ARIT-SCZ-RA-0720-2020 Revisión de fondo de prescripción no opera si existen vicios en la Resolución Administrativa que la rechaza

ARIT-SCZ-RA-0720-2020

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0720/2020 

Recurrente Julio Osear Echazú Mercado. 

Administración Recurrida Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada por Jorge Jesús Flores 

Duran. 

Resolución Administrativa Nc 

232070000566 de 28 de julio de 2020. 

ARIT-SCZ-0508/2020. 

: Santa Cruz, 08 de diciembre de 2020 

VISTOS

Acto Impugnado 

Expediente Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0715/2020 de 07 de diciembre de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa 232070000566, de 28 de julio de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de extinción de la obligación tributaria por haber operado la prescripción, formulada por el contribuyente Julio Óscar Echazú Mercado, con NIT 4680969010, respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago, de los adeudos tributarios establecidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 33-001107- 

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13, 33-001108-13, 33-001109-13, 33-001110-13 y 33-00111-13, de 6 de junio de 2013, en virtud a lo establecido en el parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 del DS 27310 (RCTB); por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al artículo 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

Julio Osear Echazú Mercado, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 16 de septiembre de 2020 (fs. 22-25 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 232070000566, de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Incongruencias en la Resolución impugnada. 

El recurrente, luego de transcribir los argumentos por los cuales se rechazó su solicitud de prescripción expuestos en la Resolución impugnada, señaló que la Administración Tributaria ha aplicado la irretroactividad de la Ley, puesto que aplicó las modificaciones correspondientes realizadas al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en contra de lo dispuesto en el art. 123 de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 (CTB) en relación a la irretroactividad de la Ley, en consecuencia consideró importante recalcar que las Leyes 291, 317 y 812, fueron publicadas con posterioridad a la realización del hecho generador e inaplicables en el presente caso, por consiguiente las modificaciones, plazos, regulación del instituto de la prescripción, no pueden ser consideradas sino más bien debe aplicarse el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones. 

11.1.2 Prescripción de la facultad de imposición de sanción de la Administración Tributaria. 

El recurrente, de conformidad al art. 5 del DS 27310 (RCTB), planteó la prescripción de los Autos de Multa 7033300650 por el IUE de la gestión 2006 y 7033525541 

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por el IVA del periodo febrero de 2007, ambos notificados el 25 de septiembre de 2012, y como bien señaló la Administración Tributaria, para el periodo fiscal de diciembre de 2006 (IUE) la fecha de vencimiento seria enero de 2007, por lo tanto el cómputo se inicia en enero de 2008 y vencería el 31 de diciembre de 2011; para el periodo fiscal de febrero de 2007 (IVA) el plazo vence en marzo de 2007, iniciándose el cómputo en enero de 2008 y vencería el 31 de diciembre de 2011, por lo que los autos de multa se emitieron después de haber prescrito sus facultades de la Administración Tributaria. Por consiguiente, la Administración Tributaria emitió los actos cuando sus facultades ya habían prescrito por cuanto la notificación con los autos de multa se la realizó en la gestión 2012. 

Manifestó que no existen causales de suspensión e interrupción de la prescripción estipuladas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), pues el código es claro y restringe estas acciones, y otro tipo de actuaciones realizadas por la Administración Tributaria no pueden considerarse como tales y recibir una liquidación no implica el reconocimiento de la obligación menos existe solicitud de facilidades de pago más aun cuando se ha presentado memorial de extinción de la obligación tributaria por prescripción conforme a la Ley 2492 (CTB). De esta manera, afirmó que la pretensión de cobro no es factible ni permisible, por cuanto ha operado la figura de la prescripción, por tanto, la extinción de la supuesta obligación impositiva, esto por imperio directo de los arts. 59 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB). 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa 232070000566, de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 21 de septiembre de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Administrativa N° 232070000566, de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 26 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 9 de octubre de 2020 (fs. 36-40 del expediente), se apersonó 3 de 22 

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ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la Resolución impugnada. 

La Administración Tributaria manifestó que el cómputo de la prescripción realizado ha sido basado en la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, y la mención de las modificaciones introducidas con las Leyes 291 y 317, es justamente para poner en contexto la aplicación de la norma, lo que a su criterio no equivale a una contradicción. 

Explicó que en el presente caso no corresponde la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) puesto que no se tiene una nueva Ley que suprima ilícitos, o norma que determine sanciones más benignas o que hayan determinado términos de prescripción más breves y que hayan sido invocadas por el ahora recurrente, en su memorial de 16 de agosto de 2019; señaló que se pretendió interpretar los alcances del citado memorial cuya suma señala “solicitud de extinción de la obligación tributaria por haber operado la prescripción”; ante esta petición la Administración Tributaria bajo el criterio de ampliar lo favorable y restringir lo odioso en estricta aplicación del principio de favorabilidad, y por el simple hecho de haber mencionado el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) se dio curso a su solicitud, pese a que se advierte que no menciona cuál de las acciones de la Administración Tributaria hubiera prescrito, sin embargo, ha sido atendida su petición sin ello implique una accionar ultra petita y que sea conforme al aforismo “sententia debet esse conformis libello”. 

Agregó que luego de realizar y exponer los argumentos de defensa señaló que habría actuado en total apego a la norma y que el recurrente se desentendió de sus obligaciones tributarias que se encuentran reflejadas en el Sumario contravencional, disponer lo contrario implicaría un fallo ultrapetita o extrapetita y generaría una flagrante vulneración de la garantía constitucional del debido proceso en su elemento seguridad jurídica y congruencia, según lo establecido en la SC 486/2010-R y 1009/2003-R. 

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11.3.2 Sobre la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. 

Señaló que el recurrente habría sido debidamente comunicado del proceso que le sigue la Administración Tributaria, conforme el art. 68 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), en estricta aplicación a las garantías constitucionales previstas en el art. 115 parágrafo II de la CPE; es decir que el contribuyente conocía de la existencia de su deuda tributaria desde la gestión 2013 y no realizó ningún acto tendiente a desvirtuar los alcances de los Autos de Multa, pudiendo haber presentado descargos o pagar la multa al momento de haber sido notificado con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, al ser de su conocimiento la contravención cometida al presentar las Declaraciones Juradas fuera de plazo. Consideró pertinente hacer notar que el proceso contra el ahora recurrente se encuentra en etapa de ejecución, siendo pertinente aclarar al recurrente que la prescripción no extingue la obligación, máxime si esta, a la fecha se encuentra firme, líquida y legalmente exigióle y que la Administración Tributaria no ha renunciado al cobro de la deuda, en consecuencia no ha operado prescripción alguna, lineamiento compartido por los precedentes tributarios a través de las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008 y STG/RJ/0545/2008. 

Indicó que la Administración Tributaria en ejercicio de sus amplias facultades, el 30 de agosto de 2013, procedió a notificar al contribuyente los PIET’s 33-001107-13 (4431/2013), 33-001108-13 (4432/2013), 33-001109-13 (4433/2013), 33-001110-13 (4434/2013), 33-001111-13 (4435/2013) que contenían el detalle de las deudas tributarias no pagadas por el contribuyente. En ese sentido, a efectos de establecer el momento exacto desde el cual debe iniciase el computo de la prescripción, lo establecido en el art. 4 del DS 27874 que señala “(…) La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la NOTIFICACIÓN con el proveído que inicio a la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable”, en ese entendido el momento de la notificación con los PIET’s, se constituye en el punto de partida para iniciar el cómputo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y marca el momento para el comienzo del término de prescripción; ya que, precisamente es a partir de este momento que la Administración Tributaria, inicia sus facultades de ejecución tributaria y se ve habilitada para desplegar la variedad de medidas 

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coactivas que establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB); por lo que tomó el plazo de prescripción establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, en observancia al art. 4 del DS 27874, inicia al tercer día hábil, después de que fueron notificados los PIET’s; o sea, el cómputo de la prescripción inicia desde el 4 de septiembre de 2013 y en caso de no existir ninguna causal de interrupción o suspensión concluiría el 4 de septiembre de 2018. 

Manifestó que la Administración tributaria en ningún momento renuncio al cobro de la deuda tributaria, habiendo realizado gestiones como las liquidaciones de cada PIET en fechas 22 de marzo y 8 de abril de 2019, esta última a efectos de su pago al contado con la reducción de la Ley 1105, modificada por la Ley 1154, la nota de solicitud de retención de la Autoridad del Sistema Financiero ASFI de 26 de marzo de 2018 y la la nueva instrucción de retención de 24 de enero de 2020 y otras gestiones que han interrumpido la prescripción liberatoria de pago; por lo que, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria se encuentra plenamente vigente. 

También indicó que las medidas coactivas desplegadas por la Administración Tributaria, tienen incidencia y producen efectos en el curso de la prescripción, produciendo lo que se denomina interrupción de las prescripción, figura jurídica que se encuentra reconocida en la Ley 2492 (CTB) y a la vez se encuentra complementada en el Código Civil y para los efectos del presente caso tiene gran relevancia lo establecido en el art. 1503 parágrafo II del Código Civil, esto en relación a la parte in fine del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, producen el efecto interruptivo en la prescripción; por lo que, interrumpida la prescripción, corresponde reanudar el cómputo del mismo, en este caso, como las medidas coactivas de retención de fondos se ejecutaron el 26 de marzo de 2018, el término de la prescripción se reanuda a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de la medida; o sea, se reanuda el 2 de abril de 2019 y de no existir ninguna causal de interrupción o suspensión concluiría el 2 de abril de 2022. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 232070000566 de 28 de julio de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 12 de octubre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal 6 de 22

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notificación, las mismas que se practicaron, tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria el 14 de octubre de 2020 (fs. 41-42 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 3 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2020, ofreció y ratificó en calidad de pruebas todo el expediente administrativo que acompaño a su contestación del Recurso de Alzada (fs. 43 del expediente). 

Por su parte, el recurrente, mediante memorial presentado el 3 de noviembre de 2020, ofreció en calidad de prueba los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria; asimismo, presentó en calidad de prueba impresiones de Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellas la Sentencia 105 de 4 de septiembre de 2019, 209/2018 de 18 de diciembre de 2019, 47 de 16 de 

junio de 2016, 39 de 13 de mayo de 2016, y de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 (fs. 46-47 de antecedentes). 

II.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 23 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria el 16 de noviembre de 2020 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente Recurso de Alzada (fs. 50-52 del expediente). 

Por otro lado, el recurrente mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2020 presentó alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada (fs. 55-58 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

III.1 El 25 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con los Autos de Multa N° 7033300650 por el IUE de la 

gestión 2006; 7033525541 por el IVA del periodo febrero de 2007; 

7034542854 por el IUE de la gestión 2007; 7034556175 por el IUE de la 

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gestión 2008, 7034598802 por el IVA del periodo mayo de 2008, todos del 25 de diciembre de 2012, mediante los cuales resolvió sancionar al contnbuyente por la falta de presentación de declaración jurada del impuesto y periodo señalado dentro del plazo establecido, con una multa por incumplimiento a deberes formales de 100 UFV’s (Auto de Multa N° 7033300650 y 7033525541) y de 150 UFV’s (Auto de Multa 7034542854, 7034556175 y 7034598802); asimismo, le conminó al pago de la multa impuesta o interponer recursos que la Ley franquea, bajo conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento conforme prevé el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 2-3, 6-7, 10-11, 14-15 y 18-19 de antecedentes). 

.2 El 30 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 33-01107-13, 33-01108-13, 33-01109-13, 33-01110-13 y 33-01111-13, todos de 10 de septiembre de 2013, mediante el cual le comunicó al recurrente que estando firmes y ejecutoriados los Autos de Multa N° 7033300650 por el IUE de la gestión 2006; 7033525541 por el IVA del periodo febrero de 2007; 7034542854 por el IUE de la gestión 2007; 7034556175 por el IUE de la gestión 2008, 7034598802 por el IVA del periodo mayo de 2008, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 36-40 y 43 de antecedentes). 

.3 El 16 de agosto de 2019, el recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria mediante el cual solicitó se declare la extinción de los Autos de Multa que corresponden a las gestiones 2006, 2007 y 2008 al haber operado la prescripción de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), habiendo transcurrido más de los 4 años señalados por la norma, y se suspenda cualquier medida coactiva ejecutada en su contra (fs. 58-59 de antecedentes). 

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111.4 El 19 de febrero de 2020, el recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria solicitando pronunciamiento respecto a su memorial 

presentado el 16 de agosto de 2019 con NUIT 13079/19 (fs. 62 de 

antecedentes). 

111.5 El 27 de agosto de 2020, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Administrativa 232070000566, de 

28 de julio de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de extinción de la 

obligación tributaria por haber operado la prescripción, formulada por el 

contribuyente Julio Óscar Echazú Mercado, con NIT 4680969010, respecto

la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago, de los adeudos 

tributarios establecidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

(PIET) 33-001107-13, 33-001108-13, 33-001109-13, 33-001110-13 y 33- 

00111-13, de 6 de junio de 2013, en virtud a lo establecido en el parágrafo IV 

del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 del DS 27310 (RCTB); por lo que, las 

acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran 

prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total 

recuperación de la deuda tributaria de conformidad al artículo 66 y 105 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 64-74 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada expuso sus agravios que versan sobre: 1. Incongruencia en la Resolución impugnada; 2. Prescripción de la facultad de imposición de la Administración Tributaria. 

IV.1 Cuestión Previa. 

De la lectura del memorial de Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, se advierte que solicitó la Revocatoria de Resolución impugnada, sin embargo denunció aspectos que conllevan a vicios de nulidad en la Resolución impugnada, que hacen necesaria la revisión en la forma; asimismo se ha reclamado aspectos que impugnan el fondo, , por lo que precautelando el Principio de congruencia y lo establecido en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) ésta instancia ingresará en primera instancia al análisis de los aspectos de forma, y solo en el supuesto de que los 9 de 22 

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mismos sean descartados y no se evidencie vulneración alguna del derecho a la defensa y al debido proceso se procederá a analizar el agravio de fondo. 

Lo anterior referido a la prioridad de resguardar derechos y garantías constitucionales queda perfectamente respaldado por lo señalado en la Sentencia Constitucional 1307/2011-R, de 26 de septiembre de 2011, que textualmente refiere: “(…) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica (…). En consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o tribunal debe desarrollar los actos procesales, vale decir, resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, caso contrario vicia de nulidad sus actos y decisiones. “La SC 0170/2005-R, de 28 de febrero ha establecido: “… las situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de actuaciones judiciales, a saber: la evidencia de vulneración de derechos y garantías fundamentales de la persona, y/o la expresa sanción de la Ley con la nulidad de determinados actos u omisiones (…)”(resaltado propio). 

IV.2 Incongruencias en la Resolución impugnada. 

El recurrente, luego de transcribir los argumentos por los cuales se rechazó su solicitud de prescripción expuestos en la Resolución impugnada, señaló que la Administración Tributaria ha aplicado la irretroactividad de la Ley, puesto que aplicó las modificaciones correspondientes realizadas al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en contra de lo dispuesto en el art. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB) en relación a la irretroactividad de la Ley, en consecuencia consideró importante recalcar que las leyes 291, 317 y 812, fueron publicadas con posterioridad a la realización del hecho generador e inaplicables en el presente caso, por consiguiente las modificaciones, plazos, regulación del instituto de la prescripción, no pueden ser consideradas sino más bien debe aplicarse el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones. 

La Administración Tributaria manifestó que el cómputo de la prescripción realizado ha sido basado en la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, y la mención de las modificaciones introducidas con las Leyes 291 y 317, es justamente para poner en 10 de 22

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contexto la aplicación de la norma, lo que a su criterio no equivale a una contradicción. 

Explicó que en el presente caso no corresponde la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) puesto que no se tiene una nueva Ley que suprima ilícitos, o norma que determine sanciones más benignas o que hayan determinado términos de prescripción más breves y que hayan sido invocadas por el ahora recurrente, en su memorial de 16 de agosto de 2019; señaló que se pretendió interpretar los alcances del citado memorial cuya suma señala “solicitud de extinción de la obligación tributaria por haber operado la prescripción”; ante esta petición la Administración Tributaria bajo el criterio de ampliar lo favorable y restringir lo odioso en estricta aplicación del principio de favorabilidad, y por el simple hecho de haber mencionado el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) se dio curso a su solicitud, pese a que se advierte que no menciona cuál de las acciones de la Administración Tributaria hubiera prescrito, sin embargo, ha sido atendida su petición sin ello implique una accionar ultra petita y que sea conforme al aforismo “sententia debet esse conformis libello”. 

Agregó que luego de realizar y exponer los argumentos de defensa señaló que habría actuado en total apego a la norma y que el recurrente se desentendió de sus obligaciones tributarias que se encuentran reflejadas en el Sumario contravencional, disponer lo contrario implicaría un fallo ultrapetita o extrapetita y generaría una flagrante vulneración de la garantía constitucional del debido proceso en su elemento seguridad jurídica y congruencia, según lo establecido en la SC 486/2010-R y 1009/2003-R. 

Al respecto, en cuanto al debido proceso la Sentencia Constitucional SC 0163/2011- R, de 21 de febrero, menciona: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.”, a su vez, refiriéndose a la fundamentación de las resoluciones, existe firme jurisprudencia al respecto, entre las 11 de 22 

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cuales se encuentran las SSCC 0954/2004rR, 752/2002-R y 1369/2001-R, señalando que: “(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión (…).”. 

Por otro lado, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1662/2012, de 1 de octubre de 2012 manifestó: “El principio de congruencia, sobre el cual la SC 0358/2010-R de 22 de junio, indicó que: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administrajusticia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

Asimismo, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0245/2015-S1, de 27 de agosto de 2014, se determinó: “La jurisprudencia constitucional a través de diferentes fallos ha reconocido entre los elementos del debido proceso a los principios de la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones, así la SCP 1194/2014 de 10 de junio, citando a la SCP 1020/2013 de 27 de junio, estableció: “‘.. Ja motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resolucionesjudiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, normas del bloque de 12 de 22

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constitucionalidad, leyes, etc., así como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso; en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos deporqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de índole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una decisión de una determinada forma'” (negrillas añadidas).” 

La misma Sentencia, continuó señalando: “En este mismo sentido la SC 0358/2010-R de 22 de junio, determinó que: “…esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes” (negrillas añadidas). 

En este contexto doctrinario, corresponde remarcar que la Constitución Política del Estado en su art. 115 dispone que: 7. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: 7. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos en el art. 68, nums. 2, 6 y 7 del CTB, en los cuales se establece el derecho a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos, que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código; y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tomados en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

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En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Por su parte, el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo, y el art. 28 de la citada norma dispone que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: “a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.”. 

Ahora bien, cabe señalar que los parágrafos I y II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente en sujeción al art. 201 de la Ley 2492 (CTB), establecen que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados y el art. 55 del DS 27310 (RLPA), que señala que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 25 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con los Autos de Multa 7033300650 por el IUE de la gestión 2006; 7033525541 por el IVA del periodo febrero de 2007; 7034542854 por el IUE de la 14 de 22

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gestión 2007; 7034556175 por el IUE de la gestión 2008, 7034598802 por el IVA del periodo mayo de 2008, todos del 25 de diciembre de 2012, mediante los cuales resolvió sancionar al contribuyente por la falta de presentación de declaración jurada del impuesto y periodo señalado dentro del plazo establecido, con una multa por incumplimiento a deberes formales de 100 UFV’s (Auto de Multa 7033300650 y 7033525541) y de 150 UFV’s (Auto de Multa 7034542854, 7034556175 y 7034598802); asimismo, le conminó al pago de la multa impuesta o interponer recursos que la Ley franquea, bajo conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento conforme prevé el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 2-3, 6-7, 10-11, 14-15 y 18-19 de antecedentes). 

Continuando con la compulsa, el 30 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 33-01107-13, 33-01108-13, 33-01109-13, 33-01110-13 y 33-01111-13, todos de 10 de septiembre de 2013, mediante el cual le comunicó al recurrente que estando firmes y ejecutoriados los Autos de Multa N° 7033300650 por el IUE de la gestión 2006; 7033525541 por el IVA del periodo febrero de 2007; 7034542854 por el IUE de la gestión 2007; 7034556175 por el IUE de la gestión 2008, 7034598802 por el IVA del periodo mayo de 2008, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 36-40 y 43 de antecedentes). 

Por su parte, el 16 de agosto de 2019, el recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria mediante el cual solicitó se declare la extinción de los Autos de Multa que corresponden a las gestiones 2006, 2007 y 2008 al haber operado la prescripción de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), habiendo transcurrido más de los 4 años señalados por la norma, y se suspenda cualquier medida coactiva ejecutada en su contra (fs. 58-59 de antecedentes); y el 19 de febrero de 2020, el recurrente presentó memorial solicitando pronunciamiento respecto a su memorial presentado el 16 de agosto de 2019 con NUIT 13079/19 (fs. 62 de antecedentes). 

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Posteriormente, el 27 de agosto de 2020, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Administrativa 232070000566, de 28 de julio de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de extinción de la obligación tributaria por haber operado la prescripción, formulada por el contribuyente Julio Óscar Echazú Mercado, con NIT 4680969010, respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago, de los adeudos tributarios establecidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 33-001107-13, 33- 001108-13, 33-001109-13, 33-001110-13 y 33-00111-13, de 6 de junio de 2013, en virtud a lo establecido en el parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 del DS 27310 (RCTB); por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad a los arts 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 64-74 de antecedentes). 

Ahora bien, de la normativa precitada, los antecedentes expuestos y con la finalidad de dilucidar lo planteado por el recurrente respecto a que la Resolución impugnada habría aplicado la Ley 2492 (CTB) con modificaciones, en contra de lo dispuesto en los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB) en relación a la irretroactividad, señaló que las leyes 291, 317 y 812, fueron publicadas con posterioridad a la realización del hecho generador e inaplicables en el presente caso, toda vez que el recurrente mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2019 solicitó se declare la extinción de cinco Autos de Multa que corresponden a las gestiones 2006, 2007 y 2008 al haber operado la prescripción de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin considerar las modificaciones establecidas posteriormente, de acuerdo a lo establecido en el art. 123 de la CPE, habiendo transcurrido más de los 4 años señalados por la norma. 

De la revisión al contenido de la Resolución Administrativa N° 232070000566, de 28 de julio de 2020, se tiene que en el primer CONSIDERANDO se refiere al memorial de 16 de agosto de 2019 presentado por el recurrente en el cual solicita “Extinción de la obligación tributaria por haber operado la Prescripción” y se transcribe lo expuesto en el mismo, a continuación, en el segundo CONSIDERANDO, para efectos de desarrollar la prescripción respecto a la facultad de ejecución de la deuda tributaria contenida en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 33-001107-13, 33-001108-13, 33-001109-13, 33-001110-13 y 33-00111-13, citó doctrina tributaria 16 de 22

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respecto a la prescripción y la teoría de los derechos adquiridos y señaló que en el presente caso, al estar vigentes las Leyes 291, 317 y 812 que modificaron la Ley 2492 (CTB), su aplicación para derechos no perfeccionados resulta imperativa; a continuación señaló que: “(…) a fin de establecer el inicio del cómputo de la prescripción en cuanto a la facultad de ejecución tributaria, se debe considerar el art. 50, 60 de la Ley 2492 y las modificaciones legales que han venido cambiando los parámetros legales del artículo 59,(…). Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N°291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley 2492, posteriormente, la LeyN°317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N°2492 (…); estableciendo en el nuevo texto del artículo 59 de la Ley 2492 (…) Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas; IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible, (las negrillas son nuestras) (…)”, asimismo, señaló que el 30 de junio de 2016, mediante Ley 812 ha modificado los parágrafos I y II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

Continuando con el análisis, se tiene que en el tercer CONSIDERANDO, la Administración Tributaria señaló que de acuerdo al contexto legal descrito en líneas precedentes y de la revisión de los antecedentes administrativos evidenció que el sujeto pasivo solicitó la prescripción estando en curso la ejecución tributaria, cuando los actos pasaron a calidad de cosa juzgada con las notificaciones de los Autos de Multa N° 7033300650, 7033525541, 7034542854, 7034556175 y 7034598802 y los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 33-001107-13, 33-001108-13, 33- 001109-13, 33-001110-13 y 33-00111-13; que el contribuyente ha conocido desde el 25 de septiembre de 2012, su situación tributaria, oportunidad en la que le notificaron de forma personal con los Autos de Multa descritos, por tanto, la deuda tributaria se encuentra firme, liquida y legalmente exigible a la fecha; y que la Administración Tributaria en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, más al 

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contrario realizó gestiones de cobro que han interrumpido la prescripción liberatoria de pago. 

Seguidamente, se advierte que en el último párrafo de la página 9, refiere la importancia de determinar el momento a partir del cual deben computarse los plazos legales de prescripción por lo que citó el art. 59 y el numeral II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) señalando que dispone que “prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, término que se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria”; luego señala que a efectos de la prescripción prevista en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), los términos se computan a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago, y continua señalando: “El periodo fiscal de diciembre de 2006 (IUE) fecha de vencimiento sería enero de 2007, por lo tanto el cómputo se inicia en enero de 2008; para el periodo fiscal de febrero de 2007 (IVA) el plazo vence en marzo de 2007, iniciándose el cómputo en enero de 2008; en lo que respecta al periodo fiscal de diciembre de 2007 (IUE) el plazo del vencimiento es enero de 2008, y se inicia el cómputo en enero de 2009; el plazo de vencimiento sería enero de 2009 respecto al periodo fiscal de diciembre de 2008 (IUE), por lo tanto el inicio del cómputo de la prescripción sería enero de 2010 y finalmente en lo que respecta al periodo fiscal de mayo de 2008 (IVA) el vencimiento sería junio de 2008, iniciándose el cómputo en enero de 2009, estableciéndose de esta manera que todos los actos de la Administración Tributaria se realizaron dentro del plazo descrito por el Art. 59 de la Ley 2492 y Art. 5 del Decreto Supremo 27310″. 

Finalmente, concluye señalando que: “Conforme a los fundamentos expuestos, la pretensión del sujeto pasivo, de la prescripción liberatoria de los adeudos tributarios determinados porla administración tributaria y en etapa de ejecución (cobro coactivo) mediante los PIET 33-001107-13, 33-001108-13, 33-001109-13, 33-001110-13 y 33-001111-13 no son aplicables las causales de prescripción, interrupción y/o suspensión del término de la prescripción, en virtud a disposición del Artículo 59 de la Ley N° 2492; en consecuencia las acciones de la administración tributaria no se encuentran prescritas, (…)” y en la parte resolutiva rechazó la solicitud de prescripción invocada por el recurrente. 

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De la compulsa y verificación del contenido de la Resolución Administrativa ahora impugnada, se observó que dicho acto en primera instancia, se refirió a la solicitud de prescripción invocada por el recurrente, donde se evidencia que el recurrente se refiere a la prescripción de cinco Autos de Multa en el marco de lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, sin embargo, en la Resolución impugnada a momento de referirse a la solicitud de prescripción del contribuyente se refiere a la facultad de ejecución de la deuda tributaria en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 33-001107-13, 33-001108-13, 33-001109-13, 33-001110-13 y 33-001111-13 y no cursa un análisis puntual respecto a la normativa aplicada en relación a la imposición de sanciones y la ejecución de sanciones, por un lado se menciona que el cómputo de la prescripción en relación a la ejecución tributaria se consideró en mérito a lo previsto en los arts. 50 y 60 de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones legales que cambiaron los parámetros del art. 59 de dicha ley, empero a tiempo de señalar ello, transcribe referido art. 59 sin modificaciones, luego transcribe las modificaciones efectuadas mediante las Leyes 291 y 317, resaltando lo establecido en el parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) “La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada , es imprescriptible”, lo cual genera confusión en relación a la normativa aplicable, más aun si se considera que el presente caso refiere a la imposición y ejecución de sanciones. 

Asimismo, se observó que luego se refirió al cómputo de los plazos de prescripción estableciendo que de acuerdo al art. 59 y el numeral II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, término que se computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, es decir, nuevamente se refiere a la facultad de ejecución de la deuda tributaria y no a la facultad de ejecución de sanción, y luego señala que “A efectos de la prescripción prevista en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), los términos se computan a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago” y procedió a señalar de cada periodo objeto de la multa impuesta la fecha de vencimiento y la fecha en que se iniciaría el computo de prescripción, sin establecer la fecha en la cual concluiría el plazo de la prescripción, entendiendo que se refiere a la facultad de imposición de sanción, y sin mayor análisis y fundamento establece 

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que todos los actos de la Administración Tributaria están dentro del plazo descrito por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 del DS 27310. 

Finalmente, se puede observar en la parte resolutiva de la Resolución ahora impugnada que, en su artículo primero rechaza la solicitud de extinción de la obligación tributaria por haber operado la prescripción respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago, de los adeudos tributarios establecidos en los PIET’s antes mencionados, sin hacer referencia en lo absoluto en relación a la solicitud de prescripción de imposición de sanciones realizada por el recurrente, esto en virtud a lo establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con sus modificaciones generando mayor confusión al administrado, hoy recurrente e incurriendo en incongruencia en su decisión. 

En ese entendido, se advierte que la Administración Tributaria por el contenido plasmado en su acto administrativo ocasionó que el recurrente reclame en esta instancia que el acto administrativo sea contrario a lo establecido en la Constitución Política de Estado en cuanto a la normativa tributaria aplicable al caso, conteniendo una argumentación vacía e incongruente que no arriba a ninguna conclusión ni pretende emitir un criterio sustentado ni orientador, en ese sentido es evidente que el acto examinado y analizado incurre en incongruencias que generaron confusión en el recurrente y por ende ocasionan vulneración al debido proceso por falta fundamentación y motivación contraviniendo lo establecido en los arts. 115 parágrafo II y 119 de la CPE; consecuentemente, al emitir actos administrativos sin la debida fundamentación y basados en los antecedentes y el derecho aplicable la Administración Tributaria incumplió lo dispuesto por los arts. 28 inc. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA), causándole indefensión al recurrente, pues el acto impugnado carece de fundamentación de hecho y de derecho y contiene incongruencias en relación a la normativa aplicada sobre la cual se solicitó la prescripción, por lo que, incurrió en una falta de congruencia que incide de manera directa en el contenido plasmado en el acto impugnado y en su parte resolutiva; por tanto conforme lo dispuesto por el parágrafo II, del art. 36, de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución Administrativa 232070000566 de 28 de julio de 2020, emitida por la Administración Tributaria, para que emita un nuevo acto administrativo debidamente 20 de 22

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fundamentado y motivado, que sea congruente en relación a los antecedentes, elementos y en el derecho aplicable y que sea claro en su contenido y fundamentación cumpliendo los requisitos establecidos en los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA). 

Ahora bien, considerando que la Administración Tributaria recurrida en su defensa y contestación ha señalado que habría actuado en total apego a la norma y que el recurrente se desentendió de sus obligaciones tributarias que se encuentran reflejadas en el Sumario contravencional, disponer lo contrario implicaría un fallo ultrapetita o extrapetita y generaría una flagrante vulneración de la garantía constitucional del debido proceso en su elemento seguridad jurídica y congruencia, según lo establecido en la SC 486/2010-R y 1009/2003-R, justamente precautelando la debida congruencia, es que ésta instancia de alzada de manera previa manifestó que si bien de la lectura al memorial de recurso de alzada se solicitó la Revocatoria de Resolución impugnada, sin embargo, también se denunció aspectos que conllevan a vicios de nulidad en la Resolución impugnada, que hacen necesaria la revisión en la forma, por lo que precautelando el Principio de congruencia y lo establecido en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) solo en el caso de que los agravios de forma sean descartados y no se evidencie vulneración alguna del derecho a la defensa y al debido proceso se procederá a analizar el agravio de fondo, en ese entendido, al haberse evidenciado vulneración de derechos y al debido proceso en su elemento congruencia en relación a lo pedido por el recurrente, los antecedentes y el derecho aplicable, en estricta sujeción de lo que en derecho se dispone, cumpliendo los requisitos establecidos en los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA), ésta instancia de alzada se ve imposibilitada de pronunciarse sobre los demás agravios, planteados en su Recurso de Alzada, toda vez que previamente la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN debe subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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Certificado N° 771/14 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución Administrativa N° 232070000566 de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, para que emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado y motivado, conteniendo la debida congruencia en relación a lo pedido por el recurrente, los antecedentes y el derecho aplicable, en estricta sujeción de lo que en derecho se dispone, cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA), de conformidad a los fundamentos técnicos-jurídicos expresados en esta instancia, de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/acq/mirb/faag 

  • ‘/ ARIT-SCZ/RA 0720/2020 /? 

AbogTÜb^ wm ¿araHfei 

Dnectora Ejecutiva Regional a. 

Autoridad Regional de 

l.itKu¿nac¡cn Tributaria Santa Cruz 

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