ARIT-SCZ-RA-0689-2020 Las solicitudes de acción de repetición pueden hacerse paralelamente a la solicitud de rectificatoria

ARIT-SCZ-RA-0689-2020

am\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0689/2020 

Recurrente 

Administración Recurrida Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

Banco de Cochabamba S.A. en liquidación, representado por Franz Gonzalo Pericón Navia. 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Gonzalo Suarez Virreira. 

Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 222076000008, de 09 de julio de 2020. 

ARIT-SCZ-0438/2020. 

Santa Cruz, 20 de noviembre de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0689/2020 de 20 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Administrativa de acción de repetición N° 222076000008, de 09 de julio de 2020, la cual resolvió en su artículo Primero. Declarar improcedente la solicitud de acción de repetición 

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Certificado No 771-14 

planteada por el contribuyente Banco de Cochabamba S.A. en liquidación, en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente. 

Banco de Cochabamba S.A. en liquidación, representado por Franz Gonzalo Pericón Navia, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 10 y 26 de agosto de 2020 (fs. 33-37 vta., y 55 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 222076000008, de 09 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Incumplimiento a las disposiciones de la ARIT y AGIT. 

El recurrente, manifestó que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0653/2019 de 11 de junio de 2019 y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 161/2020 de 21 de febrero de 2020, ambas instancias conminaron a la Administración Tributaria a emitir una Resolución debidamente fundamentada, sobre diversos puntos, en especial, sobre la existencia del DS 29889 y repercusiones del mismo, sin embargo emitieron una Resolución haciendo oídos sordos de las determinaciones en Alzada y Jerárquico, lo cual amerita una severa llamada de atención, por consiguiente los fallos emitidos deben ser cumplidos, por consiguiente el acto impugnado no puede ser convalidado por la AIT, significaría una falta de respeto y vulneración a la Ley. 

Por otra parte, citó los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, las Sentencias Constitucionales 1684/2010-R, de 25 de octubre de 2010 y 0577/2004-R, de 15 de abril de 2004. 

11.1.2 Sobre la improcedencia de la acción de repetición por prescripción e interpretación errónea de los arts. 9 parágrafos IV y num. 10 de la RND 10.0048.13. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

El recurrente argüyó que la Administración Tributaria en la Resolución impugnada se limitó a mencionar: “Que la interpretación de los plazos de prescripción, caducidad y términos procesales, son únicamente para los juicios que tengan por objeto la recuperación de la cartera de crédito o los que te emerjan de los mismos, pero de ninguna manera dicha norma regula la interrupción de los plazos de prescripción en solicitudes de acción de repetición ante la Administración Tributaria”; empero no tomó en cuenta ni consideró la aplicación del DS 29889 de 23 de enero de 2009, que en su exposición de motivos establece que con la finalidad de precautelar la estabilidad del sistema financiero, la economía del país y fundamentalmente para mantener la confianza en el sistema financiero, el Estado Boliviano mediante DS 23881 de 11 de octubre de 1994, autorizó al Banco Central de Bolivia otorgar recursos económicos con el objeto de proceder a la devolución total o parcial de los depósitos del público en las entidades de intermediación financiera, hoy en proceso de liquidación, subrogándose los derechos de los depositantes en la prelación de pago; por consiguiente adquirió la calidad de principal acreedor extra-concursal de dichas entidades bancarias y que el referido Decreto se encargaría de regular el cierre de la entidad, disponiendo en el art. 6 que de conformidad a lo previsto en los arts. 1503, 1505 y 1506 del Código Civil, a partir de la publicación del DS en la gaceta oficial de Bolivia, quedan interrumpidos los plazos de prescripción, caducidad y otros, así como los términos procesales en los juicios interpuestos para la recuperación de la cartera de créditos, los juicios ordinarios que emerjan de los mismos, así como cualquier otro juicio en el que una entidad financiera en liquidación forzosa fuese como demandante o demandada. De lo que se colige que todo plazo de prescripción fue interrumpido a favor de su entidad, por lo que no se podría indicar que el término para solicitar la acción de repetición habría prescrito. 

Asimismo adujo que la Resolución impugnada citó lo previsto en la RND 10.0048.13 de 30 de diciembre de 2013, que en su art. 9, parágrafo IV, dispone: “cuando la acción de repetición sea por un pago en exceso realizado en una declaración jurada y su rectificatoria requiera la aprobación de la administración tributaria, la solicitud será considerada formalmente recibida, A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE EL TITULAR DE LA ACCIÓN SEA NOTIFICADO CON LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE APRUEBA LA RECTIFICATORIA”; no obstante indicó que no entendió las razones por las que indica tal fundamento, toda vez que la Resolución que aprobó la Rectificatoria, plasmada en la Resolución Administrativa N° 

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Cerificado N° 77 VM 

231776000234 de 30 de junio de 2017, fue notificada el 10 de julio de 2017, es decir casi 4 años después de realizado el pago, considerando que el mismo se realizó el 18 de marzo de 2013 y el trámite de rectificatoria fue ingresado el 13 de noviembre de 2013. 

Por lo que si analiza la normativa citada precedentemente, tendría que computar los plazos para la prescripción a partir del 10 de julio de 2017, pues ésta es la fecha de notificación de la Resolución Administrativa 231776000234 de 30 de junio de 2017, que resolvió aceptar la solicitud de aprobación del proyecto de rectificatoria. 

Adicionalmente, sostuvo que la Administración Tributaria realizó una interpretación errónea del art. 10, num. 3 de la citada Resolución, que señala: “Si la Declaración Jurada requiere de rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, presentara la fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y Proyecto de Rectificatoria con el sello de recepción”; ahora bien en la página 3 de la Resolución impugnada, debajo del cuadro 1, el SIN mencionó que efectuada la verificación de los hechos que dieron origen a la solicitud de aprobación del proyecto y según lo recomendado por el Informe CITE: SIN/GDSCZ ll/DF/INF/04222/2017; fue notificada el 10 de julio de 2017, la aprobación del proyecto de rectificatoria, hecho que impidió que el Banco de Cochabamba S.A., en Liquidación, pueda solicitar la Acción de Repetición, paralelamente al momento de solicitar la rectificatoria, pues no se cumplía con el requisito establecido en el art. 10 num. 3 del Procedimiento para la solicitud de acción de repetición. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 222076000008 de 09 de julio de 2020 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN y disponga regularizar el procedimiento dictándose la correspondiente Resolución Administrativa de la existencia de crédito fiscal en favor de su entidad. 

II.2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 28 de agosto de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa de 

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AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

acción de repetición 222076000008, de 09 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN (fs. 56-57 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, el 17 de septiembre de 2020, mediante memorial (fs. 68-72 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando totalmente todos los fundamentos de la impugnación, manifestando que: 

11.3.1 Respecto a que el acto impugnado contiene una debida motivación y fundamentacion que de manera correcta declara la improcedencia por prescripción de la solicitud de acción de repetición e incumplimiento a las determinaciones de la ARIT y AGIT. 

La Administración Tributaria señaló que de la lectura de la Resolución impugnada la misma cumple con los requisitos establecidos en el art. 28 de la Ley 2341, toda vez que contiene los antecedentes que generaron el proceso, señalando todos los datos de la Declaración Jurada Rectificada del cual emerge el supuesto pago en exceso, señalando la fecha de pago en exceso, fecha de vencimiento y el tiempo transcurrido, los mismos que se constituyen en los fundamentos de hecho, asimismo, el referido acto impugnado establece la normativa legal en la cual fue sustentada la decisión de la Administración Tributaria para declarar la improcedencia por prescripción de la solicitud de Acción de Repetición presentada, siendo estos los elementos de derecho del Acto Administrativo; quedando demostrado, en este sentido el fehaciente cumplimiento de la normativa tributaria vigente que respalda la correcta actuación de la Administración Tributaria en todo el proceso administrativo hasta la emisión de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición. 

Agregó que dio estricto cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-0653/2019 y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2020, toda vez que la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 222076000008, se encuentra debidamente motivada y fundamentada, respecto a todos los aspectos observados, pronunciándose expresamente en cuanto al trámite de rectificatoria y el DS 29889, 

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conforme se expuso en el inc. B del memorial, no obstante el hecho de que la misma declare la improcedencia de la solicitud de acción de repetición, no significa que se hubiera incumplido con lo ordenado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por consiguiente al ser evidente que la solicitud de acción de repetición fue presentada de manera posterior a los 3 años de prescripción, se declaró improcedente la solicitud de Acción de Repetición planteada por el Banco de Cochabamba S.A. en liquidación por prescripción, en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

II.3.2 Sobre la procedencia del DS 29889 de 23 de enero de 2009. 

La Administración Tributaria sostuvo que el sujeto pasivo el 29 de enero de 2014, mediante nota NUIT 324/2020, solicitó la rectificatoria de la Declaración Jurada, posteriormente, conforme lo previsto en la RND 10-009-16 y RND 11-04-2016, porre categorización de contribuyentes, el 21 de noviembre de 2016, mediante nota CITE: SIN/GGSCZ/DF/VSD/NOT/01781/2016, los antecedentes fueron remitidos a la Gerencia Distrital Santa Cruz II, para su prosecución, finalmente la citada gerencia, el 10 de julio de 2017 notificó al sujeto pasivo con la Resolución Administrativa N° 231776000234 de 30 de junio de 2017, la cual resolvió aceptar la solicitud de aprobación de los proyectos de rectificatoria correspondientes al F-410 y F-570. 

Agregó que la primera parte del DS 29889, claramente establece que la interrupción de los plazos de prescripción, caducidad y términos procesales, son únicamente para los juicios que tengan por objeto la recuperación de la cartera de crédito o los que emerjan de los mismos, pero de ninguna manera dicha norma regula la interrupción de los plazos de prescripción en solicitudes de acción de repetición ante la Administración, más aún si dicho trámite no tiene relación alguna con la recuperación de la cartera de crédito del contribuyente, asimismo aclaró que de conformidad con el art. 124 de la Ley 2492 (CTB), y art. 5 de la RND 10-0048-13, la Acción de Repetición no prevé causales de interrupción del término de prescripción, solo establece causales de suspensión del término de prescripción ante la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales de conformidad con el parágrafo II art. 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en base al principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde la aplicación del DS 29889, para establecer una supuesta interrupción en el plazo de prescripción dispuesto por el art. 124 de la 6 de 32

Alli 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Ley 2492 (CTB) y art. 5 de la RND 10-0048-13, como erróneamente pretende el sujeto pasivo. 

II.3.3 Sobre la supuesta errónea interpretación de los arts. 9 parágrafos IV y 10 num. 3 de la RND 10.0048.13 de 30 de diciembre de 2013.- 

La Administración Tributaria señaló que de la revisión y análisis de los antecedentes se puede evidenciar que la solicitud de acción de repetición fue planteada por el sujeto pasivo mediante Form. 476 v2 “Solicitud de Acción de Repetición -SAR”, signada con de trámite 7620180034 formalmente recepcionada el 27 de julio de 2018, sin embargo, la referida solicitud pudo haberse realizado paralelamente al momento de solicitar la aprobación de rectificatoria a la Gerencia GRACO Santa cruz el 29 de enero de 2014, en cumplimiento de lo previsto por la RND 10-0048-13, art. 9 parágrafo IV y art. 10 parágrafo I, en ese entendido si esta fuera aceptada como sucedió en el presente, el sujeto pasivo únicamente tendría que formalizar la presentación de la solicitud de Acción de Repetición por pago en exceso, sin más dilaciones, pero por el contrario no lo hizo dejando prescribir el plazo legalmente establecido para su solicitud de conformidad con el art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

Agregó que en uso de sus facultades conferidas en los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), investigó mediante cruce de información todo el proceso de rectificatoria aprobado por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa 231776000234 de 30 de junio de 2017, la solicitud de acción de repetición presentada el 27 de julio de 2018, hasta la Resolución Administrativa 222076000008 ahora impugnada, en ese sentido la Administración Tributaria cumplió con el principio de verdad material establecido en el art. 4 de la ley 2341 (LPA), en respaldo citó el Auto Supremo 512/2015 de 07 de diciembre de 2015, y finalmente indicó que si bien el sujeto pasivo presentó la solicitud de Acción de Repetición, signado con Trámite 7620180034 formalmente recepcionado el 27 de julio de 2018, sin embargo, la solicitud pudo haberse realizado paralelamente al momento de solicitar la aprobación de rectificatoria a la Gerencia Graco Santa Cruz, el 29 de enero de 2014, o de igual forma pudo solicitarla dentro del plazo de 3 años, computables a partir del momento en que realizó el pago en exceso, siendo el sujeto pasivo el responsable de cumplir con el plazo y los requisitos establecidos. 

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11.3.4 Sobre la referida inaplicabilidad de plantear la acción de repetición sin la aprobación del proyecto de rectificatoria. 

La Administración Tributaria indicó que el num. 3 art. 10 de la RND 10.0048.13, claramente señala: “Si la Declaración Jurada requiere de rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, presentará fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y proyecto de rectificatoria con el sello de recepción”; en ese sentido, el sujeto pasivo pretende confundir, responsabilizando a la Administración Tributaria de su propia negligencia y dejadez, toda vez que señaló, que al haber sido notificado con la aprobación de su rectificatoria en fecha 10 de julio de 2017, éste hecho impidió que pudiera solicitar la acción de repetición paralelamente al momento de solicitar la rectificatoria, sin embargo en los requisitos establecidos en la citada RND, en ningún momento requiere el proyecto de rectificatoria aprobado por la Administración Tributaria, sino que señala claramente como requisito el “Proyecto de rectificatoria con el sello de recepción”. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa 222076000008 de 09 de julio de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 18 de septiembre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, la misma que se practicó tanto a el recurrente como a la Administración Tributaria, el 23 de septiembre de 2020 (fs. 73-74 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 14 de octubre de 2020, el recurrente mediante memorial presentado el 01 de octubre de 2020, ratificó como prueba toda la documentación presentada al momento de interponer su recurso de alzada (fs. 75 del expediente). 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 02 de octubre de 2020, ratificó como pruebas pre constituidas presentadas en el memorial de contestación al recurso de Alzada de Alzada (fs. 78 del expediente). 

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ait\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 03 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial 22 de octubre de 2020, presentó alegatos en conclusión, reiterando los argumentos expuestos a momento de contestar el recurso de alzada (fs. 81-83 vta., del expediente). 

Por su parte, el recurrente, fuera del plazo previsto, mediante memorial de 16 de noviembre de 2020, presentó alegatos en conclusión, en el cual reiteró los argumentos expuestos en el memorial de Recurso de Alzada (fs. 86-87 vta., del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

11.1. El 29 de enero del 2014, el recurrente mediante nota CITE INT LIQ 022-K13 solicitó autorización de rectificatoria de DDJJ, señalando que en el mes de 

febrero de la gestión 2013 se declaró el IT con de orden 7938607923 por 

un monto de Bs3.129 en el que se incluyó de manera equivocada el monto 

declarado y pagado en el periodo fiscal enero de 2013 que ascendía a la 

suma de Bs1.697, debiendo haberse pagado por el periodo febrero 2013 el 

monto de Bs1.433 y de igual manera señaló que respecto al IUE Retenciones 

en el Form. 7938607755 en el periodo febrero 2013 se declaró y pago el 

monto de Bs13.039 incluyendo a este monto lo declarado en el periodo enero 

de 2013 de Bs7.070, debiendo haberse declarado en el periodo febrero 

solarmente el monto de Bs5.969, por lo que solicitó se emita la resolución 

correspondiente (fs. 15 de antecedentes). 

III.2. El 10 de julio de 2017, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la Resolución Administrativa 31776000234, de 30 de junio de 2017, la cual 

aceptó la solicitud de aprobación del proyecto de rectificatoria del (F-521) 

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correspondiente a los F-410 y F-570 del periodo febrero/2013 (fs. 17-18 de antecedentes). 

III.3. El 27 de julio de 2018, el recurrente mediante, el F-576 v2 “Solicitud de Acción de Repetición -SAR” presentó a la Administración Tributaria, la Solicitud de Repetición — SAR, la cual se adjuntó la siguiente documentación requerida: Declaración Jurada y/o Boleta de Pago en la cual realizó el pago indebido en exceso, en fotocopia, documentación que respalde la inexistencia de la obligación tributaria cuando se trate de un pago indebido o la inexistencia del pago en exceso, original y original y fotocopia del documento de identidad vigente del titular de la acción, su representante legal o apoderado, solicitud de autorización de rectificatoria de DDJJ con cite: INT.LIQ 022-K/13, de 29 de enero de 2014, acta de recepción de documentos, Resolución Administrativa 231776000234, de 30 de junio de 2017, en el Rubro 1. Detalla el pago efectuado en la Declaración Jurada o Boleta de Pago donde se generó el pago en exceso o indebido, y en el Rubro 2. Detalla el pago indebido o en exceso, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para apersonarse a la Administración Tributaria (fs. 1-18 de antecedentes). 

111.4 El 20 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/TJ/INF/00922/2018, el cual concluyó que de la revisión y análisis de la solicitud más documentación de respaldo presentada por el contribuyente se establece que la solicitud de acción de repetición aplicada por pago en exceso con de trámite 7620180034 no se adecúa a los requisitos establecidos por ley y norma, en ese sentido manifestó la improcedencia de la solicitud de acción de repetición, por lo que recomendó se emita la Resolución Administrativa de rechazo conforme a normativa (fs. 26-30 de antecedentes). 

111.5 El 10 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 221876000016, de 20 de noviembre de 2018, la cual resolvió en su artículo primero. – Declarar improcedente la solicitud de acción de repetición planteada por el contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 31-34 de antecedentes). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

III.6 El 28 de diciembre de 2018, el recurrente interpuso recurso de alzada en contra de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 221876000016, de 

20 de noviembre de 2018 ante lo cual el 29 de marzo de 2019, la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0094/2019, la cual en su parte resolutiva, dispuso anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue hasta la Resolución Administrativa 

de Acción de Repetición 221876000016, de 20 de noviembre del 2018, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, debiendo la Administración Tributaria emitir actos que se ajusten a 

derecho a efectos de determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud 

de acción de repetición (fs. 39-44 vta. y 46-54 de antecedentes). 

III.7. El 11 de junio de 2019, la máxima instancia administrativa emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0653/2019 la cual confirmó la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 094/2019, de 29 de marzo de 2019, que 

anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue, hasta la Resolución 

Administrativa de Acción de Repetición 221876000016, de 20 de noviembre de 

2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto 

fundamentado en hecho y derecho considerando todos los elementos que 

fueron planteados por el sujeto pasivo en cumplimiento de los arts. 28, inciso e) 

de la Ley 2341 (LPA) y 31 parágrafos I y II de su Reglamento (fs. 59-67 vta. del 

expediente). 

III.8. El 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Administrativa de Acción de 

Repetición 221976000021 de 20 de noviembre de 2019, la cual resolvió en 

su artículo Primero. Declarar improcedente la solicitud de acción de repetición 

planteada por el contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II 

del art. 124 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 73-80 del expediente). 

.9. El 21 de febrero de 2020, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2020, la cual 

en su parte resolutiva, dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto 

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fue hasta la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 221976000021, de 20 de noviembre del 2019 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo la Administración Tributaria emitir actos que se ajusten a derecho y dar cumplimiento a la disposición asumida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0653/2019 de 11 de junio de 2019; debiendo de acuerdo a los fundamentos técnicos jurídicos señalados precedentemente, de conformidad con el art. 212 inc. c) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 84-94 vta. de antecedentes). 

11.10. El 18 de marzo de 2020, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió el Auto de firmeza ARIT-SCZ-0917/2019 de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2020 de 21 de febrero de 2020 emitida dentro del recurso de alzada ARIT-SC-0917/2019 interpuesto por Mario Albar Derpic Linares en representación del Banco de Cochabamba S.A. en liquidación contra la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales impugnando la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221976000021, de 20 de noviembre del 2019, y con el informe verbal del Secretario de cámara en sentido de que ninguna de las partes interpuso Recurso Jerárquico dentro del plazo establecido por el art. 144 de la Ley 3092 se Declara Firme de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2020 de 21 de febrero de 2020 (fs. 104 de antecedente). 

11.11. El 20 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 222076000008 de 09 de julio de 2020, la cual resolvió en su artículo Primero.- Declarar improcedente a solicitud de acción de repetición planteada por el contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 176-185 y 188 de antecedente) 

  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA JURÍDICA 

El recurrente planteó como agravio: 1. Incumplimiento a las disposiciones de la ARIT y AGIT y 2. Sobre la improcedencia de la acción de repetición por prescripción e interpretación errónea de los arts. 9 parágrafos IV y num. 10 de la RND 10.0048.13, 

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Impugnación Tributaria 

por lo que, esta instancia en cumplimiento de lo establecido en el art. 211 parágrafo I, ingresará al análisis del mencionado agravio. 

IV.1 Incumplimiento a las disposiciones de la ARIT y AGIT. 

El recurrente, manifestó que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0653/2019 de 11 de junio de 2019 y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 161/2020 de 21 de febrero de 2020, ambas instancias conminaron a la Administración Tributaria a emitir una Resolución debidamente fundamentada, sobre diversos puntos, en especial, sobre la existencia del DS 29889 y repercusiones del mismo, sin embargo emitieron una Resolución haciendo oídos sordos de las determinaciones en Alzada y Jerárquico, lo cual amerita una severa llamada de atención, por consiguiente los fallos emitidos deben ser cumplidos, en consecuencia el acto impugnado no puede ser convalidado por la AIT, significaría una falta de respeto y vulneración a la Ley. 

Por otra parte, citó los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, las Sentencias Constitucionales 1684/2010-R, de 25 de octubre de 2010 y 0577/2004-R, de 15 de abril de 2004. 

En contraposición, la Administración Tributaria en su contestación al Recurso de Alzada argüyó que de la lectura de la Resolución impugnada la misma cumple con los requisitos establecidos en el art. 28 de la Ley 2341, toda vez que contiene los antecedentes que generaron el proceso, señalando todos los datos de la Declaración Jurada Rectificada del cual emerge el supuesto pago en exceso, señalando la fecha de pago en exceso, fecha de vencimiento y el tiempo transcurrido, los mismos que se constituyen en los fundamentos de hecho, asimismo, el referido acto impugnado establece la normativa legal en la cual fue sustentada la decisión de la Administración Tributaria para declarar la improcedencia por prescripción de la solicitud de Acción de Repetición presentada, siendo estos los elementos de derecho del Acto Administrativo; quedando demostrado, en este sentido el fehaciente cumplimiento de la normativa tributaria vigente que respalda la correcta actuación de la Administración Tributaria en todo el proceso administrativo hasta la emisión de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición. 

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Agregó que dio estricto cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-0653/2019 y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2020, toda vez que la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 222076000008, se encuentra debidamente motivada y fundamentada, respecto a todos los aspectos observados, pronunciándose expresamente en cuanto al trámite de rectificatoria y el DS 29889, conforme se expuso en el inc. B del memorial, no obstante el hecho de que la misma declare la improcedencia de la solicitud de acción de repetición, no significa que se hubiera incumplido con lo ordenado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por consiguiente al ser evidente que la solicitud de acción de repetición fue presentada de manera posterior a los 3 años de prescripción, se declaró improcedente la solicitud de Acción de Repetición planteada por el Banco de Cochabamba S.A. en liquidación por prescripción, en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

Al respecto, los arts. 115 parágrafos II y 117, parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, en ese entendido el art. 68 nums. 2, 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

En este contexto, como uno de los elementos del debido proceso, se tiene a la fundamentacion, es así que el art. 28, incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA), establecen – entre otros- como elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo: “Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo”; asimismo, el art. 31 del DS 27113 (RLPA), indica: “/. Serán motivados los actos señalados en el artículo 30 de la 14 de 32

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Impugnación Tributaria 

Ley de Procedimiento Administrativo y además los que: a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos; b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados; c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada y valorará las pruebas determinantes para la decisión.”. 

En cuanto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una disposición establecida en la Ley, el ordenamiento jurídico señala que deben concurrir los presupuestos establecidos en el art. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 74, núm. 1 de la Ley 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

Al respecto, y a objeto de verificar si lo alegado por el recurrente respecto a que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0653/2019 de 11 de junio de 2019 y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 161/2020 de 21 de febrero de 2020, ésta última firme, conminaron a la Administración Tributaria a emitir una Resolución debidamente fundamentada, sobre diversos puntos, y que, sin embargo, la entidad recurrida, emitió una Resolución que a su criterio no habría dado cumplimiento a sus disposiciones, en ese entendido, se debe mencionar que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2020 de 21 de febrero de 2020 (fs. 84-94 vta., de antecedente), en la página 19 de 22, señalo: “…de la Revisión al contenido del acto impugnado no se advirtió pronunciamiento alguno sobre todas y cada una de las argumentaciones plasmadas por el recurrente que fueron objeto de anulación en instancia de Alzada y Jerárquica, respecto al Decreto Supremo citado por el recurrente, siendo necesario aclarar que el acto hoy impugnado emergió a consecuencia de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la RND 10-0048-13 de 30 de noviembre de 2013, que en su art. 15 parágrafo I dispone la emisión de la Resolución Administrativa de Aceptación o rechazo de la solicitud de acción de repetición, y que la entidad que hoy impugna se encuentra en una situación especial denominada proceso liquidatorio que a efectos de su cierre definitivo debe enmarcarse en su normativa específica 15 de 32 

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aplicable al caso, a objeto de no generar incertidumbre en los contribuyentes, en ese sentido no se emitió un acto debidamente fundamentado conforme dispuso la Resolución de Recurso Jerárquico…”; resolviendo anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue hasta la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221976000021 de 20 de noviembre de 2019, debiendo la Administración Tributaria emitir actos que se ajusten a derecho y dar cumplimiento a la disposición asumida en la Resolución de Recurso Jerárquico. 

En tal sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo descrito en el párrafo anterior, la Administración Tributaria emitió y notificó la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 222076000008 de 09 de julio de 2020 (fs. 176-185 de antecedente), y de su revisión y análisis a dicho contenido se observó que en el considerando I, describió los hechos suscitados en el proceso en cuestión, a continuación, en el considerando II, describió la normativa aplicable al caso, y posteriormente, en el considerando III, realizó análisis sobre el pago realizado en la gestión 2013, solicitud de rectificatoria del F-570 y aprobación del proyecto de rectificatoria; en el considerando IV, último párrafo de la página 5 y 6 de 10, realizó análisis sobre el DS 29889 de 23 de enero de 2009, y señaló: “como se puede evidenciar, la primera parte de la citada norma, establece que la interrupción de los plazos de prescripción, caducidad y términos procesales, son únicamente para los juicios que tengan por objeto la recuperación de la cartera de crédito, o los que emerjan de los mismos, pero de ninguna manera dicha norma regula la interrupción de los plazos de prescripción 

en solicitudes de acción de Repetición ante la Administración Tributaria, más aún si dicho trámite no tiene relación alguna con la recuperación de la cartera de crédito del Banco de Cochabamba S.A., En Liquidación. Asimismo, corresponde señalar que de conformidad con el art. 124 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 de la RND 10-0048-13, la Acción de Repetición no prevé causales de interrupción del término de prescripción, solo establece causales de suspensión del término de prescripción ante la interposición de recursos administrativos o procesosjudiciales de conformidad con el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 (CTB) , por lo que en base al principio de legalidad establecidos en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde la aplicación del Decreto Supremo 29889, para establecer una supuesta interrupción en el plazo de prescripción dispuesto por el art. 124 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 de la RND 10-0048-13, como erróneamente pretende el sujeto pasivo”; a continuación, realizó análisis sobre la prescripción e indicó que conforme el art. 124 de la Ley 2492 16 de 32

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Impugnación Tributaria 

(CTB) y art. 5 de la RND 10-0048-13, la acción de repetición no prevé causales de interrupción del término de la prescripción, y a través de un cuadro 3, indicó que el pago en exceso fue de 18 de marzo de 2013; y el vencimiento fue el 18 de marzo de 2016, por lo que la solicitud de Acción de Repetición, realizada el 27 de julio de 2018, se encontraría fuera del termino de tres (3) años. 

De lo descrito precedentemente, se tiene que con anterioridad, la instancia de alzada y jerárquica, dispuso que la Administración Tributaria, emita pronunciamiento -entre otros-, sobre el DS 29889 de 23 de enero de 2009, a ese efecto la Administración Tributaria dando cumplimiento a lo ordenado procedió a la emisión y notificación de una nueva Resolución Administrativa de Acción de Repetición, en la cual se contempla un análisis y fundamentacion, del por qué, a su criterio, no corresponde aplicar el Decreto Supremo 29889 de 23 de enero de 2009, como causal de interrupción en el cómputo de la prescripción de la solicitud de acción de repetición, en consecuencia y en contraposición a lo aludido por el recurrente, que señala que se habría incumplido lo resuelto por las instancias de alzada y jerárquica, se tiene que la Administración Tributaria dio cumplimiento a los dispuesto por dichas instancias, pues el acto en cuestión, contiene los fundamentos de hecho y la exposición de las razones jurídicas y normativas que justificaron la decisión adoptada, lo cual se traduce en el fundamento de derecho, dando cumplimiento de ésta manera a lo exigido por los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA), a su vez, a la Sentencia Constitucional 1684/2010-R de 25 de octubre de 2010 y SC 0577/2004- R de 15 de abril, citada por el recurrente, en su memorial de Recurso de Alzada que hacen referencia a que todo acto administrativo debe estar debidamente fundamentado, por lo tanto, sus actos se enmarcaron en lo previsto en los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la CPE, correspondiendo en consecuencia, ingresar a los demás agravios. 

IV.2 Sobre la improcedencia de la acción de repetición por prescripción e interpretación errónea de los arts. 9 parágrafos IV y num. 10 de la RND 10.0048.13. 

El recurrente argüyó que la Administración Tributaria en la Resolución impugnada se limitó a mencionar: “Que la interpretación de los plazos de prescripción, caducidad y términos procesales, son únicamente para los juicios que tengan por objeto la 

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recuperación de la cartera de crédito o los que te emerjan de los mismos, pero de ninguna manera dicha norma regula la interrupción de los plazos de prescripción en solicitudes de acción de repetición ante la Administración Tributaria”; empero no tomó en cuenta ni consideró la aplicación del DS 29889 de 23 de enero de 2009, que en su exposición de motivos establece que con la finalidad de precautelar la estabilidad del sistema financiero, la economía del país y fundamentalmente para mantener la confianza en el sistema financiero, el Estado Boliviano mediante DS 23881 de 11 de octubre de 1994, autorizó al Banco Central de Bolivia otorgar recursos económicos con el objeto de proceder a la devolución total o parcial de los depósitos del público en las entidades de intermediación financiera, hoy en proceso de liquidación, subrogándose los derechos de los depositantes en la prelación de pago; por consiguiente adquirió la calidad de principal acreedor extra-concursal de dichas entidades bancarias y que el referido Decreto se encargaría de regular el cierre de la entidad, disponiendo en el art. 6 que de conformidad a lo previsto en los arts. 1503, 1505 y 1506 del Código Civil, a partir de la publicación del DS en la gaceta oficial de Bolivia, quedan interrumpidos los plazos de prescripción, caducidad y otros, así como los términos procesales en los juicios interpuestos para la recuperación de la cartera de créditos, los juicios ordinarios que emerjan de los mismos, así como cualquier otro juicio en el que una entidad financiera en liquidación forzosa fuese como demandante o demandada. De lo que se colige que todo plazo de prescripción fue interrumpido a favor de su entidad, por lo que no se podría indicar que el término para solicitar la acción de repetición habría prescrito. 

Asimismo adujo que la Resolución impugnada citó lo previsto en la RND 10.0048.13 de 30 de diciembre de 2013, que en su art. 9, parágrafo IV, dispone: “cuando la acción de repetición sea porun pago en exceso realizado en una declaración jurada y su rectificatoria requiera la aprobación de la administración tributaria, la solicitud será considerada formalmente recibida, A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE EL TITULAR DE LA ACCIÓN SEA NOTIFICADO CON LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE APRUEBA LA RECTIFICATORIA”; no obstante indicó que no entendió las razones por las que indica tal fundamento, toda vez que la Resolución que aprobó la Rectificatoria, plasmada en la Resolución Administrativa 231776000234 de 30 de junio de 2017, fue notificada el 10 de julio de 2017, es decir casi 4 años después de realizado el pago, considerando que el mismo se realizó el 

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18 de marzo de 2013 y el trámite de rectificatoria fue ingresado el 13 de noviembre de 2013. 

Por lo que si analiza la normativa citada precedentemente, tendría que computar los plazos para la prescripción a partir del 10 de julio de 2017, pues ésta es la fecha de notificación de la Resolución Administrativa 231776000234 de 30 de junio de 2017, que resolvió aceptar la solicitud de aprobación del proyecto de rectificatoria. 

Adicionalmente, sostuvo que la Administración Tributaria realizó una interpretación errónea del art. 10, num. 3 de la citada Resolución, que señala: “Si la Declaración Jurada requiere de rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, presentara la fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y Proyecto de Rectificatoria con el sello de recepción”; ahora bien en la página 3 de la Resolución impugnada, debajo del cuadro 1, el SIN mencionó que efectuada la verificación de los hechos que dieron origen a la solicitud de aprobación del proyecto y según lo recomendado por el Informe CITE: SIN/GDSCZ ll/DF/INF/04222/2017; fue notificada el 10 de julio de 2017, la aprobación del proyecto de rectificatoria, hecho que impidió que el Banco de Cochabamba S.A., en Liquidación, pueda solicitar la Acción de Repetición, paralelamente al momento de solicitar la rectificatoria, pues no se cumplía con el requisito establecido en el art. 10 num. 3 del Procedimiento para la solicitud de acción de repetición. 

En contraposición, la Administración Tributaria en su memorial de contestación al Recurso de Alzada señaló que el sujeto pasivo el 29 de enero de 2014, mediante nota NUIT 324/2020, solicitó la rectificatoria de la Declaración Jurada, posteriormente, conforme lo previsto en la RND 10-009-16 y RND 11-04-2016, por re categorización de contribuyentes, el 21 de noviembre de 2016, mediante nota CITE: SIN/GGSCZ/DF/VSD/NOT/01781/2016, los antecedentes fueron remitidos a la Gerencia Distrital Santa Cruz II, para su prosecución, finalmente la citada gerencia, el 10 de julio de 2017 notificó al sujeto pasivo con la Resolución Administrativa N° 231776000234 de 30 de junio de 2017, la cual resolvió aceptar la solicitud de aprobación de los proyectos de rectificatoria correspondiente al F-410 y F-570. 

Agregó que la primera parte del DS 29889, claramente establece que la interrupción de los plazos de prescripción, caducidad y términos procesales, son únicamente para 19 de 32 

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los juicios que tengan por objeto la recuperación de la cartera de crédito o los que emerjan de los mismos, pero de ninguna manera dicha norma regula la interrupción de los plazos de prescripción en solicitudes de acción de repetición ante la Administración, más aún si dicho trámite no tiene relación alguna con la recuperación de la cartera de crédito del contribuyente, asimismo aclaró que de conformidad con el art. 124 de la Ley 2492 (CTB), y art. 5 de la RND 10-0048-13, la Acción de Repetición no prevé causales de interrupción del término de prescripción, solo establece causales de suspensión del término de prescripción ante la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales de conformidad con el parágrafo II art. 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en base al principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde la aplicación del DS 29889, para establecer una supuesta interrupción en el plazo de prescripción dispuesto por el art. 124 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 de la RND 10-0048-13, como erróneamente pretende el sujeto pasivo. 

Por otra parte, también consignó que la solicitud de acción de repetición fue planteada por el sujeto pasivo mediante Form. 476 v2 “Solicitud de Acción de Repetición -SAR”, signada con de trámite 7620180034 formalmente recepcionada el 27 de julio de 2018, sin embargo, la referida solicitud pudo haberse realizado paralelamente al momento de solicitar la aprobación de rectificatoria a la Gerencia GRACO Santa cruz el 29 de enero de 2014, en cumplimiento de lo previsto por la RND 10-0048-13, art. 9 parágrafo IV y art. 10 parágrafo I, en ese entendido si esta fuera aceptada como sucedió en el presente, el sujeto pasivo únicamente tendría que formalizar la presentación de la solicitud de Acción de Repetición por pago en exceso, sin más dilaciones, pero por el contrario no lo hizo dejando prescribir el plazo legalmente establecido para su solicitud de conformidad con el art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

Adicionalmente, afirmó que en uso de sus facultades conferidas en los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), investigó mediante cruce de información todo el proceso de rectificatoria aprobado por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa 231776000234 de 30 de junio de 2017, la solicitud de acción de repetición presentada el 27 de julio de 2018, hasta la Resolución Administrativa N° 222076000008 ahora impugnada, en ese sentido, la Administración Tributaria cumplió con el principio de verdad material establecido en el art. 4 de la Ley 2341 

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(LPA), en respaldo citó el Auto Supremo 512/2015 de 07 de diciembre de 2015, y finalmente indicó que si bien el sujeto pasivo presentó la solicitud de Acción de Repetición, signado con Trámite 7620180034 formalmente recepcionado el 27 de julio de 2018, sin embargo, la solicitud pudo haberse realizado paralelamente al momento de solicitar la aprobación de rectificatoria a la Gerencia Graco Santa Cruz, el 29 de enero de 2014, o de igual forma pudo solicitarla dentro del plazo de 3 años, computables a partir del momento en que realizó el pago en exceso, siendo el sujeto pasivo el responsable de cumplir con el plazo y los requisitos establecidos. 

Asimismo, la Administración Tributaria indicó que el num. 3 art. 10 de la RND 10.0048.13, claramente señala: “Si la Declaración Jurada requiere de rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, presentará fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y proyecto de rectificatoria con el sello de recepción”; en ese sentido, el sujeto pasivo pretende confundir, responsabilizando a la Administración Tributaria de su propia negligencia y dejadez, toda vez que señaló, que al haber sido notificado con la aprobación de su rectificatoria en fecha 10 de julio de 2017, éste hecho impidió que pudiera solicitar la acción de repetición paralelamente al momento de solicitar la rectificatoria, sin embargo en los requisitos establecidos en la citada RND, en ningún momento requiere el proyecto de rectificatoria aprobado por la Administración Tributaria, sino que señala claramente como requisito el “Proyecto de rectificatoria con el sello de recepción”. 

Al respecto, la legislación nacional, en su art. 121 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “/. La acción de repetición es aquella que pueden utilizar los sujetos pasivos y/o directos interesados para reclamar a la Administración Tributaria la restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario”. Asimismo, el art. 16 del DS 27310 (RCTB) prevé que: “La acción de repetición dispuesta en los Artículos 121 y siguientes de la Ley N° 2492 comprende los tributos, intereses y multas pagados indebidamente o en exceso, quedando facultada la Administración Tributaria, a detallar los casos por los cuales no corresponde su atención. II. La Administración Tributaria que hubiera recibido el pago indebido o en exceso es competente para resolver la acción de repetición en el término máximo de cuarenta y cinco (45) días computables a partirde la documentación requerida; (…).”. 

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En la misma norma, el art. 122 (Del Procedimiento), señaló, I. El directo interesa que interponga la acción de repetición, deberá acompañar la documentación que la respalde, la Administración Tributaria verificará previamente si el solicitante tiene alguna duda tributaria liquida y exigible, en cuyo caso procederá a la compensación de oficio, dando curso a la repetición sobre el saldo favorable al contribuyente, si lo hubiera. Cuando procesa la repetición, la Administración Tributaria se pronunciará, dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la solicitud, mediante resolución Administrativa expresa rechazando o aceptando total o parcialmente la repetición solicitada y autorizando la emisión del instrumento de pago correspondiente que la haga efectiva. 

Asimismo, el art. 124 (Prescripción de la Acción de Repetición) de la cita Ley, sostiene que: “/. Prescribirá a los tres (3) años la acción de repetición para solicitar lo pagado indebidamente o en exceso. II. El término se computará a partirdel momento en que se realizó el pago indebido o en exceso. III. En estos casos, el curso de la prescripción se suspende por las mismas causales, formas y plazos dispuestos por este Código”. 

Por su parte, el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), establece que el curso de la prescripción se suspende con: “/. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.”. 

De manera concordante, la RND 10-0048-13, de 30 de diciembre de 2013 “Procedimiento para la Solicitud de Acción de Repetición”, en su art. 2, establece: “A efecto de la presente disposición se aplicarán las siguientes definiciones: a) Pago indebido: pago no exigido por Ley y b) Pago en exceso: Pago mayor al exigido por Ley.”. 

En la misma norma, el art. 5 de la citada RND, señala: “(Prescripción y cómputo). La acción de repetición prescribe a los tres (3) años, computables a partir del momento 22 de 32

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en que se realizó el pago indebido o en exceso hasta la presentación de la solicitud; dicho cómputo será suspendido por las causales previstas en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492 (CTB), siempre que estén vinculadas al reclamo del pago indebido o en exceso.”. 

Seguidamente, y en cuanto a la presentación de la acción de repetición, el art. 9 de la referida RND, dispone: “/. El titular de la acción registrada o no en el Padrón Nacional de Contribuyentes, deberá llenar el Formulario Electrónico 576 v.2 “Solicitud de Acción de Repetición – SAR” a través de la oficina virtual. Una vez llenado el Formulario, éste será impreso y firmado junto con el número de trámite que genere el sistema, para su apersonamiento en la plataforma del Departamento de Recaudaciones de la Administración Tributaria de su Jurisdicción, debiendo el Titular 

de la Acción acompañar los documentos establecidos en el artículo 10 de la presente Resolución, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles posteriores al envío del formulario electrónico, fecha en la que se considera formalmente recibida la solicitud si no existen observaciones. II. De existir observaciones a los documentos de respaldo al formulario, el Titular de la Acción podrá subsanar las mismas, dentro del plazo previsto en el parágrafo anterior. III. De verificarse errores en el llenado del formulario o incumplimiento de lo señalado en los parágrafos I y II anteriores, la solicitud será considerada como no presentada y su registro eliminado del sistema, pudiendo el solicitante iniciar nuevamente la solicitud siempre que el término de prescripción previsto para la Acción de Repetición no se haya producido. IV. Cuando la acción de repetición sea por un pago en exceso realizado en una Declaración Jurada y su rectificatoria requiera la aprobación de la Administración tributaria, la solicitud será considerada formalmente recibida, a partir de la fecha en la que el titular de la Acción sea notificado con la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria. 

A su vez, el art. 10 (Requisitos) de la misma RND, estableció: 7. El titularde la Acción deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al envío del Formulario Electrónico 576 v.2 en la plataforma de Recaudaciones de la Gerencia Distrital, GRACO o Agencia Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales de acuerdo a su jurisdicción, la siguiente documentación: 1. Declaración Jurada y/o Boleta de Pago en la cual se realizó el pago indebido o en exceso, en fotocopia y original. El original será devuelto al solicitante una vez sea verificado en la Base de 

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Datos Corporativa del Servicio de Impuestos Nacionales. 2. Declaración Jurada rectificatoria (cuando corresponda), en fotocopia y original. El original será devuelto al solicitante una vez sea verificado en la Base de Datos Corporativa del Servicio de Impuestos Nacionales. 3. Si la Declaración Jurada requiera de rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, presentará la fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de acción de repetición y proyecto de rectificatoria con el sello de recepción. 4. Documentación que respalde la inexistencia de la obligación tributaria cuando se trate de un pago indebido o la existencia del pago en exceso. 5. Fotocopia del documento de identidad vigente del titular de la acción o su representante legal o apoderado”. 

Ahora bien, en consideración a lo descrito por el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada (fs. 33-37 vta., del expediente), después de transcribir de manera literal lo previsto en el art. 6 del citado Decreto Supremo, en el que adujo que todo plazo de prescripción se interrumpió en su favor, corresponde señalar que, de la revisión del DS 29889 de 23 de enero de 2009, se observa que dicha disposición normativa, en efecto, es de carácter especial y tiene por objeto reglamentar el cierre definitivo de los procesos liquidatorios del Banco Sur S.A., Banco Internacional de Desarrollo S.A., y del recurrente Banco de Cochabamba S.A., siendo la naturaleza del mismo, regular las transferencias de activos así como la entrega y recepción de la cartera, es en ese sentido, que el art. 6 (Impuestos y otros) del DS 29889, en sus parágrafos I y II, consignó textualmente que: “/. La entrega y recepción de la cartera, otras contingencias y incluyendo contingencias y cualesquier otros activos, que se prevén en el artículo 3 del presente Decreto Supremo, se efectuarán en el estado en que se encuentren y con la documentación con la que cuente la entidad de intermediación financiera en liquidación forzosa. II. De conformidad a lo previsto en los artículos 1503, 1505 y 1506 del Código Civil, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo en la Gaceta Oficial de Bolivia, quedan interrumpidos los plazos de prescripción, caducidad y otros, así como los términos procesales en los juicios interpuestos para la recuperación de la cartera de créditos, los juicios ordinarios que emerjan de los mismos así como en cualquier otro juicio en el que una entidad financiera en liquidación forzosa fuese parte como demandante o demandada. Estos plazos volverán a correr automáticamente a partir del día hábil siguiente al que se perfeccionen las cesiones y transferencias previstas en el artículo 3 del presente Decreto Supremo, con la notificación pública que será realizada por el 24 de 32

aÍtí 

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TGN, en un periodo de circulación nacional, constituyendo la presente disposición el acto alque se refiere elparágrafo II del artículo 1503 del Código Civif; vale decir, que desde la publicación del citado Decreto, en concordancia con las disposiciones del Código Civil, todos los términos procesales en los juicios interpuestos para la recuperación de la cartera y los juicios ordinarios que emerjan de éstos o cualquier otro juicio en el que fuera parte como demandante o demandado quedaron interrumpidos. En el mismo contexto, en los parágrafos III y IV del citado art. 6, se estableció que: “///. De conformidad con el Artículo 131 de la Ley N° 1488, modificada por la Lev N° 2297 de 20 de diciembre de 2001, todas las transferencias o cesiones que se realicen en cumplimiento del presente Decreto Supremo, quedan exentas del pago de impuestos, tasas y aranceles nacionales o municipales de cualquier índole. Para la inscripción de los contratos de cesión de cartera incluyendo sus garantías y otros activos en los registros públicos correspondientes, se aplicará la tasa o arancel previsto para contratos sin cuantía. IV. La entrega y recepción de disponibilidades e inversiones temporarias y permanentes, cartera y todos los otros activos están exentos del pago de impuestos 

De lo anteriormente reflejado, se observa que el art. 6 del DS 29889 que titula “impuestos y otros”, hace una separación clara de sus cuatro parágrafos; los dos primeros, delimitan las acciones en cuanto a la entrega y recepción de la cartera de créditos y otros activos; estableciendo que quedan interrumpidos los plazos de prescripción, caducidad y otros, así como suspendidos los términos procesales interpuestos para la recuperación de créditos, juicios ordinarios y cualquier otro juicio en el que el recurrente fuera parte como demandante o demandada; sin embargo, la Resolución Administrativa de Acción de Repetición impugnada emerge de un trámite administrativo, que indiscutiblemente, no deviene de un proceso judicial ordinario en que el recurrente hubiera actuado como demandante o demandada, ni tampoco tiene relación alguna con aspectos vinculados a la recuperación de cartera de créditos u otros activos, tal cual prevé el citado Decreto Supremo, es más, estos dos primeros parágrafos tampoco refieren a aspectos tributarios, sino únicamente a las acciones emergentes y necesarias para la recuperación de la cartera de crédito del recurrente, en su calidad de entidad financiera bancaria en liquidación; por otra parte, los últimos parágrafos del citado art. 6, hacen referencia a la exención del pago de impuestos, tasas y aranceles nacionales o municipales de cualquier índole, que surjan como consecuencia de las transferencias o cesiones que se realicen en cumplimiento al 

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citado DS, así como la entrega y recepción de disponibilidades e inversiones temporales y permanentes, cartera y todos los activos, así como las tasas o arancel que correspondería aplicar, en caso de la inscripción de contrato de cesión de cartera, vale decir, es evidente que éstas disposiciones no tienen alcance alguno sobre otros trámites de índole administrativo, ni tienen incidencia o se constituyen en causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción que prevé la Ley 2492 (CTB), para la Acción de Repetición objeto de análisis, por lo que, en efecto, las disposiciones contenidas en el DS 29889 de 23 de enero de 2009, no resultan aplicables al proceso en cuestión, máxime si al respecto, la Acción de Repetición se encuentra normada y reglamentada en la Ley 2492 (CTB), en la Subsección II, arts. 121, 122, 123 y 124, no existiendo vacío legal alguno, puesto que, en cuanto la prescripción, éste último artículo, señala:”/. Prescribirá a los tres (3) años la acción de repetición para solicitar lo pagado indebidamente o en exceso. II. El término se computará a partir del momento en que se realizó el pago indebido o en exceso. III. En estos casos, el curso de la prescripción se suspende por las mismas causales, formas y plazos dispuestos por este Código”, encontrándose en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), la suspensión del curso de la prescripción, que consigna: “(Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende porseis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesosjudicialesporparte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo”, consecuentemente, corresponde desestimarse lo agraviado por el recurrente en este punto. 

Por otra parte, el recurrente también argüyó que existiría una interpretación errónea de los arts. 9 parágrafos IV y 10 num. 3 de la RND 10.0048.13 de 30 de diciembre de 2013, en tal sentido, de la revisión a los antecedentes, se observa que el pago cuya acción de repetición se solicita, al considerarlo un pago en exceso, que fue realizado mediante Form. 570v2 (IUE Retenciones), con Orden 7938607755 del periodo febrero de 2013, el 18 de marzo de 2013 (fs. 7 de antecedentes) y respecto del cual, el 29 de enero del 2014, mediante nota CITE INT LIQ 022-K13, solicitó autorización de rertificatoria de DDJJ, señalando que en el mes de febrero de la gestión 2013 se declaró el IT con de orden 7938607923 por un monto de Bs3.129 en el que se 

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incluyó de manera equivocada el monto declarado y pagado en el periodo fiscal enero de 2013 que ascendía a la suma de Bs1.697, debiendo haberse pagado por el periodo febrero 2013 el monto de Bs1.433 y de igual manera señaló que respecto al IUE Retenciones en el Form. 7938607755 en el periodo febrero 2013 se declaró y pago el monto de Bs13.039 incluyendo a este monto lo declarado en el periodo enero de 2013 de Bs7.070, debiendo haberse declarado en el periodo febrero solamente el monto de Bs5.969, por lo que solicitó se emita la resolución correspondiente (fs. 15 de antecedentes). 

En mérito a lo anterior, la Administración Tributaria, el 10 de julio de 2017, notificó al recurrente con la Resolución Administrativa N° 31776000234 de 30 de junio de 2017, mediante la cual, aceptó la solicitud de aprobación del proyecto de rectificatoria del (F-521) correspondiente a los F-410 y F-570 del periodo febrero/2013 (fs. 17-18 de antecedentes), lo cual, motivó que el 27 de julio de 2018, mediante, el F-576 v2 “Solicitud de Acción de Repetición -SAR”, el recurrente presentó a la Administración Tributaria, la Solicitud de Repetición — SAR, adjuntando la siguiente documentación requerida: Declaración Jurada y/o Boleta de Pago en la cual realizó el pago indebido o en exceso, en fotocopia, documentación que respalde la inexistencia de la obligación tributaria cuando se trate de un pago indebido o la inexistencia del pago en exceso, originaly fotocopia del documento de identidad vigente del titular de la acción, su representante legal o apoderado, solicitud de autorización de rectificatoria de DDJJ con cite: INT.LIQ 022-K/13, de 29 de enero de 2014, acta de recepción de documentos, Resolución Administrativa N° 231776000234, de 30 de junio de 2017, en el Rubro 1. Detalla el pago efectuado en la Declaración Jurada o Boleta de Pago donde se generó el pago en exceso o indebido, y en el Rubro 2. Detalla el pago indebido o en exceso, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para apersonarse a la Administración Tributaria (fs. 1-18 de antecedentes). 

Al efecto, el 20 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 222076000008 de 09 de julio de 2020, la cual resolvió en su artículo Primero.- Declarar improcedente a solicitud de acción de repetición planteada por el contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 176-185 y 188 de antecedente). 

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En los fundamentos, de dicho documento, vale decir, la Resolución Administrativa impugnada, específicamente en su página 8 de 10; la Administración Tributaria explicó, que según lo previsto en el art. 124 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 de la RND 10-0048-13, la Acción de Repetición prescribe a los 3 años, computables a partir del momento en que se realizó el pago indebido o en exceso hasta la presentación de la solicitud, no existiendo normativa alguna que establezca la posibilidad de que el cómputo del término de prescripción para la Acción de Repetición empiece desde la notificación con la Resolución Administrativa que aprueba una rectificatoria de Declaración Jurada; a su vez indicó que, conforme el art. 10 de la RND 10-0048-13, en el caso de que la Declaración Jurada de la cual emerge el pago en exceso requiera la rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, el contribuyente deberá presentar una fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y el proyecto de rectificatoria con el sello de recepción, adjuntando a su trámite de Acción de Repetición, documentos que deben ser presentados, en el marco del término de prescripción establecidos en el art. 124 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 de la RND 10-0048-13, asimismo, una vez sea notificada la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria, es que dicho trámite se tendrá formalmente recibido, esto para realizar dentro de los plazos establecidos el Informe respectivo y Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo conforme dispone el parágrafo IV del art. 9 y art. 13 de la RND 10-0048-13, empero dichas normativas de ninguna manera establecen que el plazo de prescripción comience a computarse desde la notificación con la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria. 

A ese efecto, se procedió a verificar la norma específica, siendo ésta, la RND 10- 0048-2013 de 30 de diciembre de 2013 “PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE ACCIÓN DE REPETICIÓN”, el cual estableció en su art. 10, los requisitos que deben presentar, el titular de la acción de repetición, mismos que se detallan de la siguiente manera: 1. Declaración Jurada y/o Boleta de Pago en la cual se realizó el pago indebido o en exceso, en fotocopia y original. 2. Declaración Jurada Rectificatoria (cuando corresponda), en fotocopia y original. 3. Si la Declaración Jurada requiere de rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, presentará la fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y proyecto de rectificatoria con el sello de recepción. 4. Documento que respalde la inexistencia de la obligación tributaria 28 de 32

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cuando se trate de un pago indebido o la existencia del pago en exceso y 5. Fotocopia del documento de identidad vigente del titular de la acción o su representante legal o apoderado -entre otros-. 

Ahora bien, con relación a la Declaración Jurada, la norma prevé en su art. 78 de la Ley 2492 (CTB), que es la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificatoria tenga como efecto el aumento del saldo a favor del fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del fisco, previa verificación de la Administración Tributaria 

De las normas descritas precedentemente, se entiende que la Acción de Repetición y la rectificatoria de la Declaración Jurada son dos (2) procesos distintos que la Ley otorga al sujeto pasivo para hacer valer sus derechos ante la Administración Tributaria, no obstante, a efectos de solicitar la acción de repetición, si el pago indebido (Pago no exigido por Ley) o pago en exceso (Pago mayor al exigido por Ley), requiriera de una Rectificatoria, la norma otorga la posibilidad de tramitarlos paralelamente, toda vez que ante la presentación de la Acción de Repetición, la RND 10-0048-13 de 30 de diciembre de 2013, exige únicamente adjuntar el memorial de solicitud de rectificatoria, -entre otros-; tal cual señaló la Administración Tributaria en el acto impugnado. Ahora bien, el art. 9 (Presentación de la solicitud), de la misma RND, prevé que el titular de la Acción una vez llenado el formulario, este será impreso y firmado junto con el número de trámite que genere el sistema, para su apersonamiento en la plataforma del Departamento de Recaudaciones de la Administración Tributaria de su jurisdicción, debiendo el titular de la acción acompañar los documentos establecidos en el art. 10 de la Resolución, vale decir, en el presente y tratándose de una DDJJ sujeta a rectificatoria, únicamente debió adjuntar el memorial de solicitud de rectificatoria -entre otros-. 

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Situación que se encuentra directamente relacionada con el parágrafo IV del art. 9 de la RND 10-0048-13, que señala: “Cuando la acción de repetición sea por un pago en exceso realizado en una Declaración Jurada y su rectificatoria requiera la aprobación de la Administración Tributaria, la solicitud será considerada formalmente recibida, a partir de la fecha en la que el Titular de la Acción sea notificado con la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria”, vale decir, toda vez que dicha disposición normativa se encuentra contemplada dentro del Capítulo II correspondiente al Procedimiento a seguir dentro del trámite de Acción de Repetición, se infiere que el considerar formalmente recibida la solicitud de acción de repetición a momento de ser notificado con la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria, tiene por objeto considerar la misma para el cómputo del plazo para su pronunciamiento de la Administración Tributaria, esto es, los cuarenta y cinco (45) días establecidos en el segundo párrafo del parágrafo I del art. 122 de la Ley 2492 (CTB), y no así, como entiende el recurrente en las páginas 7 y 8 del memorial de Recurso de Alzada: “…tendríamos que computar los plazos para la prescripción a partir del 10/07/2017, toda vez que esa fecha fue cuando se nos notificó con la Resolución Administrativa N° 231776000234 de 30/06/2017, que resuelve aceptarla solicitud de aprobación del proyecto de rectificatoria”; en tal sentido, el análisis realizado por la Administración Tributaria referente a los requisitos que debe contener la solicitud de acción de repetición, que se encuentra sujeta a una rectificatoria, se encuentra enmarcado en lo previsto por la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0048-2013 de 30 de diciembre de 2013, por lo que, no es pertinente computar el plazo de prescripción desde la aprobación de la Resolución de Rectificatoria, toda vez que la solicitud de acción de repetición debe -indiscutiblemente- ser presentada dentro del plazo previsto por la Ley, en su art.124 de la ley 2492 (CTB), no existiendo limitante alguna para su cumplimiento, toda vez que la RND en su art. 10 num, 3, estableció que en caso de que la DDJJ objeto de acción de repetición, requiera ser rectificada previamente, el sujeto pasivo, debe adjuntar dicha solicitud a la acción de repetición que presente, procedimiento que no fue cumplido por el recurrente. 

En ese sentido y considerando lo anteriormente expuesto, evidentemente la solicitud de Acción de Repetición presentada el 27 de julio de 2018 a través del Formulario 576 v2 “Solicitud de Acción de Repetición”, por el presunto pago en exceso realizado el 18 de marzo de 2013 mediante el form. 570 IUE Retenciones-, correspondiente al periodo febrero de 2013, con Orden 7938607755, fue efectuado cuando el término 30 de 32

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para ello ya se encontraba prescrito, en consideración a lo previsto en el art. 124 de la Ley 2492 (CTB), que señala: “I. Prescribirá a los tres (3) años la acción de repetición para solicitar lo pagado indebidamente o en exceso. II. El termino se computará a partir del momento en que se realizó el pago indebido o en exceso” habiendo fenecido el mismo, el 18 de marzo de 2016. 

En consecuencia y considerando que la solicitud de acción de repetición, fue presentada fuera del plazo de tres (3) años, conforme prevé el art. 124 de la Ley 2492 (CTB), y art. 5 de la RND 10-0048-2013 de 30 de diciembre de 2013 “Procedimiento para la solicitud de acción de repetición”, computado desde el momento que realizó el pago en exceso, considerando el análisis técnico legal desarrollado precedentemente, corresponde confirmar la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 222076000008 de 09 de julio de 2020, que declaró improcedente la solicitud de Acción de Repetición planteada por el contribuyente Banco de Cochabamba S.A., en Liquidación, en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 222076000008 de 09 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 222076000008, que declaró improcedente la solicitud de Acción de Repetición planteada por el contribuyente Banco de Cochabamba S.A., en Liquidación, en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB); conforme establece el art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB) y con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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