ARIT-SCZ-RA-0584-2020 Prescripción de la faculta de determinación no invalidan la sanción por no presentación de documentación e información requerida por la Administración Tributaria

ARIT-SCZ-RA-0584-2020

aití 

Al TORIL)Al) DE 

Impugnación Tribuaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0584/2020 

Hugo Aramayo Vidal 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Sergio Pastor Navarro 

Venegas. 

Resolución Determinativa Nc 

172080000052, de 10 de junio de 2020. 

ARIT-BEN-0005/2020. 

Santa Cruz, 23 de octubre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0584/2020 de 23 de octubre de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Determinativa 172080000052, de 10 de junio de 2020, mediante la cual resolvió: Primero: Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Aramayo Vidal Hugo con NIT 1101340017 que ascienden a 750.172 UFV’s equivalente a Bs1.761.234.- (un millón setecientos 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

María tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

E33 

NB/1SO 

9001 

df la Cal dad 

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mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

sesenta y un mil doscientos treinta y cuatro 00/100 bolivianos), monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e interés (4%, 6% y 10%), acta 180761 por contravenciones tributarias y el 100% de la sanción por omisión de pago correspondientes al IT e IUE Retenciones, por los periodos de enero a diciembre de 2012, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812, importes determinados en la Vista de Cargo 291980000674 de 31 de octubre de 2019; Segundo: Sancionar al contribuyente con la multa de 500 UFV’s por incumplimiento a los deberes formales señalados en el Acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación 180761, por “entrega parcial de documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación”, sanción estipulada en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10- 00033-16; Tercero: Calificar la conducta del contribuyente como Omisión de Pago por adecuarse la conducta a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose con un importe de 310.246 UFV’s, que comprende el 100% de la sanción por omisión de pago. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

Hugo Aramayo Vidal, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 22 de julio y 5 de agosto de 2020 (fs. 8-13 y 23-25 del expediente), se apersonó ante la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Beni de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 172080000052, de 10 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas. 

El recurrente adujo que en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), se establecen las facultades de la Administración Tributaria, las mismas que están limitadas en el tiempo conforme lo establece el art. 59 de la misma Ley 2492 (CTB), que en su texto original, de aplicación obligatoria por la data del hecho generador del impuesto, de 2 de 23

aití. 

autoridad de 

Impugnación Tributaria 

forma clara refiere que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, de igual forma describe que el plazo para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, en el presente caso por omisión de pago, prescribe a los dos años, razón por la cual el plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para efectuar el presente proceso es ilegal y extemporáneo, por lo que tratándose de periodos de enero a diciembre de 2012, la prescripción empieza a correr desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigióle; es decir, se inició del 1 de enero de 2013 para los periodos de enero a noviembre y concluyó el 31 de diciembre de 2016 y para el periodo diciembre 2012, empezó el 1 de enero de 2014 y concluyó el 31 de diciembre de 2017, fechas en las que se debió tener una Resolución Determinativa notificada para efectos de interrupción, pero la resolución impugnada corresponde a la gestión 2020, no habiendo causales de suspensión y no corresponde la aplicación de las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en virtud a la irretroactividad de la Ley instituida en el art. 150 de la misma Ley 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 172080000052, de 10 de junio de 2020. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 7 de agosto de 2020 (fs. 26 del expediente) se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Determinativa 172080000052, de 10 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 25 de agosto de 2020 (fs. 37-39 del expediente) contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negando totalmente los fundamentos de la impugnación y manifestando lo siguiente: 

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Justicia tributaría para vivir bien 

Jan n/iit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Maní tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mbuíuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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NB/ISO 

9001 

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mbglerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

11.3.1. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria expresó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) fue modificado mediante las Leyes 291 y 317, las cuales establecen que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y diez años en la gestión 2018; así también la Ley 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, modificando el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) estableciendo que las facultades de la Administración Tributaria prescriben a los ocho años; en ese contexto, señala que se notificó al recurrente con la Orden de Verificación 0015OVE06096 comunicándole el inicio del proceso determinativo con alcance al IT e IUE Retenciones, por los periodos fiscales enero a diciembre de 2012; posteriormente se notificó la Vista de Cargo y la resolución ahora impugnada, por lo que la Administración Tributaria ejerció su facultad de fiscalizar y determinar la deuda tributaria, dentro del alcance de la Ley 812, toda vez que la Orden de Verificación fue notificada el 02 de agosto de 2018, la Vista de Cargo el 02 de diciembre de 2019 y la Resolución Determinativa impugnada el 13 de julio de 2020, con las consideraciones establecidas en los DS 4198 de 18 de marzo de 2020 y 4245 de 28 de mayo de 2020, que señalan la suspensión total de plazos en materia tributaria desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020 por motivo de la cuarentena nacional sanitaria por la pandemia del Covid-19, por lo que el periodo de prescripción tiene un término de ocho años, consecuentemente, las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria aún no ha prescrito. 

Por lo expuesto, solicitó se emita Resolución confirmando totalmente el proveído recurrido, debió decir “la Resolución Determinativa 172080000052, de 10 de junio de 2020″. 

11.4. Apertura de Término probatorio. 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 25 de agosto de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

recurrente, como a la entidad recurrida el 26 de agosto de 2020, tal como cursa en diligencias (fs. 40-41 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 15 de septiembre de 2020, ninguna de las partes presentó pruebas ni ratificó las ya presentadas. 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 5 de octubre de 2020, ninguna de las partes formuló sus alegatos en conclusión escritos u orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

El 2 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

recurrente con la Orden de Verificación N° 0015OVE06097 de 17 de julio de 

2018, comunicándole que sería objeto de un Proceso de Determinación de 

acuerdo a la modalidad “Verificación específica IT e IUE Retenciones” con un 

alcance a los referidos impuestos IT e IUE Retenciones de enero a diciembre 

de la gestión 2012, solicitando mediante Requerimiento 136162, las 

Declaraciones Juradas del IT Form. 400, IUE Form. 500, Form. 605 de 

presentación de Estados Financieros o Memoria Anual 2012, Estados 

Financieros gestión 2012, además de otros documentos como Form. 570 

Retenciones, Form. 530 Beneficiarios del Exterior- Retenciones, Form. 550 

Para remesas por Actividades Parcialmente realizadas en el país retenciones 

(relacionada) (fs. 8, 10 y 12 el de antecedentes). 

El 17 de agosto de 2018, el recurrente mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria la prescripción de sus acciones para verificar los 

periodos y gestiones contenidos en la Orden de Verificación N° 

0015OVE06097, toda vez que conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

norma vigente a momento del hecho generador, la facultad de la 

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Justjcia tributaria para vivir bien 

Jan/mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mafia tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

ieiiLdldái, 

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mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de cuatro años, por lo que a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto a tributos y multas que deban ser verificados, el plazo se encuentra prescrito al 31 de diciembre de 2016, haciendo notar la irretroactividad de la norma y que no se había verificado ningún supuesto de suspensión o interrupción, por lo que solicitó se declare la prescripción, citando como jurisprudencia las SC 39 y 47, finalmente expresó que la documentación fue dada de baja de acuerdo a normas del Código de Comercio y que únicamente se adjuntaba los Estados Financieros de la Gestión 2012 (14-15 el. de antecedentes). 

.3 El 17 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Requerimiento N° 136210 de 10 de octubre de 2018, con el cual solicitó la presentación del Form. 605 EEFF Digitalizados (copia contribuyente), Libros de Contabilidad Diario y Mayor en medio magnético si corresponde y otros registros contables cuenta Retenciones IUE-IT Materia Prima, Diarios Mayores Físico y digital todo de enero a diciembre de 2012 (fs. 18 y 21 el de antecedentes). 

.4 El 24 de octubre de 2018, el recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de sus acciones para verificar los periodos y gestiones contenidos en la Orden de Verificación N° 0015OVE06097, toda vez que conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), norma vigente a momento del hecho generador, la facultad de la Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de cuatro años, por lo que a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto a tributos y multas que deban ser verificados, el plazo se encuentra prescrito al 31 de diciembre de 2016, haciendo notar la irretroactividad de la norma y que no se había verificado ningún supuesto de suspensión o interrupción, por lo que solicitó se declare la prescripción, citando como jurisprudencia las SC 39 y 47, finalmente expresó que se adjuntaba el Form. 605 EEFF Digitales de la Gestión 2012, conforme el Requerimiento 136210 y que la demás documentación se había dado de baja (fs. 25-26 el de antecedentes). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

1.5 El 18 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDBN/DF/INF/1640/2019, el cual que concluyó, entre otras cosas, que el adeudo tributario del recurrente ascendía a 1.971.547 UFV’s equivalente a Bs.4.572.879 (Cuatro millones quinientos setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve 00/100 bolivianos), liquidados al 18 de octubre de 2019, finalmente recomendó emitir la Vista de Cargo (fs. 218-224 ell de antecedentes). 

.6 El 23 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación N° 180761, en el cual estableció que el recurrente incurrió en la contravención de “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, contraviniendo el art. 70 num. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 500 UFV’s, según num. 4 sub num 4.2 del Anexo de la RND 10.0033.16 (fs. 53 el de antecedentes). 

.7 El 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la nota Cite: SIN/GDBN/DF/NOT/2858/2019, con la que dio respuesta a la solicitud de prescripción, manifestando que el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), con relación al principio de presunción de legitimidad, los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos hasta tanto no sean declarados nulos por autoridad competente, norma que concuerda con el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), en consecuencia, “la solicitud de prescripción de la facultad del SIN de fiscalizar, determinar tributos, sancionar y ejecutar las obligaciones tributarias, no corresponde a la Administración Tributaria establecer la prescripción en virtud al principio de presunción de legitimidad, por lo que se presume que los actos de la Administración Tributaria son legítimos en tanto no sean declarados nulos por autoridad competente”, por lo que se rechazó la solicitud de prescripción (fs. 44-45 y 51 el de antecedentes). 

.8 El 02 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Vista de Cargo 291980000674 de 18 de octubre de 2019, mediante la cual se estableció la existencia de tributo 7 de 23 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan rait’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mang tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

NB/ISO 

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Sstpnade jet de la Cal daa 

erírf aduN 71 14 

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omitido por concepto de Retenciones IUE Materias Primas (3.25%), Retenciones IUE por compra de bienes (5%), Retenciones IUE por prestación de Servicios (12.5%) y Retenciones IT por pagar (3%), el adeudo determinado asciende a UFV’s 1.971.547 equivalentes a Bs4.572.879.- (Cuatro millones quinientos setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve 00/100 bolivianos), determinados al 18 de octubre de 2019, con una tasa de interés del 4% y 6%, así como como un acta por contravención tributaria vinculada al proceso de determinación y el 100% de la sanción por la conducta tributaria de omisión de pago, otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs.225-229 y 231 ell de antecedentes). 

111.9 El 23 de diciembre de 2019, el recurrente mediante nota presentó descargos a la Vista de Cargo señalando su desacuerdo con la liquidación realizada por la Administración Tributaria, porque el Balance General es un Estado Financiero estático que expone a una determinada fecha los saldos, en este caso de los impuestos que se adeudan pero no necesariamente los saldos son solamente de la gestión o periodos bajo revisión, pues al 31 de diciembre de 2011 histórico, ya había un monto acumulado y no pagado, es por ese motivo que afirmó que el Balance General no es un documento en el que se puedan basar para determinar un tributo omitido de un periodo determinado, por lo que la presunta deuda se debería tomar en base a las retenciones expuestas en los Mayores que se adjuntaron y están respaldados con los comprobantes contables y boletas de ingreso de la materia prima y los otros casos con los recibos correspondientes, además pueden ser validados con los saldos expuestos en los Estados Financieros de las gestiones 2011 (inicio) y 2012 (cierre) que se presentaron en forma anual y que adjuntaron a la nota; asimismo, insistió que los periodos se encuentran prescritos por lo que no se contaba con toda la documentación de respaldo (fs. 238-239 el de antecedentes). 

111.10 El 10 de junio de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDBN/DJCC/INF/337/2020, el cual estableció que resultado de la revisión de la documentación se estableció la existencia de elementos que modifican las observaciones determinadas en la Vista de Cargo, como consecuencia del análisis físico de la documentación no presentada en su 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

momento, pero valorada en etapa de descargo, finalmente concluyó determinado reparos a favor del Fisco por los periodos de enero a diciembre de 2012, así como un acta de infracción y la sanción del 100% por la conducta y recomendó emitir la Resolución Determinativa cancelada (fs. 246- 250 ell de antecedentes). 

111.11 El 13 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó electrónicamente al recurrente con la Resolución Determinativa 172080000052, de 10 de junio de 2020, mediante la cual resolvió: Primero: Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Aramayo Vidal Hugo con NIT 1101340017 que ascienden a 750.172 UFV’s equivalente a Bs1.761.234.- (un millón setecientos sesenta y un mil doscientos treinta y cuatro 00/100 bolivianos), monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e interés (4%, 6% y 10%), acta 180761 por contravenciones tributarias y el 100% de la sanción por omisión de pago correspondientes al IT e IUE Retenciones, por los periodos de enero a diciembre de 2012, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812, importes determinados en la Vista de Cargo 291980000674 de 31 de octubre de 2019; Segundo: Sancionar al contribuyente con la multa de 500 UFV’s por incumplimiento a los deberes formales señalados en el Acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación 180761, por “entrega parcial de documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación”, sanción estipulada en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-00033-16; Tercero: Calificar la conducta del contribuyente como Omisión de Pago por adecuarse la conducta a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose con un importe de 310.246 UFV’s, que comprende el 100% de la sanción por omisión de pago (fs. 251-257 ell de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO 

El recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada formuló sus agravios que versan sobre: 1. La prescripción de las facultades de la Administración 

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Man^tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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Tributaria para determinar deudas y 2. Error en la liquidación de la deuda tributaria en el acto impugnado. 

IV.1. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

El recurrente adujo que en el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), se establecen las facultades de la Administración Tributaria, las mismas que están limitadas en el tiempo conforme lo establece el art. 59 de la misma Ley 2492 (CTB), que en su texto original, de aplicación obligatoria por la data del hecho generador del impuesto (gestión 2012) de forma clara refiere que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, de igual forma describe que el plazo para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, en el presente caso por omisión de pago, prescribe a los dos años, razón por la cual el plazo de prescripción de la acción de la Administración Tributaria para efectuar el presente proceso es ilegal y extemporáneo, por lo que tratándose de periodos de enero a diciembre de 2012, la prescripción empieza a correr desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible; es decir, se inició del 1 de enero de 2013 para los periodos de enero a noviembre y concluyó el 31 de diciembre de 2016 y para el periodo diciembre 2012, empezó el 1 de enero de 2014 y concluyó el 31 de diciembre de 2017, fechas en las que se debió tener una Resolución Determinativa notificada para efectos de interrupción, pero la resolución impugnada corresponde a la gestión 2020, no habiendo causales de suspensión y no corresponde la aplicación de las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en virtud a la irretroactividad de la Ley instituida en el art. 150 de la misma Ley 2492 (CTB) 

Por su parte, la Administración Tributaria expresó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) fue modificado mediante las Leyes 291 y 317, las cuales establecen que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y diez años en la gestión 2018; así también la Ley 812 que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, modificando el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) estableciendo que las facultades de la Administración Tributaria prescriben a los ocho años; en ese contexto, señala 10 de 23

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

que se notificó al recurrente con la Orden de Verificación 0015OVE06096 comunicándole el inicio del proceso determinativo con alcance al IT e IUE Retenciones, por los periodos fiscales enero a diciembre de 2012; posteriormente se notificó la Vista de Cargo y la resolución ahora impugnada, por lo que la Administración Tributaria ejerció su facultad de fiscalizar y determinar la deuda tributaria, dentro del alcance de la Ley 812, toda vez que la Orden de Verificación fue notificada el 02 de agosto de 2018, la Vista de Cargo el 02 de diciembre de 2019 y la Resolución Determinativa impugnada el 13 de julio de 2020, con las consideraciones establecidas en los DS 4198 de 18 de marzo de 2020 y 4245 de 28 de mayo de 2020, que señalan la suspensión total de plazos en materia tributaria desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020 por motivo de la cuarentena nacional sanitaria por la pandemia del Covid-19, por lo que el periodo de prescripción tiene un término de ocho años, consecuentemente, las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria aún no ha prescrito. 

Para resolver la controversia planteada por las partes respecto a la prescripción, es imprescindible señalar que ésta es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316); así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: “(…) la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia pues las razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones, pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240); por su parte, Héctor Villegas en cuanto a la suspensión del término de la prescripción señala que de 23 

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Jan rjiit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Man^i tasaq kuraqkamachiq(Quechua) 

Mbufuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

ISO 9001 | E3SS2 

NB/ISO 

9001 

b/stnma de uesr/on de la Calidad 

Certificadora 771/14 

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“la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al transcurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 7a Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial Astrea, 2016. Pag. 299). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2 manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos Ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus nivelesjerárquicos), asilo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentaron de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo delplazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (. .) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas 12 de 23

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien alsujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la segundad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de 

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las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019, 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 15 de 23 

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la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Dentro de este contexto legal, compulsados los antecedentes del caso, se observó que el 2 de agosto de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Orden de Verificación N° 0015OVE06097 de 17 de julio de 2018, comunicándole que sería objeto de un Proceso de Determinación de acuerdo a la modalidad “Verificación específica IT e IUE Retenciones” con un alcance a los referidos impuestos IT e IUE Retenciones de enero a diciembre de la gestión 2012, solicitando mediante Requerimiento 136162, las Declaraciones Juradas del IT Form. 400, IUE Form. 500, Form. 605 de presentación de Estados Financieros o Memoria Anual 2012, Estados Financieros gestión 2012, además de otros documentos como Form. 570 Retenciones, Form. 530 Beneficiarios del Exterior Retenciones, Form. 550 Para remesas por Actividades Parcialmente realizadas en el país retenciones (relacionada). 

De los mismos antecedentes, se evidenció que el 17 de agosto de 2018, el recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de sus acciones para verificar los periodos y gestiones contenidos en la Orden de Verificación N° 0015OVE06097, toda vez que conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), norma vigente a momento del hecho generador, la facultad de la Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de cuatro años, por lo que a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto a tributos y multas que deban ser verificados, el plazo se encuentra prescrito al 31 de diciembre de 2016, haciendo notar la irretroactividad de la norma y que no se había verificado ningún supuesto de suspensión o interrupción, por lo que solicitó se declare la prescripción, citando como jurisprudencia las SC 39 y 47, finalmente expresó que la documentación fue dada de baja de acuerdo a normas del Código de Comercio y que únicamente se adjuntaba los Estados Financieros de la Gestión 2012. 

Continuando con la compulsa de antecedentes, se extrajo que el 17 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Requerimiento 136210 de 10 de octubre de 2018, con el cual solicitó la presentación del Form. 605 EEFF Digitalizados (copia contribuyente), Libros de Contabilidad Diario y Mayor en medio magnético si corresponde y otros registros 16 de 23

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

contables cuenta Retenciones IUE-IT Materia Prima, Diarios Mayores Físico y digital todo de enero a diciembre de 2012; del mismo modo, se observó que el 24 de octubre de 2018, el recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de sus acciones para verificar los periodos y gestiones contenidos en la Orden de Verificación 0015OVE06097, toda vez que conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), norma vigente a momento del hecho generador, la facultad de la Administración Tributaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias es de cuatro años, por lo que a la fecha en que la obligación sea exigible, respecto a tributos y multas que deban ser verificados, el plazo se encuentra prescrito al 31 de diciembre de 2016, haciendo notar la irretroactividad de la norma y que no se había verificado ningún supuesto de suspensión o interrupción, por lo que solicitó se declare la prescripción, citando como jurisprudencia las SC 39 y 47, finalmente expresó que se adjuntaba el Form. 605 EEFF Digitales de la Gestión 2012, conforme el Requerimiento N° 136210 y que la demás documentación se había dado de baja. 

Permaneciendo en la compulsa de los antecedentes del caso, se observó que el 18 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDBN/DF/INF/1640/2019, el cual que concluyó, entre otras cosas, que el adeudo tributario del recurrente ascendía a 1.971.547 UFV’s equivalente a Bs.4.572.879 (Cuatro millones quinientos setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve 00/100 bolivianos), liquidados al 18 de octubre de 2019, finalmente recomendó emitir la Vista de Cargo; posteriormente, el 23 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación 180761, en el cual estableció que el recurrente incurrió en la contravención de “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, contraviniendo el art. 70 num. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 500 UFV’s, según num. 4 sub num 4.2 del Anexo de la RND 10.0033.16. 

De la misma compulsa se comprobó que el 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la nota Cite: SIN/GDBN/DF/NOT/2858/2019, con la que dio respuesta a la solicitud de prescripción, manifestando que el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), con relación al principio de presunción de legitimidad, los actos de la Administración Tributaria se 17 de 23 

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presumen legítimos hasta tanto no sean declarados nulos por autoridad competente, norma que concuerda con el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), en consecuencia, “la solicitud de prescripción de la facultad del SIN de fiscalizar, determinar tributos, sancionar y ejecutar las obligaciones tributarias, no corresponde a la Administración Tributaria establecer la prescripción en virtud al principio de presunción de legitimidad, por lo que se presume que los actos de la Administración Tributaria son legítimos hasta tanto no sean declarados nulos por autoridad competente”, por lo que se rechazó la solicitud de prescripción; y el 02 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Vista de Cargo 291980000674 de 18 de octubre de 2019, mediante la cual se estableció la existencia de tributo omitido por concepto de Retenciones IUE Materias Primas (3.25%), Retenciones IUE por compra de bienes (5%), Retenciones IUE por prestación de Servicios (12.5%) y Retenciones IT por pagar (3%), el adeudo determinado asciende a UFV’s 1.971.547 equivalentes a Bs4.572.879.- (Cuatro millones quinientos setenta y dos mil ochocientos setenta y nueve 00/100 bolivianos), determinados al 18 de octubre de 2019, con una tasa de interés del 4% y 6%, así como como un acta por contravención tributaria vinculada al proceso de determinación y el 100% de la sanción por la conducta tributaria de omisión de pago, otorgando un plazo de 30 días para la presentación de descargos. 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 23 de diciembre de 2019, el recurrente mediante nota presentó descargos a la Vista de Cargo señalando su desacuerdo con la liquidación realizada por la Administración Tributaria, porque el Balance General es un Estado Financiero estático que expone a una determinada fecha los saldos, en este caso de los impuestos que se adeudan pero no necesariamente los saldos son solamente de la gestión o periodos bajo revisión, pues al 31 de diciembre de 2011 histórico, ya había un monto acumulado y no pagado, es por ese motivo que afirmó que el Balance General no es un documento en el que se puedan basar para determinar un tributo omitido de un periodo determinado, por lo que la presunta deuda se debería tomar en base a las retenciones expuestas en los Mayores que se adjuntaron y están respaldados con los comprobantes contables y boletas de ingreso de la materia prima y los otros casos con los recibos correspondientes, además pueden ser validados con los saldos expuestos en los Estados Financieros de las gestiones 2011 (inicio) y 2012 (cierre) que se presentaron en forma anual y que adjuntaron a la nota; asimismo, insistió que los periodos se 18 de 23

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Impugnación Tributaria 

encuentran prescritos por lo que no se contaba con toda la documentación de respaldo. 

Concluyendo la compulsa de los antecedentes, se observó que el 10 de junio de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDBN/DJCC/INF/337/2020, el cual estableció que resultado de la revisión de la documentación se estableció la existencia de elementos que modifican las observaciones determinadas en la Vista de Cargo, como consecuencia del análisis físico de la documentación no presentada en su momento, pero valorada en etapa de descargo, finalmente concluyó determinado reparos a favor del Fisco por los periodos de enero a diciembre de 2012, así como un acta de infracción y la sanción del 100% por la conducta y recomendó emitir la Resolución Determinativa cancelada; y finalmente, el 13 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó electrónicamente al recurrente con la Resolución Determinativa 172080000052, de 10 de junio de 2020, mediante la cual resolvió: Primero: Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Aramayo Vidal Hugo con NIT 1101340017 que ascienden a 750.172 UFV’s equivalente a Bs1.761.234.- (un millón setecientos sesenta y un mil doscientos treinta y cuatro 00/100 bolivianos), monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e interés (4%, 6% y 10%), acta N° 180761 por contravenciones tributarias y el 100% de la sanción por omisión de pago correspondientes al IT e IUE Retenciones, por los periodos de enero a diciembre de 2012, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones de la Ley 812, importes determinados en la Vista de Cargo 291980000674 de 31 de octubre de 2019; Segundo: Sancionar al contribuyente con la multa de 500 UFV’s por incumplimiento a los deberes formales señalados en el Acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación 180761, por “entrega parcial de documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación”, sanción estipulada en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10- 00033-16; Tercero: Calificar la conducta del contribuyente como Omisión de Pago por adecuarse la conducta a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose con un importe de 310.246 UFV’s, que comprende el 100% de la sanción por omisión de pago. 

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De todo lo expuesto en los párrafos precedentes y considerando el argumento del recurrente que básicamente versa sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria toda vez que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que en su texto original, de aplicación obligatoria por la data del hecho generador del impuesto, de forma clara refiere que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, de igual forma describe que el plazo para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias, en el presente caso por omisión de pago, prescribe a los dos años, así también señaló que tratándose de periodos de enero a diciembre de 2012, la prescripción se inició del 1 de enero de 2013 para los periodos de enero a noviembre y concluyó el 31 de diciembre de 2016 y para el periodo diciembre 2012, empezó el 1 de enero de 2014 y concluyó el 31 de diciembre de 2017, fechas en las que se debió tener una Resolución Determinativa notificada para efectos de interrupción, pero la resolución impugnada corresponde a la gestión 2020, no habiendo causales de suspensión y no corresponde la aplicación de las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en virtud a la irretroactividad de la Ley instituida en el art. 150 de la misma Ley 2492 (CTB). 

Ahora bien, a efectos de realizar el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para verificar tributos y determinar la deuda tributaria de los impuestos IT e IUE Retenciones de enero a diciembre de la gestión 2012, , se tiene que la verificación inició con la notificación de la Orden de Verificación 0015OVE06097 el 02 de agosto de 2018 y concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 172080000052, de 10 de junio de 2020, la cual fue notificada el 13 de julio de 2020, por lo que es preciso tomar en cuenta que la Administración Tributaria tenía un plazo de cuatro años, conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, norma aplicable por haber estado en vigencia a momento del nacimiento del hecho generador, entendimiento perfectamente respaldado por la Sentencia Constitucional 0012/2019-S2 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1460/2019, que manifestó “la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aun si de forma posteriordicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero”; en este contexto, si se toma en cuenta que el IT e IUE Retenciones es un impuesto mensual, los periodos objeto de análisis corresponden a enero a diciembre de 2012; empero es menester separar los periodos enero a noviembre, cuyos periodos de 20 de 23

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

pago respectivos, se configuraron en los periodos de febrero a diciembre de 2012; vale decir, en la misma gestión, por lo que para estos periodos fiscales corresponde aplicar la normativa vigente a objeto del cómputo de la prescripción, que a tal efecto es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones. 

En ese entendido, el cómputo para los periodos de enero a noviembre de 2012 se inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016, y en el caso del periodo fiscal diciembre de 2012, conforme al criterio de aplicación establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0012/2019- S2, de 11 de marzo de 2019, que sostiene que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados, se deben aplicar las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB); esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y la línea adoptada por la máxima instancia administrativa, según la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020, por lo que el cómputo para el periodo diciembre de 2012, inició el 1 de enero de 2014 y concluyó el 31 de diciembre de 2017; por consiguiente, es indiscutible que al momento de que la Administración Tributaria pretendió iniciar la verificación al recurrente por los citados impuestos y periodos el 2 de agosto de 2018, con la notificación de la Orden de Verificación N° 0015OVE06097, sus facultades ya se encontraban prescritas, no habiéndose evidenciado la concurrencia de las causales de suspensión ni interrupción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

Por otra parte, en el presente caso también se observa la imposición de una sanción a través del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación 180761, 23 de octubre de 2019 por la contravención de “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos”, de la cual la parte recurrente no realizó mayor argumentación; al respecto, debe considerarse que la contravención por la conducta atribuida al recurrente que dio origen a la imposición de dicha sanción se configuró el 23 de octubre de 2019, cuando la parte recurrente remitió parcialmente la documentación solicitada, por lo que para el caso 

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puntual de esta sanción la norma aplicable es la Ley 812 vigente en ese momento, Ley con la cual se instituyó el término de ocho años para la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, por lo que la multa de 500 UFV’s por incumplimiento a los deberes formales, fue impuesta cuando las facultades de la Administración Tributaria no se encontraban prescritas, criterio concordante con lo resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1418/2020 de 09 de octubre de 2020. 

Consecuentemente, por todo lo analizado precedentemente, corresponde que esta Autoridad, revoque parcialmente la Resolución Determinativa 172080000052, de 10 de junio de 2020, dejando sin efecto la determinación de la deuda tributaria de los impuestos IT e IUE Retenciones de enero a diciembre de la gestión 2012, por efecto de la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria; no obstante, mantener firme la multa por incumplimiento a deberes formales impuesta mediante Acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación N° 180761, en razón a que la referida contravención se configuró en la gestión 2019 siendo aplicable la Ley 812, tal como se analizó en el párrafo que antecede, por lo que, al no haberse efectuado agravio alguno que desvirtúe la adecuación de su conducta a la citada contravención y habiéndose otorgado en parte la razón al recurrente, en cuanto a la prescripción de las facultades de determinar la deuda tributaria, no corresponde mayor pronunciamiento sobre los demás aspectos agraviados, toda vez que se encuentran subsumidos a este punto. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 172080000052, de 10 de junio de 2020, dejando sin efecto la determinación de la deuda tributaria de los impuestos IT e IUE Retenciones de enero a diciembre de la 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

gestión 2012, por efecto de la prescripción de las facultades de verificación y determinación de la Administración Tnbutaria; no obstante, se mantiene firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales impuesta mediante Acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación N° 180761, por 500 UFV’s equivalente a Bs1.174, toda vez que la referida contravención se suscitó durante el proceso de fiscalización llevado a cabo en la gestión 2019, siendo aplicable la Ley 812; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, conforme al art. 212, inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/acq/cmmf/apib/mncf 

ARIT-SCZ/RA 0584/2020 

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