ARIT-SCZ-RA-0694-2020 Resolución Administrativa de rechazo de prescripción no es valida si no se fundamenta sus alcances

ARIT-SCZ-RA-0694-2020

aití. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0694/2020 

Industrial y Comercial Norte S.A., 

representada por Mauricio Andrés 

Caussin Villavicencio. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por 

Miguel Ángel Vaca Chávez. 

Resolución Administrativa 

232079000227, de 16 de julio de 2020. 

ARIT-SCZ-0473/2020. 

Santa Cruz, 25 de noviembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente Nc 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0694/2020 de 25 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020; mediante la cual resolvió rechazar la solicitud formulada por el contribuyente Industrial y Comercial Norte S.A. con NIT 1009445021, por prescripción de las 

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facultades de ejecución tributaria por parte de la Administración Tributaria, del formulario declaración jurada 400 correspondiente a octubre de 2013, con número de orden 3941567699, manteniéndose el mismo firme y subsistente. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del sujeto pasivo 

Industrial y Comercial Norte Sociedad Anónima I.C. NORTE S.A., representada por Mauricio Andrés Caussin Villavicencio, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 26 de agosto y 4 de septiembre de 2020 (fs. 16-22 y 54- 54 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Falta de pronunciamiento respecto a los planteamientos de la recurrente. 

La recurrente argumentó que, es esencial hacer notar que, respecto a las siguientes consideraciones de vital importancia para el presente caso, la Administración Tributaria no se pronunció sobre: a) Si, que de acuerdo a los Autos Supremos (AS) 189/2015 de 1 de julio de 2015 y 210 de 28 de junio de 2016, y por el deber y obligación de las autoridades administrativas y judiciales del control de convencionalidad de los derechos humanos, la Administración Tributaria reconoce o no a la prescripción tributaria como un derecho Humano; b) Si, de acuerdo al principio de progresividad de la prescripción tributaria como derecho humano se deben aplicar actualmente (ultractivamente) los preceptos legales más benignos que regulan la prescripción tributaria, aunque estos hayan sido derogados o abrogados; y c) Si, por lo tanto las leyes 291 y 812 no son aplicables al presente caso, por no ser leyes más benignas para proteger su derecho humano a la prescripción. 

11.1.2 Prescripción de las facultades para determinar, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria, en aplicación del principio de progresividad y como derecho humano. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.1.2 Prescripción de las facultades para determinar, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria, en aplicación del principio de progresividad y como derecho humano. 

La recurrente manifestó, a tiempo de mencionar sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que se encuentra habilitado para solicitar la prescripción en cualquier estado del procedimiento; a su vez indicó que conforme lo expuesto en el Auto Supremo 189/2015, de 1 de julio de 2015, ratificado por el Auto Supremo No. 210, de 28 de junio de 2016, y en razón a la interpretación extensiva del art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se concluye fehacientemente que nuestra legislación reconoce a la prescripción tributaria como derecho humano; ahora como no existe excusa legal que lleve a la posibilidad de negar que la prescripción tributaria es un derecho humano en nuestro país, se debe considerar la característica con la que cuentan legalmente los derechos humanos, es decir el principio de su progresividad; bajo ese orden de cosas, al entenderse a la prescripción tributaria como acreedora de la condición de derecho humano progresivo, debe entenderse que en ningún momento los preceptos legales más benignos que reflejen nuestro país, no pueden ni deben ser objeto de retroceso ni supresión o reducción, por lo que las leyes que deroguen o abroguen los preceptos legales más benignos en materia de prescripción tributaria no son aplicables, teniendo esta instancia la obligación de control de convencionalidad de los derechos humanos de acuerdo a lo dispuesto por la sentencia constitucional 0487/2014, de 25 de febrero de 2014. 

Argumentó que el plazo más breve para la prescripción es de cuatro años, de acuerdo a lo previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, no existiendo actuado legal de la Administración Tributaria que demuestre el haber ejercido ninguna de las facultades de determinación, imposición de sanciones ni de ejecución de la deuda tributaria con relación a la declaración jurada formulario 400 

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por el periodo fiscal octubre 2013 Impuesto a las Transacciones con No. De orden 3941567699, no evidenciándose la existencia de ningún acto de la administración tributaria que haya interrumpido ni suspendido el plazo de prescripción de cuatro años para cada una de las facultades señaladas. 

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Indicó que después de haber transcurrido más de cuatro años desde el inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria y de imponer sanciones administrativas, el primero de enero de la gestión 2014, conforme el Parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la fecha de vencimiento de pago de la declaración jurada formulario 400 por el periodo fiscal octubre 2013 e Impuesto a las Transacciones IT con No. De Orden 3941567699, fue en noviembre de la gestión 2013; ahora bien, incluso con la aplicación de lo dispuesto por las modificaciones de la ley 291 (cinco años de prescripción para la gestión 2013), al no haberse interrumpido ni suspendido el plazo de prescripción, la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria u obligación tributaria o para imponer sanciones administrativas correspondiente a la declaración jurada antes referida, ha prescrito. 

Señaló que, sobre la facultad de ejecución tributaria es menester establecer claramente que de acuerdo a la interpretación en sentido de que la prescripción tributaria es un derecho humano y por lo tanto goza del principio de progresividad, es ineludible la aplicación del precepto legal más benigno, en este caso lo dispuesto por el numeral 4 del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones de las leyes 291, 317 y 812; es decir que para la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria es de cómputo obligatorio cuatro años de prescripción desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria y después de haber transcurrido más de cuatro años desde el inicio de cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria de ejecutar la deuda tributara, de la declaración jurada antes descrita, al no haberse interrumpido ni suspendido el plazo de prescripción, dicha facultad de ejecutar la deuda tributaria en relación a la declaración jurada descrita anteriormente, ha prescrito; pos su parte la Sentencia Constitucional Plurinacional 0693/2018-S, de 23 de octubre de 2018, esboza la idea de la aplicación ultractiva de la norma más benigna contenida en la Ley 2492 (CTB) derogado y confirma todo lo expresado en nuestro argumento. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

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11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 7 de septiembre de 2020 (fs. 55 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 25 de septiembre de 2020 (fs. 65-72 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando los siguientes argumentos: 

11.3.1 Sobre la falta de pronunciamiento respecto a los planteamientos de la recurrente. 

La Administración Tributaria, señaló que los supuestos tácticos de los AS 189/2015 y 210/2016, son absolutamente distintos al caso que hoy nos ocupa, habida cuenta de que no reúnen los elementos de horizontalidad y verticalidad que exige la vinculatoriedad de los precedentes para que sean consideradas de cumplimiento obligatorio al presente caso, pues en sentido estricto, un precedente solo tiene eficacia jurídicamente vinculante para las decisiones sucesivas de casos análogos, situación que no acontece en este caso que hoy nos ocupa, ya que los hechos analizados en los referidos Autos Supremos se encuentran vinculados al proceso de determinación que la Aduana Nacional realizó respecto a mercancías introducidas al país en calidad de donación en el año 2003; y el segundo Auto supremo es decir el 210/2016, resolvió la problemática referente a que la Administración de Aduana 

Interior de la Gerencia Regional de Aduana La Paz, al amparo del art. 169 de la ley 2492 (CTB), realizó la determinación por unificación de procedimiento, respeto a la mercancía ingresada como donación a territorio boliviano, supuestos tácticos distintos al objeto de la presente causa, que se encuentra abocada a la autodeterminación de deuda tributaria por IT del periodo octubre 2013; por lo que queda demostrado que la 

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recurrente al margen de realizar la transcripción literal de los autos supremos citados, omite realizar el nexo de causalidad entre lo definido por el Tribunal Supremo de Justicia en los citados Autos Supremos invocados por la recurrente, versus los supuestos tácticos que hoy nos ocupa, es decir no se refiere en lo absoluto a la autodeterminación realizada por el contribuyente hoy recurrente respecto al IT del periodo octubre de 2013, en la cual de forma voluntaria determino saldo a favor de la Administración Tributaria empero no fue pagado. 

También indicó que la recurrente se limita a realizar apreciaciones generales, así como también a transcribir el art. 13 de la CPE, empero no realiza el nexo de causalidad entre su pretensión y la aplicación del principio de progresividad menos aun con el art. 13 antes mencionado; ahora la norma suprema establece que son deberes de las y los bolivianos, tributar en proporción a su capacidad económica, conforme a ley (art. 108 num. 7 de la CPE), por consiguiente el principio de legalidad, está dirigida al órgano ejecutivo, para que en base a la ley pueda exigir tributos, lo que significa que de forma imperativa debe estar autorizado por la ley, en tal sentido el régimen de la prescripción también se encuentra establecido en la ley y que son perfectamente aplicables al caso que nos ocupa, no existiendo asidero legal para tomar en cuenta lo señalado por la recurrente. 

Indicó que en relación al control de convencionalidad, no se expone en absoluto los fundamentos de hecho, toda vez que inicialmente expone una definición del control de convencionalidad, así como también transcribe el parágrafo III del art. 13 de la CPE; empero no existe disposición legal que obligue a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a realizar de forma imperativa el control de convencionalidad, pero aun cuanto el propio recurrente, no señala qué normativa vigente en la gestión octubre de 2013, fue la más favorable para el contribuyente, toda vez que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado mediante la ley 291 y publicada el 24 de septiembre de 2012; ahora bien, en el presente caso no se presentó prueba objetiva que demuestre que en la gestión octubre de 2013, existían dos normas en plena vigencia para que a partir de ello, se pueda adoptar la interpretación que sea más favorable y extensiva al instituto jurídico de la prescripción, en base a los fundamentos expuestos, corresponde desestimar la pretensión de la recurrente sobre este punto. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.3.2 Sobre la prescripción de las facultades para determinar, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria, en aplicación del principio de progresividad y como derecho humano. 

Manifestó que, la forma de determinación tributaria en el caso presente es realizada por el sujeto pasivo, realizando una autodeterminación a través de la Declaración jurada del formulario 400 con orden 3941567699, por el periodo fiscal octubre de 2013, y que la citada declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina deuda tributaria a favor del fisco, se constituyen en título de ejecución tributaria conforme lo señala el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), en el caso que nos ocupa, la Administración Tributaria no inició proceso de determinación o fiscalización, para que, a partir de ello se discuta si prescribieron las facultades de determinación de la Administración Tributaria; ahora es preciso también que la recurrente se pregunte las fechas de vigencia de las leyes citadas y las modificaciones introducidas en ellas, para que a partir de ello evidencia que la ley 291, que fue publicada el 24 de septiembre de 2012, modifica el parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) disponiendo que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; por tanto, en el presente caso la deuda es imprescriptible, no correspondiendo invocar inacción por parte de la Administración Tributaria; ahora la interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción se encuentra estrechamente entrelazado con la inacción de la Administración Tributaria y en el caso que nos ocupa al ser una deuda tributaria auto determinada de forma voluntaria por la recurrente, es pertinente que se aplique lo dispuesto en la Ley 2492 (CTB), referente a la imprescriptibilidad de ejecutar la deuda tributaria. 

Expuso que la recurrente no toma en cuenta la vigencia de la ley 291, así como tampoco toma en cuenta la presentación de su declaración jurada en relación al IT por el periodo octubre de 2013, al respecto el art. 160 num. 3 de la Ley 2492 (CTB) clasifica la conducta del sujeto pasivo hoy recurrente como omisión de pago, toda vez que presentó declaración jurada empero no pago la misma, así también en el art. 165 

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del mismo cuerpo normativo, señala como omisión de pago el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, en el caso que nos ocupa la recurrente no pagó la deuda tributaria auto determinada, por lo que corresponde iniciar el proceso sancionador, empero a través del presente recurso pretende la prescripción de la facultad de sancionar, sin tomar lo dispuesto en el art. 154, del 

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mismo cuerpo de normas; reafirmando que la deuda en el caso presente es imprescriptible como se lo tiene demostrado y fundamentado por lo que en aplicación del principio de seguridad jurídica corresponde desestimar la errada pretensión de la recurrente. 

Agregó que la recurrente no fundamenta como es que dentro del presente caso debe de ser aplicado el principio de ultractividad en aplicación de la ley, limitándose a señalar que la Sentencia Constitucional 0693/2018-S2, esboza la idea de aplicación ultractiva de la norma más benigna contenida en la Ley 2492 (CTB); ahora bien, de la revisión de la citada sentencia constitucional, la misma no establece un ratio decidendi respecto a la aplicación ultractiva de la ley más benigna, la invocada sentencia constitucional lo que establece en su ratio decidendi es el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, la aplicación retroactiva de la ley, empero de ninguna manera traza una línea jurisprudencial respecto a la aplicación ultractiva de la ley como lo señala la recurrente, actitud con la cual pretende sorprender y hacer ingresar en error a su autoridad, por lo que corresponde rechazar in limine su pretensión. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020. 

II.4 Apertura del término probatorio 

Mediante Autos de Apertura Término de Prueba de 28 de septiembre de 2020, se sujetó el presente proceso de Recurso de Alzada al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, que se practicó el 30 de septiembre de 2020 (fs. 73-74 del expediente), tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida. 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 20 de octubre de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2020, ratificó y presentó como pruebas los antecedentes administrativos y los extremos expuestos en la contestación al recurso de alzada (fs. 75 del expediente). 

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Por su parte, la recurrente, dentro el plazo antes señalado, mediante memorial presentado el 15 de octubre de 2020, ratificó como pruebas los antecedentes administrativos arrimados por la Administración Tributaria con la contestación al recurso de alzada (fs. 78 del expediente). 

II.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 9 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial de 29 de octubre de 2020, presentó alegatos escritos bajo los mismos fundamentos expuestos en su contestación al Recurso de Alzada (fs. 81-84 vta. del expediente). 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), antes señalado, la recurrente no presentó ni alegatos escritos ni orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

111.1 El 14 de noviembre de 2013, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria la Declaración Jurada correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) con Formulario 400, de Orden 3941567699 por el periodo octubre 2013 (fs. 38 de antecedentes c. I). 

111.2 El 1 de junio de 2020, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria nota S/N mediante la cual manifestó que por haber sido reconocida la prescripción tributaria en Bolivia como un verdadero derecho humano y por la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos sobre la constitución, no es posible derogar los parámetros que establecen los 

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derechos sustantivos contenidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en el aumento de los años de prescripción de cuatro años a más, para las facultades de determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar la deuda tributaria, además de la facultad de ejecutar las sanciones por contravenciones de dos años a más, dejando sin 9 de 23 

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aplicación los nuevos plazos de prescripción establecidos en las leyes 291 y 812, inclusive la imprescriptibilidad de facultad de ejecutar la deuda tributaria; por lo que, al percibirse que la Administración Tributaria no ha ejercido sus facultades para interrumpir legalmente los plazos de prescripción establecidos en la ley 2492 (CTB). Se establece que las facultades de determinación, imposición de sanciones administrativas y ejecución de la deuda tributaria con relación al formulario 400 con número de orden 3941567699, presentado en fecha 14 de noviembre de 2013, correspondiente al periodo fiscal octubre de 2013 y al IT han prescrito (fs. 52-56 vta. de antecedentes c. I). 

III.3 El 19 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó por Secretaría la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020; mediante la cual resolvió rechazar la solicitud formulada por el contribuyente Industrial y Comercial Norte S.A. con NIT 1009445021, por prescripción de las facultades de ejecución tributaria por parte de la Administración Tributaria, del formulario declaración jurada 400 correspondiente a octubre de 2013, con número de orden 3941567699, manteniéndose el mismo firme y subsistente (fs. 57-62 de antecedentes, c. I). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Falta de pronunciamiento respecto a los planteamientos de la recurrente. 2. Prescripción de las facultades para determinar, imponer sanciones y ejecutar la deuda tributaria, en aplicación del principio de progresividad y como derecho humano. 

IV.1. Cuestión Previa. 

Con carácter previo, corresponde señalar que si bien la recurrente solicitó en su Recurso de Alzada la revocatoria de la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020; de la revisión a los argumentos esgrimidos en el citado Recurso, se advierten cuestiones de forma, que se constituirían en vicios de nulidad; al respecto es importante aclarar que en el marco de la previsión contenida en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB) y criterios establecidos por la máxima instancia administrativa, precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, se 10 de 23

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verificará de manera prioritaria la existencia de los vicios de nulidad que ocasionen la indefensión de los administrados o lesionen el interés público, y solo en caso de no ser evidentes se ingresará al análisis de los demás aspectos planteados. 

IV.2. Falta de pronunciamiento respecto a los planteamientos de la recurrente. 

La recurrente argumentó que, es esencial hacer notar que, respecto a las siguientes consideraciones de vital importancia para el presente caso, la Administración Tributaria no se pronunció sobre: a) Si, que de acuerdo a los Autos Supremos (AS) 189/2015 de 1 de julio de 2015 y 210 de 28 de junio de 2016, y por el deber y obligación de las autoridades administrativas y judiciales del control de convencionalidad de los derechos humanos, la Administración Tributaria reconoce o no a la prescripción tributaria como un derecho Humano; b) Si, de acuerdo al principio de progresividad de la prescripción tributaria como derecho humano se deben aplicar actualmente (ultractivamente) los preceptos legales más benignos que regulan la prescripción tributaria, aunque estos hayan sido derogados o abrogados; y c) Si, por lo tanto las leyes 291 y 812 no son aplicables al presente caso, por no ser leyes más benignas para proteger su derecho humano a la prescripción. 

En contraparte la Administración Tributaria señaló que los supuestos tácticos de los AS N° 189/2015 y 210/2016, son absolutamente distintos al caso que hoy nos ocupa, habida cuenta de que no reúnen los elementos de horizontalidad y verticalidad que exige la vinculatoriedad de los precedentes para que sean consideradas de cumplimiento obligatorio al presente caso, pues en sentido estricto, un precedente solo tiene eficacia jurídicamente vinculante para las decisiones sucesivas de casos análogos, situación que no acontece en este caso que hoy nos ocupa, ya que los hechos analizados en los referidos Autos Supremos se encuentran vinculados al proceso de determinación que la Aduana Nacional realizó respecto a mercancías introducidas al país en calidad de donación en el año 2003; y el segundo Auto 

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supremo es decir el 210/2016, resolvió la problemática referente a que la Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional de Aduana La Paz, al amparo del art. 169 de la ley 2492 (CTB), realizó la determinación por unificación de procedimiento, respeto a la mercancía ingresada como donación a territorio boliviano, supuestos tácticos distintos al objeto de la presente causa, que se encuentra abocada a la autodeterminación de deuda tributaria por IT del periodo octubre 2013; 

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por lo que queda demostrado que la recurrente al margen de realizar la transcripción literal de los autos supremos citados, omite realizar el nexo de causalidad entre lo definido por el Tribunal Supremo de Justicia en los citados Autos Supremos invocados por la recurrente, versus los supuestos tácticos que hoy nos ocupa, es decir no se refiere en lo absoluto a la autodeterminación realizada por el contribuyente hoy recurrente respecto al IT del periodo octubre de 2013, en la cual de forma voluntaria determino saldo a favor de la Administración Tributaria empero no fue pagado. 

También indicó que la recurrente se limita a realizar apreciaciones generales, así como también a transcribir el art. 13 de la CPE, empero no realiza el nexo de causalidad entre su pretensión y la aplicación del principio de progresividad menos aun con el art. 13 antes mencionado; ahora la norma suprema establece que son deberes de las y los bolivianos, tributar en proporción a su capacidad económica, conforme a ley (art. 108 num. 7 de la CPE), por consiguiente el principio de legalidad, está dirigida al órgano ejecutivo, para que en base a la ley pueda exigir tributos, lo que significa que de forma imperativa debe estar autorizado por la ley, en tal sentido el régimen de la prescripción también se encuentra establecido en la ley y que son perfectamente aplicables al caso que nos ocupa, no existiendo asidero legal para tomar en cuenta lo señalado por la recurrente. 

Indicó que en relación al control de convencionalidad, no se expone en absoluto los fundamentos de hecho, toda vez que inicialmente expone una definición del control de convencionalidad, así como también transcribe el parágrafo III del art. 13 de la CPE; empero no existe disposición legal que obligue a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a realizar de forma imperativa el control de convencionalidad, pero aun cuanto el propio recurrente, no señala qué normativa vigente en la gestión octubre de 2013, fue la más favorable para el contribuyente, toda vez que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado mediante la ley 291 y publicada el 24 de septiembre de 2012; ahora bien, en el presente caso no se presentó prueba objetiva que demuestre que en la gestión octubre de 2013, existían dos normas en plena vigencia para que a partir de ello, se pueda adoptar la interpretación que sea más favorable y extensiva al instituto jurídico de la prescripción, en base a los fundamentos expuestos, corresponde desestimar la pretensión de la recurrente sobre este punto. 

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En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a la recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a la recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta LTDA, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

En cuanto al debido proceso el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional 0551/2012, de 20 de julio de 2012, la cual señala que: “…el debido proceso como una garantía jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la manera siguiente: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 

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pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.”..De la misma manera, la Sentencia Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías constitucionales del debido proceso, expresando textualmente que: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente 

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poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”. 

De igual modo, lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: (…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”. 

Para resolver la controversia planteada, es necesario establecer el contexto legal en el que se debe circunscribir el análisis; en este sentido, cabe recordar que la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, e) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios 14 de 23

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probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes reflejados”. 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0385/2015-S2 de 8 de abril de 2015 señala: “(…) Concierne referirse al contenido y alcances de este derecho, consagrado en el art. 24 de la CPE, al establecer: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”; obligación que se extiende a todos los ámbitos, como en el presente, al municipal, estando por ende todas las autoridades e incluso particulares, constreñidos a contestar los requerimientos efectuados oportunamente, sea positiva o negativamente, por cuanto la respuesta no implica responder favorablemente a la solicitud, sino otorgar una contestación debidamente motivada puesta a conocimiento del interesado; permitiendo en ese orden de ideas que el Estado se encuentre al servicio del administrado, orientando y satisfaciendo sus requerimientos a través de una Administración Pública incluyente, siendo evidente que este derecho se encuentra dirigido a la consecución de los fines esenciales del Estado; en especial, de servicio a la comunidad y protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Norma Suprema, lo que a su vez sirve para procurar que las autoridades cumplan, en el desarrollo de sus funciones, las tareas para las cuales fueron instituidas. Conforme a lo señalado supra, se entiende que toda petición presentada por particulares o servidores públicos a entidades o autoridades públicas, debe necesariamente ser objeto de respuesta pronta, oportuna y satisfactoria, sea positiva o negativamente a sus intereses; no siendo viable la permisión de respuestas superficiales y mecánicas, sino que al contrario, surge ineludiblemente el deber de resolver lo esencial de la petición, otorgando de esa 

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forma certeza al administrado o al servidor público respecto a la posición institucional reclamada. Debe precisarse entonces que, la exigencia a fin de no vulnerar el derecho de petición, es conceder una respuesta, sea positiva o negativa, no 

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implicando se reitera, responder favorablemente a la petición, sino otorgar una contestación debidamente fundamentada, puesta a conocimiento del interesado (…)” 

Respecto, al Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. Asu vez, el art. 28 incs. b), d) y e) de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo a lo establecido por el art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señala “Elementos esenciales del acto administrativo.- Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: (…) b) Causa: lo de ¿5

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Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable (…); d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamientojurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo (…)”. 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

De la compulsa de antecedentes, se tiene que el 14 de noviembre de 2013, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria la Declaración Jurada correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) con Formulario 400, N° de Orden 3941567699 por el periodo octubre 2013 (fs. 38 de antecedentes c. I). 

Consecuentemente, el 1 de junio de 2020, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria nota S/N mediante la cual manifestó que por haber sido reconocida la prescripción tributaria en Bolivia como un verdadero derecho humano y por la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos sobre la constitución, no es posible derogar los parámetros que establecen los derechos sustantivos contenidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en el aumento de los años 

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de prescripción de cuatro años a más, para las facultades de determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar la deuda tributaria, además de la facultad de ejecutar las sanciones por contravenciones de dos años a más, dejando sin aplicación los nuevos plazos de prescripción establecidos en las leyes 291 y 812, inclusive la imprescriptibilidad de facultad de ejecutar la deuda tributaria; por lo que, al percibirse que la Administración Tributaria no ha ejercido sus facultades para interrumpir legalmente los plazos de prescripción establecidos en la ley 2492 (CTB). Se establece que las facultades de determinación, imposición de sanciones administrativas y ejecución de la deuda tributaria con relación al formulario 400 con número de orden 3941567699, presentado en fecha 14 de noviembre de 2013, correspondiente al periodo fiscal octubre de 2013 y al IT han prescrito (fs. 52-56 vta. de antecedentes c. I). 

Finalmente, el 19 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó por Secretaría la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020; mediante la cual resolvió rechazar la solicitud formulada por el contribuyente Industrial y Comercial Norte S.A. con NIT 1009445021, por prescripción de las facultades de ejecución tributaria por parte de la Administración Tributaria, del formulario declaración jurada 400 correspondiente a octubre de 2013, con número de orden 3941567699, manteniéndose el mismo firme y subsistente (fs. 57-62 de antecedentes, c. I). 

Ahora bien, en atención al argumento planteado por la recurrente que versa sobre la falta de pronunciamiento en relación a: a) Si, de acuerdo a los Autos Supremos 189/2015 de 1 de julio de 2015 y 210 de 28 de junio de 2016, y por el deber y obligación de las autoridades administrativas y judiciales del control de convencionalidad de los derechos humanos, la Administración Tributaria reconoce o no a la prescripción tributaria como un derecho Humano; b) Si, de acuerdo al principio de progresividad de la prescripción tributaria como derecho humano se deben aplicar actualmente (ultractivamente) los preceptos legales más benignos que regulan la prescripción tributaria, aunque estos hayan sido derogados o abrogados; y c) Si, por lo tanto las leyes 291 y 812 no son aplicables al presente caso, por no ser leyes más benignas para proteger su derecho humano a la prescripción; bajo ese entendido, el presente análisis se enfocará en la verificación de lo planteado y reclamado por la recurrente ante ésta instancia. 

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En ese contexto, de la revisión de antecedentes, se tiene que es evidente que la recurrente presentó nota ante la Administración Tributaria el 1 de junio de 2020, mediante la cual, opuso prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar, imponer sanciones administrativas y ejecutar la deuda tributaria del formulario declaración jurada 400 correspondiente a octubre de 2013 con número de orden 3941567699; y por consiguiente de la revisión del contenido de dicha nota se observa que en su numeral 5 (fs. 54 de antecedentes c. I) manifiesta: “De acuerdo al siguiente razonamiento no es posible derogar las normas que tiene plazos de prescripción más breves por la directa aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos”; asimismo en el numeral 7 de la misma nota (fs. 54 vta. y 55 de antecedentes c. I), expone el contenido de los Autos Supremos 189/2015, de 1 de julio y 210, de 28 de junio de 2016, y a su vez indicó: “Bajo una interpretación extensiva del art. 8.1 déla Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se concluye que nuestra legislación establece como derecho humano la prescripción tributaria”. 

A su vez, en la nota referida precedentemente, en su numeral 8 (fs. 55-55 vta. de antecedentes c. I) señaló: “Por haber sido reconocida la prescripción tributara en Bolivia como un verdadero derecho humano y por la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos sobre nuestra constitución, no es posible derogar los parámetros que establecen los derechos sustantivos contenidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en el aumento de los años de prescripción de cuatro años a más, para las facultades de determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejecutar la deuda tributaria, además de la facultad de ejecutar las sanciones por contravenciones de dos años a más, dejando sin aplicación los nuevos plazos de prescripción establecidos en las leyes 291 y 812, inclusive la imprescriptibilidad de facultad de ejecutar la deuda tributaria; es decir la norma que establece años de prescripción tributaria más breves es inderogable y de aplicación ultractiva y obligatoria en todos los casos”. 

Ahora bien, revisado el contenido plasmado en la Resolución impugnada, la Administración Tributaria en Vistos hizo referencia a la nota presentada, en el primer Considerando detalló la doctrina de José María Martin y la Teoría de Derechos Adquiridos, la normativa aplicable arts. 59, 60 de la Ley 2492 (CTB) modificado por 

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las leyes 291, 317 y 812, arts. 70, 78 y 108 de la Ley 2492 (CTB), manifestó: “En ese entendido, también corresponde referirnos a la teoría de los derechos adquiridos, que refiere que la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, en el presente caso, al estar vigentes las leyes Nos. 291, 317 y 812, que modifican la Ley 2492 (CTB) en el momento que el contribuyente pretende su configuración, su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta ser imperativa (…). A efectos de establecer la normativa legal vigente para la resolución de la solicitud efectuada, se debe considerar la normativa vigente al momento de la solicitud del sujeto pasivo e incluso del inicio de la ejecución tributaria, en ese sentido la normativa tributaria contenida en los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, se encuentran modificadas por las leyes 291, 317 y 812, por lo que está claro que corresponde su aplicación para dilucidar la oposición planteada (…) conforme los antecedentes del proceso se puede evidenciar que la Declaración Jurada objeto de la presente solicitud de prescripción, a la fecha NO PUEDEN ser objeto de PRESCRIPCIÓN (valga la redundancia) como pretende el contribuyente ahora solicitante, ya que conforme se tiene establecido por el ARTÍCULO 59° modificado por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 claramente determina en su parágrafo IVque LA FACULTAD DE EJECUTAR LA DEUDA TRIBUTARIA DETERMINADA ES IMPRESCRIPTIBLE; aspecto que también es ratificado por la Ley 812 de 30 de junio de 2016 (…) con relación a la facultad de sancionar, se tiene que el cómputo del instituto jurídico de la prescripción corre de forma similar y paralela en la ejecución Tributaria, por lo que se tiene de manera indubitable que las facultades de la Administración Tributaria se encuentran plenamente vigentes (…)”. 

Consecuentemente, del contenido de la Resolución impugnada, a fin de comprobar el argumento y reclamo de la recurrente sobre la falta de pronunciamiento sobre los puntos antes expuestos en el agravio, siendo obligación de la Administración Tributaria pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas; se puede observar que dicha administración hace un breve análisis sobre los derechos adquiridos y derechos no perfeccionados, asimismo indicó que la normativa vigente, es la que se encuentra en vigencia durante la solicitud del sujeto pasivo, por lo que la normativa vigente en este caso según su criterio serían los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291, 317 y 812; sin embargo, se puede observar 20 de 23

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que no cursa análisis alguno sobre los Autos Supremos 189/2015 de 1 de julio de 2015 y 210 de 28 de junio de 2016, tampoco se menciona nada en relación a que la prescripción se constituye en un derecho humano que alegó la recurrente; por otra parte, no se observa análisis alguno sobre el principio de progresividad como derecho humano y sobre la aplicación de los preceptos legales más benignos que regulan la prescripción tributaria, aunque estos hayan sido derogados o abrogados; finalmente, si bien la Administración Tributaria señala que las leyes 291, 317 y 812, se aplicarían por estar vigentes durante la solicitud del sujeto pasivo, empero sobre dichas normas no cursa análisis alguno sobre su aplicabilidad o no en relación a la aplicación de las normas más benignas respecto al derecho humano de la prescripción; por lo tanto, la Administración Tributaria, omitió contestar de forma motivada y si correspondía o no referirse a todas las solicitudes y argumentos planteados por la recurrente, cuando dentro de sus obligaciones está el resguardar los derechos constitucionales de los administrados, debiendo valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, tal como lo expresa la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010 y de conformidad con lo establecido en el art. 68 nums. 2, 6 y 7 del CTB. Asimismo, estableció que el cómputo de la facultad de sancionar corre de forma similar y paralela a la ejecución tributaria, empero sin exponer en que normativa se sustenta para realizar esta afirmación, sobre una Declaración Jurada presentada en la gestión 2013 y que normativa es la aplicable al caso. 

Consiguientemente, corresponde señalar que la Administración Tributaria, en su contestación al Recurso de Alzada emitió un pronunciamiento acerca de lo agraviado por la recurrente en las páginas 6 a 9 de la contestación al recurso de alzada; sin embargo, como se explicó anteriormente no se observa en el acto impugnado dicho pronunciamiento, por lo que el hecho de plantear argumentos en su defensa en la contestación al recurso de alzada no subsanan de ninguna manera las omisión en las cuales incurrió la Administración recurrida que hacen que el acto impugnado no cumpliera con los requisitos establecidos en el art. 28 de la ley 2341 (LPA) y lo previsto en el art. 68 nums. 2 y 6 de la Ley 2492. 

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En este contexto, es indubitable el hecho de que la Administración Tributaria emitió el acto impugnado vulnerando los derechos y garantías constitucionales de la 21 de 23 

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recurrente, toda vez que no dio respuesta respecto a la totalidad de solicitudes y argumentos, tampoco tuvo en cuenta todas las alegaciones de la recurrente; en efecto, pese a que solicitó la aplicación de los precedentes jurisprudenciales en su caso particular; estos no fueron analizados y no se les asignó el valor probatorio que correspondía para posteriormente arribar a una decisión de manera motivada, incumpliendo de esta forma lo establecido en los arts. 27 y 28 incs. b) y e) de la LPA en sus elementos causa y fundamentación, así como los derechos del sujeto pasivo a un debido proceso y a la defensa, consagrados en los arts. 24 y 115 parágrafo II de la CPE; art. 68, nums. 2 y 6 del CTB, en virtud a lo previsto en los arts. 36 parágrafo II de la LPA y 55 del RLPA, aplicables supletoriamente por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia de alzada, otorgar la razón a la recurrente y en ese sentido anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución Administrativa N° 232079000227, de 16 de julio de 2020, inclusive, con el objeto de que la Administración Tributaria emita actos en los cuales realice el análisis correspondiente a todas y cada una de las solicitudes, argumentos y alegaciones presentadas por la recurrente y fundamente en estricta sujeción a derecho la decisión adoptada para este caso particular. 

Finalmente, corresponde aclarar que, al retrotraerse el proceso, no corresponde el análisis de los demás argumentos de fondo, pues previamente la Administración Tributaria deberá emitir un nuevo acto que contenga los criterios de valoración respecto a los argumentos y alegaciones manifestados por el impetrante hoy recurrente, y en tanto el proceso no sea subsanado los demás aspectos planteados ante ésta instancia están subsumidos conforme a la fundamentación que figura en el presente análisis. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa 232079000227, de 16 de julio de 2020 inclusive, a fin de que la Administración Tributaria en restitución de los derechos vulnerados de la recurrente, emita un nuevo acto y realice el análisis correspondiente a todas las solicitudes, argumentos y alegaciones presentadas por la recurrente y fundamente la decisión adoptada para este caso particular, de acuerdo a los fundamentos técnico – 

jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 3092 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/acq/cmmf/faag/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0694/2020 

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