ARIT-SCZ-RA-0678-2020 La no fundamentación de la obtención de la base presunta anula la vista de cargo

ARIT-SCZ-RA-0678-2020

\m. ni ii 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0678/2020 

Rosi Elvira Velasco Roca. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Sergio Pastor 

Navarro Venegas. 

Resolución Determinativa N° 

172080000088, de 24 de julio de 2020. 

ARIT-BEN-0008/2020. 

Santa Cruz, 18 de noviembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0678/2020 de 17 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Beni del SIN emitió la Resolución Determinativa 172080000088, de 24 de julio de 2020, que resolvió: Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la contribuyente ROSI ELVIRA VELASCO ROCA con NIT 1703627016, que ascienden a 255.904 UFV’s, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor

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interés yel 100% de la sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Transacciones (IT) por los periodos de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 y las modificaciones de la Ley 812; Y Calificar la conducta de la contribuyente, como omisión de pago por adecuarse a lo establecido en art. 165 de la Ley 2492 (CTB); 3. Intimar a la contribuyente, para que dentro del plazo de 20 días calendario, efectúe el pago o en el caso de no estar de acuerdo con la determinación señalada en el presente acto administrativo, el mismo podrá ser impugnado por una de las vías que franquea la 

Ley; administrativa a través de Recurso de Alzada o a través de la vía Judicial mediante demanda Contencioso Tributaria. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del recurrente 

Rosi Elvira Velasco Roca, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 27 de agosto y 08 de septiembre de 2020 (fs. 24-31 vta. y 42-44 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 172080000088, de 24 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración del derecho al debido proceso – falta de fundamentación de la base presunta y falta de valoración de la documentación presentada. 

La recurrente argumentó que, dentro del proceso determinativo no existió una valoración de la documentación presentada; hecho que conllevó a la falta de fundamentación de la Vista de Cargo; en la cual se estableció un adeudo tributario sin contener fundamentos sólidos y técnicos; demostrando de esta manera, una actuación totalmente discrecional, arbitraria e ilegal realizada por la Administración Tributaria; que ocasionó la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; señaló al respecto la jurisprudencia constitucional de la Sentencia Constitucional 1464/2004, de 13 de septiembre, la cual señala: “…Esta 

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Ain. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

discrecionalidad tiene límites, pues siempre debe haber una adecuación a los fines de la norma yel acto debe ser proporcional alos hechos ocausa que los originó”. 

Asimismo, mencionó que en la base imponible se estableció un monto, sobre el cual se aplican las alícuotas, sin embargo, no se tuvo conocimiento de las medidas de unidad de valor sobre qué porcentajes se aplicó la determinación de la base imponible, En definitiva, no se tiene el conocimiento cierto sobre las medidas de valor en la que se fundamenta la base imponible, hecho que genera la nulidad de la misma, toda vez que en la Vista de Cargo se mencionó la aplicación del método de determinación sobre base presunta, sin haber considerado que la Administración Tributaria tenía todos los elementos y documentos necesarios para emitir y determinar la deuda tributaria sobre base cierta, por lo que, en el acto administrativo, NO se justificó, ni demostró la existencia del hecho generador; o en qué momento supuestamente se realizó la entrega del bien, limitándose a señalar simplemente la Ley 843; tampoco se estableció con certeza que documentación fue utilizada para establecer el precio unitario del producto y sobre el cual procedieron a la determinación tributaria, simplemente obtuvieron un precio y ese para su criterio fue suficiente para señalar la existencia de una deuda tributaria, empero, generó una falta de criterio fundamentado. 

Seguidamente indicó que, la Vista de Cargo, contiene incongruencias, considerando que se mencionó la existencia de un requerimiento formal de documentación; y que posteriormente se presentó formalmente la documentación exigida; e inclusive no se labró acta por contravención tributaria. Pero contradictoriamente, también indicó que se presentó toda la documentación, pero la misma era insuficiente; sin explicar el por qué fue insuficiente la documentación presentada y que documentación fue la que falto presentar. Al respecto, también es contradictorio que, teniendo la documentación en su totalidad, se presuma la existencia de una deuda tributaria, forzando la figura a la base presunta, generándole de esta manera incertidumbre y confusión. 

Al respecto citó, el art. 96 Parágrafos I y III de la Ley 2492 (CTB), referentes a los requisitos mínimos establecidos para la emisión de la Vista de Cargo y las SC. N° 12/02-R de 9 de enero, referente a la motivación y SC. 1523/2004-R de 28/09/2004 referente a la fundamentación y derecho de acceso a la justicia, a la 

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garantía del debido proceso, que, entre uno de sus elementos, reconoce el derecho a exigir una resolución motivada. 

11.1.2 Falta de fundamentación de la Resolución Determinativa y falta de valoración de las pruebas de descargos presentadas a la Vista de Cargo 

La recurrente señaló que la Resolución Determinativa carece de especificaciones técnicas de la deuda tributaria, considerando que hace mención a: las Notas Fiscales emitidas, si existe un supuesto débito fiscal, cuanto es el monto o unidades por mes, periodo, día, etc., sin embargo, no muestra que productos específicamente le 

pertenece a cada ítem o a cada observación; esto genera total incertidumbre y sobre todo imposibilita presentar documentos de descargo. Generando una deuda tributaria sin la certeza del origen de la misma o que documentos faltaron presentar para sustentar el crédito fiscal, debito fiscal, etc. Asimismo, no se especificó el origen de la base imponible del tributo. No estableció en que momento supuestamente se dio el hecho generador, que origino el cálculo del débito fiscal; ya que simplemente se exponen cuadros de adeudos sin sustento técnico, que simplemente presumen la existencia de una deuda tributaria. De lo que se puede señalar que la Resolución Determinativa no contiene los elementos esenciales para su validez establecidos en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) 

La Resolución Determinativa – fojas 4, establece que la Administración Tributaria determinó la Base Presunta en base a los arts. 43, 44 y 45; sin embargo, la Administración Tributaria no especifica que ítem y/o productos no se encuentran registrados y/o alterados. Tampoco cuales son las causales para presumir la deuda tributaria, considerando que la Administración Tributaria contaba con toda la información para determinar sobre base cierta, por consiguiente, la Resolución Determinativa, no contiene una valoración cierta sobre la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo, ya que simplemente se limitó a señalar que la misma fue insuficiente y que se debió presentar documentación adicional; sin embargo, jamás se le requirió la presentación de documentación adicional o complementaria. Asimismo, aclaró que la misma solo contiene conceptos como respuestas a nuestros descargos, no contiene fundamentos técnicos que desvirtúen los documentos presentados, simplemente se limitan a copiar textualmente lo que agravia, para luego señalar que no corresponden; sin indicar cuales son los motivos 4 de 33

aití. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

para rechazar la totalidad de los descargos presentados; en este entendido, no es posible determinar una deuda sin el sustento técnico jurídico; con el solo hecho de hacer referencias a una serie de datos ycuadros, que no señalan técnicamente a que conclusión se llegó sobre los descargos presentados; contradictoriamente, durante la etapa de presentación de descargos, se presentó toda la documentación y además durante el proceso de descargo también, pero no existe una verdadera valoración del por qué toda la documentación que fue presentada no fue suficiente. 

Por lo que según lo previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), se establece claramente que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

La Resolución Determinativa, hizo mención sobre la aplicación del método sobre base presunta, sin considerar que la Administración Tributaria tenia todos los elementos y los documentos necesarios para emitir y determinar la deuda tributaria sobre base cierta. Señaló, además que, el acto administrativo, NO justificó, ni demostró la existencia del hecho generador o en qué momento supuestamente se realizó la entrega del bien, señalando, simplemente la Ley 843; sin embargo, no certifica a quien, a donde, a qué precio y en qué momento se entregó el bien supuestamente vendido, que hubiese generado la obligación tributaria, hecho que debe ser respondido de forma puntual por la Administración Tributaria. 

11.1.3 Depuración de crédito fiscal 

La recurrente señalo, que se le determinó un adeudo tributario sin fundamentos sólidos y técnicos y sin valorar correctamente la documentación presentada, desconociendo la totalidad del Crédito Fiscal bajo una presunción que no corresponde. 

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CertiicadoN0??!/^ 

Por todo lo expuesto, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa 172080000088, de 24 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 10 de septiembre de 2020 (fs. 45 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa N° 172080000088, de 24 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, representada por Sergio Pastor Navarro Venegas, conforme lo acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 032000000015 de 06 de enero de 2020, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 21 de septiembre de 2020 (fs. 54-58 del expediente), contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre las facultades de la Administración Tributaria y la determinación de la deuda sobre base presunta 

La Administración Tributaria señaló que, como se puede apreciar los actos administrativos, cumplen a cabalidad con todos los requisitos esenciales detallados en la fundamentación, referentes a los hechos generadores de la obligación tributaria; la base imponible detallada en cada una de las liquidaciones descritas en los documentos emitidos, sin evidenciar las contradicciones expresadas por la recurrente; identificándose claramente el impuesto omitido con sus accesorios de ley, tal cual lo señalan los arts. 96 y 99 de la Ley 2492, y la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 en su art. 18 núm. 2 y 3; Identificándose el hecho generador en la actividad inscrita del contribuyente y sus propias declaraciones, donde se consignan los datos declarados como base imponible para la determinación del tributo a pagar, por lo tanto resulta imaginario que se alegue que no se ha determinado el hecho generador y la base imponible en los actos de la administración al verificar al contribuyente. 

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aití 

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La Ley 2492 (CTB) establece las facultades específicas del Servicio de Impuestos Nacionales, son verificar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias emergentes de las actividades que desarrollen los contribuyentes. Si bien la normativa le facultad a la Administración Tributaria amplias facultades para investigar y solicitar información, estas tienen que ser relacionadas a identificar el perfeccionamiento del hecho generador que lleva al nacimiento de la obligación tributaria, conforme indica el art. 16 de la mencionada Ley, que establece que el: “Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. 

Asimismo, señalo que, durante el proceso de verificación realizado a la recurrente, esta no presentó documentación completa y requerida por la Administración Tributaria, por lo procedió a la determinación sobre base presunta, de acuerdo a establecido en los arts. 43 parágrafo II, 44 nums. 2, 3, 4, y 45 parágrafo I numeral I de la Ley 2492 (CTB); considerando la información obtenida de la base de datos del SIRAT II y la información proporcionada por el proveedor de los productos, en los que se detectaron ventas realizadas a la contribuyente verificada. Dentro de dicho análisis a las declaraciones de la contribuyente, se tiene que la misma no hubiere declarado todas las compras realizadas a su proveedor conforme se demuestra en el cruce de información realizado. 

11.3.1 Sobre la falta de valoración de descargos a la Vista de Cargo 

Con relación a los descargos y argumentos presentados por la contribuyente mediante memorial de 05 de agosto de 2019, la Administración Tributaria, argumentó que: 1. Referente a lo en los incs. b) y f) del memorial, el art. 70 en los puntos 1 y 4 establece que las obligaciones tributarías específicas que deben cumplir los contribuyentes, es decir son responsables directos de los efectos por el incumpliendo de las obligaciones que conlleva las actividades gravadas; 2. Lo mencionado en el inc. c), d), e) y f) del memorial, la administración tributaria, realizó el trabajo de campo para determinar la base imponible sobre la metodología de Base Presunta, por presentarse las características del caso, al detectarse en el cruce de información enviada por la recurrente y el proveedor por los medios autorizados por la Administración Tributaria, que existieron compras no declaradas, siendo objetivos 

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siguiendo lo establecido en el artículo 43 parágrafo II concordante con el art. 7 inc. b) de la RND 10.0017.13 y art. 71 de la Ley 2492, cuando se indaga sobre información que generen efectos tributarios, relacionados a la actividad y obligaciones incumplidas por el contribuyente; 3. Con relación al punto g) del memorial de descargo, se puede establecer que se realizó la verificación sobre base presunta en apego a la Ley 843, ley 2492 aplicando el artículo 43 inc. II concordante con la RND 10.0017.13, por lo tanto determinó reparos en favor del fisco. 

Ahora bien, con relación a la documentación presentada como descargo, analizada las mismas, se estableció que fueron presentadas el 05 de agosto de 2019, estando estas fuera de plazo, ya que la vista de cargo fue notificada el 01 de julio de 2019 teniendo hasta el 31 de julio para su presentación; y de conformidad a los arts. 81 y 98 de la Ley 2492 el plazo para la presentación de las pruebas de descargos es improrrogable por lo que se rechaza las pruebas presentadas, concluyendo además que no son concluyentes para desvirtuar las obligaciones omitidas y detectadas en el presente proceso, puesto que la Cervecería Boliviana Nacional S.A envía y reporta en medios autorizados por la Administración Tributaria que la contribuyente habría realizado compras que no fueron reportadas, lo que permite identificar y establecer sobre base presunta reparos a favor del fisco, (fs. 59 a 114). 

11.3.1 Sobre la depuración de crédito fiscal 

Señaló que la recurrente, no presentó los originales de las facturas depuradas, por lo tanto incumplió con lo señalado la normativa vigente, la cual establece que para beneficiarse con el crédito fiscal, se debe de presentar la factura original de la compra, esta debe de estar correctamente dosificada y debe de estar relacionada con la actividad gravada; al respecto, el contribuyente no demuestra de ninguna forma su buena fe en la adquisición de la factura ni mucho menos los medios fehacientes de pago, que respaldarían la transacción. 

Por los fundamentos expresados, consideró desvirtuadas las observaciones realizadas por la recurrente a través del presente recurso. Por tanto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 172080000088, de 24 de julio de 2020. 

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11.4. Apertura de Término probatorio 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 21 de septiembre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, que se realizó, tanto a la recurrente, como a la Administración recurrida el 23 de septiembre de 2020 (fs. 59-60 del expediente). 

Durante el referido plazo que fenecía el 13 de octubre de 2020, la Administración, ni la recurrente presentaron pruebas adicionales. 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 3 de noviembre de 2020, la recurrente medíante memorial en fecha 27 de octubre de 2020 (fs. 66-71 del expediente) presentó alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en su recurso de alzada, además señaló los Recursos de Alzadas ARIT-RA 0491/2014 de 07/07/2014 y ARIT-RA 840/2013 de 02/12/2013; y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0381/2014 de 24/03/2014 sobre temas de iguales características en objeto y causa; que se constituyen en elementos probatorios en los caos de iguales características de identidad, objeto y causa, en los que simplemente se ha cumplido con la Ley al interpretar la misma de forma correcta. Volviendo a mencionar solo los siguientes fundamentos: 1. Falta de valoración de la documentación requerida por la Orden de Verificación; 2.Violación al debido proceso; 3. Discrecionalidad en el proceso determinativo; 4. Nulidad por falta de especificaciones de la deuda; 5. Sin Base imponible; 6. Método de determinación sobre base presunta y cierta; 7. Contradicciones e incoherencia en la Base Presunta y 8. Nulidad por no haber valorado la documentación oportunamente anunciada, (fs. 66-71 del expediente). 

Por su parte, Administración Tributaria no presentó alegatos en conclusiones. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

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111.1 El 02 de marzo de 2018, la Administración Tributaria, mediante CITE: SIN: SIN/GDBM/DF/NOT/00292/2018, en virtud al arts. 100, solicitó a la recurrente la siguiente documentación: 1. Facturas de compras realizadas a la empresa Cervecería Boliviana Nacional (CBN), en las gestiones 2016 y 2017, según detalle adjunto; 2. Talonarios de facturas de ventas y la documentación que demuestre el destino de los productos adquiridos a la CBA citados en el punto anterior; 3. Libros de compras y ventas IVA; y 4. Kardex físico y valorados de los productos adquiridos a la CBN, en dichas gestiones (fs. 24-26 de antecedentes c. I). 

111.2 El 20 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con el Auto 2518800000025 de 12 de marzo de 2018, a través del cual aceptó la solicitud de prórroga, otorgando el plazo de cinco (05) días para la presentación de la documentación solicitada (fs. 22- 23 de antecedentes c. I). 

111.3 El 22 de marzo de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción Documentos recepcionó la siguiente documentación: Facturas de compras realizadas a la empresa Cervecería Boliviana Nacional (CBN) de los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2016; talonarios de facturas de ventas marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2016 y enero a diciembre de la gestión 2017; constancia de presentación de LCV de las gestiones 2016 y 2017; kardex de inventario de las gestiones 2016 y 2017 (fs. 20-21 de antecedentes c. I). 

111.4 El 31 de julio de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Orden de Verificación N° 18800200008, de 28 de junio de 2018, cuyo alcance contempla la verificación al Debito Fiscal – IVA y su efecto en el Impuesto a las Transacciones, correspondiente a las facturas de ventas informadas por su proveedor Cervecería Boliviana Nacional, de los periodos: enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016. En la misma fecha notificó el F 4003 Requerimiento, mediante la cual solicitó la presentación de documentación consistente en: a) Libros de ventas y Compras IVA de los I0de33

4ITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

periodos observados; b) Notas fiscales de respaldo al débito fiscal y crédito 

fiscal IVA; c) Kardex e inventarios (fs. 06-08 de antecedentes c. I). En 

consecuencia, el 15 de agosto de 2018, mediante nota, la recurrente 

presento a la Administración Tributaria copia del Acta de Recepción de 

documentos, emitida en fecha 22 de marzo de 2018 (fs. 11-15 de 

antecedentes c. I). 

El 18 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDBN/DF/INF/001387/2019, el cual señaló que, la verificación se realizó 

en base a la documentación proporcionada por el sujeto pasivo objeto del 

presente proceso de verificación, por el contribuyente informante proveedor 

(Cervecería Boliviana Nacional) y reportes del Sistema integrado de 

Recaudación para la Administración (SIRAT2), detectándose que en los 

periodos enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre

diciembre de la gestión 2016, no fueron declaradas 46 facturas, lo tanto, de 

acuerdo a lo establecido en el art. 7 inc. b) de la RND 10-0017-13 se aplicó 

la técnica de compras no registradas, para lo cual se utilizó la siguiente 

formula: MUP=PV-PC/PV*100. Concluyendo que el reparo IVA (debito fiscal) 

e IT determinados a favor del fisco se origina a consecuencia de compras 

realizadas a la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) no declaradas en los 

periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

diciembre de la gestión 2016; el total de la duda tributaria a favor del fisco 

por concepto de IVA e IT asciende a Bs575.645.- equivalentes a 249.770 

UFV’s determinados al 18 de junio de 2019; se deja constancia que el 

proceso de verificación es limitado a los aspectos y conceptos a que se 

refiere este documento, en consecuencia, el SIN podrá investigar y reparar 

cualquier otro aspecto legalmente cuestionable que no haya sido motivo de 

revisión, o aún en el caso de haber realizado ésta, si el contribuyente 

hubiese ocultado información que estaba obligado a proporcionar. 

Recomendando la emisión de la Vista de Cargo, (fs. 182-188 de 

antecedentes c. I). 

El 01 de julio del 2019, la Administración Tributaria notificó de manera 

personal a la recurrente con la Vista de Cargo 291980000280, de 18 de 

junio de 2019, a través de la cual determinó reparos a favor del fisco por el 

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incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Debito Fiscal e Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016, calculando un adeudo tributario a favor del fisco sobre base presunta de Bs575.645.-, equivalentes a 249.770.- UFV’s; importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago; asimismo, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos, (fs. 190-199 de antecedentes c. I). 

El 11 de julio de 2019, la recurrente a través de nota, solicita una prórroga de 15 días hábiles para la presentación de descargos a la Vista de Cargo, argumentando que solicitó información a la CNB relativa a: pedidos de productos que fueron realizados supuestamente por su persona y facturados a su nombre en las gestiones 2016 y 2017, con la finalidad de contar con los elementos de necesarios para soportar su defensa ante Impuestos (fs. 204 de antecedentes c. II). Asimismo, el 29 de julio de 2019, la recurrente mediante nota, realizó la reiteración a la solicitud de prórroga para la presentación de documentos de descargos, (fs. 217 de antecedentes c. II) 

El 05 de agosto de 2019, la recurrente a través de un memorial presentó descargos a la Vista de Cargo 2919800000280, alegando: a) Realidad de operaciones; b) hechos reflejados en la CBN S.A.; c) trabajo que debió efectuar el SIN; d)presenta documentación; e) principio de verdad material; f) en caso de no proceder como se pide; g) Falta de fundamentación de la Vista de Cargo; adjuntando fotocopias de facturas de compras realizadas a la CBA; certificados de movimientos de productos extendidos por la Agencia Distribuidora Bruckner y CITE 015/19 emitido por la Cervecería Boliviana Nacional S.A. (fs. 221-271 de antecedentes c. II). Asimismo, el 20 de agosto de 2019, la recurrente mediante nota, presentó a la Administración Tributaria el Cite N°016/19 emitido por la CBN, en la cual señaló que adjuntó el documento de alto de proveedor proporcionado por la CBN; y aclaró que sus pedidos de cerveza eran realizados a través de la Distribuidora Bruckner, y que su persona nunca tuvo relación directa con la CBN (fs. 273-276 de antecedentes c. II) 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

111.9 El 24 de julio de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDBN/DJCC/INF/442/2020, el cual recomendó la emisión de la 

Resolución Determinativa (fs. 296-299 de antecedentes c. II). 

111.10 El 17 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 172080000088, 

de 24 de julio de 2020, que resolvió: Determinar de oficio por conocimiento 

cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la 

contribuyente ROSI ELVIRA VELASCO ROCA con NIT 1703627016, que 

ascienden a 255.904 UFV’s, importe que incluye el tributo omitido, 

mantenimiento de valor e interés y el 100% de la sanción por omisión de 

pago, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la 

Transacciones (IT) por los periodos de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016, cálculo efectuado en 

aplicación de la Ley 2492 y las modificaciones de la Ley 812; Y 

Calificar la conducta de la contribuyente, como omisión de pago por 

adecuarse a lo establecido en art. 165 de la Ley 2492 (CTB); 3. Intimar a la 

contribuyente, para que dentro del plazo de 20 días calendario, efectúe el 

pago o en el caso de no estar de acuerdo con la determinación señalada en 

el presente acto administrativo, el mismo podrá ser impugnado por una de 

las vías que franquea la Ley; administrativa a través de Recurso de Alzada o 

a través de la vía Judicial mediante demanda Contencioso Tributaria (fs. 

300-306 de antecedentes c. II). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente expuso los siguientes agravios: 1. Vulneración del derecho al debido proceso – falta de fundamentación de la base presunta y falta de valoración de la documentación presentada y 2. Falta de fundamentación de la Resolución Determinativa y falta de valoración de las pruebas de descargos presentadas a la Vista de Cargo, mismos que se detallan a continuación. 

  1. 1. Cuestión Previa. – 

En principio cabe señalar que la recurrente en sus memoriales de interposición de recurso de alzada expuso tanto aspectos de forma, como de fondo, en ese sentido, 13 de 33 

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conforme al procedimiento seguido en esta instancia recursiva, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o no de los vicios de nulidad expresados y solo en caso de no ser evidentes, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

IV.2 Sobre la Vulneración del derecho al debido proceso – falta de fundamentación de la base presunta y falta de valoración de la documentación presentada 

La recurrente argumentó que, dentro del proceso determinativo no existió una valoración de la documentación presentada; hecho que conllevó a la falta de fundamentación de la Vista de Cargo; en la cual se estableció un adeudo tributario sin contener fundamentos sólidos y técnicos; demostrando de esta manera, una actuación totalmente discrecional, arbitraria e ilegal realizada por la Administración Tributaria; que ocasionó la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; señaló al respecto la jurisprudencia constitucional de la Sentencia Constitucional N° 1464/2004, de 13 de septiembre, la cual señala: “…Esta discrecionalidad tiene límites, pues siempre debe haber una adecuación a los fines de la norma y el acto debe ser proporcional a los hechos o causa que los originó”. 

Asimismo, mencionó que en la base imponible se estableció un monto, sobre el cual se aplican las alícuotas, sin embargo, no se tuvo conocimiento de las medidas de unidad de valor sobre qué porcentajes se aplicó la determinación de la base imponible En definitiva, no se tiene el conocimiento cierto sobre las medidas de valor en la que se fundamenta la base imponible, hecho que genera la nulidad de la misma, toda vez que en la Vista de Cargo, se mencionó la aplicación del método de determinación sobre base presunta, sin haber considerado que la Administración Tributaria tenía todos los elementos y documentos necesarios para emitir y determinar la deuda tributaria sobre base cierta, por lo que en el acto administrativo, NO se justificó, ni demostró la existencia del hecho generador; o en qué momento supuestamente se realizó la entrega del bien, limitándose a señalar simplemente la Ley 843; tampoco se estableció con certeza que documentación fue utilizada para establecer el precio unitario del producto y sobre el cual procedieron a la determinación tributaria, simplemente obtuvieron un precio y ese para su criterio fue 

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suficiente para señalar la existencia de una deuda tributaria, empero generó una falta de criterio fundamentado. 

Seguidamente indicó que, la Vista de Cargo, contiene incongruencias, considerando que se mencionó la existencia de un requerimiento formal de documentación; y que posteriormente se presentó formalmente la documentación exigida; e inclusive no se labró acta por contravención tributaria. Pero contradictoriamente, también indicó que se presentó toda la documentación, pero la misma era insuficiente; sin explicar el por qué fue insuficiente la documentación presentada y que documentación fue la que falto presentar. Al respecto, también es contradictorio que, teniendo la documentación en su totalidad, se presuma la existencia de una deuda tributaria, forzando la figura a la base presunta, generándole de esta manera incertidumbre y confusión. 

Al respecto citó, el art. 96 Parágrafos I y III de la Ley 2492 (CTB), referentes a los requisitos mínimos establecidos para la emisión de la Vista de Cargo y las SC. N° 12/02-R de 9 de enero, referente a la motivación y SC. 1523/2004-R de 28/09/2004 referente a la fundamentación y derecho de acceso a la justicia, a la garantía del debido proceso, que, entre uno de sus elementos, reconoce el derecho a exigir una resolución motivada. 

En contraparte, la Administración Tributaria señaló que, como se puede apreciar los actos administrativos, cumplen a cabalidad con todos los requisitos esenciales detallados en la fundamentación, referentes a los hechos generadores de la obligación tributaria; la base imponible detallada en cada una de las liquidaciones descritas en los documentos emitidos, sin evidenciar las contradicciones expresadas por la recurrente; identificándose claramente el impuesto omitido con sus accesorios de ley, tal cual lo señalan los arts. 96 y 99 de la Ley N° 2492, y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 en su art. 18 num. 2 y 3; Identificándose el hecho generador en la actividad inscrita del contribuyente y sus propias declaraciones, donde se consignan los datos declarados como base imponible para la determinación del tributo a pagar, por lo tanto resulta imaginario que se alegue que no se ha determinado el hecho generador y la base imponible en los actos de la administración al verificar al contribuyente. 

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La Ley 2492 (CTB) establece las facultades específicas del Servicio de Impuestos Nacionales, son verificar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias emergentes de las actividades que desarrollen los contribuyentes. Si bien la normativa le facultad a la Administración Tributaria amplias facultades para investigar y solicitar información, estas tienen que ser relacionadas a identificar el perfeccionamiento del hecho generador que lleva al nacimiento de la obligación tributaria, conforme indica el art. 16 de la mencionada Ley, que establece que el: “Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. 

Asimismo, señaló que, durante el proceso de verificación realizado a la recurrente, esta no presentó documentación completa y requerida por la Administración Ttributaria, por lo procedió a la determinación sobre base presunta, de acuerdo a establecido en los arts. 43 parágrafo II, 44 nums. 2, 3, 4, y 45 parágrafo I numeral I de la Ley 2492 (CTB); considerando la información obtenida de la base de datos del SIRAT II y la información proporcionada por el proveedor de los productos, en los que se detectaron ventas realizadas a la contribuyente verificada. Dentro de dicho análisis a las declaraciones de la contribuyente, se tiene que la misma no hubiere declarado todas las compras realizadas a su proveedor conforme se demuestra en el cruce de información realizado. 

Al respecto, en cuanto al contenido de los actos administrativos y su fundamentación, la doctrina señala que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos (GORDILLO. Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 15 de 21 Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, México D.F: Editorial “Porrúa”, 11- 36 y 11-37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos señala que ésta es imprescindible “para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos” 

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(FONROUGE, Carlos M. Giuliani, Derecho Financiero. Volumen I. Ed. Depalma 1987. Pág. 557). 

Con relación al derecho al debido proceso, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio, Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. Respecto a la motivación, la doctrina también señala: “el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación.”. 

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Asimismo, la Sentencia Constitucional 1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido (…)”. Por otra parte, la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que: “es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes reflejados.”. 

Al respecto, la Sentencia Constitucional 0143/2012, de 14 de mayo de 2012, establece: “(…) La motivación de las Resoluciones Administrativas, entendida como garantía del debido proceso, tiene que ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica (…), debiendo en todos los casos efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente al caso específico (…). Cualquier autoridad administrativa que emita una Resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar una minuciosa fundamentación legal, y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma (…). No basta la simple cita de preceptos legales en una Resolución para considerar motivada ésta,

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sino que es preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes que conduzcan a establecer la decisión correspondiente (las negrillas y el subrayado son añadidos). Continúa la citada Sentencia Constitucional señalando: El derecho de petición es uno de los derechos esenciales para el acercamiento del Estado al administrado (…), consiste también en el hecho que no solamente se obtenga una pronta respuesta, sea ésta positiva o negativa, sino también que la misma debe contener una decisión de fondo respecto a lo peticionado, proporcionando certeza respecto a lo que se le responde (…), generando en el Estado la obligación de dar prontas respuestas, motivando las mismas v explicando así sea brevemente el porgué de la respuesta, más aún si la misma es negativa; ésta, necesariamente debe contener el porqué de la negativa, las razones de ser del rechazo y el respaldo jurídico de dicha decisión (…) por cuanto al haber existido lesión del debido proceso, consecuentemente se ha transgredido el derecho a la defensa, en razón a que ante la inexistente o insuficiente motivación, los argumentos de una sólida defensa se ven restringidos (…)”. (las negrillas y el subrayado son añadidos). 

La Sentencia Constitucional 2801/2010-R, respecto al Derecho a la Defensa señaló: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.”. 

De igual forma, referente al Derecho al Debido Proceso y a la Defensa invocados por la recurrente, la Sentencia Constitucional 0003/2007, de 17 de enero de 2007 define que: “(….) el derecho al debido proceso supone el juzgamiento con un mínimo de garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades de actuar y contra argumentar al contrario, sino se rompe el equilibrio y es injusto, no pudiéndose materializar este valor, pues una de las partes está en desventaja frente a la otra (….)”. Y con relación al Derecho a la Defensa, la referida sentencia constitucional señala que este derecho es parte esencial del Debido Proceso, por tanto, es: “(…) la 19 de 33 

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potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (…).”. 

En cuanto al principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “(…) la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley (…)”. 

La Constitución Política del Estado Plurínacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Por otra parte, el mismo cuerpo de normas constitucionales en su art. 24 dispone: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 20 de 33

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Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Del mismo modo, se entiende que la Administración Tributaria se encuentra investida de amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar; no otra cosa se desprende de la lectura de los arts. 66 num. 1, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), cada una de las funciones citadas (verificar, controlar, fiscalizar e investigar), implica diferentes actividades que la Administración Tributaria debe cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, para lo cual está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias que vea conveniente a sus fines. 

Respecto a la Base imponible o gravable, el art. 42 de la Ley 2492 (CTB), define que, la misma es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, asimismo el art. 43 señala que la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo y Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. Señalando en su art. 44, que la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique -entre otras- las siguientes circunstancias relativas a éste último: “(…) 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas; 5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio de costo (…) c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo; d) no cumplan con las 

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obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias (…) 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuarla determinación sobre base cierta”. Igualmente el art. 45 señala “(…) /. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud; 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios; 3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes” 

Por su parte, el art. 4 de la RND 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, establece en el parágrafo II, que, para realizar la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta, se considerará lo siguiente: 1. La determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta es aplicable cuando no se conozcan de forma directa e indubitable uno o más de los siguientes componentes de la obligación Tributaria: a) Hecho Generador; b) Periodo Fiscal; c) Base Imponible (Importe, cantidad, volumen, precios, etc.); 2. En la determinación deberá aplicarse todo dato o antecedente del sujeto pasivo de periodos anteriores o diferentes, inclusive bases imponibles de impuestos relacionados, teniendo éstos prioridad sobre la información de contribuyentes similares o cualquier otro. 

El art. 6 de la misma Resolución citada en el párrafo precedente señala: 1. Por deducción: Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. Asimismo, en el inc. b) del art. 6 referente a la Técnica de Compras No registradas, señala que, cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue 22 de 33

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vendido. Al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el inciso anterior. Asimismo, el inc. c) del art. 8 establece la Técnica de Contribuyente Similares, que señala que, “(…) cuando la Administración Tributaria no pueda acceder a datos o hechos conexos, aplicará la determinación presunta tomando en cuenta la información obtenida de contribuyentes similares realizando un análisis comparativo proporcional de las bases imponibles entre éstos. Se entenderá por contribuyentes similares aquellos que desarrollan la misma actividad económica registrada en el Padrón de contribuyentes y con similares obligaciones tributarias que las del sujeto pasivo verificado. Para establecer si un contribuyente es similar, al menos tres de los siguientes parámetros deberán ser parecidos: 1. Mercaderías, productos y/o servicios; 2. Precios unitarios; 3. Total Activos; 4. Lugar donde se desarrollen las actividades gravadas, misma jurisdicción; 5. Volumen de transacciones (monto de compras y ventas); 6. Patrimonio; 7. Número de empleados y/o personas al servicio de la actividad; 8. Bienes de capital; y 9. Materias primas, insumos y/o consumo de servicios básicos. 

Con relación a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Por otro lado, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá consignar los siguientes requisitos: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es), f) Liquidación previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98 párrafo I de la Ley 2492 (CTB) y h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

De la misma manera, el art. 6 de la RND 10-0032-16 con respecto a la información mínima que deberá contener la Vista de Cargo: a) Número de Vista de Cargo, b) 23 de 33 

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Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación), g) Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o Base Presunta), h) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación, provistas por las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación ejercidos, además de la normativa contravenida que corresponde a cada observación, i) Base Imponible expresada en Bolivianos, j) Calificación preliminar por la conducta atribuida al sujeto pasivo, debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían para el proceso correspondiente, k) Liquidación previa del adeudo tributario determinado por la Administración Tributaria, a la fecha de emisión, por impuesto, período y/o gestión fiscal, consignando (Monto del tributo omitido en Bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), Intereses expresados en UFV, Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación, Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago), importe de la sanción por la conducta, Total adeudo tributario en UFV y su reexpresión en Bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago, Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda, I) Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa del adeudado, m) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. Así como lo descrito en los numerales II, III, IV y V del mencionado artículo. 

Al respecto, el art. 28 de la 2341 (LPA), dispone que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, 24 de 33

aiu 

Autoridad de 

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consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y36 parágrafos Iy II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de 

condiciones. 

En ese contexto, de la compulsa realizada a la carpeta de antecedentes administrativos, se tiene que el 02 de marzo de 2018, la Administración Tributaria, mediante CITE:SIN: SIN/GDBM/DF/NOT/00292/2018, en virtud al arts. 100, solicitó a la recurrente la siguiente documentación: 1. Facturas de compras realizadas a la empresa Cervecería Boliviana Nacional (CBN), en las gestiones 2016 y 2017, según detalle adjunto; 2. Talonarios de facturas de ventas y la documentación que demuestre el destino de los productos adquiridos a la CBA citados en el punto anterior; 3. Libros de compras y ventas IVA; y 4. Kardex físico y valorados de los productos adquiridos a la CBN, en dichas gestiones. En consecuencia, el 20 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con el Auto 2518800000025 de 12 de marzo de 2018, a través del cual aceptó la solicitud de prórroga, otorgando el plazo de cinco (05) días para la presentación de la documentación solicitada. 

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Seguidamente, el 22 de marzo de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción Documentos recepcionó la siguiente documentación: Facturas de compras realizadas a la empresa Cervecería Boliviana Nacional (CBN) de los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2016; talonarios de facturas de ventas marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2016 y enero a diciembre de la gestión 2017; constancia de presentación de LCV de las gestiones 2016 y 2017; kardex de inventario de las gestiones 2016 y 2017. 

Posteriormente, el 31 de julio de 2018, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Orden de Verificación N° 18800200008, de 28 de junio de 2018, cuyo alcance contempla la verificación al Debito Fiscal – IVA y su efecto en el Impuesto a las Transacciones, correspondiente a las facturas de ventas informadas por su proveedor Cervecería Boliviana Nacional, de los periodos: enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016. En la misma fecha notificó el F-4003 Requerimiento, mediante la cual solicitó la presentación de documentación consistente en: a) Libros de ventas y Compras IVA de los periodos observados; b) Notas fiscales de respaldo al débito fiscal y crédito fiscal IVA; c) Kardex e inventarios. En consecuencia, el 15 de agosto de 2018, mediante nota, la recurrente presento a la Administración Tributaria copia del Acta de Recepción de documentos, emitida en fecha 22 de marzo de 2018. 

Continuando con la compulsa, se advierte que el 01 de julio del 2019, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Vista de Cargo 291980000280, de 18 de junio de 2019, a través de la cual determinó reparos a favor del fisco por el incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Debito Fiscal e Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016, calculando un adeudo tributario a favor del fisco sobre base presunta de Bs575.645.-, equivalentes a 249.770.- UFV’s; importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago; asimismo, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos. 

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Por consiguiente, el 11 de julio de 2019, la recurrente a través de nota, solicita una prórroga de 15 días hábiles para la presentación de descargos a la Vista de Cargo, argumentando que solicitó información a la CNB relativa a: pedidos de productos que fueron realizados supuestamente por su persona y facturados a su nombre en las gestiones 2016 y 2017, con la finalidad de contar con los elementos de necesarios para soportar su defensa ante Impuestos (fs. 204 de antecedentes c. II). Asimismo, el 29 de julio de 2019, la recurrente mediante nota, realizó la reiteración a la solicitud de prórroga para la presentación de documentos de descargos. 

Seguidamente, el 05 de agosto de 2019, la recurrente a través de memorial presenta descargos a la Vista de Cargo 2919800000280, alegando: a) Realidad de operaciones; b) hechos reflejados en la CBN S.A.; c) trabajo que debió efectuar el SIN; d)presenta documentación; e) principio de verdad material; f) en caso de no proceder como se pide; g) Falta de fundamentación de la Vista de Cargo; adjuntando fotocopias de facturas de compras realizadas a la CBA; certificados de movimientos de productos extendidos por la Agencia Distribuidora Bruckner y CITE 015/19 emitido por la Cervecería Boliviana Nacional S.A. (fs. 221-271 de antecedentes c. II). Asimismo, el 20 de agosto de 2019, la recurrente mediante nota, presentó a la Administración Tributaria el Cite N°016/19 emitido por la CBN, en la cual señaló que adjuntó el documento de alto de proveedor proporcionado por la CBN; y aclaró que sus pedidos de cerveza eran realizados a través de la Distribuidora Bruckner, y que su persona nunca tuvo relación directa con la CBN. 

Finalmente, el 17 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 172080000088, de 24 de julio de 2020, que resolvió: Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la contribuyente ROSI ELVIRA VELASCO ROCA con NIT 1703627016, que ascienden a 255.904 UFV’s, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e interés y el 100% de la sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Transacciones (IT) por los periodos de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 y las modificaciones de la Ley N° 812; Y Calificar la conducta de la contribuyente, como omisión de pago por adecuarse a lo establecido en art. 165 de la 

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Ley 2492 (CTB); 3. Intimar a la contribuyente, para que dentro del plazo de 20 días calendario, efectúe el pago o en el caso de no estar de acuerdo con la determinación señalada en el presente acto administrativo, el mismo podrá ser impugnado por una de las vías que franquea la Ley; administrativa a través de Recurso de Alzada o a través de la vía Judicial mediante demanda Contencioso Tributaria. 

Ahora bien, del marco normativo expuesto y conforme los antecedentes descritos precedentemente, considerando los argumentos expuestos por la recurrente referidos a la vulneración del derecho al debido proceso por la falta de fundamentación de la base presunta, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria a efecto de otorgar o no la razón a la recurrente, procedió al análisis a detalle de la Vista de Cargo 291980000280 de 18 de junio de 2019 (fs. 190-197 de antecedentes, c. I), evidenciando que en la página 2 de 8 de la Vista de Cargo, señaló que “(…) analizada la documentación proporcionada por el sujeto pasivo objeto del presente proceso de verificación, por el contribuyente informante proveedor (Cervecería Boliviana Nacional S.A.) y reportes del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT2); detectándose que en los periodos enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016 no fueron declaradas 46 facturas, por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 inciso b) de la RND 10-0017-13 del 8 de mayo de 2013 se aplicó la técnica de compras no registradas (…) se utilizó la siguiente fórmula: MUP = PV-PC/PV*100. “(…) el precio de venta fue obtenido del talonario de facturas emitidas por contribuyentes que desarrollan la misma actividad económica registrada en el Padrón de Contribuyentes y con similares obligaciones tributaria que el sujeto pasivo verificado (…) las facturas de compras proporcionadas por la Cervecería Boliviana Nacional S.A., documentación proporcionada por el contribuyente y documentación obtenida del Sistema de Información de Terceros (SITJ (…), se determinaron ventas e ingresos no declarados en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación y habitualidad normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía del tributo que corresponde pagar(..) art. 12 de la Ley 843 señala que “El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a que se refiere el art. 8 del citado cuerpo legal” 

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Impugnación Tributaria 

Seguidamente, se expuso un cuadro denominado “Facturas no declaradas por el contribuyente en los periodos observados Expresado en Bolivianos” (fs. 192 antecedentes el), en el cual se exponen las columnas signadas con: Fecha de la factura; razón social contribuyente (proveedor); NIT; factura; autoriz.; Importe Total a Pagar; descuento; Importe Base crédito fiscal e ICE; detallando 46 facturas, que se encuentran totalizadas por cada mes: enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. 

Continuando con la compulsa, en el título “Determinación de la base imponible IVA IT” (fs. 193 antecedentes el), señaló que: “(…) la determinación del IVA-Débito Fiscal se realizó sobre BasePresunta en aplicación del art. 43° parágrafo II, Art. 44° y 45° de la Ley N° 2492 (…) no se conoce de forma directa e indubitable el hecho generador, periodo fiscal y base imponible, para lo cual se utilizó la técnica de compras no registradas señaladas en el art. 7 inc. b) de la RND 10-0017-13 del 8 de mayo de 2013, hechos que se encuentran respaldados por los documentos obtenidos del contribuyente proveedor (Cervecería Boliviana Nacional S.A.), determinándose ventas no declaradas en los periodos enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016 por Bs1.576.645.- importe que origina la omisión de pago del IVA por Bs204.964.-“. Posteriormente, en el título “Impuesto a las Transacciones (3%)”, señaló que, en consecuencia, del efecto de la determinación de ventas no facturadas y/o no declaradas, el Impuesto a las Transacciones omitido en los periodos enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016 es de Bs47.300.- 

Posteriormente, se expuso un cuadro denominado “Determinación del IVA-IT” (fs. 193 antecedentes el), en el cual se exponen las columnas signadas con: Periodo fiscal; Ventas informadas por la CBN (importe base CF); compras a la CBN Declaradas (importe base CF); Compras a la CBN no Declaradas (importe base CF); Total ventas Determinadas; Base imponible; Impuesto omitido (IVA e IT); seguidamente se detallan los meses de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016; totalizando una base imponible de Bs1.576.645.-, de la cual se obtiene el 13% para la determinación del IVA y el 3% para la determinación del IT. 

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De la compulsa realizada precedentemente y de acuerdo a los agravios planteados por la recurrente, sobre la falta de fundamentación de la Base Imponible y qué documentación fue utilizada para determinarla, se verificó que la Administración Tributaria, identificó que la recurrente realizó “compras” a su proveedor Cervecería Boliviana Nacional que no fueron declaradas por el importe de Bs1.073.533, por lo que, determinó ingresos por ventas no declaradas por un importe Bs1.576.645 (Total Ventas Determinadas), según lo expuesto en el cuadro denominado “Determinación del IVA-IT” (fs. 193 antecedentes el). Asimismo, estableció la utilización de la determinación sobre base presunta, según lo dispuesto en inc. b) del art. 7 de la RND 10-0017-013, y que habría utilizado la “técnica de compras no registradas” por la aplicación de la formula MUP=PV-PC/PV*100; en la cual utilizó el precio de venta de un tercer contribuyente; empero, no se evidenció la forma de determinación de este importe de Bs1.576.645.-, que pese a que se encuentra desglosado por mes (enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2016), no detalló cómo realizó el cálculo de esta Base Imponible, vale decir, en antecedentes cursan los Papeles de Trabajo “Determinación de Ventas No Declaradas” (152-161 de antecedentes) en el que se exponen los datos de los productos comercializados por período fiscalizado y las cantidades; establece un “Precio Venta Referene”, “Precio Costo”, “MUP”, “Precio de Venta Determ.”; no se expone cómo realizó el cálculo del MUP, ni qué datos utilizó, conforme prevé el inc. a) y b) de la RND 10-0017-13, para determinar el “precio de venta” Asimismo, si bien, en razón a que en la página 2 de la Vista de Cargo, señaló que: “el precio de venta fue obtenido del talonario de facturas emitidas por contribuyentes que desarrollan la misma actividad”, se podría inferir, que también utilizó la “Técnica de Contribuyentes Similares” establecida en el inc. c) del art. 8 de la RND 10-0017-13, en la cual se detallan las características y requisitos a ser cumplidos por la Administración tributaria para la determinación de la base presunta; requisitos que no han sido cumplidos por la Administración Tributaria al momento de realizar esta determinación sobre base presunta; considerando que, la Administración tributaria sólo se limitó a mencionar “que utilizó el precio de venta obtenido del talonario de facturas emitidas por contribuyentes que desarrollan la misma actividad económica registrada en el Padrón de Contribuyentes, con similares obligaciones tributaria que el sujeto pasivo fiscalizado”, sin realizar previamente la verificación del cumplimiento con lo estipulado en esta normativa para la utilización de información de contribuyente similares, ni siquiera indicó con qué contribuyentes se comparó a la recurrente, que parámetros 30 de 33

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Impugnación Tributaria 

son los que se cumplieron para aplicar está técnica como: Mercaderías, productos y/o servicios, Precios Unitarios, Total Activo, lugar donde desarrollen las actividades, volumen de transacciones, entre otros. Por consiguiente, la Administración Tributaria, no fundamentó la utilización de las técnicas para la determinación de la “Base Presunta”, conforme los requisitos previstos en la RND 10-0017-13. 

Por otra parte, en el requerimiento de información F-4003 00136174 realizado a la recurrente en fecha 31 de julio de 2018 (fs. 7 antecedentes el), la Administración Tributaria no solicitó información contable y financiera de la recurrente; Estados Financieros, Libros de Contabilidad (Diario, mayor, comprobantes, medios me pagos, 

entre otros), que se considera información necesaria y esencial para la verificación y posterior determinación de las ventas no declaradas y aplicar las técnicas de “Base Presunta”. 

De igual manera, en los antecedentes presentados por la Administración Tributaria a esta instancia, se pudo evidenciar la existencia del Acta de Recepción de Documentación de fecha 23 de marzo de 2018 (fs 14-15 antecedentes el), en la cual se recepcionó, entre otros documentos, los talonarios de facturas de ventas y Kardex de inventarios de la gestión 2016, mismos que no fueron valorados, ni mencionados en la vista de cargo a objeto de la determinación de las ventas no declaradas, evidenciando la falta de valoración de toda la documentación presentada por la recurrente dentro del proceso de verificación. 

Conforme a los fundamentos antes expuestos, es evidente que tanto la Vista de Cargo y en consecuencia, la Resolución Determinativa impugnada no contienen una debida fundamentación de hecho y derecho acorde a la normativa aplicable en este tipo de casos; puesto que los ingresos no declarados determinados sobre base presunta, no han sido debidamente fundamentados conforme lo previsto en los arts. 7 y 8 de la RND 10-0017-13, así mismo se evidenció que Administración Tributaria no agotó sus facultades previstas en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) por lo que además de incumplir con lo dispuesto en el art. 96-I de la ley 2492 (CTB) y el inc. h) del art. 6 de la RND 10-0032-16, puesto que no detalló los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de verificación al no considerar toda la documentación presentada por la recurrente e investigar con terceros, por lo que vulneró el debido proceso y el 31 de 33 

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derecho a la defensa del sujeto pasivo, establecidos en el art. 68 nums. 6 y 7 de la misma norma, toda vez que, se determinó ingresos no declarados, sin haber agotado todos los medios de control, verificación, fiscalización o investigación, por lo que en virtud de lo previsto en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable por disposición de los arts. 74, núm. 1 y 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 291980000280, de 18 de junio de 2019 inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo como resultado del ejercicio de sus facultades de fiscalización, verificación, control e investigación impositiva otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), aplicando procedimientos acordes a los principios contables, la realidad económica y el principio de legalidad; considerando todos los hechos, actos, datos elementos y valoraciones que fundamenten la Vista de Cargo y posterior emisión de la Resolución Determinativa. 

Conforme al análisis precedentemente expuesto no corresponde emitir pronunciamiento sobre los demás aspectos planteados en tanto el proceso no sea subsanado ello ligado a restituir las garantías y derechos constitucionales vulnerados. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 291980000280, de 18 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo la Administración Tributaria, emitir un nuevo acto administrativo como resultado del ejercicio de sus facultades de fiscalización, verificación, control e investigación impositiva otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), aplicando procedimientos acordes a los principios contables, la realidad económica y el principio de legalidad; considerando todos los hechos, actos, 32 de 33

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datos elementos yvaloraciones que fundamenten el acto administrativo; de acuerdo a los fundamentos técnicos -jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/acq/mga/nvro 

ARIT-SCZ/RA 0678/2020 

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