ARIT-SCZ-RA-0670-2020 No corresponde la admisibilidad de respuestas simples como actos impugnables

ARIT-SCZ-RA-0670-2020

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0670/2020 

Rubén Ayala Severiche. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Jorge Jesús Flores 

Duran. 

Resolución Administrativa Nc 

232070000371 de 13 de agosto de 2020. 

ARIT-SCZ-0467/2020. 

Santa Cruz, 13 de noviembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0670/2020 de 13 de noviembre 

de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto 

se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió Resolución Administrativa 232070000371 de 13 de agosto de 2020, en la cual resolvió: Primero. Declarar improcedente, la solicitud del contribuyente de dejar sin efecto el NIT aperturado hasta que se resuelva; la apelación planteada por la Administración Tributaria ante el 

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Juzgado Público octavo en materia Civil y Comercial de la capital. Segundo. Se extraña las pruebas señaladas en la hoja de ruta 3127-2020 por el contribuyente. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

Rubén Ayala Severiche, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 20 de agosto de 2020 (fs. 6-10 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando el Resolución Administrativa 232070000371 de 13 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Vulneración de Derechos Constitucionales. 

El recurrente señaló que la Administración Tributaria vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso en sus elementos de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, derecho a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, derecho a la defensa, derecho al trabajo, previstos en los arts. 115 núm. 11 y 119 num. 1 de la CPE y de conformidad al art. 77 num. 5 de la Ley 027: ya que haciendo caso omiso a un fallo judicial ejecutoriado, emitió el acto ahora impugnado rechazando su solicitud para proseguir con el proceso de cobro coactivo o ejecución, pese a haberse demostrado que su persona no ha sido en ningún momento el sujeto pasivo o titular del NIT. 

Amplió su agravio y explicó, que al haberse aplicado medidas coactivas en su contra. por parte de la Administración Tributaria, se apersonó a sus oficinas y constató que en la gestión 2007 mediante Instrumento Publico 660 del 2007, que no fue otorgado por él, se habría procedido a la apertura del NIT 5882692012 a su nombre, expuso’que siempre fue trabajador dependiente y nunca realizó actividad comercial alguna, por la que hubiera tenido necesidad de empadronarse ante el SIN y mucho menos obtener un NIT; motivo por el que se vio obligado de acudir ante la justicia ordinaria para solicitar la nulidad del Instrumento Publico 660 del 2007 de 04 de septiembre y su protocolo respectivo de la notaría de fe Publica 9 de la capital, 2 de I 5

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

demanda que radicó en el juzgado Publico Civil y Comercial Octavo de la Capital, el cual luego de los procedimientos establecidos por ley dictó la Sentencia de 10 de septiembre del 2018, mediante la cual declaró la nulidad del citado Instrumento Público y su protocolo, por lo que habiéndose dejado sin efecto dicho documento, cumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en el art. 1 de la RND 10- 018-14, normativa emitida por el propio SIN, la cual exige la presencia de una sentencia ejecutoriada para modificar el registro del Padrón de Contribuyentes, solicitó ante la Administración Tributaria, que en cumplimiento a la Sentencia, se deje sin efecto el NIT así como las deudas contraídas por dicho documento y se ordene el levantamiento de todas las medidas coactivas aplicadas en su contra; sin embargo, la Administración Tributaria haciendo caso omiso al fallo, emitió el acto ahora impugnado en el que rechazó la solicitud y la declaró improcedente estableciendo de forma dilatoria y absurda, que si bien es cierto que la Sentencia declara probada la demanda ordinaria interpuesta y dispone la nulidad del instrumento de Poder. 660 del 2007, no es menos cierto que dicho fallo no se pronuncia sobre la deuda que mantiene el sujeto pasivo con la Administración Tributaria, producto de la apertura del NIT 5882692012 y que habiéndose planteado Recurso de Apelación contra la Sentencia que resuelve el incidente de nulidad de obrados emitido por el juzgado Publico Octavo en materia civil y comercial de la capital, se debía esperar el fallo a emitirse por autoridad judicial competente antes de poder emitir un pronunciamiento al respecto, pretendiendo de esta forma desconocer el origen del NIT, del empadronamiento y de las supuestas deudas, cuando lo que corresponde es dejar sin efecto todas las consecuencias y situaciones que sobrevinieron a la existencia de dicho poder. 

Por lo expuesto solicitó emitir Resolución revocando totalmente la Resolución Administrativa 232070000371 de 13 de agosto de 2020. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 26 de agosto de 2020 (fs. 11 del expediente) se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Administrativa N° 232070000371 de 13 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante Administración Tributaria. mediante memorial de 15 de septiembre de 2020 (fs. 22-27 del expediente) contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negando totalmente los fundamentos de la impugnación y manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Observa a la admisión del Recurso. 

La Administración Tributaria señaló que a través del acto impugnado, señaló su imposibilidad de emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de nulidad de NIT planteada por el recurrente, por encontrarse pendiente de resolución ante el Juzgado Publico Octavo en materia civil y comercial de la capital, motivo por el que considera que en .el presente Recurso existe litispendencia, no pudiendo esta Autoridad entrar a juzgar y emitir una resolución, pues es la citada Autoridad Judicial, es la competente para resolver y emitir pronunciamiento. 

Añadió que el presente Recurso de Alzada, es el mismo que fue planteado en el referido Juzgado Civil y Comercial, el cual se encuentra en proceso de Apelación a la Sentencia que rechaza el incidente de nulidad de obrados con el cual se está poniendo en litigio la calidad de cosa Juzgada invocada por el recurrente, al considerar que en el proceso que se originó la misma, contiene vicios de nulidad, por lo que considera que el recurrente de una manera engañosa y poco honesta. pretende inducir en error a esta Autoridad, al plantear este Recurso aun sabiendo que el objeto del mismo se encuentra aún pendiente de resolución ante una autoridad judicial, aspecto no advertido en el momento de la Admisión del Recurso, por lo cual se debería rectificar las actuaciones y emitir Auto de Anulación de Obrados y en consecuencia rechazar el Recurso de Alzada, al ser una medida interna que no puede ser impugnada de acuerdo a lo previsto en el art. 195 de la Ley 2492 (CTB), ya que simplemente es un acto informativo que recuerda al contribuyente que es una Autoridad Judicial la que debe emitir pronunciamiento final y no la Administración Tributaria. 

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Am. 

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11.3.2. Respecto a la vulneración de derechos constitucionales. 

La Administración Tributaria respondió que la resolución impugnada dio una respuesta fundamentada y clara que no deniega la petición del recurrente sino que simplemente, le señala que la misma debe estar pendiente a la conclusión del proceso judicial que se encuentra aún en proceso; asimismo, aseguró que no es posible sostener que un fallo o resolución alcanza calidad de cosa juzgada, si se la emitió vulnerando derechos fundamentales o garantías constitucionales; caso en el cual se verifica únicamente una “cosa juzgada aparente”, por esto entiende que la Sentencia 186/2018, no tiene la calidad de cosa juzgada, ya que al haber vulnerado los derechos constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la defensa de la Administración Tributaria, quien a pesar de ser un directo interesado en el proceso que derivó en la solicitud de nulidad del testimonio de poder 660/2007, no fue notificada como parte del mismo, pretendiendo que se aplique un fallo que es desfavorable y afecta directamente a sus intereses y el interés del Estado al pretender se desligue el respectivo cobro del adeudo tributario del NIT que se pretende anular. 

Añadió, que es claro que el recurrente se benefició del proceso, tanto el penal como el civil al recibir dinero para cubrir el monto adeudado y sin embargo no realizó el empozo correspondiente a la Administración Tributaria, pretendiendo liberarse de su obligación asumida y reconocida al momento de recibir dicha compensación económica. Por lo tanto, la Resolución Administrativa impugnada no vulneró derecho alguno del recurrente, por el contrario le hizo conocer el motivo por el cual su solicitud no puede ser atendida por la Administración Tributaria al tratarse de una decisión que recae sobre una autoridad Judicial, que debe resolver la apelación planteada, por lo cual se debe sanear los vicios que se arrastran del proceso judicial a efectos de poder tomar las acciones correspondientes. 

Como se evidencia, la Administración Tributaria no ha vulnerado el derecho a la defensa del recurrente, hizo notar a esta Autoridad que todas sus solicitudes fueron respondidas, siendo la última mediante Proveído que indicaba que se tenía que esperar la resolución de la Autoridad Judicial; no obstante, ante sus insistentes y reiterativas notas, se le informó de manera más explícita el motivo por el cual la Administración Tributaria se encuentra imposibilitada de atender su solicitud, 5 de 15 

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correspondiendo que el recurrente asuma defensa en la vía judicial, observando que el recurrente alega la vulneraciones al debido proceso, seguridad Jurídica y acceso a una justicia imparcial, empero pretende desconocer que la Administración Tributaria goza igualmente de dichos derechos, los cuales al haber sido vulnerados en la sentencia N° 186/2018 y la sentencia N° 565/2019. 

Por lo expuesto, solicitó se rechace el Recurso de Alzada o en caso de mantener firme su admisión se emita Resolución confirmando totalmente el Resolución Administrativa 232070000371 de 13 de agosto de 2020. 

11.4. Apertura de Término probatorio. 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 16 de septiembre de 2020. se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, el 16 de septiembre de 2020. tal como cursa en diligencias (fs. 28-29 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 6 de octubre de 2020, el recurrente dentro del referido plazo probatorio, mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 2020 (fs. 30 del expediente), ratificó las pruebas y los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

Por su parte, la Administración Tributaria dentro de referido plazo, mediante memorial presentado el 05 de octubre de 2020 (fs. 33 del expediente), ofreció y ratificó como prueba los antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 26 de octubre de 2020, el recurrente dentro del citado plazo, mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2020 (fs. 36-39 vta. del expediente), presentó alegatos en conclusión bajo los mismos argumentos de su Recurso de Alzada. 

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Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2020 (fs. 42-43 vta. del expediente), formuló sus alegatos en conclusión bajo los mismos argumentos de su contestación al presente Recurso de Alzada. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA DETERMINATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

111.1 El 8 de noviembre de 2018, el recurrente mediante nota s/n, solicitó a la Administración Tributaria que por Sentencia ejecutoriada, de 10 de septiembre 

de 2018. deje sin efecto el NIT, supuestas deudas tributarias y se ordene 

levantamiento de toda medida coactiva tomada en su contra (fs. 317 de 

antecedentes). 

111.2 El 4 de diciembre de 2018, el recurrente mediante nota s/n, reiteró a la Administración Tributaria que por Sentencia ejecutoriada se deje sin efecto el 

NIT, supuestas deudas tributarias, se ordene el levantamiento de toda medida 

coactiva tomada en su contra (fs. 146 el de antecedentes). 

111.3 El 3 de enero de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE SIN/GDSCZ l/DJCC/INF/00026/2019, referenciado “Acción judicial a 

tomar frete a Sentencia Ejecutoriada emitida por Juzgado Civil y Comercial 8vo 

de la capital, que declara nulidad de Testimonio Poder 660/2007, otorgada 

por Notaría de Fe Pública N° 9 de la capital, que generó empadronamiento del 

recurrente; y concluyó que mediante solicitudes de 8 de noviembre.y 4 de 

diciembre de 2018, la Administración Tributaria recién había tomado 

conocimiento de la ejecutoria de la Sentencia Civil N° 186/2018, de la que se 

evidenció, ente otras cosas, que fue planteada prescindiendo de terceras 

personas, si bien anula el citado Poder y sus efectos retroactivos, no expresa 

en sentido a qué persona y acto jurídico se tiene que invalidar, por lo que a su 

criterio se configuró el fraude procesal, por el planteamiento de la acción del 

recurrente que al buscar sólo la invalidez del testimonio poder, provocó que no 

se ponga en conocimiento a la Administración Tributaria para que asuma 

defensa (fs. 203-207 el I de antecedentes). 

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111.4 El 16 de enero de 2019, la Administración Tributaria notificó en Secretaría al recurrente con el Proveído 241970000105 de 16 de enero de 2019. con el cual expuso que si bien la Sentencia emitida por el Juzgado Público Octavo Civil y Comercial, que declara la nulidad del Testimonio Poder 660/2007. no es menos cierto que la citada Sentencia no ordenaba que se invalide el empadronamiento, además de que no había sido parte del proceso civil (fs 136-137 el de antecedentes). 

111.5 El 27 de diciembre de 2019, el recurrente presentó nota s/n ante el Presidente Ejecutivo del SIN, referenciada “Presenta queja en contra del Gerente Distrital I y pide se haga justicia dando cumplimiento a Sentencia ejecutoriada”. manifestando que la Administración Tributaria de manera ilegal, abusiva y burlesca mediante providencia de 16 de enero de 2019, reconoció que la Sentencia declaró la nulidad del Poder, pero rechaza la solicitud (fs.227-227 vta. elI de antecedentes). 

111.6 El 15 de enero de 2020, el recurrente presentó nota s/n, asignada con NUIT 548 por parte de la Administración Tributaria, en la que reiteró que por Sentencia ejecutoriada se deje sin efecto el NIT, pidió respuesta fundada y motivada en cumplimiento de los derechos constitucionales del debido proceso y defensa (fs. 8 el de antecedentes). 

111.7 El 28 de febrero de 2020, la Administración Tributaria presentó ante el Juez Público Octavo en Materia Civil y Comercial de la capital, Recurso de Apelación, solicitando la anulación de obrados hasta la admisión de la demanda, disponiendo que el SIN sea notificado como tercero interesado en el proceso seguido por el recurrente contra Roger Banegas Banegas (fs. 58-64 el de antecedentes). 

111.8 El 9 de junio de 2020, el recurrente presentó nota s/n, asignada con NUIT 3127 por parte de la Administración Tributaria, mediante la cual reiteró que por Sentencia ejecutoriada se deje sin efecto el NIT y adjunta más pruebas que certifican su calidad de dependiente (fs. 2 el de antecedentes). 

111.9 El 25 de junio de 2020, el recurrente presentó nota s/n, asignada con NUIT 3285 por parte de la Administración Tributaria, en la que solicitó pronunciamiento respecto a la Sentencia ejecutoriada y que se deje sin efecto 8 de I 5

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Impugnación Tributaria 

el NIT, supuestas deudas tributarias y se pronuncie sobre las pruebas presentadas, ordenándose el levantamiento de toda medida coactiva tomada en su contra (fs. 5 el de antecedentes). 

111.10 El 18 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 232070000371 de 13 de agosto de 2020, en la cual resolvió: Primero. Declarar improcedente, la solicitud del contribuyente de dejar sin efecto el NIT aperturado hasta que se resuelva; la apelación planteada por la Administración Tributaria ante el Juzgado Público octavo en materia Civil y Comercial de la capital. Segundo. Se extraña las pruebas señaladas en la hoja de ruta 3127-2020 por el contribuyente (fs. 382- 384 ell de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO 

El recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, formuló un solo agravio que versa sobre la vulneración de Derechos Constitucionales. 

No obstante, de lo anterior la Administración Tributaria en la contestación observó la admisión del Recurso, por lo que es ineludible para esta Autoridad, con carácter previo, revisar lo alegado por la Administración Tributaria, para verificar ia existencia o inexistencia de omisiones en las que se pudiera haber incurrido en la admisión y tramitación del Recurso de Alzada; y si no correspondiere la anulación de obrados en la etapa recursiva, se procederá a la revisión y análisis del agravio planteado por el recurrente, pues como lo estableció la Sentencia Constitucional 1307/2011-R, de 26 de septiembre de 2011: “(…) derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas (…) resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes caso contrario vicia de nulidad sus actos y decisiones” (resaltado propio). 

IV.1. Cuestión Previa sobre la admisión del Recurso de Alzada, observada por la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria refirió que a través del acto impugnado, señaló su imposibilidad de emitir un pronunciamiento respecto a la solicitud de nulidad de NIT planteada por el recurrente, por encontrarse pendiente de resolución ante el Juzgado 9 de 15 

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Publico Octavo en materia civil y comercial de la capital, motivo por el que considera que en el presente Recurso existe litispendencia, no pudiendo esta Autoridad entrar a juzgar y emitir una resolución, pues es la citada Autoridad Judicial, es la competente para resolver y emitir pronunciamiento. Añadió que el presente Recurso de Alzada, es el mismo que fue planteado en el referido Juzgado Civil y Comercial, el cual se encuentra en proceso de Apelación a la Sentencia que rechaza el incidente de nulidad de obrados con el cual se está poniendo en litigio la calidad de cosa Juzgada invocada por el recurrente, al considerar que en el proceso que se originó la misma. contiene vicios de nulidad, por lo que considera que el recurrente de una manera engañosa y poco honesta, pretende inducir en error a esta Autoridad, al plantear este Recurso aun sabiendo que el objeto del mismo se encuentra aún pendiente de resolución ante una autoridad judicial, aspecto no advertido en el momento de la Admisión del Recurso, por lo cual se debería rectificar las actuaciones y emitir Auto de Anulación de Obrados y en consecuencia rechazar el Recurso de Alzada, al ser una medida interna que no puede ser impugnada de acuerdo a lo previsto en el art 195 de la Ley 2492 (CTB), ya que simplemente es un acto informativo que recuerda al contribuyente que es una Autoridad Judicial la que debe emitir pronunciamiento final y no la Administración Tributaria. 

Al respecto, el art. 131 de Ley 2492 (CTB), establece que la Autoridad de Impugnación Tributaria (antes Superintendencia Tributaria), es la entidad administrativa competente por mandato legal, para admitir y tramitar los Recursos de Alzada y Recursos Jerárquicos, interpuestos contra los actos definitivos de alcance particular emitidos por la Administración Tributaria, para que en el marco de las atribuciones normativas definidas por el art. 140 ine a) del mismo cuerpo legal, debe conocer y resolver de forma fundamentada todos los recursos puestos a su conocimiento; entendiendo que conforme el art. 143 de Ley 2492 (CTB), indica que el Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1 Las Resoluciones Determinativas. 2. Las Resoluciones Sancíonatorias 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo yel art 4 de Ley 3092 (Título Vdel CTB), señala que además de lo dispuesto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) será admisible también contra: 1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificadas. 2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago condonación 4 Todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

En ese contexto, es importante considerar también que el derecho a la seguridad jurídica en materia Administrativa, ha sido legalmente constituido en su vertiente de principios, así el art. 4 ine c) de la Ley 2341 (LPA), reconoce el “Principio de sometimiento pleno a la ley”, mandando a través de cual la Administración Pública, rige sus actos de manera estricta, únicamente a la Ley y a la Constitución Política del Estado; en efecto, en caso de que ésta esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria advierta errores en sus actos administrativos, cuyos efectos hubieran resultado en beneficio cierto o aparente de un sujeto procesal, en aplicación del citado Principio, está en la obligación de reponer los hechos en procura de asegurar los referidos derechos. 

De esta forma, una vez remitidos los antecedentes del caso, se comprobó que el 8 noviembre de 2018, el recurrente mediante nota s/n, solicitó a la Administración Tributaria que por Sentencia ejecutoriada, de 10 de septiembre de 2018, deje sin efecto el NIT, supuestas deudas tributarias y se ordene levantamiento de toda medida coactiva tomada en su contra; del mismo modo, el 4 de diciembre de 2018, el recurrente mediante nota s/n, reiteró a la Administración Tributaria que por Sentencia ejecutoriada se deje sin efecto el NIT, supuestas deudas tributarías, se ordene el levantamiento de toda medida coactiva tomada en su contra. 

De los mismos antecedentes, se evidenció que el 3 de enero de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE.SIN/GDSCZ l/DJCC/INF/00026/2019, referenciado “Acción judicial a tomar frente a Sentencia Ejecutoriada emitida por Juzgado Civil y Comercial 8vo de la capital, que declara nulidad de Testimonio Poder 660/2007, otorgada por Notaría de Fe Pública N° 9 de la capital, que generó empadronamiento del recurrente”; y concluyó que mediante solicitudes de 8 de noviembre y 4 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria 

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recién había tomado conocimiento de la ejecutoria de la Sentencia Civil 186/2018. de la que se evidenció, ente otras cosas, que fue planteada prescindiendo de terceras personas, si bien anula el citado Poder y sus efectos retroactivos, no expresa en sentido a qué persona y acto jurídico se tiene que invalidar, por lo que a su criterio se configuró el fraude procesal, por el planteamiento de la acción del recurrente que al buscar sólo la invalidez del testimonio poder, provocó que no se ponga en conocimiento a la Administración Tributaria para que asuma defensa 

Del mismo modo, se observó que el 16 de enero de 2019, la Administración Tributaria notificó en Secretaría al recurrente con el Proveído 241970000105 de 16 de enero de 2019, con el cual expuso que si bien la Sentencia emitida por el Juzgado Público Octavo Civil y Comercial, que declara la nulidad del Testimonio Poder 660/2007, no es menos cierto que la citada Sentencia no ordenaba que se invalide el empadronamiento, además de que no había sido parte del proceso civil: posteriormente, el 27 de diciembre de 2019, el recurrente presentó nota s/n ante el Presidente Ejecutivo del SIN, referenciada “Presenta queja en contra del Gerente Distrital I y pide se haga justicia dando cumplimiento a Sentencia ejecutoriada”. manifestando que la Administración Tributaria de manera ilegal, abusiva y burlesca mediante providencia de 16 de enero de 2019, reconoció que la Sentencia declaró la nulidad del Poder, pero rechaza la solicitud. 

Continuando con la revisión de los antecedentes remitidos, se comprobó que el 15 de enero de 2020, el recurrente presentó nota s/n, asignada con NUIT 548 por parte de la Administración Tributaria, en la que reiteró que por Sentencia ejecutoriada se deje sin efecto el NIT, pidió respuesta fundada y motivada en cumplimiento de los derechos constitucionales del debido proceso y defensa; por su parte, la Administración Tributaria, el 28 de febrero de 2020, presentó ante el Juez Público Octavo en Materia Civil y Comercial de la capital, Recurso de Apelación, solicitando la anulación de obrados hasta la admisión de la demanda, disponiendo que el SIN sea notificado como tercero interesado en el proceso seguido por el recurrente contra Roger Banegas Banegas. 

Prosiguiendo con los antecedentes, se evidenció que el 9 de junio de 2020, el recurrente presentó nota s/n, asignada con NUIT 3127, por parte de la Administración Tributaria, mediante la cual reiteró que por Sentencia ejecutoriada se deje sin efecto 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

el NIT y adjunta más pruebas que certifican su calidad de dependiente; de igual forma, el 25 de junio de 2020, el recurrente presentó nota s/n, asignada con NUIT 3285 por parte de la Administración Tributaria, en la que solicitó pronunciamiento respecto a la Sentencia ejecutoriada y que se deje sin efecto el NIT, supuestas deudas tributarias y se pronuncie sobre las pruebas presentadas, ordenándose el levantamiento de toda medida coactiva tomada en su contra. 

Finalmente, el 18 de agosto de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 232070000371 de 13 de agosto de 2020, en la cual resolvió: Primero. Declarar improcedente, la solicitud del contribuyente de dejar sin efecto el NIT aperturado hasta que se resuelva; la apelación planteada por la Administración Tributaria ante el Juzgado Público octavo en materia Civil y Comercial de la capital. Segundo. Se extraña las pruebas señaladas en la hoja de ruta 3127-2020 por el contribuyente. 

Ahora bien, una vez interpuesto el Recurso de Alzada por parte del recurrente, contra la Resolución Administrativa N° 232070000371 de 13 de agosto de 2020; y estando claro que la parte recurrente al momento de interponer su Recurso de Alzada, no adjuntó ningún documento para que esta Autoridad cuente con mayores elementos a ser considerados en este caso en particular, toda vez que a prima facie no revestía ningún obstáculo para ser de conocimiento de esta instancia, máxime si acusó la vulneración de sus derechos constitucionales, que esta instancia está obligada a comprobar, conforme lo entendido por la Sentencia Constitucional citada al inicio de esta fundamentación; es así que con la remisión de los antecedentes por parte de la Administración Tributaria y su contestación; indiscutiblemente, se toma conocimiento completo y cabal de las circunstancias que motivaron el acto administrativo sujeto a impugnación, siendo evidente que la parte recurrente con las NUIT 548, NUIT 3127 y NUIT 3285 identificadas en Vistos del acto administrativo, solicitó a la Administración Tributaria cuatro aspectos: 1. Dejar sin efecto el NIT, 2. Dejar sin efecto las supuestas deudas tributaria, 3. Se pronuncie sobre las pruebas presentadas y 4. Se ordene el levantamiento de todas las medidas coactivas en su contra; no obstante, dentro del acto impugnado, evidentemente no se establece la respuesta puntual a todos estos planteamientos, sino únicamente a la solicitud de dejar sin efecto el NIT y los demás aspectos de manera intrínseca, empero claramente no se otorgó una respuesta. negativa de manera definitiva; en efecto, la parte resolutiva de la Resolución 

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Cerificado Nc 771/14 

Administrativa 232070000371 de 13 de agosto de 2020, estableció textualmente: “Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud del contribuyente de dejar sin efecto el NIT aperturado hasta que se resuelva; la apelación planteada por la Administración Tributaria ante el Juzgado Publico octavo en materia Civil y Comercial de la capital.”: de lo que se infiere que una vez que se resuelva la apelación planteada ante dicho Juzgado, la Administración Tributaría otorgaría una respuesta definitiva respecto a las cuestiones planteadas por la parte recurrente. 

Bajo este análisis, con todos los aspectos tácticos conocidos por esta Autoridad, se llega a la firme convicción que la Admisión del Recurso de Alzada interpuesto el 20 de agosto de 2020, es incorrecta; en consecuencia, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Auto de Admisión de 26 de agosto de 2020, cursante a fs. 11 del expediente, inclusive; y disponer que por Secretaría de Cámara de esta Autoridad se emita el correspondiente Auto de Rechazo del presente Recurso de Alzada, puesto que la Resolución Administrativa 232070000371 de 13 de agosto de 2020, no es un acto administrativo definitivo, toda vez que, el pronunciamiento de la Administración Tributaria recurrida, sobre los aspectos peticionados por el sujeto pasivo, está condicionado al resultado de la apelación planteada por la Administración Tributaria ante el Juzgado Público octavo en materia Civil y Comercial de la capital . 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29.894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de Admisión de 26 de agosto de 2020, cursante a fs. 11 del expediente, inclusive, y disponer que por Secretaría de Cámara de esta Autoridad se emita el correspondiente Auto de RECHAZO del presente Recurso de Alzada, de acuerdo a 

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Impugnación Tributaria 

los argumentos sostenidos a lo largo de los fundamentos técnicos jurídicos que anteceden, de conformidad con el ine c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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