ARIT-SCZ-RA-0712-2020 Resolución determinativa valida si el contribuyente no presento pruebas de descargo

ARIT-SCZ-RA-0712-2020

3\ r\u I l 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0712/2020 

: EMPRESA CONSTRUCTORA ARENA 

LTDA representada por Adalberto Duran 

Natusch. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) representada 

por Sergio Pastor Navarro Venegas. 

Resolución Determinativa Nc 

172080000079 de 15 de julio de 2020. 

: ARIT-BEN-0009/2020. 

Santa Cruz, 02 de diciembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N( 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0712/2020 de 02 de diciembre de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Determinativa 172080000079 de 15 de julio de 2020, la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente EMPRESA CONSTRUCTORA ARENA LTDA con NIT 1028907029, que ascienden

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266.468.- UFV’s monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses (4% y 6%), sanción por contravenciones tributarias (Acta de Infracción N°180599) y sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de Ley 812; importes determinados en la Vista de Cargo 291980000284 de 19 de junio de 2019. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

EMPRESA CONSTRUCTORA ARENA LTDA representada por Adalberto Duran Natusch, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 7 y 16 de septiembre de 2020 (fs. 19-24 y 33-38 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a través de la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Beni, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 172080000079, de 15 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Nulidad por incumplimiento en el plazo de ejecución del procedimiento de fiscalización. 

La recurrente señaló que por el tiempo que duro el proceso de determinación, debió ser notificada con una Resolución Administrativa de ampliación de plazo para su desarrollo de acuerdo a lo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que resalta la prohibición que tiene la Administración Tributaria para exceder plazos de ejecución de una fiscalización y también la excepción que solamente a solicitud fundada podría autorizar la máxima autoridad ejecutiva. Explicó que la Vista de Cargo al no analizar el efecto del incumplimiento del plazo desconoce de forma directa la preclusión de su oportunidad procesal y causa daño y/o perjuicio al contribuyente. 

Manifestó que la Administración Tributaria debió declarar el trámite de fiscalización como no ejecutado y generar una nueva orden de fiscalización que le permita cumplir con los plazos y procedimientos establecidos en la norma y no extralimitarse 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

provocando que el acto administrativo se revista de vicios procesales generando su plena nulidad. 

11.1.2 Nulidad del proceso de determinación por falta de respaldo documental. 

La recurrente manifestó que debe reconocerse la nulidad de todos los actuados que establecen una supuesta deuda tributaria en su contra, toda vez que los actos de la Administración Tributaria no tienen respaldo documental que hubieran sido obtenidos en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación, reconocidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), puesto que para conformar la Deuda Tributaria se basó en reportes del sistema generados por el propio ente fiscal en virtud del art. 7 del DS 27310 (RCTB); empero no solicitó a los proveedores documentación que valide y respalde la información reportada por estos; aspecto que vulnera su derecho al Debido Proceso y a la Defensa consagrados en el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Asimismo, alegó que la determinación sobre base cierta efectuada por la Administración Tributaria incurre en incumplimiento de la normativa tributaria para su establecimiento, toda vez que no existe documentación obtenida por parte del referido ente fiscal, por lo que la Resolución Determinativa solo se respalda en indicios y referencias, cuando la sola diferencia entre la información reportada en el sistema por su parte y por la de sus proveedores no pueden dar lugar a la determinación de supuestas deudas, resultando evidentes las deficiencias en el procedimiento de verificación, por la carencia del ejercicio de las facultades de verificación, fiscalización e investigación por la Administración Tributaria, así como la parcialización hacia la información remitida por sus proveedores, incumpliendo de esa forma con los arts. 13 de la CPE; y 65 de la Ley 2492 (CTB), citó el Auto Supremo N° 430/2013, de 25 de julio de 2013, referido a la fundamentación de la deuda determinada. 

De igual manera aludió que de la revisión efectuada al contenido de la Resolución Determinativa impugnada, y del análisis o verificación física de la documentación de respaldo del proceso de verificación defectuosamente ejecutado, resulta evidente que la Administración Tributaria no realizó los requerimientos de documentación (facturas o documentos equivalentes) hacia sus proveedores de bienes y/o servicios que 

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validen, sustenten y/o respalden la información reportada por los mismos para sustentar su determinación, por lo que corresponde se declare la nulidad de los actuados realizados por el referido ente fiscal al carecer su determinación, de documentación probatoria que respalde la supuesta Deuda Tributaria, y por no haber realizado un análisis objetivo del caso, omitiendo de esa forma la aplicación de los principios de Convalidación e Igualdad Procesal y vulnerando los principios de Buena Fe, Seguridad Jurídica; Debido Proceso, Justa Defensa e Igualdad Procesal, además del artículo 69 del CTB. 

Por último argüyó que, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que los derechos no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, derechos que en el marco del principio de Progresividad no son limitativos sino enunciativos, puesto que a ellos se agregan el Debido Proceso como garantía general para asegurar la realización del valor justicia; aspectos que no se cumplieron en este caso al sustentarse la determinación solo en reportes del sistema de la Administración Tributaria quien aplicó de forma incorrecta el principio de Economía Procesal y citó la Sentencia Constitucional 1756/2011-R. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 172080000079 de 15 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 17 de septiembre de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa N° 172080000079 de 15 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN (fs. 39 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 6 de octubre de 2020 (fs. 47-49 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente losfundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

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11.3.1 Respecto a la nulidad del proceso de determinación por falta de respaldo físico documental. 

La Administración Tributaria manifestó que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, por lo que determinó el tributo a pagar sobre la información obtenida de la base de datos del SIRAT-II, asimismo, las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal correspondiente por los periodos verificados no pudieron ser verificadas, debido a que no fueron presentadas por el contribuyente, por lo que conforme lo dispuesto en el núm. 1 del parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, invalidó el crédito fiscal establecido en el casillero 26 de la Declaración Jurada (Form. 200), aclarándose en todos los casos que el total depurado, constituye la base imponible para determinar el impuesto omitido a favor del fisco, además de considerarse los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 de la Ley 843, y 8, 9 y 42 del DS 27310 (RCTB). 

Además, sostuvo que cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos por ley detallándose en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa los hechos generadores de la obligación tributaria, además de la base imponible para cada una de las liquidaciones descritas en los documentos emitidos, identificándose claramente el impuesto omitido con sus accesorios de Ley, tal cual mandan los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), y los nums. 2 y 3 del art. 18 de la RND 10-0037-07, identificándose el hecho generador en la actividad inscrita de la recurrente y sus propias declaraciones, donde se consignan los datos declarados como base imponible para la determinación del tributo a pagar, por lo tanto, resulta imaginario que se alegue que no se había determinado el hecho generador, y la base imponible para la determinación del hecho generador en los actos de la Administración Tributaria al verificar a la recurrente, debiéndose considerar que la misma no presentó los originales de las facturas depuradas, y conforme prevé la norma, para beneficiarse con el crédito fiscal, se debe de presentar la factura original de la compra, esta debe estar correctamente dosificada y estar relacionada con la actividad gravada, sin embargo, la recurrente no demostró de ninguna forma su buena fe en la adquisición de la factura ni mucho menos los medios fehacientes de pago, que respaldan la transacción. 

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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 172080000079 de 15 de julio de 2020. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 6 de octubre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria el 7 de octubre de 2020 (fs. 50-51 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 27 de octubre de 2020, la recurrente y la Administración Tributaria no presentaron pruebas. 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 16 de noviembre de 2020, ninguna de las partes formuló alegatos en conclusiones escritos ni orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

III.1 El 29 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al representante legal de la recurrente con la Orden de Verificación N° 17990202245, de 20 de agosto de 2018, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo ”Detalle de Diferencias” Form. 7531 adjunto a la orden, de los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014, solicitando la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, d) Documento que respalde el pago realizado y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las 6 de 26

AIT¡5\ 

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transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, para dicho 

efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 9-12 y 17-20 de 

antecedentes c. I). 

El 12 de septiembre de 2018, la recurrente mediante nota GG/ADN/078/2018 

solicitó a la Administración Tributaria una ampliación del plazo para la entrega 

de la documentación solicitada mediante Orden de Verificación N° 

17990202245 de diez días adicionales, por lo cual la Administración Tributaria, 

mediante Proveído 251880000160, de 17 de septiembre de 2018, 

determinó por única vez, ampliar el plazo de la presentación de la 

documentación solicitada por tres días hábiles computables a partir de su 

notificación (fs. 22 y 24 de antecedentes c. I). 

El 18 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de la recurrente con el Requerimiento 136238, 

mediante el cual solicitó la presentación de la siguiente documentación: 

Declaraciones Juradas (Form. 200), Libros de Compras IVA, Facturas de 

respaldo al Crédito Fiscal IVA, Documentos que respalden el pago realizado y 

otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de 

verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, 

para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 31-38 de 

antecedentes c. I). 

III.4 El 26 de abril de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria, nota GG/ADN/026/2019, mediante la cual comunicó que no le fue 

posible reunir la totalidad de documentación requerida mediante Orden de 

Verificación N° 17990202245, aclaró que cumplió con todas las obligaciones 

dispuestas por Ley que envió sus libros de compras y ventas por el aplicativo 

Portal Newton-Oficina Virtual, que adjuntó impresiones de las Declaraciones 

Juradas Formulario 200, por lo que conforme lo dispuesto en el arts. 68 y 69 

de la Ley 2492 (CTB), se considere la información remitida por el mencionado 

aplicativo, misma que tiene validez probatoria, por lo que requirió se ejecute la 

determinación cumpliendo todos los procedimientos dispuestos por Ley (fs. 

40-41 de antecedentes c. I). 

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111.5 El 29 de abril de 2019, la Administración Tributaria emitió Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 180599, por haber incurrido en el incumplimiento al deber formal de no entregar ninguna información requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control, e investigación, contraviniendo los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 3.000.- UFV’s conforme lo dispuesto en el inc. d) del num. 1 del parágrafo I del art. 2 y sub numeral 4.2 del Anexo de la RND 10-0033-16 (fs. 29 de antecedentes c. I). 

111.6 El 14 de mayo de 2019, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la recurrente con la nota SIN/GDBN/DF/NOT/00901/2019 de 6 de mayo de 2019, mediante la cual le requirió documentación referida a depósitos, cheques, comprobantes contables, copias, libros diarios y mayores u otros documentos que respalden las transacciones económicas efectuadas con sus proveedores, debiendo explicar el uso y destino del material adquirido, contrato y otra documentación con requerimiento de firmas de los proveedores que acredite la veracidad de las facturas correspondientes, en sujeción a lo dispuesto en el art. 37 del DS 27310 y num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), debiendo demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere que le corresponden, otorgándole un plazo de 72 horas a partir de su notificación (fs. 283-289 de antecedentes c. I). 

111.7 El 4 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió Acta de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada y sus observaciones (fs. 43 de antecedentes c. I). 

111.8 El 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00728/2019, el cual concluyó que: 1. De la revisión efectuada a la contribuyente, determinó que las notas fiscales observadas de los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014, no son válidas para descargo del Crédito Fiscal IVA, sin embargo fueron registradas en Libros de Compras IVA, y tomados en cuenta en las Declaraciones Juradas, Form-200, incurriendo en la apropiación y uso indebido de crédito fiscal, 2. Se labró Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 8 de 26

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Procedimiento de Determinación, 3. Se determinó reparo a favor del Fisco por 

los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014 y 4. Al no haber 

cancelado la contribuyente el total de la deuda tributaria, la misma asciende a 

258.239 UFV’s, equivalentes a Bs595.179.-, importe que incluye tributo 

omitido, accesorios de Ley, interés de 4% y 6%, multa por incumplimiento de 

deberes formales y la sanción por omisión de pago del 100%, finalmente, 

recomendó que conforme lo dispuesto en el parágrafo I del art. 96 y 169 de la 

Ley 2492 (CTB), caso 2 del art. 11 de la RND 10-0032-16 se proceda a la 

emisión de la respectiva Vista de Cargo (fs. 297-311 de antecedentes c. II). 

III.9 El 3 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291980000284, de 19 de junio de 2019, la 

cual conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB)

disposiciones reglamentarias conexas, determinó la existencia de tributo 

omitido por concepto del IVA correspondiente a los periodos de enero, 

febrero, marzo y junio de 2014 y estableció una deuda tributaria de 258.239.- 

UFV’s equivalentes a Bs595.179.- importe que incluye tributo omitido, 

accesorios de ley, interés del 4% y 6%, multa por incumplimiento a deberes 

formales y sanción por omisión de pago, monto que deberá ser actualizado

la fecha de pago, calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como 

omisión de pago; asimismo, otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 312-331 de antecedentes c. II). 

.10 El 15 de julio de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/GDBN/DJCC/INF/416/2020, el cual señaló que estableció de forma 

preliminar la contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como 

omisión de pago, determinó reparos a favor del fisco por los periodos de 

enero, febrero, marzo y junio de 2014, y que al no existir ningún pago a cuenta 

no se modifica el adeudo determinado en la Vista de Cargo (fs. 340-342 de 

antecedentes c. II). 

.11 El 18 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal al representante legal de la recurrente con la Resolución 

Determinativa 172080000079 de 15 de julio de 2020, la cual resolvió 

determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente expuso como agravios: 1. Nulidad por incumplimiento en el plazo de ejecución del procedimiento de fiscalización y 2. Nulidad del proceso de determinación por falta de respaldo documental. 

IV.1 Cuestión Previa. 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la recurrente, se advierte que solicitó se revoque totalmente la Resolución impugnada, sin embargo, denunció vicios de nulidad en el procedimiento de determinación llevado por la Administración Tributaria, por lo que, precautelando la seguridad jurídica y el Principio de congruencia, esta instancia recursiva verificará la procedencia o improcedencia de los aspectos planteados. 

IV.2 Sobre la nulidad por incumplimiento en el plazo de ejecución del procedimiento de fiscalización. 

La recurrente señaló que por el tiempo que duro el proceso de determinación, debió ser notificada con una Resolución Administrativa de ampliación de plazo para su desarrollo de acuerdo a lo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que resalta la prohibición que tiene la Administración Tributaria para exceder plazos de ejecución de una fiscalización y también la excepción que solamente a solicitud fundada podría autorizar la máxima autoridad ejecutiva. Explicó que la Vista de Cargo 

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al no analizar el efecto del incumplimiento del plazo desconoce de forma directa la preclusión de su oportunidad procesal y causa daño y/o perjuicio al contribuyente. 

Manifestó que la Administración Tributaria debió declarar el trámite de fiscalización como no ejecutado y generar una nueva orden de fiscalización que le permita cumplir con los plazos y procedimientos establecidos en la norma y no extralimitarse provocando que el acto administrativo se revista de vicios procesales generando su plena nulidad. 

Al respecto, el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), expresamente establece el Procedimiento de Fiscalización; señalando que a la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente y que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis meses más. Añade que, si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. 

Asimismo, es preciso señalar que los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), otorgan a la Administración Tributaria las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; por su parte los arts. 95, parágrafo I y 96 parágrafo I de la misma Ley, establecen los requisitos que deben contener los actos de la Administración Tributaria dentro de los procedimientos que realice; en concordancia, con lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los 

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elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

De igual manera el art. 32 el DS 27310 (RCTB), establece: “Procedimientos De Verificación y Control Puntual. El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria.”. 

Por su parte, el art. 35 de la misma disposición legal prevé: 7. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.”. 

A su vez, el art. 36, dispone que: 7. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley”. Asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que “serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

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la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (…)”. 

De lo descrito, se colige que evidentemente existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, ya que los procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos; en cambio, el alcance de los procesos de fiscalización totales o parciales es integral, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más tributos y períodos, pudiendo revisar los ingresos, beneficios obtenidos, declaraciones presentadas y en general, los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo. 

En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o fiscalización a efectuarse. En tal sentido, siendo que el presente proceso se inició con la notificación el 29 de agosto de 2018 con la Orden de Verificación N° 17990202245, de 20 de agosto de 2018, correspondiente a la verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014 y la Vista de Cargo fue emitida el 19 de junio de 2019, es decir después de 9 meses y 21 días, por consiguiente la Vista de Cargo fue emitida antes de los 12 meses previstos como límite en el parágrafo V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) para el caso de fiscalizaciones, por lo que no correspondía emitir ninguna Resolución Administrativa de ampliación de plazo. Asimismo, el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), en los cuales no se ha establecido un plazo máximo de emisión de la Vista de Cargo, no obstante se toma como parámetro que este tipo de verificaciones no debería prolongarse más de los 12 meses previstos en parágrafo V del art. 104 para un proceso de fiscalización, por tratarse de una verificación específica, empero es evidente que en el presente caso se emitió la Vista de Cargo antes de que se cumplan los 12 meses previstos en el parágrafo V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia corresponde desestimar la nulidad alegada por la recurrente en este punto. 

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IV.3 Sobre la nulidad del proceso de determinación por falta de respaldo documental. 

La recurrente manifestó que debe reconocerse la nulidad de todos los actuados que establecen una supuesta deuda tributaria en su contra, toda vez que los actos de la Administración Tributaria no tienen respaldo documental que hubieran sido obtenidos en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación, reconocidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), puesto que para conformar la Deuda Tributaria se basó en reportes del sistema generados por el propio ente fiscal en virtud del art. 7 del DS 27310 (RCTB); empero no solicitó a los proveedores documentación que valide y respalde la información reportada por estos; aspecto que vulnera su derecho al Debido Proceso y a la Defensa consagrados en el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Asimismo, alegó que la determinación sobre base cierta efectuada por la Administración Tributaria incurre en incumplimiento de la normativa tributaria para su establecimiento, toda vez que no existe documentación obtenida por parte del referido ente fiscal, por lo que la Resolución Determinativa solo se respalda en indicios y referencias, cuando la sola diferencia entre la información reportada en el sistema por su parte y por la de sus proveedores no pueden dar lugar a la determinación de supuestas deudas, resultando evidentes las deficiencias en el procedimiento de verificación, por la carencia del ejercicio de las facultades de verificación, fiscalización e investigación por la Administración Tributaria, así como la parcialización hacia la información remitida por sus proveedores, incumpliendo de esa forma con los arts. 13 de la CPE; y 65 de la Ley 2492 (CTB), citó el Auto Supremo 430/2013, de 25 de julio de 2013, referido a la fundamentación de la deuda determinada. 

De igual manera aludió que de la revisión efectuada al contenido de la Resolución Determinativa impugnada, y del análisis o verificación física de la documentación de respaldo del proceso de verificación defectuosamente ejecutado, resulta evidente que la Administración Tributaria no realizó los requerimientos de documentación (facturas o documentos equivalentes) hacia sus proveedores de bienes y/o servicios que validen, sustenten y/o respalden la información reportada por los mismos para sustentar su determinación, por lo que corresponde se declare la nulidad de los 14 de 26

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actuados realizados por el referido ente fiscal al carecer su determinación, de documentación probatoria que respalde la supuesta Deuda Tributaria, y por no haber realizado un análisis objetivo del caso, omitiendo de esa forma la aplicación de los principios de Convalidación e Igualdad Procesal y vulnerando los principios de Buena Fe, Seguridad Jurídica; Debido Proceso, Justa Defensa e Igualdad Procesal, además del artículo 69 del CTB. 

Por último argüyó que, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que los derechos no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, derechos que en el marco del principio de Progresividad no son limitativos sino enunciativos, puesto que a ellos se agregan el Debido Proceso como garantía general para asegurar la realización del valor justicia; aspectos que no se cumplieron en este caso al sustentarse la determinación solo en reportes del sistema de la Administración Tributaria quien aplicó de forma incorrecta el principio de Economía Procesal y citó la Sentencia Constitucional 1756/2011-R. 

En contra parte, la Administración Tributaria manifestó que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, por lo que determinó el tributo a pagar sobre la información obtenida de la base de datos del SIRAT-II, asimismo, las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal correspondiente por los periodos verificados no pudieron ser verificadas, debido a que no fueron presentadas por el contribuyente, por lo que conforme lo dispuesto en el núm. 1 del parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, invalidó el crédito fiscal establecido en el casillero 26 de la Declaración Jurada (Form. 200), aclarándose en todos los casos que el total depurado, constituye la base imponible para determinar el impuesto omitido a favor del fisco, además de considerarse los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 de la Ley 843, y 8, 9 y 42 del DS 27310 (RCTB). 

Además, sostuvo que cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos por ley detallándose en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa los hechos generadores de la obligación tributaria, además de la base imponible para cada una de las liquidaciones descritas en los documentos emitidos, identificándose claramente el impuesto omitido con sus accesorios de Ley, tal cual mandan los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), y los nums. 2 y 3 del art. 18 de la RND 10-0037-07, identificándose el hecho generador en la actividad inscrita de la recurrente y sus propias 15 de 26 

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declaraciones, donde se consignan los datos declarados como base imponible para la determinación del tributo a pagar, por lo tanto, resulta imaginario que se alegue que no se había determinado el hecho generador, y la base imponible para la determinación del hecho generador en los actos de la Administración Tributaria al verificar a la recurrente, debiéndose considerar que la misma no presentó los originales de las facturas depuradas, y conforme prevé la norma, para beneficiarse con el crédito fiscal, se debe de presentar la factura original de la compra, esta debe estar correctamente dosificada y estar relacionada con la actividad gravada, sin embargo, la recurrente no demostró de ninguna forma su buena fe en la adquisición de la factura ni mucho menos los medios fehacientes de pago, que respaldan la transacción. 

En este entendido corresponde primeramente hacer mención a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, misma que estableció lo siguiente: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a Quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” (resaltado propio) 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0450/2015-S3, de 7 de mayo de 2015, indicó: “Al respecto la SCP 1243/2014, de 16 de junio, señaló que: a partir de la línea jurisprudencial sentada en la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, reiterada por las SSCC 0843/2003-R, 1180/2003-R, 1281/2003-R, 1393/2003-R, 0527/2004-R, entre otras, señaló que: (…)no puede alegarse indefensión cuando la misma ha sido provocada deliberadamente, esto es, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, a ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad; provocando su propia indefensión” (SC 0ífi74/2004-R de 22 de junio)” (resaltado propio); en este entendido se tiene que, para considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales realizadas en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa; 16 de 26

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dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el mismo. 

Ahora bien, el parágrafo II del art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone que: “//. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Asimismo, el art. 117 parágrafo I señala: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”, dentro de este mismo contexto el parágrafo II del art. 119 establece que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa”. En concordancia a lo establecido por la carta magna, los numerales 6, 7 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), determinan que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes; no obstante de igual manera los nums. 4, 5, 6 y 11 del art. 70 del mismo cuerpo legal establecen que constituyen obligaciones del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones y cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Por otro lado el art. 7 del DS 27310 (RCTB), indica que la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria; además que se presume que toda operación electrónica registrada en el sistema informático de la Administración 17 de 26 

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Tributaria pertenece al usuario autorizado, salvo prueba en contrario; y que las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los sistemas informáticos de la citada Administración, tienen validez probatoria. 

Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observó que el 29 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al representante legal de la recurrente con la Orden de Verificación N° 17990202245, de 20 de agosto de 2018, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo “Detalle de Diferencias” Form. 7531 adjunto a la orden, de los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014, solicitando la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, d) Documento que respalde el pago realizado y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 9-12 y 17-20 de antecedentes c. I). 

Seguidamente se observó que la recurrente el 12 de septiembre de 2018, mediante nota GG/ADN/078/2018 solicitó a la Administración Tributaria una ampliación del plazo para la entrega de la documentación solicitada mediante Orden de Verificación 17990202245 de diez días adicionales. Por lo que la Administración Tributaria mediante Proveído 251880000160, de 17 de septiembre de 2018, determinó por única vez, ampliar el plazo de la presentación de la documentación solicitada por tres días hábiles computables a partir de su notificación (fs. 22 y 24 de antecedentes c. I). 

Posteriormente, el 18 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al representante legal de la recurrente con el Requerimiento 136238, mediante el cual solicitó la presentación de la siguiente documentación: Declaraciones Juradas (Form. 200), Libros de Compras IVA, Facturas de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Documentos que respalden el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 31-38 de antecedentes c. I). 

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De la misma compulsa se tiene que el 26 de abril de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria, nota GG/ADN/026/2019, mediante la cual comunicó que no le fue posible reunir la totalidad de documentación requerida mediante Orden de Verificación 17990202245, aclaró que cumplió con todas las obligaciones dispuestas por Ley que envió sus libros de compras y ventas por el aplicativo Portal Newton-Oficina Virtual, que adjuntó impresiones de las Declaraciones Juradas Formulario 200, por lo que conforme lo dispuesto en el arts. 68 y 69 de la Ley 2492 (CTB), se considere la información remitida por el mencionado aplicativo, misma que tiene validez probatoria, por lo que requirió se ejecute la determinación cumpliendo todos los procedimientos dispuestos por Ley (fs. 40-41 de antecedentes c. I). 

Seguidamente el 29 de abril de 2019, la Administración Tributaria, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 180599, por haber incurrido en el incumplimiento al deber formal de no entregar ninguna información requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control, e investigación, contraviniendo los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 3.000.- UFV’s conforme lo dispuesto en el inc. d) del num. 1 del parágrafo I del art. 2 y sub numeral 4.2 del Anexo de la RND 10-0033-16 (fs. 29 de antecedentes c. I). 

Siguiendo la compulsa, se evidenció que el 14 de mayo de 2019, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la recurrente con la nota SIN/GDBN/DF/NOT/00901/2019 de 6 de mayo de 2019, mediante la cual le requirió documentación referida a depósitos, cheques, comprobantes contables, copias, libros diarios y mayores u otros documentos que respalden las transacciones económicas efectuadas con sus proveedores, debiendo explicar el uso y destino del material adquirido, contrato y otra documentación con requerimiento de firmas de los proveedores que acredite la veracidad de las facturas correspondientes, en sujeción a lo dispuesto en el art. 37 del DS 27310 y num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), debiendo demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere que le corresponden, otorgándole un plazo de 72 horas a partir de su notificación (fs. 283-289 de antecedentes c. I). 

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A continuación, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00728/2019, el cual concluyó que: 1. De la revisión efectuada a la contribuyente, determinó que las notas fiscales observadas de los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014, no son válidas para descargo del Crédito Fiscal IVA, sin embargo fueron registradas en Libros de Compras IVA, y tomados en cuenta en las Declaraciones Juradas, Form-200, incurriendo en la apropiación y uso indebido de crédito fiscal, 2. Se labró Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, 3. Se determinó reparo a favor del Fisco por los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014 y 4. Al no haber cancelado la contribuyente el total de la deuda tributaria, la misma asciende a 258.239 UFV’s, equivalentes a Bs595.179.-, importe que incluye tributo omitido, accesorios de Ley, interés de 4% y 6%, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago del 100%, finalmente, recomendó que conforme lo dispuesto en el parágrafo I del art. 96 y 169 de la Ley 2492 (CTB), caso 2 del art. 11 de la RND 10- 0032-16 se proceda a la emisión de la respectiva Vista de Cargo (fs. 297-311 de antecedentes c. II). 

En este entendido el 3 de julio de 2019, la Administración Tributaria, notificó a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291980000284, de 19 de junio de 2019, la cual conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones reglamentarias conexas, determinó la existencia de tributo omitido por concepto del IVA correspondiente a los pehodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014 y estableció una deuda tributaria de 258.239.- UFV’s equivalentes a Bs595.179.-, importe que incluye tributo omitido, accesorios de ley, interés del 4% y 6%, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de pago, monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago, calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago; asimismo, otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 312-331 de antecedentes c. II). 

Consecuentemente, el 15 de julio de 2020 la Administración Tributaria, emitió Informe SIN/GDBN/DJCC/INF/416/2020, el cual señaló que estableció de forma preliminar la contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como omisión de pago, determinó reparos a favor del fisco por los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014, y que al no existir ningún pago a cuenta no se modifica el adeudo determinado en la Vista de Cargo (fs. 340-342 de antecedentes c. II). 

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Por lo que el 18 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal al representante legal de la recurrente con la Resolución Determinativa 172080000079 de 15 de julio de 2020, la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente EMPRESA CONSTRUCTORA ARENA LTDA con NIT 1028907029, que ascienden a 266.468.- UFV’s monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses (4% y 6%), sanción por contravenciones tributarias (Acta de Infracción 180599) y sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos de enero, febrero, marzo y junio de 2014, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de Ley 812; importes determinados en la Vista de Cargo 291980000284 de 19 de junio de 2019. 

De lo descrito precedentemente, se tiene que la Administración Tributaria inició el proceso de verificación del crédito fiscal IVA declarado por la recurrente, en ejercicio de las facultades establecidas en el num. 1 del art. 66 y art. 100 de la Ley 2492 (CTB); procedimiento que empezó con la notificación de la Orden de Verificación N° 17990202245, a la recurrente, quien tomó conocimiento del alcance, impuesto y periodos verificados, inclusive al ser una verificación puntual, se le hizo conocer las facturas específicamente observadas en el detalle de diferencias F. 7531, adjuntas a la Orden de Verificación (fs. 9-12 de antecedentes c. I), respecto de las cuales la referida Administración le solicitó documentación de respaldo; aspecto que evidencia se dio cumplimiento con la obligación que tiene la mencionada Administración de informar al Sujeto Pasivo sobre el inicio de la verificación 

Ahora bien, en conocimiento cierto del alcance y la documentación solicitada mediante la Orden de Verificación, se advierte que la recurrente no presentó documentación alguna en respaldo de las facturas observadas preliminarmente; sin embargo, a fin de sustentar el proceso de verificación, la Administración Tributaria consideró la información enviada por la propia recurrente a través del libro de 

compras y ventas IVA Da Vinci, ademas de la información remitida por los

proveedores y terceros informantes dando como resultado la observaciones descritas en la Vista de Cargo. 

De lo anterior, es evidente que la Administración Tributaria, a efectos de sustentar las observaciones sobre las facturas objeto de revisión, que originó el adeudo tributario 

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determinado, procedió a imprimir la información contenida en su sistema informático que fue reportada por el Sujeto Pasivo, sus proveedores y terceros informantes, conforme se tiene de los reportes: Compras reportadas por la recurrente, compras reportadas por sus clientes, consultas de dosificación, consulta de padrón, compras y ventas reportadas por la recurrente (fs. 48-65 y 80-282 de antecedentes c. I y II); impresiones que conforme dispone el art. 7 del D.S. 27310(RCTB) tienen plena validez probatoria. 

En este entendido, se advierte que, contrariamente a lo aludido por la recurrente, la entidad recurrida ejerció sus facultades de determinación, verificación e investigación, sustentando la determinación del acto administrativo impugnado, con los mencionados reportes, de modo que no es evidente la existencia de deficiencias en el procedimiento de verificación, ni se advierte parcialización alguna respecto al análisis de la información reportada por los proveedores, por lo que, no se evidencia una falta de fundamentación del acto administrativo impugnado, ni mucho menos la nulidad del mismo por falta de respaldo documental, toda vez que la Administración Tributaria, en ejecución de sus facultades recurrió a la información enviada por la propia recurrente a objeto de evidenciar la existencia de diferencias entre lo declarado por la misma y sus proveedores, debiéndose considerar a demás que, conforme lo dispuesto por los nums. 4, 5, 6 y 11 del art. 70 de la Ley 2492, era obligación de la recurrente, respaldar todas las transacciones realizadas a objeto de demostrar la correspondencia del crédito fiscal declarado, conforme lo dispuesto en el art, 76 del mismo cuerpo legal, mismo que establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

Por consiguiente, respecto a que la Administración Tributaria en ningún momento solicitó información a los proveedores y que por ende, la recurrente considera que existen vicios de anulabilidad; corresponde señalar que conforme dispuesto en el art. 7 del DS 27310 (RCTB), las impresiones de los registros electrónicos de los sistemas del Sujeto Activo tienen validez probatoria, concordante con lo señalado en el parágrafo II del art. 77 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la misma pertenece al sujeto pasivo o al proveedor, salvo que existiera prueba en contrario; es decir, que dicha presunción admite que el sujeto pasivo presente o aporte pruebas que demuestren que la información plasmada en los sistemas de la referida 22 de 26

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Administración no es acorde a la realidad de los hechos, aspecto que de la revisión de antecedentes, en ningún momento sucedió, puesto que no se evidencia documentación o prueba que demuestre que la información reportada en los sistemas de la mencionada Administración no goce de veracidad, en este contexto, la determinación efectuada por la Administración Tributaria está sustentada en información remitida por la propia recurrente, en la que detalla las facturas que sustentan el crédito fiscal declarado en su Formulario 200 del IVA; no habiéndose aplicado incorrectamente el principio de Economía Procesal sustentada por la recurrente en la Sentencia Constitucional 1756/2011-R, toda vez que, la Administración Tributaria contaba con la información suficiente que le permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo omitido, por lo que, estuvo en condiciones para determinar la base imponible para el IVA sobre base cierta, no correspondiendo el cuestionamiento realizado por la recurrente respecto al método de determinación, cuando es evidente que a efectos de establecer la base imponible, la mencionada Administración Tributaria recurrió -como ya se indicó- a la información proporcionada por la propia recurrente, sus proveedores y/o terceros informantes a través de los sistemas informáticos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), información que conforme lo dispuesto por el art. 7 del DS 27310, (RCTB) tiene calidad probatoria. 

En este contexto, se tiene que una vez que la Administración Tributaria observó las facturas de compras declaradas, no es suficiente que el Sujeto Pasivo señale que la referida Administración no requirió información a los proveedores o informantes que sustenten su determinación. En todo caso, y como se expuso precedentemente, conforme lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) en los procesos administrativos y/o judiciales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; vale decir, respaldar sus afirmaciones con documentación que se encuentre en sus archivos, más cuando, conforme lo dispuesto en los nums. 4, 5, 6 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), es obligación del sujeto pasivo, respaldar sus actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, a objeto de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. 

Con relación a lo anterior, se tiene que según lo dispuesto por el Código Tributario Boliviano y Código de Comercio, el sujeto pasivo debió respaldar sus operaciones 23 de 26 

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económicas con la documentación suficiente y necesaria adecuada a su naturaleza e importancia de su organización; debió respaldar sus compras con sus facturas originales (no presentó las facturas originales), adicional a ello la documentación respaldatoria, puesto que de acuerdo a los reportes del SIRAT la recurrente declaró compras en su LCV- DA Vinci y F-200 en los períodos enero, febrero, marzo y junio de 2014 (fs. 48-55 y 57-64 de antecedentes c. I), por lo que, debió demostrar que las facturas apropiadas como Crédito Fiscal se encontraban vinculadas a su actividad, estaban dosificadas, además de demostrar los medios fehacientes de pago con su documentación contable y/o financiera, por lo que al no haber sustentado la efectiva realización de la transacción por los gastos en los que habría incurrido, la Administración Tributaria de forma correcta depuró el Crédito Fiscal de las facturas de compras observadas, tomando en cuenta que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, para hacer valer su derecho al Crédito Fiscal debió probar los hechos constitutivos de los mismos, más cuando es su obligación, conforme lo señalan los nums. 4, 5 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, cabe recordarle a la recurrente que contrariamente a lo señalado, las facturas o notas fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las Leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron las emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y, consiguientemente, el que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento conforme a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, que indican que el contribuyente, además de los registros obligatorios, mediante los que debe demostrar con claridad la naturaleza de sus operaciones, podrá llevar libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y podrán legalizarse para servir de medio de prueba; empero, en el presente caso, se advierte que el sujeto pasivo, tanto en el proceso de verificación, como en el de determinación, no presentó ningún documento de respaldo sobre los gastos incurridos que permita conocer o tomar convicción de la forma y el medio de pago, el registro del ingreso y utilización de las compras, o servicios que fueron adquiridos, entre otros. 

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fmm I •• 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En este entendido se tiene que la recurrente, tuvo conocimiento de todo el procedimiento de verificación desarrollado en su contra, así como de las facturas observadas, y el motivo por el cual la Administración Tributaria las consideró como no válidas para el cómputo del crédito fiscal, por lo que no se evidenció la concurrencia de la vulneración de derechos constitucionales al debido proceso y/o a la defensa, por parte del referido ente fiscal, más aun considerando que la recurrente a pesar de tener conocimiento íntegro de las actuaciones de la administración tributaria al haber sido notificada con todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso de verificación (Orden de Verificación, Nota de Solicitud de Documentación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa), no aportó ni ofreció prueba alguna que respalde su derecho al cómputo de crédito fiscal, por lo que resulta improcedente las alusiones de la recurrente, respecto a la existencia de vulneración de derechos constitucionales al debido proceso, y a la defensa por parte de la Administración Tributaria. 

En este contexto, y siendo que de la revisión efectuada al Procedimiento de Determinación efectuado por la Administración Tributaria en contra de la recurrente, esta autoridad no evidenció la concurrencia de vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, previstos en el parágrafo II del art. 115, parágrafo I del art. 117, y parágrafo II del art. 119, CPE así como en el num. 6 del art. 68, de la Ley 2492 (CTB), aludidos por la recurrente; puesto que la misma tuvo conocimiento cierto del alcance de la Orden de Verificación desde su inicio hasta su conclusión, siendo de libre acceso para la recurrente, verificar todas las actuaciones realizadas en el mismo; además de ser evidente, que esta pudo hacer uso de su derecho a la Defensa en todo momento y presentar pruebas; por lo que, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución Determinativa 172080000079 de 15 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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9001 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 • Zona Equipetrol Telfs.: (591-3) 3391027 – 3391030. www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

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RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 172080000079 de 15 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

SP/ccav/cmmf/acq/m¡rb/faag 

IT-SCZ/RA 0712/2020 Directora Ejecutiva Regional áSr 

Autoíídad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz 

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