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derechos cuando: a) resuelvan recursos administrativos, b) dispongan la suspensión de un acto, cualquiera que sea el motivo de éste, c) se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos o de control y d) deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. En la norma reglamentaria, el art. 31 parágrafo II del DS 27113 (RLPA), prevé que: “La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión”. 

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Justinatributaria paravivir bien 

Jan nliit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

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Los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

Por otra parte, es preciso citar lo previsto en el art. 19 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB), dispuso que la exención es la dispensa de la obligación tributaria y que la Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su duración, asimismo, el art. 20 parágrafo I de la misma norma, establece que cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su formalización. 

En ese entendido, respecto del IUE, el art. 49, inc. b) de la Ley 843 (TO) modificado por el art. 2 de la Ley 2493, establece que están exentas del IUE, las utilidades obtenidas, entre otros, por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos y que desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de candad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. Ésta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, 30 de 43

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica. 

Asimismo, el art. 3 del DS 27190, que sustituye el art. 5 del DS 24051, dispone que las entidades detalladas en el primer párrafo del inc. b) del art. 49 de la Ley 843 (TO) modificado por la Ley 2493, que desarrollen actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su reconocimiento ante la Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su realidad económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, debiendo las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos. 

Por su parte, la Administración Tributaria, en uso de su facultad normativa conferida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND 10-0030-05 de 14 de septiembre de 2005 “Procedimiento de Formalización para la exención del IUE”, que en su art. 6, modificado por el art. 1, parágrafo I de la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014, señala que los sujetos pasivos o tercero responsables que soliciten la formalización de exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), deberán obligatoriamente: 1) Ingresar a la Oficina Virtual de la página web del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con su usuario correspondiente; 2) Dirigirse al icono de acceso “Solicitud de exención para el IUE” y hacer clic en el mismo para ingresar a la Lista de casos; 3. En la lista de casos, el contribuyente usuario deberá hacer clic en el icono nuevo, mismo que lo derivará al formulario correspondiente. 4. El contribuyente usuario deberá llenar el Formulario “Presentación de solicitud o confirmación de exención del IUE – F.520″, que se encuentra disponible en la Oficina Virtual de la página web del SIN, 5. Luego de llenar el formulario y finalizar el paso en el sistema, se generará de manera automática un número de trámite para su seguimiento y control, quedando habilitado el formulario por un periodo de diez (10) días hábiles siguientes, 6. Concluido y finalizado el paso para la solicitud en el sistema, se deberá imprimir un ejemplar del formulario para su presentación física en oficinas del SIN de su jurisdicción. 

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Así también, la RND 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005, en su art. 3, parágrafo II, establece que las entidades sin fines de lucro que realicen algún tipo de actividad comercial, podrán gozar de exención, siempre y cuando los ingresos obtenidos sean destinados por la institución exclusivamente para financiar la actividad exenta y no sean distribuidos entre sus miembros o asociados directa ni indirectamente, aspecto que además de estar expresamente dispuesto en los estatutos de la entidad o en el convenio (ONG extranjeras), deben ser fiel reflejo de su realidad económica. 

De la misma manera, el art. 8 parágrafos I y II de la RND 10-0030-05, modificado por el art. 4 parágrafo III de la RND 10-0030-14, de 19 de diciembre de 2014, señala que una vez ingresado el trámite al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, en el plazo de cinco (5) días hábiles se deberá verificar si se acompañaron los documentos señalados en los arts. 6 y 7 de la presente Resolución Normativa de Directorio, para proceder a emitir un Auto Administrativo de Aceptación o Rechazo de Solicitud de Exención del IUE, que deberá ser comunicado en la Pizarra Tributaria de la Oficina Virtual y notificado en Secretaría conforme al art. 90 de la Ley 2492 (CTB). Si la solicitud fuere rechazada por observaciones de forma, el solicitante podrá subsanar las observaciones llenando previamente el Formulario “REINGRESO”, que se encuentra disponible en la Oficina Virtual, debiendo presentarlo en forma impresa junto a los documentos requeridos por la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción en el término de diez (10) días hábiles a partir del primer día siguiente hábil de la notificación con el Auto Administrativo de Rechazo de Solicitud de Exención del IUE, caso contrario la solicitud se tendrá como no presentada. 

Asimismo, el parágrafo II señaló que una vez emitido el Auto Administrativo de Aceptación de Solicitud de Exención del IUE, correrá el plazo de treinta (30) días corridos para el análisis de la documentación presentada, efecto para el cual las condiciones que se detallan a continuación deberán estar expresamente contempladas en las normas estatutarias del solicitante, en el convenio o en el Acuerdo Marco de Cooperación Básica con el Estado Plurinacional de Bolivia (para el caso de las ONG’s Extranjeras): 1. Que sea una Entidad Civil sin fines de lucro. 2. Que no realice actividad de intermediación financiera. 3. Que no realice actividad comercial, salvo lo dispuesto en el parágrafo II del Artículo 3 de la presente 32 de 43

aití. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución Normativa de Directorio 10.0030.05. 4. Que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destine en definitiva a la actividad exenta. 5. Que en ningún caso la totalidad de los ingresos yel patrimonio de la institución se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados. 6. Que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. A partir de la revisión efectuada, se emitirá la correspondiente Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo de Exención del IUE, según corresponda. 

Finalmente, la RND 10-0027-15, de 22 de octubre de 2015, en su art. Único, modificó el art. 7 de la RND 10-0030-05, de 14 de septiembre de 2005, modificada por la RND 10-0030-14, de 19 de diciembre de 2014, con el siguiente texto: “Artículo 7 (Requisitos).- Los sujetos pasivos o terceros responsables que soliciten la exención del IUE, deberán acompañar a su formulario de solicitud la siguiente documentación -entre otras-: 

  1. Organizaciones Sociales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG ‘s), Fundaciones y Entidades Civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades únicamente a nivel departamental, deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: a) Original y fotocopia del documento emitido por autoridad competente que acredite su personalidad jurídica, b) Original y fotocopia de Estatuto, c) Original y fotocopia del Testimonio de Poder notariado que acredite la representación del solicitante, d) Otra documentación o información según el caso particular.”. 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por la recurrente, referente a que el acto impugnado habría vulnerado sus derechos constitucionales toda vez que no explicó los motivos del rechazo, además no habría desarrollado, identificado y menos fundamentado cuales serían las actividades de la asociación sin fines de lucro que se encuentra gravadas por el IUE, a su vez indicó que la Resolución impugnada transcribió textualmente el art. Segundo de los Estatutos, que de manera textual cumple con los requisitos exigidos en el art. 8 de la RND 10-0030-05, empero no contempla ninguna observación de fondo o contradicción con algún otro artículo de los estatutos que pudiera generar duda o controversia, por lo que entiende que el SIN no encontró observación alguna respecto al cumplimiento de la solicitud de formalización de la exención del IUE y pese a ello, transgrediendo el procedimiento, 33 de 43 

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Janjmit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Maltatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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incrementa, a través de una interpretación arbitraria, revisados los antecedentes, se observa que la recurrente, mediante memorial de 09 de marzo de 2020, solicitó “declaración formal de exención”, e indicó que al amparo del art. 49 inc. b) de la Ley 843 y la RND 10.0030.05 de 14 de septiembre de 2005, tiene a bien solicitar emita resolución administrativa de formalización de la exención del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) en favor de la Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Murano”, debido a que cumple con los requisitos exigidos en la normativa tributaria, que son: 

  1. La Asociación no realizará actividades de intermediación financiera u otras comerciales, ya que la organización tiene como finalidad los siguientes objetivos: a) Representación, conservación y defensa de los derechos de los asociados, en forma colectiva e individual., b) La conservación, mantenimiento, vigilancia y mejoramiento del patrimonio de la Asociación: las áreas comunes, equipos, instalaciones e infraestructura en copropiedad de todos los propietarios de oficinas, parqueos y bauleras del edificio., c) Fomento y estímulo de las relaciones armónicas de sus asociados colectivos e individualmente, cultivando los principios de solidaridad y ayuda mutua., d) hacer cumplir los Estatutos, el Reglamento Interno y las normas específicas que se aprueben en procura de una pacífica convivencia entre los vecinos., e) Administración del patrimonio de la Asociación., f) Establecimiento de relaciones con asociaciones del mismo carácter para la defensa común de los intereses y derechos de copropiedad de condominios vecinos., g) Fiscalizar el cumplimiento de la normativa de carácter constructivo dentro de la urbanización., h) Preservar y conservar el concepto arquitectónico del condominio., i) Recaudar y administrar los fondos que aporten los asociados por concepto de pago de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, destinadas al cumplimiento de los objetivos y j) Otros que sin estar expresamente nombrados tiendan a la prosecución del bienestar de los asociados y 2. Que el patrimonio será registrado a nombre de la Asociación, bienes que pertenecen a la organización y no a los miembros que la componen, asimismo las utilidades, los ingresos y el patrimonio que obtenga la Asociación, serán destinados exclusivamente a los fines enumerados en el Estatuto y en ningún caso podrán distribuirse directa o indirectamente entre sus asociados. 3. En caso de haber sido declarada procedente la disolución de la Organización y haber logrado un balance final aprobado con inventario de bienes (con aceptación tácita sobre activos y pasivos), se conformará una comisión o comité de liquidación a partir del Directorio 34 de 43

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para proceder a la liquidación debiendo distribuirse todo el patrimonio de la Asociación a entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. Acompañó la siguiente documentación: 1. Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2019 468 de 18 de septiembre de 2019, otorgada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. 2. Escritura Pública 619/2019 otorgada por la Notaría de Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a cargo de la Abog. 

Marcia Capobianco Céspedes, el 20 de noviembre de 2019. 3. Poder N° 683/2018 otorgado por la Notaría de Fe Pública 97 a cargo de la Dra. Juana Mery Ortiz Romero, de 04 de septiembre de 2018. 4. Copia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes bajo el NIT. 5. Copia simple del aviso de cobranza de energía eléctrica – CRE y 6. Formulario 520 (fs. 1-2 de antecedentes). 

Ante tal solicitud, el 07 de mayo de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaria el Auto Administrativo 392070000012, de 05 de mayo de 2020, en el cual, resolvió admitir la solicitud de formalización de exención de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE F-500, presentada por Rosso Cruz Castro, en presentación del contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Murano”, con NIT 388394020, al haber cumplido con los requisitos de forma establecidos en la RND 10-0030-05 modificada por la RND 10-0030-14 y RND 10-0027-15, por lo que se procederá al análisis de fondo de la solicitud de exención presentada (fs. 82-83 de antecedentes). 

Posteriormente, el 01 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192070000010, de 28 de julio de 2020, en la cual resolvió declarar improcedente la solicitud de formalización de reconocimiento como entidad exenta de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Multifamiliar Murano”, registrado con NIT 388394020, al no cumplir sus normas estatutarias a cabalidad con las previsiones del inc. b) art. 49 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), concordante con lo dispuesto por el art. 8 de la RND 10-0030-05, modificada por la RND 10-0030-14 de 19 de diciembre de 2014 Y rnd 10-0027-15, debiendo éste contribuyente obligatoriamente presentar los respectivos formularios oficiales de Declaraciones Juradas con la determinación y pago del Impuesto por las Utilidades obtenidas (fs. 84-89 de antecedente). 

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Ahora bien, del análisis al contenido de la citada Resolución, se tiene que en el primer considerando procedió a relatar los hechos y antecedentes, pues indicó que mediante memorial de 09 de marzo de 2020, la recurrente solicitó se declare la exención de pago del IUE y adjuntó la siguiente documentación para respaldar su solicitud: 1. Carta de solicitud de exención del pago del IUE, Hoja de Ruta N° 2433- 2020 de 09 de marzo de 2020. 2. Fotocopia de Cédula de Identidad N° 1517011 SC de Rosso Cruz Castro. 3. Formulario de solicitud o confirmación de exención al IUE (F-520). 4. Original y fotocopia simple de la Resolución Administrativa RA SG SJD DAJ PJ 2019 468 de 18 de septiembre de 2019, que otorga Personalidad Jurídica de parte del Gobierno Autónomo Departamental Santa Cruz. 5. Original y fotocopia simple del Testimonio N° 619/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, emitida por el Notario de Gobierno de Santa Cruz. 6. Original y fotocopia simple del Poder Especial, instrumento 683/2018 de 04 de septiembre de 2018, ante la Notaría de Fe Pública N° 97 de primera clase de este Distrito Judicial Santa Cruz. 

De la misma compulsa, se observó que la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo N° 392070000012 de 05 de mayo de 2020, notificado el 6 de mayo de 2020, en el cual aceptó la formalización de la documentación presentada a la solicitud de exención de pago de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). En el Considerando II, procedió a transcribir textualmente la normativa que consideró aplicable al caso, entre ellos, se encuentra el art. 49 inc. b) de la Ley 843 modificado por el art. 2 de la Ley 2493; art. 8 parágrafo I, art. 19 de la Ley 2492 (CTB); art. 3 del DS 27190; art. 3 parágrafo II de la RND 10-0030-05; art. 8 parágrafo II de la RND 10- 0030-05, modificada por la RND 10-0030-14; art. 5 del DS 24051, segundo párrafo y sustituido por el DS 27190. 

Seguidamente, en el Considerando III, transcribió el art. Segundo del Estatuto Orgánico de la Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio multifamiliar Murano”, el cual señaló: “SEGUNDO: DE LA NATURALEZA JURÍDICA Y LA EXENCIÓN IMPOSITIVA la Asociación es una entidad de derecho privado, de carácter civil, con personería jurídica propia, sin fines de lucro, que no realiza actividades de intermediación financiera ni comercial, de duración indefinida; la misma que cuenta con administración y recursos propios, destinando la totalidad de su patrimonio e ingresos exclusivamente a la consecución de sus objetivos, no pudiendo estos ser distribuidos entre sus asociados (artículo 3 Resolución Normativa 36 de 43

AIT, .”* 

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Impugnación Tributaria 

de Directorio 10.0030.05 SIN) la naturaleza jurídica de la Asociación está sujeta a los siguientes principios: 1) La Asociación es (I) una entidad sin fines de lucro (II) que no realiza actividades de intermediación financiera (III) que no realiza actividad comercial, sin embargo en caso de que realice alguna actividad comercial los ingresos obtenidos serán destinados por la institución exclusivamente para financiar la actividad exenta y no serán distribuidos entre sus miembros o asociados directa ni indirectamente (IV) que la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la institución se destina en definitiva a la actividad exenta y que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y (V) que en caso de liquidación el patrimonio se distribuirá entre entidades de igual objeto o se donará a instituciones públicas”. 

Así también, transcribió la Administración Tributaria, el artículo Tercero de los Estatutos, consignando, lo siguiente: “(…) los objetivos y fines de la Asociación son los siguientes: a) Representación, conservación y defensa de los derechos de los asociados, en forma colectiva e individual., b) La conservación, mantenimiento, vigilancia y mejoramiento del patrimonio de la asociación: las áreas comunes, equipos, instalaciones e infraestructura en copropiedad de todos los propietarios de oficina, locales comerciales, parqueos y bauleras del Edificio., c) Fomento y estímulo de las relaciones armónicas de sus asociados colectiva e individualmente, cultivando los principios de solidaridad y ayuda mutua., d) Hacer cumplir los Estatutos, el Reglamento Interno y las normas específicas que se aprueben en procure de una pacífica convivencia entre los vecinos., e) Administración del patrimonio de la Asociación., f) Establecimiento de relaciones con asociaciones del mismo carácter para la defensa común de los intereses y derechos de copropietarios de condominios vecinos., g) Fiscalizar el cumplimiento de la normativa de carácter constructivo dentro de la urbanización., h) Preservar y conservar el concepto arquitectónico del condominio., i) Recaudar y administrar los fondos que aporten los asociados por concepto de pago de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, destinadas al cumplimiento de los objetivos., j) Otros que sin estar expresamente nombrados tiendan a la prosecución del bienestar de los asociados”. 

Continuando, en la página 4 de la citada Resolución, párrafo tercero, la Administración Tributaria indicó que la normativa legal señala que podrán solicitar su reconocimiento como entidad exenta, siempre y cuando su actividad económica se adecué a lo establecido en el parágrafo I inc. b) del art. 49 de la Ley 843, modificado 37 de 43 

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por el art. 2 de la Ley 2493, que señala: “Están exentas de impuestos: b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, de beneficencia, asistencia social, 

educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales”, adicionalmente indicó que de la revisión del Acta de Fundación y Estatuto Orgánico de la recurrente, evidenció que no desarrolla ninguna de las actividades citadas precedentemente, asimismo en el artículo tercero de su Estatuto observó que el contribuyente no persigue ningún fin u objetivo similar a una Asociación Civil sin fines de Lucro con la característica exenta, por lo que concluyó señalando que no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos para otorgar la exención de pago del IUE, consecuentemente declaró improcedente la solicitud. 

De la descripción realizada precedentemente, resulta evidente que en el acto impugnado la Administración Tributaria, se limitó a rechazar la solicitud de exención efectuada por la recurrente, únicamente citó artículos y antecedentes e indicó que no habría cumplido con los requisitos exigidos para otorgar la exención, empero, no fundamentó con un análisis técnico, ni legal, los motivos y razones por las cuales considera que no correspondería la exención del IUE, cuando debió proceder a exponer y explicar con fundamentación sobre la naturaleza jurídica de la Asociación e incluso desarrollar, desglosar los requisitos de fondo previstos en la norma, a objeto de confrontar y comparar con las disposiciones estatutarias presentadas por el sujeto pasivo y así de manera clara y precisa llegar a establecer si cumple o no, con cada uno de los requisitos previstos en la norma, máxime si, la recurrente en las disposiciones Estatutarias insertó y transcribió lo previsto en el art. 8 parágrafo II de la RND 10.0030.05, vale decir: a) que sea una entidad sin fines de lucro, b) que no realice actividad de intermediación financiera, c) que no realice actividad comercial, d) que la totalidad de os ingresos y el patrimonio de la institución se destine en definitiva a la actividad exenta y que en ningún caso se distribuya entre entidades de igual objeto o a instituciones públicas y e) que en caso de liquidación el patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas; no obstante ello, si la Administración Tributaria consideró que estos aspectos, no acreditarían las condiciones y requisitos para acogerse a las previsiones establecidas en el art. 49 inc. b) de la Ley 843 modificado por el art. 2 de la Ley 2493, como una 38 de 43

aití 

Autoridad de 

IIMPU6NAOÓN Tributaria 

entidad exenta del IUE, debió señalarde manera clara y precisa cuál es la omisión en la que habría incurrido la recurrente; consecuentemente, la Administración Tributaria debió desvirtuar con fundamentos y argumentos que expongan las razones por las cuales consideró que no correspondería otorgar tal beneficio, en ese sentido, no resultó cierto, ni evidente que la Administración Tributaria recurrida hubiese emitido una Resolución cumpliendo con las exigencias de motivación yfundamentación tal y como señaló en su contestación y defensa, por lo que resultó evidente que la Administración recurrida se limitó a extraer los artículos segundo y tercero de los estatutos y sin realizar un análisis de la naturaleza jurídica y económica de la Asociación hoy recurrente, para concluir únicamente que no realiza ninguna de las actividades expuestas en el parágrafo I inc. b) del art. 49 de la Ley 843, modificado por el art. 2 de la Ley 2493, siendo pertinente aclarar que el Auto Administrativo N° 392070000012, de 05 de mayo de 2020, resolvió admitir la solicitud de formalización de exención de pago del Impuesto sobre las utilidades de las Empresas IUE F-500, presentada por Rosso Cruz Castro, en representación del contribuyente Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Murano”, con NIT 388394020, al haber cumplido con los requisitos de forma establecidos en la RND 10-0030-05 modificada por la RND 10-0030-14 y RND 10-0027-15, sin embargo en la decisión y determinación expuesta en la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192070000010, de 28 de julio de 2020 la Administración recurrida sin realizar un análisis de fondo jurídico técnico y la naturaleza de la asociación señaló que la misma no habría cumplido con los requisitos exigidos para otorgar la exención. 

En ese orden, es de reiterar que el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), señala al fundamento y la causa entre los elementos esenciales del acto administrativo indispensables para alcanzar su fin; mientras que el art. 31 del DS 27113 (RLPA), amplía precisando que una correcta motivación de los actos administrativos comprenderá cuando menos una relación concreta, directa y completa de los hechos probados y relevantes para el caso (fundamento de hecho) y una exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada (fundamento de derecho). De lo expuesto se tiene que “motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración sea parte o incluir los mismos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, a razonar como tal norma 

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9001 

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jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva delacto.” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556). 

A su vez, es importante mencionar, que de la revisión al memorial de contestación al Recurso de Alzada, presentado el 19 de octubre de 2020 (fs. 123-130 vta., del expediente), la Administración Tributaria -entre otros- argumentos consignó en el Título II 3 i “De los requisitos de fondo, para la procedencia de la exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa”; que la documentación presentada y particularmente el Estatuto de la Asociación, no cumplieron con los requisitos de fondo, para beneficiarse con la exención solicitada, en consideración a que: 

  1. En ningún artículo del Estatuto, se establece que la Asociación sin fines de lucro se dedica exclusivamente a las actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativa, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 
  2. En ningún artículo del Estatuto, se establece de forma expresa que la totalidad de sus ingresos obtenidos por la referida institución, se destinará a las actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencias sociales, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 
  3. En ningún artículo del Estatuto, se establece de forma expresa que la totalidad de su patrimonio se destinará a las actividades, religiosas, de caridad, beneficencia, asistencias sociales, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

Yque muy al contrario de los dispuesto en la norma legal contenida, en el inciso b) parágrafo I art. 49 de la Ley 843. El Estatuto de la recurrente, establece lo siguiente: 

  1. Art. Sexto: Propiedad individual o exclusiva (uso particular), se establece de forma expresa que: “(…) a) Departamentos: Las Unidades de inmuebles, que corresponde a los Departamentos del Segundo Piso hasta el Piso Doceavo, serán destinados exclusivamente a viviendas familiares. B) Locales 40 de 43

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

comerciales u oficinas: Las unidades que corresponda a locales comerciales 

de la planta baja, será destinadas al libre ejercicio del comercio lícito (…).” 

  1. En el artículo Décimo Primero: Determinación y destino de las áreas de las áreas de uso común, se establece los siguientes: “Cada propietario será 

dueño exclusivo de su Departamento, de las mejoras de indivisión forzosa 

(…)”. 

  1. En el artículo Décimo Segundo: Destino de las parte del condominio, se establece que: “12.2) Los sectores de propiedad exclusiva serán destinados 

únicamente al objeto de vivienda para el cual fueron construidos (…)”. 

  1. Los fines perseguidos por la Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Multifamiliar Murano”, de acuerdo al art. Tercero: de los 

Objetivos y fines, no tiene nada que ver y no se relacionan en nada con las 

actividades exentas, establecidas en el inc. b) parágrafo I art. 49 de la Ley 

Explicó, que de todo lo descrito, expuesto y confrontado con el Estatuto de Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Multifamiliar Murano”, prima facie, se evidencia que la denominada asociación no cumple con los requisitos de fondo establecidos en el inc. c) parágrafo I art. 49 de la Ley 843, para la obtención de exención del Impuesto a las Utilidades de las Empresas; por lo que rechazó la solicitud del contribuyente. 

De todo lo descrito, se tiene que en la contestación al Recurso de Alzada, la Administración Tributaria pretendió exponer una postura y posición que complemente el acto impugnado, confrontando las disposiciones estatutarias con los requisitos de fondo previstos en la RND 10.0030.05 “Procedimiento de Formalización para la exención”, sin embargo éste sustento expresado en instancia recursiva no puede de ninguna manera subsanar las omisiones que derivan en la falta de fundamentación evidenciada en el contenido de la Resolución impugnada, es más mediante dicho sustento planteado en su defensa queda demostrado que efectivamente la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE, no fue debidamente fundamentada. 

Consecuentemente, al evidenciarse los vicios de nulidad denunciados por la recurrente, ésta instancia de alzada se ve imposibilitada de pronunciarse sobre los 41 de 43 

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demás agravios, planteados en su memorial de Recurso de Alzada, toda vez que previamente la Administración Tributaria debe subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió. 

Por lo anteriormente expuesto, se establece que la Administración Tributaria vulneró el derecho al debido proceso establecidos en los arts. 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, y 68 núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), en contra de la recurrente Asociación de Copropietarios del Edificio “Condominio Multifamiliar Murano”, en consideración a que no realizó un análisis técnico, ni legal, sobre los motivos y razones por las cuales consideró que no correspondería la exención del IUE, por lo que, en aplicación de los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE N° 192070000010, de 28 de julio de 2020, a efectos de que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución Administrativa fundamentada en los hechos probados y exponga las razones jurídicas que justifiquen la decisión adoptada, conforme prevé el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), garantizando de ésta manera el derecho a la defensa y al debido proceso para la administrado. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Administrativa de Rechazo de Exención del IUE 192070000010 de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de que emita una nueva Resolución Administrativa fundamentada en los hechos probados yexponga las razones jurídicas 42 de 43

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

que justifiquen la decisión adoptada, conforme prevé el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), garantizando de ésta manera el derecho a la defensa y al debido proceso para los administrados, en base al fundamento técnico- jurídico expresado en esta instancia, conforme el inc. c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Ñ 

DKSP/ccav/acq/cmmf/omap ARIT-SCZ/RA 0729/2020 

Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria SintaCruz 

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