ARIT-SCZ-RA-0710-2020 Los términos del computo de prescripción son retroactivos

ARIT-SCZ-RA-0710-2020

Al¡ü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0710/2020 

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

Paola Ribera de Ciancaglini 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Jorge Jesús Flores Duran. 

Resolución Determinativa 172070000610, de 24 de agosto de 2020. 

ARIT-SCZ-0495/2020. 

Santa Cruz, 02 de diciembre de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0710/2020 de 01 de diciembre de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa 172070000610 de 24 de agosto de 2020, en la cual resolvió Primero.- Determinar de oficio, la obligación impositiva de Paola Ribera de Ciancaglini, por un monto total de 769.773.-UFV’s, equivalentes a Bs1.812.213.- (Un 

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millón ochocientos doce mil doscientos trece 00/100 Bolivianos), que incluyen Tributo Omitido, Intereses, que corresponden al Impuesto al Valor Agregado (DEBITO FISCAL- IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), resultante de la Orden de Verificación N° 0012OVEO1825, por lo que se establecieron ingresos no declarados en los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, deuda tributaria que fue calculada desde la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016; Segundo.- Sancionar a Paola Ribera de Ciancaglini, calificando su conducta como contravención tributaria de Omisión de Pago con una multa igual al 100%, sobre el Tributo Omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo importe asciende a 380.947.- UFV’s equivalentes a Bs896.835.- (Ochocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y cinco 00/100 Bolivianos) a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, de acuerdo a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (…); Tercero.- Sancionar a Paola Ribera de Ciancaglini, con una multa de 1.500.- UFV’s (Un mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) para persona natural, equivalente a Bs3.531.- (Tres mil quinientos treinta y uno 00/100 Bolivianos) a la fecha de emisión de Resolución Determinativa, emergente del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 156703 por incurrir en la contravención tributaria “No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación” solicitada mediante Orden de Verificación 0012OVE01825 y el requerimiento Form. 4003 127416, hecho que contraviene lo establecido en los numerales 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción se encuentra establecida en el sub numeral 4.1 numeral 4 Anexo I de la Resolución Normativa de Directorio 10-0033-16; Cuarto.- Establecer el TOTAL DEL ADEUDO TRIBUTARIO de Paola Ribera de Ciancaglini, emergente de la Orden de Verificación 0012OVE01825 por el monto de 1.152.220.- UFV’s equivalentes a Bs.2.712.579.- (Dos millones setecientos doce mil quinientos setenta y nueve 00/100 Bolivianos), que incluyen Deuda Tributaria, Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el parágrafo I del art. 2, de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, art. 165 y 169 de la citada Ley 2492 (CTB) (…). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la recurrente. 

Paola Ribera de Ciancaglini, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 08 de septiembre de 2020 (fs. 70-76vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 172070000610 de 24 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones. – 

La recurrente señaló que conforme lo dispuesto en el art. 5 del D.S. 27310 (RCTB), el administrado tiene el derecho de presentar la petición de prescripción en cualquier momento, por lo que al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), solicitó la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos febrero a diciembre de 2008, toda vez que el referido ente fiscal realizó una determinación tributaria al margen de las normas y fuera del término previsto en la Ley para ejercer sus facultades de determinar tributos e imponer sanciones administrativas por los impuestos y periodos antes referidos, insistiendo en la emisión de un acto determinativo que solo generaría responsabilidad funcionaría para los servidores públicos, por el uso de bienes y servicios del Estado, para la determinación de deudas de hace más de 11 años, que se encuentran prescritas. 

En este entendido argüyó que, al tratar el presente caso sobre la determinación de supuestos cargos por el IVA e IT de los periodos febrero a diciembre de 2008, de acuerdo con el principio de irretroactivídad instituido por el art. 123 de la Constitución Política del Estado, se debe aplicar el art. 59, parágrafo I, de la Ley 2492 (CTB), sin considerar las modificaciones incorporadas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y Ley 812 de 30 de junio de 2016, conforme lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 

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11 de marzo de 2019, misma que dispuso la aplicación de la norma vigente al momento del inicio del cómputo de prescripción, debiendo aplicarse al presente caso la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones. 

En dicho entendido manifestó que, el texto original del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, por lo que, considerando los antecedentes administrativos y la norma jurídica aplicable, el cómputo de prescripción seria de la siguiente manera: 

PERIODOS O GESTIONES FISCALIZADAS 

IVAE ITDE FEBRERO

CAUSALES DE 

INICIO DEL CÓMPUTO INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN 

CONCLUSIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN 

DICIEMBRE DE 2008 1 DE ENERO DE 2009 NINGUNA 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Asimismo, aludió que, aun considerando la ampliación del plazo de la prescripción a siete (7) años, según el art. 59, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), (texto original), se tiene que el término venció el 31 de diciembre de 2015 y citó como respaldo de sus alegaciones la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0106/2020 de 13 de enero de 2020. 

Seguidamente, y respecto al supuesto reconocimiento de deuda que aduce la Administración Tributaria transcribió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0123/2019 de 25 de abril de 2019 (pág. 33); de igual manera refirió que, la Administración Tributaria desarrolló un proceso de verificación y no así un proceso de fiscalización, por lo que no concurriría la causal de suspensión prevista en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492 (CTB), asimismo respecto al Recurso de Alzada como causal de suspensión, expuso que el mismo fue efectuado el 22 de marzo de 2017, es decir, con posterioridad a haberse operado la prescripción, debiéndose considerar que en dicha instancia recursiva, la Autoridad General de impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2017 de 16 de junio de 201.7, que anuló obrados hasta la Vista de Cargo 29- 0001208-16, de 21 de noviembre de 2016, inclusive. En ese contexto, cuando en instancia recursiva se anulan obrados, como ocurrió en el presente caso, la referida impugnación no suspendió el curso de la prescripción, citó como respaldo de su 

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Impugnación Tributaria 

alegación la Sentencia Constitucional Plurinacional 0856/2017-S2 de 21 de agosto de 2017. 

Concluyó, que al no existir causales de interrupción ni de suspensión, la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por el IVA e IT de los periodos febrero a diciembre de 2008, al vencimiento del día 31 de diciembre de 2012 (o del día 31 de diciembre de 2015, considerando el plazo de siete (7) años), ésta ha prescrito, por lo que en aplicación de la norma legal tributaria aplicable, corresponde se declare la prescripción respectiva. 

11.1.2. Ilegal determinación de la Base Imponible. 

La recurrente manifestó que, la Administración Tributaria realizó una ilegal determinación de la base imponible, toda vez que simplemente usó una operación aritmética, tomando el valor de las supuestas importaciones realizadas por su persona y a ese valor aplicó las alícuotas de 13% por el IVA y 3% por el IT, señalando que utilizó el método sobre base presunta, como recurso de ultima ratio; asimismo señaló que la Administración Tributaria no tomó en cuenta los impuestos pagados al municipio de Santa Cruz y tampoco consideró los antecedentes ya procesados en una Vista de Cargo anterior; es decir, solo hizo una operación simple de suma y aplicación de alícuotas, situación que va en contra de lo de lo dispuesto por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), mediante los cuales se otorga a la Administración Tributaria de control e investigación, por lo que la Resolución Determinativa impugnada no está justificada técnica ni jurídicamente debiéndose revocar totalmente la misma. 

Por otro lado expuso que, la Administración Tributaria, si bien hizo referencia a ciertas importaciones; empero no ha comprobado las ventas y la Ley 843, a partir del art. 1 y siguientes, establece de manera expresa que el hecho generador del IVA son las ventas, mismas que no fueron probadas, y solamente son presumidas por la Administración Tributaria, dado que no se ha probado cuando se habrían realizado las ventas, el precio, los periodos y a quienes se habrían realizado; habiendo el referido ente fiscal, simplemente tomado en cuenta las importaciones, las suman y le aplican alícuotas por lo que la Resolución Determinativa impugnada incumplió el 5 de 48 

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principal requisito legal para establecer el nacimiento de la obligación tributaria del IVA y en consecuencia del IT; seguidamente transcribió el inc. a) del art. 4 y art. 5 de la Ley 843, art. 42 de la Ley 2492 (CTB) y señaló que la base imponible es un elemento esencial de la determinación tributaria, al igual que la Alícuota, Hecho Generador y los Sujetos; por lo que determinación de la base imponible necesariamente debe realizarse con sujeción a normas de carácter legal, es decir normas jurídicas con rango de ley, las cuales establecen que debe probarse de manera cierta el hecho generador de un tributo o, en su caso, determinar su producción y la correspondiente base imponible. 

De igual manera manifestó que la Administración Tributaria determinó una supuesta deuda tributaria, utilizando valores netos de importación, sin descontar los gastos y precios pagados por la importación de vehículos; es decir, aplicó de manera directa la alícuota del IVA y del IT a los precios de importación, lo que resultaría ilegal, toda vez que debe considerarse el derecho al Crédito Fiscal; debiéndose considerar que si bien la Administración Tributaria arguye que no se presentó documentación al respecto; cursa en los papeles de trabajo la información cierta que tiene de la Aduana Nacional, sobre la cual se debe aplicar la alícuota del IVA solamente sobre el valor agregado que surge del precio de venta, menos los gastos de importación y no así sobre el valor bruto de las importaciones, señalando además que por cada acto de importación, se pagaron todos los tributos aduaneros, incluyendo el IVA Importaciones; asimismo, en el ámbito interno, se pagaron los tributos por las transferencias al Gobierno Municipal, situación que sería de conocimiento de la Administración Tributaria. 

Agregó que respecto a la determinación sobre Base Presunta del IVA e IT de la gestión 2008, la Resolución Determinativa consideró el valor total de las importaciones, por lo que ante este supuesto fáctico real, comprobado de manera fehaciente e indubitable por la Administración Tributaria, corresponde que se cumpla el principio de verdad material, por lo que no corresponde aplicar la alícuota del IVA e IT sobre dicho valor total, sin considerar los gastos y tributos pagados por las importaciones, debido a lo cual en sujeción al principio de Verdad Material, el Sujeto Activo, no puede percibir tributos ni pretender cobrar deudas más allá de lo que en derecho le corresponde, por lo que el actuar de manera contraria implicaría violar el principio de no confiscatoriedad ya que se estaría cobrando en transgresión de lo 6 de 48

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previsto por el art. 8 de la Ley 843, transcribiendo como respaldo de su alegación el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341, arts. 74 y 200 de la Ley 2492 (CTB) y Sentencia 92/2014 de 6 de junio de 2014. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 172070000610 de 24 de agosto de 2020. 

11.2 Auto de admisión. 

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2020 (fs. 77 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa N° 172070000610 de 24 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 05 de octubre de 2020 (fs. 88-99vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Respecto a la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria, manifestó que para el presente caso, se deben considerar las modificaciones a la Ley 2492 (CTB), ya que el proceso de determinación según orden de verificación N° 0012OVE01825, correspondiente a la verificación específica del Impuesto al Valor Agregado (Debito Fiscal-IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2008, ya que de la revisión a los antecedentes se tiene que la recurrente, se empadronó en los registros del Servicio de Impuestos Nacionales recién en fecha 17 de Enero de 2014, según se evidencia la consulta al Padrón emitido por el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria “SIRAT”, y además se tiene la nota presentada por la recurrente el 20 de octubre de 2016 (NUIT-26474), donde habría señalado que se empadronó en la gestión 2014, por lo que resulta 

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aplicable el parágrafo II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, con relación a la aplicación de dos (2) años adicionales al cómputo de prescripción, toda vez que la recurrente, admitió haberse inscrito en el padrón de contribuyentes recién en la gestión 2014, y la Administración Tributaria demostró que existieron actividad económicas que generaron tributos en la gestión 2008, por lo que corresponde la aplicación de diez (10) años para el cómputo de prescripción, y transcribió el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 812 y citó las Resoluciones de Recurso Jerárquicos AGIT-RJ-0001/2015 de 05 de enero de 2015 y AGIT-RJ-1542/2015 de 05 de diciembre de 2015. 

Asimismo, señaló que, cualquiera que fuere la acción intentada por la Administración Tributaria, sea de control de verificación o fiscalización, en apoyo a la potestad recaudadora reconocida por el art. 21 de la Ley 2492 (CTB), la notificación con la Orden de Verificación N° 0012OVE01825, suspendió el computo de prescripción, debiéndose aplicar la extensión por seis (6) meses, conforme lo dispuesto en el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), y citó las Sentencias N° 183/2017 y 24- 1 de 23 y 27 de marzo de 2017, (respectivamente), 401/2013 de 19 de septiembre de 2013, 522/2015 de 07 de diciembre de 2015 y 004/2019 de 14 de febrero de 2019. 

De igual manera, argumentó que, debe considerarse que el 15 de noviembre de 2016 mediante Hoja de Ruta 29050/2016 la recurrente por medio de su apoderado Alberto Antezana Pinaya (Poder 3792/2016) presentó carta por la que solicitó acogerse a facilidades de pago, previa reliquidación de lo adeudado, aspecto que conforme lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), interrumpe el cómputo de prescripción, por lo que debe volver a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción, ya que la anulación determinada por la Autoridad de Impugnación Tributaria, se dio únicamente a los actos administrativos emitidos y no así a los descargos, solicitudes y reconocimientos de la recurrente, por lo que el cómputo se reinició a partir del 01 de diciembre de 2016, empero al haberse emitido el 31 de diciembre de 2018 la Resolución Determinativa 171870004230 y notificado el mismo el 14 de enero de 2019 nuevamente se habría interrumpido el cómputo de prescripción antes que ésta opere, habiendo sido impugnada nuevamente y luego de anular nuevamente los actos administrativos de la Administración Tributaria, se tiene que en fecha 19 de noviembre de 2019, se devolvieron los antecedentes a la AT, emitiendo y notificando 8 de 48

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la Resolución Determinativa 172070000610 el 28 de agosto de 2020 dentro del término para determinar la deuda tributaria; señalando de igual manera que si bien la Administración Tributaria retrotrajo el procedimiento y anuló la Vista de Cargo 29- 0001009-16, ésta fue anulada específicamente al cálculo sobre una base imponible, toda vez que no correspondía a efectos de que se determine la deuda tributaria, sin embargo las Vistas de Cargo 29-0001009-16 y 291970002431 no fueron modificadas con relación a los periodos fiscales adeudados, no afectando la solicitud de la recurrente, siendo que realizó un reconocimiento expreso de la deuda que adquirió y sobre todo hace un reconocimiento tácito de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2008 los cuales son base para determinar la deuda, motivo por el cual al manifestar su entera voluntad de acogerse a una facilidad de pago, a efectos de pagar la deuda tributaria y someterse a los beneficios que trae consigo el art. 157 de la Ley 812, adecuó su conducta a lo establecido en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) y solicitó se valore la prueba ofrecida con relación a la NUIT 29050/2016, carta presentada por el apoderado de la recurrente, reconociendo su deuda bajo los argumentos anteriormente mencionados. 

En este sentido alegó que, conforme lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, contaba con el plazo de 10 años para determinar la deuda tributaria, señalando que el cómputo para los periodos de enero a noviembre de 2008, inicia el 01 de enero de 2009, concluiría el 31 de diciembre de 2019, debiéndose aplicar a dicho plazo suspensión establecida en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que al haber sido notificada la Orden de verificación 0012OVE01825 el 16 de octubre de 2016, el cómputo se extendió hasta 31 de junio de 2019, no obstante considerando que la recurrente interpuso Recurso de Alzada con el cual la Administración Tributaria habría sido notificada el 22 de marzo de 2017, se configuró la suspensión del plazo para la prescripción, hasta la devolución formal del expediente, mismo que se efectuó el 21 de enero de 2018, habiéndose suspendido por 305 días el cómputo para prescripción, determinado la deuda el 31 de diciembre de 2018 y notificando con la misma el 14 de enero del 2019, debiéndose considerar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 de 20 de septiembre de 2019 y la devolución de antecedentes administrativos originales el 19 de noviembre de 2019, habiéndose emitido y notificando la Resolución Determinativa 172070000610 el 28 de agosto de 2020, por lo que no prescribió la facultad de esta Administración Tributaria de determinar la deuda siendo que no existió inacción por 9 de 48 

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parte de la misma, al contrario, lo manifestado refleja que se realizaron actos destinados a la determinación de la deuda tributaria como es la orden de verificación, no existiendo, por lo tanto, presupuestos que den lugar a la prescripción, y adjuntó los siguientes cuadros: 

“C&P?, 

  • jtwati irii^.-.iJ-»>–^.-… 

¡Mpi^HBIiillliaiilS 

IVA ENERO A NOVIEMBRE 2008 

IT DICIEMBRE 2008 

2009 2010 

NOTIFICADA 20/09/12 

NOTIFICADA 20/09/12 

17/01/2014 01/01/2009 AL 30/06/2019 

17/01/2014 01/01/2010 AL 30/06/2020 

15/11/2016 15/11/2016 

NOTIFICADA 06/03/17 

NOTIFICADA 006/03/17 

22/03/2017 22/03/2017 

21/01/2018 21/01/2018 

NOTIFICADA 14/01/2019 NOTIFICADA 14/01/2019 

NOTIFICADA 28/01/19 

28/01/2019 

19/11/2019 19/11/2019 

28/08/2020 28/08/2020 

Por otro lado expuso que la Sentencia Constitucional N° 0850/2017-S2 citada por la recurrente, refiere a casos de nulidad de obrados y no puede considerarse la Resolución Determinativa anulada, como causal de interrupción, por lo que de ninguna manera desconoce que conforme a normativa el curso de la prescripción se interrumpe por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales hasta la formal devolución del expediente a la Administración Tributaria y citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0274/2018 de 06 de febrero de 2018. 

II.3.2. Respecto a la ilegal determinación de la Base Imponible. 

La Administración Tributaria expuso que, el procedimiento de determinación realizado emergió del cotejo de información y documentación oficial proporcionada por entidades de intermediación financiera referente a las transacciones bancarias realizadas por la recurrente en la gestión sujeta a verificación, por la Secretaría de Recaudación y Gestión Catastral del GAMSC respecto a vehículos y por la Aduana Nacional de Bolivia (AN) en cuanto a las pólizas de importación de vehículos de esa gestión, constatándose que la recurrente efectivamente importó 102 vehículos y los transfirió (comercializó) a terceras personas, en los periodos y gestión fiscalizada, deduciendo así la existencia de la obligación tributaria, pues notoriamente hubo el 

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ejercicio de actos de comercio llevados a cabo de manera habitual y con carácter lucrativo, por lo que no se puede señalar que las ventas no fueron probadas. 

Aseguró que la aplicación del método de determinación sobre base presunta responde a que la recurrente no presentó ninguna documentación contable que permita conocer el destino y fecha de venta de los vehículos que se consideran transferidos en el periodo de importación mediante los datos y documentos proporcionados por la AN y la Secretaría de Recaudación y Gestión Catastral del GAMSC, asimismo señaló que la recurrente no se encontraba registrada en el Padrón de Contribuyentes durante el ejercicio de actos de comercio en la gestión fiscalizada, que de igual manera prescindió declarar las ventas producto de importación de los vehículos, no presentó la documentación solicitada consistente en Minutas de Transferencia y que además no se pudo obtener la información en los diferentes Gobiernos Municipales, por lo que se aplicó lo establecido en el parágrafo II del art. 43, arts. 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB). 

Explicó que, de acuerdo a la información proporcionada por la AN, se conoció el precio real de venta de los 102 vehículos importados en la gestión 2008, tomando como base para la determinación el precio de costo según las pólizas de importación, determinándose el hecho imponible sobre la base de información proporcionada por los Agentes de Información, así como la extraída del SIRAT y aplicando lo dispuesto por los arts. 5, 7 y 15 de la Ley 843, se determinó ingresos no declarados ni facturados por Bs3.386.550.- por concepto de venta de mercancía importada, y no declarada correspondiente a la gestión 2008, importe sobre el cual aplicó la alícuota del 13% determinándose la omisión del IVA por Bs.440.251.- y por el IT (3%) Bs101.597.-, lo que evidencia que la recurrente realizó la importación con el fin de comercializar los 102 vehículos durante la gestión 2008, aspecto que refleja notoriamente el ejercicio de actos de comercio llevados a cabo de manera habitual y con carácter lucrativo, lo que evidencia que la Administración Tributaria constató efectivamente la materialización y ejercicio de actos de comercio como lo es la importación y transferencia de vehículos en el mercado, no siendo evidente lo argüido por la recurrente respecto a que la Administración Tributaria no demostró la existencia de la venta respectiva. 

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Concluyó señalando que con relación al derecho al crédito fiscal que refiere la recurrente, para beneficiarse de ese derecho se deben cumplir con los requisitos establecidos en el art. 8 de la Ley 843 y RND 10-0016-17; no obstante, la recurrente nunca presentó las facturas originales ni los respaldos contables conforme lo establece el Código de Comercio, siendo que recaía sobre ella la carga de la prueba; que asimismo respecto a la aplicación del principio de verdad material señaló que la Administración Tributaria a objeto de aplicar el mismo efectuó el requerimiento de información a las diferentes entidades, por lo que se aplicó el mencionado principio. 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 172070000610 de 24 de agosto de 2020. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 06 de octubre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria, el 07 de octubre de 2020, tal como consta en obrados (fs. 100-101 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 27 de octubre de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2020, ratificó en calidad de prueba, la documentación presentada adjunta a su memorial de contestación al recurso de alzada (fs.102 del expediente). 

Por su parte, la recurrente, dentro del plazo probatorio, no presentó ni ratificó prueba. 11.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 16 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial de 16 de noviembre de 2020, presentó alegatos, en conclusión, en el cual ratificó las alegaciones vertidas en su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 108- 111 del expediente) 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por su parte, la recurrente, dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos en conclusión no presentó alegatos. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

111.1. El 17 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0012OVE01825, de 14 de 

octubre de 2016, cuyo alcance comprendía la verificación de los hechos y 

elementos relacionados con el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008; asimismo, se notificó el 

Requerimiento N° 00127416 de 14 de octubre de 2016, en el que requirió la 

presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del 

IVA (Form 200), b) Declaraciones Juradas del IT (Form 400), c) Libros de 

Ventas IVA y en medio magnético si corresponde, d) Notas fiscales de 

respaldo al Débito fiscal IVA, e) Extractos bancarios, f) Comprobante de los 

ingresos y egresos con respaldo, g) Formulario de habilitación de notas 

fiscales Form. 1500, h) Estados financieros gestión 2008, i) Dictamen y EEFF 

de Auditoría gestión 2008, j) Libro de contabilidad (Diario, mayor- medio 

magnético), k) Kárdex, I) Inventarios II) Formulario 170 (Registro de 

Importadores), y documentación soporte presentada a la Aduana Nacional, 

control y manejo de la mercancía importada, detalle del uso y destino de la 

mercancía importada, cualquier otra documentación solicitada por el 

fiscalizador durante el proceso de fiscalización (dato extraído de la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 fs. 137-161, de 

antecedentes, c. I). 

111.2. El 26 de octubre de 2016, la Administración Tributaria emitió el “Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación” 

00156703, por el incumplimiento al deber formal de no entregar 

documentación e información requerida por la Administración Tributaria 

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durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control, e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, contraviniendo los nums. 4, 6 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo la multa de 1.500.- UFV’s, según la RND 10.0032.15 (dato extraído de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 fs. 137-161, de antecedentes, c. I). 

111.3. El 31 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 29-0001009-16, que como resultado de la verificación efectuada, de los hechos correspondientes al IVA y el IT de los periodos enero a diciembre de la gestión 2008, la recurrente realizó actividades de importación, generando ingresos que no fueron facturados ni declarados conforme a Ley, por lo que se procedió a calcular la deuda tributaria sobre base cierta, por la venta de vehículos con base al valor consignado en Minutas de Transferencia, según información obtenida de la Aduana Nacional de los periodos junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, deuda que ascendía a 91.952.- UFV’s; del mismo modo se realizó la determinación sobre base presunta por las ventas de vehículos calculados al costo total de importación, en los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, haciendo un importe de 102.663.- UFV’s; por lo tanto, se determinó un reparo total de 194.615.-UFV’s otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos (dato extraído de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019, fs. 137-161, de antecedentes, c. I). 

111.4. El 15 de noviembre de 2016, la recurrente por medio de su apoderado presentó nota solicitando la reliquidación de adeudo tributario establecido en la Vista de Cargo 29-0001009-16 de 27 de octubre de 2016, solicitando además que posterior a la reliquidación pueda acogerse a un plan de facilidades de pago (dato extraído de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019, fs. 137-161, de antecedentes, c. I). 

111.5. El 18 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Auto N° 25-0000462-16 de 16 de noviembre de 14 de 48

Alife 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

2016, con el cual resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, 

hasta la emisión del Informe Final con CITE: SIN/GDSCZ 

l/DFA/E/INF/08451/2016 y la Vista de Cargo 29-0001009-16, debiendo 

emitirse un nuevo Informe de Actuaciones y Vista de Cargo contra la 

recurrente (dato extraído de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT 

SCZ/RA 0363/2019, fs. 137-161, de antecedentes, c. I). 

.6. El 30 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a la recurrente, con la Vista de Cargo 29-0001208-16, de 21 de 

noviembre de 2016, en la cual señaló que como resultado de la verificación 

efectuada, de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT de los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, realizó actividades de importación, 

ingresos que no fueron facturados ni declarados ante el SIN en los periodos 

verificados, conforme a Ley. En base a la documentación presentada y la 

información obtenida del Sistema de Recaudo para la Administración 

Tributaria, se procedió a calcular la deuda tributaria sobre base cierta, la venta 

de vehículos motorizados con base al valor consignado en minutas de 

transferencias, según información obtenida por la Aduana Nacional por los 

periodos de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2008, conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 

2492 (CTB), procediendo a calcular la deuda tributaria, ascendiendo a un 

importe de 299.195.- UFV’s, equivalente a Bs647.482.-¡ asimismo, 

procedieron a realizar la determinación de la base imponible, sobre base 

presunta, conforme a lo establecido en el parágrafo II del art. 43 de la Ley 

2492 (CTB), estableciéndose reparos en favor del fisco por concepto del IVA 

DF e IT, por la venta de vehículos calculados al costo total de importación en 

los periodos de febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008, procediéndose a calcular la deuda 

tributaria conforme lo establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), ascendiendo 

a un importe de 704.608.- UFV’s, equivalente a Bs1.524.822.-; por lo que se 

determinó un reparo total de 1.003.803.- UFV’s, equivalente a Bs2.172.304.- 

por el IVA e IT, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa sancionatoria y multa por incumplimiento a los deberes 

formales, seguidamente le otorgó el plazo de treinta (30) días calendario para 

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9001 

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formular y presentar los descargos que estime conveniente (fs.1-16 de antecedentes c. I y de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019, fs. 137-161, de antecedentes, c. I). 

.7. El 06 de marzo de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171770000273, de 01 de marzo de 2017, consignando en el resuelve cuarto el total de la obligación impositiva de Ribera de Ciancaglini Paola, emergente de la Orden de Verificación Externa 0012OVE01825, por un monto de 1.010.219.-UFV’s, equivalente a Bs2.208.817.- (Dos millones doscientos ocho mil ochocientos diecisiete 00/100 Bolivianos), que incluyen la deuda tributaria (tributo omitidos actualizado), la sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento de deberes formales, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificada por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, arts. 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB) (dato extraído de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019, fs. 137-161, de antecedentes, c. I). 

.8. El 16 de junio de 2017, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada por parte de la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 171770000273, de 1 de marzo de 2017, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0297/2017, en la que se estableció que al haberse evidenciado que la Administración Tributaria en la Vista de Cargo no fundamentó los motivos por los cuales apartó de su análisis las minutas de transferencia que contenían un importe inferior al de la póliza de importación, siendo que fueron remitidas por la misma Administración Tributaria y se tratarían del mismo tipo documento, incumpliendo con los requisitos que deben contener la Vista de Cargo, y la Resolución Determinativa previstos en los arts. 96 parágrafo I y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), aspecto que limitó al sujeto pasivo hacer uso del derecho a la defensa; por lo que se resolvió ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 29-0001208-16, de 21 de noviembre de 2016 inclusive, debiendo Administración Tributaria, emitir un nuevo acto administrativo fundamentando y motivando su determinación conforme prevé el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) 

6 de 48

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

(dato extraído de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0363/2019, fs.137-161, de antecedentes, c. I). 

.9. El 05 de septiembre de 2017, como resultado de la interposición del Recurso Jerárquico de ambas partes, impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0297/2017, de 16 de junio de 2017, la Autoridad 

General de Impugnación tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1143/2017, en la que estableció que la Administración Tributaria no 

sustentó técnica ni legalmente los importes que consideró como base 

imponible y no explicó qué medio o técnica aplicó para establecer los ingresos 

no declarados, por lo que la Vista de Cargo 29-0001208-16 y la Resolución 

Determinativa 171770000273, no cumplían con los requisitos establecidos 

en los arts. 96-1 y 99-11 de la Ley 2492 (CTB); por lo que resolvió confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0297/2017, de 16 de junio 

de 2017; consecuentemente, se anuló obrados hasta la Vista de Cargo 29- 

0001208-16, de 21 de noviembre de 2016 inclusive, debiendo Administración 

Tributaria, emitir un nuevo acto administrativo fundamentando y motivando su 

determinación conforme prevén los arts. 43, 96-1 de la Ley 2492 (CTB) y 18 

del DS 27310 (RCTB), así como la RND 10-0017-13. (fs. 17-33 vta., de 

antecedentes, el.). 

1.10. El 03 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Vista de Cargo 291870001597, de 28 de 

septiembre de 2018, en la cual estableció que sus acciones para la gestión 

2008, no prescribían a los cuatro años como erróneamente refería la 

recurrente; de igual forma señaló que debido a que la recurrente no presentó 

la documentación solicitada, la determinación se efectuó en base a la 

documentación proporcionada por los Agentes de Información (AN) y la 

información del SIRAT, evidenciándose que la recurrente realizó la 

importación de 102 vehículos en la gestión 2008, según pólizas de 

importación; asimismo, en el Acta de Acciones y Omisiones, la recurrente 

comunicó que todos los vehículos habrían sido vendidos, ventas que no 

fueron declaradas, por lo que correspondía determinar la existencia de 

ventas no declaradas utilizando el método de determinación sobre base 

presunta; para lo cual solicitó documentación a contribuyentes que 

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desarrollan similar actividad económica que permita realizar un análisis comparativo con la recurrente pero si bien estos contribuyentes tienen las mismas características según el padrón, no cumplen con lo establecido en el inc. c) del art. 8 de la RND 10-0017-13, por lo que se tomó en cuenta el precio de costo según pólizas de importación, determinándose un reparo total de 1.333.070.-UFV’s, equivalente a Bs3.043.795 por el IVA e IT; y calificando la conducta como omisión de pago otorgó 30 días para la presentación de descargos (fs. 34-69 y 70 de antecedentes, c. I). 

.11. El 14 de enero de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Determinativa 171870004230, de 31 de diciembre de 2018, mediante la cual resolvió: Primero: Determinar de oficio la deuda tributaria de Paola Ribera de Ciancaglini, por un monto total de 861.812 UFV’s equivalente a Bs1.974.209.- (Un millón novecientos setenta y cuatro mil doscientos nueve 00/100 bolivianos), que incluyen Tributo Omitido Actualizado más Intereses, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA-Débito Fiscal) e Impuesto a las Transacciones (IT), resultantes de la Orden de Verificación N° 0012OVE01825, por lo que se establecieron Ingresos no Declarados en los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, Segundo: Sancionar a la contribuyente, calificando su conducta como contravención tributaria de Omisión de Pago, con una multa igual al 100% sobre el Tributo Omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda, cuyo importe asciende a 487.239 UFV’s, Tercero: Sancionar a la contribuyente, con una multa de 1.500 UFV’s emergente del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 156703 por incurrir en la contravención tributaria de “No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación”, sanción establecida en el sub. num. 4.1 del num. 4 del Anexo I de la RND 10-0033-16, Cuarto: Establecer el total del adeudo tributario emergente de la Orden de Verificación 0012OVE01825, por el monto de 1.350.551.-UFV’s equivalente a Bs3.093.793.- (Tres millones noventa y tres mil setecientos noventa y tres 00/100 bolivianos), que incluyen deuda tributaria, sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de 18 de 48

AlÍT\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Deberes Formales, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado 

por el art.2 parágrafo I de la Ley 812 y arts. 165 y 169 de la citada Ley 2492 

(CTB) (fs. 71-122 y 123 de antecedentes, c. I). 

.12. El 25 de abril de 2019, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada, por parte de la recurrente impugnando la Resolución Determinativa N° 

171870004230, de 31 de diciembre de 2018, se emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0123/2019, que resolvió revocar 

totalmente la Resolución impugnada, declarando prescritas las facultades de 

la Administración Tributaria para determinar las obligaciones impositivas de 

los periodos enero a diciembre de 2008 (dato extraído de la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 (fs. 137-161 vta. de 

antecedentes, el.) 

1.13. El 15 de julio de 2019, como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico, por parte de la Administración Tributaria impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0123/2019, se emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0783/2019, la cual señaló que 

según el análisis de la prescripción plasmado en la Resolución Determinativa, 

se evidenció que la contribuyente realizó actividades en el agestión 2008, sin 

encontrarse inscrita en el Padrón de Contribuyentes, por lo que se consideró 

el término de prescripción a 10 años; sin embargo, “este aspecto que también 

fue expuesto ante la ARIT en la contestación al Recurso de Alzada”, no fue 

considerado por la instancia de Alzada, por lo que resolvió anular la 

Resolución de Alzada, debiendo emitirse una nueva Resolución considerando 

todos los antecedentes del proceso (fs. 125-136 de antecedentes, c. I). 

1.14. EL 20 de septiembre de 2019, en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0783/2019 de 15 de julio de 2019, la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019, en la cual resolvió anular obrados hasta el 

vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo 291870001597, de 28 

de septiembre de 2018 inclusive, a fin de que la Administración Tributaria 

fundamente y emita una nueva Vista de Cargo de acuerdo a los requisitos 

establecidos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), 

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Justiciatributaria para vivirbien 

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así como en los incs. f) g) y h) del art. 6 de la RND 10-0032-16 (fs. 137vta. y 161 de antecedentes, c. I). 

111.15. El 16 de octubre de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió Auto de Declaratoria de Firmeza en el cual estableció que habiendo transcurrido el plazo dispuesto por el art. 144 de la Ley 2492 (CTB), sin que ninguna de las partes haya recurrido Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 de 20 de septiembre de 2019, la misma se declara firme, (fs. 162 de antecedentes, c. I). 

111.16. El 19 de noviembre de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, mediante nota ARITSCZ-SCR-DEV-0173-2019 de 15 de noviembre de 2019, efectuó la devolución de antecedentes administrativos a la Administración Tributaria, a objeto de que se cumplimiento a lo resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 de 20 de septiembre de 2019 (fs. 163 de antecedentes, c. I). 

111.17. El 08 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a la recurrente con la Vista de Cargo 291970002431 de 31 de diciembre de 2019, en la cual estableció que como resultado de la verificación efectuada, de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos observados, la recurrente, realizó la venta de vehículos, ingresos que no fueron facturados ni declarados ante el Servicio de Impuestos Nacionales en los periodos fiscalizados conforme a Ley, determinándose reparos al favor del fisco por los siguientes conceptos: Impuesto al Valor Agregado (IVA), e Impuesto a las Transacciones (IT), por lo que se procedió a calcular la Deuda Tributaria según establece en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812 estableciéndose reparos en favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA- DF) e Impuestos a las Transacciones (IT) en los periodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, por el monto que asciende a 1.112.317 UFV’s, equivalente a Bs2.593.782,00.- (Dos millones quinientos noventa y tres mil setecientos ochenta y dos 00/100 Bolivianos) por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 20 de 48

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Transacciones, importe que incluye el Tributo Omitido, Mantenimiento de 

Valor, Intereses, Multa Sancionatoria de acuerdo a lo estipulado en el art. 169 

de la Ley 2492 y de conformidad a lo establecido en el caso 3 del art. 3 de la 

R.N.D. 10.005.13, y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales de 

acuerdo a lo estipulado en el art. 169 de la Ley 2492, el cálculo de la deuda se 

ha realizado a fecha de emisión del presente documento, misma que deberá 

ser reliquidada a la fecha de pago, conforme lo establece el art. 47 de la Ley 

2492, modificada por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812 (fs. 164-200 de 

antecedentes, c. I, 201-217 y 218 de antecedentes, c. II). 

111.18. El 28 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Determinativa 172070000610 

de 24 de agosto de 2020, en la cual resolvió Primero.- Determinar de oficio, la 

obligación impositiva de Paola Ribera de Ciancaglini, por un monto total de 

769.773.- UFV’s, equivalente a Bs1.812.213.- (Un millón ochocientos doce mil 

doscientos trece 00/100 Bolivianos), que incluyen Tributo Omitido, Intereses, 

que corresponden al Impuesto al Valor Agregado (Debito Fiscal – IVA)

Impuesto a las Transacciones (IT), resultante de la Orden de Verificación N° 

O012OVEO1825, por lo que se establecieron ingresos no declarados en los 

periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, deuda tributaria que fue 

calculada desde la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de 

emisión de la Resolución Determinativa, conforme lo dispuesto en el art. 47 de 

la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 

2016; Segundo.- Sancionar a Paola Ribera de Ciancaglini, calificando su 

conducta como contravención tributaria de Omisión de Pago con una multa 

igual al 100%, sobre el Tributo Omitido expresado en Unidades de Fomento 

de la Vivienda, cuyo importe asciende a 380.947.- UFV’s equivalente

Bs896.835.- (Ochocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y cinco 

00/100 Bolivianos) a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, de 

acuerdo a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (…); Tercero.- 

Sancionar a Paola Ribera de Ciancaglini, con una multa de 1.500.- UFV’s) 

para persona natural, equivalente a Bs3.531.- (Tres mil quinientos treinta y 

uno 00/100 Bolivianos) a la fecha de emisión de Resolución Determinativa, 

emergente del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan rnit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Certificado 771/14 

Procedimiento de Determinación 156703 por incurrir en la contravención tributaria “A/o entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación” solicitada mediante Orden de Verificación N° 0012OVE01825 y el requerimiento Form. 4003 127416, hecho que contraviene lo establecido en los numerales 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción se encuentra establecida en el sub numeral 4.1 numeral 4 Anexo I de la Resolución Normativa de Directorio 10-0033-16; Cuarto.- Establecer el TOTAL DEL ADEUDO TRIBUTARIO de Paola Ribera de Ciancaglini, emergente de la Orden de Verificación N° 0012OVE01825 por el monto de 1.152.220.- UFV’s equivalente a Bs2.712.579.- (Dos millones setecientos doce mil quinientos setenta y nueve 00/100 Bolivianos), que incluyen Deuda Tributaria, Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el parágrafo I del art. 2, de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, art. 165 y 169 de la citada Ley 2492 (CTB) (…) (fs. 219-283 y 284 de antecedentes, c. II). 

  1. FUNDAMENTARON TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones, 2. Ilegal determinación de la Base Imponible; observaciones que serán analizadas conforme a lo siguiente; 

IV.1. Cuestión Previa. 

De la lectura del Recurso de Alzada presentado por la recurrente, se advierte que si bien se denunciaron vicios de nulidad en el acto impugnado emitido por la Administración Tributaria; empero, de igual manera invocó prescripción, por lo que, precautelando la seguridad jurídica y en aplicación del Principio de Economía Procesal, esta instancia recursiva verificará primero la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada y solo en caso de no ser evidente la misma, se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados. 

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Ain. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

IV.2. Respecto a la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria. 

La recurrente señaló que conforme lo dispuesto en el art. 5 del D.S. 27310 (RCTB), el administrado tiene el derecho de presentar la petición de prescripción en cualquier momento, por lo que al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), solicitó la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos febrero a diciembre de 2008, toda vez que el referido ente fiscal realizó una determinación tributaria al margen de las normas y fuera del término previsto en la Ley para ejercer sus facultades de determinar tributos e imponer sanciones administrativas por los impuestos y periodos antes referidos, insistiendo en la emisión de un acto determinativo que solo generaría responsabilidad funcionaría para los servidores públicos, por el uso de bienes y servicios del Estado, para la determinación de deudas de hace más de 11 años, que se encuentran prescritas. 

En este entendido argüyó que, al tratar el presente caso sobre la determinación de supuestos cargos por el IVA e IT de los periodos febrero a diciembre de 2008, de acuerdo con el principio de irretroactividad instituido por el art. 123 de la Constitución Política del Estado, se debe aplicar el art. 59, parágrafo I, de la Ley 2492 (CTB), sin considerar las modificaciones incorporadas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y Ley 812 de 30 de junio de 2016, conforme lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, misma que dispuso la aplicación de la norma vigente al momento del inicio del cómputo de prescripción, debiendo aplicarse al presente caso la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones. 

En dicho entendido manifestó que, el texto original del art.59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, por lo que, considerando los antecedentes administrativos y la norma jurídica aplicable, el cómputo de prescripción seria de la siguiente manera: 

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Justicia tributaria paravivir bien 

Jan/mit’ayirjach’a kamani(Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Cerífica iVVTY/ÍV 

PERIODOS O GESTIONES FISCALIZADAS 

IVA E IT DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2008 

CAUSALES DE 

INICIO DEL CÓMPUTO INTERRUPCIÓN 0 SUSPENSIÓN 

1 DE ENERO DE 2009 NINGUNA 

CONCLUSIÓN DEL TERMINO DE PRESCRIPCIÓN 

31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Asimismo, aludió que, aun considerando la ampliación del plazo de la prescripción a siete (7) años, según el art. 59, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), (texto original), se tiene que el término venció el 31 de diciembre de 2015 y citó como respaldo de sus alegaciones la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0106/2020 de 13 de enero de 2020. 

Seguidamente, y respecto al supuesto reconocimiento de deuda que aduce la Administración Tributaria transcribió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0123/2019 de 25 de abril de 2019 (pág. 33); de igual manera refirió que, la Administración Tributaria desarrolló un proceso de verificación y no así un proceso de fiscalización, por lo que no concurriría la causal de suspensión prevista en el parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), asimismo respecto al Recurso de Alzada como causal de suspensión, expuso que el mismo fue efectuado el 22 de marzo de 2017, es decir, con posterioridad a haberse operado la prescripción, debiéndose considerar que en dicha instancia recursiva, la Autoridad General de impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2017 de 16 de junio de 201.7, que anuló obrados hasta la Vista de Cargo 29-0001208-16, de 21 de noviembre de 2016, inclusive. En ese contexto, cuando en instancia recursiva se anulan obrados, como ocurrió en el presente caso, la referida impugnación no suspendió el curso de la prescripción, citó como respaldo de su alegación la Sentencia Constitucional Plurinacional 0856/2017-S2 de 21 de agosto de 2017. 

Concluyó que al no existir causales de interrupción ni de suspensión, la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por el IVA e IT de los periodos febrero a diciembre de 2008, al vencimiento del día 31 de diciembre de 2012 (o del día 31 de diciembre de 2015, considerando el plazo de siete (7) años), ésta ha prescrito, por lo que en aplicación de la norma legal tributaria aplicable, corresponde se declare la prescripción respectiva. 

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AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En contraparte la Administración Tributaria, manifestó que para el presente caso, se debe considerar las modificaciones a la Ley 2492 (CTB), ya que el proceso de determinación según orden de verificación 0012OVE01825, correspondiente a la verificación específica del Impuesto al Valor Agregado (Debito Fiscal-IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2008, ya que de la revisión a los antecedentes se tiene que la recurrente, se empadronó en los registros del Servicio de Impuestos Nacionales recién en fecha 17 de Enero de 2014, según se evidencia la consulta al Padrón emitido por el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria “SIRAT”, y además se tiene la nota presentada porla recurrente el 20 de octubre de 2016 (NUIT-26474), donde la recurrente habría señalado que se empadronó en la gestión 2014, por lo que resulta aplicable el parágrafo II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, con relación a la aplicación de dos (2) años adicionales al cómputo de prescripción, toda vez que la recurrente, admitió haberse inscrito en el padrón de contribuyentes recién en la gestión 2014, y la Administración Tributaria demostró que existieron actividad económicas que generaron tributos en la gestión 2008, por lo que corresponde la aplicación de diez (10) años para el cómputo de prescripción, y transcribió el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 812 y citó las Resoluciones de Recurso Jerárquicos AGIT-RJ-0001/2015 de 05 de enero de 2015 y AGIT-RJ-1542/2015 de 05 de diciembre de 2016. 

Asimismo, señaló que, cualquiera que fuere la acción intentada por la Administración Tributaria, sea de control de verificación o fiscalización, en apoyo a la potestad recaudadora reconocida por el art. 21 de la Ley 2492 (CTB), la notificación con la Orden de Verificación N° 0012OVE01825, suspendió el computo de prescripción, debiéndose aplicar la extensión por seis (6) meses, conforme lo dispuesto en el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), y citó las Sentencias 183/2017 y 24- 1 de 23 y 27 de marzo de 2017, (respectivamente), 401/2013 de 19 de septiembre de 2013, 522/2015 de 07 de diciembre de 2015 y 004/2019 de 14 de febrero de 2019. 

De igual manera, argumentó que, debe considerarse que el 15 de noviembre de 2016 mediante Hoja de Ruta 29050/2016 la recurrente por medio de su apoderado Alberto Antezana Pinaya (Poder 3792/2016) presentó carta por la que solicitó acogerse a facilidades de pago, previa reliquidación de lo adeudado, aspecto que conforme lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), interrumpe el cómputo de prescripción, 25 de 48 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan rriit’ayirjach’a kamani (Aymara) 

Marta tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mbjjruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Certificado 771/14 

por lo que debe volver a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción, ya que la anulación determinada por la Autoridad de Impugnación Tributaria, se dio únicamente a los actos administrativos emitidos y no así a los descargos, solicitudes y reconocimientos de la recurrente, por lo que el cómputo se reinició a partir del 01 de diciembre de 2016, empero al haberse emitido el 31 de diciembre de 2018 la Resolución Determinativa 171870004230 y notificado el mismo el 14 de enero de 2019 nuevamente se habría interrumpido el cómputo de prescripción antes que ésta opere, habiendo sido impugnada nuevamente y luego de anular nuevamente los actos administrativos de la administración tributaria, se tiene que en fecha 19 de noviembre de 2019, se devolvieron los antecedentes a la AT, emitiendo y notificando la Resolución Determinativa 172070000610 el 28 de agosto de 2020 dentro del término para determinar la deuda tributaria; señalando de igual manera que si bien la Administración Tributaria retrotrajo el procedimiento y anuló la Vista de Cargo N° 29- 0001009-16, ésta fue anulada específicamente al cálculo sobre una base imponible, toda vez que no correspondía a efectos de que se determine la deuda tributaria, sin embargo las Vistas de Cargo N° 29-0001009-16 y 291970002431 no fueron modificadas con relación a los periodos fiscales adeudados, no afectando la solicitud de la recurrente, siendo que realizó un reconocimiento expreso de la deuda que adquirió y sobre todo hace un reconocimiento tácito de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2008 los cuales son base para determinar la deuda, motivo por el cual al manifestar su entera voluntad de acogerse a una facilidad de pago, a efectos de pagar la deuda tributaria y someterse a los beneficios que trae consigo el art. 157 de la Ley 812, adecuó su conducta a lo establecido en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) y solicitó se valore la prueba ofrecida con relación a la NUIT 29050/2016, carta presentada por el apoderado de la recurrente, reconociendo su deuda bajo los argumentos anteriormente mencionados, (se deja constancia que contrario a lo referido por la Administración Tributaria la prueba referida no fue presentada ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria). 

En este sentido alegó que, la Administración Tributaria conforme lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, contaba con el plazo de 10 años para determinar la deuda tributaria, señalando que el cómputo para los periodos de enero a noviembre de 2008, inicia el 01 de enero de 2009, concluiría el 31 de diciembre de 2019, debiéndose aplicar a dicho plazo suspensión establecida en el 26 de 48

MTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

art. 62 de la Ley 2492, por lo que al haber sido notificada la Orden de verificación 0012OVE01825 el fecha 16 de octubre de 2016, el cómputo se extendió hasta 31 de junio de 2019, no obstante considerando que la recurrente interpuso Recurso de Alzada con el cual la Administración Tributaria habría sido notificada el 22 de marzo de 2017, se configuro la suspensión del plazo para la prescripción, hasta la devolución formal del expediente, mismo que se efectuó el 21 de enero de 2018, habiéndose suspendido por 305 días el cómputo para prescripción, determinando la deuda el 31 de diciembre de 2018 y notificando con la misma el 14 de enero del 2019, debiéndose considerar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 de 20 de septiembre de 2019 y la devolución de antecedentes administrativos originales el 19 de noviembre de 2019, habiéndose emitido y notificando la Resolución Determinativa 172070000610 el 28 de agosto de 2020, por lo que señaló que no prescribió su facultad de determinar la deuda siendo que no existió inacción por parte de la misma, al contrario, lo manifestado refleja que se realizaron actos destinados a la determinación de la deuda tributaria como es la orden de verificación, no existiendo, por lo tanto, presupuestos que den lugar a la prescripción, y adjuntó los siguientes cuadros: 

^tóÉWSlili^Kl p • y^j 

IVA ENERO

NOVIEMBRE 2008 2009 NOTIFICADA 

20/09/12 17/01/2014 01/01/2009 AL 

30/06/2019 15/11/2016 

IT DICIEMBRE 

20/09/12 17/01/2014 01/01/2010 AL 

2008 2010 NOTIFICADA 

30/06/2020 15/11/2016 

tÍI§ÍÉÍiÍf;i DETERMINATIVA 

siwsü 

wmmmwm 

RECURSO 

smmimwdimmi 

NOTIFICADA 06/03/17 

NOTIFICADA 006/03/17 

22/03/2017 22/03/2017 

21/01/2018 21/01/2018 

NOTIFICADA 14/01/2019 NOTIFICADA 14/01/2019 

NOTIFICADA 28/01/19 

28/01/2019 

19/11/2019 28/08/2020 19/11/2019 28/08/2020 

Por otro lado expuso que la Sentencia Constitucional N° 0850/2017-S2 citada por la recurrente, refiere a que en casos de nulidad de obrados no puede considerarse la Resolución Determinativa anulada, como causal de interrupción, y por lo que de 

fJJ ninguna manera desconoce que conforme a normativa el curso de la prescripción se interrumpe por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales hasta la formal devolución del expediente a la Administración Tributaria y citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0274/2018 de 06 de febrero de 2018. 

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Justiciatributaria para vivir bien 

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Así expuestos los argumentos de las partes, y a objeto de dilucidar la presente controversia corresponde previamente hacer mención a lo descrito por la doctrina respecto a la prescripción, la cual estableció: “Que la Prescripción es la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un 

hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señaló que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite 111.3 de la SCP 0012/2019-S2, estableció que: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: “…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles ierárguicos). así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)” (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de 28 de 48

AITÜL 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de 

justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”, (resaltado propio). 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende gue la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción gue empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (resaltado propio). 

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Justicia tributaria para vivir bien 

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En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o ratio decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima Autoridad Administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0106/2020 de 13 de enero, 422/2020 de 04 de febrero, 642/2020 de 10 de marzo, 762/2020 de 13 de julio, todas de la gestión 2020, y otras. 

Por consiguiente, el art. 123 de la CPE establece que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución, en este mismo entendido .las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, que asimismo el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ¡lícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

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Alti 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

Que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), de 02 de agosto de 2003, sin modificaciones establece lo siguiente: Artículo 59 (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: t. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda tributaria, 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria; II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda; III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.”, asimismo el dispone: “Artículo 60 (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, e[ término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aguel en gue se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.” (resaltado propio). 

A su vez el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y que interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; por su parte el art. 62 del mismo cuerpo legal, señala que el curso de la prescripción se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses, y II) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por /A& 

parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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De igual manera el art. 148 de la Ley 2492, establece que se constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas por Ley, demás disposiciones normativas tributarias, que asimismo estos se clasifican en contravenciones y delitos, a continuación el parágrafo I del art. 154 del mismo cuerpo legal, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo, seguidamente el art. 160 de la citada normativa tributaria, establece que son contravenciones tributarias, la omisión de inscripción en los registros tributarios, la omisión de pago, el incumplimiento de otros deberes formales, entre otros, asimismo el art. 161 del mismo cuerpo legal, establece que cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con Multa, etc., y el art. 163 de la referida Ley 2492 (CTB), establece que el que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el término de prescripción. 

En este entendido y a objeto de dilucidar la presente controversia, corresponde, hacer mención a los antecedentes del presente proceso, mismos que en su mayoría fueron extraídos de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 (fs. 137-161 vta. de antecedentes, el), Resolución que cursa en antecedentes y 

también se encuentra en registros de ésta instancia recursiva y de los cuales se tiene que el 17 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación 0012OVE01825, de 14 de octubre de 2016, cuyo alcance comprendía la verificación de los hechos y elementos relacionados con el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008; asimismo, se notificó el Requerimiento 00127416 de 14 de octubre de 2016, en el que requirió la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del IVA (Form 200), b) Declaraciones Juradas del IT (Form 400), c) Libros 

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Autoridad de 

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de Ventas IVA yen medio magnético si corresponde, d) Notas fiscales de respaldo al Débito fiscal IVA, e) Extractos bancarios, f) Comprobante de los ingresos y egresos con respaldo, g) Formulario de habilitación de notas fiscales Form. 1500, h) Estados financieros gestión 2008, i) Dictamen y EEFF de Auditoría gestión 2008, j) Libro de contabilidad (Diario, mayor- medio magnético), k) Kárdex, I) Inventarios II) Formulario 170 (Registro de Importadores), y documentación soporte presentada a la Aduana Nacional, control y manejo de la mercancía importada, detalle del uso y destino de la mercancía importada, cualquier otra documentación solicitada por el fiscalizador durante el proceso de fiscalización. 

Que, asimismo el 26 de octubre de 2016, la Administración Tributaria emitió el “Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación” 00156703, por el incumplimiento al deber formal de no entregar documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, controla, e investigación en los plazos, 

formas y lugares establecidos, contraviniendo los nums. 4, 6 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo la multa de 1.500.- UFV’s, según la RND 10.0032.15. 

Seguidamente el 31 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 29-0001009-16, que como resultado de la verificación efectuada, de los hechos correspondientes al IVA y el IT de los periodos enero a diciembre de la gestión 2008, la recurrente realizó actividades de importación, generando ingresos que no fueron facturados ni declarados conforme a Ley, por lo que se procedió a calcular la deuda tributaria sobre base cierta, por la venta de vehículos con base al valor consignado en Minutas de Transferencia, según información obtenida de la Aduana Nacional de los periodos junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, deuda que ascendía a 91.952.-UFV’s; del mismo modo se realizó la determinación sobre base presunta por las ventas de vehículos calculados al costo total de importación, en los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, haciendo un importe de 102.663.- UFV’s; por lo tanto, se determinó un reparo total de 194.615.-UFV’s otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos. 

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De la misma manera el 15 de noviembre de 2016, la recurrente por medio de su apoderado habría presentado nota solicitando la reliquidación de adeudo tributario establecido en Vista de Cargo 29-0001009-16 de 27 de octubre de 2016, solicitando además que posterior a la reliquidación pueda acogerse a un plan de facilidades de pago. 

Consiguientemente el 18 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria habría notificado mediante cédula a la recurrente con el Auto 25-0000462-16 de 16 de noviembre de 2016, con el cual resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la emisión del Informe Final con CITE: SIN/GDSCZ l/DFA/E/INF/08451/2016 y la Vista de Cargo 29-0001009-16, debiendo emitirse un nuevo Informe de Actuaciones y Vista de Cargo contra la recurrente. 

En tal sentido el 30 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la recurrente, con la Vista de Cargo 29-0001208-16, de 21 de noviembre de 2016, en la cual señaló que como resultado de la verificación efectuada, de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, realizó actividades de importación, ingresos que no fueron facturados ni declarados ante el SIN en los periodos verificados, conforme a Ley. En base a la documentación presentada y la información obtenida del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria, se procedió a calcular la deuda tributaría sobre base cierta, la venta de vehículos motorizados con base al valor consignado en minutas de transferencias, según información obtenida por la Aduana Nacional por los periodos de junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), procediendo a calcular la deuda tributaria, ascendiendo a un importe de 299.195.-UFV s, equivalente a Bs647.482.-; asimismo, procedió a realizar la determinación de la base imponible, sobre base presunta, conforme a lo establecido en el parágrafo II del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose reparos en favor del fisco por concepto del IVA-DF e IT, por la venta de vehículos calculados al costo total de importación en los periodos de febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, procediéndose a calcular la deuda tributaria conforme lo establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), ascendiendo a un importe de 704.608.-UFV’s, equivalentes a Bs1.524.822.-; por lo 34 de 48

AIT.7v 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

que se determinó un reparo total de 1.003.803.-UFV’s, equivalentes a Bs2.172.304.- por el IVA e IT, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa sancionatoria y multa por incumplimiento a los deberes formales, seguidamente le otorgó el plazo de treinta (30) días calendario para formular y presentar los descargos que estime conveniente. 

Por lo que el 06 de marzo de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171770000273, de 01 de marzo de 2017, consignando en el resuelve cuarto el total de la obligación impositiva de Paola Ribera de Ciancaglini, emergente de la Orden de Verificación Externa N° 0012OVE01825, por un monto de 1.010.219.-UFV’s, equivalentes a Bs2.208.817.- (Dos millones doscientos ocho mil ochocientos diecisiete 00/100 Bolivianos), que incluyen la deuda tributaria (tributo omitidos actualizado), la sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento de deberes formales, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificada por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, arts. 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB). 

Que el 16 de junio de 2017, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada por parte de la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 171770000273, de 01 de marzo de 2017, se emitióla Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0297/2017, en la que se estableció que al haberse evidenciado que la Administración Tributaria en la Vista de Cargo no fundamentó los motivos por los cuales apartó de su análisis las minutas de transferencia que contenían un importe inferior al de la póliza de importación, siendo que fueron remitidas por la misma Administración Tributaria y se tratarían del mismo tipo documento, incumpliendo con los requisitos que deben contener la Vista de Cargo, y la Resolución Determinativa previstos en los arts. 96 parágrafo I y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), aspecto que limitó al sujeto pasivo hacer uso del derecho a la defensa; por lo que se resolvió ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 29-0001208-16, de 21 de noviembre de 2016 inclusive, debiendo Administración Tributaria, emitir un nuevo acto administrativo fundamentando y motivando su determinación conforme prevé el art. 43 de la Ley 2492 (CTB). 

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De la compulsa de antecedentes se observó que el 05 de septiembre de 2017, como resultado de la interposición del Recurso Jerárquico de ambas partes, impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0297/2017, de 16 de junio de 2017, la Autoridad General de Impugnación tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2017, en la que estableció que la Administración Tributaria no sustentó técnica ni legalmente los importes que consideró como base imponible y no explicó qué medio o técnica aplicó para establecer los ingresos no declarados, por lo que la Vista de Cargo 29-0001208-16 y la Resolución Determinativa N° 171770000273, no cumplían con los requisitos establecidos en los arts. 96 parágrafo I y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); por lo que resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0297/2017, de 16 de junio de 2017; consecuentemente, se anuló obrados hasta la Vista de Cargo 29-0001208-16, de 21 de noviembre de 2016 inclusive, debiendo Administración Tributaria, emitir un nuevo acto administrativo fundamentando y motivando su determinación conforme prevén los arts. 43, 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), así como la RND 10-0017-13. 

Continuando con la compulsa se verificó que el 03 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291870001597, de 28 de septiembre de 2018, en la cual estableció que sus acciones para la gestión 2008, no prescribían a los cuatro años como erróneamente refería la recurrente; de igual forma señaló que debido a que la recurrente no presentó la documentación solicitada, la determinación se efectuó en base a la documentación proporcionada por los Agentes de Información (AN) y la información del SIRAT, evidenciándose que la recurrente realizó la importación de 102 vehículos en la gestión 2008, según pólizas de importación; asimismo, en el Acta de Acciones y Omisiones, la recurrente comunicó que todos los vehículos habrían sido vendidos, ventas que no fueron declaradas, por lo que correspondía determinar la existencia de ventas no declaradas utilizando el método de determinación sobre base presunta; para lo cual solicitó documentación a contribuyentes que desarrollan similar actividad económica que permita realizar un análisis comparativo con la recurrente pero si bien estos contribuyentes tienen las mismas características según el padrón, no cumplen con lo establecido en el inc. c) del art. 8 de la RND 10-0017-13, por lo que se tomó en cuenta el precio de costo según pólizas de importación, determinándose un reparo total de 1.333.070.- 36d&48

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

UFV’s, equivalente a Bs3.043.795 por el IVA e IT; y calificando la conducta como omisión de pago otorgó 30 días para la presentación de descargos. 

De la misma compulsa se advirtió que el 14 de enero de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Determinativa 171870004230, de 31 de diciembre de 2018, mediante la cual resolvió: Primero: Determinar de oficio la deuda tributaria de Paola Ribera de Ciancaglini, por un monto total de 861.812 UFV’s equivalente a Bs1.974.209.- (Un millón novecientos setenta y cuatro mil doscientos nueve 00/100 bolivianos), que incluyen Tributo Omitido Actualizado más Intereses, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA Débito Fiscal) e Impuesto a las Transacciones (IT), resultantes de la Orden de Verificación N° 0012OVE01825, por lo que se establecieron Ingresos no Declarados en los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, Segundo: Sancionar a la contribuyente, calificando su conducta como contravención tributaria de Omisión de Pago, con una multa igual al 100% sobre el Tributo Omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda, cuyo importe asciende a 487.239 UFV’s, Tercero: Sancionar a la contribuyente, con una multa de 1.500 UFV’s emergente del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 156703 por incurrir en la contravención tributaria de “No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación”, sanción establecida en el sub. num. 4.1 del num. 4 del Anexo I de la RND 10-0033-16, Cuarto: Establecer el total del adeudo tributario emergente de la Orden de Verificación 0012OVE01825, por el monto de 1.350.551.-UFV’s equivalente a Bs3.093.793.- (Tres millones noventa y tres mil setecientos noventa y tres 00/100 bolivianos), que incluyen deuda tributaria, sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art.2 parágrafo I de la Ley 812 y arts. 165 y 169 de la citada Ley 2492. (CTB). 

Asimismo se extrajo de los antecedentes descritos en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 (fs.137-161 de antecedentes, c. I), que el 25 de abril de 2019, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada, por parte de la recurrente impugnando la Resolución Determinativa N° 171870004230, de 31 de 37 de 48 

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diciembre de 2018, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0123/2019, que resolvió revocar totalmente la Resolución impugnada, declarando prescritas las facultades de la Administración Tributaria para determinar las obligaciones impositivas de los periodos enero a diciembre de 2008. 

A continuación de la revisión a los antecedentes se observó que el 15 de julio de 2019, como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico, por parte de la Administración Tributaria impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0123/2019, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0783/2019, la cual señaló que según el análisis de la prescripción plasmado en la Resolución Determinativa, se evidenció que la contribuyente realizó actividades en el agestión 2008, sin encontrarse inscrita en el Padrón de Contribuyentes, por lo que se consideró el término de prescripción a 10 años; sin embargo, “este aspecto que también fue expuesto ante la ARIT en la contestación al Recurso de Alzada”, no fue considerado por la instancia de Alzada, por lo que resolvió anular la Resolución de Alzada, debiendo emitirse una nueva Resolución considerando todos los antecedentes del proceso. 

Por consiguiente el 20 de septiembre de 2019, en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0783/2019 de 15 de julio de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019, en la cual resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo 291870001597, de 28 de septiembre de 2018 inclusive, a fin de que la Administración Tributaria fundamente y emita una nueva Vista de Cargo de acuerdo a los requisitos establecidos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), así como en los incs. f) g) y h) del art. 6 déla RND 10-0032-16. 

Seguidamente se evidenció que el 16 de octubre de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió Auto de Declaratoria de Firmeza en el cual estableció que habiendo transcurrido el plazo dispuesto por el art. 144de la Ley 2492 (CTB), sin que ninguna de las partes haya recurrido Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 de 20 de septiembre de 2019, la misma se declara firme; por lo que el 19 de noviembre de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, mediante nota ARITSCZ-SCR-DEV-0173-2019 de 15 de 38 de 48

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

noviembre de 2019, efectuó la devolución de antecedentes administrativos a la Administración Tributaria, a objeto de que se dé cumplimiento a lo resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 de 20 de septiembre de 2019. 

A continuación se advirtió que el 08 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a la recurrente con la Vista de Cargo 291970002431 de 31 de diciembre de 2019, en la cual estableció que como resultado de la verificación efectuada, de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos observados, la recurrente, realizó la venta de vehículos, ingresos que no fueron facturados ni declarados ante el Servicio de Impuestos Nacionales en los periodos fiscalizados conforme a Ley, determinándose reparos al favor del fisco por los siguientes conceptos: Impuesto al Valor Agregado (IVA), e Impuesto a las Transacciones (IT), por lo que se procedió a calcular la Deuda Tributaria según establece en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812 estableciéndose reparos en favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-DF) e Impuestos a las Transacciones (IT) en los periodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, por el monto que asciende a 1.112.317.-UFV’s, equivalente a Bs2.593.782,00 (Dos millones quinientos noventa y tres mil setecientos ochenta y dos 00/100 Bolivianos) por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, importe que incluye el Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses, Multa Sancionatoria de acuerdo a lo estipulado en el art. 169 de la Ley 2492 y de conformidad a lo establecido en el caso 3 del art. 3 de la R.N.D. 10.005.13, y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales de acuerdo a lo estipulado en el art. 169 de la Ley 2492, el cálculo de la deuda se ha realizado a fecha de emisión del presente documento, misma que deberá ser reliquidada a la fecha de pago, conforme lo establece el art. 47 de la Ley 2492, modificada por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812. 

Por consiguiente el 28 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 172070000610 de 24 de agosto de 2020, en la cual resolvió Primero.- Determinar de oficio, la obligación impositiva de Paola Ribera de Ciancaglini, por un monto total de 39 de 48 

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UFV’s769.773, equivalente a Bs1.812.213.- (Un millón ochocientos doce mil doscientos trece 00/100 Bolivianos), que incluyen Tributo Omitido, Intereses, que corresponden al Impuesto al Valor Agregado (Debito Fiscal – IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), resultante de la Orden de Verificación N° O012OVEO1825, por lo que se establecieron ingresos no declarados en los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, deuda tributaria que fue calculada desde la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016; Segundo.- Sancionar a Paola Ribera de Ciancaglini, calificando su conducta como contravención tributaria de Omisión de Pago con una multa igual al 100%, sobre el Tributo Omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo importe asciende a UFV’s380.947.- equivalente a Bs896.835.- (Ochocientos noventa y seis mil ochocientos treinta y cinco 00/100 Bolivianos) a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, de acuerdo a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (…); Tercero.- Sancionar a Paola Ribera de Ciancaglini, con una multa de 1.500.- UFV’s (Un mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) para persona natural, equivalente a Bs3.531.- (Tres mil quinientos treinta y uno 00/100 bolivianos) a la fecha de emisión de Resolución Determinativa, emergente del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 156703 por incurrir en la contravención tributaria “A/o entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación” solicitada mediante Orden de Verificación 0012OVE01825 y el requerimiento Form. 4003 N° 127416, hecho que contraviene lo establecido en los numerales 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción se encuentra establecida en el sub numeral 4.1 numeral 4 Anexo I de la Resolución Normativa de Directorio 10-0033-16; Cuarto.- Establecer el TOTAL DEL ADEUDO TRIBUTARIO de Paola Ribera de Ciancaglini, emergente de la Orden de Verificación 0012OVE01825 por el monto de 1.152.220.- UFV’s equivalente a Bs2.712.579.- (Dos millones setecientos doce mil quinientos setenta y nueve 00/100 Bolivianos), que incluyen Deuda Tributaria, Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el parágrafo I del art. 2, de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, art. 165 y 169de la citada Ley 2492 (CTB) (…). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En este entendido y a objeto de atender la solicitud de prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria, requerida por la recurrente, corresponde previamente establecer que el presente proceso radica en la verificación específica del Impuesto al Valor Agregado (Debito Fiscal IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, mismos que fueron sujetos a determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones administrativas, con la notificación efectuada mediante cédula a la recurrente el 17 de octubre de 2016, con la Orden de Verificación N° 0012OVE01825 de 14 de octubre de 2016; en este entendido se tiene que los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), y Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y conforme al lincamiento establecido a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0106/2020 de 13 de enero, 0422/2020 de 04 de febrero, 0642/2020 de 10 de marzo y 0762/2020 de 13 de julio de 2020 todas de la gestión 2020, disponen que a objeto de efectuar la verificación de la prescripción respecto a las facultades de la Administración Tributaria, para determinar tributos e imponer sanciones administrativas, se debe considerar como normativa aplicable, aquella que se encontraba vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, en este sentido, se tiene que al ser el presente caso una verificación específica del Impuesto al Valor Agregado (Debito Fiscal – IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, el inicio del cómputo de prescripción se dio a partir del 01 de enero de la gestión 2009 para los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, y para el periodo de diciembre de 2008 con vencimiento enero del 2009, el cómputo de prescripción inició el 01 de enero de la gestión 2010, por lo que en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 y Resoluciones de Recuso Jerárquicos antes descritos, corresponde la aplicación de la normativa vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, siendo ésta la Ley 2492 (CTB) de 02 de agosto de 2003 sin 

modificaciones. 

En este contexto, y en relación a la solicitud de prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones, invocada por la recurrente respecto a los periodos fiscales de febrero a diciembre de la gestión 2008 (párrafo segundo de fs. 3 41 de 48 

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del Recurso de Alzada y párrafo segundo de fs. 71 del expediente), se tiene que el inicio del cómputo de prescripción respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, el cómputo de prescripción se inició a partir del 01 de enero de la gestión 2009 y para el periodo fiscal de diciembre de 2008 con vencimiento enero del 2009, se inició el 01 de enero de la gestión 2010; en este sentido, la Ley 2492 (CTB) de 02 de agosto de 2003 sin modificaciones vigente, en su art. 59 establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para, controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria así como para imponer sanciones administrativas; asimismo el art. 60 del mismo cuerpo legal dispone que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, en consecuencia, el cómputo de la prescripción para periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, inició el 01 de enero de la gestión 2009 y concluyó en el 31 de diciembre de 2012 y para el periodo fiscal de diciembre de 2008 con vencimiento enero del 2009, el cómputo de prescripción inició el 01 de enero de la gestión 2010 y concluyó el 31 de diciembre de la gestión 2014; no obstante siendo que conforme lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0783/2019 y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/0363/2019 (fs.125-136 y 137vta.-161 de antecedentes, el.). se debe considerar que la Administración Tributaria expuso que la recurrente habría iniciado sus actividades en la gestión 2008, y sin embargo ésta se inscribió recién en la gestión 2014, conforme la misma señala en la nota de 20 de octubre de 2016 (NUIT-26474), por lo que conforme lo dispuesto en el parágrafo II del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, el término de prescripción antes descrito se amplió a siete (7) años, toda vez que el sujeto pasivo o tercero responsable no cumplió con su obligación de inscribirse en los registros pertinentes; en dicho entendido considerando dicha ampliación se tiene que las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria para los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, inició el 01 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, y para el periodo fiscal de diciembre de 2008, con vencimiento de pago enero del 2009, el cómputo de prescripción inicio el 01 de enero de 2010 y culminó el 31 de 42 de 48

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

diciembre de 2016, de donde se concluye que al momento de notificar el 06 de marzo de 2017, con la primera Resolución Determinativa 171770000273, de 01 de marzo de 2017 que puso fin al proceso iniciado, con la que se hubiera interrumpido el curso de la prescripción por parte de la Administración Tributaria respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, las facultades de la Administración Tributaria ya se encontraban prescritas para todos los períodos, por lo cual es innegable que las subsecuentes actuaciones y hechos se encontraban extemporáneos para suspender y/o interrumpir la prescripción. 

Ahora bien, con relación a lo aludido por la Administración Tributaria respecto a que la notificación de la Orden de Verificación 0012OVE01825, de 14 de octubre de 2016 habría suspendido el curso la prescripción; cabe aclarar que, conforme lo dispuesto por el art. 29 del DS 27310 (RCTB), la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que la diferencia entre ellos radica en el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, razón por las que los clasifica en procesos de fiscalización y verificación, estableciendo: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y/o circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados por pagar y d) Verificación y control del cumplimiento de deberes formales; de lo anterior se infiere que el legislador hizo una diferenciación de ambos procesos claramente definida, pues los instituidos en los incs. a) y b) son integrales, y refieren a todos los hechos generadores de uno o más periodos fiscales; vale decir, todas las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, mientras que en los incs. c) y d) están destinados a la revisión de determinados elementos, hechos concretos o transacciones económicas específicas, que tengan incidencia en el importe de los impuestos; ahora bien, del análisis efectuado al parágrafo I del art. art. 62 de la Ley 2492 (CTB), se establece de forma expresa que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del término de prescripción, artículo que no tiene ninguna imprecisión que pueda ser sujeta a otra interpretación técnica y mucho menos legal, 43 de 48 

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por lo que en este caso al haberse notificado con la Orden de Verificación N° 0012OVE01825, de 14 de octubre de 2016, es indiscutible que ésta no suspendió el cómputo de la prescripción como interpreta la Administración Tributaria, por lo que no corresponde considerar la suspensión aludida por el referido ente fiscal, conforme al lineamiento adoptado por la máxima instancia administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 777/2014, de 26 de mayo de 2014, entre otras. 

Asimismo, respecto a las Sentencias 401/2013 de 19 de septiembre de 2013, 522/2015 de 07 de diciembre de 2015, 183/2017 de 23 de marzo de 2017, 24-1 de 27 de marzo de 2017 y 0004/2019 de 14 de febrero de 2019, citadas por la Administración Tributaria, referidas al efecto suspensivo que produciría la notificación con la Orden de Verificación; corresponde aclarar que en virtud a lo previsto por el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), con fuentes de derecho tributario con carácter limitativo la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los Órganos Administrativos facultados al efecto. Consiguientemente, las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen fuente del derecho tributario; en ese sentido, no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto. (AGT-RJ 1640/2020) 

De igual manera respecto a los Recursos de Alzada interpuestos contra las Resoluciones Determinativas: 171770000273 de 01 de marzo de 2017, 171870004230 de 31 de diciembre de 2018, que sostiene la Administración Tributaria también habrían causado efecto suspensivo del término de la prescripción; corresponde señalar que conforme el cómputo realizado, las facultades del Ente Fiscal para determinar la deuda tributaria e imponersanciones administrativas por los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, inició el 01 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, y para el periodo fiscal de diciembre de 2008, con vencimiento de pago enero del 2009, el cómputo de prescripción inicio el 01 de enero de 2010 y culminó el 31 de diciembre de 2016; por lo que la presentación de los Recursos de Alzada contra las referidas resoluciones determinativas, se efectuaron cuando las facultades de la Administración Tributaria, ya se encontraban prescritas, 44 de 48

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

no habiéndose configurado lo dispuesto en el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB) a objeto de suspenderel computo de prescripción. 

En este mismo entendido y respecto al argumento de la Administración Tributaria referido a que el 15 de noviembre de 2016, mediante Hoja de Ruta 29050/2016, el apoderado de la recurrente Luis Alberto Antezana Pinaya, presentó carta, por la que solicitó una reliquidación de lo adeudado y solicitó acogerse a facilidades de pago, lo cual interrumpiría el cómputo de prescripción, existiendo reconocimiento expreso o tácito de la obligación, debiendo volver a computarse nuevamente el término, corresponde hacer mención a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1143/2017 de 05 de septiembre de 2017, la cual estableció que: “(…) la nota presentada por el apoderado de la Contribuyente, en la gue señala la intención de acogerse al Arrepentimiento Eficaz (…) gue la Administración Tributaria considera como convalidación de la determinación efectuada mediante Vista de Cargo 29-0001009-16. corresponde señalar gue la citada Vista de Cargo fue anulada por la propia Administración Tributaria (…) lo gue determina gue en el presente caso, la Contribuyente no convalidó la determinación efectuada por la Administración Tributaria (…)” (fs. 17-33 vta., de antecedentes, c. I); en este mismo entendido la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0363/2019 de 29 de septiembre de 2019 (fs. 137vta.-161 de antecedentes, c. I), declarada firme a través del Auto de Firmeza de 16 de octubre de 2019 (fs. 162 de antecedentes, c. I), estableció que “si bien la Administración Tributaria considera la citada nota como reconocimiento de la obligación tributaria por parte de la recurrente; sin embargo, la nota presentada el 15 de noviembre de 2016 (fs. 1094 c.VI de antecedentes), hizo referencia a la deuda tributaria gue habría estado contenida en la Vista de Cargo 29-0001009-16, de 27 de octubre de 2016, misma, que fue anulada por la propia Administración Tributaria mediante Auto N° 25- 0000462-16, de 16 de noviembre de 2016 (fs. 1102-1103, c.VI de antecedentes), debido a que: “(…) la deuda y obligación tributaria que fue calculada sobre una Base Imponible que no corresponde a la determinada en el presente proceso (…) estableciéndose en consecuencia una Deuda Tributaria y accesorios incorrectos, situación que vicia de nulidad el proceso de determinación (…)”, por lo tanto, no podría considerarse como reconocimiento expreso de una deuda tributaria que fue determinada en el acto administrativo al cual refiere la citada nota, máxime si la 

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Administración Tributaria retrotrajo el procedimiento hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la emisión del Informe Final y la Vista de Cargo 29-0001009-16″. 

En este entendido, se tiene que tanto la Autoridad General de Impugnación Tributaria como la suscrita Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ya emitieron criterio respecto a la referida nota y la improcedencia de su efecto, estableciendo que la misma al haber sido presentada en atención a la determinación efectuada a través de la Vista de Cargo 29-0001009-16, misma que fue anulada por la propia Administración Tributaria, mediante Auto N° 25-0000462-16, de 16 de noviembre de 2016, al contener errores en la determinación efectuada viciándola de nulidad; por lo que no es posible su consideración como un reconocimiento expreso o tácito de la deuda y mucho menos como una solicitud de facilidades de pago, que pudiere causar efectos de interrupción conforme lo dispuesto en los incs. a) y b) del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), pues el mismo expresamente señala que la prescripción se interrumpe por “b) el reconocimiento expreso o tácito de la obligación…” y/o por la solicitud de facilidades de pago, situación que no ocurrió en el presente caso, más aun considerando que la presentación de la nota de referencia, se originó a raíz de la Vista de Cargo N° 29-0001009-16, misma que fue anulada por la propia Administración Tributaria, mediante Auto N° 25-0000462-16, de 16 de noviembre de 2016, dejando sin efecto el origen de su presentación. 

Finalmente, respecto a la cita de la Resolución Jerárquica 1542/2016 de 05 de diciembre de 2016, efectuada por la Administración Tributaria, cabe señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria en sujeción a lo dispuesto por Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, estableció un nuevo lineamiento para el cómputo de a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0106/2020 de 13 de enero, 0422/2020 de 04 de febrero, 0642/2020 de 10 de marzo y 0762/2020 de 13 de julio de 2020 todas de la gestión 2020, porlo que no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

Por todo lo expuesto, resulta evidente que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al IVA e IT de los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, prescribieron el 31 de diciembre de 2015, y para el periodo fiscal de diciembre de 46 de 48

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

2008, el 31 de diciembre de 2016, por lo que, corresponde dar la razón a la recurrente, a su vez, no corresponde emitir mayor pronunciamiento respecto a las demás cuestiones planteadas, en consecuencia corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa 172070000610 de 24 de agosto de 2020. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa 172070000610 de 24 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), al evidenciarse que las facultades de la Administración Tributaria para determinar las deudas tributarias e imponer sanciones administrativas respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, se encuentran prescritas, conforme a lo dispuesto en el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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Cerificado 77]/14 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

n.j|jC,A ‘%-\\ DKSP/ccav/acq/cmmf/rsv ARIT-SCZ/RA 0710/2020 

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DirectoraEjecutiva Regional a.í> 

Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz 

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