ARIT-SCZ-RA-0685-2020 Las presentación de facturas no desvirtúan la depuración del crédito fiscal

ARIT-SCZ-RA-0685-2020

aitÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0685/2020 

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

Empresa Constructora ARENA LTDA. representada por Adalberto Duran Natusch. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Sergio Pastor Navarro Venegas. 

Resolución Determinativa 172080000056, de 18 de junio de 2020. 

ARIT-BEN-0006/2020. 

Santa Cruz, 19 de noviembre de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0685/2020 de 18 de noviembre de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa 172080000056 de 18 de junio de 2020, mediante la cual 

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Justicia tributaria para vivir bien 

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NB/ISO 

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Sistema de Gesten de la Cridad 

Certificado 771/14 

resolvió, Primero.- Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la Empresa Constructora ARENA LTDA. con NIT 1028907029, que asciende a UFV’s.268.823, monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e interés (4% y 6%), más el Acta de Infracción N° 180605 por contravenciones tributarias y el 100% de la sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos de febrero, marzo, abril y mayo de 2015, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812; importes determinado en la Vista de Cargo 291980000197(…) Segundo.- Sancionar a la Empresa Constructora ARENA LTDA. con NIT 1028907029, con la multa de UFV’slOOO, por incumplimiento a los deberes formales (IDF) señalado en el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, sanción estipulada en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio 10-00033-16, Tercero.- Calificar la conducta de la Empresa Constructora ARENA LTDA. con NIT 1028907029, como Omisión de Pago por adecuar su conducta a lo establecido en el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose con un importe de UFV’sl 19.432, que comprende el 100% de la sanción por omisión de pago por los periodos de 02, 03, 04 y 05 déla gestión 2015; deuda que deberá ser reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago..(…). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la recurrente 

La EmpresaConstructora ARENA LTDA., en adelante la recurrente, representada por Adalberto Duran Natusch, mediante memoriales presentados el 20 de agosto y 02 de septiembre de 2020 (fs. 20-24 y 34-38vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 172080000056 de 18 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Nulidad del proceso de determinación porfalta de respaldo documental. 

La recurrente manifestó que debe reconocerse la nulidad de todos los actuados que establecen una supuesta deuda tributaria en su contra, toda vez que los actos de la 2 de 24

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Administración Tributaria no tienen respaldo documental que hubieran sido obtenidos en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación, reconocidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), puesto que para conformar la Deuda Tributaria se basó en reportes del sistema generados por el propio ente fiscal en virtud del art. 7 del D. S. 27310 (RCTB); empero no solicitó a los proveedores documentación que valide y respalde la información reportada por estos; aspecto que vulnera su derecho al Debido Proceso y a la Defensa consagrados en el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Asimismo, alegó que la determinación sobre base cierta efectuada por la Administración Tributaria incurre en incumplimiento de la normativa tributaria para su establecimiento toda vez que no existe documentación obtenida por parte del referido ente fiscal, por lo que la Resolución Determinativa solo se respalda en indicios y referencias, cuando la sola diferencia entre la información reportada en el sistema por su parte y por la de sus proveedores no pueden dar lugar a la determinación de supuestas deudas, resultando evidentes las deficiencias en el procedimiento de verificación, por la carencia del ejercicio de las facultades de verificación, fiscalización e investigación por la Administración Tributaria, así como la parcialización hacia la información remitida por sus proveedores, incumpliendo de esa forma con los arts. 13 de la CPE; y 65 de la Ley 2492 (CTB), citó el Auto Supremo 430/2013, de 25 de julio de 2013, referido a la fundamentación de la deuda determinada. 

De igual manera aludió que de la revisión efectuada al contenido de la Resolución Determinativa impugnada, y del análisis o verificación física de la documentación de respaldo del proceso de verificación defectuosamente ejecutado, resulta evidente que la Administración Tributaria no realizó los requerimientos de documentación (facturas o documentos equivalentes) hacia sus proveedores de bienes y/o servicios que validen, sustenten y/o respalden la información reportada por los mismos para sustentar su determinación, por lo que corresponde se declare la nulidad de los actuados realizados por el referido ente fiscal al carecer su determinación, de documentación probatoria que respalde la supuesta Deuda Tributaria, y por no haber realizado un análisis objetivo del caso, omitiendo de esa forma la aplicación de los principios de Convalidación e Igualdad Procesal y vulnerando los principios de Buena Fe, Seguridad Jurídica; Debido Proceso, Justa Defensa e Igualdad Procesal, 

además del artículo 69 del CTB. 

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Sisterra deGestión 

detaCaSdad 

Certificado N°771.-’14 

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II 

Por último argüyó que, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que los derechos no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, derechos que en el marco del principio de Progresividad no son limitativos sino enunciativos, puesto que a ellos se agregan el Debido Proceso como garantía general para asegurar la realización del valor justicia; aspectos que no se cumplieron en este caso al sustentarse la determinación solo en reportes del sistema de la Administración Tributaria quien aplicó de forma incorrecta el principio de Economía Procesal y citó la Sentencia Constitucional 1756/2011-R. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa 172080000056 de 18 de junio de 2020. 

11.2 Auto de admisión. 

Mediante Auto de 04 de septiembre de 2020 (fs. 39 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa N° 172080000056 de 18 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2020 (fs. 47-49 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de contestar negativamente al Recurso de Alzada en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Respecto a la nulidad del proceso de determinación por falta de respaldo físico documental 

La Administración Tributaria manifestó que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, por lo que determinó el tributo a pagar sobre la información obtenida de la base de datos del SIRAT-II, asimismo, las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal correspondiente por los periodos verificados no pudieron ser verificadas, debido a que no fueron presentadas por el contribuyente, por lo que 4 de 24

aÍtí 

Autoridad de 

Impu6nación Tributaria 

conforme lo dispuesto en el núm. 1 del parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, invalidó el crédito fiscal establecido en el casillero 26 de la Declaración Jurada (Form. 200), aclarándose en todos los casos que el total depurado, constituye la base imponible para determinar el impuesto omitido a favor del fisco, además de considerarse los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 de la Ley 843, y 8, 9 y 42 del DS 27310 (RCTB). 

Además, sostuvo que cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos por ley detallándose en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa los hechos generadores de la obligación tributaria, además de la base imponible detallada en cada una de las liquidaciones descritas en los documentos emitidos, identificándose claramente el impuesto omitido con sus accesorios de Ley, tal cual mandan los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), y los nums. 2 y 3 del art. 18 de la RND 10-0037-07, identificándose el hecho generador en la actividad inscrita de la recurrente y sus propias declaraciones, donde se consignan los datos declarados como base imponible para la determinación del tributo a pagar, por lo tanto, resulta imaginario que se alegue que no se había determinado el hecho generador, y la base imponible para la determinación del hecho generador en los actos de la Administración Tributaria al verificar a la recurrente, debiéndose considerar que la misma no presentó los originales de las facturas depuradas, y conforme prevé la norma, para beneficiarse con el crédito fiscal, se debe de presentar la factura original de la compra, esta debe estar correctamente dosificada y estar relacionada con la actividad gravada, sin embargo, la recurrente no demostró de ninguna forma su buena fe en la adquisición de la factura ni mucho menos los medios fehacientes de pago, que respaldan la transacción. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 172080000056 de 18dejuniode2020. 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 21 de septiembre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la 

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NB/ISO 

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Sistema de Gestion de laCalidad 

Cerificado 771/14 

Administración Tributaria, el 23 de septiembre de 2020, tal como consta en obrados (fs. 50-51 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 13 de octubre de 2020, tanto la recurrente como la Administración Tributaria no presentaron ni ratificaron prueba alguna, (fs. 54 del expediente). 

II.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 03 de noviembre de 2020, ninguna de las partes formuló alegatos en conclusiones escritos ni orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 28 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación 17990206571 de 01 de marzo de 2019, mediante la cual le comunicó que conforme las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29, 32 y 33 del D.S. 27310 (RCTB), será objeto de un Proceso de Determinación respecto a las obligaciones impositivas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero, febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015, a objeto de establecer el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, debiendo en el plazo de diez (10) días presentar la documentación referente a: 1. Declaraciones Juradas de los periodos observados (form.200 o 210), 2. Libro de compras de los periodo observados, 3. Facturas de compras originales detalladas en el anexo, 4. Documentos que respalde el pago realizado, 5. Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas en el anexo, (fs. 7-10 y 16 de antecedentes, el) 

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Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

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Justicia tributaria para vivir bien 

.2 El 11 de abril de 2019, la recurrente presentó nota CITE: FF/ADN/022/2019 de 11 de abril de 2019 ante la Administración Tributaria, mediante la cual señaló que habiendo sido notificada con la Orden de Verificación 1799026571 el 28 de marzo de 2019, solicitó la ampliación de plazo por cinco (5) días hábiles a objeto de recopilar la información requerida, (fs. 18 de antecedentes, el.) 

.3 El 23 de abril de 2019, la Administración Tributaria, notificó por cédula a la recurrente, con el Auto N° 251980000020 (CITE: SINGDBN/DF/AUT/00090/2019) de 17 de abril de 2019, mediante el cual le comunicó que en atención a la solicitud efectuada, y en el marco de lo dispuesto en el num. 7 del art. 66 de la Ley 2492 (CTB), se le otorga el plazo de 5 días hábiles, para la entrega de la documentación requerida mediante Orden de Verificación 1799026571 el 28 de marzo de 2019. (fs. 20 y 24 de antecedentes, el) 

.4 El 26 de abril de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria, nota CITE: GG/ADN/025/2019 de 25 de abril de 2019, mediante la cual comunicó que no le fue posible reunir la totalidad de documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 1799026571 el 28 de marzo de 2019, aclaró que cumplió con todas las obligaciones dispuestas por Ley que envió sus libros de compras y ventas por el aplicativo Portal Newton-Oficina Virtual, que adjuntan impresiones de las Declaraciones Juradas realizadas por el Formulario 200, por lo que conforme lo dispuesto en el arts. 68 y 69 de la Ley 2492 (CTB), se considere la información remitida por el mencionado aplicativo, misma que tiene validez probatoria, por lo que requirió se ejecute la determinación cumpliendo todos los procedimientos dispuestos por Ley (fs. 26-27 de antecedentes, el.) 

.5 El 30 de abril de 2019, la Administración Tributaria, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00180605, SIF: 1558542, FORM N°7013, en virtud de las facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492, contra la recurrente, por haber incurrido en el incumplimiento al deber formal de 

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Sistema deGeste») 

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de la Calidad 

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“Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control, e investigación de los plazos formas y lugares establecidos, contraviniendo los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003, modificado por la disposición adicional octava de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, correspondiendo una multa de UFV’slOOO conforme lo dispuesto en el ine d) del num. 1 del parágrafo I del art. 2 y subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo de la RND 10-0033-16. (fs. 30 de antecedentes, el.) 

111.6 El 14 de mayo de 2019, la Administración Tributaria, notificó a la recurrente con la nota CITE:SIN/GDBN/DF/NOT/00900/2019 de 06 de mayo de 2019, mediante la cual le requirió documentación referida a depósitos, cheques, comprobantes contables, copias, libros diarios y mayores u otros documentos que respalden las transacciones económicas efectuadas con sus proveedores, debiendo explicar el uso y destino del material adquirido, contrato y otra documentación con requerimiento de firmas de los proveedores que acredite la veracidad de las facturas correspondientes, en sujeción a lo dispuesto en el art. 37 del D.S. 27310 y num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole un plazo de 72 horas, (fs. 346-348 y 352 de antecedentes, ell.) 

111.7 El 06 de junio de 2019, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Actuación (R-0003-01) con CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00642/2019, en el cual concluyó que 1. De la revisión efectuada a la recurrente, determinó que las notas fiscales observadas de los periodos febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015, no son válidas para descargo del crédito fiscal IVA, sin embargo fueron registradas en Libros de Compras IVA, y tomados en cuenta en las Declaraciones Juradas, Form-200, incurriendo en la apropiación y uso indebido de crédito fiscal, y en el periodo enero de 2015, se declaró sin movimiento, 2. Se labró el acta por contravenciones tributarias en el procedimiento de determinación, 3. Se determinó reparo a favor del Fisco por los periodos, 02, 03, 04, y 05 de la gestión 2015 y 4. Al no haber cancelado la recurrente el total de la deuda tributaria, la misma asciende a 261.069 UFV’s, equivalente a Bs. 601.355, importe que incluye 8 de 24

aití 

Autoridad de 

Impugnación Trirutaria 

tributo omitido, Accesorios de Ley, Interés de 4% y 6%, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago al 

100%, recomendando finalmente que conforme lo dispuesto en el 

parágrafo I del art. 96 y 169 de la Ley 2492 (CTB), caso 2 del art. 11 de la 

RND 10-0032-16 se proceda a la emisión de la respectiva Vista de Cargo, 

(fs. 360-371 de antecedentes, ell.) 

.8 El 12 de junio de 2019, la Administración Tributaria, notificó la Vista de 

Cargo 291980000197 (CITE: SIN/GDBN/DFA/C/00168/2019) de 06 de 

junio de 2019, mediante la cual dispuso que conforme lo establecido en el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), y disposiciones reglamentarias conexas, se 

determinó que existe tributo omitido por concepto del IVA 13%, que 

asciende a 261.069 UFV’s equivalente a Bs 601.355, importe que incluye 

tributo omitido, accesorios de ley, interés al 4% y 6%, multas por 

incumplimiento a deberes formales, incluida la sanción por omisión de 

pago al 100%, monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago. (fs. 

372-384 y 388 de antecedentes c. I). 

1.9 El 18 de enero de 2020 la Administración Tributaria, emitió el informe 

CITE:SIN/GDBN/DJCC/INF/340/2020, en el cual concluyó que establece 

de forma preliminar la contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) como omisión de pago, con la facultad de determinación 

establecida en los arts. 92, 93, 95, 96, 100, 148 y 162 de la citada norma 

tributaria, se determinó repartos a favor del fisco por los periodos de 01, 

02, 03, 04 y 05 de la gestión 2015,y el Acta por Contravenciones 

Tributarias 180605, sancionándose dicha conducta con el 100% del 

tributo omitido, actualizado a la fecha de vencimiento y expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda de conformidad con el art. 42 del D.S. 

27310. (fs.397 400 de antecedentes e II). 

.10 El 31 de julio de 2020, la Administración Tributara notificó de forma 

personal a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 

172080000056 de 18 de junio de 2020, en la que resolvió: Primero.- 

Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas de la recurrente, que ascienden a 268.823 UFV’s, 

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Sislema de Gestión de la Calidad 

Cerificado 771/14 

monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e interés (4% y 6%), más el acta de infracción N° 180605 por contravenciones tributarias y el 100% de la sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por el los periodos de febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015, calculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812; importes determinados en la Vista de Cargo 291980000197 de 06 de junio de 2019. Segundo.- Sancionar a la recurrente, con la multa de 1.000 UFV’s, por incumplimiento a los deberes formales (IDF) señalados en el acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, sanción dispuesta en el artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio 10-00033-16, Tercero.- Calificó la conducta de la recurrente, como Omisión de Pago por adecuar su conducta a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose con un importe de UFV’sl 19.432, que comprende el 100% de la sanción por omisión de pago por los periodos de febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015; deuda que deberá ser reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago. (fs. 401-409 y 410 de antecedentes, c.lll) 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Nulidad del proceso de determinación por falta de respaldo documental; observación que será analizada a continuación. 

IV.1. Cuestión Previa. 

Con carácter previo, resulta imperante aclarar a las partes que ésta Autoridad analizará y se pronunciará sobre los agravios expresados por la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada a fin de dar respuesta a los aspectos planteados y en cumplimiento al parágrafo III del art. 211 de la Ley 2492 (CTB), la resolución se sustentará en los hechos, antecedentes, el derecho aplicable al caso y los precedentes administrativos, pues es evidente que la recurrente, alegó la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa y por ello solicitó se anule hasta el vicio más antiguo empero también solicitó la revocatoria del acto 10 de 24

Ain. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

impugnado, por lo que en razón al Principio de Congruencia, esta instancia ingresará a resolver conforme los aspectos planteados por la parte recurrente. 

Al respecto corresponde hacer mención a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1307/2011-R, de 26 de septiembre de 2011, que textualmente refiere: “(…) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica (…). En consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o tribunal debe desarrollar los actos procesales, vale decir, resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, caso contrario vicia de nulidad sus actos y decisiones.” La SC 0170/2005-R, de 28 de febrero ha establecido: “… las situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de actuaciones judiciales, a saber: la evidencia de vulneración de derechos y garantías fundamentales de la persona, y/o la expresa sanción de la Ley con la nulidad de determinados actos u omisiones (‘…/'(resaltado propio). 

Por lo expuesto precedentemente, y en estricta observancia de las disposiciones constitucionales antes descritas, ésta instancia resolverá los agravios invocados en el Recurso de Alzada y en caso de evidenciar la vulneración de derechos constitucionales, se ordenará la subsanación del proceso en instancia administrativa, esto en resguardo del debido proceso que vincula a esta Autoridad. 

IV.2. Sobre la nulidad del proceso de determinación por falta de respaldo documental. 

La recurrente manifestó que debe reconocerse la nulidad de todos los actuados que establecen una supuesta deuda tributaria en su contra, toda vez que los actos de la Administración Tributaria no tienen respaldo documental que hubieran sido obtenidos en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación reconocidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), puesto que para conformar la Deuda Tributaria se basó en reportes del sistema generados por el propio ente fiscal en virtud del art. 7 del D. S. 27310 (RCTB); empero no solicitó a los proveedores documentación que valide y respalde la información reportada por estos; aspecto que vulnera su derecho 

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Cerificado 771/14 

al Debido Proceso y a la Defensa consagrados en el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Asimismo alegó que la determinación sobre base cierta efectuada por la Administración Tributaria, incurre en incumplimiento de la normativa tributaria para su establecimiento, toda vez que no existe documentación obtenida por parte del referido ente fiscal, por lo que la Resolución Determinativa solo se respalda en indicios y referencias, cuando la sola diferencia entre la información reportada en el sistema por su parte y por la de sus proveedores no pueden dar lugar a la determinación de supuestas deudas, resultando evidentes las deficiencias en el procedimiento de verificación, por la carencia del ejercicio de las facultades de verificación, fiscalización e investigación por la Administración Tributaria, así como la parcialización hacia la información remitida por sus proveedores, incumpliendo de esa forma con los arts. 13 de la CPE; y 65 de la Ley 2492 (CTB), citó el Auto Supremo N° 430/2013, de 25 de julio de 2013, referido a la fundamentación de la deuda determinada. 

Seguidamente, afirmó que de la revisión efectuada al contenido de la Resolución Determinativa impugnada, y del análisis o verificación física de la documentación de respaldo del proceso de verificación defectuosamente ejecutado, resulta evidente que la Administración Tributaria no realizó los requerimientos de documentación (facturas o documentos equivalentes) hacia sus proveedores de bienes y/o servicios que validen, sustenten y/o respalden la información reportada por los mismos para sustentar su determinación, por lo que corresponde se declare la nulidad de los actuados realizados por el referido ente fiscal al carecer su determinación, de documentación probatoria que respalde la supuesta Deuda Tributaria, y por no haber realizado un análisis objetivo del caso, omitiendo de esa forma la aplicación de los principios de Convalidación e Igualdad Procesal y vulnerando los principios de Buena Fe, Seguridad Jurídica; Debido Proceso, Justa Defensa e Igualdad Procesal, además del artículo 69 del CTB. 

Por último argüyó que, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que los derechos no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, derechos que en el marco del principio de Progresividad no son limitativos sino enunciativos, puesto que a ellos se agregan el Debido Proceso como 12 de 24

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garantía general para asegurar la realización del valor justicia; aspectos que no se cumplieron en este caso al sustentarse la determinación solo en reportes del sistema de la Administración Tributaria quien aplicó de forma incorrecta el principio de Economía Procesal y citó la Sentencia Constitucional N° 1756/2011-R. 

En contra parte, la Administración Tributaria manifestó que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, por lo que determinó el tributo a pagar sobre la información obtenida de la base de datos del SIRAT-II, asimismo, las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal correspondiente por los periodos verificados no pudieron ser verificadas, debido a que no fueron presentadas por el contribuyente, por lo que conforme lo dispuesto en el num. 1 del parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, invalidó el crédito fiscal establecido en el casillero 26 de la Declaración Jurada (Form. 200), aclarándose en todos los casos que el total depurado, constituye la base imponible para determinar el impuesto omitido a favor del fisco, además de considerarse los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 de la Ley 843, y 8, 9 y 42 del DS 27310 (RCTB). 

Además, sostuvo que cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos por ley detallándose en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa los hechos generadores de la obligación tributaria, además de la base imponible detallada en cada una de las liquidaciones descritas en los documentos emitidos, identificándose claramente el impuesto omitido con sus accesorios de Ley, tal cual mandan los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), y los nums. 2 y 3 del art. 18 de la RND 10-0037-07, identificándose el hecho generador en la actividad inscrita de la recurrente y sus propias declaraciones, donde se consignan los datos declarados como base imponible para la determinación del tributo a pagar, por lo tanto, resulta imaginario que se alegue que no se había determinado el hecho generador, y la base imponible para la determinación del hecho generador en los actos de la Administración Tributaria al verificar a la recurrente, debiéndose considerar que la misma no presentó los originales de las facturas depuradas, y conforme prevé la norma, para beneficiarse con el crédito fiscal, se debe de presentar la factura original de la compra, esta debe estar correctamente dosificada y estar relacionada con la actividad gravada, sin embargo, la recurrente no demostró de ninguna forma su buena fe en la adquisición de la factura ni mucho menos los medios fehacientes de pago, que respaldan la transacción. 

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En este entendido corresponde primeramente hacer mención a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, misma que estableció lo siguiente: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” (resaltado propio) 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0450/2015-S3, de 7 de mayo de 2015, indicó: “Al respecto la SCP 1243/2014, de 16 de junio, señaló que: a partir de la línea jurisprudencial sentada en la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, reiterada por las SSCC 0843/2003-R, 1180/2003-R, 1281/2003-R, 1393/2003-R, 0527/2004-R, entre otras, señaló que: (…)no puede alegarse indefensión cuando la misma ha sido provocada deliberadamente, esto es, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, a ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad; provocando su propia indefensión” (SC 0ífi74/2004-R de 22 de junio)” (resaltado propio); en este entendido se tiene que, para considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales realizadas en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa; dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el mismo. 

Ahora bien, el parágrafo II del art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone que: “//. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Asimismo, el art. 117 parágrafo Iseñala: “/. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída yjuzgada previamente en un debido proceso”, dentro de este mismo contexto el parágrafo II del art. 119 establece que: ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa”. En concordancia a lo establecido por la carta magna, los numerales 6, 7 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), determinan que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la 14 de 24

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Impugnación Tributaria 

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes; no obstante de igual manera los nums. 4, 5, 6 y 11 del art. 70 del mismo cuerpo legal establecen que constituyen obligaciones del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones y cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Por otro lado el art. 7 del D.S. 27310 (RCTB), indica que la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria; además que se presume que toda operación electrónica registrada en el sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado, salvo prueba en contrario; y que las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los sistemas informáticos de la citada Administración, tienen validez probatoria. 

Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observó que el 28 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación 17990206571 de 01 de marzo de 2019, mediante la cual le comunicó que conforme las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29, 32 y 33 del D.S. 27310 (RCTB), será objeto de un Proceso de Determinación respecto a las obligaciones impositivas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero, febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015, a objeto de establecer el cumplimiento de sus obligaciones 

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CertfiodoN°771/14 

tributarias, debiendo en el plazo de diez (10) días presentar la documentación referente a: 1. Declaraciones Juradas de los periodos observados (form.200 o 210), 2. Libro de compras de los periodo observados, 3. Facturas de compras originales detalladas en el anexo, 4. Documentos que respalde el pago realizado, 5. Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas en el anexo. 

Seguidamente se observó que la recurrente el 11 de abril de 2019, presentó nota CITE: FF/ADN/022/2019 de 11 de abril de 2019 ante la Administración Tributaria, mediante la cual señaló que habiendo sido notificada con la Orden de Verificación N° 1799026571 el 28 de marzo de 2019, solicitó la ampliación de plazo por cinco (5) días hábiles a objeto de recopilar la información requerida. 

Por lo que la Administración Tributaria el 23 de abril de 2019, notificó por cédula a la recurrente, con el Auto N° 251980000020 (CITE: SINGDBN/DF/AUT/00090/2019) de 17 de abril de 2019, mediante el cual le comunicó que, en atención a la solicitud efectuada, y en el marco de lo dispuesto en el num. 7 del art. 66 de la Ley 2492 (CTB), se le otorga el plazo de 5 días hábiles, para la entrega de la documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 1799026571 el 28 de marzo de 2019. 

De la misma compulsa se tiene que el 26 de abril de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria, nota CITE: GG/ADN/025/2019 de 25 de abril de 2019, mediante la cual comunicó que no le fue posible reunir la totalidad de documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 1799026571 el 28 de marzo de 2019, aclaró que cumplió con todas las obligaciones dispuestas por Ley que envió sus libros de compras y ventas por el aplicativo Portal Newton-Oficina Virtual, que adjuntan impresiones de las Declaraciones Juradas realizadas por el Formulario 200, por lo que conforme lo dispuesto en el arts. 68 y 69 de la Ley 2492 (CTB), se considere la información remitida por el mencionado aplicativo, misma que tiene validez probatoria, por lo que requirió se ejecute la determinación cumpliendo todos los procedimientos dispuestos por Ley. 

Seguidamente el 30 de abril de 2019, la Administración Tributaria, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00180605, SIF: 1558542, FORM N°7013, en virtud de las facultades otorgadas por 16 de 24

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Impugnación Tributaria 

los arts. 66 y 100 de la Ley 2492, contra la recurrente, por haber incurrido en el incumplimiento al deber formal de “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control, e investigación de los plazos formas y lugares establecidos, contraviniendo los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003, modificado por la disposición adicional octava de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, correspondiendo una multa de UFV’slOOO conforme lo dispuesto en el ine d) del num. 1 del parágrafo I del art. 2 y subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo de la RND 10-0033-16. 

A continuación, se evidenció que el 14 de mayo de 2019, la Administración Tributaria, notificó a la recurrente con la nota CITE:SIN/GDBN/DF/NOT/00900/2019 de 06 de mayo de 2019, mediante la cual le requirió documentación referida a depósitos, cheques, comprobantes contables, copias, libros diarios y mayores u otros documentos que respalden las transacciones económicas efectuadas con sus proveedores, debiendo explicar el uso y destino del material adquirido, contrato y otra documentación con requerimiento de firmas de los proveedores que acredite la veracidad de las facturas correspondientes, en sujeción a lo dispuesto en el art. 37 del D.S. 27310 y num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole un plazo de 72 horas. 

A continuación, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Actuación (R-0003- 01) con CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00642/2019 de 06 de junio de 2019, en el cual concluyó que 1. De la revisión efectuada a la recurrente, determinó que las notas fiscales observadas de los periodos febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015, no son válidas para descargo del crédito fiscal IVA, sin embargo fueron registradas en Libros de Compras IVA, y tomados en cuenta en las Declaraciones Juradas, Form-200, incurriendo en la apropiación y uso indebido de crédito fiscal, y en el periodo enero de 2015, se declaró sin movimiento, 2. Se labró el acta por contravenciones tributarias en el procedimiento de determinación, 3. Se determinó reparo a favor del Fisco por los periodos, 02, 03, 04, y 05 de la gestión 2015 y 4. Al no haber cancelado la recurrente el total de la deuda tributaria, la misma asciende a 261.069 UFV’s, equivalente a Bs601.355, importe que incluye tributo omitido, Accesorios de Ley, Interés de 4% y 6%, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de pago al 100%, recomendando finalmente que 

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conforme lo dispuesto en el parágrafo I del art. 96 y 169 de la Ley 2492 (CTB), caso 2 del art. 11 de la RND 10-0032-16 se proceda a la emisión de la respectiva Vista de Cargo. 

En este entendido el 12 de junio de 2019, la Administración Tributaria, notificó la Vista de Cargo 291980000197 (CITE: SIN/GDBN/DFA/C/00168/2019) de 06 de junio de 2019, mediante la cual dispuso que conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), y disposiciones reglamentarias conexas, se determinó que existe tributo omitido por concepto del IVA 13%, que asciende a 261.069 UFV’s equivalente a Bs 601.355, importe que incluye tributo omitido, accesorios de ley, interés al 4% y 6%, multas por incumplimiento a deberes formales, incluida la sanción por omisión de pago al 100%, monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago. 

Consecuente el 18 de enero de 2020 la Administración Tributaria, emitió el informe CITE:SIN/GDBN/DJCC/INF/340/2020, en el cual concluyó que establece de forma preliminar la contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como omisión de pago, con la facultad de determinación establecida en los arts. 92, 93, 95, 96, 100, 148 y 162 de la citada norma tributaria, se determinó reparos a favor del fisco por los periodos de enero, febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015,y el Acta por Contravenciones Tributarias 180605, sancionándose dicha conducta con el 100% del tributo omitido, actualizado a la fecha de vencimiento y expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda de conformidad con el art. 42 del D.S. 27310. (fs.397 – 400 de antecedentes e II). 

Por lo que el 31 de julio de 2020, la Administración Tributara notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Determinativa 172080000056 de 18 de junio de 2020, en la que resolvió: Primero.- Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la recurrente, que ascienden a 268.823 UFV’s, monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e interés (4% y 6%), más el acta de infracción 180605 por contravenciones tributarias y el 100% de la sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por el los periodos de febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015, calculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812; importes determinados en la Vista de Cargo 291980000197 de 06 de junio de 2019. Segundo.- Sancionar a la recurrente, con la multa de 1.000 UFV’s, 18 de 24

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por incumplimiento a los deberes formales (IDF) señalados en el acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación, sanción dispuesta en el artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio 10-00033-16, Tercero.- Calificó la conducta de la recurrente, como Omisión de Pago por adecuar su conducta a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose con un importe de 119.432 UFV’s, que comprende el 100% de la sanción por omisión de pago por los periodos de febrero, marzo, abril y mayo de la gestión 2015; deuda que deberá ser reliquidada a la fecha de hacer efectivo el pago. 

De lo descrito precedentemente, se tiene que la Administración Tributaria inició el proceso de verificación del crédito fiscal IVA declarado por la recurrente, en ejercicio de las facultades establecidas en el num. 1 del art. 66 y art. 100 de la Ley 2492 (CTB); procedimiento que empezó con la notificación de la Orden de Verificación N° 17990206571, a la recurrente, quien tomó conocimiento del alcance, impuesto y periodos verificados, inclusive al ser una verificación puntual, se le hizo conocer las facturas específicamente observadas en el detalle de diferencias F. 7531, adjuntas a la Orden de Verificación (fs. 7-10 de antecedentes, el), respecto de las cuales la referida Administración le solicitó documentación de respaldo; aspecto que evidencia se dio cumplimiento con la obligación que tiene la mencionada Administración de informar al Sujeto Pasivo sobre el inicio de la verificación 

Ahora bien, en conocimiento cierto del alcance y la documentación solicitada mediante la Orden de Verificación, se advierte que la recurrente no presentó documentación alguna en respaldo de las facturas observadas preliminarmente; sin embargo, a fin de sustentar el proceso de verificación, la Administración Tributaria consideró la información enviada por la propia recurrente a través del libro de compras y ventas IVA Da Vinci, además de la información remitida por los proveedores y terceros informantes dando como resultado la observaciones descritas en la Vista de Cargo. 

De lo anterior, es evidente que la Administración Tributaria, a efectos de sustentar las observaciones sobre las facturas objeto de revisión, que originó el adeudo tributario determinado, procedió a imprimir la información contenida en su sistema informático que fue reportada por el Sujeto Pasivo, sus proveedores y terceros informantes, 

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conforme se tiene de los reportes: Compras reportadas por la recurrente, compras reportadas por sus clientes, consultas de dosificación, consulta de padrón, compras y ventas reportadas por la recurrente (fs.77-200 de antecedentes, el. y 201-345 de antecedentes, ell.); impresiones que conforme dispone el art. 7 del D.S. 

27310(RCTB) tienen plena validez probatoria. 

En este entendido, se advierte que, contrariamente a lo aludido por la recurrente, la entidad recurrida ejerció sus facultades de determinación, verificación e investigación, sustentando la determinación del acto administrativo impugnado, con los mencionados reportes, de modo que no es evidente la existencia de deficiencias en el procedimiento de verificación, ni se advierte parcialización alguna respecto al análisis de la información reportada por los proveedores, por lo que, no se evidencia una falta de fundamentación del acto administrativo impugnado, ni mucho menos la nulidad del mismo por falta de respaldo documental, toda vez que la Administración Tributaria, en ejecución de sus facultades recurrió a la información enviada por la propia recurrente a objeto de evidenciar la existencia de diferencias entre lo declarado por la misma y sus proveedores, debiéndose considerar a demás que, conforme lo dispuesto por los nums. 4, 5, 6 y 11 del art. 70 de la Ley 2492, era obligación de la recurrente, respaldar todas las transacciones realizadas a objeto de demostrar la correspondencia del crédito fiscal declarado, conforme lo dispuesto en el art, 76 del mismo cuerpo legal, mismo que establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

Por consiguiente, respecto a que la Administración Tributaria en ningún momento solicitó información a los proveedores y que por ende, la recurrente considera que existen vicios de anulabilidad; corresponde señalar que conforme dispuesto en el art. 7 del D.S. 27310 (RCTB), las impresiones de los registros electrónicos de los sistemas del Sujeto Activo tienen validez probatoria, concordante con lo señalado en el parágrafo II del art. 77 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la misma pertenece al sujeto pasivo o al proveedor, salvo que existiera prueba en contrario; es decir, que dicha presunción admite que el sujeto pasivo presente o aporte pruebas que demuestren que la información plasmada en los sistemas de la referida Administración no es acorde a la realidad de los hechos, aspecto que de la revisión de antecedentes, en ningún momento sucedió, puesto que no se evidencia 20 de 24

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Impugnación Tributaria 

documentación o prueba que demuestre que la información reportada en los sistemas de la mencionada Administración no goce de veracidad, en este contexto, la determinación efectuada por la Administración Tributaria está sustentada en información remitida por la propia recurrente, en la que detalla las facturas que sustentan el crédito fiscal declarado en su Formulario 200 del IVA; no habiéndose aplicado incorrectamente el principio de Economía Procesal sustentada por la recurrente en la Sentencia Constitucional 1756/2011-R, toda vez que, la Administración Tributaria contaba con la información suficiente que le permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo omitido, por lo que, estuvo en condiciones para determinar la base imponible para el IVA sobre base cierta, no correspondiendo el cuestionamiento realizado por la recurrente respecto al método de determinación, cuando es evidente que a efectos de establecer la base imponible, la mencionada Administración Tributaria recurrió -como ya se indicó- a la información proporcionada por la propia recurrente, sus proveedores y/o terceros informantes a través de los sistemas informáticos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), información que conforme lo dispuesto por el art. 7 del D.S. 27310, (RCTB) tiene calidad probatoria. 

En este contexto, se tiene que una vez que la Administración Tributaria observó las facturas de compras declaradas, no es suficiente que el Sujeto Pasivo señale que la referida Administración no requirió información a los proveedores o informantes que sustenten su determinación. En todo caso, y como se expuso precedentemente, conforme lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) en los procesos administrativos y/o judiciales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; vale decir, respaldar sus afirmaciones con documentación que se encuentre en sus archivos, más cuando, conforme lo dispuesto en los nums. 4, 5, 6 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), es obligación del sujeto pasivo, respaldar sus actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, a objeto de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. 

Con relación a lo anterior, se tiene que según lo dispuesto por el Código Tributario Boliviano y Código de Comercio, el sujeto pasivo debió respaldar sus operaciones económicas con la documentación suficiente y necesaria adecuada a su naturaleza e importancia de su organización; debió respaldar sus compras con sus facturas 

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originales (no presentó las facturas originales), adicional a ello la documentación respaldatoria, puesto que de acuerdo a los reportes del SIRAT la recurrente declaró compras en su LCV- DA Vinci y F-200 en los períodos febrero, marzo, abril y mayo de 2015 (fs. 36-45 y 47-75 de antecedentes el.), por lo que, debió demostrar que las facturas apropiadas como Crédito Fiscal se encontraban vinculadas a su actividad, estaban dosificadas, además de demostrar los medios fehacientes de pago con su documentación contable y/o financiera, por lo que al no haber sustentado la efectiva realización de la transacción por los gastos en los que habría incurrido, la Administración Tributaria de forma correcta depuró el Crédito Fiscal de las facturas de compras observadas, tomando en cuenta que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, para hacer valer su derecho al Crédito Fiscal debió probar los hechos constitutivos de los mismos, más cuando es su obligación, conforme lo señalan los nums. 4, 5 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, cabe recordarle a la recurrente que contrariamente a lo señalado, las facturas o notas fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las Leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron las emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y, consiguientemente, el que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento conforme a lo establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, que indican que el contribuyente, además de los registros obligatorios, mediante los que debe demostrar con claridad la naturaleza de sus operaciones, podrá llevar libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y podrán legalizarse para servir de medio de prueba; empero, en el presente caso, se advierte que el sujeto pasivo, tanto en el proceso de verificación, como en el de determinación, no presentó ningún documento de respaldo sobre los gastos incurridos que permita conocer o tomar convicción de la forma y el medio de pago, el registro del ingreso y utilización de las compras, o servicios que fueron adquiridos, entre otros. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En este entendido se tiene que la recurrente, tuvo conocimiento de todo el procedimiento de verificación desarrollado en su contra, así como de las facturas observadas, y el motivo por el cual la Administración Tributaria las consideró como no válidas para el cómputo del crédito fiscal, por lo que no se evidenció la concurrencia de la vulneración de derechos constitucionales al debido proceso y/o a la defensa, por parte del referido ente fiscal, más aun considerando que la recurrente a pesar de tener conocimiento íntegro de las actuaciones de la administración tributaria al haber sido notificada con todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso de verificación (Orden de Verificación, Nota de Solicitud de Documentación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa), no aportó ni ofreció prueba alguna que respalde su derecho al cómputo de crédito fiscal, por lo que resulta improcedente las alusiones de la recurrente, respecto a la existencia de vulneración de derechos constitucionales al debido proceso, y a la defensa por parte de la Administración Tributaria. 

En este contexto, y siendo que de la revisión efectuada al Procedimiento de Determinación efectuado por la Administración Tributaria en contra de la recurrente, esta autoridad no evidenció la concurrencia de vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, previstos en el parágrafo II del art. 115, parágrafo I del art. 117, y parágrafo II del art. 119, CPE así como en el num. 6 del art. 68, de la Ley 2492 (CTB), aludidos por la recurrente; puesto que la misma tuvo conocimiento cierto del alcance de la Orden de Verificación desde su inicio hasta su conclusión, siendo de libre acceso para la recurrente, verificar todas las actuaciones realizadas en el mismo; además de ser evidente, que esta pudo hacer uso de su derecho a la Defensa en todo momento y presentar pruebas; por lo que, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución Determinativa 172080000056 de 18 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 

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mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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9001 

Justicia tributaria para vivirbien 

Jan mit’ayirjach’a kamani (Aymara) 

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mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 • Zona Equipetrol Telfs.: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

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Cerificado N° 771 14 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 172080000056 de 18 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden, de conformidad a lo dispuesto en el ine b) del parágrafo I del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/acq/cmmf/rsv/mncf 

ARIT-SCZ/RA 0685/2020

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