ARIT-SCZ-RA-0695-2020 La no presentación de respaldos de transacciones invalidan el crédito fiscal

ARIT-SCZ-RA-0695-2020

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0695/2020 

Luis Fernando Suarez Arias. 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Gonzalo 

Suarez Virreira. 

Resolución Determinativa N° 

172076000221 de 31 de julio de 2020. 

ARIT-SCZ-0481/2020. 

Santa Cruz, 25 de noviembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0695/2020 de 25 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Determinativa 172076000221 de 31 de julio de 2020, la cual resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del contribuyente Suarez Arias Luis Fernando por un monto total de 25.652.- UFV’s equivalentes a Bs60.335.- (Sesenta mil trescientos treinta y cinco 00/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la 

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sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tiene incidencia en los periodos fiscales de julio y octubre de la gestión 2014. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Recurrente 

Luis Fernando Suarez Arias en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 01 de septiembre de 2020 (fs. 18-28 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de impugnar la Resolución Determinativa 172076000221 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por falta de motivación, fundamentación, valoración de las pruebas de descargo, en la orden de verificación, Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa. – 

El recurrente indicó que toda Orden de Verificación tiene un alcance que debe ser respetado, pues es el que delimita las actuaciones y posteriores determinaciones en caso de existir diferencias, en tal sentido, refirió que el alcance de la Orden de Verificación se encuentra limitado a la revisión de las facturas de compras detalladas en el cuadro de diferencias; sin embargo, observó que en ninguna parte de la Orden de Verificación se muestra cual es la DIFERENCIA a la que hizo referencia la Administración Tributaria cuando le notificó con la misma, y que si bien, en la Vista de Cargo señaló que en el Libro de Compras IVA (LC-IVA no rectificado) existen diferencias entre la información declarada y el importe de las facturas observadas, empero dicha información no le fue comunicada desde un inicio con la orden de verificación, en consecuencia, alegó que la referida Orden de Verificación carece de motivación y fundamentación y por ende vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. 

Asimismo, mencionó que no existe manera de que un contribuyente pueda obtener de la oficina virtual el detalle de las facturas declaradas en sus libros de compras y ventas IVA, lo único que se puede obtener es un reporte general de los importes declarados y no así el detalle de las notas fiscales, por tal motivo no es posible 2 de 46

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

conocer los errores de transcripción de las facturas o lo que el fisco llama DIFERENCIAS, sino hasta la notificación de la Vista de Cargo, lo que vulnera el derecho a una debida defensa al carecer de medios para detectar dichos errores de manera voluntaria antes de la notificación con la Vista de Cargo. 

Sobre el mismo tema, indicó que en la página 9 de la Resolución Determinativa y en todos los actuados menciona la palabra DIFERENCIAS, es decir que, si dichas diferencias no fueron notificadas desde el inicio de la verificación todos los actos posteriores carecen de motivación y fundamentación, al respecto citó los arts. 66 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 29 inc. c), 32 del DS 27310 (RCTB). 

El recurrente manifestó también que la Administración Tributaria no solo vulneró las garantías del debido proceso y derecho a la defensa, sino que además incurrió en vulneraciones procedimentales que habrían viciado de nulidad el presente proceso de fiscalización toda vez que, posterior a la notificación de la Orden de Verificación, presentó la documentación integra, según lo requerido por la entidad recurrida, sin que la misma sea valorada en su real magnitud. Asimismo, señaló que la Administración Tributaria realizó una carente y escueta fundamentación de las pruebas y documentos presentados, limitándose únicamente a mencionarlas, pero no así a valorarlas, sin aplicar ningún criterio o método técnico jurídico para descartar los descargos presentados, advirtiéndose que no existe pronunciamiento a la documentación presentada, como tampoco se habría dilucidado por que la documentación no es suficiente para respaldar las transacciones declaradas, es mas no existe fundamentación alguna en los cargos impuestos en la Vista de Cargo, como tampoco fundamentación, análisis y resultado a los descargos presentados por su persona a las observaciones vertidas en la Vista de Cargo, toda vez que, la Resolución Determinativa contempla las mismas observaciones establecidas preliminarmente en la Vista de Cargo, con excepción de los pagos realizados, procediendo nuevamente a omitir la valoración de los descargos presentados. 

En ese entendido, indicó que al no haber valorado los descargos presentados a las observaciones establecidas en la Vista de Cargo referente a los Libros de Compras IVA Físico notariado presentado al principio de la verificación, la Administración Tributaria habría vulnerado totalmente el Derecho a la Defensa y el derecho al Debido Proceso, ya que en la Resolución Determinativa no existe un pronunciamiento 3 de 46 

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claro, ni preciso sobre las pruebas cursantes en el expediente administrativo, consistente en: Libros de Compras IVA Físico notariado, Medios de Pago, Certificaciones emitidas por los Proveedores; pese además de contar la Administración Tributaria con toda la información obtenida a través del Análisis de Gabinete (Cruce por sistemas, Consultas LCV a Proveedores, etc.) realizado por el funcionario actuante, la cual de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del Decreto Supremo 27310 tiene validez probatoria. 

Mencionó que en la página 9 de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria señaló y reconoció claramente la existencia del libro de compras notariado presentado en la etapa de descargos, sin embargo, no mencionó el aspecto técnico y legal para que este medio de prueba no sea válido ni valorado en su real magnitud. 

Así también indicó que en fojas 9 de la Resolución Determinativa se señaló que la Factura 8942 fue declarada por Bs164.275.- en sus libros de compras, determinando erróneamente que su persona se benefició de dicho importe en la Declaración Jurada del IVA del periodo 07/2014, sin embargo, en ninguna parte de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa se señaló que el importe correcto declarado en el Libro de Compras IVA físico y luego trasladado a la DDJJ fue de Bs926, situación que demuestra que no existe beneficio alguno de Crédito Fiscal y que la Administración Tributaria omitió valorar en sus actuados. 

Concluyó argumentando que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa no contemplan los hechos, actos y datos generados en el proceso de fiscalización, sin realizar un análisis técnico y legal que señale el origen de los reparos determinados, tampoco realizaron una adecuada valoración de la documentación física presentada al inicio de la fiscalización y previa emisión de la RD, a efecto de verificar las facturas de las que se obtuvo el crédito fiscal declarado en los periodos observados, lo que permite validar el crédito fiscal a favor de su empresa y en consecuencia la inexistencia de diferencias en la factura 8942 que fue declarada por Bs926 y no así porBs164.375, por lo que se vulneró el art. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), así como las garantías constitucionales establecidas en el art. 115 y 117 de la CPE, además del art. 28 inc. e) de la Ley 2341 y el art. 55 del DS 27113. Así también, citó la Sentencia Constitucional SC 1369/2001 -R. 

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11.1.2 Incorrecta depuración del Crédito Fiscal y sobre la verdad material. – 

El recurrente indicó que dentro del proceso de determinación iniciado con la Orden de Verificación 00160VE001787, donde hace referencia específica que el alcance comprende el crédito fiscal IVA de las facturas detalladas en el anexo del Form. 7531, habiéndose conformado en el transcurso de la verificación la deuda tributaria de las facturas que no contaban con respaldo, sin embargo, para las Facturas 8942 y 4900 presentó toda la documentación que demuestra que las compras cuentan con la efectiva realización de la transacción, habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por ley para validar el crédito fiscal, empero, la entidad tributaria en su afán recaudatorio y confiscatorio no reconoce como válida ninguna de las facturas observadas. 

Asimismo, indicó que la DDJJ F-200 del periodo 07/2014 donde el importe de compras declarado coincide con el importe del Libro de Compras por Bs343.374, fue presentado el 08 de septiembre de 2016 según el acta de recepción de documentos firmada por el funcionario del SIN, lo cual prueba que su persona no se benefició de un crédito fiscal emergente de la Factura 8942. 

Por otro lado, manifestó que, en virtud al principio de verdad material, es obligación de la Administración Tributaria la averiguación de los hechos conforme establece el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA) en concordancia del art. 3 del DS 26462 de 22 de diciembre de 2001, por lo que, de lo descrito en la página 10 de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria a objeto de obtener la verdad material debió verificar el libro de compras rectificado e informado dentro de la verificación que coincide con la información presentada por los proveedores, utilizando los medios tecnológicos a su alcance que tiene validez probatoria (declaraciones juradas y cruces de información con los libros de ventas de los proveedores), sin embargo, optó por desconocer todas las pruebas físicas aportadas y dar por válida la información declarada en el libro de compras. 

En ese entendido, indicó que la verdad de los hechos es que todas las facturas 

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declaradas físicamente en los periodos observados coinciden en sus importes con los libros de compras y las declaraciones juradas del IVA, situación que los funcionarios 

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actuantes verificaron con la información que está a su disposición, sin embargo, dichas pruebas fueron desconocidas. 

Por lo expuesto, solicitó se anule y/o revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 172076000221 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

11.2. Auto de Admisión. – 

Mediante Auto de Admisión de 04 de septiembre de 2020 (fs. 29 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 172076000221 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. – 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN en adelante la Administración Tributaria, el 22 de septiembre de 2020 (fs. 40-47vta. del expediente) contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negando totalmente los fundamentos de la impugnación y manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la falta de motivación, fundamentación, valoración de las pruebas de descargo, en la Orden de Verificación, Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa. – 

La Administración Tributaria sostuvo que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0475/2019 de fecha 18 de octubre de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0085/2020 de fecha 13 de enero 2020, anularon hasta la Resolución Determinativa 171976000893, motivo por el cual no correspondería efectuar observaciones tanto a la Vista de Cargo 29-000553-16, como a la Orden de Verificación 0016OVE01787; sin embargo, el recurrente observa falta de motivación y fundamentación en la Orden de Verificación, señalando también que es “un acto oscuro”, siendo que el mismo es un acto administrativo con el cual únicamente se inicia el procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia con el importe pagado o por pagar de 6 de 46

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

impuestos del contribuyente, y lo emplaza para la presentación de la documentación requerida y detallada en la misma, conforme a lo establecido en los artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo 27310; con el cual el contribuyente tiene la oportunidad de presentar además de toda la documentación específicamente requerida, otros documentos adicionales que puedan servir para desvirtuar cualquier observación por parte de la Administración Tributaria, toda vez que es la Vista de Cargo la que contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa. 

A su vez, señaló que, producto de que el contribuyente no logró desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 172076000221 con saldo a favor del fisco, la misma que señala con total claridad, el lugar y fecha, razón social del sujeto pasivo, las especificaciones de la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y derecho con la valoración de los descargos presentados por el contribuyente cursante de fojas 7 a 10 de la Resolución Determinativa impugnada, así como la valoración del Libro de Compras IVA del periodo julio/2014 enviado mediante el LCV DA Vinci rectificado el 06 de febrero 2017, sin extralimitar el alcance de la Orden de Verificación y con la fundamentación de hecho y de derecho que fueron observados mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0475/2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0085/2020; la calificación de la conducta como Omisión de Pago, las sanciones establecidas, así como la firma, nombre y cargo de la Autoridad competente en estricto cumplimiento a lo señalado en el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB). 

Sobre la Sentencia Constitucional 1369/2001-R, indicó que la misma refiere a una Resolución en la cual se omitió exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva, situación totalmente diferente al caso que nos ocupa, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento. 

II.3.2 Sobre la correcta determinación efectuada y la verdad material. – 

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La Administración Tributaria señaló que de la revisión y análisis de la documentación presentada por el contribuyente y la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), evidenció que las facturas o 

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notas fiscales sujetas a verificación fueron declaradas por el contribuyente en su libro de compras (LCV Da Vinci) y en el F-200 de los periodos de julio y octubre de la gestión 2014, constatándose las observaciones bajo los Códigos Va. Validadas Parcialmente, Código 4. No presenta documentación suficiente que respalde la transacción y Código 6. No emitidas. 

Con relación a lo referido por el recurrente que la Administración Tributaria reconoce la existencia del libro de compras notariado, indicó que de fojas 8 a 10 del acto impugnado, realizó un análisis técnico y legal respecto a lo argumentado por el recurrente, con un breve resumen de los antecedentes antes de ingresar a la valoración de este descargo presentado por el sujeto pasivo, en el que explicó que la factura 8942 con número de autorización 7904001206310 de 01 de julio de 2014, fue declarada por el contribuyente en su libro de compras enviado a través del módulo Da Vinci por un importe Bs164.375,00.- (Ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco 00/100 bolivianos), correspondiente al periodo de julio/2014, la cual fue sujeta a verificación en el presente proceso de determinación, en este entendido, a través de la Orden de Verificación 0016OVE01787, se le solicitó al contribuyente cierta documentación que se encuentra descrita en el detalle de diferencias de la referida orden, producto de ello, el contribuyente presentó la factura original N° 8942, por lo que, de la revisión realizada se evidenció que en la factura física se consigna el importe de Bs926 (Novecientos veintiséis 00/100 bolivianos), considerando este aspecto se efectuó el contraste con la información registrada por el proveedor Importadora Monterrey SRL en su libro de ventas LCV Da Vinci, habiéndose evidenciado que este proveedor declaró haber emitido dicha factura a favor del contribuyente por el importe Bs926, por consiguiente se procedió a la validación del crédito fiscal contenido en esta factura, sin embargo, por la diferencia detectada se determinó un saldo a favor del fisco, tal y como se puede visualizar en el cuadro de Análisis de las Notas Fiscales Observadas cursante a fojas 2 de la Resolución Determinativa 172076000221 ahora impugnada. 

Ahora bien, tomando en cuenta que el contribuyente señaló no haberse beneficiado del crédito fiscal y que su factura física concordaría con su libro notariado, en atención a esta aseveración se realizó la revisión del libro de compras notariado del periodo julio/2014, verificándose el registro de la factura 8942 con número de autorización 7904001206310 de fecha 01 de julio de 2014 por un importe de 8 de 46

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Bs926, el cual efectivamente coincide con el importe de su factura física, referente a ello se enfatizó que el crédito fiscal contenido en dicha factura fue validado en la Vista de Cargo; sin embargo, el libro notariado no desvirtúa el hecho de que el contribuyente se haya beneficiado del crédito fiscal en demasía resultante del importe de Bs164.375,00 (Ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco 00/ bolivianos) declarado en el libro de compras enviado a través de módulo Da Vinci – LCV en fecha 21/08/2014, monto que representa aproximadamente un 48% del total de las compras declaradas en el Formulario 200 y que además tiene incidencia directa en el impuesto determinado por el contribuyente en fecha 18 de agosto de 2014 en su declaración jurada IVA del periodo de julio/2014. 

Al respecto señaló que el libro de compras presentado a través del software Da Vinci LCV, al ser un medio informático autorizado por la Administración Tributaria, se constituye en un medio legal de prueba válido, conforme a lo dispuesto en el párrafo II del artículo 77 de la Ley 2492 (CTB); en concordancia con el artículo 7 del Decreto Supremo 27310, que señala que la información generada, enviada, recibida y almacenada en los sistemas informáticos de la Administración Tributaria surten efectos jurídicos y tienen plena validez probatoria, teniendo en cuenta este aspecto, la determinación del crédito fiscal IVA declarado por el contribuyente en el Formulario 200, es respaldada con la información del libro de compras presentado medíante el software Da Vinci -LCV, bajo este razonamiento estableció que el contribuyente para el periodo de julio/2014 se benefició del crédito fiscal resultante del importe de Bs164.375,00 declarado en el LCV DAVINCI correspondiente a la factura 8942, como prueba de ello se tiene el registro en la casilla “Rubro 2 (a)” del Form. 200 de 18/08/2014 del periodo julio/2014, por lo que al encontrarse dicho importe inmerso en total de compras del Formulario 200, el contribuyente se apropió indebidamente de un crédito fiscal que incidió en la determinación del impuesto por pagar para este periodo, el mismo que no fue rectificado con la Declaración Jurada correspondiente, a su vez, indicó con relación a la carta presentada por el contribuyente en fecha 06 de febrero de 2017, procedió a la revisión de la base de datos del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria evidenciándose que el contribuyente en 

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fecha 06 de febrero de 2017, rectificó su libro de compras del periodo Julio/2014, así ®/ 

también, verificó la corrección del importe de la factura N° 8942 por Bs926, sin embargo, esta rectificación no surte ningún efecto legal ni es considera valida, toda vez que es realizada posterior a la notificación la Orden de Verificación 9 de 46 

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0016OVE01787, la cual fue efectuada en 01 de septiembre de 2016, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo III del artículo 83 de la Resolución Normativa Directorio N° 10-0021-16 de 01 de julio de 2016, que señala: “La corrección de la información de los libros de compras y ventas IVA, por los periodos o gestiones señalados en una Orden de Fiscalización y/u Orden de Verificación debidamente notificada, no surten efecto legal, ni se considerarán válidas”, normativa vigente en el momento en que se efectuó la rectificación. 

Asimismo, señaló que si bien es cierto que el contribuyente a través de los sistemas de la Administración Tributaria no puede obtener certificaciones de los libros de compras y ventas declaradas, tal situación no exime al contribuyente de su obligación de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros contables u otros documentos que permitan demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, conforme a lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB). 

Por otro lado, con relación a la verdad material invocada por el recurrente señaló que las observaciones se deben a la falta de respaldo que demuestren la efectiva realización de la transacción de acuerdo a lo establecido en los numerales 4, 5 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), en este sentido, dichas observaciones fueron realizadas debido a que el contribuyente no respaldó, ni demostró la procedencia de los créditos impositivos que considere le corresponda y evidencien la efectiva realización de la transacción. 

En este sentido, advirtió que el contribuyente Suarez Arias Luis Fernando, es el responsable de respaldar su crédito fiscal, en virtud a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es así que el contribuyente debió aportar documentación fehaciente; sin embargo, la documentación presentada no desvirtúa que el contribuyente se haya beneficiado indebidamente de un crédito fiscal que no le correspondía, teniéndose como prueba de ello, la declaración jurada Form. 200 y el libro de compras LC Da Vinci del periodo julio/2014 en el que registra la Factura 8942 por un importe de Bs164.375.-, generando dicha cuantía un crédito fiscal en demasía, en este entendido, la información de importancia fiscal declarada en estos medios e instrumentos tecnológicos autorizados por la Administración 10 de 46

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Tributaria, se constituyen en medios legales de prueba válidos para sustentar la depuración del crédito fiscal, en virtud a lo dispuesto en el párrafo II de los arts. 77 y 79 de la Ley 2492 (CTB), concordante con lo establecido en el art. 7 del DS 27310. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 172076000221 

de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba 

Mediante Auto de 25 de septiembre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 30 de septiembre de 2020 (fs. 48-49 del expediente). 

Dentro del plazo probatorio previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 20 de octubre de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 08 de octubre de 2020, ratificó en calidad de prueba todos los antecedentes administrativos presentados adjunto a la Contestación al Recurso de Alzada (fs. 52 del expediente). 

Por su parte, el recurrente dentro de plazo no presentó prueba alguna. 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 09 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 30 de octubre de 2020, ratificó todos sus puntos expuestos en el memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 55-58 vta. del expediente). 

Por su parte, el recurrente no presentó memorial de alegatos, en conclusión. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

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.1. El 01 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente Luis Fernando Suarez Arias con la Orden de Fiscalización N° 0016OVE01787 (F-7531), comunicándole que sería sujeto a un Proceso de verificación especifica crédito fiscal IVA, con alcance del Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente detallado en el anexo de la orden, para los periodos julio y octubre de la gestión 2014, asimismo se le solicitó la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de compras, facturas de compras originales, documentos que respalde el pago realizado, y otra documentación que el fiscalizador asignando solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el anexo a la orden (fs. 5-6 c. I de antecedentes). 

.2. El 08 de septiembre de 2016, el recurrente mediante nota expresó que la empresa a la cual representa no cuenta con un sistema contable, por tal motivo no realiza comprobantes de egreso, por lo que solicita se pueda obviar ese requisito, conforme consta en el Acta de Recepción de documentación (fs. 11 c. I de antecedentes). 

En la misma fecha, el recurrente presentó Declaraciones Juradas Form. 200 correspondientes a los periodos julio y octubre de 2014, libro de compras de la gestión 2014 y facturas Nos. 8942, 2766, 2793, 2821, 2854, 2881, 3231, 3259, 3292 y 4900, correspondientes a los periodos julio y octubre de la gestión 2014 (fs. 8 c. I de antecedentes). 

1.3. El 11 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de actuación CITE: SIN/GDSCZ-ll/DF/PPD/INF/08436/2016, el cual indica que como resultado del proceso se calculó la deuda sobre base cierta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y art. 7 del DS 27310 (RCTB), estableciéndose reparos a favor del fisco por concepto de IVA, según lo establecido en el art. 2 (modificaciones) de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que modifica el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), constatándose que el contribuyente hoy recurrente se benefició con crédito fiscal de las notas fiscales observadas no válidas para para los periodos julio y octubre de la 12 de 46

ait! 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

gestión 2014, resultando un impuesto determinado de 50.390,38 UFV’s, 

señalando en sus conclusiones que debido a que el contribuyente canceló el 

total de la deuda tributaria determinada en la orden de verificación se 

recomienda emitir la Resolución Determinativa conforme a la RND 10-005-13, 

de 01 de marzo de 2013, la cual en su art. 3 caso 1 establece que en toda 

fiscalización total o parcial, verificación externa e interna que no determine 

adeudo o que determine deuda tributaria y esta sea pagada totalmente 

incluida la sanción de acuerdo a la modificación efectuada por la Ley 812 de 

30 de junio de 2016 al primer párrafo del art. 157 de la Ley 2492 (CTB), donde 

por la conducta se aplica (0% del tributo omitido), antes de la emisión de la 

vista de cargo, el área de fiscalización emite el informe de actuación y procede 

a la emisión de la Resolución Determinativa que declare extinguida la deuda 

tributaria o su inexistencia hasta los días siguientes a la verificación del pago 

efectuado por el sujeto pasivo (fs. 79-83 c. I de antecedentes). 

I.4. El 17 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó 

personalmente al recurrente con la Vista de Cargo 29-000553-16, de 11 de 

noviembre de 2016, la cual indica que como resultado del proceso se calculó 

la deuda sobre base cierta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 

de la Ley 2492 (CTB) y art. 7 del DS 27310 (RCTB), estableciéndose reparos 

a favor del fisco por concepto de IVA según lo establecido en el art. 2 

(modificaciones) de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que modifica el art. 47 

de la Ley 2492 (CTB), constatándose que el contribuyente hoy recurrente se 

benefició con crédito fiscal de las notas fiscales observadas no válidas para 

para los periodos julio y octubre de la gestión 2014, resultando un impuesto 

determinado de 50.390,38 UFV’s, señalando asimismo que las omisiones 

detectadas en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) se 

adecúan al ilícito tributario de Omisión de Pago, vigente a la fecha del hecho 

generador, sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido 

determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFVs de conformidad al 

art. 42 del DS 27310 (RCTB), exponiendo la reducción de sanciones en 

consideración a la fecha y oportunidad de pago, así como el art. 2 parágrafo V 

de la Ley 812 que modifica el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), y otorgando un 

plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 84-90 c. I de 

antecedentes). 

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Cerificado N° 771 14 

.5. El 18 de noviembre de 2016, el recurrente mediante nota solicitó copia del expediente con Orden de Verificación N° 0016OVE01787, aceptando la devolución por voluntad propia del crédito fiscal del periodo observado y el pago en efectivo a la cuenta del Servicio de Impuestos Nacionales, sin embargo asevera tener observaciones sobre dos facturas que el sistema fiscal muestra, no obstante manifiesta que no se benefició del crédito fiscal como se declara en el párrafo no válidas, ya que su factura física concuerda con su libro notariado de compra y cuadra el pago del impuesto del formulario 200 con su sistema teniendo una diferencia de un mil bolivianos del total del periodo, haciendo referencia también a que el programa Da Vinci jala los datos del libro de compra, por lo que no se tiene la facultad para imprimir los datos y solo ver como lectura el cuadro del cuadro total a pagar, ante lo cual la Administración Tributaria en respuesta emitió el proveído 24-001887-16, de 28 de noviembre de 2016, atendiendo de manera positiva lo solicitado por el recurrente, en lo que se refiere al requerimiento de copias al amparo de lo establecido en los arts. 16 y 47 de la Ley 2341 (LPA) (fs. 95 y 98 c. I de antecedentes). 

.6. El 02 de diciembre de 2016, el recurrente presentó a la Administración Tributaria las Notas Fiscales 8942 y 4900 en original, asimismo, presentó la certificación de las mencionadas facturas, solicitando se de curso a sus descargos (fs. 105 c. I de antecedentes). 

.7. El 06 de febrero de 2017 el recurrente presentó la nota S/R a través de la cual solicitó se envíe a la sección correspondiente su documentación de Rectificación de Envío de Libro de Julio/2014, en el cual se corrigió la Factura 8942 de la Empresa Monterrey SRL, por un importe de Bs926.- que por error digitó un valor de Bs164.375.- del cual no se habría beneficiado del Crédito Fiscal (fs. 151 c. I de antecedentes). 

.8. El 07 de febrero de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 171976000897, de 07 de febrero de 2017, mediante la cual resolvió determinar de adeudo tributario, del contribuyente Luis Fernando Suarez Arias por un monto total de 23.462.- UFV’s equivalentes a Bs51.179.- (Cincuenta y un mil ciento setenta y nueve 14 de 46

Am. 

Autoridad de 

IMPU6NACIÓN Tributaria

00/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por la contravención tributaria de omisión de pago correspondientes al IVA, con incidencia en los periodos de julio y octubre de la gestión 2014 (fs. 120-134 y 136 c. Ide antecedentes). 

.9. El 24 de mayo de 2017, esta Autoridad emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0263/2017, la cual resolvió anular hasta el vicio más antiguo, esto fue hasta la Resolución Determinativa 171776000087, de 07 de febrero de 2017, debiendo emitirse un nuevo acto administrativo fundamentando y motivando su determinación es estricta sujeción y cumplimiento a lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 7 de la RND 10-0005-13 (fs. 137-149 c. I de antecedentes). 

.10. El 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171976000893, de 31 de mayo de 2019, mediante la cual resolvió determinar el adeudo tributario, del contribuyente Luis Fernando Suarez Arias por un monto total de 24.790.- UFV’s equivalentes a Bs57.089.- (Cincuenta y siete mil ochenta y nueve 00/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por la contravención tributaria de omisión de pago correspondientes al IVA, con incidencia en los periodos de julio y octubre de la gestión 2014 (fs. 177-188 y 189 c. I de antecedentes). 

.11. El 18 de octubre de 2019, esta Autoridad emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0475/2019, la cual resolvió anular hasta el vicio más antiguo, esto fue hasta la Resolución Determinativa N° 171776000893, de 31 de mayo de 2017, debiendo emitirse un nuevo acto en estricta sujeción de la normativa vigente aplicable al caso (fs. 195-200 c. I y 201-207 c. II de antecedentes). 

.12. El 13 de enero de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0085/2020, la cual resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0475/2019 de 18 de octubre de 2019 (fs. 210-220 c. II de antecedentes). 

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Cerificado N°77K14 

111.13. El 31 de mayo de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UTJ/INF/327/2020, el cual concluyó que los descargos presentados no desvirtúan las observaciones establecidas en la Vista de Cargo por lo que, al no haberse efectuado tampoco el pago correspondiente a la deuda tributaria, corresponde mantener los reparos para las facturas N° 8942 y 4900, ratificándose la sanción impuesta conforme señala el art. 11 caso 2 de la RDN 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016, a su vez, recomendó se proceda a la emisión y notificación de la Resolución Determinativa fs. 239-245 c. II de antecedentes). 

111.14. El 08 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 172076000221, de 31 de julio de 2020, la cual resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del contribuyente Suarez Arias Luis Fernando por un monto total de 25.652.- UFV’s equivalentes a Bs60.335.- (Sesenta mil trescientos treinta y cinco 00/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tiene incidencia en los periodos fiscales de julio y octubre de la gestión 2014 (fs. 246-258 y 259 c. II de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por falta de motivación, fundamentación, valoración de las pruebas de descargo, en la orden de verificación, Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa y 2. Incorrecta depuración del Crédito Fiscal y sobre la verdad material. 

IV.1 Cuestión previa. 

Con carácter previo, corresponde señalar que el recurrente Luis Fernando Suarez Arias, en su Recurso de Alzada, expuso tanto aspectos de forma como de fondo. En este sentido, conforme al procedimiento seguido en esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 16 de 46

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

o no de los vicios de nulidad expresados, y sólo en caso de no ser evidentes, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

IV.2. Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por falta de motivación, fundamentación, valoración de las pruebas de descargo, en la 

orden de verificación, Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa. – 

El recurrente indicó que toda Orden de Verificación tiene un alcance que debe ser respetado, pues es el que delimita las actuaciones y posteriores determinaciones en caso de existir diferencias, en tal sentido, refirió que el alcance de la Orden de Verificación se encuentra limitado a la revisión de las facturas de compras detalladas en el cuadro de diferencias; sin embargo, observó que en ninguna parte de la Orden de Verificación se muestra cual es la DIFERENCIA a la que hizo referencia la Administración Tributaria cuando le notificó con la misma, y que si bien, en la Vista de Cargo señaló que en el Libro de Compras IVA (LC-IVA no rectificado) existen diferencias entre la información declarada y el importe de las facturas observadas, empero dicha información no le fue comunicada desde un inicio con la orden de verificación, en consecuencia, alegó que la referida Orden de Verificación carece de motivación y fundamentación y por ende vulnera el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. 

Asimismo, mencionó que no existe manera de que un contribuyente pueda obtener de la oficina virtual el detalle de las facturas declaradas en sus libros de compras y ventas IVA, lo único que se puede obtener es un reporte general de los importes declarados y no así el detalle de las notas fiscales, por tal motivo no es posible conocer los errores de transcripción de las facturas o lo que el fisco llama DIFERENCIAS, sino hasta la notificación de la Vista de Cargo, lo que vulnera el derecho a una debida defensa al carecer de medios para detectar dichos errores de manera voluntaria antes de la notificación con la Vista de Cargo. 

Sobre el mismo tema, indicó que en la página 9 de la Resolución Determinativa y en todos los actuados menciona la palabra DIFERENCIAS, es decir que, si dichas diferencias no fueron notificadas desde el inicio de la verificación todos los actos posteriores carecen de motivación y fundamentación, al respecto citó los arts. 66 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 29 inc. c), 32 del DS 27310 (RCTB). 

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El recurrente manifestó también que la Administración Tributaria no solo vulneró las garantías del debido proceso y derecho a la defensa, sino que además incurrió en vulneraciones procedimentales que habrían viciado de nulidad el presente proceso de fiscalización toda vez que, posterior a la notificación de la Orden de Verificación, presentó la documentación integra, según lo requerido por la entidad recurrida, sin que la misma sea valorada en su real magnitud. Asimismo, señaló que la Administración Tributaria realizó una carente y escueta fundamentación de las pruebas y documentos presentados, limitándose únicamente a mencionarlas, pero no así a valorarlas, sin aplicar ningún criterio o método técnico jurídico para descartar los descargos presentados, advirtiéndose que no existe pronunciamiento a la documentación presentada, como tampoco se habría dilucidado por que la documentación no es suficiente para respaldar las transacciones declaradas, es mas no existe fundamentación alguna en los cargos impuestos en la Vista de Cargo, como tampoco fundamentación, análisis y resultado a los descargos presentados por su persona a las observaciones vertidas en la Vista de Cargo, toda vez que, la Resolución Determinativa contempla las mismas observaciones establecidas preliminarmente en la Vista de Cargo, con excepción de los pagos realizados, procediendo nuevamente a omitir la valoración de los descargos presentados. 

En ese entendido, indicó que al no haber valorado los descargos presentados a las observaciones establecidas en la Vista de Cargo referente a los Libros de Compras IVA Físico notariado presentado al principio de la verificación, la Administración Tributaria habría vulnerado totalmente el Derecho a la Defensa y el derecho al Debido Proceso, ya que en la Resolución Determinativa no existe un pronunciamiento claro, ni preciso sobre las pruebas cursantes en el expediente administrativo, consistente en: Libros de Compras IVA Físico notariado, Medios de Pago, Certificaciones emitidas por los Proveedores; pese además de contar la Administración Tributaria con toda la información obtenida a través del Análisis de Gabinete (Cruce por sistemas, Consultas LCV a Proveedores, etc.) realizado por el funcionario actuante, la cual de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del Decreto Supremo 27310 tiene validez probatoria. 

Mencionó que en la página 9 de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria señaló y reconoció claramente la existencia del libro de compras notariado 

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ait! 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

presentado en la etapa de descargos, sin embargo, no mencionó el aspecto técnico y legal para que este medio de prueba no sea válido ni valorado en su real magnitud. 

Así también indicó que en fojas 9 de la Resolución Determinativa señaló que la Factura 8942 fue declarada por Bs164.275.- en sus libros de compras, determinando erróneamente que su persona se benefició de dicho importe en la Declaración Jurada del IVA del periodo 07/2014, sin embargo, en ninguna parte de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa se señaló que el importe correcto declarado en el Libro de Compras IVA físico y luego trasladado a la DDJJ fue de Bs926, situación que demuestra que no existe beneficio alguno de Crédito Fiscal y que la Administración Tributaria omitió valorar en sus actuados. 

Concluyó argumentando que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa no contemplan los hechos, actos y datos generados en el proceso de fiscalización, sin realizar un análisis técnico y legal que señale el origen de los reparos determinados, tampoco realizaron una adecuada valoración de la documentación física presentada al inicio de la fiscalización y previa emisión de la RD, a efecto de verificar las facturas de las que se obtuvo el crédito fiscal declarado en los periodos observados, lo que permite validar el crédito fiscal a favor de su empresa y en consecuencia la inexistencia de diferencias en la factura 8942 que fue declarada por Bs926 y no así por Bs164.375, por lo que se vulneró el art. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), así como las garantías constitucionales establecidas en el art. 115 y 117 de la CPE, además del art. 28 inc. e) de la Ley 2341 y el art. 55 del DS 27113. Así también, citó la Sentencia Constitucional SC 1369/2001-R. 

En contra posición la Administración Tributaria estableció que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0475/2019 de fecha 18 de octubre de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0085/2020 de fecha 13 de enero 2020, anularon hasta la Resolución Determinativa 171976000893, motivo por el cual no correspondería efectuar observaciones tanto a la Vista de Cargo 29-000553- 16, como a la Orden de Verificación N° 0016OVE01787; sin embargo, el recurrente observa falta de motivación y fundamentación en la Orden de Verificación, señalando 

también que es “un acto oscuro”, siendo que el mismo es un acto administrativo con

el cual únicamente se inicia el procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia con el importe pagado o por pagar de 

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impuestos del contribuyente, y lo emplaza para la presentación de la documentación requerida y detallada en la misma, conforme a lo establecido en los artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo 27310; con el cual el contribuyente tiene la oportunidad de presentar además de toda la documentación específicamente requerida, otros documentos adicionales que puedan servir para desvirtuar cualquier observación por parte de la Administración Tributaria, toda vez que es la Vista de Cargo la que contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa. 

A su vez, señaló que, producto de que el contribuyente no logró desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 172076000221 con saldo a favor del fisco, la misma que señala con total claridad, el lugar y fecha, razón social del sujeto pasivo, las especificaciones de la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y derecho con la valoración de los descargos presentados por el contribuyente cursante de fojas 7 a 10 de la Resolución Determinativa impugnada, así como la valoración del Libro de Compras IVA del periodo julio/2014 enviado mediante el LCV DA Vinci rectificado el 06 de febrero 2017, sin extralimitar el alcance de la Orden de Verificación y con la fundamentación de hecho y de derecho que fueron observados mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0475/2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0085/2020; la calificación de la conducta como Omisión de Pago, las sanciones establecidas, así como la firma, nombre y cargo de la Autoridad competente en estricto cumplimiento a lo señalado en el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB). 

Sobre la Sentencia Constitucional 1369/2001-R, indicó que la misma refiere a una Resolución en la cual se omitió exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva, situación totalmente diferente al caso que nos ocupa, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento. 

Al respecto, la Doctrina Tributaria señala que se entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 20 de 46

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

En relación al acto administrativo, la doctrina señala que éste “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV, Fundación Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37). 

Es preciso considerar que en cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que: “el acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)”; añade también que “la fundamentación del acto determinativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto” (GIULIANI Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520). 

De igual manera la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma 

  • :¿> 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio 

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Cm¡ficadoN°77U4 

específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” 

Por otra parte, tal como lo señala la SC 0287/2003-R , de 11 de marzo, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. 

En la legislación nacional, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

Por su parte, el art. 68 num. 7 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos por este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución 

Por otro lado, el art. 76 de la misma disposición legal, dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer vales sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), señala que “(…) las pruebas se apreciaran conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles solamente aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad (…)”. 

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Alfi 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En efecto, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos tal cual lo refiere el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), cuando hace mención a la carga de la prueba en etapa administrativa. Asimismo, el art. 81 de la Ley mencionada, dispone que las pruebas se apreciaran, siempre que éstas cumplan con el requisito de pertinencia y oportunidad. En este sentido, dentro del proceso de determinación el art. 98 de la Ley descrita, prevé que el contribuyente o sujeto pasivo tenga un plazo (30) treinta días para la presentación de sus descargos, computables desde la notificación con la Vista de Cargo vencidos los cuales se emitirá la Resolución Determinativa respectiva. 

Por su parte, el art. 29 del DS 27310 (RCTB), establece que la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más períodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar, d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos que correspondieran. 

En cuanto a la Vista de Cargo, el art. 96 parágrafos I y III de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales establecidos. Por su parte 

el art. 98 del DS 27310 (RCTB) señala los requisitos esenciales que debe contener la Vista de Cargo y que la ausencia de cualquiera de esos requisitos viciara de nulidad 

el acto. 

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Cerificado N° 77 !• 14 

Asimismo, la Resolución Determinativa, los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que dicho acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe contener requisitos esenciales y formalidades, tales como: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones, la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido, cuya ausencia lo vicia de nulidad. Concordante con la RND 10-0032-16 en sus art. 7 parágrafo I que señalan los requisitos de la Resolución Determinativa entre los que se encuentran: a) Número de Resolución Determinativa; b) Lugar y fecha de emisión; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes; e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación; f) Número de la Vista de Cargo, fecha de emisión y notificación; g) Base imponible expresada en bolivianos; h) Base cierta y/o presunta de la Determinación; i) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación); j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron origen al monto del Adeudo Tributario; k) Relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaria de cada una de las pruebas y/o alegatos presentados; I) Liquidación del adeudo tributario a la fecha de emisión por impuesto, periodo y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), Intereses expresados en UFV, Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación, Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago), Importe de la sanción por la conducta, Total Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago, Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda; ) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la disposición que la define como tal y establece la sanción pecuniaria; n) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la 24 de 46

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución Determinativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo; o) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. 

De la revisión de los antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria inició el procedimiento de determinación a través de la notificación personal al recurrente Luis Fernando Suarez Arias con la Orden de Fiscalización 0016OVE01787 (F-7531) el 01 de septiembre de 2016, comunicándole que sería sujeto a un Proceso de verificación especifica crédito fiscal IVA, con alcance del Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente detallado en el anexo de la orden, para los periodos julio y octubre de la gestión 2014, asimismo se le solicitó la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de compras, facturas de compras originales, documentos que respalde el pago realizado, y otra documentación que el fiscalizador asignando solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el anexo a la orden (fs. 5-6 c. I de antecedentes). En respuesta, el 08 de septiembre de 2016, el recurrente mediante nota expresó que la empresa a la cual representa no cuenta con un sistema contable, por tal motivo no realiza comprobantes de egreso, por lo que solicita se pueda obviar ese requisito, conforme consta en el Acta de Recepción de documentación (fs. 11 c. I de antecedentes), en la misma fecha, el recurrente presentó Declaraciones Juradas Form. 200 correspondientes a los periodos julio y octubre de 2014, libro de compras de la gestión 2014 y facturas Nos. 8942, 2766, 2793, 2821, 2854, 2881, 3231, 3259, 3292 y 4900, correspondientes a los periodos julio y octubre de la gestión 2014 (fs. 8 c. I de antecedentes). 

Consecuentemente, el 17 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Vista de Cargo 29-000553-16, de 11 de noviembre de 2016, la cual indica que como resultado del proceso se calculó la deuda sobre base cierta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y art. 7 del DS 27310 (RCTB), estableciéndose reparos a favor del fisco por concepto de IVA según lo establecido en el art. 2 (modificaciones) de la Ley 812 

de 30 de junio de 2016, que modifica el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), constatándose ñ 

que el contribuyente hoy recurrente se benefició con crédito fiscal de las notas fiscales observadas no válidas para para los periodos julio y octubre de la gestión 2014, resultando un impuesto determinado de 50.390,38 UFV’s, señalando asimismo 

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Cerificado 771.14 

que las omisiones detectadas en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) se adecúan al ilícito tributario de Omisión de Pago, vigente a la fecha del hecho generador, sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFVs de conformidad al art. 42 del DS 27310 (RCTB), exponiendo la reducción de sanciones en consideración a la fecha y oportunidad de pago, así como el art. 2 parágrafo V de la Ley 812 que modifica el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), y otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 84-90 c. I de antecedentes). 

En efecto, el recurrente mediante nota solicitó copia del expediente con Orden de Verificación N° 0016OVE01787, aceptando la devolución por voluntad propia del crédito fiscal del periodo observado y el pago en efectivo a la cuenta del Servicio de Impuestos Nacionales, sin embargo, según la notificación de la Vista de Cargo, tiene dos facturas observadas que el sistema muestra, de las cuales no se habría beneficiado con el crédito fiscal ya que su factura física cuadra con su libro notariado y con el pago del impuesto del Formulario 200, por tanto, solicitó esclarecer para terminar con las observaciones (fs. 95 y 98 c. I de antecedentes). 

Continuando con la compulsa, se tiene que el 02 de diciembre de 2016, el recurrente presentó a la Administración Tributaria las Notas Fiscales N° 8942 y 4900 en original, asimismo, presentó la certificación de las mencionadas facturas, solicitando se de curso a sus descargos (fs. 105 de antecedentes c. I), a su vez, el 06 de febrero de 2017 el recurrente presentó la nota S/R a través de la cual solicitó se envíe a la sección correspondiente su documentación de Rectificación de Envío de Libro de Julio/2014, en el cual se corrigió la Factura 8942 de la Empresa Monterrey SRL, por un importe de Bs926.- que por error digitó un valor de Bs164.375.- del cual no se habría beneficiado del Crédito Fiscal (fs. 151 c. I de antecedentes). Posteriormente, el 07 de febrero de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171976000897, de 07 de febrero de 2017, mediante la cual resolvió determinar de adeudo tributario, del contribuyente Luis Fernando Suarez Arias por un monto total de 23.462.- UFV’s equivalentes a Bs51.179.- (Cincuenta y un mil ciento setenta y nueve 00/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por la contravención tributaria de omisión de pago correspondientes al IVA, con incidencia 

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AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

en los periodos de julio y octubre de la gestión 2014 (fs. 120-134 y 136 c. I de antecedentes). 

Posteriormente, el 24 de mayo de 2017, esta Autoridad emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0263/2017, la cual resolvió anular hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Determinativa 171776000087, de 07 de febrero de 2017, debiendo emitirse un nuevo acto administrativo fundamentando y motivando su determinación es estricta sujeción y cumplimiento a lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 7 de la RND 10-0005-13 (fs. 137-149 c. I de antecedentes), en consecuencia, el 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 171976000893, de 31 de mayo de 2019, mediante la cual resolvió determinar de adeudo tributario, del contribuyente Luis Fernando Suarez Arias por un monto total de 24.790.- UFV’s equivalentes a Bs57.089.- (Cincuenta y siete mil ochenta y nueve 00/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por la contravención tributaria de omisión de pago correspondientes al IVA, con incidencia en los periodos de julio y octubre de la gestión 2014 (fs. 177-188 y 189 c. I de antecedentes). 

De la misma compulsa, se tiene que, el 18 de octubre de 2019, esta Autoridad emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0475/2019, la cual resolvió anular hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Determinativa 171776000893, de 31 de mayo de 2017, debiendo emitirse un nuevo acto en estricta sujeción de la normativa vigente aplicable al caso (fs. 195-200 c. I y 201-207 c. II de antecedentes), por lo que el 13 de enero de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0085/2020, la cual resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0475/2019 de 18 de octubre de 2019 (fs. 210-220 c. II de antecedentes). 

Finalmente, el 08 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa 172076000221, de 31 de julio de 2020, la cual resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del contribuyente Suarez Arias Luis Fernando por un monto total de 25.652.-UFV’s equivalentes a Bs60.335.- (Sesenta mil trescientos treinta y cinco 00/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción 

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CertficadoN°771.14 

por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tiene incidencia en los periodos fiscales de julio y octubre de la gestión 2014 (fs. 246-258 y 259 c. II de antecedentes). 

Ahora bien, del marco normativo expuesto precedentemente y conforme los antecedentes antes descritos y con relación a los vicios de nulidad alegado por el recurrente, referido a la falta de motivación y fundamentación de la Orden de Verificación, toda vez que al momento de notificación de la referida Orden la Administración Tributaria no muestra cual es la DIFERENCIA a la que hace referencia y que si bien, la Vista de Cargo establece las diferencias entre la información declarada y el importe de las facturas observadas, empero dicha información no fue comunicada desde el inicio con la Orden de Verificación; al respecto, de la lectura y análisis al “Detalle de Diferencias” adjunto a la Orden de Verificación N° 0016OVE01787 de 26 de julio de 2016, se observa que en el punto 2. establece la Información del Contribuyente, NIT, Razón Social y Dirección, luego expone un cuadro en el que consigna el detalle de las facturas sujetas a verificación (Gestión/periodo, NIT factura, N° Orden/N° de Autorización y N° de factura), a su vez, listó la documentación referida a las transacciones observadas y otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que el recurrente presente la documentación requerida (fs. 6 c. I de antecedentes), en efecto, el recurrente mediante nota presentada el 08 de septiembre de 2016, comunicó a la Administración recurrida su imposibilidad de presentación de los comprobantes de egreso, toda vez que no contarían con un Sistema Contable, a su vez, en la misma fecha, la entidad recurrida recepcionó del recurrente las Declaraciones Juradas F-200, el Libro de Compras de la gestión 2014 y las Notas Fiscales observadas, según consta el Acta de Recepción de Documentación (fs. 8 y 11 c. I de antecedentes). 

De lo anterior, se advirtió que contrario a lo alegado por el recurrente, el cuadro de diferencias anexo a la Orden de Verificación expresa de manera puntual las facturas sujetas a verificación y la documentación requerida por la Administración Tributaria a objeto de verificar las transacciones declaradas por el recurrente, no obstante a ello, la Orden de Verificación se constituye en un acto administrativo con el cual se da inicio el procedimiento de verificación, control de elementos, hechos y circunstancias del sujeto pasivo, conforme lo señala el art. 32 del DS 27310, que a su vez, le otorgó el plazo correspondiente a efecto de que el sujeto pasivo presente descargos que 28 de 46

AIU 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

estime conveniente, plazo en el cual el recurrente haciendo uso de su derecho, presentó la documentación requerida por la Administración Tributaria, en ese entendido, no es evidente la vulneración del derecho al debido proceso y derecho a la defensa alegado por el recurrente en el presente punto. 

Continuando con los vicios de nulidad alegados por el recurrente, en relación a que los descargos presentados a la Orden de Verificación no fueron valorados, limitándose únicamente a mencionarlos, sin existir pronunciamiento a la documentación presentada y los cargos impuestos, al respecto, esta Autoridad mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ-RA 0475/2019 de 18 de octubre de 2019, a fojas 20-21 de 26 (fs. 204vta.- 205 c. II de antecedentes), realizó el análisis a la Vista de Cargo, concluyendo que, “(…) no son evidentes las observaciones de falta de valoración y fundamentación de la Vista de Cargo, toda vez que la misma contiene los fundamentos de hecho y derecho, datos, elementos y valoraciones que fundamentan las observaciones, contiene la liquidación de la deuda tributaria establecida y cumple con las previsiones previstas en los arts. 96 de la Ley 2492, 18 del DS 27310 y 6 de la RND 10-0032-16, por lo que corresponde desestimar sus agravios al respecto (…), concordante con lo que fue analizado en el recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0263/2017″, en ese sentido, al advertirse que esta instancia ya emitió pronunciamiento con relación a la falta de valoración de descargos y fundamentación de la Vista de Cargo, cuya Resolución de Alzada se encuentra firme, por tanto, no corresponde emitir pronunciamiento alguno, toda vez que ya fue revisada la vista de cargo en esta instancia. 

Prosiguiendo con las nulidades vertidas por el recurrente, sobre la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa y falta de pronunciamiento de las pruebas cursantes en el expediente administrativo; en ese sentido, está Autoridad procederá analizar dicho aspecto, por lo que, de la compulsa y análisis a la Resolución Determinativa impugnada se tiene que, la Administración Tributaria en la parte considerativa, bajo el título “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – CRÉDITO FISCAL” a fojas 7-10 de 13, indicó que “(…) el contribuyente en fecha 18 de noviembre de 2016, presenta una carta en el que solicita copia del expediente, 

/° 

asimismo señala aceptar la devolución del crédito fiscal y pone a conocimiento de la Administración Tributaria el pago en efectivo, por otra parte, manifiesta tener observaciones en dos facturas, que según el contribuyente no se habría beneficiado 

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Justic/ia tributaria paravivir bien 

Jan rhit’ayirjach’a kamani (Aymara) 

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Cerificado 77114 

de ese crédito fiscal, carta en la que se adjunta fotocopia de cédula de identidad y constancia de pago, es así que en respuesta al requerimiento de copia del expediente se emite el Proveído 24-001887-16 de fecha 28 de noviembre de 2016″. Asimismo, el contribuyente en fecha 02/12/2016, presenta carta de descargos, en el que adjunta la siguiente documentación: Fotocopia de certificación del proveedor “Monterey” correspondiente a la factura N° 8942, fotocopia de certificación del proveedor “Jorge Eguez Molina”, Fotocopia de factura N° 8942 y 4900 y fotocopia de identidad del contribuyente”. 

A continuación, expresó que “(…) tomando en cuenta que el contribuyente comunica haber realizado pagos en efectivo, se procede a la revisión de la Base de Datos corporativa (BDC) del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria, habiéndose evidenciado que en fecha 18 de noviembre de 2016, el contribuyente efectúa el pago de Bs30.459.- (Treinta mil cuatrocientos cincuenta y nueve 00/100 bolivianos), mediante Boleta de Pago F-1000v2 con número de orden 7664199064, el cual es direccionado a la Orden de Verificación N° 0016OVE01787, asimismo, se constató que dicho pago corresponde al tributo omitido de las facturas observadas N” 3231, 3259, 3292, 2766, 2793, 2821, 2854, 2881 del periodo fiscal de octubre de la gestión 2014, más sus accesorios establecidos por ley”. Seguidamente detalló en un cuadro el pago a cuenta realizada para el periodo de octubre de 2014, estableciendo que “(…) considerando el pago a cuenta realizado por el contribuyente correspondiente al periodo de octubre/2014, se modifica la base imponible para este periodo a Bs6.085.- (Seis mil ochenta y cinco 00/100 bolivianos), por lo que, de la aplicación de la alícuota del 13% sobre las compras no válidas se tiene la omisión de Bs791.05.- (Setecientos noventa y uno 05/100 bolivianos), por concepto del Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal. Asimismo, para el periodo julio/2014, se mantiene el crédito fiscal no válido de Bs21.248,37- (Veintiún mil doscientos cuarenta y ocho 37/100 bolivianos), por concepto del Impuesto al Valor Agregado”. 

Posteriormente indicó que “(…) considerando que el contribuyente presenta descargos para lasfacturas 8942 y 4900 a continuación, se procederá alanálisis y valoración de los documentos presentados y los argumentos expuestos por el contribuyente (…)”, es así que, bajo el título Valoración de descargos”, “Argumentos del contribuyente”, describió inextenso el argumento de descargo presentado por el recurrente en fecha 18 de noviembre de 2016, referido a que no se 30 de 46

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

benefició del crédito fiscal y que su factura física concuerda con su libro notariado, para luego expresar en el título “Posición de la Administración Tributaria”, que “(…) se realizó la revisión del libro notariado del periodo julio/2014 verificándose el registro de la factura N° 8942 con número de autorización N° 7904001206310 de fecha 01/07/2014 por un importe de Bs926, el cual efectivamente coincide con el importe de su factura física, referente a ello se enfatiza que el crédito fiscal contenido en esta factura fue validado en la Vista de Cargo. Sin embargo, este libro notariado no desvirtúa el hecho de que el contribuyente se haya beneficiado del crédito fiscal en demasía resultante del importe de Bs164.375- (Ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco 00/100 bolivianos) declarado en el libro de compras enviado a través de módulo Da Vinci LCV en fecha 21/08/2014, monto que representa aproximadamente un 48% del total de compras declaradas en el Formulario 200 y que además tiene incidencia directa en el impuesto determinado por el contribuyente en fecha 18/08/2014 en su declaración jurada IVA del período de julio/2014″. 

Posterior a ello, señaló que “(…) de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que en el expediente cursa fotocopia de una carta presentada por el contribuyente en fecha 06/02/2017 de referencia Rectificación de envío del libro 

julio/2014, en el que señala “…se corrige la factura observada…Nro…8942 de Bs926.- que por error se digitó un valor de Bs164.345- y que no he beneficiado del crédito fiscal…”, asimismo cursa en el expediente fotocopia de constancia de presentación de libro de compras y ventas, por lo que, en atención a la referida carta, se procede a la revisión de la base de datos del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria evidenciándose que el contribuyente en fecha 06/02/2017, rectifica su libro de compras del periodo julio/2014, así también se verificó la corrección del importe de la factura N° 8942 por Bs926, sin embargo esta rectificación no surte ningún efecto legal ni es considerada válida, toda vez que es realizada posterior a la notificación de la Orden de Verificación N° 0016OVE01787, la cual fue efectuada en fecha 01/09/2016 (…)”. “En lo que concierne a la demás documentación presentada: certificado del proveedor “Importadora y exportadora Monterrey SRL, factura N° 8942, se aclara que esta factura fue validada en la Vista 

Ñ 

de Cargo por el Importe consignado de Bs926, por lo que estos documentos solo respaldan la validación ya realizada, sin embargo, no demuestran que el 

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contribuyente no se haya apropiado del crédito fiscal en demasía resultante del importe registrado en su libro de compras LCV Da vinci. 

A continuación, sostuvo que, “Considerando que el contribuyente para la factura N° 4900 presenta en calidad de descargo fotocopia de certificación del proveedor Jorge Eguez Molina, de la revisión de este documento se observa que la factura N° 4900 fue emitida a favor del contribuyente Suarez Arias Luis Fernando, sin embargo, al haber sido presentado en fotocopia simple no fue posible verificar la autenticidad del contenido de este documento, por lo que dicha situación le resta el valor probatorio para respaldar la transacción comercial de esta factura, en este sentido el contribuyente debió presentar documentación fehaciente que demuestre que la transacción se haya realizado efectivamente (…)”. Por lo que, concluyó indicando que la documentación presentada en calidad de descargo no desvirtúa que el contribuyente se haya beneficiado indebidamente de un crédito fiscal que no le correspondía, resolviendo determinar el adeudo tributario del contribuyente por un monto total de 25.652.- UFV’s equivalente a Bs60.335.- para los periodos julio y octubre de 2014. 

Del análisis que antecede, se advierte que la documentación y argumentos de descargos de todas las pruebas presentadas por el recurrente a la Vista de Cargo, sí fueron valoradas y fundamentadas por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, toda vez que, precisamente producto de su valoración y la información obtenida del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), aceptó los descargos presentados, disminuyendo los cargos notificados en la Vista de Cargo. Asimismo, contrario a lo aleado por el recurrente, en relación al libro de compras notariado indicó que el importe registrado coincide con el importe de la factura 8942 de Bs926.- empero dicho libro no desvirtúa el hecho de que el contribuyente se haya beneficiado del crédito fiscal en demasía del importe de Bs164.375 y que la rectificatoria del Libro de Compras realizada en la gestión 2017, no surte efecto debido a que fue realizada de manera posterior a la notificación de la Orden de Verificación.-. 

En ese sentido, se evidenció que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa impugnada, cumplió los requisitos previstos en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), incs. j) y k) art. 7 de la RND 10-0032-16, señalando lugar yfecha 32 de 46

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de la emisión, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho y la calificación de la conducta, además de la relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentada por el sujeto pasivo y la valoración por parte de la Administración Tributaría de cada una de las pruebas y/o alegatos aportados, a su vez, cumpliendo a cabalidad con la Sentencia Constitucional SC 1369/2001-R, referida a la fundamentación de la Resolución, en consecuencia, al no haberse evidenciado vulneración de derechos y de garantías constitucionales no corresponde la nulidad alegada por el recurrente en el presente punto. 

IV.3. Sobre la incorrecta depuración del Crédito Fiscal y sobre la verdad material. 

El recurrente indicó que dentro del proceso de determinación iniciado con la Orden de Verificación N° 00160VE001787, donde hace referencia específica que el alcance comprende el crédito fiscal IVA de las facturas detalladas en el anexo del Form. 7531, habiéndose conformado en el transcurso de la verificación la deuda tributaria de las facturas que no contaban con respaldo, sin embargo, para las Facturas 8942 y 4900 presentó toda la documentación que demuestra que las compras cuentan con la efectiva realización de la transacción, habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por ley para validar el crédito fiscal, empero, la entidad tributaria en su afán recaudatorio y confiscatorio no reconoce como válida ninguna de las facturas observadas. 

Asimismo, indicó que la DDJJ F-200 del periodo 07/2014 donde el importe de compras declarado coincide con el importe del Libro de Compras por Bs343.374, fue presentado el 08 de septiembre de 2016 según el acta de recepción de documentos firmada por el funcionario del SIN, lo cual prueba que su persona no se benefició de un crédito fiscal emergente de la Factura 8942. 

Por otro lado, manifestó que, en virtud al principio de verdad material, es obligación de la Administración Tributaria la averiguación de los hechos conforme establece el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA) en concordancia del art. 3 del DS 26462 de 22 de diciembre de 2001, por lo que, de lo descrito en la página 10 de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria a objeto de obtener la verdad material 

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debió verificar el libro de compras rectificado e informado dentro de la verificación que coincide con la información presentada por los proveedores, utilizando los medios tecnológicos a su alcance que tiene validez probatoria (declaraciones juradas y cruces de información con los libros de ventas de los proveedores), sin embargo, optó por desconocer todas las pruebas físicas aportadas y dar por válida la información declarada en el libro de compras. 

En ese entendido, indicó que la verdad de los hechos es que todas las facturas declaradas físicamente en los periodos observados coinciden en sus importes con los libros de compras y las declaraciones juradas del IVA, situación que los funcionarios actuantes verificaron con la información que está a su disposición, sin embargo, dichas pruebas fueron desconocidas. 

En contra posición, la Administración Tributaria señaló que de la revisión y análisis de la documentación presentada por el contribuyente y la información extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), evidenció que las facturas o notas fiscales sujetas a verificación fueron declaradas por el contribuyente en su libro de compras (LCV Da Vinci) y en el F-200 de los periodos de julio y octubre de la gestión 2014, constatándose las observaciones bajo los Códigos Va. Validadas Parcialmente, Código 4. No presenta documentación suficiente que respalde la transacción y Código 6. No emitidas. 

Con relación a lo referido por el recurrente que la Administración Tributaria reconoce la existencia del libro de compras notariado, indicó que de fojas 8 a 10 del acto impugnado, realizó un análisis técnico y legal respecto a lo argumentado por el recurrente, con un breve resumen de los antecedentes antes de ingresar a la valoración de este descargo presentado por el sujeto pasivo, en el que explicó que la factura 8942 con número de autorización 7904001206310 de 01 de julio de 2014, fue declarada por el contribuyente en su libro de compras enviado a través del módulo Da Vinci por un importe Bs164.375,00.- (Ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco 00/100 bolivianos), correspondiente al periodo de julio/2014, la cual fue sujeta a verificación en el presente proceso de determinación, en este entendido, a través de la Orden de Verificación 0016OVE01787, se le solicitó al contribuyente cierta documentación que se encuentra descrita en el detalle de diferencias de la referida orden, producto de ello, el contribuyente presentó la 34 de 46

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

factura original 8942, por lo que, de la revisión realizada se evidenció que en la factura física se consigna el importe de Bs926 (Novecientos veintiséis 00/100 bolivianos), considerando este aspecto se efectuó el contraste con la información registrada por el proveedor Importadora Monterrey SRL en su libro de ventas LCV Da Vinci, habiéndose evidenciado que este proveedor declaró haber emitido dicha factura a favor del contribuyente por el importe Bs926, por consiguiente se procedió a la validación del crédito fiscal contenido en esta factura, sin embargo, por la diferencia detectada se determinó un saldo a favor del fisco, tal y como se puede visualizar en el cuadro de Análisis de las Notas Fiscales Observadas cursante a fojas 2 de la Resolución Determinativa 172076000221 ahora impugnada. 

Ahora bien, tomando en cuenta que el contribuyente señaló no haberse beneficiado del crédito fiscal y que su factura física concordaría con su libro notariado, en atención a esta aseveración se realizó la revisión del libro de compras notariado del periodo julio/2014, verificándose el registro de la factura 8942 con número de autorización N° 7904001206310 de fecha 01 de julio de 2014 por un importe de Bs926, el cual efectivamente coincide con el importe de su factura física, referente a ello se enfatizó que el crédito fiscal contenido en dicha factura fue validado en la Vista de Cargo; sin embargo, el libro notariado no desvirtúa el hecho de que el contribuyente se haya beneficiado del crédito fiscal en demasía resultante del importe de Bs164.375,00 (Ciento sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco 00/ bolivianos) declarado en el libro de compras enviado a través de módulo Da Vinci – LCV en fecha 21/08/2014, monto que representa aproximadamente un 48% del total de las compras declaradas en el Formulario 200 y que además tiene incidencia directa en el impuesto determinado por el contribuyente en fecha 18 de agosto de 2014 en su declaración jurada IVA del periodo de julio/2014. 

Al respecto señaló que el libro de compras presentado a través del software Da Vinci LCV, al ser un medio informático autorizado por la Administración Tributaria, se constituye en un medio legal de prueba válido, conforme a lo dispuesto en el párrafo II del artículo 77 de la Ley 2492 (CTB); en concordancia con el artículo 7 del Decreto Supremo 27310, que señala que la información generada, enviada, recibida y 

Ñ 

almacenada en los sistemas informáticos de la Administración Tributaria surten efectos jurídicos y tienen plena validez probatoria, teniendo en cuenta este aspecto, la determinación del crédito fiscal IVA declarado por el contribuyente en el Formulario 

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200, es respaldada con la información del libro de compras presentado mediante el software Da Vinci -LCV, bajo este razonamiento estableció que el contribuyente para el periodo de julio/2014 se benefició del crédito fiscal resultante del importe de Bs164.375,00 declarado en el LC DAVINCI correspondiente a la factura N° 8942, como prueba de ello se tiene el registro en la casilla “Rubro 2 (a)” del Form. 200 de 18/08/2014 del periodo julio/2014, por lo que al encontrarse dicho importe inmerso en total de compras del Formulario 200, el contribuyente se apropió indebidamente de un crédito fiscal que incidió en la determinación del impuesto por pagar para este periodo, el mismo que no fue rectificado con la Declaración Jurada correspondiente, a su vez, indicó con relación a la carta presentada por el contribuyente en fecha 06 de febrero de 2017, procedió a la revisión de la base de datos del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria evidenciándose que el contribuyente en fecha 06 de febrero de 2017, rectificó su libro de compras del periodo Julio/2014, así también, verificó la corrección del importe de la factura 8942 por Bs926, sin embargo, esta rectificación no surte ningún efecto legal ni es considera valida, toda vez que es realizada posterior a la notificación la Orden de Verificación 0016OVE01787, la cual fue efectuada en 01 de septiembre de 2016, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo III del artículo 83 de la Resolución Normativa Directorio 10-0021-16 de 01 de julio de 2016, que señala: “La corrección de la información de los libros de compras y ventas IVA, por los periodos o gestiones señalados en una Orden de Fiscalización y/u Orden de Verificación debidamente notificada, no surten efecto legal, ni se considerarán válidas”, normativa vigente en el momento en que se efectuó la rectificación. 

Asimismo, señaló que si bien es cierto que el contribuyente a través de los sistemas de la Administración Tributaria no puede obtener certificaciones de los libros de compras y ventas declaradas, tal situación no exime al contribuyente de su obligación de respaldarlas actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros contables u otros documentos que permitan demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, conforme a lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB). 

Por otro lado, con relación a la verdad material invocada por el recurrente señaló que las observaciones se deben a la falta de respaldo que demuestren la efectiva realización de la transacción de acuerdo a lo establecido en los numerales 4, 5 y 6 36 de 46

AíÜ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), en este sentido, dichas observaciones fueron realizadas debido a que el contribuyente no respaldó, ni demostró la procedencia de los créditos impositivos que considere le corresponda y evidencien la efectiva realización de la transacción. 

En este sentido, advirtió que el contribuyente Suarez Arias Luis Fernando, es el responsable de respaldar su crédito fiscal, en virtud a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es así que el contribuyente debió aportar documentación fehaciente; sin embargo, la documentación presentada no desvirtúa que el contribuyente se haya beneficiado indebidamente de un crédito fiscal que no le correspondía, teniéndose como prueba de ello, la declaración jurada Form. 200 y el libro de compras LC Da Vinci del periodo julio/2014 en el que registra la Factura 8942 por un importe de Bs164.375.-, generando dicha cuantía un crédito fiscal en demasía, en este entendido, la información de importancia fiscal declarada en estos medios e instrumentos tecnológicos autorizados por la Administración Tributaria, se constituyen en medios legales de prueba válidos para sustentar la depuración del crédito fiscal, en virtud a lo dispuesto en el párrafo II de los arts. 77 y 79 de la Ley 2492 (CTB), concordante con lo establecido en el art. 7 del DS 27310. 

Al respecto, cabe poner en evidencia que en materia administrativa rige el principio de verdad material de acuerdo con lo previsto en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del num. 1 del art. 200 de la Ley 2492 (CTB), por el cual, toda autoridad administrativa debe investigar la verdad material en oposición a la verdad formal; consecuentemente, toda vez que de acuerdo a los antecedentes administrativos y la prueba presentada en instancia Administrativa se tiene que las facturas observadas porque no presentaron medios fehacientes de pago que demuestren la realización de las transacciones comerciales y por formalidades de la nota fiscal; de manera que con el objeto de establecer la verdad objetiva de tales observaciones, se analizará las pruebas presentadas por las partes tomando en cuenta que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad susceptible de ser comprobada, proporcionando certeza de los hechos mediante la 

confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación. 

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Al respecto, para dilucidar los aspectos de fondo planteados por el recurrente, la doctrina tributaria ha establecido con relación a las operaciones no vinculadas con la actividad gravada, que su objetivo: “ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2o Edición. 2007. pág. 631). 

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad. 

En referencia a los medios probatorios de pago y sobre la efectiva realización de las transacciones establece que: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito 38 de 46

Ám. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). Asimismo, corresponde aclarar que los Comprobantes de Egreso, constituyen en “registros de primera entrada que incluyen y exponen información referente a la contabilización sólo y únicamente de transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la empresa (…)”. (Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77). 

Asimismo, el art. 70 nums. 4), 5) y 6) del CTB, establece entre las obligaciones del sujeto pasivo, respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan (…); y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

El art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que: ‘Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden”; consiguientemente en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se deben llevar obligatoriamente, los siguientes libros: “Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además 

aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y /D 

claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán 

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legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios.” ;(…) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos (…); “en el libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden (…).”. 

En dicho contexto, se debe recordar que el procedimiento del sistema contable tiene entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios), en base a los cuales se extraen los Estados Financieros. 

Es en este sentido, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, toda vez que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

De la misma manera, la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, dispone en su art. 41 parágrafo I, que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos dispuestos en la Ley 40 de 46

AlA 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea original del documento; 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización; 3) Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del Titular, consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal), excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones; asimismo en su parágrafo III, indica que las facturas emitidas sin consignar o cumplir con los requisitos previstos por el párrafo precedente no darán al cómputo del crédito fiscal. 

En concordancia con lo expuesto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la A dministración Tributaría”. 

De la revisión de antecedentes administrativos que se encuentran descritos en el punto precedente IV.2 de la fundamentación técnica y jurídica, al advertirse que posterior a los descargos presentados y al pago a cuenta realizado por el recurrente, la Administración Tributaria procedió ajustar los reparos determinados a la Vista de Cargo, manteniendo firme en la Resolución Determinativa únicamente el reparo para las facturas 8942 y 4900, las cuales fueron impugnadas por el recurrente, en tal entendido, esta Autoridad procederá analizar los argumentos vertidos por el recurrente, y verificar el cumplimiento con la normativa vigente. 

Con relación a la factura N° 8942, observada bajo el código Va. Validada 

parcialmente, la Administración Tributaria estableció en el acto impugnado que de la

revisión del libro de compras notariado del periodo julio/2014, verificó el registro de la factura 8942 con número de autorización 7904001206310 de fecha 01 de julio 

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de 2014 por un importe de Bs926, el cual efectivamente coincide con el importe de su factura física, importe que fue validado en la Vista de Cargo, empero el libro notariado no desvirtúa que el contribuyente se haya beneficiado del crédito fiscal en demasía resultante del importe de Bs164.375.-; al respecto, de la compulsa y análisis a la documentación cursante en antecedentes se tiene que la factura 8942 de fecha 01 de julio de 2014, emitida por la empresa Monterrey Importadora SRL, por el importe de Bs926.-, efectivamente fue registrada en su libro de compras IVA notariado del periodo julio/2014 por el importe de Bs926.-, no obstante a ello, de la verificación a su libro de compras enviado mediante el módulo LCV Da Vinci, se evidenció que dicha factura fue declarada erróneamente con el valor de Bs164.375.-, importe total de dicho libro que suma Bs343.374.- cuyo monto coincide con el importe de compras declarado en su Declaración Jurada F-200 en la casilla 26 (fs. 12, 56, 61-63 y 49-51 c. I de antecedentes), a su vez, el recurrente mediante nota presentada ante la entidad recurrida el 06 de febrero de 2017, presentó documentación de la rectificatoria de envío del Libro de compras y ventas de Julio/2014, señalando que corrigió el importe de la factura 8942, que por error digitó el valor de Bs164.375.-, en efecto, verificada la constancia de presentación Libro de Compras y Ventas, se evidenció que registra la fecha de presentación el 02 de junio de 2017, por un valor total en compras de Bs343.374.- (fs. 151 y 160 c. I de antecedentes). 

De lo expuesto, se advirtió que si bien el recurrente registró la factura N° 8942 en su libro físico notariado del periodo julio/2014 el importe correcto de Bs926.-, no obstante, de la verificación a su Libro de compras y ventas enviado mediante el módulo LCV Da Vinci, consignó de manera errónea el importe de Bs164.375, monto que sumado al total de las compras del periodo fue trasladado a su Declaración Jurada F-200, es decir que, al momento de determinar el Impuesto al Valor agregado del periodo julio de 2014, el recurrente se benefició en demasía del crédito fiscal, antes de la notificación de la Orden de Verificación. Asimismo, se evidenció que la rectificatoria del envío del LCV Da Vinci, fue presentado por el recurrente el 02 de junio de 2017, después de la notificación del inicio de la presente orden de verificación -01 de septiembre de 2016-, por tanto la misma no surte efecto legal conforme a lo establecido en el numeral III del artículo 83 de la RND 10-0021-16 de 01 de julio de 2016, normativa vigente en el momento en que se efectuó la rectificación, que prevé “La corrección de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA, por los periodos o gestiones señalados en una Orden de Fiscalización 42 de 46

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y/u Orden de Verificación debidamente notificada, no surten efecto legal, ni se considerarán válidas”, además, se observó que la referida rectificatoria, mantuvo el importe de las compras de Bs343.374.- que fueron inicialmente informadas por el mismo recurrente, sin exponer ninguna disminución producto de la rectificatoria del importe registrado en demasía de la nota fiscal 8942, en tal entendido, al advertirse que el recurrente se benefició del crédito fiscal en demasía por la diferencia de Bs163.449.- de la factura 8942, corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria para el período julio/2014, puesto que lo informado por el recurrente mediante los sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria conforme lo prevé el art. 7 del DS 27310 (RCTB) . 

Respecto a la factura N° 4900, observada bajo los códigos 4. No presenta documentación suficiente que respalde la transacción y 6. No emitidas, la Administración Tributaria estableció que el contribuyente no demostró la procedencia del crédito fiscal impositivo que considere le corresponda y evidencie la efectiva realización de la transacción de acuerdo a lo establecido en los numerales 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y con relación certificación presentada por el proveedor Jorge Eguez Molina, observó que la factura 4900 fue emitida a favor del contribuyente Suarez Arias Luis Fernando, sin embargo, al haber sido presentado en fotocopia simple no fue posible verificar la autenticidad del contenido de dicho documento; al respecto, de la compulsa y análisis a la documentación cursante en antecedentes se tiene que para la factura 4900 de fecha 06 de octubre de 2014, emitida por Jorge Eguez Molina, por el importe de Bs6.085.- (fs. 46 c. I de antecedentes), se advirtió que el recurrente no presentó documentación contable y financiera, como ser registros contables y comprobantes de pagos, a efecto de acreditar la efectiva realización de la transacción, incumpliendo lo previsto conforme lo establecen los nums. 4, 5 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que refieren como obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, disposición complementada por los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, referente a la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza e importancia de su organización; debiendo llevar los siguientes libros:

Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante 

Notario Público. 

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Asimismo, de la certificación del proveedor Jorge Eguez Molina de fecha 01 de septiembre de 2016, se advirtió que si bien el proveedor certifica la emisión de la factura 4900 a favor del recurrente Luis Fernando Suarez por el importe de Bs6.085.- (fs. 107 c. I de antecedentes), empero, dicho documento fue presentado en fotocopia simple, motivo por el cual le resta valor legal, máxime, que, conforme a lo expuesto precedentemente, el recurrente no presentó documentación que acredite la efectiva realización de la transacción, por tanto se confirma la observación de la Administración Tributaria para la factura 4900. 

En consecuencia, siendo que toda transacción comercial debe tener como respaldo documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra venta de bienes y servicios. En ese sentido se debe entender que la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible para que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales. 

Así también, cabe recordar al recurrente que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las Leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron las emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y, consiguientemente, el que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento conforme lo establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, que indica que el contribuyente, además de los registros obligatorios, mediante los que debe demostrar con claridad la naturaleza de sus operaciones, podrá llevar libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y podrán legalizarse para servir de medio de prueba; empero, en el presente caso, el sujeto pasivo, no presentó ningún documento de respaldo para la factura 4900, beneficiándose de un crédito fiscal que no le correspondía. 

Por todo lo expuesto, al no evidenciarse los vicios de nulidad alegados por el recurrente y toda vez que no desvirtuó las observaciones de la Administración 

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Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Tributaria respecto a la verificación del crédito fiscal IVA de las facturas de compras 8942 y4900, pues no presentó documentación suficiente e idónea que acredite la efectiva realización y/o materialización de la transacción, se confirman las observaciones de la Administración Tributaria para las facturas observadas en el presente proceso, y siendo que conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y la carga de la prueba, es atribuible al contribuyente ahora recurrente, por lo que corresponde mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 172076000221 de 31 de julio de 2020. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 172076000221 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); conforme a los fundamentos técnico -jurídicos que anteceden, la contestación de la Administración Tributaria, valoración de las pruebas, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

SP/ccav/cmmf/acq/rsv 

IT-SCZ/RA 0695/2020 

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