ARIT-SCZ-RA-0675-2020 Falta de fundamentación sobre la interrupción de prescripción anula la Resolución de rechazo de prescripción

ARIT-SCZ-RA-0675-2020

Ain 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0675/2020 

Henrry Alex Fernández Hurtado, Ana 

Carola Fernández Hurtado y Cinthia 

Fernández Hurtado. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Jorge Jesús Flores 

Duran. 

Resolución Administrativa Nc 

232070000477, de 23 de julio de 2020. 

ARIT-SCZ-0464/2020. 

Santa Cruz, 13 de noviembre de 2020 

VISTOS

Recurrentes 

Administración Recurrida: 

Acto Impugnado 

Expediente Nc 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0675/2020 de 13 de noviembre de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa 232070000477 de 23 de julio de 2020, mediante la cual resolvió: rechazar la solicitud de “Prescripción de la facultad de Ejecución 1 de 37 

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Tributaria” formulada por Henry Alex Fernández Hurtado, Ana Carola Fernández Hurtado y Cinthia Fernández Hurtado, en virtud a lo establecido por el art. 52 de la Ley 1340 (CTB); por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar el pago, no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al art. 307 de la Ley 1340 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de los Recurrentes. 

Henry Alex Fernández Hurtado, Ana Carola Fernández Hurtado y Cinthia Fernández Hurtado, en adelante los recurrentes, mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2020 (fs. 63-70 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa 232070000477 de 23 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Falta de fundamentación y motivación del acto administrativo impugnado. 

Los recurrentes señalaron que la Administración Tributaria a objeto de rechazar su solicitud de prescripción expuso argumentos inválidos y alejados de la aplicación correcta del derecho, vale decir carente de fundamento legal, al señalar en la penúltima hoja de la Resolución Administrativa 232070000477 de 23 de julio de 2020 lo siguiente: “Los criterios de cómputo realizados por los impetrantes respecto a la supuesta prescripción de ejecución de la deuda tributaria del contribuyente MAX FERNANDEZ ROJAS, y la de sucesión coactiva a sus herederos de manera solidaria (…). Por cuanto por estricta sujeción a las previsiones contenidas en el Artículo 53 de la Ley 1340, el cómputo de la prescripción se iniciara el 1ro de enero de 2001 concluyendo el 31 de diciembre de 2005; es decir que el segundo periodo correspondería del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010: el 01 de enero de 2011 iniciaría un nuevo periodo concluyendo el 2016, y seguidamente iniciaría el 01 de enero de 2017, por lo tanto, a la fecha se encuentra vigente el periodo de los siguientes 5 años”, argumento que contraviene los lineamientos establecidos por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013, misma que habría 2 de 31

AIU 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

establecido que una vez interrumpida la prescripción según las previsiones de la Ley 1340 (CTB). concordante con lo dispuesto en art. 1493 del Código Civil, ésta se computaría a partir del día siguiente de ocurrida la interrupción, y no así desde el 1 de enero del año siguiente, como erróneamente pretende la Administración Tributaria. 

Asimismo, señalaron que, la Administración Tributaria no ha demostrado, cómo habría interrumpido la prescripción de su facultad de ejecución tributaria cada 5 años, con una medida coactiva valedera para la interrupción por cada uno de los recurrentes, toda vez que para: 1. Henry Alex Fernández Hurtado, una de las medidas efectivas para realizar el cobro coactivo se dio el 11 de septiembre de 2006 donde se remata una camioneta Mitsubishi modelo 2000 placa 1274PRU, según consta en el Acta de Audiencia de 11 de septiembre de 2006, no existiendo otra medida coactiva adoptada en su contra por lo que tomando en cuenta el cómputo de la prescripción desde el siguiente día de la última medida efectiva para el cobro, es decir desde el 12 de septiembre de 2006 y tomando en cuenta los 5 años para que opere la prescripción, la deuda habría prescrito el 12 de septiembre de 2011; asimismo respecto a 2. Ana Carola Fernández Hurtado, la última actuación efectiva para realizar el cobro de la deuda tributaria, fue la Audiencia de Remate de 31 de marzo de 2009, del bien inmueble ubicado en la calle Clotilde Velasco, con matrícula computarizada 7.01.1.06.0014919, iniciando el cómputo de la prescripción desde el 1 de abril de 2009 y operando la misma el 1 de abril de 2014; y para 3. Cinthia Fernández Hurtado, se tiene como última actuación efectiva para el cobro, el Acta de Audiencia de Remate de 17 de julio de 2006, donde se remató la vagoneta de su propiedad marca Suzuki, modelo Grand Vitara, Placa 833LUE, iniciando la prescripción el 18 de julio de 2006 y prescribió el 18 de julio de 2011 y que si bien el 15 de febrero. Cinthia Fernández Hurtado y Ana Carola Fernández Hurtado, solicitaron prescripción de la deuda tributaría, esta situación no puede considerarse como un acto interruptivo, ni mucho menos de suspensión de las facultades de ejecución de la Administración Tributaria. 

Por último manifestaron que, si bien la Administración Tributaría en la gestión 2012, notificó a los recurrentes con los autos de designación de martiliero, Resolución Administrativa de Aprobación y Adjudicación N° 23-0001091- 12 de fecha 13 de agosto de 2012. y el 18 de abril de la gestión 2013 con autos de señalamiento de audiencia de remate, estas actuaciones no eran de bienes que les correspondan, 3 de 37 

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sino de sus hermanos Roberto y Jhonny Fernández, por lo que dichas actuaciones, primero que no son actuaciones legalmente valederas para interrumpir la prescripción y en caso que lo fueran, no son actuaciones a realizar la recuperación de la deuda tributaria que se carga en su nuestra contra. 

Jl.1.3. Prescripción de las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria y la improcedencia de la interrupción del cómputo por medidas aplicadas. 

Los recurrentes señalaron que en atención a lo dispuesto en las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R, mismas que dispusieron la posibilidad de solicitar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria hasta en ejecución de sentencia, y que además son, aplicables las normas del Código Civil. producto de los vicios legales e la Ley 1340, debiendo señalar que dicho fundamento reside en el principio de seguridad jurídica, a objeto de evitar situaciones indefinidas de pendencia en el ejercicio de los derechos, así como en el principio de capacidad económica, según el cual solo procede someter a gravamen dicha capacidad cuando sea actual. 

En este entendido, manifestaron que de la revisión efectuada al art. 52 de la Ley 1340, se evidencia la existencia de un vacío jurídico, respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución coactiva, cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en su art 1492, determina que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular 

no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, así también el art 1493 del citado Código dispone que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, debiéndose entender que la prescripción en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTB), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil.

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En este sentido, los recurrentes señalaron que la Administración Tributaria llevó a cabo las siguiente medidas coactivas: 1. Mandamiento de embargo de fecha 3 de septiembre de 2001. (Fs 13 a 16). 2. El 21 de febrero del año 2000 se notifica a Max Jhonny Fernández Saucedo. Roberto Fernández Saucedo, Ana Carola Fernández Hurtado. Cinthia Fernández Hurtado, Henry Alex Fernández Hurtado, y Denise Parada Moreno en representación legal del menor Michael Erick Fernández Parada, con el pliego de cargo 251/2000, 3. Oferta de pago de 18 de febrero de 2000, 4. Solicitud de Retención de fondos de 25 de febrero de 2000 (al Superintendente de Bancos), 5. Solicitud de embargo de líneas telefónicas de 25 de febrero de 2000 (a cotas). 6. Solicitud de embargo de motorizado presentada el 29 de febrero de 2000 (HAM). 7. Solicitud de arraigo presentada en fecha 22 de enero de 2001, 8. 

Solicitud de retención de fondos realizada en enero de 2001 (Superintendencia de bancos). 9. Solicitud de anotación preventiva, presentada en fecha 22 de enero de 2001. 10. Anotación preventiva de líneas telefónicas, presentada en fecha 22 de enero de 2001, 11. Solicitud de retención de fondos presentada en fecha 9 de febrero de 2001, 12. Solicitud de congelamiento de cuentas (sin fecha de recepción), 13. Solicitud de anotación preventiva de bienes inmuebles, en el cargo de recepción no se registra la fecha, según la carta fue emitida en fecha 4 de septiembre de 2001, 14. Solicitud de anotación preventiva de líneas telefónicas con fecha de presentación el 3 de mayo de 2001, 15. Anotación preventiva de vehículos con fecha de presentación 3 de mayo de 2001. 16. Anotación preventiva de vehículos con fecha de presentación 03/05/2001. 17. Solicitud de retención de fondos, de fecha 9 de febrero de 2001, 18. Auto de señalamiento de remate de 15 de mayo, bien de Roberto Fernández, 19. Aviso de remate 10 de julio de 2002. Bienes de Roberto Fernández y Cinthia Fernández Hurtado. 20. Solicitud de prórroga de anotación preventiva de 9 de enero de 2003. Solo para bienes de Roberto Fernández, 21. Solicitud de emisión de cheques por fondos retenidos presentado el 27 de febrero de 2002 a la superintendencia de bancos, 22. Solicitud de emisión de cheques por fondos retenidos presentado el 08 de marzo de 2002 a la superintendencia de bancos, 23. Solicitud de remisión de fondos presentada el 15 de abril 2002, 24. Solicitud de anotación preventiva para bien inmueble de Henry Alex Fernández Hurtado, bien inmueble ubicado en la localidad de el torno con Código Catastral 7.01.1.06.0014923, 25. Solicitud de anotación preventiva bien inmueble ubicado en buena vista de propiedad de Ana Carola Fernández Hurtado, 26. Mandamiento de embargo de 10 de marzo de 2005. 27. Solicitud de anotación preventiva entregada en fecha 15 de junio 5 de 37 

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de 2004, 28. Solicitud de avaluó catastral y situación impositiva. 29. Acta de audiencia de remate de 30 de octubre de 2006. Adjudicación del inmueble de Ana Carola Fernández Hurtado, 30. Auto N° 01/2009 de fecha 09 de marzo de 2009, que aprueba el avaluó del bien inmueble inscrito a nombre de los Sres. Jorge Saucedo Landívar y Ana Carola Fernández Hurtado, registrado bajo matrícula computarizada 7011060014919, señalando fecha y hora para el remate para el 31 de marzo de 2009, 31. Resolución Administrativa 15/2009 de fecha 27 de marzo de 2009 que resuelve rechazar la prescripción formulada por Ana Carola Fernández Hurtado. 32. Acta de audiencia de remate de fecha 31 de marzo de 2009, del bien inmueble ubicado en la calle Clotilde Velasco N° 9. matrícula computarizada 7.01.1.06.0014919, de propiedad de Jorge Saucedo Landívar y Ana Carola Fernández Hurtado, bien inmueble que fue adjudicado al Sr. Bergman Suarcz. 33. Posteriormente en el año 2011 presentamos la respectiva solicitud de prescripción que fue rechazada por la Administración Tributaria mediante Proveído 24-0005983-11 de fecha 23 de septiembre de 2011, 34. Resolución Administrativa de aprobación de adjudicación A/° 23-0001091-12 de fecha 12 de agosto de 2012, 35. Notificaciones por Cédula a Henry Fernández Hurtado, Ana Carola Fernández Hurtado y Cinthia Fernández hurtado, sobres señalamiento de día y hora de señalamiento de audiencia para remate, notificaciones realizadas en fecha 18 de abril de 2013 y 36. Posteriormente en el año 2013 y 2014 la administración tributaria envía una sene de notas al Registrador de Derechos Reales de Montero, al Director Departamental de la Unidad Operativa de Transito, al Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz y al Registrador de Derechos Reales del Plan 3000, solicitando información y en otro caso solicitando certificado alodial.”, de donde se puede observar que, las últimas medidas ejercidas por la Administración Tributaria para el cobro de los adeudos tributarios ejecutoriados, fueron realizadas en las gestiones 2005 y 2006, es decir dentro del rango de 5 años en relación a las anteriores 2001 y 2002, por lo que se encontraban dentro del plazo de 5 años para interrumpir la prescripción y que se inicie nuevamente el cómputo, ahora bien en la gestión 2013 y 2014, la Administración Tributaria solicitó a Tránsito y Derechos Reales, información sobre vehículos y bienes inmuebles, actuaciones que no son interruptoras de la prescripción tributaria, y en caso que lo fueran, a la fecha de igual manera a operado la prescripción, pues desde aquella fecha a la actualidad la Administración Tributaria no ha realizado ninguna otra medida coactiva tendiente al cobro que interrumpa la prescripción, respecto a cada uno de nosotros, situación que no ha sido demostrada 6 de 37

AITI 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

por la Administración Tributaria a objeto de respaldar el rechazo de la solicitud de prescripción presentada. 

Agregaron los recurrentes que, la Administración Tributaria para rechazar su solicitud de prescripción manifestó que “De los argumentos descritos precedentemente se tiene que la Administración Tributaria en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, más al contrario realizó gestiones de cobro que han interrumpido la prescripción liberatoria de pago.”, sin embargo conforme lo dispuesto por las Sentencia 507/2017 de 28 de junio de 2017 y 031/2018 de abril de 2018, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, establecieron que para los casos de la Ley 1340, las medidas coactivas adoptadas por la Administración Tributaria no tienen carácter interruptivo de la prescripción, por lo que la deuda tributaria que pretende ejecutar la Administración Tributara, se encuentra prescrita, toda vez que el pliego de cargo se emitió en la gestión 2000, habiendo transcurrido más de 15 años para que la Administración Tributaria efectivice su cobro, y no obstante a la fecha su facultad se encuentra prescrita. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa N° 232070000477 de 23 de julio de 2020. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 24 de agosto de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes impugnando la Resolución Administrativa N° 232070000477 de 23 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 71 del expediente). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante Administración Tributaría, mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2020 (fs. 82-122 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

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11.3.1. Respecto a las medidas coactivas aplicadas por la Administración tributaria y su efecto interruptivo en la prescripción de las facultades de ejecución tributaria. 

La Administración Tributaría, luego de efectuar la transcripción de antecedentes del proceso señaló que en materia jurídica y administrativa, los documentos o escritos de mero trámite son aquellos que en modo general, dan lugar a providencias de mero trámite, sin decidir sobre cuestiones de fondo o controversias y que, por esa razón, no requieren sustanciación, es decir, que no requieren un pronunciamiento expreso sobre una situación o petición determinada, en este entendido corresponde señalar que las notas cursadas a las diferentes instituciones son actos administrativos especiales, en el entendido que están orientados a un fin específico de cuyo resultado depende la continuidad de la ejecución tributaría, conducente al caso concreto tal es el ejecutar el saldo de la deuda que tiene pendiente el contribuyente DISTRIBUIDORA CBN. FERNANDEZ S.R.L., máxime si el adeudo tributario a la fecha se encuentra en etapa de ejecución, fase que no se encuentra contemplada dentro las previsiones de art. 52 de la Ley 1340; es decir, que a la fecha se encuentra en una fase en la cual la Administración Tributaría realizó actos materiales para ejecutar sus propias decisiones, en este entendido todas las acciones realizadas por la Administración Tributaría como ser solicitudes, certificaciones y cualquier otra acción destinada al cobro del adeudo tributario demuestran que dicha institución no dejó de ejercer su derecho de cobro, lo que equivale que los remates efectuados y reconocidos por los ahora recurrentes, han sido emergentes justamente de esas solicitudes de información realizadas a efectos de establecer el patrimonio con el que cuentan los coactivados y que nos permite establecer la existencia de predios urbanos o rurales sus direcciones, la existencia de líneas telefónicas, acciones y derechos, etc., bajo el entendido de que la Administración Tributaria no puede realizar actos generales que derivarían en una lesión de derechos, más al contrario son orientados y encaminados a realizar el cobro de la deuda respectiva, conforme lo dispuesto por el art. 308 de la Ley 1340 (CTB), debiéndose establecer que todos aquellos actos tendientes a la búsqueda de información, y respuestas a los mismos son parte del procedimiento y dan lugar a determinar la existencia de un patrimonio, y al ser parte del procedimiento se constituyente en un acto interruptivo de la prescripción, ya que su objetivo es identificar el patrimonio con el que cuentan los coactivados, para justamente realizar los trámites pertinentes y efectuar la ejecución 8 de 3 7

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de la deuda tributaria, respecto al Pliego de Cargo No. 251/00 de 18 de febrero de 2000 librado contra la Distribuidora CBN. Fernández S.R.L., mismo que fue debidamente notificado a sus herederos universales, conforme lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 1340, y que a la fecha tiene calidad de cosa juzgada, estableciendo además que la etapa de cinco años para que se configure la prescripción argüidos por los recurrentes, no incluyen a la etapa de ejecución tributaría del adeudo tributario, por lo que los argumentos expuestos por los recurrentes carecen de asidero legal 

Alegó también la Administración Tributaria, que en ningún momento ha dejado de ejercer su derecho para lograr el pago de lo adeudado, por los recurrentes, habiendo solicitado y aplicado medidas coactivas y precautorias, como ser solicitudes, certificaciones mismas que demuestran que dicho ente fiscal no dejó de ejercer su derecho de cobro coactivo, y por lo que sus facultades de ejecución tributaria se encuentran vigentes. 

Por otro lado manifestó que, contrario a lo aseverado por los recurrente, la prescripción requerida se resolvió con los alcances de la Ley 1340, por lo que resulta irrelevante que los recurrentes de manera reiterativa, pretendan que la Administración Tributaria se pronuncie ante un supuesto vacío legal que regula la prescripción y qué se aplique supletoriamente las normas del Código Civil invocando sus art. 1497 señalando además que la prescripción se produce por la falta de ejercicio de su derecho por el acreedor, unida a la falta de reconocimiento del mismo por el deudor y que provoca la extinción de determinadas titularidades jurídicas como consecuencia de la inactividad. 

Lo pretendido por los ahora recurrentes carece de fundamento legal en el entendido que pretenden que de manera supletoria se aplique las normas del Código Civil, sin embargo del análisis del art. 1497 del Código Civil, los señores Fernández Hurtado, con anterioridad ya habrían interpuesto solicitudes de prescripción a su turno y en etapa de ejecución, como lo hacen en esta oportunidad; lo que evidencia que no hubo ninguna restricción a la aplicación del referido artículo, en estricto cumplimiento a las garantías constitucionales, y justamente en apego a las líneas jurisprudenciales de la materia y a las previsiones contenidas en las Sentencias Constitucionales 1606/2002-R y 992/2005-R; que asimismo en lo que respecta a la supuesta 

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existencia de vacíos legales las señaladas Sentencias Constitucionales, remiten su discernimiento al art. 7 de la Ley 1340, por lo que la aplicación del art 1497 del Código Civil ha sido aplicada por la Administración Tributaria, al resolver la prescripción solicitada. 

Asimismo, señaló que respecto a la aplicación del art. 1492 del Código Civil no resulta pertinente en el entendido que la Administración Tributaría, ya ha realizado todos los actos relativos a la determinación de la deuda tributaria y su exigencia de pago, encontrándonos en la actualidad en etapa de ejecución; es decir en la materialización de las determinaciones asumidas medíante el Pliego de Cargo No 251/00 de fecha 18 de febrero de 2000, que asimismo respecto a la aplicación del art 

1493 del Código Civil, no corresponde debido que hasta el momento de la interposición de la solicitud de prescripción se han ido realizando diferentes actos tendientes a la averiguación del patrimonio de los coactivados, por cuanto se tiene que la Administración Tributaría sigue ejerciendo su derecho a reclamar la deuda tributaria, existiendo de esta manera, acción coactiva concreta que importe el cobro de la sanción impuesta a los coactivados. 

Por otro lado, la Administración Tributaría manifestó que, la aseveración expuesta por los recurrentes en relación a que al momento de efectuar el remate de sus bienes, el mismo se realizó fuera de los plazos correspondientes, carece de veracidad, en el entendido que el derecho propietario de esos bienes se consolida al momento de emitir las transferencias definitivas y sus registros correspondientes: asimismo respecto a que en la en la gestión 2012 y 2013 se les habría notificado con la designación de martilieros y señalamiento de audiencias de remate de bienes que no eran de su propiedad; sin embargo de la revisión efectuada a los antecedentes, se puede evidenciar que no cursa ninguna solicitud de nulidad presentada por los mismos contra dichas actuaciones, entonces bajo el mismo criterio de los ahora recurrentes, debería aplicarse en forma supletoria el art. 1504- 1) del Código Civil surtiría los efectos que desean si la señalada diligencia hubiera sido anulada por autoridad competente. En este entendido corresponde señalar lo dispuesto por el núm. 6 del art. 308 de la Ley 1340 (CTB), mismo que establece el ente fiscal puede aplicar otras medidas coercitivas necesarias para efectivízar el cobro del adeudo tributario como ser “Otras medidas preventivas y legales, directamente relacionadas al cobro coactivo de la deuda” en concordancia con el art. 1503-11 mismo que 10 de 37

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establece que: “La prescripción también se interrumpe por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor, por cuanto se tiene plenamente acreditado que la Administración Tributaria, no ha renunciado al cobro de la deuda, habiendo llevado a cabo medidas coactivas tendientes hacer efectivo su cobro, y que además existe una aceptación expresa por parte de los recurrentes del adeudo tributario que a la fecha se encuentra firme, líquida y legalmente exigible, con lo que queda plenamente demostrado que no ha operado prescripción alguna, habiendo citado como respaldo de su alegación las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008; STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008 y STG/RJ/0545/2008. 

Por lo expuesto, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Administrativa impugnada 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 16 de septiembre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto a los recurrentes, como a la entidad recurrida, el 16 de septiembre de 2020 (fs. 126-129 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 06 de octubre de 2020, la Administración Tributaria, a través del memorial presentado el 05 de octubre de 2020, ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos presentados adjuntos a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 130 del expediente). 

Por su parte, los recurrentes medíante memorial presentado el 06 de octubre de 2020, ratificaron los documentos presentados en calidad de prueba adjuntos a su memorial de Recurso de Alzada y los antecedentes remitidos por la Administración Tributaria (fs. 133 del expediente). 

II.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 26 de octubre de 2020, los recurrentes el 20 de octubre de 2020, presentaron memorial de 

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alegatos en conclusiones, ratificando los argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada, (fs. 136-141 vta. del expediente). 

Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2020, presentó alegatos en conclusión ratificando los argumentos expuestos en su memorial de contestación de Recurso de Alzada, (fs, 144-148 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

III.1 El 12 de septiembre de 1990, la Administración Tributaria notificó por cédula a la Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L., con la Resolución de Determinación N° 37/90 de 31 de agosto de 1990, mediante la cual resolvió determinar por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. y 12 de la gestión 1987, por el monto de Bs.357.252.- y por los períodos 01. 02, 03. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de la gestión 1988, por el monto de Bs.447.854.-, asimismo dispuso sancionar a Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L., por con el 100%, del gravamen omitido, que actualizado a la fecha de emisión de la referida Resolución de Determinación asciende a Bs. 1.167.899.- respecto a los periodos fiscales 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. y 12 de la gestión 1987 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de la gestión 1988, conforme lo dispuesto en el art. 99 del Código Tributario: y la Resolución Administrativa 38-90 de 31 de agosto de 1990 donde resolvió determinar por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de la Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L.. por el Impuesto al Consumo Específico (ICE) de los periodos fiscales 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, y 12 de la gestión 1987, por el monto de Bs. 2.583,467- y por los periodos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de la gestión 1988, por el monto de Bs.3.752.341.-, asimismo dispuso sancionar a Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L., por con el 100%, del gravamen omitido, que 12 de 3 7

ait\ 

Autoridad de 

Impu6nación Tributaria 

actualizado a la fecha de emisión de la referida Resolución asciende

Bs.9.015.110.- respecto a los periodos fiscales 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

y 12 de la gestión 1987 y 01, 02. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de la 

gestión 1988. conforme lo dispuesto en el art. 99 de la Ley 1340 (CTB) (fs. 6- 

12 y 13 vta. de antecedentes, el.). 

111.2 El 18 de enero de 2000, la Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema 

de Justicia, dictó el Auto Supremo N° 028-C, declarando improbada la 

demanda Contencioso Tributaria y manteniendo firmes y subsistentes las 

Resoluciones Administrativas Nos. 37/90 y 38/90, emitidas por la 

Administración Tributaria el 31 de agosto de 1990, correspondientes al IVA

ICE por los periodos fiscales abril a diciembre de 1987 y enero a diciembre de 

  1. respectivamente, con la modificación del porcentaje de ta multa que 

debió imponerse en un 50% del tributo omitido con relación a la Resolución 

Administrativa N° 37/90 y del 25% del tributo omitido con relación a la 

Resolución Administrativa 38/90, salvándose a favor del demandante los 

pagos que por concepto de dichas Resoluciones Administrativas hubiese 

realizado, debiendo en ejecución de sentencia tomarlas como pagos a cuenta 

conforme corresponda (fs. 1-5 de antecedentes, el.). 

111.3 El 10 de febrero de 2000, la Administración Tributaria, notificó a los 

recurrentes y a Max Jhonny Fernández Saucedo, Roberto Fernández 

Saucedo y Michael Eríck Fernández Parada, con la liquidación del Auto 

Supremo 28/2000, a objeto de que se proceda a su conformación 

correspondiente (fs. 45-50 de antecedentes, el.) 

111.4 El 14 de febrero de 2000, los recurrentes y Max Jhonny Fernández Saucedo, 

Roberto Fernández Saucedo y Michael Erick Fernández Parada, presentaron 

memorial impugnando a la liquidación, emitida por la Administración Tributaría 

el de 08 de febrero de 2000. (fs. 52-56 vta. de antecedentes, el.) 

111.5 El 21 de febrero de 2000 la Administración Tributaría notificó a los recurrentes 

y a Max Jhonny Fernández Saucedo, Roberto Fernández Saucedo y Michael 

Erick Fernández Parada, con el Pliego de Cargo 251/00, de 18 de febrero 

de 2000, emitido en razón del Auto Supremo 28/2000, por el total 

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adeudado de los impuestos omitidos correspondientes al IVA e ICE. sumando un total de Bs56.468.303.- (fs. 19 y 51 de antecedentes, el.). 

111.6 El 25 de febrero de 2000 la Administración Tributaria, emitió medidas coactivas, de Solicitud de Retención de Fondos dirigida a la Superintendente Departamental de Bancos, Solicitud de Embargo de Líneas Telefónicas dirigida a Presidente de Cotas, Solicitud de Embargo de Motorizado dirigida a la Alcaldía Municipal de Santa Cruz (fs. 93-95 de antecedentes, el.) 

111.7 El 17 de septiembre de 2001, la Administración Tributaria, emitió el Informe DDSC/OF N°0273/2001 de Cobro Coactivo de la Distribuidora Fernández, a través del cual comunicó que en atención al Auto Supremo N° 28/2000 de 18 de enero de 2000, se libró el mandamiento de embargo sobre los bienes de los obligados a cumplir la obligación tributaría, con la finalidad de iniciar las medidas preliminares del acto del remate o subasta pública de los bienes de los deudores conforme lo dispuesto en la Resolución Administrativa N°03- 0215-01 de 16 de marzo de 2001 (fs. 14-18 de antecedentes, el.) 

111.8 El 16 de enero de 2001, la Administración Tributaría, emitió la nota UCT.OF.N0 06/2001, de solicitud de anotación preventiva de los inmuebles a nombre de los recurrentes y Max Jhonny Fernández Saucedo. Roberto Fernández Saucedo y Michael Erick Fernández Parada. Registro de Anotación Preventiva de Líneas Telefónicas y de igual manera solicitaron retención de fondos a la Superintendencia de Bancos (fs. 130-134 de antecedentes, el.) 

111.9 El 14 de marzo de 2001, la Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L.. presentó memorial de 12 de marzo de 2001, ante la Administración Tributaria, mediante el cual solicitó se deje sin efecto las medidas coactivas adoptadas por no haber sido notificado con ningún documento que comunique dicha situación (fs. 198-199 de antecedentes, el.) 

111.10 En la gestión 2002, se llevaron a cabo medias de remate de los bienes inmuebles de propiedad de Roberto Fernández Saucedo. Max Jhonny 

l I de 3′

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Fernández y Cinthia Fernández Hurtado (fs. 743-795 de antecedentes, e IV., 

y 801-828 de antecedentes. c.V.) 

111.11 En la gestión 2005, mediante notas CITES: GDSC/DTJC/UCC/OF. N°1395/2005 y GDSC/DTJC/UCC/OF N°1396/2005, la Administración 

Tributaria solicitó información y certificación de los inmuebles a nombre de 

Henry Alex Fernández Hurtado, y de Jorge Saucedo Landívar como esposo 

de la coheredera Ana Carola Fernández (ambos recurrentes), asimismo 

mediante CITE:GDSC/DTJC/UCC/N 247/2005, solicitó anotación preventiva y 

certificado alodial al Comandante Departamental de la Unidad Operativa de 

Tránsito respecto del vehículo registrado a nombre de Henry Alex Fernández 

Hurtado, de igual manera mediante CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 184/2005, la 

Administración Tributaria solicitó información de los inmuebles registrados a 

nombre de los recurrentes al Registrador de Derechos Reales.(fs. 13-14 de 

antecedentes, c.XLIV y fs.12388 de antecedentes, c.LXII.) 

111.12 En la gestión 2006, la Administración Tributaria, emitió medidas coactivas dirigidas al Juez Registrador de Derechos Reales solicitando la hipoteca 

judicial de los inmuebles de los recurrentes CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 

528/2006, de igual manera mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N°366/2006 solicitó al Gobierno Municipal de Oruro 

Certificado de Valor Catastral, situación impositiva y planos de uso de suelo 

de los inmuebles a nombre de los recurrentes. (7145-7146 de antecedentes, 

c.XXXVI.) 

1.13 El 27 de marzo de 2009 la Administración Tributaria emitió la Resolución 015/2009, mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de inexistencia de 

deuda por prescripción, presentada por Ana Carola Fernández Hurtado, 

mediante memorial de 16 de febrero de 2009. (fs. 16011 vta. de antecedentes, 

e LXXXI.) 

1.14 En la gestión 2011, mediante nota CITE: GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2644/2011, la Administración Tributaría, solicitó certificado alodial a la Registradora de 

Derechos Reales de los bienes inmuebles registrados a nombre de Max 

Jhony Fernández Saucedo, asimismo mediante CITE: 

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GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2474/201, dirigida a la Dirección Dptal. de Catastro solicitó Valor Fiscal y Base Imponible de los inmuebles de Max Jhony Fernández Saucedo, de igual manera mediante CITE: GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2645/2011, solicitó información al Gobierno Municipal de Santa Cruz al Dpto. de Vehículos (fs. 17049 de antecedentes,

LXXXVI y fs. 17239, 13243, de antecedentes c.LXXXVIl.) 

111.15 En la gestión 2013, la Administración Tributana, emitió, las notas CITES: SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/1058/2013, GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/1059/2013 mediante las cuales solicitó a la Alcaldía Municipal de Cotoca y Montero información sobre los bienes inmuebles que se encuentren registrados a nombre del Roberto Fernández Sucedo, (fs. 16902 y 16927 de antecedentes. c.LXXXV.) 

111.16 En la gestión 2014, la Administración Tributaria, mediante CITE: SIN/GDSC l/DJCC/UCC/NOT/1693/2014, solicitó alodial al Juez Registrador de Derechos Reales respecto a los inmuebles registrados a nombre de la Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L. y/o a nombre de sus herederos Henrry Alex Fernández Hurtado, Ana Carola Fernández Hurtado y Cinthia Fernández Hurtado, Max Jhonny Fernández Saucedo, Roberto Fernández Saucedo y Michael Erick Fernández Parada, (fs. 120786 de antecedentes, c.CIV.) 

111.17 El 25 de marzo de 2019, la Administración Tributaria registró ante la Contraloría General del Estado la medida coactiva de ‘Prohibición do participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental”, asimismo solicitó la medida de “Retención de Fondos”, ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en relación al PIET 20/2006, contra los recurrentes y Max Jhonny Fernández Saucedo y Roberto Fernández Saucedo, (fs. 22281-22302 de antecedentes, c.CXII.) 

111.18 El 24 de abril de 2019, los recurrentes presentaron memorial de solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria y aplicación del parágrafo III del art. 2 de la Ley 1105, en el cual señalan que corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTB) considerando que los hechos generadores de tributos se 16 de 37

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

dieron en vigencia de dicha Ley, no obstante, y toda vez que la misma no 

establecía el inicio del cómputo de prescripción para la ejecución tributaria, 

corresponde la aplicación del art. 1492 y 1493 del Código Civil, en dicho 

entendido y considerando que las últimas medidas coactiva adoptadas por la 

Administración Tributaría fueron llevadas a cabo en la gestión 2005 y 2006, 

habiendo ocasionado las mismas la interrupción del cómputo de prescripción, 

no obstante desde la gestión 2006 a la gestión 2019, la Administración 

Tributaria no ha interrumpido el cómputo de prescripción dentro de los cinco 

años que establece la Ley, por lo que operó la prescripción a su favor, que 

asimismo siendo que la deuda tributaria fue cancelada en su totalidad 

producto de las retenciones de fondos remates y demás acciones llevadas a 

cabo por la Administración Tributana, conforme lo dispuesto en el parágrafo III 

del art. 2 de la Ley 1105, corresponde se declare extinguida la obligaciones 

tributaria, (fs. 22256-22259 vta. de antecedentes, c.CXII.) 

111.19 El 25 de abril de 2019, la Gerencia Nacional Jurídica y de Normas Tributarias, 

emitió la nota CITE:SIN/GJNT/DGLCC/NOT/1407/2019, mediante la cual 

señaló que “respecto al fraccionamiento y solidaridad de los herederos, 

conforme a los antecedentes, se debe considerar que los adeudos 

asumidos por cada heredero de Max Fernández Rojas, como emergencia 

del Auto Supremo N° 28-c, fueron reconocidos y aceptados por la 

Gerencia Operativa de manera individual, en aplicación de lo establecido 

por el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, previsto en la 

Disposición Traiciona Tercera de la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003, 

en virtud del cual se aceptaron facilidades de pago por su cuota parte de los 

herederos Max Jhonny Fernández Saucedo y Roberto Fernández Saucedo 

mediante Resoluciones Administrativas PTVE-AS-O2/2003 y PTVE-AS 

03/2.003 ambos de 24 de noviembre de 2004, los cualesfueron incumplidas

en la que respecta a la situación de la empresa Cervecería Boliviana Nacional 

y el heredero Michael Erick Fernández Parada, los mismos cumplieron con el 

pago único y cumplimiento de facilidad de pago dentro del entonces programa 

transitorio voluntario y excepcional, mismos que se encuentran concluidos 

mediante Resoluciones Administrativas Nros. PTVE AS-01/2003 de 11 de 

noviembre de 2003 y 004/2009 de 3 de febrero de 2009; en ese sentido

criterio de esta Gerencia de acuerdo al escenario que plantea corresponde 

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Cerificado 771/14 

mantener su fraccionamiento reconocido en su momento, salvo mejor criterio que adopte su Gerencia”, (fs. 21770-21771 de antecedentes, c.C.IX.) 

111.20 El 19 de diciembre de 2019, los recurrentes presentaron memorial de 17 de diciembre de 2019 ante la Administración Tributaria, mediante el cual reiteraron la solicitud de prescripción presentada el 24 de abril de 2019 y requirieron se declare la misma respecto a las deudas tributarias ejecutoriadas en su contra (fs. 22264-22268 vta. de antecedentes. c.CXII.) 

111.21 El 29 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal a los recurrentes con la Resolución Administrativa 232070000477 (CITE:SIN/GDSCZ l/DJCC/UCC/RA/282/2020) de 23 de julio de 2020. en la cual resolvió rechazar la solicitud de “Prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria” formulada por Henry Alex Fernández Hurtado, Ana Carola Fernández Hurtado y Cinthia Fernández Hurtado, en virtud a lo establecido por el art. 52 de la Ley 1340 (CTB); por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar el pago, no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al art. 307 de la Ley 1340 (CTB). (fs. 22303- 22359 y 22360-22362 de antecedentes, c.CXII.) 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

Los recurrentes denunciaron como agravios los siguientes: 1. Falta de fundamentación y motivación del acto administrativo impugnado, 2. Prescripción de las facultades de ejecución tributaría de la Administración Tributaria y la improcedencia de la interrupción del cómputo por medidas aplicadas; observaciones que serán analizadas a continuación, conforme a lo siguiente: 

  1. 1. Cuestión Previa. 

Con carácter previo, corresponde señalar que de la lectura efectuada al memorial de Recurso de Alzada, se tiene que los recurrentes, plasmaron en sus argumentos vicios de nulidad referidos a la falta de fundamentación y motivación en la emisión de la Resolución Administrativa 232070000477 de 23 de julio de 2020. aspectos que 18 de 37

Ain 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

inciden de manera directa en la forma de la presente controversia, observándose que de igual manera los recurrentes reclamaron aspectos que impugnan el fondo, dirigidos a la inexistencia de medidas coactivas que interrumpan la prescripción y respecto a la prescripción de las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, por lo que precautelando el derecho al debido proceso y el principio de congruencia, conforme dispuesto en el parágrafo I del art. 211 de la Ley 2492 (CTB), ésta instancia ingresará primeramente al análisis de los aspectos de forma y sólo en el supuesto de que los mismos sean descartados y no se evidencie vulneración alguna del derecho a la defensa y al debido proceso se procederá a analizar los demás argumentos y el agravio de fondo. 

Lo anterior referido a la prioridad de resguardar derechos y garantías constitucionales queda perfectamente respaldado por la Sentencia Constitucional 1307/2011-R, de 26 de septiembre de 2011, misma que estableció lo siguiente: “(…) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la segundad jurídica (…). En consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o tribunal debe desarrollar los actos procesales, vale decir, resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, caso contrario vicia de nulidad sus actos y decisiones.”, de igual manera la SC 0170/2005-R, de 28 de febrero dispuso que: “(…) las situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de actuacionesjudiciales, a saber: la evidencia de vulneración de derechos y garantías fundamentales de la persona, y/o la expresa sanción de la Ley con la nulidad de determinados actos u omisiones (…/'(resaltado propio). 

IV.1.1. Respecto a la falta de fundamentación y motivación del acto administrativo impugnado. 

Los recurrentes señalaron que la Administración Tributaría a objeto de rechazar su. solicitud de prescripción expuso argumentos inválidos y alejados de la aplicación correcta del derecho, vale decir carentes de fundamento legal, al señalar en la penúltima hoja de la Resolución Administrativa 232070000477 de 23 de julio de 2020 lo siguiente: “Los criterios de cómputo realizados por los impetrantes respecto a la supuesta prescripción, de ejecución de la deuda tributaria del contribuyente MAX 19 de 37 

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FERNANDEZ ROJAS, y la de sucesión coactiva a sus herederos de manera solidaria (…). Por cuanto por estricta sujeción a las previsiones contenidas en el Articulo 53 do la Ley 1340, el cómputo de la prescripción se iniciara el 1ro de enero de 2001 concluyendo el 31 de diciembre de 2005; es decir que el segundo periodo correspondería del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010; el 01 do enero de 2011 iniciaría un nuevo periodo concluyendo el 2016, y seguidamente iniciaría el 01 de enero de 2017, por lo tanto, a la fecha se encuentra vigente el periodo de los siguientes 5 años”, argumento que contraviene los líneamientos establecidos por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013, misma que habría establecido que una vez interrumpida la prescripción según las previsiones de la Ley 1340 (CTB), concordante con lo dispuesto en art. 1493 del Código Civil, ésta se computaría a partir del día siguiente de ocurrida la interrupción, y no así desde el 1 de enero del año siguiente, como erróneamente pretende la Administración Tributaria 

Asimismo, señalaron que, la Administración Tributaria no ha demostrado, cómo habría interrumpido la prescripción de su facultad de ejecución tributaria cada 5 años, con una medida coactiva valedera para la interrupción por cada uno de los recurrentes, toda vez que para 1. Henry Alex Fernández Hurtado, una de las medidas efectivas para realizar el cobro coactivo se dio el 11 de septiembre de 2006 donde se remata una camioneta Mitsubishi modelo 2000 placa 1274PRU, según consta en el Acta de Audiencia de 11 de septiembre de 2006, no existiendo otra medida coactiva adoptada en su contra por lo que tomando en cuenta el cómputo de la prescripción desde el siguiente día de la última medida efectiva para el cobro, es decir desde el 12 de septiembre de 2006 y tomando en cuenta los 5 años para que opere la prescripción, la deuda habría prescrito el 12 de septiembre de 2011: asimismo respecto a 2. Ana Carola Fernández Hurtado, la última actuación efectiva para realizar el cobro de la deuda tributaria, fue la Audiencia de Remate de 31 de marzo de 2009, del bien inmueble ubicado en la calle Clotilde Velasco, con matrícula computarizada 7.01.1.06.0014919, iniciando el cómputo de la prescripción desde el 1 de abril de 2009 y operando la misma el 1 de abril de 2014; y para 3 Cinthia Fernández Hurtado, se tiene como última actuación efectiva para el cobro, el Acta de Audiencia de Remate de 17 de julio de 2006, donde se remató la vagoneta de su propiedad marca Suzuki, modelo Grand Vitara, Placa 833LUE, iniciando la prescripción el 18 de julio de 2006 y prescribió el 18 de julio de 2011 y que si bien el 15 de febrero, Cinthia Fernández Hurtado y Ana Carola Fernández Hurtado. 20 de 37

AIT, S\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

solicitaron prescripción de la deuda tributaria, esta situación no puede considerarse como un acto interruptivo, ni mucho menos de suspensión de las facultades de ejecución de la Administración Tributaria. 

Por último manifestaron que, si bien la Administración Tributaria en la gestión 2012, notificó a los recurrentes con los autos de designación de martiliero, Resolución Administrativa de Aprobación y Adjudicación 23-0001091- 12 de fecha 13 de agosto de 2012. y el 18 de abril de la gestión 2013 con autos de señalamiento de audiencia de remate, estas actuaciones no eran de bienes que les correspondan, sino de sus hermanos Roberto y Jhonny Fernández, por lo que dichas actuaciones, primero que no son actuaciones legalmente valederas para interrumpir la prescripción y en caso que lo fueran, no son actuaciones a realizar la recuperación de la deuda tributaria que se carga en su nuestra contra. 

En este entendido y considerando las objeciones de los recurrentes, es importante en principio señalar lo dispuesto por la Sentencia Constitucional SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, respecto al debido proceso, misma que estableció lo siguiente: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.”, a su vez, refiriéndose a la fundamentacion.de las resoluciones, existe firme jurisprudencia al respecto, entre las cuales se encuentran las SSCC 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, misma que dispuso que: “(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que. consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que 

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se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidcndi que llevó al Juez a tomarla decisión (…).”. (resaltado propio) 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0245/2015-S1, de 27 de agosto de 2014, estableció que: “La jurisprudencia constitucional a través de diferentes fallos ha reconocido entre los elementos del debido proceso a los principios de la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones así la SCP 1194/2014 de 10 de junio, citando a la SCP 1020/2013 de 27 de junio, estableció: 

“…la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., así como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso; en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de índole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judiciala tomar una decisión de una determinada forma (…)” (resaltado propio) 

Por otro lado, cabe señalar que el parágrafo II del art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y el parágrafo II del art. 119 de la indicada norma constitucional, prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, contexto en el que el debido proceso y derecho a la defensa, no puede ser ajeno al derecho a la petición reconocido en el art. 24 de la Constitución Política del Estado, que dispone que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario 

Que asimismo el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 estableció que las obligaciones tributarías cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N 2492 (CTB) se sujetarán a las

aití 

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disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTB) de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999. 

Por su parte, el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado, siendo este obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo; asimismo el art. 28 de la citada normativa dispone que son elementos del acto administrativo prevé: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando y, f) finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Asimismo respecto a la motivación de los actos administrativos el parágrafo II del art. 31 del D.S. 27113 (RLPA) instituye que la motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente, consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto, individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. La remisión a propuesta, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no reemplazará a la motivación exigida; así también, es importante recordar que el ine c) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 del D.S. 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en instancia recursiva por disposición expresa del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), establecen que: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público”; y “los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. (resaltado propio) 

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De la revisión y compulsa de los antecedentes del presente proceso se tiene que el 12 de septiembre de 1990, la Administración Tributaria notificó por cédula a la Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L., con la Resolución de Determinación 37/90 de 31 de agosto de 1990, mediante la cual resolvió determinar por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, y 12 de la gestión 1987, por el monto de Bs.357.252.- y por los periodos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. 09. 10, 11 y 12 de la gestión 1988, por el monto de Bs.447.854-, asimismo dispuso sancionar a Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L., por con el 100%, del gravamen omitido, que actualizado a la fecha de emisión de la referida Resolución de Determinación asciende a Bs. 1.167.899.- respecto a los periodos fiscales 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, y 12 de la gestión 1987 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de la gestión 1988, conforme lo dispuesto en el art. 99 del Código Tributario; y la Resolución Administrativa N° 38-90 de 31 de agosto de 1990, donde resolvió determinar por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas de la Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L., por el Impuesto al Consumo Específico (ICE) de los periodos fiscales 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, y 12 de la gestión 1987, por el monto de Bs.2.583.467- y por los periodos 01, 02, 03. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de la gestión 1988, por el monto de Bs.3.752.341.-. asimismo dispuso sancionar a Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L.. por con el 100%, del gravamen omitido, que actualizado a la fecha de emisión de la referida Resolución asciende a Bs.9.015.110.- respecto a los periodos fiscales 04. 05. 06. 07, 08, 09, 10, 11, y 12 de la gestión 1987 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12 de la gestión 1988, conforme lo dispuesto en el art. 99 de la Ley 1340 (CTB) 

Seguidamente se observó que el 18 de enero de 2000, la Sala Social y Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, dictó el Auto Supremo 028-C. declarando improbada la demanda Contencioso Tributaría y manteniendo firmes y subsistentes las Resoluciones Administrativas Nos. 37/90 y 38/90, emitidas por la Administración Tributaria el 31 de agosto de 1990, correspondientes al IVA e ICE por los periodos fiscales, abril a diciembre de 1987 y enero a diciembre de 1988. respectivamente, con la modificación del porcentaje de la multa que debió imponerse en un 50% del tributo omitido con relación a la Resolución Administrativa 37/90 y del 25% del tributo omitido con relación a la Resolución Administrativa 38/90, salvándose a favor del 2 1 de 37

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

demandante los pagos que por concepto de dichas Resoluciones Administrativas hubiese realizado, debiendo en ejecución de sentencia tomarlas como pagos a cuenta conforme corresponda. 

De la misma compulsa se verificó que el 10 de febrero de 2000, la Administración Tributaria, notificó a los recurrentes y a Max Jhonny Fernández Saucedo, Roberto Fernández Saucedo y Michael Erick Fernández Parada, con la liquidación del Auto Supremo 28/2000, a objeto de que se proceda a su conformación correspondiente. 

Por lo que el 14 de febrero de 2000, los recurrentes y Max Jhonny Fernández Saucedo Roberto Fernández Saucedo y Michael Erick Fernández Parada, presentaron memorial impugnando a la liquidación, emitida por la Administración Tributaria el de 08 de febrero de 2000. 

De igual manera se observó que el 21 de febrero de 2000 la Administración Tributaria notificó a los recurrentes y a Max Jhonny Fernández Saucedo, Roberto Fernández Saucedo y Michael Erick Fernández Parada, con el Pliego de Cargo N° 251/00, de 18 de febrero de 2000, emitido en razón del Auto Supremo N° 28/2000, por el total adeudado de los impuestos omitidos correspondientes al IVA e ICE, sumando un total de Bs56.468.303.- (fs. 19 y 51 de antecedentes, el.). 

A continuación de la revisión de antecedentes se evidencio que el 25 de febrero de 2000 la Administración Tributaría, emitió medidas coactivas, de Solicitud de Retención de Fondos dirigida a la Superintendente Departamental de Bancos, Solicitud de Embargo de Líneas Telefónicas dirigida a Presidente de Cotas, Solicitud de Embargo de Motorizado dirigida a la Alcaldía Municipal de Santa Cruz. 

Seguidamente el 17 de septiembre de 2001, la Administración Tributaria, emitió el Informe DDSC/OF N°0273/2001 de Cobro Coactivo de la Distribuidora Fernández, a través del cual comunicó que en atención al Auto Supremo 28/2000 de 18 de enero de 2000, se libró el mandamiento de embargo sobre los bienes los obligados a cumplir la obligación tributaria, con la finalidad de iniciar las medidas preliminares del acto del remate o subasta pública de los bienes de los deudores 

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conforme lo dispuesto en la Resolución Administrativa N°03-0215-01 de 16 de marzo de 2001. 

Asimismo, el 16 de enero de 2001, la Administración Tributaría, emitió la nota UCT.OF.N0 06/2001, de solicitud de anotación preventiva de los inmuebles a nombre de los recurrentes y Max Jhonny Fernández Saucedo, Roberto Fernández Saucedo y Michael Erick Fernández Parada, Registro de Anotación Preventiva de Líneas Telefónicas y de igual manera solicitaron retención de fondos a la Superintendencia de Bancos. 

En consecuencia, el 14 de marzo de 2001, la Distribuidora C.B.N. Fernández S.R.L.. presentó memorial de 12 de marzo de 2001, ante la Administración Tributaria, mediante el cual solicitó se deje sin efecto las medidas coactivas adoptadas por no haber sido notificado con ningún documento que comunique dicha situación 

En este entendido el en la gestión 2002, se llevaron a cabo medías de remate de los bienes inmuebles de propiedad de Roberto Fernández Saucedo, Max Jhonny Fernández y Cinthia Fernández Hurtado. 

En la gestión 2005, mediante notas CITES: GDSC/DTJC/UCC/OF. N°1395/2005 y GDSC/DTJC/UCC/OF N°1396/2005, la Administración Tributaría solicitó información y certificación de los inmuebles a nombre de Henry Alex Fernández Hurtado, y de Jorge Saucedo Landívar como esposo de la coheredera Ana Carola Fernández (ambos recurrentes), asimismo mediante CITE:GDSC/DTJC/UCC/N 247/2005. solicitó anotación preventiva y certificado alodial al Comandante Departamental de la Unidad Operativa de Tránsito respecto del vehículo registrado a nombre de Henry Alex Fernández Hurtado, de igual manera mediante CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 184/2005, la Administración Tributaria solicitó información de los inmuebles registrados a nombre de los recurrentes al Registrador de Derechos Reales 

Consiguientemente, en la gestión 2006, la Administración Tributaria, emitió medidas coactivas dirigidas al Juez Registrador de Derechos Reales solicitando la hipoteca judicial de los inmuebles de los recurrentes CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 528/2006, de igual manera mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N°366/2006 solicitó al Gobierno 

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ait\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Municipal de Oruro Certificado de Valor Catastral, situación impositiva y planos de uso de suelo de los inmuebles a nombre de los recurrentes. 

Por lo que el 27 de marzo de 2009 la Administración Tributaria emitió la Resolución 015/2009, mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de inexistencia de deuda por prescripción, presentada por Ana Carola Fernández Hurtado, mediante memorial de 16 de febrero de 2009. 

Consecuentemente en la gestión 2011, mediante nota CITE: GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2644/2011, la Administración Tributaria, solicitó certificado alodial a la Registradora de Derechos Reales de los bienes inmuebles registrados a nombre de Max Jhony Fernández Saucedo, asimismo mediante CITE: GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2474/201, dirigida a la Dirección Dptal. de Catastro solicitó Valor Fiscal y Base Imponible de los inmuebles de Max Jhonny Fernández Saucedo, de igual manera mediante CITE: GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/2645/2011, solicitó información al Gobierno Municipal de Santa Cruz al Dpto. de Vehículos. 

De igual manera en la gestión 2013, la Administración Tributaria, emitió, las notas CITES:SIN/GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/1058/2013, GDSCZ/DTJC/UCC/NOT/1059/2013 mediante las cuales solicitó a la Alcaldía Municipal de Cotoca y Montero información sobre los bienes inmuebles que se encuentren registrados a nombre del Roberto Fernández Sucedo. 

A continuación, en la gestión 2014, la Administración Tributaria, mediante CITE: SIN/GDSC-l/DJCC/UCC/NOT/1693/2014, solicitó alodial al Juez Registrador de Derechos Reales respecto a los inmuebles registrados a nombre de la Distribuidora CBN Fernández S.R.L. y/o a nombre de sus herederos Henrry Alex Fernández Hurtado, Ana Carola Fernández Hurtado y Cinthia Fernández Hurtado, Max Jhonny Fernández Saucedo, Roberto Fernández Saucedo y Michael Erick Fernández Parada. 

De manera posterior, el 25 de marzo de 2019 la Administración Tributaria registró ante la Contraloría General del Estado la medida coactiva de “Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control 

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Gubernamental”, asimismo solicitó la medida de “Retención de Fondos’, ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en relación al PIET 20/2006, contra los recurrentes y Max Jhonny Fernández Saucedo y Roberto Fernández Saucedo. 

Por lo que el 24 de abril de 2019, los recurrentes presentaron memorial de solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria y aplicación del parágrafo III del art. 2 de la Ley 1105, en el cual señalan que corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTB) considerando que los hechos generadores de tributos se dieron en vigencia de dicha ley, no obstante, y toda vez que la misma no establecía el inicio del cómputo de prescripción para la ejecución tributaria, señalaron que corresponde la aplicación del art. 1492 y 1493 del Código Civil, en dicho entendido y considerando que las últimas medidas coactiva adoptadas por la Administración Tributaria fueron llevadas a cabo en la gestión 2005 y 2006, habiendo ocasionado las mismas la interrupción del cómputo de prescripción, no obstante desde la gestión 2006 a la gestión 2019, la Administración Tributaria no ha interrumpido el cómputo de prescripción dentro de los cinco años que establece la Ley, por lo que operó la prescripción a su favor, que asimismo siendo que la deuda tributaria fue cancelada en su totalidad producto de las retenciones de fondos remates y demás acciones llevadas a cabo por la Administración Tributaria, conforme lo dispuesto en el parágrafo III del art. 2 de la Ley 1105, corresponde se declare extinguida la obligaciones tributaría. 

Seguidamente se observó que el 25 de abril de 2019, la Gerencia Nacional Jurídica y de Normas Tributarias, emitió la nota CITE:SIN/GJNT/DGLCC/NOT/1407/2019. mediante la cual señaló que “respecto al fraccionamiento y solidaridad de los herederos, conforme a los antecedentes, se debe considerar que los adeudos asumidos por cada heredero de Max Fernández Rojas, como emergencia del Auto Supremo 28-c, fueron reconocidos y aceptados por la Gerencia Operativa de manera individual, en aplicación de lo establecido por el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, previsto en la Disposición Traiciona Tercera de la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003, en virtud del cual se aceptaron facilidades de pago por su cuota parte de los herederos Max Jhonny Fernández Saucedo y Roberto Fernández Saucedo mediante Resoluciones Administrativas PTVE-AS-O2/2003 y PTVE-AS-03/2.003 ambos de 24 de noviembre de 2004, los cuales fueron incumplidas y en lo que respecta a la situación de la empresa Cervecería Boliviana 28 de 37

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Nacional y el heredero Michael Erick Fernández Parada, los mismos cumplieron con el pago único y cumplimiento de facilidad de pago dentro del entonces programa transitorio voluntario y excepcional, mismos que se encuentran concluidos mediante Resoluciones Administrativas Nros. PTVE AS-01/2003 de 11 de noviembre de 2003 y 004/2009 de 3 de febrero de 2009: en ese sentido a criterio de esta Gerencia de acuerdo al escenario que plantea corresponde mantener su fraccionamiento reconocido en su momento, salvo mejor criterio que adopte su Gerencia”. 

Asimismo, de la misma compulsa, se observó que el 19 de diciembre de 2019, los recurrentes presentaron memorial de 17 de diciembre de 2019 ante la Administración Tributaria mediante el cual reiteraron la solicitud de prescripción presentada el 24 de abril de 2019 y requirieron se declare la misma respecto a las deudas tributarias ejecutoriadas en su contra. 

Y finalmente el 29 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal a los recurrentes con la Resolución Administrativa 232070000477 (CITESIN/GDSCZ l/DJCC/UCC/RA/282/2020) de 23 de julio de 2020, en la cual resolvió rechazar la solicitud de “Prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria” formulada por Henry Alex Fernández Hurtado, Ana Carola Fernández Hurtado y Cinthia Fernández Hurtado, en virtud a lo establecido por el art. 52 de la Ley 1340 (CTB): por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar el pago, no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al art. 307 de la Ley 1340 (CTB), resolución que hoy es impugnada. 

En este entendido y a objeto de verificar si los agravios expuestos por los recurrentes respecto a que el rechazo a su solicitud de prescripción fue con argumentos inválidos, y alejados de la aplicación correcta del derecho, vale decir carentes de fundamento legal lo que afecta a la fundamentación y motivación de la Resolución Administrativa 232070000477 de 23 de julio de 2020, corresponde previamente revisar los argumentos expuestos en los memoriales de solicitud de prescripción presentados por los recurrentes, en este entendido se tiene que mediante memoriales de 24 de abril y 19 de diciembre, ambos de 2019 (fs. 2256-2259 de antecedentes c.CXII.), en los cuales los recurrentes solicitaron la prescripción de las facultades de ejecución tributaría de la Administración Tributaria respecto al Pliego de 

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Cargo 251/2000, donde señalaron que corresponde la aplicación de las previsiones de la Ley 1340, y arts. 1492 y 1493 del Código Civil, realizando a continuación un análisis respecto a las medidas coactivas llevadas a cabo por la Administración Tributaría, y señalando que “(…) las últimas medidas de cobro ejercidas por su institución para el cobro de los adeudos tributario ejecutoriados, fueron realizadas en las gestiones 2005 y 2006, es decir estas medidas realizadas entre las gestiones 2005 y 2006, fueron realizadas dentro del rango de 5 años en relación a las anteriores, es decir en relación a las medidas tomadas en las gestiones 2001 y 2002. por lo que se encuentran dentro del plazo legal de 5 años para interrumpir, la prescripción y que se inicie nuevamente el cómputo. Sin embargo, a partir de la gestión 2006, y hasta la gestión 2019 en la cual nos encontramos, su institución NO ha interrumpido debidamente la prescripción, dentro de los 5 años que establece la Ley, por lo que ha operado en nuestro favor la prescripción, habiendo prescrito su facultad de ejecución tributaria respecto al Pliego de Cargo 251/2000.’ y citó la Sentencia Constitucional 992/2005-r de 19 de agosto de 2005. (resaltado propio.) 

En ese contexto, corresponde efectuar el análisis del contenido plasmado en la Resolución Administrativa N° 232070000477 de 23 de julio de 2020, para disponer el rechazo de la prescripción solicitada por los recurrentes; en este entendido se tiene que de la revisión y análisis efectuado a la citada Resolución Administrativa, se tiene que la misma en su primer considerando efectuó la transcripción inextensa del memorial de solicitud de prescripción presentado por los recurrentes (fs 22303 – 22307 de antecedentes, c.CXII y págs. 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta. de la Resolución Administrativa impugnada); seguidamente en el segundo considerando, transcribió doctrina, y los arts. 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340 (CTB) (fs. 22308-22309 de antecedentes, c.CXII., y págs. 6ta. y 7ma. de la Resolución Administrativa impugnada); a continuación en su tercer considerando señaló que los recurrentes habrían solicitado la prescripción estando en curso la ejecución tributaria y los actos habrían pasado la calidad de cosa juzgada, procediendo a la transcripción de antecedentes del proceso, citando finalmente el art. 324 de la Constitución Política del Estado y parágrafo II del art. 3 de la Ley 154. (último párrafo de fs 22309. y fs 22310-22355 de antecedentes, c.CXII. y último párrafo de pág. 7ma y pags 8va a 54ma.ta. de la Resolución Administrativa impugnada); en su cuarto y último considerando señaló que los recurrentes fueron parte activa del proceso conforme lo 30 de 37

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Impugnación Tributaria 

dispuesto en el art. 306 de la Ley 1340 (CTB), al habersido notificados con todas las actuaciones de la Administración Tributaria, a objeto de que hagan valer su derecho, que asimismo el referido ente fiscal no renunció al cobro de la deuda tributaria y que realizo gestiones de cobro que interrumpieron la prescripción liberatoria de pago; a continuación señaló que las solicitud de prescripción efectuada por los recurrentes, carece de fundamento legal toda vez que el referido ente fiscal habría llevado a cabo todas las acciones necesarias tendientes al cobro “(…) máxime si el origen del cobro a los herederos de la deuda en mora, es el Auto Supremo 028-2000 dictado por la Sala Social y Administrativa Contencioso Tributario de la Corte Suprema de Justicia, tratándose de actos pasados en calidad de cosa juzgada, declarando IMPROBADA la demanda contencioso tributaria; habiéndose cumplido las previsiones del Art. 304 de la Ley No. 1340 para dar inicio al cobro coactivo.” 

(resaltado propio) (fs.22357 de antecedentes, c. CXII y pág.55ma.ta. de la Resolución Administrativa impugnada); seguidamente en el primer párrafo de fs. 22358 de antecedentes, c. CXII y pag.56ma.ta. de la Resolución Administrativa impugnada señaló Se tiene que en fecha 18 de febrero de 2000 se emite el Pliego de Cargo No. 251/00 Librada contra DISTRIBUIDORA C.B.N. FERNANDEZ S.R.L. RUC TERM. EN 0-1 DE Acuerdo al Auto Supremo No. 28 dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Sala Social y Administrativa Contencioso Tributario por concepto de impuestos omitidos ICE periodo abril 87 a diciembre 87 y enero a diciembre 1988; IVA periodo marzo 1988 a septiembre de 1988 con un Total Adeudado: porconcepto impuesto al ICE Bs. 53.409.745. -: por concepto impuesto al IVA Bs. 3.058.629. sumando un total de los impuestos omitidos Bs. 56.468.303.—. Por cuanto en estricta sujeción a las previsiones contenidas en el Artículo 53 de la Ley 1340, el cómputo de la prescripción se iniciaría el 1ro. de enero de 2001 concluyendo el 31 de diciembre de 2005; es decir gue el segundo periodo correspondería del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010; el 01 de enero de 2011 iniciaría un nuevo periodo concluyendo del 2016, y el siguiente iniciaría el 01 de enero de 2017 por lo tanto, a la fecha se encuentra vigente el periodo de los siguientes 5 años.” (resaltado propio); en el segundo párrafo transcribió la Sentencia Constitucional 029, en su tercer párrafo señaló “Los impetrantes al invocarla Ley del Perdonado de Regularización en el pago de Deudas tributarias y Multas de dominio tributario Ley No. 1105 de 28 de septiembre de 2018 en su artículo 2 III (REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS TRIBUTARIOS) NO ALCANZA a los impetrantes en el entendido que ante el fallecimiento del señor MAX FERNANDEZ ROJAS, sus 

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herederos responden en la medida del valor del patrimonio heredado: es decir que la cancelación total del tributo omitido realizado por los señores Roberto Fernández Saucedo y Jhonny Fernández Saucedo NO BENEFICIA A LOS AHORA IMPETRANTES, al haberse efectuado el cobro en la cuota parte gue les corresponde Es más, los señores Roberto Fernández Saucedo y Jhonny Fernández Saucedo, reconociendo la deuda dejada por su progenitor efectuaron el pago total de la cuota parte de la deuda y no así los ahora impetrantes que han sido parte activa en el proceso de cobro ejeicido por la Administración Tributaría, por lo tanto, existe una tácita aceptación y pagos parciales, Incurriendo en una omisión dolosa, pretendiendo favorecerse con el transcurrir del tiempo” (resaltado propio); y como conclusión señaló “Conforme a los fundamentos expuestos, la pretensión de los impetrantes, de la prescripción liberatoria de los adeudos tributarios determinados por la Administración Tributaria y en etapa de ejecución (cobro coactivo), no son aplicables las causales de prescripción, interrupción y/o suspensión del término de la prescripción; en consecuencia las acciones de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas, teniendo facultad para continuar con el proceso de cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria, por cuanto corresponde RECHAZAR la solicitud de prescripción de las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, (resaltado propio) (fs. 22358-22359 de antecedentes, c.CXII. y pags 56ma.ta.-57ma.ma. de la Resolución Administrativa impugnada) 

De lo descrito precedentemente, resulta evidente que la Administración Tributaria a tiempo de dar respuesta a la solicitud de prescripción presentada por los recurrentes, señaló que la norma aplicable al caso, son los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTB), sin observar que la mencionada normativa no hace referencia al cómputo de prescripción en la etapa de cobranza coactiva, ni exponer de forma fundamentada y/o motivada los motivos jurídico legales por los cuales corresponde su aplicación y consideración respectiva en dicha etapa, habiendo efectuado simplemente la transcripción de la referida normativa, sin reflejar el criterio legal para su aplicación de manera clara y orientadora, seguidamente, manifestó que al ser el origen de los cobros el Auto Supremo 028-2000, se trata de un acto con calidad de cosa juzgada y que por tanto se sujetaría a lo dispuesto en el art. 304 de la Ley 1340 (CTB), y a continuación manifestó, que “(…) Por cuanto en estricta sujeción a las previsiones contenidas en el Artículo 53 de la Lev 1340, el cómputo de la prescripción se iniciaría el 3?. de 37

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1ro. de enero de 2001 concluyendo el 31 de diciembre de 2005; es decir gue el segundo periodo correspondería del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010; el 01 de enero de 2011 iniciaría un nuevo periodo concluyendo del 2016. v el siguiente iniciaría el 01 de enero de 2017, por lo tanto, a la fecha se encuentra vigente el periodo de los siguientes 5 años.”, de donde se advierte que la Administración Tributaria, efectuó el cómputo de periodos cada cinco (5) años transcurridos, sin explicar, fundamentar y/o motivar, las razones por las cuales se habría dado la continuidad simultánea de dicho cómputo, es decir sin explicar los motivos por los cuales para la Administración Tributaria cada cinco años se habría renovado su cómputo de prescripción, señalando que en la actualidad estaría en otro ‘periodo’ computado desde el 01 de enero de 2017 y que a la fecha se encuentra vigente el periodo durante cinco años, lo que evidencia que el referido ente fiscal, vulneró los derechos constitucionales y obligaciones administrativas a las cuales se encuentra sujeto, toda vez que no fundamentó ni motivó, con argumentos coherentes los motivos por los cuales, según a su criterio, se habría dado un cómputo sucesivo de periodos de duración de cinco (5) años cada uno y de forma continua, no explicó mediante qué medidas coactivas el referido ente fiscal habría interrumpido y/o suspendido el cómputo de prescripción, máxime si los recurrentes a tiempo de presentar su memorial de solicitud de prescripción de 24 de abril de 2019, señalaron que las últimas medidas coactivas aplicadas por la Administración Tributaria se efectuaron en la gestión 2006, no existiendo medidas posteriores, para que se produzca la interrupción de la prescripción y la extensión de períodos de cada cinco años para que la Administración Tributaría continúe con su ejecución coactiva, lo que evidencia que el referido ente fiscal, vulneró los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa establecidos en los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado e incurrió en incumplimiento de lo previsto en los incs. b) y e) del art. 28 de la Ley 2341, al emitir una resolución carente de fundamentación y motivación requisitos sine qua non para la validez de un acto administrativo. 

Asimismo, se advirtió que, la Administración Tributaría, manifestó en el párrafo tercero de fs. 22358 de antecedentes, c.CXII y 56ma.ta. de la Resolución Administrativa impugnada, que “ante el fallecimiento del señor MAX FERNANDEZ ROJAS, sus herederos responden en la medida del valor del patrimonio heredado”, criterio sustentado en lo dispuesto en el segundo párrafo del parágrafo VI de la Disposición transitoria Tercera de la Ley 2492 y art. 21 del Decreto Supremo 

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27149 de 02 de septiembre de 2003, por lo que, siendo que la propia Administración Tributaria, señala que sus herederos responden en la medida del valor del patrimonio heredado” en razón a las deudas de Max Fernández, la misma deberá considerar dicho criterio a tiempo de emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de prescripción presentada por los recurrentes, vale decir, considerar las actuaciones realizadas con el objeto de ejercer el cobro de las obligaciones tributarias del deudor, en contra de sus herederos y si éstas fueron realizadas sobre el patrimonio heredado en forma individualizada o no, así como su respectivo efecto suspensivo o interruptivo del término de prescripción en relación al heredero correspondiente, debiendo exponer de forma fundamentada, motivada, técnica y legal, las razones de la improcedencia o improcedencia de su consideración, toda vez que resulta incongruente que la Administración Tributaría, aplique dicho criterio para ciertos aspectos de su fundamentación y para otros no. 

Por otra parte, la Administración Tributaría, señaló en el párrafo primero de la última página de la Resolución impugnada (fs. 22359 de antecedente, CXII y pág. 57 ma.ma. de la Resolución Administrativa impugnada), que “Conforme a los fundamentos expuestos, la pretensión de los impetrantes, de la prescripción liberatoria de los adeudos tributarios determinados por la Administración Tributaria y en etapa de ejecución (cobro coactivo), no son aplicables las causales de prescripción, interrupción y/o suspensión del término de la prescripción; en consecuencia las acciones de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas, teniendo facultad para continuar con el proceso de cobro coactivo hasta la total’recuperación de la deuda tributaria, por cuanto corresponde RECHAZAR la solicitud de prescripción de las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria”, no obstante, a tiempo de concluir su exposición respecto a las razones que respaldan el rechazo a la solicitud de prescripción de los recurrentes, señaló que no aplican las causales de interrupción y/o suspensión del término de la prescripción, pese a que en el párrafo segundo de fs. 22357 de antecedentes, c.CXII y pág 

55ma.ta. de la Resolución Administrativa Impugnada del expediente, señaló que “(…) la Administración Tributaria en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, más al contrario realizó gestiones de cobro gue han interrumpido la prescripción liberatoria de pago”, es decir, por un lado el referido ente fiscal establece que no son aplicables las causales de suspensión y/o interrupción, y por otro lado expone como razones para rechazar la prescripción solicitada el haber

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realizado gestiones de cobro que interrumpen la prescripción, situación que nuevamente demuestra que la Administración Tributaria, además de emitir un acto administrativo carente de sustento, jurídico legal y de fundamentación y motivación, el mismo es incongruente, toda vez que por un lado expone haber interrumpido la prescripción con la adopción de medidas de cobro coactivo, sin señalar la normativa en la cual sustenta dicha posición, ni identificar claramente qué medidas hubieran cumplido con dicha condición y hubieran generado tales efectos, y por otro lado, señala que no se aplican las causales de suspensión e interrupción, lectura que denota las incoherencias en las que incurrió el referido ente fiscal a tiempo de la emisión de la Resolución Administrativa ahora impugnada, causando confusión y lesiones al derecho al debido proceso de los recurrentes a obtener una resolución que resuelva expresamente las objeciones planteadas por las partes, al momento de solicitar la prescripción, por tanto, siendo evidente que la Administración Tributaria, expuso un contenido escueto de interrupción general por cada cinco años, que no fundamentó, ni motivó legalmente, por lo que, considerando que también omitió pronunciarse de forma coherente respecto a la norma aplicable, y sentencias constitucionales referidas por los impetrantes a tiempo de solicitar la prescripción, generó incertidumbre a los recurrentes vulnerando sus derechos al debido procesó en su vertiente de fundamentación y motivación, el acto administrativo impugnado carece de fundamentación, motivación y congruencia, no pudiendo ser validado por esta Autoridad, en el marco de los requisitos establecidos en los incs. b) y e>del art. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA). 

Por consiguiente y siendo que el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), señala alfundamento y la causa entre los elementos esenciales del acto administrativo indispensables para alcanzar su fin; mientras que el art. 31 del DS 27113 (RLPA), amplía precisando que una correcta motivación de los actos administrativos comprenderá cuando menos una relación concreta, directa y completa de los hechos probados y relevantes para él caso (fundamento de hecho) y una exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada (fundamento de derecho), se tiene que el acto administrativo hoy impugnado y emitido por la Administración Tributaria, carece de motivación y fundamentación legal coherente y congruente, por lo que, incumple lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA), viciando de nulidad el acto administrativo impugnado, debido a lo cual, no puede ser validado en el marco de un debido proceso; en ese entendido, ésta instancia no puede pasar por 

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alto los vicios que son causal de nulidad, debiendo precautelar las garantías constitucionales y que las mismas se desarrollen en el marco de un debido proceso, considerando además que, la fundamentación en los actos administrativos tiene carácter imprescindible, criterio concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0950/2015, de 26 de mayo de 2015 y AGIT-RJ-0269/2016, de 15 de marzo de 2016, por lo que en virtud de lo previsto en el parágrafo II del art. 36. de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al presente caso por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución Administrativa N° 232070000477 de 23 de julio de 2020, a objeto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo, debidamente motivado y fundamentado y considerando los antecedentes correspondientes al presente proceso, debiéndose pronunciarse de igual manera respecto a todos y cada uno de los argumentos vertidos por la recurrente en su memorial de solicitud de prescripción. 

Finalmente, es preciso aclarar a las partes que al haberse evidenciado vicios de nulidad e incongruencias en el contenido plasmado en el acto impugnado debe retrotraerse el procedimiento hasta el vicio más antiguo, con el objetivo de que la Administración Tributaria emita actos coherentes en su fundamentación y en la norma aplicable, a objeto de restituir los derechos vulnerados, por lo que, no es posible que esta instancia recursiva emita pronunciamiento respecto a las demás cuestiones planteadas en el recurso de alzada. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa 232070000477 de 23 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, para que emita un nuevo acto administrativo en estricta sujeción a lo que 36 de 3 ,?

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en derecho corresponde, cumpliendo los requisitos establecidos en los incs. b) y e) del art 28 de la Ley 2341 (LPA), de conformidad a los fundamentos técnicos-jurídicos expresados anteriormente, de conformidad a lo dispuesto por el ine c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Aúoc Doiiy Karrna baíazar(( 

DKSP/ccav/acq/cmmf/apib/mncf 

ARII SC//RA 0675/2020 

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