ARIT-SCZ-RA-0666-2020 La prescripción se perfecciona igualmente en procesos de verificación POSTERIOR-CEDEIM

ARIT-SCZ-RA-0666-2020

i, 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0666/2020 

Recurrente CARGILL BOLIVIA SA representada por Jorge Luis Arce Mendoza. 

Administración Recurrida Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) representada por Miguel 

Ángel Vaca Chávez. 

Resolución Administrativa de Devolución 

Indebida Posterior 212079000098 de 

29 de junio de 2020. 

ARIT-SCZ-0459/2020. 

: Santa Cruz, 13 de noviembre de 2020 

VISTOS

Acto Impugnado 

Expediente Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SC27ITJ 0666/2020 de 12 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, emitió Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098, de 29 de junio de 2020, que resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por 

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Justicia tributaria para vivir bien 

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Sistens deGestar delaCaBdad 

Certificado 771/l

concepto de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal devuelto, del que resultó un importe indebidamente devuelto al contribuyente CARGILL BOLIVIA SA con NIT 1015571020 de Bs41.742.- y el monto de Bs5.182.- por concepto de mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al Crédito Fiscal comprometido y observado en los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, importes que a la fecha de emisión de la citada Resolución ascienden a 31.021.- UFV’s equivalentes a Bs72.876.- correspondientes a los montos indebidamente devueltos actualizados e intereses. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

CARGILL BOLIVIA SA representada por Jorge Luis Arce Mendoza, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2020 (fs. 51-57 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212079000098, de 29 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria. 

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria pretende determinar adeudos tributarios de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, sin considerar que por el transcurso del tiempo sus facultades de determinación, respecto a esta gestión, han prescrito. Citó la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 y AGIT-RJ 0752/2020, sobre la prescripción, y señaló que la Ley 2492 (CTB) reconoce a la prescripción como una forma de extinción de la obligación tributaria, donde el art. 59 de la precitada Ley dispone que, en cierto plazo, las acciones de la Administración para determinar la deuda tributaria prescribirán. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Consideró indispensable identificar el término de prescripción apropiado para el presente caso, por lo que citó lo manifestado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, y advirtió que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha ratificado que el término de prescripción aplicable es aquel vigente al momento del inicio del cómputo de la prescripción, y no así aquel vigente a momento de notificado el acto administrativo como pretende argüir el Servicio de Impuestos Nacionales. Con base en estos precedentes constitucionales, que además son vinculantes y de aplicación obligatoria por los Poderes de Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces de acuerdo con el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, consideró correcto afirmar que, en el presente caso, el término de prescripción aplicable es aquel vigente en los meses de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012; es decir, para los primeros tres meses, la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, y para el último mes el régimen de prescripción establecido por medio de las Leyes 291 y 317; sin embargo, señaló que la diferenciación carecía de sentido práctico pues en ambos casos se establecían un término de 4 años de prescripción. 

Explicó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por las leyes antes mencionadas, establecía que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018. En este sentido, consideró evidente que las facultades de determinación de la Administración Tributaria han prescrito, habiéndose iniciado el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2013 y concluido el 31 de diciembre de 2016, por lo que las facultades de determinación del Sujeto Activo, respecto a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo y septiembre de la gestión 2012, prescribieron el 1 de enero de 2017. Por ello, a tiempo de notificada la Resolución Administrativa; es decir, el 27 de julio de 2020. Por ello, a tiempo de notificada la Resolución Administrativa; es decir, el 27 de julio de 2020, las facultades de determinación del SIN habían prescrito hacía más de tres años atrás. 

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Aclaró que en el presente caso no operó ninguna causal de suspensión, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley (2492), debido a que, en el presente caso, el procedimiento de devolución indebida de IVA dio inicio con las Ordenes de Verificación Externa 14990200448, 14990200449, 14990200550 y 14990200102; ordenes que, de ningún modo, puede ser equiparada a una Orden de fiscalización por lo que no se puede entender a estas órdenes de verificación externa como causales de suspensión, criterio que coincide con lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0752/2020 de 13 de julio de 2020. 

Citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0422/2020 y AGIT-RJ 0752/2020 señaló que la conclusión de la AGIT es uniforme y contundente: el término de prescripción aplicable es aquel vigente a momento de iniciado el cómputo, no aquel vigente a momento de notificado el acto administrativo. Así, bajo esta premisa, argumentó que es evidente que las facultades de control y determinación del SIN, respecto a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo y septiembre de la gestión 2012 han prescrito superabundantemente, y que un razonamiento en contrario, conforme lo advirtió el Tribunal Constitucional Plurinacional, implicaría no sólo desconocer la línea jurisprudencial contundente emitida en la materia, sino fundamentalmente vulnerar el principio de irretroactividad de la Ley. 

Señaló que la Resolución impugnada sostiene que el cómputo de la prescripción debe computarse a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de devolución indebida, lo que consideró una imprecisión técnica y una lectura sesgada de la norma, debido a que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece con meridiana claridad que, exceptuando el caso de contravenciones tributarias, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, sin excepciones para el caso de devoluciones de IVA, por lo que consideró correcto afirmar que, en el presente caso, el cómputo dio inicio el 1 de enero del año siguiente en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago; es decir, el 1 de enero de 2014 y no así el 1 de enero de 2016 como pretende hacer valer el SIN, criterio señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0558/2014. 

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Autoridad de 

Impu6nación Tributaria 

11.1.2 Sobre el crédito fiscal depurado. 

Señaló que la Administración Tributaria observó una serie de facturas presentada por diferentes códigos: 

Código 2: No vinculada a la actividad del contribuyente. 

Bajo este código se encuentran facturas de servicios de salud, servicios de seguro, atención médica, compras de combustible, servicios de mantenimiento de vehículos y compra de víveres. 

Con relación a los servicios de salud y atención médica, explicó que estos servicios fueron conferidos a favor del personal de CARGILL, porque los trabajadores, como elemento humano de una organización, son indispensables para la obtención de renta gravada por parte de cualquier sociedad. En este entendido, la empresa no sólo debe abordar obligaciones de pago de sueldos y salarios, sino también, y fundamentalmente, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su personal, pues cualquier suspensión en el flujo de trabajo, ocasionará un perjuicio a la empresa. En este orden de ideas, CARGILL asumió los costos por servicios de salud y atención médica con el propósito de velar por la salud de su personal y, de esta manera, asegurar la continuidad de su trabajo, lo que ocasionará que a su vez se siga produciendo renta gravada. Al respecto citó los arts. 8 y 47 de la Ley 843, interpretando que la intención del legislador fue permitir a las empresas asumir aquellos gastos (en el caso del IUE) y el crédito fiscal (en el caso del IVA) que emergen de operaciones que estén destinadas al objeto de la empresa y a su propia subsistencia, bajo esta premisa, resulta evidente que estos gastos se encuentran vinculados a la actividad gravada de la empresa. 

Sobre los contratos de seguros, señaló que corresponde considerar que responden a la necesidad que tiene la empresa de dotar de cierta seguridad a su personal por el riesgo al que se exponen en el desarrollo de sus funciones, señaló que en las Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2552/2018 y AGIT-RJ 1872/2018, se ha confirmado que este tipo de gastos se encuentran vinculados a la actividad gravada de la empresa. Explicó que cuenta con dos diferentes seguros: i) de responsabilidad civil; y ¡i) de transporte. La póliza de responsabilidad civil tiene el 

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Cerificado 771/14 

propósito de asegurar el eventual reembolso de indemnizaciones por parte de CARGILL cuando esta empresa, por acción u omisión, cause daños o perjuicios. Por su lado, la póliza de seguro por transporte tiene el propósito de cubrir eventuales daños que pueda sufrir la mercancía de CARGILL como consecuencia de cualquier incidente en el transporte; como se podrá advertir, estos seguros responden al rubro y naturaleza comercial de la empresa, toda vez que cualquier sociedad comercial involucrada en el transporte de mercancías requiere, indispensablemente, adquirir un seguro de transporte (máxime si se considera que el costo del seguro, conforme dispone el art. 143 de la Ley 1990 (LGA), forma parte del Valor en Aduana de las mercancías importadas. En consecuencia, señaló que corresponde revocar estas observaciones pues, en línea con lo determinado por la AGIT, gastos de esta naturaleza se encuentran vinculados a la actividad gravada de la empresa. 

Respecto a las facturas observadas por la compra de combustibles, señaló que éstas observaciones responden a una falta de entendimiento de sus actividades, siendo una empresa dedicada al desarrollo agrícola a través de la compra y venta de granos (fundamentalmente: soya, sorgo, trigo y maíz), un elemento trascendental de la cadena de suministro es el transporte de los granos y demás insumos, así que se asume los costos de gasolina y mantenimiento de los vehículos encargados de la distribución, debido a que se requiere transportar estos insumos a sus centros de acopio o a los silos en los que trabaja, según corresponda, en consecuencia, no obstante, los vehículos no forman parte del activo fijo de la empresa, los costos que estos representan (precisamente, combustible y mantenimiento), son necesarios para que CARGILL pueda llevar adelante su actividad gravada y, como consecuencia de ello, producir renta sujeta a impuestos. 

Con relación a la compra y adquisición de víveres, explicó que los víveres y demás insumos adquiridos están destinados al consumo del personal que desempeña sus funciones en los silos ubicados en la Zona de 3 Cruces (a una distancia de más de 90 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz) y que responden al cumplimiento estricto del art. 44 de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, por lo que consideró ilógico que el SIN determine que estas facturas no se encuentran vinculadas a la actividad gravada de la empresa. 

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Impugnación Tributaria 

Código 3: No demuestra la efectiva realización y materialización de la transacción. 

Señaló que las observaciones bajo este código carecen de sustento legal, explicó que en la Resolución impugnada el SIN se limitó a hacer una cita indiscriminada de una serie de artículos sin subsumir éstos al caso en particular, que no puede ser considerada como una fundamentación suficiente para establecer reparos impositivos en su contra, por lo que no puede asumir una defensa efectiva (situándose en un estado de indefensión) toda vez que desconoce las razones de orden legal que motivaron al SIN a observar las facturas observadas bajo este código, pues todo acto administrativo no solo debe contar con una relación de los hechos y derechos involucrados en cada caso en particular, sino también, y fundamentalmente, debe contar con una relación que demuestre el modo en que los hechos precisados cumplen o violan, según corresponda, los artículos citados por el SIN, que en el presente caso, tal relación es inexistente, así mismo citó el art. 115 de la CPE y 36 de la Ley 2341 (LPA). 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente o en su defecto se anule la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098 de 29 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098, de 29 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN (fs. 58 del expediente). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

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La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 11 de septiembre de 2020 (fs. 68-79 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria señaló que la prescripción es una institución jurídica según la cual, por el transcurso de un determinado lapso de tiempo, sin ninguna actuación por parte del ente Administrativo, extingue la acción que el sujeto activo tiene para exigir el cumplimiento de una obligación al sujeto pasivo; situación que dentro del presente caso no ha ocurrido, toda vez que dentro del plazo establecido por la Ley 2492 la Administración Tributaria ha ejercido sus facultades de verificación de lo indebidamente devuelto, debiéndose señalar que la norma invocada por la recurrente, ha sufrido modificaciones, mismas que no pueden ser desconocidas por ninguna autoridad y/o contribuyente, no existiendo a la fecha recurso ulterior alguno que haya establecido lo contrario y/o la ilegalidad en la aplicación de las mismas, no obstante si el mismo pretende continuar con la pretensión de desconocer la legalidad de las mismas, existen las vías correspondientes para su impugnación, en este entendido señaló las modificaciones establecidas en la disposición adicional quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, y de la Ley 812. 

Manifestó que la normativa aplicable dentro del presente caso es la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones surgidas a raíz de las Leyes 291, 317 y 812 al haberse emitido la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098 de 29 de junio de 2020, es decir en plena vigencia de esta última, por lo que se ha demostrado normativamente que la pretensión del contribuyente de aplicar la Ley 2492 sin modificaciones es completamente insustentable, por lo que, la supuesta prescripción alegada por la recurrente basada en normativa que no es aplicable con sus modificaciones vigentes, es errada, correspondiendo invalidar dicha pretensión y confirmar totalmente lo resuelto en la Resolución impugnada, más aun, considerando lo normado en el art. 47 de la Ley 2492 modificado por el art. 2 numeral I de la Ley 812, que en su parágrafo IV señala: “Los montos indebidamente devueltos por la Administración Tributaria, serán restituidos por el beneficiario según la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda e intereses, de acuerdo a lo previsto en el presente artículo, calculados a partir de la fecha de la devolución indebida hasta la fecha de 8 de 35

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pago.”, por lo que, en el presente caso, la devolución impositiva la devolución impositiva de los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, fueron efectuadas el 6 de junio de 2014 (enero y febrero), el 31 de julio de 2014 (marzo) y el 19 de diciembre de 2014 (septiembre), respectivamente, y que por efecto de lo establecido por el artículo 60 de la Ley 2492 (CTB) la prescripción para este período empieza a computarse a partir del 1 de enero de 2016, toda vez que como se señaló anteriormente el monto indebidamente devuelto deberá ser calculado a partir de la fecha de la devolución indebida hasta la fecha de pago, por lo que de igual forma el cómputo de la prescripción deberá computarse a partir del primero de enero del año siguiente a fecha de la devolución indebida. 

Señaló que a efectos de poder desvirtuar la solicitud de prescripción del contribuyente se debe establecer que en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, sobre el que basa la solicitud de prescripción el contribuyente, no es aplicable al presente caso toda vez que el presente trámite, trata de una Solicitud de Devolución Impositiva Posterior, mismo que se encuentra reglamentado conforme a procedimiento de restitución de lo indebidamente devuelto, es decir cuándo la Administración Tributaria en cumplimiento de sus obligaciones encomendadas por Ley y haciendo uso de sus facultades procede a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente; sin embargo, en el caso de autos se encuentra claramente diferenciado por los arts. 125, 126 y 128 de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose de manera clara que se trata de una Solicitud de Devolución Impositiva Posterior, que a su vez se encuentra reglamentada por la Ley de Exportaciones 1489 y el DS 25465 que reglamenta la devolución impositiva, en el presupuesto anterior se tiene que siendo la Resolución Administrativa impugnada producto de la atención de una Solicitud (voluntaría del contribuyente) de Devolución Impositiva Posterior, reiteró se trata de un trámite o procedimiento totalmente diferente al que se refiere el citado art. 60, más aun cuando está reglamentado su procedimiento por otra normativa, por lo que aclaró que en el caso concreto, resulta evidente que el cómputo de la prescripción señala que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento de plazo respectivo: sin embargo en el presente trámite se 

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trata de una devolución impositiva solicitada por el sujeto pasivo, por lo que dentro del presente proceso no existe un vencimiento de pago respectivo; pues bien, el contribuyente compromete un crédito fiscal de un período fiscal anterior para solicitar 

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la devolución del mismo, entonces mal podría interpretar la recurrente que el cómputo empezaría a correr a partir del 1 de enero del año del período comprometido siguiente, simple y sencillamente porque no existe un vencimiento de pago como señala el art. 60 del Código Tributario; toda vez que el proceso de devolución impositiva se encuentra sujeto a la solicitud del sujeto pasivo y al momento en el cual se realizó la efectiva devolución al contribuyente, por lo que resulta necesario dejar claramente señalado que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas, se empiezan a computar a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, conforme lo establecido por el procedimiento para la devolución impositiva, esto en virtud a que en la devolución impositiva reiteramos no existe vencimiento de pago y simplemente existe la fecha de devolución impositiva. 

Manifestó que considerando la aplicación de esta normativa (Ley 291, 317 y 812), tal como se señaló líneas arriba se tiene que al haberse modificado el último párrafo del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) por la Ley 291 y ésta a su vez por la Ley 812, modificación normativa que buscó ampliar las facultades de la Administración Tributaria a fin de cumplir con sus facultades a favor del Estado y el bien común, referidas a las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, etc., que al momento de la promulgación de las leyes en cuestión, no se encontraba consolidada la prescripción a favor de los contribuyentes, es decir, no se había cumplido el plazo de tiempo como requisito de la prescripción, hecho que de la revisión de los antecedentes administrativos indubitablemente se puede establecer que no aconteció la prescripción como erradamente lo sostiene la recurrente, debido a que se extendió el plazo de prescripción bajo una modalidad progresiva y retrospectiva tales situaciones de hecho no llegaron a perfeccionarse puesto que el legislador asumió la decisión de impedir o evitar que se consoliden precisamente porque la prescripción, como forma de oposición a las acciones de la Administración Tributaria, supone un incumplimiento de la Ley; de ahí que se comprende que la razonabilidad de esta medida legislativa se funda en la necesidad de evitar, conforme manda la CPE y la Ley, la extinción de la obligación tributaria respecto a deudas impagas por el incumplimiento formal o material (o ambos) por parte de los Sujetos Pasivos; a fin de evitar un trato discriminatorio que favorezca a quien no cumplió sus obligaciones tributarias en detrimento del interés del fisco que representa los intereses colectivos. De donde queda claro que los principios de Legalidad y Seguridad Jurídica no 10de35

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sufrieron menoscabo alguno respecto al incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los Sujetos Pasivos. 

Por tanto, se tiene claramente establecido que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para verificar y establecer el monto de lo indebidamente devuelto respecto a los periodos comprometidos de la gestión 2012 inició a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, es decir al momento de efectivizar la devolución impositiva realizada por la Administración Tributaria a favor del contribuyente ahora recurrente, por lo que para el presente caso considerando que la entrega de los valores requeridos por el contribuyente fueron efectuadas el 6 de junio de 2014 (enero y febrero), el 31 de julio de 2014(marzo) y el 19 de diciembre de 2014 (septiembre), respectivamente, por lo que el cómputo de prescripción inició el primero de enero de la gestión 2015, en este entendido y considerando la vigencia de las modificaciones efectuadas al art. 59 por la Ley 812 la Administración Tributaría tiene 8 años para ejercer sus facultades de verificación y determinación de lo indebidamente devuelto estando a la fecha vigente dichas facultades. 

Citó las Sentencias 013/2013 de 06 de marzo, 021/2013 de 11 de marzo, 401/2013 de 19 de septiembre, 394/2015 de 21 julio de 2015, 137/2017 de 23 de marzo del 2017 y 183/2017 de 23 de marzo del 2017, todas dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señalando que demuestran que se ha establecido en todas sus resoluciones que tanto una Orden de Fiscalización, como una Orden de Verificación por tener iguales fines y concluir con un procedimiento similar, tienen el efecto establecido por el art. 62 de la Ley 2492, es decir, que ya sea que se notifique al sujeto pasivo con una orden de fiscalización o una orden de verificación, ésta notificación conlleva la suspensión del cómputo de la prescripción por un plazo de seis meses, por tanto, respetando el derecho al debido proceso en su elemento de la igualdad procesal que supone que cuando dos personas se encuentren en situaciones fácticas análogas deben recibir el mismo trato en la aplicación de la Ley, por lo que nuevamente se demuestra que las facultades de la Administración Tributaria no estarían prescritas. 

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\ “‘*• ¿lj Aclaró que de la lectura y análisis que se realiza a las Sentencias, Autos Supremos y la jurisprudencia señalada por el sujeto pasivo se evidencia que los casos resueltos a ll de 35 

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través de las mismas no corresponden a hechos facticos idénticos o similares a lo verificado y resuelto por la suscrita Gerencia, es decir que no tratan de Solicitudes de Devoluciones Impositivas, por lo que no corresponde sean aplicadas para la resolución del presente caso. 

11.3.2 Sobre el crédito fiscal depurado. 

Código 2: No vinculada a la actividad del contribuyente. 

Señaló que lo alegado por la recurrente en este acápite refiere a todos aquellos créditos fiscales que fueron depurados debido a que el sujeto pasivo no demostró o respaldó correctamente la vinculación de las compras o servicios a la actividad exportadora, en ese sentido, como fundamentación general para todas las depuraciones efectuadas por los créditos fiscales que generaron las facturas depuradas con el código 2 corresponde considerar los arts. 2 de la Ley 1963, 3 del DS 25465, 11, 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530; asimismo, se debe considerar que no sólo se debe mencionar el uso destino de los productos y/o servicios, como lo realiza el ahora recurrente, sino que necesariamente debe estar documentalmente respaldado, conforme ordenan los numerales 4, 5 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), debiendo considerarse también el art. 76 de la citada norma, sin embargo, se evidencia que los fundamentos que sustentan lo agraviado se refieren de manera general y sin ninguna especificidad que sus facturas se encuentran vinculadas a su actividad gravada, empero no demuestra de ninguna manera y con ningún documento de respaldo esta situación. 

Explicó que de los antecedentes administrativos que se remiten, con relación a las facturas emitidas por seguro de salud, servicios de seguro de odontología y atención médica a funcionarios y dependientes, que todos ellos fueron realizados de manera privada y por estos gastos el contribuyente no demostró su obligación de contratación de estos seguros o el motivo de su contratación, el detalle de los beneficiarios ni la habilitación del mismo, considerándose en consecuencia un seguro de salud adicional al seguro obligatorio. Así también, señaló que el pago de un seguro de salud adicional para los trabajadores en instituciones privadas, lo cual no es obligatorio, es considerado como un beneficio adicional que le otorga el patrono a su trabajador, no correspondiendo el beneficio del crédito fiscal para el empleador. Por 12 de 35

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otro lado, señaló que el precedente jerárquico citado por la recurrente, es inaplicable para la resolución de la presente causa, en razón que los elementos facticos en el proceso citado no son los mismos que en el presente recurso. 

Con relación a las facturas por concepto de compras de combustible (diesel y gasolina), la recurrente, como respaldo a dichas compras presentó las facturas que identifican el número de placa del vehículo, y otros documentos sin embargo, de la revisión a toda la documentación de propiedad de vehículos del sujeto pasivo se evidenció que ninguno de estos documentos refiere o corresponden a los números de placas en los cuales fueron cargados los combustibles comprados, por ende no se pudo evidenciar la vinculación de dichas compras con su actividad exportadora, conforme lo ordena la normativa tributaria descrita precedentemente. Lo mismo ocurre con aquellas facturas por servicios de mantenimiento y reparación vehículos; de las cuales no se pudo establecer (al no haberse respaldado) a que bien o vehículo específicamente fue destinado el servicio y si este es de propiedad del contribuyente, por tanto, se demuestra que no se puede relacionar dicho servicio con la actividad exportadora de la recurrente y que dichos créditos fiscales no son válidos. Al respecto, la recurrente en su memorial de recurso de alzada reconoce que los vehículos para los cuales se realizaron las compras y los servicios no son de su propiedad (punto 43 del memorial), y si bien señala que son necesarios para que pueda llevar adelante a su actividad gravada, empero no respalda dicha afirmación, incumpliendo sus obligaciones tributarías. 

Sobre la compra de víveres y otros, señaló que no se pudo establecer el objeto de estas compras, si las mismas están destinadas a una atención del contribuyente de cocina-comedor u otro servicio de atención de comidas, quienes son los beneficiarios o a quienes se tiene destinado este servicio, de igual forma respecto a materiales de limpieza no se pudo comprobar el uso y destino de estas compras, al no contar con las solicitudes de compra, registro de ingresos a almacén y otros documentos que demuestren que estas compras son requerimientos propios y necesarios, demostrándose sin lugar a dudas que la recurrente no cumplió de ninguna manera con su obligación dispuesta por el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por tanto corresponde confirmar en su totalidad las observaciones efectuadas. 

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Código 3: No demuestra la efectiva realización y materialización de la transacción. 

Manifestó que el sujeto pasivo no realizó ninguna alegación con relación a las observaciones relacionadas al Código 3 de las cuales no ha demostrado la efectiva realización y materialización de la transacción, limitándose a señalar que existe una supuesta falta de fundamentación y concluyendo que no podría asumir una defensa efectiva, sin embargo, de los antecedentes administrativos del acto impugnado se evidencia que todas aquellas facturas depuradas con este código también fueron observadas ya sea con los códigos 1 y 2 respectivamente, es decir que tienen códigos combinados, no existiendo ni una sola factura que ha sido depurada únicamente con el código 3, sin embargo respecto a los otros códigos de depuración el sujeto pasivo no se ha referido y mucho menos a asumido defensa. 

Explicó que todas estas las facturas fueron depuradas debido a que el contribuyente no presentó ninguna documentación de respaldo, por tanto, no se pudo comprobar la transferencia de dominio y/o la efectiva prestación del servicio ni el pago al proveedor. Señaló que la contribuyente tuvo la oportunidad de referirse de manera puntual a esta observación que es clara, sin embargo, de manera voluntaria no realiza ninguna alegación que le permita asumir defensa, teniéndose así que el hecho de que por su propia voluntad haya omitido presentar cualquier documento que descargue la efectiva realización de la transacción, sabiendo que es uno de los requisitos ineludibles para la procedencia y aceptación de sus créditos fiscales comprometidos, no significa vulneración a sus derechos constitucionales como erradamente alega, toda vez que la negligencia del contribuyente de no realizar ninguna sola acción a su favor no puede trasladarse a la Administración Tributaria, al respecto consideró importante citar lo resuelto en la Sentencia Constitucional 1512/2010-R. En ese entendido, quedan totalmente desvirtuadas las afirmaciones de la recurrente de que se haya vulnerado su derecho a la defensa, pues en antecedentes se demuestra plenamente que desde el inicio de la verificación se le ha dado la oportunidad al recurrente de intervenir ,en él con la presentación de la documentación que estime conveniente o cualquier otro accionar, empero voluntariamente la recurrente prefirió no aportar nada dentro de los plazos vigentes en el proceso de verificación poniéndose de esta manera en un estado de 

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Impugnación Tributaria 

indefensión de manera voluntaria, desvirtuándose de esta manera los inconsistentes argumentos vertidos sin ningún respaldo en el recurso de alzada presentado. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098 de 29 de junio de 2020. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 14 de septiembre de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria el 16 de septiembre de 2020 (fs. 81-82 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 6 de octubre de 2020, la Administración Tributaria, el 25 de septiembre de 2020 ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 83 del expediente). 

Por su parte, la recurrente no ratificó ni presento pruebas. 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 26 de octubre de 2020, la Administración Tributaria el 26 de octubre de 2020 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente Recurso de Alzada (fs. 86-89 del expediente). 

Por otra parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales, dentro del plazo establecido. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

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Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes 

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El 27 de abril de 2017, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la recurrente con las Ordenes de Verificación 14990200448, 14990200449, 14990200550 y 14990200102, todas de 22 de marzo de 2017, bajo la modalidad de VERIFICACIÓN POSTERIOR-CEDEIM, para la verificación del importe solicitado correspondiente al IVA, ICE y de las formalidades del Gravamen Arancelario (GA) de los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012. Asimismo, medíante Requerimientos N°119918 y 119929, y Notas SIN/GGSCZ/DF/SVE/NOT/00640/2017 y SIN/GGSCZ/DF/SVE/NOT/00635/2017 solicitó a la recurrente documentación complementaria para el inicio de la verificación (fs. 3-6, 16- 34 de antecedentes c. I). 

El 12 de mayo de 2017, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria una prórroga de 20 días hábiles administrativos para la presentación de la información solicitada mediante Ordenes de Verificación Externa, por lo cual la Administración Tributaria, mediante Auto N°251779000178, de 18 de mayo de 2017, otorgó a la recurrente el plazo de cinco días hábiles a partir de su legal notificación con el citado Auto, para la entrega de toda la documentación requerida (fs. 36 y 38-44 de antecedentes el). 

El 5, 14 y 30 de junio, 16 de agosto, 9 de octubre, 22 de noviembre y 28 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió Actas de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada y sus observaciones (fs. 45 -50 y 6140-6145 de antecedentes c. I y c. XXXI). 

El 7 de junio de 2017, la recurrente mediante nota dirigida a la Administración Tributaria, señaló que sólo a fin de cumplir con su obligación como sujeto pasivo procedió a la presentación de la documentación solicitada y aclaró que bajo ningún punto de vista dicha presentación significa ni debe ser tomada como consentimiento y/o reconocimiento, pues la facultad para fiscalizar, revisar y determinar deuda tributaria por la gestión 2012 a la fecha se encuentra prescrita por lo que opuso prescripción (fs. 6148-6157 de antecedentes c. XXXI). 

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Impu6nación Tributaria 

111.5 El 29 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/02803/2017, que estableció observaciones al crédito fiscal comprometido de los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, que originaron su depuración, por lo que determinó crédito fiscal no válido para devolución impositiva por un importe total de Bs41.742.- y ratificó el importe de Bs26.005.403.- como importe válido para la devolución impositiva, y recomendó remitir obrados al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva a fin de proceder conforme normativa (fs. 6159-6189 de antecedentes c. XXXI). 

111.6 El 28 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Complementario SIN/GGSCZ/DF/UVE/INF/0997/2019, que ratificó los resultados de la Verificación Posterior ejecutada mediante Orden de Verificación 14990200448, 14990200449, 14990200550 y 14990200102, establecidos en el Informe de Conclusiones SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/02308/2018, y respecto a la restitución de mantenimiento de valor por el importe comprometido en los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, al evidenciarse observaciones al crédito fiscal en la devolución impositiva de Bs41.742.- estableció el mantenimiento de valor indebidamente restituido de Bs5.182.- y recomendó considerar el Informe SIN/GGSCZ/DF/UVE/INF/0997/2019 complementario al Informe de Conclusiones SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/02803/2017 previo a la emisión de la Resolución Administrativa (fs. 6301-6305 de antecedentes c. XXXII). 

III.7 El 27 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal al representante legal de la recurrente con la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098, de 29 de junio de 2020, que resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por concepto de devolución tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal devuelto, del que resultó un importe indebidamente devuelto al contribuyente CARGILL BOLIVIA SA con NIT 

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1015571020 de Bs41.742.- y el monto de Bs5.182.- por concepto de 

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mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al Crédito Fiscal comprometido y observado en los periodos de enero, 

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febrero, marzo y septiembre de 2012, importes que a la fecha de emisión de la citada Resolución ascienden a 31.021.- UFV’s equivalentes a Bs72.876.- correspondientes a los montos indebidamente devueltos actualizados e intereses (fs. 6308-6345 de antecedentes c. XXXII). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

Cuestión previa. 

De la lectura del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, se advierte que entre sus agravios invocó prescripción, por lo que, precautelando la seguridad jurídica y el Principio de Economía procesal, esta instancia recursiva verificará primero la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada y solo en caso de no ser evidente la misma se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados. 

La recurrente expuso como agravios los siguientes: 1. Prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria y 2. Sobre el crédito fiscal depurado: Código 2: No vinculada a la actividad del contribuyente y Código 3: No demuestra la efectiva realización y materialización de la transacción, observaciones que serán desglosadas a continuación. 

IV.1 Sobre la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria. 

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria pretende determinar adeudos tributarios de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, sin considerar que por el transcurso del tiempo sus facultades de determinación, respecto a esta gestión, han prescrito. Citó la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 y AGIT-RJ 0752/2020, sobre la prescripción, y señaló que la Ley 2492 (CTB) reconoce a la prescripción como una forma de extinción de la obligación tributaria, donde el art. 59 de la precitada Ley dispone que, en cierto plazo, las acciones de la Administración para determinar la deuda tributaria prescribirán. 

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Impugnación Tributaria 

Consideró indispensable identificar el término de prescripción apropiado para el presente caso, por lo que citó lo manifestado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, y advirtió que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha ratificado que el término de prescripción aplicable es aquel vigente al momento del inicio del cómputo de la prescripción, y no así aquel vigente a momento de notificado el acto administrativo como pretende argüir el Servicio de Impuestos Nacionales. Con base en estos precedentes constitucionales, que además son vinculantes y de aplicación obligatoria por los Poderes de Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces de acuerdo con el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, consideró correcto afirmar que, en el presente caso, el término de prescripción aplicable es aquel vigente en los meses de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012; es decir, para los primeros tres meses, la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, y para el último mes el régimen de prescripción establecido por medio de las Leyes 291 y 317; sin embargo, señaló que la diferenciación carecía de sentido práctico pues en ambos casos se establecían un término de 4 años de prescripción. 

Explicó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por las leyes antes mencionadas, establecía que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018. En este sentido, consideró evidente que las facultades de determinación de la Administración Tributaria han prescrito, habiéndose iniciado el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2013 y concluido el 31 de diciembre de 2016, por lo que las facultades de determinación del Sujeto Activo, respecto a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo y septiembre de la gestión 2012, prescribieron el 1 de enero de 2017. Por ello, a tiempo de notificada la Resolución Administrativa; es decir, el 27 de julio de 2020. Por ello, a tiempo de notificada la Resolución Administrativa; es decir, el 27 de julio de 2020, las facultades de determinación del SIN habían prescrito hacía más de tres 

U V.-.VíilMl-jl 

años atrás. 

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Aclaró que en el presente caso no operó ninguna causal de suspensión, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley (2492), debido a que, en el presente caso, el procedimiento de devolución indebida de IVA dio inicio con las Ordenes de Verificación Externa 14990200448, 14990200449, 14990200550 y 14990200102; ordenes que, de ningún modo, puede ser equiparada a una Orden de fiscalización por lo que no se puede entender a estas órdenes de verificación externa como causales de suspensión, criterio que coincide con lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0752/2020 de 13 de julio de 2020. 

Citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0422/2020 y AGIT-RJ 0752/2020 señaló que la conclusión de la AGIT es uniforme y contundente: el término de prescripción aplicable es aquel vigente a momento de iniciado el cómputo, no aquel vigente a momento de notificado el acto administrativo. Así, bajo esta premisa, argumentó que es evidente que las facultades de control y determinación del SIN, respecto a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo y septiembre de la gestión 2012 han prescrito superabundantemente, y que un razonamiento en contrario, conforme lo advirtió el Tribunal Constitucional Plurinacional, implicaría no sólo desconocer la línea jurisprudencial contundente emitida en la materia, sino fundamentalmente vulnerar el principio de irretroactividad de la Ley. 

Señaló que la Resolución impugnada sostiene que el cómputo de la prescripción debe computarse a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha de devolución indebida, lo que consideró una imprecisión técnica y una lectura sesgada de la norma, debido a que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece con meridiana claridad que, exceptuando el caso de contravenciones tributarias, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, sin excepciones para el caso de devoluciones de IVA, por lo que consideró correcto afirmar que, en el presente caso, el cómputo dio inicio el 1 de enero del año siguiente en el que se produjo el vencimiento del periodo de pago; es decir, el 1 de enero de 2014 y no así el 1 de enero de 2016 como pretende hacer valer el SIN, criterio señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0558/2014. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que la prescripción es una institución jurídica según la cual, por el transcurso de un determinado lapso de tiempo, sin 20 de 35

Alli 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

ninguna actuación por parte del ente Administrativo, extingue la acción que el sujeto activo tiene para exigir el cumplimiento de una obligación al sujeto pasivo; situación que dentro del presente caso no ha ocurrido, toda vez que dentro del plazo establecido por la Ley 2492 la Administración Tributaria ha ejercido sus facultades de verificación de lo indebidamente devuelto, debiéndose señalar que la norma invocada por la recurrente, ha sufrido modificaciones, mismas que no pueden ser desconocidas por ninguna autoridad y/o contribuyente, no existiendo a la fecha recurso ulterior alguno que haya establecido lo contrarío y/o la ilegalidad en la aplicación de las mismas, no obstante si el mismo pretende continuar con la pretensión de desconocer la legalidad de las mismas, existen las vías correspondientes para su impugnación, en este entendido señaló las modificaciones establecidas en la disposición adicional quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, y de la Ley 812. 

Manifestó que la normativa aplicable dentro del presente caso es la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones surgidas a raíz de las Leyes 291, 317 y 812 al haberse emitido la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098 de 29 de junio de 2020, es decir en plena vigencia de esta última, por lo que se ha demostrado normativamente que la pretensión del contribuyente de aplicar la Ley 2492 sin modificaciones es completamente insustentable, por lo que, la supuesta prescripción alegada por la recurrente basada en normativa que no es aplicable con sus modificaciones vigentes, es errada, correspondiendo invalidar dicha pretensión y confirmar totalmente lo resuelto en la Resolución impugnada, más aun, considerando lo normado en el art. 47 de la Ley 2492 modificado por el art. 2 numeral I de la Ley 812, que en su parágrafo IV señala: Tos montos indebidamente devueltos por la Administración Tributaria, serán restituidos por el beneficiario según la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda e intereses, de acuerdo a lo previsto en el presente artículo, calculados a partir de la fecha de la devolución indebida hasta la fecha de pago.”, por lo que, en el presente caso, la devolución impositiva la devolución impositiva de los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, fueron efectuadas el 6 de junio de 2014 (enero y febrero), el 31 de julio de 2014 (marzo) y el 19 de diciembre de 2014 (septiembre), respectivamente, y que por efecto de lo establecido por el artículo 60 de la Ley 2492 (CTB) la prescripción para este período empieza a computarse a partir del 1 de enero de 2016, toda vez que como se señaló anteriormente el monto indebidamente devuelto deberá ser calculado a partir de la 21 de 35 

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fecha de la devolución indebida hasta la fecha de pago, por lo que de igual forma el cómputo de la prescripción deberá computarse a partir del primero de enero del año siguiente a fecha de la devolución indebida. 

Señaló que a efectos de poder desvirtuar la solicitud de prescripción del contribuyente se debe establecer que en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, sobre el que basa la solicitud de prescripción el contribuyente, no es aplicable al presente caso toda vez que el presente trámite, trata de una Solicitud de Devolución Impositiva Posterior, mismo que se encuentra reglamentado conforme a procedimiento de restitución de lo indebidamente devuelto, es decir cuándo la Administración Tributaria en cumplimiento de sus obligaciones encomendadas por Ley y haciendo uso de sus facultades procede a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente; sin embargo, en el caso de autos se encuentra claramente diferenciado por los arts. 125, 126 y 128 de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose de manera clara que se trata de una Solicitud de Devolución Impositiva Posterior, que a su vez se encuentra reglamentada por la Ley de Exportaciones 1489 y el DS 25465 que reglamenta la devolución impositiva, en el presupuesto anterior se tiene que siendo la Resolución Administrativa impugnada producto de la atención de una Solicitud (voluntaria del contribuyente) de Devolución Impositiva Posterior, reiteró se trata de un trámite o procedimiento totalmente diferente al que se refiere el citado art. 60, más aun cuando está reglamentado su procedimiento por otra normativa, por lo que aclaró que en el caso concreto, resulta evidente que el cómputo de la prescripción señala que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento de plazo respectivo: sin embargo en el presente trámite se trata de una devolución impositiva solicitada por el sujeto pasivo, por lo que dentro del presente proceso no existe un vencimiento de pago respectivo; pues bien, el contribuyente compromete un crédito fiscal de un período fiscal anterior para solicitar la devolución del mismo, entonces mal podría interpretar la recurrente que el cómputo empezaría a correr a partir del 1 de enero del año del período comprometido siguiente, simple y sencillamente porque no existe un vencimiento de pago como señala el art. 60 del Código Tributario; toda vez que el proceso de devolución impositiva se encuentra sujeto a la solicitud del sujeto pasivo y al momento en el cual se realizó la efectiva devolución al contribuyente, por lo que resulta necesario dejar claramente señalado que el inicio del cómputo de la prescripción para las 22 de 35

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

devoluciones impositivas, se empiezan a computar a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, conforme lo establecido por el procedimiento para la devolución impositiva, esto en virtud a que en la devolución impositiva reiteramos no existe vencimiento de pago y simplemente existe la fecha de devolución impositiva. 

Manifestó que considerando la aplicación de esta normativa (Ley 291, 317 y 812), tal como se señaló líneas arriba se tiene que al haberse modificado el último párrafo del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) por la Ley 291 y ésta a su vez por la Ley 812, modificación normativa que buscó ampliar las facultades de la Administración Tributaria a fin de cumplir con sus facultades a favor del Estado y el bien común, referidas a las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, etc., que al momento de la promulgación de las leyes en cuestión, no se encontraba consolidada la prescripción a favor de los contnbuyentes, es decir, no se había cumplido el plazo de tiempo como requisito de la prescripción, hecho que de la revisión de los antecedentes administrativos indubitablemente se puede establecer que no aconteció la prescripción como erradamente lo sostiene la recurrente, debido a que se extendió el plazo de prescripción bajo una modalidad progresiva y retrospectiva tales situaciones de hecho no llegaron a perfeccionarse puesto que el legislador asumió la decisión de impedir o evitar que se consoliden precisamente porque la prescripción, como forma de oposición a las acciones de la Administración Tributaria, supone un incumplimiento de la Ley; de ahí que se comprende que la razonabilidad de esta medida legislativa se funda en la necesidad de evitar, conforme manda la CPE y la Ley, la extinción de la obligación tributaria respecto a deudas impagas por el incumplimiento formal o material (o ambos) por parte de los Sujetos Pasivos; a fin de evitar un trato discriminatorio que favorezca a quien no cumplió sus obligaciones tributarias en detrimento del interés del fisco que representa los intereses colectivos. De donde queda claro que los principios de Legalidad y Seguridad Jurídica no sufrieron menoscabo alguno respecto al incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los Sujetos Pasivos. 

Por tanto, se tiene claramente establecido que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para verificar y establecer el monto de lo indebidamente devuelto respecto a los periodos comprometidos de la gestión 2012 inició a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, es 23 de 35 

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decir al momento de efectivizar la devolución impositiva realizada por la Administración Tributaria a favor del contribuyente ahora recurrente, por lo que para el presente caso considerando que la entrega de los valores requeridos por el contribuyente fueron efectuadas el 6 de junio de 2014 (enero y febrero), el 31 de julio de 2014(marzo) y el 19 de diciembre de 2014 (septiembre), respectivamente, por lo que el cómputo de prescripción inició el primero de enero de la gestión 2015, en este entendido y considerando la vigencia de las modificaciones efectuadas al art. 59 por la Ley 812 la Administración Tributaria tiene 8 años para ejercer sus facultades de verificación y determinación de lo indebidamente devuelto estando a la fecha vigente dichas facultades. 

Citó las Sentencias 013/2013 de 06 de marzo, 021/2013 de 11 de marzo, 401/2013 de 19 de septiembre, 394/2015 de 21 julio de 2015, 137/2017 de 23 de marzo del 2017 y 183/2017 de 23 de marzo del 2017, todas dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señalando que demuestran que se ha establecido en todas sus resoluciones que tanto una Orden de Fiscalización, como una Orden de Verificación por tener iguales fines y concluir con un procedimiento similar, tienen el efecto establecido por el art. 62 de la Ley 2492, es decir, que ya sea que se notifique al sujeto pasivo con una orden de fiscalización o una orden de verificación, ésta notificación conlleva la suspensión del cómputo de la prescripción por un plazo de seis meses, por tanto, respetando el derecho al debido proceso en su elemento de la igualdad procesal que supone que cuando dos personas se encuentren en situaciones fácticas análogas deben recibir el mismo trato en la aplicación de la Ley, por lo que nuevamente se demuestra que las facultades de la Administración Tributaria no estarían prescritas. 

Aclaró que de la lectura y análisis que se realiza a las Sentencias, Autos Supremos y la jurisprudencia señalada por el sujeto pasivo se evidencia que los casos resueltos a través de las mismas no corresponden a hechos facticos idénticos o similares a lo verificado y resuelto por la suscrita Gerencia, es decirque no tratan de Solicitudes de Devoluciones Impositivas, por lo que no corresponde sean aplicadas para la resolución del presente caso. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que para la doctrina la prescripción es: “La consolidación de 24 de 35

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. Buenos Aires -Argentina: Editorial “Depalma”, 1995. Pág. 189). 

En el mismo contexto, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2 manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R 

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de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en 

fluida iAVect/rsos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos Ínter partes (sólo y^f*» *jafecta alas partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, 

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legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus nivelesjerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos tácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien alsujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato 26 de 35

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

constitucionalprecitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019, 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción 

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administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaría, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida 27 de 35 

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norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar 

la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En elsupuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos Iy II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por elsiguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo Idel Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Por otra parte, también es preciso señalar lo previsto en el art. 28 del DS 27310 (RCTB), dispone que la Deuda Tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el 

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alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, 

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  1. b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a las Ordenes de Verificación N° 14990200448, 14990200449, 14990200550 y 14990200102, todas de 22 de marzo de 2017, notificadas el 27 de abril de 2017, bajo la modalidad de verificación POSTERIOR-CEDEIM, procedió a verificar el cumplimento de las obligaciones de la recurrente CARGILL BOLIVIA SA, relacionadas con el crédito fiscal comprometido en el periodo de verificación de las formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012; procedimiento de verificación que concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098, de 29 de junio de 2020, la cual fue notificada a la recurrente el 27 de julio de 2020, acto que establece un importe indebidamente devuelto al contribuyente CARGILL BOLIVIA SA con NIT 1015571020 de Bs41.742.- y el monto de Bs5.182.- por concepto de mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al Crédito Fiscal comprometido y observado en los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, importes que a la fecha de emisión de la citada Resolución ascienden a 31.021.- UFV’s equivalentes a Bs72.876.- correspondientes a los montos indebidamente devueltos actualizados e intereses (fs. 6308-6345 de antecedentes c. XXXII). 

Ahora bien, toda vez que corresponde dilucidar la prescripción de las facultades verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, en la modalidad verificación posterior CEDEIM; refiere a observaciones efectuadas a hechos ocurridos en los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, cuyo cómputo inició el 1 de enero de 2013, conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, siendo que a dicha fecha, se encontraban vigentes las 5 \ •i > 

disposiciones contenidas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con las 4* 

modificaciones incorporadas mediante las Leyes 291 y 317, corresponde su 30 de 35 

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aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

aplicación, en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019, 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019, AGIT-RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020, consecuentemente, se entiende que el término de prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012; prescriben a los cuatro (4) años, al ser de la gestión 2012. 

En ese entendido, se tiene que para los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, cuyo vencimiento de pago se produjo en la gestión 2012, el término de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 4 años en la gestión 2012, por lo que se inició el 1 de enero de 2013, y concluyó el cómputo el 31 de diciembre de 2016; conforme lo establecido por el TCP en sentido que la ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aun si de forma posterior dicho plazo hubiera sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para vencimientos de períodos de pago (hechos) pasados. 

En consecuencia, la Administración Tributaria, al notificar a la recurrente con la Resolución impugnada el 27 de julio de 2020, ejerció sus facultades de verificación de los hechos, elementos e impuestos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando éstas ya habían prescrito. 

Asimismo, con relación a lo argumentado por la Administración Tributaria, respecto a que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas, es a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, esto en virtud a que en la devolución impositiva no existe vencimiento de pago como señala el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) y simplemente existe la fecha de devolución impositiva, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que el citado razonamiento no se ajusta con lo preceptuado por el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en el entendido que, el hecho generador para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se perfeccionó en los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012 y su 31 de 35<&NS/ISO 

cómputo es a partir del primer día del año calendario siguiente a aquel en que se 9001 

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CertficadoN°77l14 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, criterio concordante con lo expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ- 0558/2014, de 14 de abril de 2014 y reiterado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0623/2019, de 4 de junio de 2019, que señala:”(…) debiendo considerarse que el citado Artículo 60 del CTB, no contiene disposición alguna que permita efectuar alguna diferenciación en el inicio del cómputo de prescripción cuando se trate de un proceso de verificación de devolución tributaria. (…) el Artículo 16 del CTB, prevé el momento y circunstancia en que se produce el hecho generador de un tributo, que origina el nacimiento de la obligación tributaria; por lo que, al tratarse el presente caso de una Verificación de Devolución Indebida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el hecho generador se perfeccionó en el periodo fiscal de octubre de 2009, cuando el exportador declaró y comprometió el crédito fiscal IVA, conforme lo evidenció la Instancia de Alzada y no así al momento de la entrega de los CEDEIM como afirma la Administración Tributaria sin señalar normativa que respalde su entendimiento”. 

Por otra parte, con relación a la suspensión de la prescripción alegada por la Administración Tributaria en el entendido que la notificación con la Orden de Verificación suspende el plazo de prescripción, al igual que la notificación con la Orden de Fiscalización, corresponde tomar en cuenta para el efecto lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o 32 de 35

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Impugnación Tributaria 

fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada precedentemente que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que efectué el mismo, no siendo aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos. 

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización prevista en el art. 104, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado código. 

Consecuentemente, en el presente caso, las Ordenes de Verificación N° 14990200448, 14990200449, 14990200550 y 14990200102, de 22 de marzo de 2017, correspondiente al IVA, ICE y de las formalidades del Gravamen Arancelario (GA) de los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012, no se constituye en una causal de suspensión, como afirmó la Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de alzada, análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018. Asimismo, con relación a la Sentencias 21/2013, 401/2013, 394/2015,137/2017 y 183/2017 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, citadas por la Administración Tributaria respecto a que la Orden de Fiscalización como la Orden de Verificación tienen el mismo efecto de suspender del cómputo de prescripción de acuerdo a lo establecido por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), cabe 

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señalar que las citadas Sentencias al ser emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, si bien son fallos emitidos en la vía jurisdiccional que podrían constituirse en variaciones de la jurisprudencia a lo largo del tiempo no es menos cierto que cuando 

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el derecho está claramente plasmado en la norma, en algunos casos no llegan a aplicarse realmente a pesar de su promulgación oficial y puede que en ningún supuesto resulten obligatorios para el resto de los tribunales, aunque suelen ostentar importante fuerza dogmática a la hora de predecir futuras decisiones y establecer los fundamentos de una petición determinada frente a otros tribunales. En todo caso, tampoco el estudio de las sentencias da la medida exacta de la realidad del Derecho porque ocurre que en ocasiones y por diversas razones, las sentencias dejan de cumplirse o aplicarse, teniéndose claro que únicamente los fallos vinculantes deberán ser cumplidos por ésta instancia de alzada. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer sus facultades de control, verificación y determinación de lo indebidamente devuelto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) suscitados en la gestión 2012 y en vista que no existieron causales de interrupción ni de suspensión del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente y revocar totalmente la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098 de 29 de junio de 2020. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 212079000098, de 29 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, al evidenciarse que la acción de la Administración Tributaria para la verificación de los hechos, elementos, impuestos y determinar lo indebidamente devuelto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo y septiembre de 2012 ha prescrito, de acuerdo con 

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AIT;* 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

losfundamentos técnicos-jurídicos determinados precedentemente, conforme al art. 212, inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaría recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Autoiíaaa Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz 

\”V. 

%’ ¿’i)DKSP/ccav/cmmf/acq/mirb ARIT-SCZ/RA 0666/2020 

35 de 35<&NB/ISO 9001 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 • Zona Equipetrol Telfs.: (591-3) 3391027 – 3391030 www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia

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