ARIT-SCZ-RA-0527-2020 Las Ordenes de verificación no suspenden el computo de la prescripción

ARIT-SCZ-RA-0527-2020

AIT, 3v 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2020 

ENERGÍA y tecnologías 

APLICADAS MENTOR SRL representada 

por Carmen lllescas Villarroel. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada por Jorge Jesús Flores 

Duran. 

Resolución Administrativa N° 

232070000230 de 8 de julio de 2020. 

ARIT-SCZ-0322/2020. 

Santa Cruz, 07 de octubre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0527/2020 de 06 de octubre de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa N° ‘ 232070000230, de 8 de julio de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de “SE DEJE SIN ELFECTO EL PROVEÍDO DE EJECUCIÓN TRIBUTRARIA No. 

de 24 NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien 

Janjmitayir jacha kamaní (Ayrnara’; 

Marjatasaq kuraq kamachiq (Quechua: 

Mbiliruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

00472/2016 POR ESTAR PRESCRITA DE LA FACULTAD DE EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN”, formulada por la representante legal del contribuyente ENERGÍA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS MENTOR SRL, con NIT 1015211029, ahora PROSERTEC SRL, en virtud a lo establecido por el parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 del DS 27310, por lo que las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad a los arts. 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la Recurrente 

ENERGÍA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS MENTOR SRL representada por Carmen lllescas Villarroel, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 17 de julio de 2020 (fs. 38-44 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 232070000230, de 8 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La recurrente manifestó que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución Determinativa N°79-17-149-16 de 8 de abril de 2016, por cuanto han transcurrido más de cuatro años, contados desde el 1ro de enero del año siguiente al vencimiento de cada uno de los periodos fiscalizados, es decir desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de mayo de 2016 que es la fecha de notificación de la citada Resolución Determinativa, por lo que la mencionada notificación se realizó después de la prescripción de todas sus facultades (para verificar, investigar, controlar e imponer sanciones, y genera la perdida de la facultad de ejecución), independientemente de su declaratoria de firmeza, toda vez que la prescripción puede plantearse incluso en el proceso de ejecución como dispone el art. 5 del DS 27310. 

Explicó que en la Resolución impugnada el tiempo de la prescripción señalado es de cuatro años, por lo que no cabe ninguna discusión sobre la Ley aplicable en lo que 2 de 24

Áni 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

respecta a las modificaciones de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo, consideró que se incurrió en un error de cómputo, cuando se llegó a la conclusión ilegal de señalar que sus facultades no habían prescrito. 

Señaló que en la Resolución impugnada se citaron los arts. 154 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310, de los cuales destacó el texto: “el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”, considerando que así quedó ratificado que cada periodo debe computarse de forma individual, que al tener su propio vencimiento, tiene su propio cómputo, lo que implica que cada uno tiene un propio inicio y un final respectivo. En el presente caso debido a que se trata del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, lo que correspondía era que se efectué siete cómputos, es decir un cómputo por mes. 

Manifestó que en la Resolución impugnada se reconoce y deja establecido el alcance de la verificación respecto a cada periodo fiscal y únicamente sobre facturas detalladas y declaradas en dichos periodos, lo que relaciona al hecho que en el proceso de verificación realizado NO aplica la suspensión de la prescripción por tratarse de una verificación, no así de una fiscalización. 

Señaló que si bien se reconoce que a los efectos del cómputo es pertinente hacer una diferenciación respecto a los meses, empero de forma errónea e ilegal estableció un solo inicio del cómputo de la prescripción a partir de enero de 2012 y agrupó todos los periodos mensuales como si fueran uno solo, siendo que para los periodos de enero a noviembre de 2010, cuyos vencimientos de pago son dentro del año 2010, el cómputo se inició el 1 de enero de 2011 y concluyó el 1 de enero de 2015, y para el periodo de diciembre de 2010, cuyo vencimiento es en el año 2011, el cómputo se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 1 de enero de 2016, en ambos casos la prescripción se perfecciona antes del 31 de mayo de 2016, es decir que cuando se notificó la Resolución Determinativa ya estaban prescritas las facultades de la Administración Tributaria, aspecto muy importante ya que una vez que se ha perfeccionado la prescripción, los actos posteriores ya no pueden cambiar la situación jurídica ocurrida y perfeccionada. 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mena tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

erírtrad N ^ 1 14 

mbaerepí Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Argumentó que se estableció errónea e ilegalmente que la notificación con la Resolución Determinativa hubiera interrumpido la prescripción, sin considerar que la citada Resolución al haber sido notificada después de la prescripción ocurrida el 1 de enero de 2015 para los periodos cuyo vencimiento de pago son dentro del año 2010 y ocurrida el 1 de enero de 2016 para el periodo de diciembre de 2010, ya no puede interrumpirse por ser posterior al perfeccionamiento de la prescripción, por lo que no cabe ningún reinicio del cómputo, puesto que el cómputo ya estaba concluido superabundantemente. 

Asimismo, señaló que, en la Resolución impugnada, sin tomar en cuenta los efectos jurídicos de un plazo concluido, hace referencia a otras actuaciones procesales ocurridas, tales como la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 79- 33-002751 y la interposición del Recurso de Alzada y Jerárquico, y pretende un nuevo conteo, siendo que éste ya estaba concluido, además que los procesos que declaran la nulidad del acto impugnado jamás suspenden el cómputo por ser imputables a la Administración, señaló que para que una interrupción sea tomada en cuenta se requiere imprescindiblemente que ocurra antes de la finalización del cómputo. Por lo mencionado, los siguientes actos como el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 79-33-002751 también son intranscendentes para el cómputo ya finalizado. 

Explicó que la Administración Tributaria al haber perdido sus facultades para verificar, investigar, determinar, controlar e imponer sanciones, es evidente que también carecía de su facultad de ejecución, por cuanto no puede ejecutar una deuda que ha sido establecida sin facultades. Manifestó que no se trata de haber renunciado al cobro como señaló la Administración Tributaria, sino de haber ejercido sus facultades en tiempo, y la interrupción invocada es inaplicable por estar fundamentada en actos posteriores al perfeccionamiento de la prescripción que ocurrió el 1 de enero de 2015 para los periodos con vencimientos en el año 2010, y el 1 de enero de 2016 para el diciembre de 2010, en ambos casos sin suspensiones y sin interrupciones durante los cuatro años del plazo. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa N° 232070000230, de 8 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

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Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 22 de julio de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa 232070000230, de 8 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 45 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 11 de agosto de 2020 (fs. 52-58 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria, luego de señalar los antecedentes del proceso, citó doctrina respecto a la prescripción y sus excepciones como ser la suspensión y la interrupción, de lo que entendió que siempre que exista una acción de la Administración Tributaria destinada al cobro del adeudo tributario frente al contribuyente, dicho aspecto será considerado como el uso de sus facultades establecidas por ley en cuanto a la relación jurídica tributaria del Estado como sujeto activo frente a las deudas tributarias. 

Argumentó que la prescripción no puede ser declarada de oficio, sino que debe ser solicitada por el interesado, en el presente caso, el interesado recién solicitó la prescripción de la deuda tributaria luego de notificado el PIET y de realizado el pago parcial de la deuda, según la retención de fondos a través de terceros. 

Explicó que la Resolución impugnada, en la pág. 3, señala la normativa aplicable y el cómputo para las facultades de la Administración Tributaria, seguido de los antecedentes de hecho, así como a págs. 6 y 7 se halla el análisis del caso en concreto, estableciendo el cómputo de la prescripción para los periodos de la gestión 2010, indicando que la determinación fue realizada dentro del plazo establecido en la 5 de 24 

Juáicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

M¿na tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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NB/ISO 

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níbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Ley 2492, es decir que las facultades de la Administración Tributaria de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones no estaban prescritas y que la notificación de la Resolución Determinativa fue realizada antes del vencimiento del plazo, situación que interrumpió el cómputo de la prescripción y que si bien existe una impugnación a ésta Resolución Determinativa, la misma no contemplo una oposición por prescripción o argumentación en recurso de alzada invocando la prescripción de las facultades de determinación tributaria o imponer sanción. De dicha impugnación se tiene la firmeza de la resolución de recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0553/2016, que confirmó la Resolución Determinativa, por lo que procedió a iniciar la etapa de ejecución, comunicando al contribuyente mediante PIET 79-33-002751-16 ejerciendo plenamente la facultad de ejecución tributaria y mediante medidas coactivas el 4 de agosto de 2017 realizó el cobro mediante boleta de pago 1000 con de Orden 1938900812, es decir un pago parcial de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa, situación que no se puede desconocer, pues si bien es cierto que el contribuyente puede realizar su solicitud de prescripción aun en etapa de ejecución tributaria, no se pueden desconocer las actuaciones realizadas con anterioridad, por lo cual la petición de prescripción de las facultades de determinar deuda tributaria e imponer sanciones no son procedentes, conforme lo establecido en el art. 108 de la citada norma, siendo que esta Resolución Determinativa quedo ejecutoriada y adquirió calidad de cosa juzgada convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria razón por la cual se rechazó la solicitud de “dejar sin efecto el Proveído, por estar prescrita la facultad de ejecución de la Administración Tributaria”, tal como ordenó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 87/2020, habiendo respondido a las reiteraciones mediante Proveído N°242070000075 de 10 de julio de 2020. 

Manifestó que el contribuyente al no impugnar la Resolución Determinativa en el plazo señalado, la misma quedo ejecutoriada cerrándose la facultad de determinación e imposición de sanción y se abrió la facultad de ejecución, a la cual la Resolución Administrativa basó su fundamento. Recalcó que la Resolución Determinativa adquirió calidad de cosa juzgada en materia procesal, siendo irreversible e inmutable, conforme lo señala la Sentencia Constitucional N°615/2012-R al establecer: “(…) Desde su vertiente formal, la cosa juzgada despliega su eficacia frente a los otros órganos judiciales o administrativos, que lleva un mandato implícito de no conocer lo ya resuelto”, postura ratificada por el Auto Supremo N°212/2014 y criterio compartido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1274/2018. Advirtió que si intenta 6 de 24

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

retrotraer etapa ya ejecutoriada se incurría en flagrante vulneración al debido proceso en su elemento incongruencia aditiva, principio de legalidad y principio de seguridad jurídica. 

Concluyó señalando que la Resolución Determinativa adquirió calidad de ejecutoriada y cosa juzgada cerrando en consecuencia la etapa de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones y aperturando la facultad de ejecución de la deuda tributaria y sanción, y en aplicación a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo III y art. 60 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) se comprende que el cómputo de la prescripción inició el 7 de diciembre de 2016 y se halla vigente, por lo cual no procede la prescripción solicitada por la recurrente, más aun cuando a la fecha cursa el pago parcial de la deuda tributaria por Bs11.693.- según retención de pagos a través de terceros, medida coactiva en ejercicio de la facultad de ejecución tributaria de la administración tributaria. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 232070000230 de 8 de julio de 2020. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 12 agosto de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria el 12 de agosto de 2020 (fs. 59-60 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 1 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria, el 27 de agosto de 2020, ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 61 del expediente). 

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2020, presentó como prueba el expediente administrativo que se generó en la sustanciación de la fiscalización presentado por la Administración Tributaria y ratificó como prueba la documentación que adjuntó a su recurso de alzada (fs. 64 del 

expediente). 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jafi mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 21 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria el 18 de septiembre de 2020, presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al Recurso de Alzada (fs. 67 del expediente). 

Por otro lado, la recurrente, el 21 de septiembre de 2020 presentó alegatos en conclusiones reiterando los argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada (fs. 70- 74 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

111.1 El 31 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Determinativa 79-17-149-16, de 8 de abril de 2016, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010 estableciendo una deuda tributaria por la suma de 73.555 UFV’s que a la fecha de emisión equivalen a Bs155.497.- (Ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción de la conducta y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 16-31 de antecedentes c. I). 

111.2 El 30 de septiembre de 2016, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0553/2016, que resolvió CONFIRMAR la Resolución Determinativa 79-17-149-16, de 8 de abril de 2016 (fs. 32-53 del expediente c. I). 

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AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

lff.3 Él 26 de octubre de 2016, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz emitió el Auto de Declaratoria de Firmeza de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0553/2016 (fs. 55 de antecedentes c. I). 

1.4 El 7 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 472/2016 79-33-002751-16, de 16 de noviembre de 2016, por el Titulo de Ejecución Tributaria correspondiente a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0553/2016 que resolvió CONFIRMAR la Resolución Determinativa 79-17-149-16, de 8 de abril de 2016, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 58 y 62 de antecedentes c. I). 

1.5 El 12 de diciembre de 2016, la recurrente mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria, solicitó se deje sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 79-33-002751-16, argumentando que la facultad para girar cargos o imponer sanciones por cualquier concepto, para los periodos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, ya estaban prescritas antes de la emisión del citado Proveído, y sustentó su solicitud de la prescripción en el art. 5 del DS 27310 (RCTB) el cual señala que “el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitarla prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria” {fs. 64-65 de antecedentes c. I). 

111.6 El 21 de julio de 2017, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Administrativa 231779000278, de 23 de junio de 2017, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada (fs. 82-84 y 88 de antecedentes c. II). 

111.7 El 27 de octubre de 2017, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0691/2017, que resolvió CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 231779000278, de 23 de junio de 2017 (fs. 98-105 del expediente c. I). 

Justicia tributaria paravivir bien Jan rrjit’ayir jach’a kamani (Aymara) Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburjuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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1.8 El 15 de enero de 2018, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0117/2018, que resolvió ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0691/2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Administrativa N° 231779000278 inclusive, a objeto de que la citada Administración Tributaria emita una nueva Resolución en la que contenga los fundamentos de hecho y de derecho acordes a lo solicitado por el contribuyente (fs. 106-113 del expediente c. I). 

1.9 El 26 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 231976000516, de 14 de junio de 2019, que resolvió RECHAZAR la oposición de la Ejecución Tributaria por Prescripción de la deuda tributaria contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 00472/2016, de 16 de noviembre de 2016, en virtud a que se hubiera iniciado dicha ejecución dentro del plazo establecido en el art. 59 de Ley 2492 (CTB), y suspendido el curso de la prescripción con la interposición del Recurso de Alzada, por lo que no ha operado el cómputo para la prescripción, encontrándose las actuaciones administrativas plenamente enmarcadas en función al procedimiento establecido en Ley 2492 (CTB) (fs. 202-206 de antecedentes c. II). 

1.10 El 18 de octubre de 2019, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0454/2019, que resolvió ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa 231976000516, de 14 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a fin de que la Administración Tributaria emita una respuesta fundamentada a todos los aspectos planteados por la recurrente (fs. 211-220 del expediente c. II). 

111.11 El 13 de enero de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0087/2020, que resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0454/2019, que anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la hasta la Resolución Administrativa 231976000516, de 14 de junio de 2019, 10 de 24

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria emitir una nueva Resolución Tributaria motivada respecto a la solicitud efectuada por el sujeto pasivo el 12 de diciembre de 2016, dando cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (fs. 223-231 del expediente c. II). 

111.12 El 15 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó al representante legal de la recurrente de forma personal con la Resolución Administrativa N° 232070000230, de 8 de julio de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de “SE DEJE SIN ELFECTO EL PROVEÍDO DE EJECUCIÓN TRIBUTRARIA No. 00472/2016 POR ESTAR PRESCRITA DE LA FACULTAD DE EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN”, formulada por la representante legal del contribuyente ENERGÍA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS MENTOR SRL, con NIT 1015211029, ahora PROSERTEC SRL, en virtud a lo establecido por el parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 del DS 27310, por lo que las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad a los arts. 66 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 288-296 de antecedentes c. II). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada expuso como único agravio la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

IV.1 Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La recurrente manifestó que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución Determinativa N°79-17-149-16 de 8 de abril de 2016, por cuanto ha transcurrido más de cuatro años, contados desde el 1ro de enero del año siguiente al vencimiento de cada uno de los periodos fiscalizados, es decir desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de mayo de 2016 que es la fecha de notificación de la citada Resolución Determinativa, por lo que la mencionada notificación se realizó 

ISO 9001| liíiiil-illilTilll’iil 

después de la prescripción de todas sus facultades (para verificar, investigar,

controlar e imponer sanciones, y genera la perdida de la facultad de ejecución), 11 de 24 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan ijnit’ayir jach’a kamani (Aymara) Manktasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbufuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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independientemente de su declaratoria de firmeza, toda vez que la prescripción puede plantearse incluso en el proceso de ejecución como dispone el art. 5 del DS 27310. 

Explicó que en la Resolución impugnada el tiempo de la prescripción señalado es de cuatro años, por lo que no cabe ninguna discusión sobre la Ley aplicable en lo que respecta a las modificaciones de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo, consideró que se incurrió en un error de cómputo, cuando se llegó a la conclusión ¡legal de señalar que sus facultades no habían prescrito. 

Señaló que en la Resolución impugnada se citaron los arts. 154 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310, de los cuales destacó el texto: “el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”, considerando que así quedó ratificado que cada periodo debe computarse de forma individual, que al tener su propio vencimiento, tiene su propio cómputo, lo que implica que cada uno tiene un propio inicio y un final respectivo. En el presente caso debido a que se trata del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, lo que correspondía era que se efectué siete cómputos, es decir un cómputo por mes. 

Manifestó que en la Resolución impugnada se reconoce y deja establecido el alcance de la verificación respecto a cada periodo fiscal y únicamente sobre facturas detalladas y declaradas en dichos periodos, lo que relaciona al hecho que en el proceso de verificación realizado NO aplica la suspensión de la prescripción por tratarse de una verificación, no así de una fiscalización. 

Señaló que si bien se reconoce que a los efectos del cómputo es pertinente hacer una diferenciación respecto a los meses, empero de forma errónea e ilegal estableció un solo inicio del cómputo de la prescripción a partir de enero de 2012 y agrupó todos los periodos mensuales como si fuera uno solo, siendo que para los periodos de enero a noviembre de 2010, cuyos vencimientos de pago son dentro del año 2010, el cómputo se inició el 1 de enero de 2011 y concluyó el 1 de enero de 2015, y para el periodo de diciembre de 2010, cuyo vencimiento es en el año 2011, el cómputo se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 1 de enero de 2016, en ambos casos la 12 de 24

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

prescripción se perfecciona antes del 31 de mayo de 2016, es decir que cuando se notificó la Resolución Determinativa ya estaban prescritas las facultades de la Administración Tributaria, aspecto muy importante ya que una vez que se ha perfeccionado la prescripción, los actos posteriores ya no pueden cambiar la situación jurídica ocurrida y perfeccionada. 

Argumentó que se estableció errónea e ilegalmente que la notificación con la Resolución Determinativa hubiera interrumpido la prescripción, sin considerar que la citada Resolución al haber sido notificada después de la prescripción ocurrida el 1 de enero de 2015 para los periodos cuyo vencimiento de pago son dentro del año 2010 y ocurrida el 1 de enero de 2016 para el periodo de diciembre de 2010, ya no puede interrumpirse por ser posterior al perfeccionamiento de la prescripción, por lo que no cabe ningún reinicio del cómputo puesto que el cómputo ya estaba concluido superabundantemente. 

Asimismo, señaló que, en la Resolución impugnada, sin tomar en cuenta los efectos jurídicos de un plazo concluido, hace referencia a otras actuaciones procesales ocurridas, tales como la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 79- 33-002751 y la interposición del Recurso de Alzada y Jerárquico, y pretende un nuevo conteo, siendo que éste ya estaba concluido, además que los procesos que declaran la nulidad del acto impugnado jamás suspenden el cómputo por ser imputables a la Administración, señaló que para que una interrupción sea tomada en cuenta se requiere imprescindiblemente que ocurra antes de la finalización del cómputo. Por lo mencionado, los siguientes actos como el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 79-33-002751 también son intranscendentes para el cómputo ya finalizado. 

Explicó que la Administración Tributaria al haber perdido sus facultades para verificar, investigar, determinar, controlar e imponer sanciones, es evidente que también carecía de su facultad de ejecución, por cuanto no puede ejecutar una deuda que ha sido establecida sin facultades. Manifestó que no se trata de haber renunciado al cobro como señaló la Administración Tributaria, sino de haber ejercido sus facultades en tiempo, y la interrupción invocada es inaplicable por estar fundamentada en actos posteriores al perfeccionamiento de la prescripción que ocurrió el 1 de enero de 2015 para los periodos con vencimientos en el año 2010, y el 1 de enero de 2016 para el 

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Jan r/nit’aytr jach’a kamani (Aymara) 

Mar^atasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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diciembre de 2010, en ambos casos sin suspensiones y sin interrupciones durante los cuatro años del plazo. 

Por su parte, la Administración Tributaria luego de señalar los antecedentes del proceso, citó doctrina respecto a la prescripción y sus excepciones como ser la suspensión y la interrupción, de lo que entendió que siempre que exista una acción de la Administración Tributaria destinada al cobro del adeudo tributario frente al contribuyente, dicho aspecto será considerado como el uso de sus facultades establecidas por ley en cuanto a la relación jurídica tributaria del Estado como sujeto activo frente a las deudas tributarias. 

Argumentó que la prescripción no puede ser declarada de oficio, sino que debe ser solicitada por el interesado, en el presente caso, el interesado recién solicitó la prescripción de la deuda tributaria luego de notificado el PIET y de realizado el pago parcial de la deuda, según la retención de fondos a través de terceros. 

Explicó que la Resolución impugnada, en la pág. 3, señala la normativa aplicable y el cómputo para las facultades de la Administración Tributaria, seguido de los antecedentes de hecho, así como a págs. 6 y 7 se halla el análisis del caso en concreto, estableciendo el cómputo de la prescripción para los periodos de la gestión 2010, indicando que la determinación fue realizada dentro del plazo establecido en la Ley 2492, es decir que las facultades de la Administración Tributaria de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones no estaban prescritas y que la notificación de la Resolución Determinativa fue realizada antes del vencimiento del plazo, situación que interrumpió el cómputo de la prescripción y que si bien existe una impugnación a ésta Resolución Determinativa, la misma no contempló una oposición por prescripción o argumentación en recurso de alzada invocando la prescripción de las facultades de determinación tributaria o imponer sanción. De dicha impugnación se tiene la firmeza de la resolución de recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0553/2016, que confirmó la Resolución Determinativa, por lo que procedió a iniciar la etapa de ejecución, comunicando al contribuyente mediante PIET 79-33-002751-16 ejerciendo plenamente la facultad de ejecución tributaria, y mediante medidas coactivas el 4 de agosto de 2017 realizó el cobro mediante boleta de pago 1000 con de Orden 1938900812, es decir un pago parcial de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa, situación que no se puede desconocer, pues si bien es 14 de 24

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

cierto que el contribuyente puede realizar su solicitud de prescripción aun en etapa de ejecución tributaria, no se pueden desconocer las actuaciones realizadas con anterioridad, por lo cual la petición de prescripción de las facultades de determinar deuda tributaria e imponer sanciones no son procedentes, conforme lo establecido en el art. 108 de la citada norma, siendo que esta Resolución Determinativa quedo ejecutoriada y adquirió calidad de cosa juzgada convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria razón por la cual se rechazó la solicitud de “dejar sin efecto el Proveído, por 

estar prescrita la facultad de ejecución de la Administración Tributaria”, tal como ordenó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 87/2020, habiendo respondido a las reiteraciones mediante Proveído N°242070000075 de 10 de julio de 2020. 

Manifestó que el contribuyente al no impugnar la Resolución Determinativa en el plazo señalado, la misma quedo ejecutoriada cerrándose la facultad de determinación e imposición de sanción y se abrió la facultad de ejecución, a la cual la Resolución Administrativa basó su fundamento. Recalcó que la Resolución Determinativa adquirió calidad de cosa juzgada en materia procesal, siendo irreversible e inmutable, conforme lo señala la Sentencia Constitucional N°615/2012-R al establecer: “(…) Desde su vertiente formal, la cosa juzgada despliega su eficacia frente a los otros órganos judiciales o administrativos, que lleva un mandato implícito de no conocer lo ya resuelto”, postura ratificada por el Auto Supremo N°212/2014 y criterio compartido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1274/2018. Advirtió que si intenta retrotraer etapa ya ejecutoriada se incurría en flagrante vulneración al debido proceso en su elemento incongruencia aditiva, principio de legalidad y principio de seguridad jurídica. 

Concluyó señalando que la Resolución Determinativa adquirió calidad de ejecutoriada y cosa juzgada cerrando en consecuencia la etapa de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones y aperturando la facultad de ejecución de la deuda tributaria y sanción, y en aplicación a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo III y art. 60 parágrafo III 

de la Ley 2492 (CTB) se comprende que el cómputo de la prescripción inició el 7 de

diciembre de 2016 y se halla vigente, por lo cual no procede la prescripción solicitada por la recurrente, más aun cuando a la fecha cursa el pago parcial de la deuda tributaria por Bs11.693.- según retención de pagos a través de terceros, medida 

coactiva en ejercicio de la facultad de ejecución tributaria de la administración

tributaria. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan ríiit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbü’ruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que para la doctrina la prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial “Depalma”, 1995. Pág. 189). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, se manifestó-señalando que: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la leyy el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, 16 de 24

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica”. 

En el mismo orden, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, estableció que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el Principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, en efecto, la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 17 de 24 

Justicpia tributaria paravivir bien 

Jan rpit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

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Sistema de L _ . _ dp la Calidad 

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términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. En ese orden, los arts. 59 y 60 del Código Tributario Boliviano (CTB) sin modificaciones, vigente hasta septiembre de la gestión 2012, establecía que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, asimismo, que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Asimismo, en el caso de las contravenciones, el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 31 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Determinativa 79-17-149-16, de 8 de abril de 2016, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 18 de 24

MTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010 estableciendo una deuda tributaria por la suma de 73.555 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción de la conducta y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 16-31 de antecedentes c. I); Resolución que fue impugnada por la recurrente mediante recurso de alzada, impugnación que concluyó con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0553/2016, de 30 de septiembre de 2016, que resolvió CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 79-17-149-16 , de 8 de abril de 2016; Resolución de Alzada que se declaró firme mediante Auto de Declaratoria de Firmeza de 26 de octubre de 2016. 

Continuando con la compulsa de antecedentes, se tiene que el 7 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 472/2016 79-33-002751-16, de 16 de noviembre de 2016, por el Titulo de Ejecución Tributaria correspondiente a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0553/2016 que resolvió CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 79-17-149-16, de 8 de abril de 2016, otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 58 y 62 de antecedentes c. I). 

Por su parte, 12 de diciembre de 2016 la recurrente solicitó se deje sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 79-33-002751-16, argumentando que la facultad para girar cargos o imponer sanciones por cualquier concepto, para los periodos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, ya estaban prescritas antes de la emisión del citado Proveído, y sustentó su solicitud de la prescripción en el art. 5 del DS 27310 (RCTB) (fs. 64-65 de antecedentes c. I); en consecuencia, la 21 de julio de 2017, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Administrativa 231779000278, de 23 de junio de 2017, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción planteada (fs. 82-84 y 88 de antecedentes c. II), la cual fue impugnada por la recurrente y cuyo proceso de impugnación concluyó con la emisión de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0117/2018, que resolvió ANULAR la fi 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0691/2017, con reposición hasta el 

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Justicia tributaria para vivir bien Jar mit’ayir jach’a kamani (Aymara) M£na tasaq kuraq kamachiq (Quechua) MJauruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Administrativa N° 231779000278 inclusive, a objeto de que la citada Administración Tributaria emita una nueva Resolución en la que contenga los fundamentos de hecho y de derecho acordes a lo solicitado por el contribuyente (fs. 106-113 del expediente c. I). 

Continuando con la compulsa, el 26 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 231976000516, de 14 de junio de 2019, que resolvió RECHAZAR la oposición de la Ejecución Tributaria por Prescripción de la deuda tributaria contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 00472/2016 de 16 de noviembre de 2016 (fs. 202-206 de antecedentes c. II); en consecuencia la recurrente impugnó la citada Resolución, proceso de impugnación que concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0087/2020, que resolvió CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0454/2019, que anuló obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la hasta la Resolución Administrativa N° 231976000516, de 14 de junio de 2019, inclusive, debiendo la citada Administración Tributaria emitir una nueva Resolución motivada respecto a la solicitud efectuada por el sujeto pasivo el 12 de diciembre de 2016, dando cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (fs. 223-231 del expediente c. II), por lo que, el 15 de julio de 2020, la Administración Tributaria notificó al representante legal de la recurrente de forma personal con la Resolución Administrativa 232070000230, de 8 de julio de 2020, resolución hoy impugnada. 

En ese contexto, corresponde señalar que el presente análisis está orientado a dilucidar los aspectos planteados en el recurso de alzada conforme a lo establecido en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) por lo que respecto a lo agraviado por la recurrente, con relación a que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución Determinativa N°79-17-149-16, por cuanto la notificación de la misma se realizó después de la prescripción de todas sus facultades (para verificar, investigar, controlar e imponer sanciones, y genera la perdida de la facultad de ejecución), independientemente de su declaratoria de firmeza, toda vez que la prescripción puede plantearse incluso en el proceso de ejecución como dispone el art. 5 del DS 27310; y considerando que la Administración Tributaria argüyó que la petición de prescripción de las facultades de determinar deuda tributaria e imponer sanciones no son 

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Allí 

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Impugnación Tributaria 

procedentes, conforme lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), siendo que la Resolución Determinativa 79-17-149-16 quedó ejecutoriada y adquirió calidad de cosa juzgada convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria, corresponde señalar que si bien el proceso determinativo se encuentra en etapa de ejecución tributaria, por previsión del art. 5 del DS 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable puede solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria, en ese mismo contexto, el art. 109, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dispone expresamente que contra la oposición fiscal, será admisible, entre otras, como causal de oposición, cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por éste Código, dentro de las cuales, está la prescripción establecida en el art. 59 y siguientes de la citada disposición legal, por cuanto, no corresponde lo alegado por la entidad recurrida en su defensa, respecto a que no es procedente la petición de prescripción de las facultades de determinar deuda tributaria e imponer sanciones. 

En el mismo contexto, respecto a lo señalado por la Administración Tributaria que la Resolución Determinativa N° 79-17-149-16, adquirió calidad de cosa juzgada en materia procesal, siendo irreversible e inmutable, citando al efecto la SCP 0615/2012-R de 23 de julio de 2012 y el Auto Supremo 212/2014, de 12 de noviembre de 2014, corresponde señalar que la citada Sentencia establece sobre los efectos de la cosa juzgada que: “(…)La cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un juez o tribunal, por sentencia firme, contra la cual, no se admite recurso alguno de impugnación salvo algunos casos excepcionales. (…) la cosa juzgada despliega su eficacia frente a los otros órganos judiciales o administrativos, que lleva un mandato implícito de no conocer lo ya resuelto, impidiendo con ello la apertura de otros procesos nuevos sobre el mismo asunto (este efecto sólo la producen las decisiones firmes sobre el fondo) (…)”, de lo que se tiene que, en el presente caso si bien la Resolución Determinativa 79-17-149-16 fue impugnada mediante recurso de alzada y la Resolución de Recurso Alzada ARIT-SCZ/RA 0553/2016 confirmó la misma y adquirió firmeza, sin embargo, se debe considerar que la revisión de la prescripción no fue parte del proceso ya resuelto y que el análisis de la prescripción no concierne a los aspectos de fondo de la determinación sino a la verificación de la consolidación de la prescripción de las facultades de la 

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Justfcia tributaria para vivir bien Jan/mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mapa tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mtíjjruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, en consecuencia corresponde desestimar lo alegado por la entidad recurrida, al sustentar su defensa en la firmeza de la Resolución Determinativa emergente de su impugnación. 

En mérito de lo anterior y en el marco de la previsión contenida en el núm. 3 del art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que permite a esta instancia recursiva analizar la prescripción invocada por la recurrente, se procederá a verificar si las facultades de determinación e imposición de sanción de la Administración Tributaria se encontraban o no vigentes, en ese sentido, se tiene que la Resolución Determinativa 79-17-149-16 de 8 de abril de 2016, estableció una deuda tributaria por los periodos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010; de los cuales, para los periodos de enero a noviembre 2010, el cómputo de la prescripción para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, se inició el 1 de enero de 2011, y para el periodo de diciembre 2010, se inició el 1 enero de 2012, correspondiendo en consecuencia aplicar la disposición normativa vigente al momento del inicio de los referidos cómputos, en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Bajo ese criterio, respecto al cómputo de la prescripción para determinar la deuda tributaria y la imposición de sanciones de los periodos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010, que inició el 1 de enero de 2011 y para diciembre de 2010, que inició el 1 de enero de 2012, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, que en su art. 59, parágrafo I, señala que las acciones de la Administración Tributaria, prescribirán a los cuatro (4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; vale decir, la Administración Tributaria tenía hasta el 31 de diciembre de 2014 para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones a la recurrente por los periodos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010; y hasta el 31 de diciembre de 2015, para determinar la deuda e imponer sanciones a la recurrente por el periodos fiscal diciembre de 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

2010, por consiguiente, es evidente que, cuando se notificó la Resolución Determinativa 79-17-149-16, el 31 de mayo de 2016, las facultades de la entidad recurrida, para determinar deudas tributarias e imponer sanciones correspondientes a los periodos mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, se encontraban prescritas, en consecuencia la notificación de la citada Resolución Determinativa no produjo una interrupción del cómputo de la prescripción como señaló la Administración Tributaria. 

Así también, cabe mencionar que no se produjeron causales de suspensión en el marco de lo establecido en el art. 62 parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB) aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, toda vez que el presente caso corresponde a un proceso de verificación que inició con la notificación de una Orden de Verificación N°0014OVI07631. 

Por todo lo expuesto, al haberse establecido que las facultades de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones administrativas se encontraban prescritas antes de la emisión y notificación con la Resolución Determinativa 79-17-149-16; y en vista que no existieron causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); precautelando la seguridad jurídica, en el marco de lo previsto en el art. 5 del DS 27310 (RCTB), que permite que el sujeto pasivo o tercero responsable pueda solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria, corresponde dar la razón a la recurrente, en consecuencia, revocar totalmente la Resolución Administrativa 232070000230 de 8 de julio de 2020, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, en consecuencia se deja sin efecto la ejecución tributaria iniciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 472/2016 79-33-002751-16 de 16 de noviembre de 2016. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 23 de 24 

Justicia tributaria para vivir bien 

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mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa 232070000230 de 8 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, al evidenciarse que las facultades de la Administración Tributaria para la determinación de tributos, imposición de sanciones y de ejecución, respecto al Impuesto al Valor Agregado de los periodos de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, se encontraban prescritas antes de la notificación con la Resolución Determinativa 79-17-149-16, de 8 de abril de 2016, en consecuencia se deja sin efecto la ejecución tributaria iniciada mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 472/2016 79-33-002751-16 de 16 de noviembre de 2016, de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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í)KSP/ccav/cmmf/acq/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0527/2020 Direc’.cra Ejecutiva Regional 

Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz 24 de 24