ARIT-SCZ-RA-0702-2020 Vista de cargo nula por no contemplar fundamentación que respalde las determinaciones de ingresos no declarados sobre base presunta

ARIT-SCZ-RA-0702-2020

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0702/2020 

David Valle Cuellar. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Jorge Jesús Flores 

Duran. 

Resolución Determinativa N° 

172070000495, de 03 de julio de 2020. 

ARIT-SCZ-0470/2020. 

Santa Cruz, 26 de noviembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0702/2020 de 26 de noviembre 

de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto 

se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa 172070000495, de 03 de julio de 2020, que resolvió: Determinar de oficio el la deuda tributaria del contribuyente David Valle Cuellar, por un monto total de Bs5.556.517.- 

vy 

equivalentes a 2.364.870.- UFV’s, por concepto de: Impuesto al Valor Agregado 

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(IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2017, importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y una multa por incumplimiento a deberes formales, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812, arts. 165 y 169 de la citada Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DE RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del recurrente 

David Valle Cuellar, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 21 de agosto y 01 septiembre de 2020 (fs. 69-85 y 154 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 172070000495, de 03 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, falta de fundamentación de la base presunta y valoración de la documentación presentada. 

El recurrente señalo que, la Vista de Cargo no contempló los hechos, actos y datos generados en todo el proceso de fiscalización y que solo se centró en mencionar que, se detectaron ingresos no declarados, por supuestas venta de bebidas y depósitos bancarios considerados como ventas no declaradas; sin previamente realizar un análisis técnico y legal que señale el origen de los reparos determinados; sin analizar las cuentas y extractos bancarios, a efecto de verificar la capacidad económica de pago. La determinación se basó en información declarada en el libro de ventas de proveedores, a los que nunca les compró directamente. 

Por lo que, los fundamentos de hecho de la Vista de Cargo, no comprenden los fundamentos técnicos y legales que demuestren fehacientemente el origen de determinación. Si considerar que, todo acto administrativo tiene como propósito hacer 2 de 60

Aíh. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

conocer al administrado el origen de lo imputado para que este a su vez pueda asumir defensa, esta ausencia causa nulidad del acto administrativo, debido a que carece de objeto cierto, elemento esencial del Acto Administrativo, conforme dispone el artículo 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA), aplicable a la materia tributaria por expresa disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), “La ausencia del objeto ocasiona nulidad de pleno derecho del acto impugnado”, conforme dispone los arts. 35 inc. b) y 36 de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113. 

Seguidamente indicó que, la Administración Tributaria para la estimación y cuantificación de la base presunta utilizó la técnica de Compras No Registradas, según lo dispuesto en el Inciso b) del art. 7 (Medios por deducción), de la RND 10.0017.13; sin embargo, en ninguna parte de la Vista de Cargo se consigna la fórmula utilizada para determinar el costo de venta y el margen de utilidad presunto, tal como lo establece la RND que regula tanto la utilización de la base presunta y los métodos para calcular el margen de utilidad presunto; tampoco justificó la técnica utilizada, y porque la misma es la que más se adecúa al caso en concreto. Esta omisión en justificación de la técnica de la cuantificación de la base presunta utilizada no solo vulnera el debido proceso y derecho a la defensa, sino que vulnera flagrantemente la obligación de la administración tributaria de motivar y fundamentar debidamente sus actos administrativos, que conlleva a la vulneración de lo establecido en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a la motivación y fundamentación de la Vista de Cargo. 

Conjuntamente, refirió que, en los casos en que la Administración Tributaria considere que los depósitos realizados en la cuenta bancaria del Sujeto Pasivo corresponden a ingresos no declarados; corresponde al ente fiscal no sólo limitarse a la información contenida en los Extractos Bancarios, sino también en obtener otros elementos de prueba que de manera cierta o indirecta, que le permitan tomar convicción de estos depósitos observados constituyen ingresos no declarados, en ejercicio de las facultades que le otorga los art. 66, 95 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo para ello efectuar procedimientos alternativos como el solicitar al Sistema Bancario justificaciones por depósitos, identificación de los depositantes -entre otros-, que le permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación en mérito a datos o elementos, en base a los cuales se establezca que tales depósitos están vinculados a la actividad comercial; lo contrario repercute en que la Vista de Cargo se encuentre 

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viciada de nulidad al no contener los fundamentos de hecho conforme a lo dispuesto en el Parágrafo III, art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

Con respecto a la determinación de ingresos no declarados, la Administración Tributaria, se basó en ventas reportadas por las empresas CBN y EMBOL; sin considerar que estos volúmenes no son reales, toda vez que jamás ha llegado a realizar la compra de productos en las cantidades señaladas, prueba de ello, es que no existen comprobantes de entrega y/o notas de venta emitidos por los proveedores y firmados por su persona; y al parecer el transportista (en el caso de la CBN) procedió a solicitar facturas por compra de otras personas consignando su nombre como comprador, lo cual distorsiona la realidad. Además la Administración Tributaria recibió información de los proveedores de manera parcial, sólo facturas de ventas sin ningún documento de respaldo adicional; no obstante, puede también afirmarse que si bien la factura debe respaldar una operación real, no resulta menos cierto el hecho de que la sola existencia de la misma no demuestra por sí sola la configuración del hecho imponible y la consecuente generación de crédito fiscal, toda vez que es el hecho real en sí y la verificación de la materialidad de la operación, la que determina la existencia de un acto gravado que dio origen al crédito, máxime al tratarse de una presunta determinación tributaria realizada en base a la existencia de facturas emitidas por la CBN y EMBOL sin ningún respaldo. 

Seguidamente señaló que, la Administración Tributaria incurrió en vulneraciones de carácter procedimental que ocasionan vicios de nulidad en el presente proceso de fiscalización, toda vez que, habiendo sido notificados con la Orden de Fiscalización Externa 19990100077, y presentado toda la documentación, según lo requerido por la administración tributaria, la misma no fue valorada en su real magnitud y se determinó sobre una base presunta. Hecho que ha transgredido flagrantemente su Derecho a la Defensa y el Derecho al Debido Proceso, desconociendo lo estipulado en el Parágrafo II del art. 115 de la CPE, en cuanto a las garantías del derecho a la defensa y al debido proceso, en concordancia con el num. 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

Posteriormente, señaló que la Administración Tributaria incumplió el Principio de Verdad Material, al no realizar la búsqueda de la verdad material dentro del proceso de fiscalización; tal como lo mencionó en la página 30 de la Vista de Cargo, que 4 de 60

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

transcribe la nota presentada por la CBN donde se mencionó: “el esquema bajo el cual CBN, en el caso de facturación a transportistas, este es quien compra nuestro producto por el encargo y cuenta de los puntos de venta. En este sentido, el transportista se apersona a las cajas de la empresa realiza el pago a nombre del punto de venta y la Empresa emite la factura consignada en nombre y NIT del punto de venta. Posteriormente, el transportista recoge el producto de la empresa y lo traslada hasta el lugar indicado por el punto de venta, juntamente con la factura emitida. (…) CBN entrega Facturas para cada cliente (PDV o Distribuidor), además de una carta porte, que se constituye en un resumen de todo el producto extraído de plantas por camión de distribuidor y/o transportador con fines de verificación de la salida del producto”. Por lo que no agotó sus facultades de investigación, para averiguar sobre el supuesto transportista que realizó las compras en su nombre en la CBN; no preguntó a la CBN y al supuesto transportista si existe un control del proveedor donde se verifique, que realmente la persona para quien se emite la factura realizó realmente el pedido; no ha verificado si existen hojas o mapa de ruta certifiquen la entrega efectiva del producto en el domicilio del supuesto comprador; hechos que conllevan a la vulneración de su derecho a la defensa, al debido proceso y la debida motivación y fundamentación de la vista de cargo. Por otra parte, la mencionada Vista de Cargo no consignó el nombre del supuesto transportista que realizó compras en su nombre, hecho que le causo indefensión. De lo que se puede advertir claramente que la Vista de Cargo no cumple con los requisitos mínimos de validez, que expresamente están definidos como causal de nulidad, según lo establecen los parágrafos I y III del art.96 de la Ley 2492 (CTB). 

Refirió que, es importante mencionar que es obligación de la Administración Tributaria otorgar al contribuyente de forma clara e inequívoca el origen de los reparos emitidos, así como una debida fundamentación de hecho y derecho, con el objeto de garantizar al sujeto pasivo su legítimo derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, en el entendido de que esta garantía se halla íntimamente ligada a un debido proceso y cumplimiento del principio de legalidad, contemplados en los art. 115 y 117 de la CPE. 

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11.1.2 Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación y valoración de descargos presentados a la Vista de Cargo 

El recurrente señaló, que la Administración Tributaria realizó una carente y escueta fundamentación de las pruebas y documentos presentados, limitándose únicamente a mencionarlas pero no así a valorarlas; es decir no aplicó criterio o método técnico ni jurídico para descartar los descargos presentados, ya que a lo largo de los actos administrativos emitidos, se evidencia que no existe pronunciamiento de la documentación presentada; como tampoco se ha argumentado o establecido el motivo por el cual dicha documentación no fue suficiente para respaldar las transacciones declaradas, es más no existe fundamentación alguna en los cargos impuestos en la Vista de Cargo, como tampoco ha existido fundamentación, análisis y resultado a los descargos presentados por su persona durante el plazo legal de descargo a las observaciones vertidas en el documento señalado anteriormente; toda vez que la Resolución Determinativa notificada a su persona contempla prácticamente las mismas observaciones establecidas preliminarmente en la Vista de Cargo, procediendo nuevamente la Administración Tributaria a omitir la valoración de los descargos presentados. Esta situación se constituye en una total vulneración a lo establecido por la doctrina, en cuanto al contenido de los actos administrativos y su fundamentación. 

La Administración Tributaria al no haber valorado correctamente los descargos presentados a las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, ha vulnerado totalmente su Derecho a la Defensa y el derecho al Debido Proceso; considerando que en la Resolución Determinativa no existe un pronunciamiento claro y preciso sobre las pruebas cursantes en el expediente administrativo, consistentes en: Documentación Contable, Medios de Pago, Facturas, Notas de descargo y aclaraciones, Kardex de Inventario, Estados Financieros, Extractos Bancarios; pese además de contar la Administración Tributaria con toda la información obtenida a través del Análisis de Gabinete (Cruce por sistemas, padrón de contribuyentes, Consultas LCV a Proveedores, etc.) realizado por el funcionario actuante, la cual de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del DS 27310 tiene validez probatoria. Concluyó que la Resolución Determinativa no cumple con los requisitos mínimos de validez definidos en el parágrafo II del Art. 99 de la Ley 2492 (CTB) 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por lo que la Administración Tributaria no analizó la verdad material de los hechos confrontando con la verdad formal, sino simplemente basó su determinación en base a la documentación e información que le convenía y determinó una deuda totalmente apartada de la realidad. Habiendo determinado de forma ilógica e irrisoria preliminarmente una deuda de más de 5.5MM de Bs., cuando el flujo de ingresos en su negocio en toda la gestión, apenas llegó a un poco más de Bs460 mil; situación que pudo subsanar en su totalidad en la Resolución Determinativa, sin embargo, alejado de cualquier raciocinio establece nuevamente una deuda totalmente apartada de la realidad económica y de su capacidad contributiva, desconociendo a todas luces la Verdad Material, la cual debe primar en todo proceso administrativo, y que además es obligación de la Administración Tributaria respetar y velar por su cumplimiento. 

11.1.3 Determinación de Ingresos no declarados 

El recurrente, respecto a la determinación de ingresos no declarados por concepto de depósitos en cuentas bancarias, mencionó que, su negocio es un restaurante denominado “Los Vallecitos”, tal como se explicó en varias oportunidades, que vende comidas, bebidas y gaseosas y el cobro por el consumo se lo hace en efectivo, ningún cliente realiza depósitos bancarios al momento de hacer el pago, por lo tanto, todos los depósitos corresponden a operaciones personales, pago de préstamos, etc.; por lo que se evidencia que los abonos realizados en la Cuenta del Banco Económico S.A. observados por la Administración Tributaria como ingresos no declarados, no demuestran que el origen de tales depósitos provengan de una venta, ya que según el art. 2 de la Ley N° 843 (TO), se considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles; por consiguiente, las observaciones por las citadas Cuentas Bancarias no se encuentran debidamente fundamentadas, vale decir, que no se exponen las causas o motivos suficientes para considerar que dichos depósitos tienen como origen y correspondan a ingresos por ventas, por lo que la fiscalización no sólo debió limitarse a la información contenida en los Extractos Bancarios, sino obtener otros elementos de prueba, que de manera cierta o indirecta le permitan tomar convicción de que los depósitos observados constituyan ingresos no declarados, por lo que correspondía a la Administración Tributaria, efectuar procedimientos alternativos como el solicitar al Sistema Bancario justificaciones por depósitos, identificación de los depositantes – 

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entre otros procedimientos conducentes a probar que los depósitos corresponden a ingresos no declarados, que le permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación en mérito a datos o elementos, en base a los cuales se establezca que tales depósitos están vinculados a la actividad comercial. 

Respecto a la determinación de ingresos no declarados por concepto de venta de bebidas (cervezas y sodas) y comida, indicó que su negocio es un restaurante y no una agencia de cerveza o soda; por lo tanto, todas las facturas por compras efectivamente realizadas por mi persona se encuentran debidamente declaradas y respaldadas con la documentación contable que fue presentada durante el proceso de fiscalización, y guardan estrecha relación con el movimiento económico declarado en los extractos bancarios, libro mayor y diario, inventarios, inspección ocular, aclaraciones, etc. Sin embargo, la Administración Tributaria de manera totalmente arbitraria e irresponsable asumió que todas las compras reportadas por los proveedores CBN y EMBOL fueron realizadas por su persona, por el simple hecho de que están emitidas a su nombre y NIT, siendo que no existe ningún respaldo documental que demuestre que él hubiese realizado las compras no declaradas y por consiguiente, que se hubiese beneficiado por la venta de esos productos adquiridos. 

El cargo correspondiente a las supuestas compras de las Empresas CBN y EMBOL, es fácil advertir que las facturas no cuentan con ningún documento en el que se identifique a su persona como receptor y pagador del producto por lo que se halla equivocadamente concebidas, toda vez que este hecho no es real, y su persona no adquirió en las cantidades determinadas estos productos, por lo que corresponde que se modifique y deje sin efecto esta determinación. 

En suma, se evidenció que la Administración Tributaria no efectuó una fundamentación técnica legal délos reparos determinados por concepto de IVA, IT y el IUE, de los periodos fiscales fiscalizados; considerando que solo se basa en suposiciones de que todas las compras realizadas a los proveedores CBN y EMBOL fueron realizadas por el sujeto pasivo; sin considerar que mismos proveedores señalan que, el que hace las compras y solicita la emisión de las facturas es el distribuidor mayorista o el transportista y no así el comprador final, lo que deja entrever que el proveedor puede emitir facturas a cualquier nombre sin que se verifique el destinatario final y el fiscalizador actuante ha validado dicha operación 8 de 60

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Impugnación Tributaria 

para justificar su escueto trabajo sin una justificación legal que lo respalde, misma que vulnera lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) al no contener la fundamentación. Al respecto, debe tomarse en cuenta que, al constituirse el hecho generador y el nacimiento de la obligación tributaria, y su acaecimiento la realización en hechos reales de la situación prevista en norma, se tiene que tanto la obligación de pago como la emisión de la respectiva factura, surgen cuando se realiza la venta. 

11.1.3 Omisión de pago 

El recurrente señaló que la calificación de omisión de pago establecida en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, resulta improcedente, y que corresponde a una equivocada apreciación de la realidad económica, toda vez que se demostró a lo largo del proceso de fiscalización y determinación de tributos, que su conducta se enmarcó dentro de la norma, con algunas equivocaciones propias de una inadecuada interpretación de la norma legal. Asimismo, se presumió ingresos que no le corresponden. Por ello, la presente sanción por la supuesta contravención de omisión de pago, se evidencia que jamás fue cometida y es calificada de manera equivocada, puesto que las observaciones establecidas corresponden fundamentalmente a errores de apreciación en cuanto al ingreso y presunción del margen de ganancia; por tanto, no se puede calificar como omisión de pago. 

Por lo expuesto, solicitó se anulen obrados hasta la emisión de la Resolución Determinativa 172070000495, de 03 de julio de 2020. 

11.2. Auto de admisión. 

Mediante Auto de 03 de septiembre de 2020 (fs. 155 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Determinativa 172070000495, de 03 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2020 (fs. 162-175 del 

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expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de contestar al Recurso de Alzada en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Sobre la vulneración de derechos por vicios de nulidad de la Vista de Cargo. 

La Administración Tributaria señaló que, corresponde argumentar que la procedencia de la nulidad de Vista de Cargo que menciona el recurrente, no corresponde en este Recurso de Alzada, ya que lo que se quiere establecer y aclarar en esta demanda es la Resolución Determinativa y no así la Vista de Cargo, la cual se encuentra ejecutoriada, considerando que, el recurrente no presentó descargos, por lo tanto la Entidad Tributaria no entrara a responder en detalle su petición del recurrente, por falta de técnica recursiva, siendo el acto impugnado la Resolución Determinativa 172070000495 de 03 de julio de 2020, aclaró que de fojas 40 en delante del acto impugnado R.D. N° 172070000495 se halla justificación y fundamentación del método de determinación de base imponible utilizado, aplicación del art. 44 y 45 de la Ley 2492 así como la debida motivación respecto a la determinación de los impuestos IT, IVA e IUE. 

11.3.2 Sobre la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, falta de fundamentación y vulneración al principio de verdad material y seguridad jurídica en la Resolución Determinativa. 

La Administración Tributaria argumentó que, cumplió con sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación conforme lo establecen los arts. 66, 100, 101 y 104 de la Ley No. 2492 (CTB), actuaciones administrativas que fueron correctamente notificadas en apego al art. 84 de la Ley 2492 (CTB), y que emitió los actos Administrativos en total apego a la Ley y cumpliendo plenamente los requisitos que esta exige para su completa validez, como ser la contemplación de motivación, valoración y fundamentación. Considerando que el recurrente en ningún momento demostró con pruebas que la Administración Tributaria hubiese vulnerado alguno de sus derechos, mucho menos el de la defensa. En virtud a lo expuesto y en el entendido que el debido proceso es el cumplimiento del procedimiento en cuanto a la posibilidad de defensa y producción de pruebas, en el caso que nos ocupa y 10 de 60

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conforme se demuestra en el expediente administrativo, la Administración Tributaria ha notificado legalmente al recurrente con todas las actuaciones administrativas, otorgando el plazo previsto por Ley, para que el mismo asuma su defensa y presente las pruebas que sean necesarias para desvirtuar la deuda tributaria determinada en su contra. 

Con respecto a la falta de fundamentación y motivación, señaló que, de la revisión de la resolución ahora impugnada, podrán evidenciar que la misma contiene todos los antecedentes de hecho, normativa aplicable y la debida fundamentación como apoyo a la decisión asumida respetando estrictamente el art. 28 inc. e) de la ley 2341 

aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la ley 2492. Igualmente, es importante recordar que las resoluciones administrativas no requieren se ampulosas y reiterativas, sino concisa y razonable como lo fue la resolución emitida por ésta Administración Tributaria. Postura ratificada por la sentencia constitucional N° 0991/2015-S1 de 26 de octubre de 2015. 

Por lo que, realizó la valoración y análisis de toda la documentación obtenida durante el proceso de fiscalización, tal como se puede evidenciar en los antecedentes del Parágrafo II. en su inc. a) de los antecedentes de Resolución Determinativa 172070000495 de fecha 03 de julio de 2020, precedentes de hechos y derecho que han sido fundamentados y motivados legalmente y técnicamente el origen de los productos que no fueron declarados en su libros de compras por parte de sus proveedores, evidenciándose una valoración y determinación conforme a procedimiento de ley. En tal sentido, la fundamentación y la motivación que dieron a lugar a determinar el adeudo al recurrente por no declaración en sus libros de compras a los proveedores se ha realizado conforme a procedimiento y normativa legal, desvirtuando todo aseveración invocada por el recurrente, argumentos que carecen de congruencia y veracidad, ya que se ha demostrado fehacientemente con datos de información y obtención de documentación para realizar el análisis correspondiente y la respectiva valoración, para determinar la omisión del recurrente. 

VSeñaló que, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo I del art. 35 de la Ley 2341 /’ (CPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por efectos del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), no es posible declarar la nulidad de un acto o actuación administrativa – tributaria, si la misma no se encuentra expresamente formulada en la Ley; lo cual 

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implica un reconocimiento al principio de especificidad o taxatividad entendido según la doctrina como una regla procesal en materia de nulidades, que permite inhibir a un acto de sus efectos jurídicos únicamente si la causal de nulidad ha sido formal y legalmente establecida en la norma. 

En suma, indicó que resolución ahora impugnada, contiene todos los antecedentes de hecho, normativa aplicable y la debida fundamentación como apoyo a la decisión asumida respetando estrictamente el art. 28 inc. e) de la ley 2341 aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la ley 2492 (CTB). Igualmente, es importante recordar que las resoluciones administrativas no requieren se ampulosas y reiterativas, sino concisa y razonable como lo fue la resolución emitida por ésta Administración Tributaria. Postura ratificada por la sentencia constitucional N° 0991/2015-S1 de 26 de octubre de 2015 manifestó: “Teniendo presente que la fundamentación o motivación es uno de los elementos constitutivos del debido proceso, es preciso mencionar que la jurisprudencia constitucional le dio el siguiente entendimiento: (…) como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional (…), sin embargo, ello supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron aljuez a tomarla decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución (…)”. 

Asimismo, señaló que se realizó la valoración a toda la documentación obtenida durante el proceso de fiscalización del recurrente, pudiéndose evidenciar en los antecedentes en el Parágrafo II. Del inc. a) en antecedentes de Resolución Determinativa No. 172070000495 de fecha 03 de julio de 2019, los precedentes de hechos y derecho que han sido fundamentados y motivados legalmente y técnicamente el origen de los productos que no fueron declarados en su libros de compras por parte de sus proveedores, evidenciándose una valoración y determinación conforme a procedimiento de ley. 

Continuó indicando que la Entidad Tributaria con la Verdad Material y la Seguridad Jurídica, ya que posee la documentación pertinente que puede ser cotejada en los antecedentes que cursan los expedientes originales, que son proveídos por la 12 de 60

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Entidad Tributaria con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley yel procedimiento tributario, por lo cual no se ha violado el principio de Verdad Materia y Seguridad Jurídica como lo es invocado equivocadamente por el recurrente, dejando de lado la real valoración de la documentación que quiere omitir el recurrente. 

Por otra parte, manifestó que, en virtud a las amplias facultades de control e investigación otorgados a la Administración tributaria por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y los deberes y obligaciones de informar normados en el art. 71 (Obligaciones de informar) del mismo cuerpo normativo, solicitó información a terceros como ser a sus clientes y proveedores más representativos, para poder analizar, verificar que las transacciones efectivamente fueron realizadas por al contribuyente y confirmar la “Verdad Material” entendiéndose como aquel acontecimiento o conjunto de acontecimientos o situaciones tácticas que se condicen con la realidad de los hechos. En suma, es evidente que la valoración de pruebas, según la información proporcionada el contribuyente, cruces de información, documentación entregada por los proveedores y datos del sistema tributario. 

Por lo expuesto, solicitó se emita Resolución confirmando la Resolución Determinativa N° 172070000495, de 03 de julio de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, peritajes, testificales). 

Mediante Auto de 28 de septiembre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente como a la Administración Tributaria, el 30 de septiembre de 2020, tal como consta en obrados (fs. 177-178 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 20 de octubre de 2020, el recurrente ni la Administración Tributaria, presentaron pruebas de descargos adicionales. 

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Cerificado N° 771 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 09 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria el 20 de octubre de 2020, presentó memorial solicitando fecha y hora de audiencia de alegatos orales. En respuesta, mediante proveído de fecha 29 de octubre de 2020, la Autoridad de Impugnación Tributaria comunicó que, considerando la situación actual que es excepcional; que tiene por finalidad precautelar la salud de los recurrentes y de los funcionarios de la institución; y con el objeto de no incumplir con las medidas de bioseguridad y restricciones de distanciamiento social, establecidas por el municipio de Santa Cruz a causa del riesgo por la pandemia del Covid-19, la Administración Tributaria deberá justificar los motivos que impidan la presentación de argumentos mediante alegatos escritos, tomando en cuenta que a la fecha se encuentra en plazo para la presentación de los mismos. Seguidamente, la Administración Tributaria el 09 de noviembre de 2020 presentó memorial de alegatos en conclusión, bajo los mismos argumentos de su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 182-183 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1. El 26 de abril de 2019, la Administración Tributaria mediante CITE: SIN/GDSCZ l/DF/NOT/02157/2019 de 24 de abril de 2019, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), circularizar con las entidades financieras la presente solicitud, a efecto de que se les remitan fotocopias legalizadas de información financiera u operaciones registradas a nombre de varios contribuyentes, entre ellos el recurrente David Valle Cuellar; información relativa a: Extracto Bancario; detalles de depósitos a plazo fijo y a la vista; detalle de préstamos con garantías personales y/o hipotecarias; detalle de transferencias y/o giros al exterior; estados financieros presentados por el contribuyente a efecto de la solicitud de préstamos, entre otros (fs. 2384 de antecedentes, c. XII). 

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aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

.2. 

Ü 

Justicia tributaria para vivir bien 

El 03 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Orden de Fiscalización 19990100077, de 26 de abril de 2019 y Requerimiento Form. 4003 157311 de 03 de mayo de 2019; mediante la Orden de Fiscalización, se estableció que el alcance de la fiscalización son los periodos de enero a diciembre de la gestión 2017, correspondientes a los impuestos IUE, IVA e IT, e informó que, conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29 y 31 del DS 27310 (RCTB), sería sujeta a un proceso de determinación, de acuerdo al alcance definido precedentemente, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, el referido requerimiento, señaló que, en virtud a las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones reglamentarias conexas, solicitó la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2017: Declaración Jurada Form. 605 Presentación de EEFF o Memoria Anual (copia contribuyente); Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal IVA (copias), Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales), Extractos bancarios, Planilla de sueldos, 

Planilla Tributaria y Cotizaciones sociales; Comprobantes de los ingresos y egresos con respaldo; formularios de habilitación de Notas Fiscales F-1500, Estados Financieros gestión 2016 y 2017; Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2016 y 2017; Plan Código de Cuentas Contables; Libros de Contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde); Kárdex; Inventarios y otros, según detalle del anexo adjunto al Requerimiento; debiendo presentar la documentación el 20 de mayo de 2019, cuyo incumplimiento sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley. 

Asimismo, en el Anexo F-4003 al Requerimiento 157310, se solicitó la presentación de la siguiente documentación, en originales y fotocopias, y en los casos requeridos, en medio magnético: Cuadro detallado de altas y bajas de activos fijos de la gestión 2017; documentos de propiedad de vehículos y/o maquinarias; Comprobantes de Traspaso-medio magnético con sus respaldos; contratos por proveedores de Insumos, productos y/o servicios nacionales y/o extranjeros; contratos con cliente nacionales y/o extranjeros; 

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conciliaciones bancarias de la gestión 2017; pólizas de seguros; planillas y constancia de bancarización con documentos de respaldo si corresponde; contrato de alquiler y/o documentos de propiedad de la casa matriz y/o sucursales; lista de precios de productos que comercializa; comandas y/o ordenes de pedidos emitido en la gestión 2017; Notas de pedido de productos adquiridos, notas de entrega de producto y/o cualquier documentación que respaldo la recepción de los productos comercializados; y estableció el plazo de 15 días para presentar la documentación requerida, computables a partir de la notificación (fs. 07 y 10-12 de antecedentes c. I). 

.3. El 20 de mayo de 2019, mediante CITE: GNO-4742/2019 de fecha 15 de mayo de 2019, el Banco Económico S.A. (primer envío), en repuesta a requerimiento informa sobre la información del contribuyente David Valle Cuellar, entre otros, sobre la existencia de dos cajas de ahorros en dólares y en bolivianos respectivamente, adjuntando extractos bancarios desde el 01/01/2017 al 31/12/2017 y detalles de préstamos comerciales. Asimismo, informó que el contribuyente no registra depósitos a plazo fijos y transferencias y/o giros al exterior; también indicó que no se adjuntan estados financieros por no corresponder a la gestión (fs. 2445-2460 de antecedentes, c. XIII). 

.4. El 20 de mayo de 2019, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria carta s/n, solicitando se le conceda una ampliación en el plazo de 15 días hábiles para la presentación de la documentación solicitada (fs. 19 de antecedentes c. I). En consecuencia, el 23 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto N° 251970000733 de 21 de mayo de 2019, mediante el cual determinó por única vez, ampliar el plazo de presentación de los documentos requeridos, por 15 días corridos computables a partir de la notificación con el Auto (fs. 18-19 de antecedentes c. I). 

El 20 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la Cervecería Boliviana Nacional S.A. con Requerimiento de información F 4003 160102 y con CITE:SIN/GDSCZ l/DF/NOT/02129/2019 de 24 de abril de 2019, en la cual solicita información de varios contribuyentes, entre ellos, 16 de 60

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

David Valle Cuellar referente a: Notas fiscales de ventas emitidas; 

comprobantes de ingresos, recibos de pagos en efectivo, cheques, depósitos, 

transferencias bancarias u otros medios fehacientes de pago; Bancarización 

con documentos de respaldo realizadas por las notas fiscales (si 

corresponde); contratos de compra realizados (si corresponde); Notas de 

pedido, notas de despacho y/o salidas de productos de almacén, notas de 

entrega de productos y/o cualquier documentación que respalde la entrega de 

los productos comercializados; documentos de respaldo de la generación de 

código de cliente de los contribuyentes detallados (fs. 2603-2605 y 2609 de 

antecedentes, c. XIII). En consecuencia, el 28 de junio de 2019, mediante nota 

CGCIA: 066/2019 de fecha 27 de junio de 2019, la Cervecería Boliviana 

Nacional S.A., en repuesta a requerimiento remitió a la Administración 

Tributaria, la siguiente documentación: Facturas en medio magnético por el 

volumen de las mismas; aclarando que el esquema bajo el cual CBN, en el 

caso de facturación a Transportistas, éste es quien compra el producto por 

encargo y cuenta de los puntos de venta. En este sentido, el transportista se 

apersona a las cajas de la empresa realiza el pago a nombre del punto de 

venta, y la empresa emite la factura consignando el nombre y NIT del punto 

de venta. Posteriormente, el transportista recoge el producto de la empresa

lo traslada hasta el lugar indicado por el punto de venta, junto con la factura 

emitida; la CBN no ha suscrito contratos con los puntos de ventas que se 

refiere el requerimiento; y la CBN entrega facturas para cada cliente (PDV o 

distribuidor), además de una carta porte, que se constituye en un resumen de 

todo el producto extraído de la planta por cada camión de distribuidor y/o 

transportador con fines de verificación del producto (fs. 2618- 2755 de 

antecedentes, c. XIV). En respuesta, el 28 de junio de 2019, mediante nota 

CGCIA: 066/2019 de fecha 27 de junio de 2019, la Cervecería Boliviana 

Nacional S.A., en repuesta a requerimiento remitió a la Administración 

Tributaria, la siguiente documentación: Facturas en medio magnético por el 

volumen de las mismas; aclarando que el esquema bajo el cual CBN, en el 

caso de facturación a Transportistas, éste es quien compra el producto por 

encargo y cuenta de los puntos de venta. En este sentido, el transportista se 

apersona a las cajas de la empresa realiza el pago a nombre del punto de 

venta, y la empresa emite la factura consignando el nombre y NIT del punto 

de venta. Posteriormente, el transportista recoge el producto de la empresa

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lo traslada hasta el lugar indicado por el punto de venta, junto con la factura emitida; la CBN no ha suscrito contratos con los puntos de ventas que se refiere el requerimiento; y la CBN entrega facturas para cada cliente (PDV o distribuidor), además de una carta porte, que se constituye en un resumen de todo el producto extraído de la planta por cada camión de distribuidor y/o transportador con fines de verificación del producto (fs. 2618- 2755 de antecedentes, c. XIV). 

El 24 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Embotelladoras Bolivianas Unidas EMBOL S.A. con Requerimiento de información F-4003 N° 160103 y con CITE:SIN/GDSCZ l/DF/NOT/02165/2019 de 25 de abril de 2019, en la cual solicita información de varios contribuyentes, entre ellos, el recurrente David Valle Cuellar; referente a: Notas fiscales de ventas emitidas; libros de ventas de los periodos donde se encuentras registradas las notas fiscales emitidas; comprobantes de ingresos, recibos de pagos en efectivo, cheques, depósitos, transferencias bancarias u otros medios fehacientes de pago; Bancarización con documentos de respaldo realizadas por las notas fiscales (si corresponde); contratos de compra realizados (si corresponde); Notas de pedido, notas de despacho y/o salidas de productos de almacén, notas de entrega de productos y/o cualquier documentación que respalde la entrega de los productos comercializados.(fs. 2770-2772 y 2776 de antecedentes, c. XIV). En consecuencia, el 18 de junio de 2019 EMBOL S.A. dá respuesta a la solicitud manifestando lo siguiente: Con referencia a las facturas, las mismas se adjuntan en medio magnético; referente a los libros de ventas EMBOL S.A. aplico lo citado en el art. 1, parágrafo Vil de la RND 10.0029.15 respecto a la encuademación y foliación de los libros; los pagos realizados por los contribuyentes fueron en efectivo; adjunta copias simples de los documentos bancarizados de transacciones iguales o mayores a Bs50.000.-; informó que no cuenta con contratos suscritos con los clientes solicitados; y que no cuentan con notas de pedido, despacho o salida de productos, ya que la factura de venta se constituye en el documento de respaldo (fs. 2784-2842 de antecedentes, c. XIV y XV). 

.7. El 07 de junio de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, consignando la presentación de: Facturas de ventas y 18 de 60

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria /O’ 

compras de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2017, en fotocopias cotejadas con el original; extractos bancarios, gestión 2017; comprobantes de egreso con sus respectivos respaldos, gestión 2017; comprobantes de ingresos, gestión 2017; formularios de habilitación de notas fiscales F-1500 dosificaciones, gestión 2017; Estados financieros de las gestiones 2016 y 2017; plan de cuentas; Libros Diarios; Libros Mayores; Kardex-saldos; Inventarios; cuadro de depreciación de activos fijos; lista de precios; comprobantes de traspasos; documentos de vehículos; de la gestión 2017 y carta con NUIT 7875/2019 adjunto carta de aclaración al requerimiento, informando que la empresa unipersonal no cuenta con: Planilla de sueldo, 

planilla tributaria y cotizaciones sociales, al no contar con empleados; Dictamen y Estados Financieros de Auditoria, al no superar los ingresos al Bs1.200.000.-; no cuenta con contratos con proveedores o clientes y nacionales y/o extranjeros; con conciliaciones bancarias; planillas y constancias de bancarización; contratos de alquiler, comandas y ordenes de pedidos; reportes de arqueo de caja; notas de pedidos de productos adquiridos, nota de entrega del producto y/o cualquier documentación que respalde la recepción de los productos comerciales, por ser compras en mercados (fs. 20-27 de antecedentes c. I). 

.8 El 07 de junio de 2019, mediante CITE:GNO-4884/2019 de fecha 27 de mayo de 2019, el Banco Económico S.A. (segundo envío), en repuesta a requerimiento informa sobre la información del contribuyente David Valle Cuellar, entre otros, sobre la existencia de dos cajas de ahorros en dólares y en bolivianos respectivamente, adjuntando extractos bancarios desde el 01/01/2017 al 31/12/2017, detalles de préstamos comerciales, extracto físico de la tarjeta de crédito registrada a su nombre, ACH realizados en la gestión 2017. Asimismo, informó que el contribuyente no registra depósitos a plazo fijos y transferencias y/o giros al exterior; también indicó que no se adjuntan estados financieros por no corresponder a la gestión y documentación de aperturas de cuentas porque ninguna fue aperturada en la gestión 2017 (fs. 2465-2482 de antecedentes, c. XIV). 

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,9. El 19 de julio de 2019, la Administración Tributaria mediante CITE: SIN/GDSCZ l/DF/NOT/3934/2019 de 19 de julio de 2019, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), información adicional del recurrente, referente a: Detalle de préstamos con garantías personales y/o hipotecarias; Detalle de transferencias y/o giros al exterior; todos los depósitos, retiros y/o transferencias; modalidad del depósito, retiro (efectivo, transferencia, cheque y otros); copias legalizadas de la declaración jurada de origen y destino de fondos y/o formulario PCC-01 de los depósitos realizados en la cuenta N° 1061-815529 y 1072-193794 detallados, (fs. 2483-2493 de antecedentes, c. XIII). En respuesta, el 14 de agosto de 2019, mediante CITE:GNO-4884/2019 de fecha 27 de mayo de 2019, el Banco Económico S.A. (tercer envío), en repuesta a requerimiento adjunta las cartas CITE:GNO-4742/2019 (primer envió) y CITE:GNO-4884/2019 (segundo envió) donde se evidencia la entrega de la toda la documentación solicitada. Asimismo, adjuntó 1 copia de depósito realizado por Bs105.000.- por la Leisy Valle Cuellar a la cuenta 1061-815529 de David Valle Cuellar, por el concepto, pago deuda por compra del vehículo (fs. 2495-2504 de antecedentes, c. XIII). 

.10. El 03 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta de Devolución de Documentos, consignando la devolución de: Facturas de ventas y compras de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2017, extractos bancarios, gestión 2017; comprobantes de egresos, gestión 2017; comprobantes de ingresos, gestión 2017; formularios de habilitación de notas fiscales F-1500 dosificaciones, gestión 2017; Estados financieros de las gestiones 2016 y 2017; plan de cuentas; Libros Diarios; Libros Mayores; Kardex-saldos; Inventarios; cuadro de depreciación de activos fijos; lista de precios; comprobantes de traspasos, (fs. 29-32 de antecedentes c. I). 

.11. El 05 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el CITE:SIN/GDSCZ I /DF/UFE/NOT/376/2019 de fecha 02 de septiembre de 2019, en la cual comunica formalmente que en fecha 07/09/2019 a partir de horas 11:00 a.m. se realizará una Inspección Ocular en el domicilio del recurrente (fs. 37-38 de 20 de 60

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

antecedentes c. I).. A consecuencia, el 07 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria se constituyó en el domicilio del recurrente a objeto de realizar la Inspección ocular; a tal efecto emitió Acta de Autorización para Inspección Ocular, en la cual el contribuyente accedió autorizar la realización de la Inspección Ocular (fs. 39 de antecedentes c. I). Seguidamente, elaboró Acta de Inspección ocular, en la cual señaló que, se evidenció que el recurrente ejerce la actividad de servicios de restaurante; que es un local grande; que cuenta con un pequeño bar y/o escenario para que músicos o grupos musicales amenicen; cuenta con sillas y mesas de madera para atención al público; y que cada mozo que atienda las mesas cuenta con sus fichas de pedidos; adjuntando algunas fotos (fs. 40-54 de antecedentes c. I).. Posteriormente en el Acta de Acciones y Omisiones, hizo constar el relevamiento de información, referente a la actividad del recurrente, servicios prestados, activos fijos, sistema contable, insumos y/o materia prima utilizada en la elaboración de productos, cantidad de platos de comida que venden diariamente, inventarios, depósitos y/o sucursales, principales proveedores y cliente, lista de productos y/o alimentos que comercializa (comidas y bebidas), entre otros,(fs. 33-36 de antecedentes el). 

111.12. El 18 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con CITE:SIN/GDSCZ l/DF/UFE/NOT/589/2019 de fecha 09 de 

octubre de 2019, solicitando información adicional referida a: 1. Detalle de 

proveedores de los insumos y/o materias primas empleada para la 

elaboración de los productos alimenticios que comercializó durante la gestión 

2017; 2. Detalle de cantidades de insumos y/o materia prima que empleo en la 

elaboración de cada producto alimenticio que comercializó. Otorgando un 

plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación de la presente nota. (fs. 56- 

58 de antecedentes c. I). En consecuencia, el 28 de noviembre de 2019, el 

recurrente presentó nota de descargo, señalando lo siguiente: 1. Que sus 

comprar la realiza a proveedores mayoristas y minoristas del mercado Abasto 

y de la Ramada que no cuentan con NIT; 2. Considerando que la gestión 

2017, no recuerda las cantidades o los kilos de insumos utilizados para cada 

comida, (fs. 61 de antecedentes c. I). 

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111.13. El 19 de noviembre de 2019, el recurrente mediante nota s/n, para presentar descargos, referidos a la procedencia del dinero y el movimiento de las cuentas de ahorros en dólares y bolivianos del sr. David Valle cuellar; adjuntando testimonio de anticipo de legitima o porción hereditaria por un importe de $us. 55.000.-; contrato privado de préstamo de dinero celebrado con Sisi Alison Eguez Campo por un importe de $us. 20.000.-; y contrato privado de préstamo de dinero celebrado con Leisy Valle Cuellar por un importe de Bs105.000.- (fs. 65-75 de antecedentes c. I). Posteriormente, el 28 de noviembre de 2019, mediante nota s/n presentada a la Administración Tributaria, comunica sobre el depósito realizado en su cuenta de ahorra en fecha 30/01/2017 por $us5.000.-, los cuales fueron retirados en fecha 07/01/2017 de la misma cuenta para realizar unas compras para un negocio nuevo, pero que finalmente no se concretó el proyecto, es por lo que volvió hacer nuevamente el deposito en fecha 30/01/2017 (fs. 78 de antecedentes c. I). 

111.14. El 13 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 187989, al recurrente por el incumplimiento al deber formal de “Entrega de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación”, contraviniendo los nums. 6,8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 300 UFV’s, de acuerdo al núm. 4, subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo 1 de la RND 10-0033-16 (fs. 55 de antecedentes c. I). 

111.15. El 13 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe con CITE: SIN/GDSCZ l/DF/UFE/INF/437/2019, el cual concluyó que: 1. Sobre base cierta, de conformidad a lo previsto en el parágrafo I, art. 96; parágrafo I, art. 169 y parágrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones legales pertinentes, la Administración Tributaria procedió a ajustar la Base Imponible sobre Base Cierta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art 43 la Ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto en el art. 47 del mismo cuerpo legal, modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812 estableciéndose reparos en favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 22 de 60

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria yy 

de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ydiciembre de la gestión 2017, en atención al parágrafo I del Art. 93° de la Ley 2492, Art. 29° del DS 27310. Obteniéndose una deuda tributaria de Bs7.666.- equivalentes a 3.295.- UFV’s; 2. Sobre Base Presunta, de conformidad a lo previsto en el parágrafo I, art 96; parágrafo Iart. 169 yparágrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones legales pertinentes, la Administración Tributaria ha procedió a ajustar la Base Imponible sobre Base presunta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 Ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto en el art. 47 del mismo cuerpo legal, modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812 estableciéndose reparos en favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado Debito Fiscal (IVA), Impuesto a las transacciones (IT) e Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) en los periodos de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2017, en atención al parágrafo I del art. 93 de la Ley 2492, art. 29 del DS 27310. Obteniéndose una deuda tributaria de Bs5.433.380.- equivalentes a 2.333.843.- UFV’s. Totalizando una Deuda Tributaria de Bs5.441.048.- equivalente a 2.337.134.- UFV’s; importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y multas, en aplicación de lo establecido en el Artículo 47° del Código Tributario Ley N° 2492, modificada por el artículo 2 parágrafo I de la Ley 812 y de conformidad al Artículo 11° de la R.N.D. 10-0032-16 

.16. El 18 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Vista de Cargo 291970002285 (SIN/GDSCZ-l/DF/UFEA/C/41/2019) de 13 de diciembre de 2019 y los Anexos I, II y III; en la mencionada Vista de Cargo, indicó que, se procedió de acuerdo a Ley a ajustar las Bases Imponibles, re liquidándose el tributo aplicando: 1. Método de determinación sobre Base Cierta, conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y tomando en cuenta documentos e información que permitieron conocer los hechos generadores del tributo de acuerdo al art. 7 del DS 27310, determinándose reparos a favor del Fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado crédito fiscal no válido contenido en las facturas observadas con el “código 1.- No vinculada con la actividad gravada”, depuración que asciende a un 

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total de compras por Bs23.815,80: 2. Método de determinación sobre Base Presunta, conforme a lo previsto en el parágrafo II del art. 43, parágrafo II del art. 44 y parágrafo I del art. 45 de la Ley 2492 (CTB) y tomando en cuenta los documentos e información que permitieron conocer la existencia de los hechos generadores del tributo de acuerdo al art. 7 del DS 27310, determinándose reparos a favor del Fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-Debito Fiscal), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por la determinación de ingresos no declarados por concepto de Venta de Bebidas Alcohólicas, Bebidas Gaseosas y Venta de Comida, de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2017. Determinándose un total de ingresos no declarados, sobre base presunta, según fiscalización de Bs8.531.013.- Importe que fué considerado para la determinación del IVA-Debito Fiscal 13% y el Impuesto a las Transacciones 3%. Asimismo de la revisión al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), indicó que se determinó sobre base presunta una utilidad neta imponible de Bs4.563.68,30.-, el cual al aplicarse la alícuota establecida en el art. 50 de la Ley 843 del 25%, se determinó un Impuesto a las Utilidades de Bs1.140.917,07.-, pero revisado el SIRAT, se puedo evidenciar que el contribuyente realizó un pago a cuenta en el F-500 de N° 7077367061 de Bs5.738.-, dejando un saldo por pagar de Bs1.135.179,96, generando un reparo por concepto de IUE. Por otro lado, señaló que EL contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal de entrega de información y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación hasta 15 días fuera del plazo establecido, sanción aplicable según el num 4.3, sub numeral4, del anexo I, de la RND 10.0033.16 y en virtud de la unificación de procedimientos establecida en parágrafo I del art. 169 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable con 300 UFV’s 

Determinándose preliminarmente una Deuda Tributaria consolidada de los impuestos IVA, IT y IUE por Bs2.831.171.- equivalentes a 1.216.095.- UFV’s; importes que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor e interés. La sanción por omisión de pago establecida en el artículo 165° de la Ley 2492 CTB alcanza a Bs2.609.179.- equivalentes a 1.120.740.- UFV’s. Finalmente 24 de 60

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el total de la Deuda Tributaria alcanza a Bs5.441.048.- equivalente a 2.337.134.- UFV’s; importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y multas, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492, modificada por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y de conformidad al art. 11 de la R.N.D. 10-0032-16; por lo que, otorgó el plazo de 30 días para la formulación de descargos (fs. 2944- 3044 de antecedentes c. XV y XVI). 

.17. El 03 de julio de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: SIN/GDSCZ l/DJCC/UTJ/INF/303/2020, que concluyó que, hasta la emisión del informe, la contribuyente no presentó descargo alguno que desvirtúe las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo que al no haberse efectuado tampoco el pago de la deuda tributaria, corresponde ratificar los reparos establecidos en la 291970002285 (SIN/GDSCZ l/DF/UFEA/C/41/2019) de 13 de diciembre de 2019 y calificación preliminar de la conducta, la cual se adecúa al ilícito tributario de omisión de pago en el marco de lo previsto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), vigente a la fecha del hecho generador. Recomendando emitir la correspondiente Resolución Determinativa de acuerdo a lo establecido en el art. 7 y el caso 2 del art. 11 de la RND 10.0032.16 del 25 de noviembre de 2016. (fs. 3049-3051 de antecedentes c. XVI). 

1.18. El 31 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 172070000495, de 03 de julio 

de 2020, que resolvió: Determinar de oficio el la deuda tributaria del 

contribuyente David Valle Cuellar, por un monto total de Bs5.556.517.- 

equivalentes a 2.364.870.- UFV’s, por concepto de: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a los periodos fiscales de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2017, importe que incluye el tributo 

omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y una multa por 

ft’ 

incumplimiento a deberes formales de 300 UFV’s, en aplicación de lo 

establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 

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parágrafo I de la Ley 812, arts. 165 y 169 de la citada Ley 2492 (CTB) (fs. 3052-3117 de antecedentes c. XVI). 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

El recurrente denunció como agravios: 1.- Vulneración al debido proceso y derecho a la Defensa, falta de fundamentación de la base presunta y falta de valoración de la documentación presentada; 2.- Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación y falta de valoración de descargos presentados a la Vista de Cargo; 3.- Determinación de Ingresos no declarados; y 4.- Omisión de pago; cuyos argumentos serán analizados a continuación. 

IV.1. Respecto a la Vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, falta de fundamentación de la base presunta y falta de valoración de la documentación presentada. 

El recurrente señalo que, la Vista de Cargo no contempló los hechos, actos y datos generados en todo el proceso de fiscalización y que solo se centró en mencionar que, se detectaron ingresos no declarados, por supuestas venta de bebidas y depósitos bancarios considerados como ventas no declaradas; sin previamente realizar un análisis técnico y legal que señale el origen de los reparos determinados; sin analizar las cuentas y extractos bancarios, a efecto de verificar la capacidad económica de pago. La determinación se basó en información declarada en el libro de ventas de proveedores, a los que nunca les compró directamente. 

Por lo que, los fundamentos de hecho de la Vista de Cargo, no comprenden los fundamentos técnicos y legales que demuestren fehacientemente el origen de determinación. Si considerar que, todo acto administrativo tiene como propósito hacer conocer al administrado el origen de lo imputado para que este a su vez pueda asumir defensa, esta ausencia causa nulidad del acto administrativo, debido a que carece de objeto cierto, elemento esencial del Acto Administrativo, conforme dispone el artículo 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA), aplicable a la materia tributaria por expresa disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), “La ausencia del objeto ocasiona nulidad de pleno derecho del acto impugnado”, conforme dispone los arts. 35 inc. b) y 36 de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113. 

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Seguidamente indicó que, la Administración Tributaria para la estimación y cuantificación de la base presunta utilizó la técnica de Compras No Registradas, según lo dispuesto en el Inciso b) del art. 7 (Medios por deducción), de la RND 10.0017.13; sin embargo, en ninguna parte de la Vista de Cargo se consigna la fórmula utilizada para determinar el costo de venta yel margen de utilidad presunto, tal como lo establece la RND que regula tanto la utilización de la base presunta ylos métodos para calcular el margen de utilidad presunto; tampoco justifica la técnica utilizada, y porque la misma es la que más se adecúa al caso en concreto. Esta omisión en justificación de la técnica de la cuantificación de la base presunta utilizada no solo vulnera el debido proceso y derecho a la defensa, sino que vulnera flagrantemente la obligación de la administración tributaria de motivar y fundamentar debidamente sus actos administrativos, que conlleva a la vulneración de lo establecido en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a la motivación y fundamentación de la Vista de Cargo. 

Conjuntamente, refirió que, en los casos en que la Administración Tributaria considere que los depósitos realizados en la cuenta bancaria del Sujeto Pasivo corresponden a ingresos no declarados; corresponde al ente fiscal no sólo limitarse a la información contenida en los Extractos Bancarios, sino también en obtener otros elementos de prueba que de manera cierta o indirecta, que le permitan tomar convicción de estos depósitos observados constituyen ingresos no declarados, en ejercicio de las facultades que le otorga los art. 66, 95 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo para ello efectuar procedimientos alternativos como el solicitar al Sistema Bancario justificaciones por depósitos, identificación de los depositantes -entre otros-, que le permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación en mérito a datos o elementos, en base a los cuales se establezca que tales depósitos están vinculados a la actividad comercial; lo contrario repercute en que la Vista de Cargo se encuentre viciada de nulidad al no contener los fundamentos de hecho conforme a lo dispuesto en el Parágrafo III, art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

Con respecto a la determinación de ingresos no declarados, la Administración 

Tributaria, se basó en ventas reportadas por las empresas CBN y EMBOL; sin Ü 

considerar que estos volúmenes no son reales, toda vez que jamás ha llegado a realizar la compra de productos en las cantidades señaladas, prueba de ello, es que no existen comprobantes de entrega y/o notas de venta emitidos por los proveedores 

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y firmados por su persona; y al parecer el transportista (en el caso de la CBN) procedió a solicitar facturas por compra de otras personas consignando su nombre como comprador, lo cual distorsiona la realidad. Además la Administración Tributaria recibió información de los proveedores de manera parcial, sólo facturas de ventas sin ningún documento de respaldo adicional; no obstante, puede también afirmarse que si bien la factura debe respaldar una operación real, no resulta menos cierto el hecho de que la sola existencia de la misma no demuestra por sí sola la configuración del hecho imponible y la consecuente generación de crédito fiscal, toda vez que es el hecho real en sí y la verificación de la materialidad de la operación, la que determina la existencia de un acto gravado que dio origen al crédito, máxime al tratarse de una presunta determinación tributaria realizada en base a la existencia de facturas emitidas por la CBN y EMBOL sin ningún respaldo. 

Seguidamente señaló que, la Administración Tributaria incurrió en vulneraciones de carácter procedimental que ocasionan vicios de nulidad en el presente proceso de fiscalización, toda vez que, habiendo sido notificados con la Orden de Fiscalización Externa 19990100077, y presentado toda la documentación, según lo requerido por la administración tributaria, la misma no fue valorada en su real magnitud y se determinó sobre una base presunta. Hecho que ha transgredido flagrantemente su Derecho a la Defensa y el Derecho al Debido Proceso, desconociendo lo estipulado en el Parágrafo II del art. 115 de la CPE, en cuanto a las garantías del derecho a la defensa y al debido proceso, en concordancia con el num. 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

Posteriormente, señaló que la Administración Tributaria incumplió el Principio de Verdad Material, al no realizar la búsqueda de la verdad material dentro del proceso de fiscalización; tal como lo mencionó en la página 30 de la Vista de Cargo, que transcribe la nota presentada por la CBN donde se mencionó: “el esquema bajo el cual CBN, en el caso de facturación a transportistas, este es quien compra nuestro producto por el encargo y cuenta de los puntos de venta. En este sentido, el transportista se apersona a las cajas de la empresa realiza el pago a nombre del punto de venta y la Empresa emite la factura consignada en nombre y NIT delpunto de venta. Posteriormente, el transportista recoge el producto de la empresa y lo traslada hasta el lugar indicado por el punto de venta, juntamente con la factura emitida. (…) CBN entrega Facturas para cada cliente (PDV o Distribuidor), además 28 de 60

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de una carta porte, que se constituye en un resumen de todo el producto extraído de plantas por camión de distribuidor y/o transportador con fines de verificación de la salida del producto”. Por lo que no agotó sus facultades de investigación, para averiguar sobre el supuesto transportista que realizó las compras en su nombre en la CBN; no preguntó a la CBN y al supuesto transportista si existe un control del proveedor donde se verifique, que realmente la persona para quien se emite la factura realizó realmente el pedido; no ha verificado si existen hojas o mapa de ruta certifiquen la entrega efectiva del producto en el domicilio del supuesto comprador; hechos que conllevan a la vulneración de su derecho a la defensa, al debido proceso y la debida motivación y fundamentación de la vista de cargo. Por otra parte, la mencionada Vista de Cargo no consignó el nombre del supuesto transportista que realizó compras en su nombre, hecho que le causo indefensión. De lo que se puede advertir claramente que la Vista de Cargo no cumple con los requisitos mínimos de validez, que expresamente están definidos como causal de nulidad, según lo establecen los parágrafos I y III del art.96 de la Ley 2492 (CTB). 

Refirió que, es importante mencionar que es obligación de la Administración Tributaria otorgar al contribuyente de forma clara e inequívoca el origen de los reparos emitidos, así como una debida fundamentación de hecho y derecho, con el objeto de garantizar al sujeto pasivo su legítimo derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, en el entendido de que esta garantía se halla íntimamente ligada a un debido proceso y cumplimiento del principio de legalidad, contemplados en los art. 115 y 117 de la CPE. 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que, corresponde argumentar que la procedencia de la nulidad de Vista de Cargo que menciona el recurrente, no corresponde en este Recurso de Alzada, ya que lo que se quiere establecer y aclarar en esta demanda es la Resolución Determinativa y no así la Vista de Cargo, la cual se encuentra ejecutoriada, considerando que el recurrente no presentó descargos, por lo tanto la Entidad Tributaria no entrara a responder en detalle su petición del recurrente, por falta de técnica recursiva, siendo el acto impugnado la Resolución Determinativa 172070000495 de 03 de julio de 2020. Aclarando que de fojas 40 en delante del acto impugnado R.D. N° 172070000495 se halla justificación y fundamentación del método de determinación de base imponible utilizado, aplicación 

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del art. 44 y 45 de la Ley No. 2492 así como la debida motivación respecto a la determinación de los impuestos IT, IVA e IUE. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia planteada ante esta Autoridad, considerando que, respecto a la fundamentación o motivación de los actos administrativos, la doctrina señala que: “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV). 

Asimismo, es pertinente considerar que, el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

A su vez, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

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Sobre el mismo tema, también se tiene establecido que: “A fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa “medíante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

Por lo que, el derecho al debido proceso, íntimamente relacionado con la correcta fundamentación de hecho y de derecho, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Buenos Aires Argentina: Editorial “Heliasta SRL”, Nueva Edición 2006, Pág. 804). 

En cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que: “el acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)”; añade también que “la fundamentación del acto determinativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de todo ello 

depende que el sujeto pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en ••& 

que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto” (GIULIANI Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520). 

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En este sentido, cabe señalar que la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el Principio de Legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 

A propósito, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso administrativo de contrabando, señaló que: “Una de las garantías básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente motivada, comprendiendo, al menos, los siguientes puntos: 1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el 

procesado es autor del ilícito que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal conducta. (…)”; concordante con ésta también se encuentra la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía 

jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación.” (resaltado propio). 

Además, corresponde expresar que la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe conteneruna exposición clara de los 32 de 60

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aspectos tácticos pertinentes, e) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes reflejados”. 

Sobre la motivación, la Sentencia Constitucional 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, estableció que “(…) es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.” 

Respecto al Derecho a la Defensa, la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan 

conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de 16 

condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la 

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defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

En cuanto al Principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “…la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…”. 

En ese contexto doctrinal y jurisprudencial, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Por otra parte, el mismo cuerpo de normas constitucionales en su art. 24 dispone: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales determinan que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y 34 de 60

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Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el Principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Del mismo modo, se entiende que la Administración Tributaria se encuentra investida de amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar; no otra cosa se desprende de la lectura de los arts. 66 num. 1, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), cada una de las funciones citadas (verificar, controlar, fiscalizar e investigar), implica diferentes actividades que la Administración Tributaria debe cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, para lo cual está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias que vea conveniente a sus fines. 

Respecto a la Base imponible o gravable, el art. 42 de la Ley 2492 (CTB), define que, la misma es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, asimismo el art. 43 señala que la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo y Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. Señalando en su art. 44, que la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique -entre otras- las siguientes circunstancias relativas a éste último: “(…) 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas; 5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio de costo (…) c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo; d) no cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de 

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los mismos a que obligan las normas tributarias (…) 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta”. Igualmente el art. 45 señala “(…) I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud; 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios; 3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes”. 

Por su parte, el art. 4 de la RND 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, establece en el parágrafo II, que, para realizar la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta, se considerará lo siguiente: 1. La determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta es aplicable cuando no se conozcan de forma directa e indubitable uno o más de los siguientes componentes de la obligación Tributaria: a) Hecho Generador; b) Periodo Fiscal; c) Base Imponible (Importe, cantidad, volumen, precios, etc.); 2. En la determinación deberá aplicarse todo dato o antecedente del sujeto pasivo de periodos anteriores o diferentes, inclusive bases imponibles de impuestos relacionados, teniendo éstos prioridad sobre la información de contribuyentes similares o cualquier otro. El art. 6 de la misma Resolución citada en el párrafo precedente señala: 1. Por deducción: Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. Asimismo, en el inc. b) del art. 6 referente a la Técnica de Compras No registradas, señala que, cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el inciso anterior. Asimismo, el inc. c) del art. 8 establece la Técnica de Contribuyente Similares, que señala que, “(…) cuando la 36 de 60

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Administración Tributaria no pueda acceder a datos o hechos conexos, aplicará la determinación presunta tomando en cuenta la información obtenida de contribuyentes similares realizando un análisis comparativo proporcional de las bases imponibles entre éstos. Se entenderá por contribuyentes similares aquellos que desarrollan la misma actividad económica registrada en el Padrón de contribuyentes y con similares obligaciones tributarias que las del sujeto pasivo verificado. Para establecer si un contribuyente es similar, al menos tres de los siguientes parámetros deberán ser parecidos: 1. Mercaderías, productos y/o servicios; 2. Precios unitarios; 3. Total Activos; 4. Lugar donde se desarrollen las actividades gravadas, misma jurisdicción; 5. Volumen de transacciones (monto de compras y ventas); 6. Patrimonio; 7. Número de empleados y/o personas al servicio de la actividad; 8. Bienes de capital; y 9. Materias primas, insumos y/o consumo de servicios básicos. 

Con relación a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Por otro lado, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá consignar los siguientes requisitos: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es), f) Liquidación previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98 párrafo I de la Ley 2492 (CTB) y h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Por otro lado, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá consignar los siguientes requisitos: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es), f) Liquidación previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al 

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presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98 párrafo Ide la Ley 2492 (CTB) y h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

De la misma manera, el art. 6 de la RND 10-0032-16 con respecto a la información mínima que deberá contener la Vista de Cargo: a) Número de Vista de Cargo, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación), g) Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o Base Presunta), h) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación, provistas por las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación ejercidos, además de la normativa contravenida que corresponde a cada observación, i) Base Imponible expresada en Bolivianos, j) Calificación preliminar por la conducta atribuida al sujeto pasivo, debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían para el proceso correspondiente, k) Liquidación previa del adeudo tributario determinado por la Administración Tributaria, a la fecha de emisión, por impuesto, período y/o gestión fiscal, consignando (Monto del tributo omitido en Bolivianos y su reexpresíón en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), Intereses expresados en UFV, Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación, Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago), importe de la sanción por la conducta, Total adeudo tributario en UFV y su reexpresión en Bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago, Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda, I) Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa del adeudado, m) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. Así como lo descrito en los numerales II, III, IV y V del mencionado artículo. 

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Al respecto, el art. 28 de la 2341 (LPA), dispone que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

En este contexto, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto, el art. 55 del DS 27113 (RLPA) establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados o lesionen el interés público; pudiendo la autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptar las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido los actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. 

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Respecto a la motivación de los actos administrativos el art. 31, parágrafo II del DS 27113 (RLPA) instituye que la motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente, consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto, individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. La remisión a propuesta, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no reemplazará a la motivación exigida. 

En ese marco doctrinal, de precedentes constitucionales, de la normativa citada y de la compulsa de antecedentes, se tiene que, el 03 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Orden de Fiscalización N° 19990100077, de 26 de abril de 2019 y Requerimiento Form. 4003 N° 157311 de 03 de mayo de 2019; mediante la Orden de Fiscalización, se estableció que el alcance de la fiscalización son los periodos de enero a diciembre de la gestión 2017, correspondientes a los impuestos IUE, IVA e IT, e informó que, conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29 y 31 del DS 27310 (RCTB), sería sujeta a un proceso de determinación, de acuerdo al alcance definido precedentemente, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, el referido requerimiento, señaló que, en virtud a las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones reglamentarias conexas, solicitó la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2017: Declaración Jurada Form. 605 Presentación de EEFF o Memoria Anual (copia contribuyente); Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal IVA (copias), Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales), Extractos bancarios, Planilla de sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones sociales; Comprobantes de los ingresos y egresos con respaldo; formularios de habilitación de Notas Fiscales F-1500, Estados Financieros gestión 2016 y 2017; Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2016 y 2017; Plan Código de Cuentas Contables; Libros de Contabilidad (Diario, Mayor medio magnético si corresponde); Kárdex; Inventarios y otros, según detalle del anexo adjunto al Requerimiento; debiendo presentar la documentación el 20 de mayo de 2019, cuyo incumplimiento sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley. Asimismo, en el Anexo F-4003 al Requerimiento 157310, se solicitó la presentación de la siguiente documentación, en originales y fotocopias, y en los casos requeridos, en 40 de 60

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medio magnético: Cuadro detallado de altas y bajas de activos fijos de la gestión 2017; documentos de propiedad de vehículos y/o maquinarias; Comprobantes de Traspaso-medio magnético con sus respaldos; contratos por proveedores de Insumos, productos y/o servicios nacionales y/o extranjeros; contratos con cliente nacionales y/o extranjeros; conciliaciones bancarias de la gestión 2017; pólizas de seguros; planillas y constancia de bancarización con documentos de respaldo si corresponde; contrato de alquiler y/o documentos de propiedad de la casa matriz y/o sucursales; lista de precios de productos que comercializa; comandas y/o ordenes de pedidos emitido en la gestión 2017; Notas de pedido de productos adquiridos, notas de entrega de producto y/o cualquier documentación que respaldo la recepción de los productos comercializados; y estableció el plazo de 15 días para presentar la documentación requerida, computables a partir de la notificación. 

Posteriormente, el 20 de mayo de 2019, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria carta s/n, solicitando se le conceda una ampliación en el plazo de 15 días hábiles para la presentación de la documentación solicitada (fs. 19 de antecedentes c. I). En consecuencia, el 23 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto N° 251970000733 de 21 de mayo de 2019, mediante el cual determinó por única vez, ampliar el plazo de presentación de los documentos requeridos, por 15 días corridos computables a partir de la notificación con el Auto. 

Seguidamente, el 20 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la Cervecería Boliviana Nacional S.A. con Requerimiento de información F 4003 160102 y con CITE:SIN/GDSCZ l/DF/NOT/02129/2019 de 24 de abril de 2019, en la cual solicita información de varios contribuyentes, entre ellos, David Valle Cuellar; referente a: Notas fiscales de ventas emitidas; comprobantes de ingresos, recibos de pagos en efectivo, cheques, depósitos, transferencias bancarias u otros medios fehacientes de pago; Bancarización con documentos de respaldo realizadas por las notas fiscales (si corresponde); contratos de compra realizados (si corresponde); Notas de pedido, notas de despacho y/o salidas de productos de almacén, notas de entrega de productos y/o cualquier documentación que respalde la entrega de los productos comercializados; documentos de respaldo de la generación de código de cliente de los contribuyentes detallados, (fs. 2603-2605 y 2609 de antecedentes, c. XIII). En consecuencia, el 28 de junio de 2019, mediante nota 

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CGCIA: 066/2019 de fecha 27 de junio de 2019, la Cervecería Boliviana Nacional S.A., en repuesta a requerimiento remitió a la Administración Tributaria, la siguiente documentación: Facturas en medio magnético por el volumen de las mismas; aclarando que el esquema bajo el cual CBN, en el caso de facturación a Transportistas, éste es quien compra el producto por encargo y cuenta de los puntos de venta. En este sentido, el transportista se apersona a las cajas de la empresa realiza el pago a nombre del punto de venta, y la empresa emite la factura consignando el nombre y NIT del punto de venta. Posteriormente, el transportista recoge el producto de la empresa y lo traslada hasta el lugar indicado por el punto de venta, junto con la factura emitida; la CBN no ha suscrito contratos con los puntos de ventas que se refiere el requerimiento; y la CBN entrega facturas para cada cliente (PDV o distribuidor), además de una carta porte, que se constituye en un resumen de todo el producto extraído de la planta por cada camión de distribuidor y/o transportador con fines de verificación del producto (fs. 2618- 2755 de antecedentes, c. XIV). En respuesta, el 28 de junio de 2019, mediante nota CGCIA: 066/2019 de fecha 27 de junio de 2019, la Cervecería Boliviana Nacional S.A., en repuesta a requerimiento remitió a la Administración Tributaria, la siguiente documentación: Facturas en medio magnético por el volumen de las mismas; aclarando que el esquema bajo el cual CBN, en el caso de facturación a Transportistas, éste es quien compra el producto por encargo y cuenta de los puntos de venta. En este sentido, el transportista se apersona a las cajas de la empresa realiza el pago a nombre del punto de venta, y la empresa emite la factura consignando el nombre y NIT del punto de venta. Posteriormente, el transportista recoge el producto de la empresa y lo traslada hasta el lugar indicado por el punto de venta, junto con la factura emitida; la CBN no ha suscrito contratos con los puntos de ventas que se refiere el requerimiento; y la CBN entrega facturas para cada cliente (PDV o distribuidor), además de una carta porte, que se constituye en un resumen de todo el producto extraído de la planta por cada camión de distribuidor y/o transportador con fines de verificación del producto 

Subsecuentemente, el 24 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Embotelladoras Bolivianas Unidas EMBOL S.A. con Requerimiento de información F-4003 160103 y con CITE:SIN/GDSCZ l/DF/NOT/02165/2019 de 25 de abril de 2019, en la cual solicita información de varios contribuyentes, entre ellos, el recurrente David Valle Cuellar; referente a: Notas 42 de 60

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Autoridad de 

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fiscales de ventas emitidas; libros de ventas de los periodos donde se encuentras registradas las notas fiscales emitidas; comprobantes de ingresos, recibos de pagos en efectivo, cheques, depósitos, transferencias bancarias u otros medios fehacientes de pago; Bancarización con documentos de respaldo realizadas por las notas fiscales (si corresponde); contratos de compra realizados (si corresponde); Notas de pedido, notas de despacho y/o salidas de productos de almacén, notas de entrega de productos y/o cualquier documentación que respalde la entrega de los productos comercializados.(fs. 2770-2772 y 2776 de antecedentes, c. XIV). En consecuencia, el 18 de junio de 2019 EMBOL S.A. da respuesta a la solicitud manifestando lo siguiente: Con referencia a las facturas, las mismas se adjuntan en medio magnético; referente a los libros de ventas EMBOL S.A. aplico lo citado en el art. 1, parágrafo Vil de la RND 10.0029.15 respecto a la encuademación y foliación de los libros; los pagos realizados por los contribuyentes fueron en efectivo; adjunta copias simples de los documentos bancarizados de transacciones iguales o mayores a Bs50.000.-; informó que no cuenta con contratos suscritos con los clientes solicitados; y que no cuentan con notas de pedido, despacho o salida de productos, ya que la factura de venta se constituye en el documento de respaldo. 

Ulteriormente, el 07 de junio de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, consignando la presentación de: Facturas de ventas y compras de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2017, en fotocopias cotejadas con el original; extractos bancarios, gestión 2017; comprobantes de egreso con sus respectivos respaldos, gestión 2017; comprobantes de ingresos, gestión 2017; formularios de habilitación de notas fiscales F-1500 dosificaciones, gestión 2017; Estados financieros de las gestiones 2016 y 2017; plan de cuentas; Libros Diarios; Libros Mayores; Kardex-saldos; Inventarios; cuadro de depreciación de activos fijos; lista de precios; comprobantes de traspasos; documentos de vehículos; de la gestión 2017 y carta con NUIT 7875/2019 adjunto carta de aclaración al requerimiento, informando que la empresa unipersonal no cuenta con: Planilla de sueldo, planilla tributaria y cotizaciones sociales, al no contar con empleados; Dictamen y Estados 

Financieros de Auditoria, al no superar los ingresos al Bs1.200.000.-; no cuenta con X) 

contratos con proveedores o clientes y nacionales y/o extranjeros; con conciliaciones bancarias; planillas y constancias de bancarización; contratos de alquiler, comandas y ordenes de pedidos; reportes de arqueo de caja; notas de pedidos de productos 

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adquiridos, nota de entrega del producto y/o cualquier documentación que respalde la recepción de los productos comerciales, por ser compras en mercados. En la misma fecha, mediante CITE:GNO-4884/2019 de fecha 27 de mayo de 2019, el Banco Económico S.A. (segundo envío), en repuesta a requerimiento informa sobre la información del contribuyente David Valle Cuellar, entre otros, sobre la existencia de dos cajas de ahorros en dólares y en bolivianos respectivamente, adjuntando extractos bancarios desde el 01/01/2017 al 31/12/2017, detalles de préstamos comerciales, extracto físico de la tarjeta de crédito registrada a su nombre, ACH realizados en la gestión 2017. Asimismo, informó que el contribuyente no registra depósitos a plazo fijos y transferencias y/o giros al exterior; también indicó que no se adjuntan estados financieros por no corresponder a la gestión y documentación de aperturas de cuentas porque ninguna fue aperturada en la gestión 2017. 

Subsiguientemente, el 19 de julio de 2019, la Administración Tributaria mediante CITE: SIN/GDSCZ l/DF/NOT/3934/2019 de 19 de julio de 2019, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), información adicional del recurrente, referente a: Detalle de préstamos con garantías personales y/o hipotecarias; Detalle de transferencias y/o giros al exterior; todos los depósitos, retiros y/o transferencias; modalidad del depósito, retiro p(efectivo, transferencia, cheque y otros); copias legalizadas de la declaración jurada de origen y destino de fondos y/o formulario PCC-01 de los depósitos realizados en la cuenta 1061-815529 y 1072-193794 detallados, (fs. 2483-2493 de antecedentes, c. XIII). En respuesta, el 14 de agosto de 2019, mediante CITE:GNO-4884/2019 de fecha 27 de mayo de 2019, el Banco Económico S.A. (tercer envío), en repuesta a requerimiento adjunta las cartas CITE:GNO-4742/2019 (primer envió) y CITE:GNO-4884/2019 (segundo envió) donde se evidencia la entrega de la toda la documentación solicitada. Asimismo, adjuntó 1 copia de depósito realizado por Bs105.000.- por la Leisy Valle Cuellar a la cuenta 1061-815529 de David Valle Cuellar, por el concepto, pago deuda por compra del vehículo. 

Continuando con la revisión de antecedentes, se observó que el 05 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el CITE:SIN/GDSCZ I/DF/UFE/NOT/376/2019 de fecha 02 de septiembre de 2019, en la cual comunica formalmente que en fecha 07/09/2019 a partir de horas 11:00 a.m. se realizará una Inspección Ocular en el domicilio del recurrente (fs. 37-38 de 44 de 60

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antecedentes c. I).. Aconsecuencia, el 07 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria se constituyó en el domicilio del recurrente a objeto de realizar la Inspección ocular; a tal efecto emitió Acta de Autorización para Inspección Ocular, en la cual el contribuyente accedió autorizar la realización de la Inspección Ocular (fs. 39 de antecedentes c. I). Seguidamente, elaboró Acta de Inspección ocular, en la cual señaló que, se evidenció que el recurrente ejerce la actividad de servicios de restaurante; que es un local grande; que cuenta con un pequeño bar y/o escenario para que músicos o grupos musicales amenicen; cuenta con sillas y mesas de madera para atención al público; y que cada mozo que atienda las mesas cuenta con sus fichas de pedidos; adjuntando algunas fotos (fs. 40-54 de antecedentes c. I). Posteriormente en el Acta de Acciones y Omisiones, hizo constar el relevamiento de información, referente a la actividad del recurrente, servicios prestados, activos fijos, sistema contable, insumos y/o materia prima utilizada en la elaboración de productos, cantidad de platos de comida que venden diariamente, inventarios, depósitos y/o sucursales, principales proveedores y cliente, lista de productos y/o alimentos que comercializa (comidas y bebidas), entre otros. 

Asimismo, el 18 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con CITE:SIN/GDSCZ l/DF/UFE/NOT/589/2019 de fecha 09 de octubre de 2019, solicitando información adicional referida a: 1. Detalle de proveedores de los insumos y/o materias primas empleada para la elaboración de los productos alimenticios que comercializó durante la gestión 2017; 2. Detalle de cantidades de insumos y/o materia prima que empleo en la elaboración de cada producto alimenticio que comercializó. Otorgando un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación de la presente nota. (fs. 56-58 de antecedentes c. I). En consecuencia, el 28 de noviembre de 2019, el recurrente presentó nota de descargo, señalando lo siguiente: 1. Que sus comprar la realiza a proveedores mayoristas y minoristas del mercado Abasto y de la Ramada que no cuentan con NIT; 2. Considerando que la gestión 2017, no recuerda las cantidades o los kilos de insumos utilizados para cada comida. En consecuencia, el 19 de noviembre de 2019, el recurrente mediante nota s/n, para presentar descargos, referidos a la procedencia del dinero y el movimiento de las cuentas de ahorros en dólares y bolivianos del sr. 

David Valle cuellar; adjuntando testimonio de anticipo de legitima o porción •í// 

hereditaria por un importe de $us. 55.000.-; contrato privado de préstamo de dinero celebrado con Sisi Alison Eguez Campo por un importe de $us. 20.000.-; y contrato 

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privado de préstamo de dinero celebrado con Leisy Valle Cuellar por un importe de Bs105.000.- (fs. 65-75 de antecedentes c. I). Posteriormente, el 28 de noviembre de 2019, mediante nota s/n presentada a la Administración Tributaria, comunica sobre el depósito realizado en su cuenta de ahorra en fecha 30/01/2017 por $us5.000.-, los cuales fueron retirados en fecha 07/01/2017 de la misma cuenta para realizar unas compras para un negocio nuevo, pero que finalmente no se concretó el proyecto, es por lo que volvió hacer nuevamente el deposito en fecha 30/01/2017. 

A su vez, el 13 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 187989, al recurrente por el incumplimiento al deber formal de “Entrega de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación”, contraviniendo los nums. 6,8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 300 UFV’s, de acuerdo al núm. 4, subnumeral 4.3, numeral 4 del Anexo 1 déla RND 10-0033-16. 

También se verificó que, el 18 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Vista de Cargo N° 291970002285 (SIN/GDSCZ-l/DF/UFE/VC/41/2019) de 13 de diciembre de 2019 y los Anexos I, II y III; en la mencionada Vista de Cargo, indicó que, se procedió de acuerdo a Ley a ajustar las Bases Imponibles, re liquidándose el tributo aplicando: 1. Método de determinación sobre Base Cierta, conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y tomando en cuenta documentos e información que permitieron conocer los hechos generadores del tributo de acuerdo al art. 7 del DS 27310, determinándose reparos a favor del Fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado -crédito fiscal no válido contenido en lasfacturas observadas con el “código 1.- No vinculada con la actividad gravada”, depuración que asciende a un total de compras por Bs23.815,80: 2. Método de determinación sobre Base Presunta, conforme a lo previsto en el parágrafo II del art. 43, parágrafo II del art. 44 y parágrafo I del art. 45 de la Ley 2492 (CTB) y tomando en cuenta los documentos e información que permitieron conocer la existencia de los hechos generadores del tributo de acuerdo al art. 7 del DS 27310, determinándose reparos a favor del Fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-Debito Fiscal), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por la 46 de 60

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determinación de ingresos no declarados por concepto de Venta de Bebidas Alcohólicas, Bebidas Gaseosas yVenta de Comida, de los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2017. Determinándose un total de ingresos no declarados, sobre base presunta, según fiscalización de Bs8.531.013.- Importe que fué considerado para la determinación del IVA -Debito Fiscal 13% y el Impuesto a las Transacciones 3%. Asimismo de la revisión al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), indicó que se determinó sobre base presunta una utilidad neta imponible de Bs4.563.68,30-, el cual al aplicarse la alícuota establecida en el art. 50 de la Ley 843 del 25%, se determinó un Impuesto a las Utilidades de Bs1.140.917,07.-, pero revisado el SIRAT, se puedo evidenciar que el contribuyente realizó un pago a cuenta en el F-500 de 7077367061 de Bs5.738.-, dejando un saldo por pagar de Bs1.135.179,96, generando un reparo por concepto de IUE. Por otro lado, señaló que EL contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal de entrega de información y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación hasta 15 días fuera del plazo establecido, sanción aplicable según el num 4.3, sub numeral4, del anexo I, de la RND 10.0033.16 y en virtud de la unificación de procedimientos establecida en parágrafo I del art. 169 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable con 300 UFV’s. Determinándose preliminarmente una Deuda Tributaria consolidada de los impuestos IVA, IT y IUE por Bs2.831.171.- equivalentes a 1.216.095.- UFV’s; importes que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor e interés. La sanción por omisión de pago establecida en el artículo 165° de la Ley 2492 CTB alcanza a Bs2.609.179.- equivalentes a 1.120.740.- UFV’s. Finalmente el total de la Deuda Tributaria alcanza a Bs5.441.048.- equivalente a 2.337.134.- UFV’s; importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y multas, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492, modificada por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y de conformidad al art. 11 de la R.N.D. 10-0032-16; por lo que, otorgó el plazo de 30 días para la formulación de descargos. 

Finalmente, el 31 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la 172070000495, de 03 de julio de 2020, que resolvió: Determinar de oficio el la deuda tributaria del contribuyente David Valle Cuellar, por un monto total de Bs5.556.517.- equivalentes a 2.364.870.- UFV’s, por concepto de: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a las 

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Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2017, importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y una multa por incumplimiento a deberes formales de 300 UFV’s, en aplicación de lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812, arts. 165 y 169 de la citada Ley 2492. 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria en virtud de las amplias facultades establecidas en los arts. 66, 99 y 100 de la Ley 2492 (CTB), inició el proceso de fiscalización externa, bajo la modalidad fiscalización parcial, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos fiscales de enero a diciembre, de la gestión 2017 llevada a cabo al recurrente; en ese contexto, a fin de dilucidar lo agraviado en el memorial de interposición del Recurso de Alzada, respecto a la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, falta de fundamentación de la base presunta y falta de valoración de documentación, que ocasionaron vicios de nulidad de la Vista de Cargo, por la falta de fundamentación y motivación; y que solicitó la anulación, se procederá al análisis del contenido de la Vista de Cargo emitida por la Administración Tributaria. 

En primera instancia, se observó que la Vista de Cargo N° 291970002285 de 13 de diciembre de 2019, estableció la determinación de la base imponible sobre base cierta, para el Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal; y sobre base presunta para el Impuesto al Valor Agregado – Débito fiscal, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. En el punto “Método determinación de la Base imponible – Base Presunta: Impuesto al Valor Agregado-Crédito fiscal y/o Débito fiscal” (fs. 2983-2985 antecedentes, c. XV), señaló que, “(…) procedió de acuerdo a Ley a ajustar las Bases Imponibles re liquidándose el tributo aplicando el método de determinación sobre Base Presunta, conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 y tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitieron conocer los hechos generadores del tributo de acuerdo al art. 7 del DS 27310, determinándose reparos a favor del Fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-Debito Fiscal, Impuesto a las 48 de 60

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Transacciones (IT) e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por los ingresos no declarados por concepto de Venta de Bebidas Alcohólicas, Bebidas Gaseosas y Venta de Comida (…) II del art. 43 (…) parágrafo II del art. 44, parágrafo I del art. 45″. 

Seguidamente en el título “Determinación de Ingresos no declarados” (fs. 2985 antecedentes, c. XV), indicó que, en virtud a las amplias facultades de control e investigación otorgados a la Administración tributaria por el art. 100 la Ley 2492 (CTB) y los deberes y obligaciones de informar al contribuyente normados por el art. 71 del mismo cuerpo normativo, se solicitó información a terceros; clientes y proveedores más representativos, para analizar y verificar que las transacciones efectivamente fueron realizadas por el contribuyente y confirmar la “Verdad Material”. Indicando, además que, en uso de sus facultades otorgadas por el art. 66 de la Ley 2492 (CTB) (control, comprobación, investigación y fiscalización), realizó solicitudes de información a agentes de información (proveedores, entidades financieras ASFI, AFP’s, FUNDEMPRESA, etc.) por lo que todas las actuaciones realizadas son totalmente legitimas según lo establece el art. 65 de la Ley 2492 (CTB). 

En consecuencia, se verificó que la Administración Tributaria, determinó ingresos no declarados sobre base presunta, por los siguientes conceptos: 1. Ingresos según ventas de proveedores: Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN SA) por Bs8.395.950.- y Embotelladora de Bebidas Bolivianas (EMBOL S.A) por Bs448.230.-; 2. Ingresos presuntos por ventas de comida por Bs134.208.-; y 3. Presuntos ingresos por depósitos en las cuentas del recurrente del banco Económico S.A., por Bs82.425.-, ingresos determinados sobre base presunta, que totalizados ascienden a Bs9.060.813.-, de los cuales se les disminuyó las ventas s/g DDJJ F-200 y F400 presentadas en la gestión 2017 que ascienden a Bs 529.800.-, determinando un total de ingresos no declarados s/g fiscalización por Bs.8.531.013.- según lo expuesto en el cuadro denominado “Cuadro N°12 – Determinación de ingresos no declarados” (fs. 2992 antecedentes, c. XV). 

Continuando con la compulsa, en el título “Circularización a entidades financieras” (fs.2952-2953 antecedentes c. XV” que “(…) 20/05/2019 mediante NUIT 6357/2019 el 

Banco Económico S.A. en primer envió presenta la nota Nro. CITE: GNO-4742/2019 donde indica que el contribuyente mencionado anteriormente cuenta con cuentas 

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CettficadoN°771

corrientes en las gestiones solicitadas de las cuales son objetos de fiscalización de acuerdo al cuadro mencionado, Cabe señalar que el Banco Económico S.A. solo presentó el Documentación los Extractos bancarios en moneda nacional y moneda extranjera (…) en fecha 07/06/2019 mediante NUIT 7865/2019 el Banco Económico S.A. en segundo envió presenta la nota Nro. CITE: GNO-4884/2019 donde indica que se adjunta los ACH realizados en la gestión 2017 y las copias de todos los comprobantes de depósitos, sin embargo, revisada la documentación solo adjunta nuevamente los Extractos bancarios en moneda nacional, moneda extranjera y un detalle de préstamos comerciales que obtuvo el contribuyente que fueron desembolsados en las gestiones 2014 y 2016 gestiones que no son alcanzadas en el presente proceso de fiscalización (…) en fecha 23/07/2019 se presentó la Nota N° 061970013871 con CITE: SIN/GDSCZ l/DF/NOT/3934/2019 de fecha 19/07/2019 a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con atención la entidad financiera Banco Económico S.A. solicitando información adicional debido a que la entidad financiera inicialmente no presento la totalidad de la información y/o documentación (…) por lo que solicitamos nuevamente la documentación faltante que respalde las transacciones realizadas por el contribuyente VALLE CUELLAR DAVID: Todos los Depósitos (comprobantes de depósitos) y su concepto; Todos los pagos de cheques anverso y reverso; Fecha de depósito, retiro y/o transferencia; Modalidad del depósito, retiro (Efectivo, transferencia, cheque y otros) (…) asimismo, se solicita en copias legalizadas de la Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos y/o Formulario PCC-01 o en su defecto se nos remita el detalle (procedencia del importe depositado, retirado y/o transferido, concepto, finalidad y/o destino del importe depositado, retirado y/o transferido, etc.) (…) 20/08/2019 mediante NUIT 13200/2019 el Banco Económico S.A. presenta la nota Nro. CITE: GNO-9069/2019 donde presenta la documentación parcialmente (comprobantes de depósitos y su concepto) y la Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos y/o Formulario PCC-01. y una nota donde indica que los documentos solicitados en líneas arriba ya fueron enviados en primer y segundo envió”. Seguidamente detalló todos movimientos que realizó el recurrente en sus cuentas (Cajas de Ahorro) 1061-815529 (Bolivianos) y 1072- 193794 (dólares americanos) del Banco Económico S.A. 

Seguidamente en el punto “Determinación de Ingresos no declarados por concepto de depósitos” (fs. 2986-2987 antecedentes, c. XV), señaló que “(…) revisando la información financiera entregada por la entidad financiera Banco 50 de 60

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Económico S.A. se pudo evidenciar que el contribuyente mantiene dos cuentas bancarias en Bolivianos y Dólares donde se pudo observar movimientos de depósitos y retiros constantes por el contribuyente, según se detalla en el Anexo II (.. .)cabe señalar que todos los (depósitos) realizados en las cuentas bancarias registradas a nombre del contribuyente antes citado que no fueron cotejados ni respaldados se consideraran ingresos no declarados”. Posteriormente se expone el cuadro 10 “Determinación de ingresos no declarados por depósitos en cuentas bancarias 

en el cual se consignan las columnas: Meses y/o periodos; Banco Económico (cuenta en Bs y Cta. en $us); total depósitos en cuentas bancarias; Banco Económico (depósitos respaldados en Bs y $us); y Totalizando como Ingresos no declarados sin respaldo por un importe de Bs 82.425.- correspondiente a los meses de enero, mayo, junio, agosto, septiembre y noviembre de la gestión 2017. Señalando que, “(…) Por lo expuesto en el cuadro anterior se analizaron solo los depósitos de efectivo que se realizaron en las cuentas bancarias excluyendo los (intereses pagados) se determinaron reparos a favordel fisco por concepto ingresos en cuentas bancarias no declaradas, estableciendo una base imponible de Bs 82.425″ 

Con relación a la “Determinación de Ingresos no declarados por concepto de depósitos bancarios”, registrado en extractos bancarios, corresponde señalar que la Administración Tributaria solicitó a la ASFI circularizar a las entidades financieras del país para que informen sobre los movimientos financieros del recurrente (fs. 2401, 2483-2493 de antecedentes, c. XII y XIII), obteniendo como resultado notas de varias entidades financieras, de las cuales, el Banco Económico SA, comunicó que David Valle Cuellar con Cl 5358815 S.C registraba cajas de ahorro en dicha Entidad Financiera, adjuntando los extractos de las cuentas de la gestión 2017. De la revisión de la documentación y de la información proporcionada por el Banco descrito anteriormente mediante cartas CITE:GNO-4742/2019 de 15 de mayo de 2019 presentó los Extractos Bancarios de las Cuentas 1061-8155 y 1072-193794, e informo que el recurrente no registra depósitos a plazo fijo ni préstamos comerciales (fs. 2444-2460 de antecedentes c XIII), con CITE: GNO-4884/2019 de 27 de mayo de 2019 informo que no se registra depósitos a plazo fijo, detalle de préstamos comerciales, e informo que no se adjunta Estados Financieros presentados por el contribuyente en la gestión 2017, no registra transferencias y/o giros al exterior, que el recurrente registra “tarjeta de crédito”, se adjunta los ACH realizados en la gestión 2017, se adjunta todos los comprobantes de depósitos (fs. 2461-2482 de 

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antecedentes c XIII) y CITE:GNO-9069/2019 de 14 de agosto de 2019 informo que en las cartas CITE:GNO-4742/2019 y CITE: GNO-4884/2019 adjunto toda la documentación solicitada, asimismo adjunto el Formulario PCC-01 copia legalizada de las 2 transacciones que son mayores a $us10.000. 

Ahora bien, la Administración Tributaria elaboró los Cuadros de “Extracto de Caja de Ahorro” de las cuentas N° 1061-815529 (Bolivianos) y 1072-193794 (Dólares Americanos) (fs. 2953-2959 de antecedentes c XV), en el cual identificó la existencia de depósitos en efectivo que no tenían respaldo de Bs35.000, 7.000, 5.000, entre otros, en el Cuadro N° 3 “Consolidación de Bancos” detalló los depósitos y retiros de ambas cuentas (fs. 2961 de antecedentes c XV) y en el Cuadro 10 “Determinación de Ingresos no Declarados-Por Depósitos en Cuentas Bancarias” determinó que el contribuyente obtuvo ingresos registrados en las cuentas bancarias (Cajas de ahorro) N° 1061-815529 y 1072193794, considerando a los depósitos no respaldados, como ingresos no declarados, por lo cual determinó sobre base presunta, una base imponible de Bs82.425 (fs. 2987 de antecedentes c XV).. Al respecto, corresponde señalar que la información obtenida de los extractos bancarios, llevo a la Administración Tributaria a establecer la existencia de “depósitos no respaldados”, los cuales corresponden a ingresos por ventas no declaradas, empero en antecedentes no se evidencia la existencia física de tales “depósitos”, puesto que tal como afirma la propia Administración Tributaria “cabe señalar que el Banco Económico solo presento documentación de Extractos Bancarios en moneda nacional y extranjera” (fs. 2952 de antecedentes c XV) , en contraposición a lo señalado por el Banco que mediante carta CITE: GNO-4884/2019 de 27 de mayo de 2019 entregó todos los comprobantes de depósito; por consiguiente, esta información es solo basada en lo registrado en los “extractos bancarios”, que no permite conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del débito fiscal IVA e IT, puesto que se desconoce quién realizó el depósito y el concepto, por consiguiente la entidad recurrida, pese a tener esta información incompleta no ejerció sus facultades de investigación y determinación previstas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), para conminar a la entidad financiera a que presente “todos los depósitos” requeridos, para tener certeza que se haya realizado la venta o prestación del servicio. Asimismo, esta determinación no se ajusta al Método de determinación sobre Base Presunta, pues a través de este Método debe aplicarse la deducción de manera indirecta para la determinación de la existencia y cuantía de la base imponible; en el presente caso, se 52 de 60

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tiene que la Administración Tributaria no consideró la naturaleza de los Depósitos Bancarios, ni investigó su origen, afectando la fundamentación para sustentar el Método sobre Base Presunta utilizado; yen consecuencia, a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, conforme el art. 96 de la Ley N’ 2492 (CTB). Criterio similar que ya ha sido establecido como línea doctrinal en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1133/2014, AGIT-RJ 1134/2014, AGIT-RJ 1148/2014 y AGIT-RJ 1149/2014 de 05 de agosto de 2014 respectivamente. 

Siguiendo la compulsa, la Vista de Cargo en el punto “determinación de ingresos no declarados por concepto de venta de bebidas (cervezas, sodas) y comida” (fs 2987-2993 antecedentes, c. XV), señaló que: “(…) concluida la revisión de la documentación presentada por los contribuyentes proveedores (C.B.N., EMBOL S.A.) se pudo verificar que en la gestión 2017 emitieron facturas de venta en favor del contribuyente VALLE CUELLAR DAVID con NIT 5358815016, los cuales fueron cotejados con las compras declaradas y presentadas por el contribuyente. Sin embargo, se pudo evidenciar que al contribuyente no registro y ni declaro la totalidad de las facturas de compra emitidas por los proveedores antes citados. Por lo que se presume que dichos productos fueron comercializados sin la emisión de notas fiscales de venta en los mismos períodos en los cuales fueron adquiridos en cumplimiento a lo establecido en el inc. b) del art. 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 (…) realizado el análisis de la nota aclaratoria presentada por el contribuyente proveedor CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A. se puede evidenciar dicho proveedor entrega los productos y emite sus facturas de venta solo a los puntos de venta, el cual en el presente caso sería al contribuyente (…¿mediante acta de Acciones y Omisiones de fecha 07/09/2019 indicó que sus principales proveedores son: CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL S.A., EMBOTELLADORAS UNIDAS S.A.) por lo que se llega a la conclusión que al contribuyente realizaba la compra de sus productos directamente de los proveedores antes citados (.. JPor lo expuesto y con la finalidad de llegar a la verdad material de los hechos, la Administración Tributaria realizo la reconstrucción del inventario del contribuyente VALLE CUELLAR DAVID en base a la información proporcionada por los agentes de información (proveedores), y en el cual se procedió a detallar todas las notas fiscales emitidas en favor de al contribuyente (cantidad, tipo de producto, precio unitario). Una vez identificado los productos adquiridos por al contribuyente que no fueron registrados (compras no declaradas) se presume que los mismos 

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fueron comercializados al precio de venta que el contribuyente proporciono a través del acta de acciones y omisiones de fecha 07/09/2019. Cabe señalar que los precios registrados en dicha acta son los mismos que fueron registrados en las facturas de venta de la gestión 2017 presentados por al contribuyente. Todo el procedimiento descrito en el presente párrafo se encuentra detallado en el ANEXO II, el cual forma parte integra del presente documento” 

Continuando con la compulsa de la Vista de Cargo, señaló que, con información obtenida en el acta de acciones y omisiones de fecha 22/11/2019, la Administración Tributaria, realizó un cálculo, para presumir los ingresos que percibió el recurrente en forma mensual por concepto de venta de comidas, cálculo que se detalla en el cuadro N° 11 “Determinación de venta de comida mensual”, en el cual se consignan las columnas: Platos comercializados; insumos que utiliza para la preparación de las comidas, precio unitario de venta; cantidad de platos vendidos por días; sábados y domingos; Días de mayor venta por mes; ingresos por ventas de comida mensual. Totalizando ingresos por ventas de comidas mensual por un importe de Bs11.184.- 

Posteriormente, señalo que “(…) se puede identificar que al contribuyente declaró de forma voluntaria el precio de cada plato de comida, un estimado de cantidad de platos por tipo de comida que vendió de acuerdo a la cantidad de la afluencia de clientes según el día de atención al público. Asimismo, se calculó las ventas mensuales en base a 4 semanas por mes, por lo que considerando toda la información proporcionada por al contribuyente la Administración Tributaria llego a presumir un ingreso mensual por venta de comidas de Bs. 11.184,00 (…) se puedo evidenciar que el contribuyente no declaro la totalidad de sus compras por lo que se presume que los mismos fueron comercializados bajo el concepto de ingresos no declarados la existencia de transacciones (ingresos por venta de Bebidas Alcohólicas, gaseosas y venta de platos de comida) de los proveedores más frecuentes CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL, EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS S.A. (EMBOL S.A.), VENTA DE COMIDA (PLATOS ALIMENTICIOS) y otras Operaciones Bancarias Depósitos bancarios sin respaldo por lo que se llega a presumir que son ingresos no declarados en la gestión 2017 se ha determinado Reparos a favor del Fisco que suman un total de Bs. 8.531.013.-” 

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Con relación a la “determinación de ingresos no declarados por concepto de venta de bebidas (cervezas, sodas) y comida”, corresponde señalar que la Administración Tributaria, solicitó información a la Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN) y a Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A (EMBOL), (fs. 2603-2605 y 2770- 2772 de antecedentes, c. XIV), obteniendo respuestas con respectos a las notas fiscales emitidas a favor del recurrente David Valle Cuellar con NIT 5358815016, y que luego de ser cotejadas con las compras declaradas por el recurrente, se obtuvieron diferencias, las mismas que fueron consideradas como ingresos no declarados en aplicación al art. 7 de la RND 10.0017.013, y con la finalidad de llegar a la verdad material de los hechos, procedió a realizar la reconstrucción del inventario del recurrente, considerando como base la información proporcionada por los proveedores CBN SA y EMBOL SA (fs. 2618-2755 y 2785-2842 de antecedentes c XIV), considerando el tipo de producto, cantidad, precio unitario y para establecer el precio de venta utilizo el precio de venta proporcionado por el recurrente en el acta de acciones y omisiones de fecha 07/09/2019 (fs. 33-36 antecedentes, cl), tal como se explica en los papeles de trabajos: “Determinación de ingresos no declarados análisis de notas fiscales emitidas por la Cervecería Boliviana Nacional SA” (fs. 3014-3017 antecedentes, c. XVI) por un importe total de Bs 8.395.950.- por concepto de presuntas ventas de cervezas y “Análisis de notas fiscales emitidas por Embotelladora de Bebidas Bolivianas”(fs. 3018-3022 antecedentes, c XVI) por un importe total de Bs448.230.- importes sobre los cuales después de deducir las ventas declaradas en los F-200 y 400 (2017), aplicó las alícuotas correspondientes al IVA y IT. 

Al respecto, corresponde señalar que si bien la información obtenida por terceros (proveedores), y base de datos del SIRAT 2, llevó a la Administración Tributaria a establecer que corresponden a ingresos por ventas no declaradas por la venta de comidas y bebidas; sin embargo, la Administración Tributaria, no realizó ninguna verificación adicional a efectos de comprobar lo descrito por el recurrente en el “Acta de Acciones y Omisiones” elaborada el 07 de septiembre de 2019, en el que describe que la empresa es un “restaurante”, vende aproximadamente 60 platos de comida al día, su atención la realiza los días sábados, domingos y feriados, a efectos de corroborar la “facturación” por compra de productos a la CBN, puesto que de la 

revisión del Anexo II (fs. 3014-3017 de antecedentes c XVI) se evidenció que el ‘•/•: 

sujeto pasivo realizó “compras” de grandes cantidades de cerveza, por ejemplo en el 

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período Enero 2017 realizó la compra de Paceña Pilsener 710cc Ret*12 de 23.292 unidades (botella de 710 ce), Ducal 620cc ret*12 de 3960 unidades(botellas de 620 ce) y , que no guardan relación con el movimiento económico de la cantidad de platos de comida comercializados en un mes y que fue puesto a conocimiento de la entidad recurrida para que tenga una idea de la “realidad económica” del negocio, y utilizado para esta misma determinación en el punto “Determinación de Venta de Comida Mensual”. Por consiguiente la entidad recurrida, no agotó sus facultades de verificación y comprobación establecidas en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), para determinar la cuantía de la Base Imponible y/o procedimientos alternativos previstos en el inc c) del art. 7 de la RND 10-0017-13 de la “Técnica de Control Directo”, puesto que las diferencias detectadas son totalmente exorbitantes en cuanto a las cantidades de bebida y comida, toda vez que resulta que el recurrente aproximadamente vende 480 platos de comida al mes, empero, en el mismo mes vende 23.292 unidades de cerveza Paceña Pilsener 710cc y 3960 unidades de cerveza Ducal 620cc, datos que demuestran que no existe una razonabilidad en la determinación. Además de considerar la capacidad de almacenaje en las instalaciones del recurrente, aspectos que la entidad recurrida tiene que considerar para realizar las presunciones en la determinación sobre Base Presunta, por consiguiente esta información no permite conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del débito fiscal del IVA e IT, es decir de tener certeza que se haya realizado la venta o prestación de servicio 

Asimismo, se evidencia en el Acta de Recepción de Documentos de fecha 07/06/2019 (fs. 20-23 antecedentes c. I), el recurrente presentó Kardex-saldos e Inventarios de la gestión 2017 y los Estados Financieros de la gestión 2016 y 2017, información que no fue mencionada, ni utilizada para la determinación de ventas a través de la reconstrucción de inventarios, que señaló la administración tributaria, evidenciando la falta de valoración de la información presentada por el recurrente durante el proceso de fiscalización. 

De igual manera la Administración Tributaria refiere a una reconstrucción de inventarios para la determinación de ingresos no declarados por ventas, pero en los papeles de trabajos denominados “Determinación de ingresos no declarados análisis de notas fiscales emitidas por la Cervecería Boliviana Nacional SA” (fs 

3014-3017 antecedentes, c. XVI) y “Análisis de notas fiscales emitidas por 56 de 60

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Embotelladora de Bebidas Bolivianas”(fs 3018-3022 antecedentes, c XVI), no se evidencia la reconstrucción del inventario mencionado por la Administración Tributaria; en los mencionados papeles de trabajos, solo se describen las siguientes columnas: Nit Cliente; Razón Social; Numero de factura; Numero de autorización; fecha de factura; importe sobre base DF; Detalle de factura (descripción, código, cantidad, precio, descuento, precio s/descuento; total pagado, importe base CF); tipo de envase (cajas, plástico); cantidad de envase (canastillo, caja); cantidad de botellas y/o latas; precio venta según contribuyente; importe total de los productos vendidos; que conllevan a determinar ingresos no declarados, considerando las facturas informadas por la CBN y EMBOL. Circunstancias que afectan la fundamentación que sustenta la base presunta mencionada en la vista de cargo; y en consecuencia, los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, conforme el art. 96 de la Ley N’ 2492 (CTB). 

Ahora con respecto a la información proporcionada por los proveedores CBN SA y EMBOL SA., consistente en copias de las notas fiscales de las ventas efectuadas a favor del recurrente, y que ambos proveedores indican que no cuentan con contratos de prestación de servicios; asimismo, la CBN SA, en su nota de presentada en respuesta a requerimiento de información (fs 2618 antecedente, c I) señaló lo siguiente: “(…) el esquema bajo el cual CBN, en el caso de facturación a Transportistas, éste es quien compra el producto por encargo y cuenta de los puntos de venta. En este sentido, el transportista se apersona a las cajas de la empresa realiza el pago a nombre del punto de venta, y la empresa emite la factura consignando el nombre y NIT del punto de venta. Posteriormente, el transportista recoge el producto de la empresa y lo traslada hasta el lugar indicado por el punto de venta, junto con la factura emitida (…) la CBN entrega facturas para cada cliente (PDV o distribuidor), además de una carta porte, que se constituye en un resumen de todo el producto extraído de la planta porcada camión de distribuidor y/o transportador con fines de verificación del producto”. En ése contexto, la administración Tributaria haciendo uso de sus facultades de investigación y verificación y en busca de la verdad material de los hechos, debió indagar sobre este esquema de distribución y/o ventas, donde interviene un tercero; hecho que conlleva a generar incertidumbre sobre la determinación del nacimiento del hecho generador o transferencia del o los bienes comercializados o distribuidos, que efectivamente 

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hubieran sido entregados el sujeto pasivo. Hecho que causo incertidumbre al recurrente y vulneración al debido proceso y defensa. 

De lo antes descrito, se evidenció que la Vista de Cargo, en la determinación de la base presunta de ingresos no declarados por concepto de depósitos en cuentas bancarias y por concepto de venta de bebidas (cervezas, sodas) y comida, no cuentan con la debida fundamentación que respalde las determinaciones de ingresos no declarados sobre base presunta, además de presentar incongruencias en su contenido, conforme a lo desarrollado en líneas precedentes, aspectos que disminuyeron materialmente el derecho a la defensa del recurrente, pues no llegó a conocer la decisión concreta de la determinación de los ingresos no declarados, tal como señaló en su memorial de interposición del Recurso de Alzada, por tanto se advierte que las determinaciones realizadas carecen de motivación conforme a la Sentencia Constitucional 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, la cual establece, que la Administración Tributaria debe determinar con claridad los hechos atribuibles al recurrente, y que deben ser expuestos claramente los aspectos fácticos del reparo; debiendo además considerarse que el Sujeto Activo se encuentra constreñido por el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), a sustentar sus observaciones en correlación con la normativa aplicable, realizando una minuciosa fundamentación legal, lo contrario significa lesionar el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable de que los administrados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo, y por ende su derecho a la defensa se encuentre afectado; por lo que se incumple lo establecido en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), incs. b), y e), en cuanto a los requisitos de fundamentación y causa, como elementos esenciales del acto administrativo, y art. 31 parágrafo II del DS 27113 (RLPA), por los cuales todo acto administrativo en respeto al debido proceso, debe expresar sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente, consignar las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto, individualizar la norma aplicada, y valorar las pruebas determinantes para la decisión; en consecuencia, la falta de cumplimiento de la normativa expuesta, colocó en un estado de incertidumbre, inseguridad e indefensión al recurrente, vulnerando los derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso y la defensa, consagrados en los arts. 115 y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), y art. 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB); evidenciándose que la entidad recurrida no rigió sus actos al sometimiento pleno de la Ley; en ese entendido, ésta 58 de 60

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instancia no puede pasar por alto los vicios que son causal de nulidad justamente precautelando las garantías constitucionales y que el proceso se desarrolle en el marco de un debido proceso, considerando además que la fundamentación en los actos administrativos tiene carácter imprescindible. 

Por consiguiente, una vez evidenciados los vicios de nulidad contenidos en el acto administrativo examinado, se tiene que al ser la Vista de Cargo 291970002285 de 13 de diciembre de 2019, la base sobre la cual se emitió la Resolución impugnada, se concluye que la Administración Tributaria emitió no sólo la Resolución hoy impugnada incumpliendo lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), sino también la Vista de Cargo de la que emerge, la misma que por sus inconsistencias no contiene los requisitos esenciales establecidos en el art. 96 del mismo cuerpo legal, careciendo ambas de fundamentación y motivación conforme a lo descrito precedentemente, y en consecuencia, siendo que un acto es anulable cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, en virtud de lo dispuesto en los arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al presente caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a ésta instancia recursiva, anular obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 291970002285 de 13 de diciembre de 2019, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo, fundamentando legalmente su posición, conforme prevén los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 18 del DS 27310 (RCTB) y el inc. h) del art. 6 de la RND 10-0032-16, en concordancia con los requisitos determinados en los arts. 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA). 

Finalmente, corresponde aclarar que, no se emitirá pronunciamiento respecto a los otros aspectos planteados por el recurrente en su recurso, toda vez que previamente la Administración Tributaria deberá subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió. 

POR TANTO: 

v..’–jvyr 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 

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mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo 291970002285 de 13 de diciembre de 2019, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo en estricta sujeción a derecho y conforme prevén los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 18 del DS 27310 (RCTB) y el inc. h) del art. 6 de la RND 10-0032-16, en concordancia con los requisitos determinados en los arts. 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA); de acuerdo a los fundamentos técnico -jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/acq/mga/nvro 

ARIT-SCZ/RA 0702/2020 

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