ARIT-SCZ-RA-0524-2020 Vista de cargo nula por no valorar fundamentar su decisión

ARIT-SCZ-RA-0524-2020

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0524/2020 

María Hilda Mejía Choque. 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Gonzalo 

Suárez Virreria. 

Resolución Determinativa N° 

172076000106, de 06 de marzo de 

ARIT-SCZ-0277/2020. 

Santa Cruz, 30 de septiembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0524/2020 de 30 de septiembre 

de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto 

se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Determinativa 172076000106, de 06 de marzo de 2020, que resolvió: Primero.- Determinar de oficio el adeudo tributario de la contribuyente Mejía Choque María Hilda, por un monto total de 267.818,00 UFV’s equivalente a Bs626.395,00, por el Impuesto al ,0 

Valor Agregado Crédito Fiscal e Impuesto a las Utilidades de las Empresas, 

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correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012, importe que incluye el tributo omitido actualizado, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y la sanción por omisión de pago. Segundo.- Calificar la conducta de la contribuyente como contravención tributaria de omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 modificado por el DS 2993, por lo que corresponde imponer una sanción igual al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s por tributo y/o periodo pendiente de pago, al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 119.761,00 UFV’s equivalente a Bs280.108,00, a la fecha de emisión de la Resolución, importes que forman parte del detalle de la liquidación precedente. Tercero.- Calificó la conducta del contribuyente Hurtado Cuellar José Javier, con una multa de 500 UFV’s equivalente a Bs1.169, para persona natural, al establecerse el incumplimiento al deber formal de no entregar ninguna información y documentación requerida durante los procedimientos de verificación y control, en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, conforme dispone el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), incumplimiento sancionado por el subnumeral 4.2, num. 4 del Anexo I Régimen General de la RND N° 10-0033-16. 

  1. TRAMITACIÓN DE RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la recurrente 

María Hilda Mejía Choque, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 15 de junio y 01 de julio de 2020 (fs. 83-94 y 97-108 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 172076000106, de 06 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración de derechos constitucionales por vicios de nulidad de la Vista de Cargo. 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria no respetó la garantía del debido proceso ni el derecho a la defensa, al no haber motivado ni fundamentado de 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

manera clara y precisa los actos administrativos emitidos dentro del proceso de fiscalización, toda vez que verificados cada uno de los conceptos de los códigos de observación en el Cuadro 3 de la Vista de Cargo N° 291976001253 y la Resolución Determinativa impugnada, se puede observar claramente que en la columna de “Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (Originales)”, se consignó que habría presentado todas las notas fiscales, por lo que no correspondería la depuración de ninguna nota fiscal por este argumento, sin embargo, la Nota Fiscal 37299, se encuentra observada con los Códigos 1: Transacción no respaldada con la factura original y Código 3: Transacción no realizada efectivamente, en los cuales se menciona que no se habrían presentado las notas fiscales observadas. Asimismo, se demostró que estas observaciones carecen de fundamentacion, por existir contradicción, colocándola en estado de indefensión, puesto que las Notas Fiscales 732635, 1331008, 923266, 347421, 351645, 938945, 37299, 179969, 1128905, 886089, 1144615, 118111, 1433327, 13351 (debió decir 133851), 1426986, 444505, 325206, 1956847, 1964477, 340957, 2418560, 2507853, 532916, 548565, 765885, 740982, 756652, 3066305, 3139903, 928103, 1341938 y 1245391, fueron depuradas con el Código 6: Otros incumplimientos a deberes formales, bajo la observación de que “no se presentó la nota fiscal en originar, situación que la deja en total confusión. En suma, infirió que si se realiza un análisis más amplio de los Códigos 1, 3 y 6, que establecen como motivo de la depuración la no presentación de las notas fiscales observadas, se concluye que, deberían estar todas las Notas Fiscales con los Códigos 1, 3 y 6, o en todo caso ninguna; esta situación demuestra la falta de análisis de la documentación presentada, puesto que en algunos casos se consideró la presentación de las Notas Fiscales como respaldo, y en otros casos se argumentó que no se presentaron, existiendo inconsistencias en estos puntos. 

Conjuntamente, refirió que en el Código 4, la observación para desvirtuar la presentación de los Libros Mayores, como documentación de respaldo al Crédito Fiscal, carece de fundamentacion, debido a que sólo menciona que “no cuenta con el Libro Mayor de la cuenta ingresos, no cuenta con los registros de transacciones correspondientes a las ventas a diciembre de 2014, de tal forma omitió considerar estos ingresos para la determinación del Impuesto a las Transacciones”, por lo que 

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de ninguna manera demostró la razón por la cual no es válido como documento de respaldo al Crédito Fiscal, debido a que únicamente mencionó que no se puede 3 de 57 

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considerar para el Impuesto a las Transacciones, correspondiendo explicarse de manera clara y fundamentada, la razón del por qué los Libros Mayores son insuficientes como documentación de respaldo al Crédito Fiscal IVA. 

Como apoyo a sus argumentos, citó el art. 36 de la Ley 2341 (LPA) y las Sentencias Constitucionales N° 160/2010-R de 17 de mayo de 2010, 1534/2003-R de 30 de octubre de 2003, 2026/2010-R de 09 de noviembre de 2010. 

11.1.2 Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa por incongruencias y falta de valoración de descargos presentados a la Vista de Cargo. 

La recurrente señaló que con párrafos inconsistentes, carentes de legalidad y de fundamentacion, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada, pretendió contestar a los descargos que presentó a la Vista de Cargo 291976001253, sin embargo, no se respondió a cada uno de los agravios expuestos de manera clara y concisa, puesto que, respecto al Cuadro N° 3 “Detalle de documentación solicitada” de la Vista de Cargo, manifestó que en él se expresa detalladamente toda la documentación que le fue solicitada, y se menciona que entre la documentación requerida están las facturas originales, las cuales fueron entregadas sin levantar observación alguna, por tanto resulta incongruente y contradictorio que le depuren facturas por no presentar la original; sobre este punto, la Administración Tributaria de manera vaga e imprecisa en la pág. 72 de la Resolución Determinativa impugnada, supuestamente desvirtuó su argumento, señalando que en el Acta de Recepción de Documentos se estableció la inexistencia de dicha factura, sin embargo, en líneas posteriores disimula su error al señalar que: “En este sentido, si bien es cierto que en el cuadro N° 3 de detalle de documentación solicitada, se señala de forma general y resumida la documentación presentada por la contribuyente, no obstante, debajo de este cuadro se aclara que la documentación fue presentada de forma parciaf; por lo que observó que la Administración Tributaria intentó disimular su negligencia y contradicciones en sus actuaciones, al admitir que el Cuadro 3 establece que se presentaron todas las facturas y que no consignó ninguna observación respecto a estas; asimismo, observó que esta contradicción se evidencia cuando en el Cuadro N° 3, en el punto referido a “Extractos bancarios del movimiento económico de las cuentas registradas a nombre del titular del NIT, vinculadas a las transacciones realizadas”, se consignó que la documentación fue 4 de 57

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Impugnación Tributaria 

entregada y en observaciones, señaló que se presentó de forma parcial, observación que no se efectuó para las facturas presentadas, por lo que el referido cuadro es contradictorio, ocasionando incongruencias en la Resolución. 

Por otra parte, en el punto 4 de su memorial de descargos a la Vista de Cargo, indicó que la observación del Código 4 sobre la no efectiva realización de la transacción, no se puede probar y menos fundamentar, alegando la falta de presentación de la factura original, pues de acuerdo a las amplias facultades de investigación de la Administración Tributaria, esta debió agotar sus facultades de investigación, para verificar la efectiva realización de las transacciones, habiéndose vulnerado no sólo el derecho a la defensa y el debido proceso, sino el Principio de verdad material, que obliga a investigar más allá de lo aportado por las partes al proceso; al respecto, la Administración Tributaria se limitó a señalar que, de acuerdo a los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), es obligación del contribuyente demostrar la cuantía y procedencia de los créditos que declara, sin embargo, la Administración Tributaria olvidó que el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), señala que a quien pretenda hacer valer sus derechos le corresponde la carga de la prueba, en este sentido, si pretendía la improcedencia de los créditos declarados, debió agotar sus facultades de investigación y llegar a la verdad material de ios hechos, no habiendo desvirtuado su descargo con argumentos legales o valederos. 

Además, aludió que en cuanto a la presentación de la documentación respaldatoria de las transacciones realizadas, la Resolución Determinativa impugnada en su pág. 73 indicó: “la contribuyente señala que las observaciones realizadas por la Administración Tributaria a sus comprobantes de ingresos, egresos, libro diario y mayor, no tiene incidencia en el crédito fiscal; sobre ello, es importante mencionar que esta documentación fue presentada por la contribuyente como respaldo a sus transacciones realizadas en los periodos de enero a diciembre/2014, por lo que producto de la verificación y análisis de estos, se encontraron observaciones que fueron plasmadas en las páginas 52, 53 y 54 de la Vista de Cargo.”, por lo que observó que la Administración Tributaria no sólo omite referirse a algún marco legal que respalde que los errores de forma en los libros de contabilidad invalidan el crédito fiscal, sino que también comete una equivocación en cuanto a la fundamentacion de 

las Resoluciones, puesto que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la

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fundamentacion por remisión a otro documento, por lo que debe fundamentar y motivar su respuesta en la Resolución. 

La recurrente agregó que existe una incongruencia en la Resolución Determinativa impugnada, debido a que la Administración Tributaria observó con tres códigos diferentes (1, 3 y 6) las facturas (N° 732635, 1331008, 923266, 347421, 351645, 938945, 37299, 179969, 1128905, 886089, 1144615, 118111, 1433327, 13351, 1426986, 444505, 325206, 1956847, 1964477, 340957, 2418560, 2507853, 532916, 548565, 765885, 740982, 756652, 3066305, 3139903, 928103, 1341938 y 1245391), pero con idéntico fundamento, lo que ocasiona incongruencia. 

Así también, señaló que en la pág. 71 de la Resolución Determinativa, existen graves errores en el texto, toda vez que en el resumen de la determinación del IUE, claramente se mencionó que el alcance de la fiscalización es la gestión 2012, siendo lo correcto la gestión 2014, además, muestra un importe por reparos del IUE de Bs314.477,52, siendo el importe correcto: 230.764,16, monto que también varía en la liquidación, situación que la coloca en estado de indefensión al pretender mostrar un importe fuera de la realidad y pretender una deuda de una gestión que no está en el alcance de la Orden de Fiscalización; asimismo, en la última parte de la Resolución Determinativa, en el resuelve tercero, se consigna como contribuyente a José Hurtado Cuellar con NIT 4696503013, sancionando el incumplimiento al deber formal por “no entrega ninguna información y documentación requerida, durante los procedimientos de verificación y controf, por lo que observó que se pretende sancionar a un contribuyente distinto, además de que se le pretende sancionar con un deber formal de no presentación de la documentación, siendo que según acta cursante en el expediente, se demuestra que se presentó. Y finalmente, el último párrafo de la Resolución Determinativa impugnada en su resuelve séptimo, pág. 78, mencionó: “el resultado de la verificación con alcance establecido en la Orden de Verificación N° 17990205804″, siendo esta Orden de Fiscalización correspondiente a otro contribuyente, puesto que la Orden de Fiscalización correcta es la N° 17990100156, lo que demuestra los vicios de nulidad, al generar confusión por las incongruencias, vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso. 

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II.1.3 Depuración del Crédito Fiscal. 

La recurrente señaló que el análisis y justificación para la depuración del Crédito Fiscal en el cuadro “Verificación del IVA (Crédito Fiscal)”, es incongruente, toda vez que a manera de ejemplo, se puede verificar que la factura N° 30468 de 07 de enero de 2014, fue observada con los Códigos 2-4-6, los cuales se justifican en la columna de Concepto de Factura, mencionando: “Servicio de energía eléctrica COD: 081973 D-4 (El contribuyente cambió de domicilio según registro de padrón en fecha 26/01/2014)”, no obstante, del análisis de esta nota fiscal se puede advertir que la fecha de la factura es anterior a la del cambio de domicilio registrado en el padrón, además que tratándose de una factura de servicios básicos, se entiende que cumplido el servicio del mes llega la factura, por lo que la factura observada, mínimamente es por el pago del servicio del mes anterior, por lo que no corresponde depurar con el Código 4, como se reflejó en la columna Concepto de Factura. 

La recurrente respecto a la observación por el Código 4, señaló que no se precisó el por qué las supuestas faltas de firmas en algunos Libros Contables tienen incidencia directa en la depuración del Crédito Fiscal, cuando en realidad dicha omisión es sólo de forma, por lo que la Administración Tributaria no tiene sustento legal para depurar el Crédito Fiscal, ya que no existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico que señale que los errores de forma en los libros contables los vuelven carentes de capacidad probatoria. 

Por lo expuesto, solicitó se anulen obrados hasta la emisión de la Resolución Determinativa 172076000106 de 06 de marzo de 2020. 

II.2. Auto de admisión. 

Mediante Auto de 07 de julio de 2020 (fs. 109 del expediente), se dispuso la admisión FsjrsTm 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa 172076000106, de 06 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 29 de julio de 2020 (fs. 117-125 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de contestar al Recurso de Alzada en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Sobre la vulneración de derechos constitucionales por vicios de nulidad de la Vista de Cargo. 

La Administración Tributaria efectuó una relación de antecedentes del proceso y señaló que, dentro de las garantías jurisdiccionales, la CPE estableció en el parágrafo II del art. 115 que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; por su parte, el parágrafo I del art. 96 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: “La Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”, concordante con el art. 6 de la RND 10-00005-13. Añadió que se puede evidenciar que lo argüido por la recurrente en su recurso, tiene como objeto inducir en error, toda vez que no pudo desvirtuar ni presentar descargos valederos contra los cargos imputados, además que los actos administrativos no sólo cumplen a cabalidad con los requisitos señalados por los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), sino que exponen con claridad los fundamentos de hechos observados en el proceso de verificación, que permitieron a la recurrente presentar los respectivos descargos; asimismo, se puede observar que la Vista de Cargo contiene los requisitos establecidos en la Ley 2341 (LPA), también contiene los antecedentes que generaron el proceso y la valoración de los datos y elementos, los cuales se constituyen en los fundamentos de hecho, y desglosa la normativa que sustenta las observaciones realizadas, que son los elementos de derecho, estando demostrado el fehaciente cumplimiento de la normativa tributaria vigente, que respalda la correcta actuación de 8 de 57

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Impugnación Tributaría 

la Administración Tributaria en todo el proceso de fiscalización, hasta la emisión de la Vista de Cargo y su correspondiente Resolución Determinativa. 

Por otra parte, manifestó que la única factura bajo el código 1 es la N° 37299, toda vez que dicha factura no fue presentada por la contribuyente, prueba de ello es que en el Acta de Recepción de documentos de 23 de mayo 2019, se hizo notar la ausencia de la presentación de la referida factura, firmando en señal de conformidad la contribuyente, a quien se le entregó una copia del Acta, por lo que si fuera el caso de contar con el original de esta factura, debió haber sido presentada por la contribuyente; además, aún en la etapa de descargos la contribuyente no presentó la factura observada, sólo se limitó a expresar argumentos sin respaldo, por lo que esta observación se encuentra debidamente justificada, teniéndose como consecuencia la depuración de la factura N° 37299, bajo el código 1, ante la no presentación de la factura original, conforme al núm. 1 parágrafo I del art. 41 de la RND N° 10.0016.07, vigente a la fecha del hecho generador, concordante con la RND N° 10-0025-14 núm. 1, parágrafo I del art. 54, que establece como requisito indispensable para la validez del crédito fiscal, que la nota fiscal sea presentada en original; asimismo, la falta de presentación de la factura original, derivó en la depuración de la misma por los códigos 2, 3, 4, 5 y 6, al no poder evidenciar el cumplimiento de dichas observaciones. 

Sobre el código 4, la Administración Tributaria refirió que la contribuyente presentó como medios de pago, comprobante de egresos, comprobante de ingresos, Libro Diario, Libro Mayor, extracto bancario de la cuenta 225754-401-2 registrada en el Banco BISA S.A., y Estados Financieros de la gestión 2013 y 2014; estableciendo con relación a los Libros Mayores que de su verificación observó que la contribuyente no cuenta con el Libro Mayor de la cuenta Banco, y en el Libro Mayor de la cuenta Ingresos no cuenta con los registros de las transacciones correspondiente a las ventas a diciembre de 2014, de tal forma omitió considerar estos ingresos para la determinación del Impuesto a las Transacciones; citó los arts. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) y 36, 37 y 40 del Código de Comercio, y añadió que durante el proceso de determinación, observó que todos los comprobantes de ingreso no contaban con el nombre o identificación de los responsables de las firmas de 

elaborado y Visto Bueno, y siendo que la contribuyente está obligada a respaldar sus /° 

actividades y operaciones gravadas mediante libros y registros generales

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especiales (comprobantes de egreso, notas de remisión, notas de ingreso y salida de materiales de almacenes, kardex, inventarios, informes, etc.), que acrediten que las transacciones consignadas en las facturas observadas fueron realizadas efectivamente, aspecto que no sucedió durante el proceso de determinación, toda vez que los comprobantes de ingreso presentados por la contribuyente, no cuentan con la respectiva aclaración de firma de la persona que interviene en las transacciones, por lo que no fue demostrado que las transacciones observadas fueran realizadas efectivamente, requisito establecido por el Auto Supremo 35/2014 de 23 de abril de 2014, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia; bajo tales circunstancias, la contribuyente no cumplió con lo dispuesto en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio y 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), y el Auto Supremo N° 293/2013 de 05 de junio de 2013, para la comprobación de la efectiva transacción, lo que generó la correcta depuración del crédito fiscal indebidamente apropiado por la recurrente. 

Por otro lado, indicó que con relación a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, a la defensa y al Principio de verdad material, la recurrente no demostró de qué manera la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa tiene vicios de nulidad, habiéndose demostrado que estos actos administrativos cumplieron con todos los requisitos de validez, por lo tanto no existió la vulneración al debido proceso, menos se causó la indefensión a la recurrente. En apoyo a sus argumentos citó la Sentencia Constitucional 0666/2012-R de 02 de agosto de 2012. 

II.3.2 Respecto a los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa por incongruencias y falta de valoración de descargos presentados a la Vista de Cargo. 

La Administración Tributaria aludió que producto de que la contribuyente no logró desvirtuar las observaciones señaladas en la Vista de Cargo, se emitió la Resolución Determinativa impugnada, con saldo a favor del fisco, la misma que señala con total claridad el lugar y fecha, razón social del sujeto pasivo, las especificaciones de la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la valoración de los descargos presentados por la contribuyente, la calificación de la conducta como omisión de pago, las sanciones establecidas, así como la firma, norma y cargo de la autoridad competente, en estricto cumplimiento a lo señalado en el art. 99 de la Ley 10 de 57

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

2492 (CTB). Agregó que, de la revisión a los antecedentes administrativos, se evidencia que se dio cumplimiento a los arts. 96 parágrafo I y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), habiendo la Resolución Determinativa impugnada realizado el análisis y valoración de los descargos presentados por la contribuyente de manera fundamentada, detallando la descripción y valoración de la prueba presentada, así como la argumentación legal de la contribuyente, para posteriormente efectuar el análisis técnico y legal a los mismos, llegando la conclusión de que dichos descargos no desvirtuaron las observaciones realizadas. A su vez, argüyó que, la recurrente manifestó una supuesta falta de valoración de descargos, pero contrariamente señaló que la valoración efectuada en la Resolución Determinativa impugnada sería incorrecta, aspecto que demuestra que la recurrente es consciente de la valoración de descargos efectuada, pero no está de acuerdo con la forma de valoración, lo que implica una contradicción, toda vez que la valoración de descargos no involucra el reconocimiento de las pretensiones de la contribuyente. 

Sobre los errores en el texto de la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria señaló que, en los seres humanos a veces hay un lapsus entre la voluntad interna y la voluntad declarada, coincidiendo ambas voluntades perfectamente, ya que el sujeto ha declarado su verdadera voluntad, sólo que dicha voluntad interna que ha sido efectiva y correctamente declarada, se ha formado por una falsa representación de la realidad, es decir, por un error. El segundo de ellos, denominado error obstativo, error obstáculo o error en la declaración, se presenta cuando el sujeto declara una voluntad distinta a su verdadera voluntad interna, ya sea porque ha declarado inconscientemente una voluntad diferente por un lapsus linguae o por un lapsus calami; con estas consideraciones, se puede concluir que un lapsus calami o error en la escritura, es un acto cometido por una persona de manera involuntaria o sin conciencia plena de la acción de que se trate. En este contexto, no cabe duda de que el error manifestado por la recurrente, constituye un lapsus calami, el cual no ha tenido ninguna incidencia en la determinación de la deuda tributaria, puesto que la misma se encuentra clara y correctamente establecida en el cuadro resumen de la determinación del IUE, pág. 70 de la Resolución Determinativa y cuadro de liquidación total de la deuda tributaria, pág. 77 del mismo acto. De igual manera, todos los documentos y el contenido del mismo, establecen claramente que 

/° 

la determinación fue efectuada a la contribuyente María Hilda Mejía Choque, con NIT 11 de 57<&NB/ISO 

2831869012, a través de la Orden de Fiscalización 17990100156, lo cual no 9001 

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implica que el lapsus calami cause algún tipo de indefensión; debiendo considerarse que la recurrente mencionó en su recurso los errores de transcripción y el correcto contenido que deberían tener los mismos, lo cual evidencia que dichos errores no generaron ningún tipo de confusión a la recurrente, y por la lectura íntegra de la Resolución Determinativa, siempre tuvo claros los datos y montos de la determinación, aspecto que no ocasiona indefensión. En Apoyo a sus argumentos citó la Sentencia Constitucional N° 0405/2012-R de 22 de junio de 2012. 

II.3.3 Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

La Administración Tributaria indicó que la recurrente de manera generalizada aduce una supuesta incongruencia y falta de fundamentacion del análisis para la depuración del crédito fiscal, sin especificar cuáles son las incongruencias o dónde se encuentra la carencia de fundamentacion, puesto que la especificación de sus observaciones sólo la realiza para la factura N° 30468 (debió decir 304868), entendiéndose que su impugnación sólo se avoca a esa factura; en ése sentido, la referida factura, de 07 de enero de 2014, fue observada en primer lugar, por el código 2, en el cual se encuentran registradas las facturas no válidas para el beneficio del cómputo del crédito fiscal, por incumplimiento a lo establecido en los arts. 8 inc. a) de la Ley 843 y 8 del DS 21530 que menciona “El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la Ley 843 Texto Ordenado Vigente, es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo”; verificado el padrón de la contribuyente, su actividad principal es la de venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzados y artículos de cuero, y siendo que la contribuyente cambió de domicilio el 26 de enero de 2014, esta factura no se encuentra vinculada con la actividad gravada, además no se presentó documentación suficiente que respalde que dichas compras y/o servicios estén relacionadas a su actividad gravada, por tanto no son válidas para el beneficio del crédito fiscal; asimismo, esta factura fue observada por el código 4 “No presenta documentación suficiente que respalde la transacción”, mediante el cual se observó que la contribuyente no respaldó ni demostró la procedencia de los créditos impositivos que considere le corresponden, y evidencien la efectiva realización de la transacción, conforme a los documentos contables establecidos en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, evidenciándose observaciones en su documentación contable, que fueron 12 de 57

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

ampliamente detalladas en la Resolución Determinativa impugnada. Además, corresponde señalar que, de acuerdo a la doctrina y legislación tributaria vigente en el país, así como la línea asumida en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG RJ/0064/2005 y STG-RJ/0220/2006, existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, estos son: 1) Estar respaldado con la factura original, 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad gravada, y 3) Que la transacción se hubiera realizado efectivamente. 

Por lo expuesto, solicitó se emita Resolución confirmando la Resolución Determinativa 172076000106 de 06 de marzo de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, peritajes, testificales). 

Mediante Auto de 30 de julio de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente como a la Administración Tributaria, el 05 de agosto de 2020, tal como consta en obrados (fs. 127-128 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 26 de agosto de 2020, la Administración Tributaria, presentó memorial el 25 de agosto de 2020, ratificando todas las pruebas pre-constituidas presentadas mediante memorial de contestación al Recurso de Alzada, por lo cual, de la compulsa de las mismas, se puede evidenciar la legalidad de las actuaciones durante el proceso; por tanto, solicitó se dicte Resolución confirmando totalmente la Resolución Determinativa 172076000106, de 06 de marzo de 2020 (fs. 132 del expediente). 

Por su parte, la recurrente presentó memorial el 25 de agosto de 2020, ratificando todas las pruebas y descargos presentados en el proceso de determinación y en el Recurso de Alzada, mediante las cuales se puede verificar la legalidad y veracidad de 

los argumentos planteados (fs. 135 del expediente). 

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Julsticia tributaria para vivir bien Ja(n mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

bistema de G^ion de la Calidad 

Certrfrcado N* “”‘1/14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 15 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria el 10 de septiembre de 2020 presentó memorial de alegatos en conclusión, bajo los mismos argumentos de su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 146-150 del expediente). 

En contraparte, la recurrente, el 14 de septiembre de 2020 presentó memorial de alegatos reiterando los fundamentos expuestos en su memorial de interposición del Recurso de Alzada (fs. 153-160 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

El 09 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Orden de Fiscalización 17990100156, de 29 de marzo de 2019 y Requerimiento Form. 4003 N° 129351 de 29 de marzo de 2019; mediante la Orden de Fiscalización, se estableció que el alcance de la fiscalización son los periodos de enero a diciembre de la gestión 2014, correspondientes a los impuestos IUE, IVA e IT, e informó que, conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29 y 31 del DS 27310 (RCTB), sería sujeta a un proceso de determinación, de acuerdo al alcance definido precedentemente, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, el referido requerimiento, señaló que, en virtud a las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones reglamentarias conexas, solicitó la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2014: Declaración Jurada del IVA Form. 200 (copia contribuyente), Declaración Jurada del IUE Form. 500 (copia contribuyente), Declaración Jurada Form. 605 Presentación de EEFF o Memoria Anual (copia contribuyente), Libro de Ventas IVA y Libro de Compras IVA, ambos en medio magnético si corresponde, Notas Fiscales de respaldo 14 de 57

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

al débito fiscal IVA (copias), Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales), Extractos bancario, Planilla de sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones sociales, Comprobantes de los ingresos y egresos con respaldo, Estados Financieros gestión 2013 y 2014, Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2013 y 2014, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde), Kárdex, Inventarios, y otros, según detalle del anexo adjunto al Requerimiento; debiendo presentar la documentación el 24 de abril de 2019, cuyo incumplimiento sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley. 

Asimismo, en el Anexo F-4003 al Requerimiento N° 129351, se solicitó la presentación de la siguiente documentación, en originales y fotocopias, y en los casos requeridos, en medio magnético: Registro de Comercio de Bolivia FUNDEMPRESA, modificaciones efectuadas al Testimonio de Constitución y Testimonio de Poder de representación del representante legal, contratos suscritos en relación a los ingresos percibidos por el contribuyente, extractos bancarios del movimiento económico, de las cuentas registradas a nombre de la titular del NIT, vinculadas con transacciones realizadas, hoja de cálculo de respaldo a la aplicación de las normas contables N° 3 y 6 en la elaboración de los Estados Financieros de la gestión fiscal 2014, medios fehacientes de pago de las facturas de compras mayores a Bs50.000 y detalle de los mismos, cuadro detallado que respalde la depreciación de los bienes del activo fijo del contribuyente, en formato físico y magnético formato Excel, adjuntando para el efecto documentación de respaldo que acredite el derecho propietario de los mismos, en medio físico, cuadro detallado de vehículos de propiedad de la empresa que contenga todas las características propias de los mismos, en medio físico y magnético, contratos suscritos con sus principales proveedores de bienes y/o servicios vigentes durante la gestión de fiscalización (si corresponde), contratos de préstamos financieros obtenidos durante la gestión a fiscalizar, adjuntar detalle de la amortización de los mismos en físico y formato Excel, contrato de alquiler de inmueble, Estado de cuenta 

(débitos/créditos) de los principales proveedores, adjuntando documentación 

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de respaldo, como ser: orden de despacho y/o de trabajo, nota de entrega y/o 

de remisión y fotocopias de medio fehaciente de pago (cheques, papeleta de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacría kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Sistema de Gestión tie Id CdíidáJ 

L«rtrfcadoN^71 14 

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giros y/o transferencia, letra de cambio y otros documentos), pólizas de seguros de los activos de la empresa u otros y detalle de las cuentas registradas a nombre de la empresa, especificando número de cuenta, entidad financiera, moneda, entre otros; y estableció el plazo de 15 días para presentar la documentación requerida, computables a partir de la notificación (fs. 06-10 de antecedentes c. I). 

.2. El 24 de abril de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria carta s/n, solicitando se le conceda una ampliación en el plazo de 30 días hábiles para la presentación de la documentación solicitada (fs. 15 de antecedentes c. I). 

.3. El 08 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó electrónicamente a la recurrente con el Auto N° 251976000304 de 26 de abril de 2019, mediante el cual determinó por única vez, ampliar el plazo de presentación de los documentos requeridos, de forma parcial, por 15 días corridos computables a partir de la notificación con el Auto (fs. 17-18 de antecedentes el). 

.4. El 29 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento Form. 4003 N° 129541 de 10 de julio de 2019 y Anexo, indicando que en virtud a las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones reglamentarias conexas, requirió la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2014: Extractos bancarios, comprobante de los Ingresos con respaldo, Plan Código de cuentas contables, kardex, inventarios y otros, según detalle del Anexo adjunto; debiendo presentar la documentación el 05 de agosto de 2019, cuyo incumplimiento sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley. 

A su vez, en el Anexo F-4003 al Requerimiento N° 129541, se solicitó la presentación de la siguiente documentación, en originales y fotocopias, y en los casos requeridos, en medio magnético: modificaciones efectuadas al 16 de 57

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Testimonio de Constitución y Testimonio de Poder de representación del representante legal, contratos suscritos en relación a los ingresos percibidos por el contribuyente, extractos bancarios del movimiento económico, de las cuentas registradas a nombre de la titular del NIT, vinculadas con transacciones realizadas, hoja de cálculo de respaldo a la aplicación de las normas contables N° 3 y 6 en la elaboración de los Estados Financieros de la gestión fiscal 2014, medios fehacientes de pago de las facturas de compras mayores a Bs50.000 y detalle de los mismos, cuadro detallado que respalde la depreciación de los bienes del activo fijo del contribuyente, en formato físico y magnético formato Excel, adjuntando para el efecto documentación de respaldo que acredite el derecho propietario de los mismos, en medio físico, cuadro detallado de vehículos de propiedad de la empresa que contenga todas las características propias de los mismos, en medio físico y magnético, contratos suscritos con sus principales proveedores de bienes y/o servicios vigentes durante la gestión de fiscalización (si corresponde), contratos de préstamos financieros obtenidos durante la gestión a fiscalizar, adjuntar detalle de la amortización de los mismos en físico y formato Excel, contrato de alquiler de inmueble, Estado de cuenta (débitos/créditos) de los principales proveedores, adjuntando documentación de respaldo, como ser: orden de despacho y/o de trabajo, nota de entrega y/o de remisión y fotocopias de medio fehaciente de pago (cheques, papeleta de giros y/o transferencia, letra de cambio y otros documentos) y detalle de las cuentas registradas a nombre de la empresa, especificando número de cuenta, entidad financiera, moneda, entre otros; y estableció el plazo de 05 días para presentar esta documentación, computables a partir de la notificación (fs. 19-22 de antecedentes c. I). 

1.5. 

  1. A) 

El 23 de mayo de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, consignando la presentación de facturas de compras de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2014, en fotocopias cotejadas con el original, y comprobantes de egresos de enero a noviembre de 2014, en original; documentación desglosada en la casilla de “Documentos presentados”; además, detalló como observación, que no se presentó la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificado N ^1 14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

factura N° 37299; firmando en constancia la recurrente (fs. 23-25 de antecedentes c. I). 

.6. El 12 de julio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, registrando la presentación de facturas de compras del periodo diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), Libro Mayor (fotocopia cotejada con el original) y Libro Diario (fotocopia cotejada con el original), de enero a diciembre de 2014, Formulario 200 IVA 

(impreso de la oficina virtual) de enero a noviembre de 2014, Formulario 500 IUE (impreso de la oficina virtual) de las gestiones 2012, 2013 y 2014, Formulario 605 EEFF digitalizado (impreso de la oficina virtual) de las gestiones 2012, 2013 y 2014, Estados Financieros de las gestiones 2013 y 2014 (fotocopia cotejada con el original), Estados Financieros auditados de la gestión 2014 (fotocopia cotejada con el original), Certificado de FUNDEMPRESA de enero de 2014 y enero de 2015 (fotocopia cotejada con el original), contrato de póliza de seguros de mayo de 2014 a mayo de 2015 (fotocopia cotejada con el original), Libro de Ventas de enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), Libro de Compras de enero a diciembre 2014 (fotocopia cotejada con el original) y facturas de ventas de la gestión 2014 (original cotejado con los Libros de Ventas); documentación desglosada en la casilla de “Documentos presentados”; firmando en constancia la recurrente (fs. 26 de antecedentes c. I). 

.7. El 05 de agosto de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, estableciendo la presentación de comprobantes de pago mensual de aportes Caja Nacional de Salud de los periodos de enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), planilla de pago de sueldos y salarios de enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), formulario de pagos AFP con su boleta de depósito de los periodos de enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), detalle de movimiento Banco Bisa de julio de 2014 (copia simple), estado de inventario de enero a diciembre de 2014 (copia simple), factura de ventas de la gestión 2014 (original cotejado con los Libros de Ventas), comprobantes de ingresos de los periodos enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original) y retenciones y otros adjuntos de diciembre 2014 (fotocopia cotejada con el 18 de 57

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

original); documentación desglosada en la casilla de “Documentos presentados”; firmando en constancia la recurrente (fs. 27 de antecedentes c. I). 

.8. El 15 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 184642, a la recurrente por el incumplimiento al deber formal de “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos”, contraviniendo los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 500 UFV’s, de acuerdo al núm. 4, subnumeral 4.2 del Anexo 1 de la RND 10-0033-16 (fs. 37 de antecedentes c. I). 

.9. El 17 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, consignando la presentación de la siguiente documentación: estado de cuenta Banco Bisa N° 225754-401-2 de la gestión 2014 (fotocopia simple), plan de cuentas de la gestión 2014 (fotocopia simple), formulario 200V3 IVA de diciembre de 2014 (impreso de la oficina virtual), cuadro de depreciación de los activos fijos gestión 2014 (fotocopia simple), detalle de préstamo bancario de septiembre de 2014 (fotocopia simple) y nota de ventas y recibos de diciembre de 2014 (fotocopia simple); documentación desglosada en la casilla de “Documentos presentados”; firmando en constancia la recurrente (fs. 28 de antecedentes c. I). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Acta de Devolución de Documentos, entregando a la recurrente la documentación consistente en: facturas de compras de los periodos enero a diciembre de 2014, facturas de ventas de la gestión 2014, comprobantes de pago mensual de aportes Caja Nacional de Salud de enero a diciembre de 2014, Libro Mayor, Libro Diario, 

^ i-i::–/>- Ñ 

planilla de pago de sueldos y salarios, formulario de pagos AFP con su boleta de depósito, comprobantes de ingreso, documentación de enero a diciembre de 2014 y retenciones y otros adjuntos de diciembre de 2014, todo en original; firmando en constancia la recurrente (fs. 29-31 de antecedentes c. I). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jactía kamani (Aymara) ((/lana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oflomita 

dpIdGjlidad 

CertrfuadoN’ 7^] 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

.10. El 06 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Acciones y Omisiones, mediante el cual hizo constar que, notificada la Orden y el primer Requerimiento de información (Form. 4003 129351) a la contribuyente, la misma presentó información parcial de lo solicitado, por lo cual se procedió a la elaboración y notificación del segundo Requerimiento de información (Form. 4003 N° 129541) de reiteración; una vez notificado el segundo requerimiento, la contribuyente realizó la presentación de la otra parte de la documentación solicitada, según consta en el Acta de Recepción cursante en el expediente, sin embargo, no se completó la entrega de la información solicitada; por lo que, el 17 de octubre de 2019 se procedió a la devolución de la documentación original, y se solicitó a la contribuyente firmar el Acta de Inexistencia de Elementos, no obstante, la misma se negó, argumentando que llevaría el resto de la información faltante, más a esa fecha no volvió a apersonarse, pese a hacerle recuerdo vía teléfono celular (fs. 32 de antecedentes c. I). 

.11. El 09 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Autorización para inspección ocular, solicitando el consentimiento de la contribuyente para efectuar la inspección de sus instalaciones en la fecha 09 de diciembre de 2019; firmando la recurrente en constancia de su aceptación. Por lo que el día señalado, se llevó a cabo la inspección, conforme detalla el Acta de Inspección Ocular (fs. 33-36 de antecedentes c. I). 

.12. El 10 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ ll/DF/UFE/INF/980/2019, el cual concluyó que con base a la información expuesta, procedió a calcular la deuda tributaria conforme establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), por un importe de 266.000 UFV’s, equivalente a Bs619.107,00, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a los deberes formales, en aplicación de lo establecido en el art. 2 de la Ley 812, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado – CF, por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2014, e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, por el cierre fiscal a diciembre de 2014; por lo que recomendó, que con el propósito de proseguir con la determinación y recuperación de adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de 20 de 57

AIT3\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Fiscalización 17990100156, corresponde emitir y notificar la Vista de Cargo, de conformidad a lo previsto en los arts. 96 parágrafo I, 169 parágrafo I y 104 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB) y conforme a lo establecido en el caso 2, parágrafo I del art. 11 de la RND 10.0032.16 (fs. 5399-5472 de antecedentes c. XXVII y c. XXVIII). 

.13. El 13 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291976001253 (SIN/GDSCZ-ll/DF/UFEA/C/242/2019) de 10 de diciembre de 2019, la cual indicó que de la verificación al IVA – Débito Fiscal, consignó que no identificó diferencias de ingresos que generen débito fiscal no declarado a favor del fisco, de la comparación realizada de la declaración jurada Form. 200 v3 IVA-DF con las compras reportadas por los clientes; asimismo, las ventas correspondientes al mes de diciembre de 2014, fueron declaradas en la DDJJ del Form. 200 (IVA-DF), sin embargo, estos ingresos no fueron considerados en la determinación y la DDJJ del Form. 500 (IUE). Por otro lado, de la verificación del IVA – Crédito Fiscal, observó notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, depuradas con los códigos: 1 Transacción no respaldada con la factura original, 2 Transacción no vinculada con la actividad gravada, 3 Transacción no realizada efectivamente, 4 No presenta documentación que respalde la transacción, 5 Factura no autorizada por la Administración Tributaria, y 6 Otros incumplimientos al deber formal; por lo que determinó el importe omitido por el Impuesto al Valor Agregado por Crédito Fiscal, correspondiente a Compras no válidas sobre base cierta, que aplicada la alícuota del 13% del IVA, de conformidad al art. 15 de la Ley 843, obtuvo un impuesto determinado de Bs107.662, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2014. Respecto al Impuesto a las Transacciones (IT), señaló que producto del análisis y revisión de los ingresos del contribuyente, no se determinaron ingresos no declarados. De la revisión al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), indicó que determinó un tributo omitido pendiente de pago de Bs230.767. Por otro lado, señaló que la contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la información y documentación requerida por la 

Ñ 

Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan fnit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Maria tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oflomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) 

Teléfonos: (591-3) 3391027 

b sfrrna de Gestión 

de la Cal dad 

Certrf cadu N “71 14 

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

lugares establecidos contraviniendo los arts. 70 nums. 6 y 8, y 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable con 500 UFV’s. Por lo expuesto, indicó que las omisiones detectadas en la conducta de la contribuyente, se adecúan al ilícito tributario de omisión de pago, en el marco de lo previsto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido, determinado a la fecha de vencimiento, conforme al art. 42 del DS 27310 (RCTB), con base al análisis realizado durante la verificación efectuada; determinándose preliminarmente un reparo total de 266.000 UFV’s, equivalente a Bs619.107,00, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la Ley 812; por lo que, otorgó el plazo de 30 días para la formulación de descargos (fs. 5473-5553 de antecedentes c. XXVIII). 

.14. El 14 de enero de 2020, la recurrente presentó memorial de descargos a la Vista de Cargo 291976001253, indicando entre otras cosas, que la referida Vista de Cargo, carece de una debida fundamentacion, motivación y congruencia, faltas legales que justifican la nulidad de la misma, debiendo anularse con el objeto de subsanarse las observaciones encontradas, con relación al cuadro N° 3 en comparación al crédito fiscal de sus facturas, existe error en el Acta de Inspección Ocular, no se extrañó la presentación de la factura 37299 en el cuadro 1, sin embargo, en el cuadro de análisis del crédito fiscal se mencionó que no se validó el crédito fiscal de dicha factura porque no fue presentada en original, el cuadro 3 de depuración de facturas mencionó que no se realizó la efectiva realización de la transacción, debido a que no se presentó la factura original, en el código 5 la Administración Tributaria de forma incongruente manifestó que las facturas no están dosificadas, bajo el argumento de que no se presentó la factura original, en el cuadro 15 no se consideraron los costos, en el código 4 del cuadro de depuración del crédito fiscal, se utilizó un argumento errado para la depuración; en cuanto a la depuración de las facturas por el servicio de electricidad, indicó que la Administración Tributaria con un fundamento vago e ilegal le depuró las mismas, sin considerar que dichas 22 de 57

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

facturas corresponden a la dirección y medidor del local donde se ejerce la actividad comercial, no siendo necesario para la validez del crédito fiscal que el medidor esté a su nombre, basta con que coincida la dirección; asimismo, se cometió un error en la determinación del IUE, pues en la Orden de Verificación, se señaló que los meses objeto de verificación, serían de enero a diciembre de 2014, obviando que la fecha de cierre de su IUE es el 30 de abril, lo que evidencia que la Administración Tributaria cometió un acto ilegal y carente de competencia, pues la fiscalización no comprende todos los meses de su IUE; por lo expuesto, solicitó se valoren los descargos presentados y se anule la Vista de Cargo N° 291976001253 (fs. 5557-5562 de antecedentes c. XXVIII). 

.15. El 16 de enero de 2020, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, consignando la presentación de facturas, conforme a lo desglosado en la casilla de “Documentos presentados”, de los periodos enero, febrero, abril, junio, septiembre y noviembre de 2015 (fotocopia verificado con el original); y estableció en la casilla “Observaciones”, que el 14 de enero de 2020, la contribuyente presentó los documentos originales a hrs. 18:35, y que se entregó los documentos originales presentados; firmando en constancia la recurrente (fs. 5597 de antecedentes c. XXVIII). 

111.16. El 06 de marzo de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe cite: SIN/GDSCZ ll/DJCC/UTJ/INF/143/2020, que concluyó que, hasta la emisión del informe, la contribuyente no presentó descargo alguno que desvirtúe las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo que al no haberse efectuado tampoco el pago de la deuda tributaria, corresponde mantener los reparos establecidos en la Vista de Cargo y ratificar la sanción impuesta, de conformidad al art. 11 caso 2 de la RND 10-0032-16 (fs. 5692-5708 de antecedentes c. XXIX). 

111.17. El 12 de marzo de 2020, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 172076000106 

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(SIN/GDSCZ ll/DJCC/UTJ/RD/50/2020), de 06 de marzo de 2020, que resolvió: Primero.- Determinar de oficio el adeudo tributario de la 23 de 57 

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contribuyente Mejía Choque María Hilda, por un monto total de 267.818,00 UFV’s, equivalente a Bs626.395,00, por el Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal e Impuesto a las Utilidades de las Empresas, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012, importe que incluye el tributo omitido actualizado, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y la sanción por omisión de pago. Segundo.- Calificar la conducta de la contribuyente como contravención tributaria de omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 modificado por el DS 2993, por lo que corresponde imponer una sanción igual al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s por tributo y/o periodo pendiente de pago, al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 119.761,00 UFV’s equivalente a Bs280.108,00, a la fecha de emisión de la Resolución, importes que forman parte del detalle de la liquidación precedente. Tercero.- Calificó la conducta del contribuyente Hurtado Cuellar José Javier, con una multa de 500 UFV’s equivalente a Bs1.169, para persona natural, al establecerse el incumplimiento al deber formal de no entregar ninguna información y documentación requerida durante los procedimientos de verificación y control, en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, conforme dispone el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), incumplimiento sancionado por el subnumeral 4.2, num. 4 del Anexo I Régimen General de la RND 10-0033-16 (fs. 5711-5788 y 5791 de antecedentes c. XXIX). 

FUNDAMENTACION TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios: 1.- Vulneración de derechos constitucionales por vicios de nulidad de la Vista de Cargo, 2.- Vicios de nulidad de la Resolución Determinativa por incongruencias y falta de valoración de descargos presentados a la Vista de Cargo, y, 3.- Depuración del Crédito Fiscal; cuyos argumentos serán analizados a continuación. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

IV.1. Respecto a la vulneración de derechos constitucionales por vicios de nulidad de la Vista de Cargo. 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria no respetó la garantía del debido proceso ni el derecho a la defensa, al no haber motivado ni fundamentado de manera clara y precisa los actos administrativos emitidos dentro del proceso de fiscalización, toda vez que verificados cada uno de los conceptos de los códigos de observación en el Cuadro 3 de la Vista de Cargo 291976001253 y la Resolución Determinativa impugnada, se puede observar claramente que en la columna de “Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (Originales)”, se consignó que habría presentado todas las notas fiscales, por lo que no correspondería la depuración de ninguna nota fiscal por este argumento, sin embargo, la Nota Fiscal 37299, se encuentra observada con los Códigos 1: Transacción no respaldada con la factura original y Código 3: Transacción no realizada efectivamente, en los cuales se menciona que no se habrían presentado las notas fiscales observadas. Asimismo, se demostró que estas observaciones carecen de fundamentacion, por existir contradicción, colocándola en estado de indefensión, puesto que las Notas Fiscales 732635, 1331008, 923266, 347421, 351645, 938945, 37299, 179969, 1128905, 886089, 1144615, 118111, 1433327, 13351 (debió decir 133851), 1426986, 444505, 325206, 1956847, 1964477, 340957, 2418560, 2507853, 532916, 548565, 765885, 740982, 756652, 3066305, 3139903, 928103, 1341938 y 1245391, fueron depuradas con el Código 6: Otros incumplimientos a deberes formales, bajo la observación de que “no se presentó la nota fiscal en originar, situación que la deja en total confusión. En suma, infirió que si se realiza un análisis más amplio de los Códigos 1, 3 y 6, que establecen como motivo de la depuración la no presentación de las notas fiscales observadas, se concluye que, deberían estar todas las Notas Fiscales con los Códigos 1, 3 y 6, o en todo caso ninguna; esta situación demuestra la falta de análisis de la documentación presentada, puesto que en algunos casos se consideró la presentación de las Notas Fiscales como respaldo, y en otros casos se argumentó que no se presentaron, existiendo inconsistencias en estos puntos. 

Conjuntamente, refirió que en el Código 4, la observación para desvirtuar la 

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presentación de los Libros Mayores, como documentación de respaldo al Crédito Fiscal, carece de fundamentacion, debido a que sólo menciona que “no cuenta con el 25 de 57 

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Libro Mayor de la cuenta ingresos, no cuenta con los registros de transacciones correspondientes a las ventas a diciembre de 2014, de tal forma omitió considerar estos ingresos para la determinación del Impuesto a las Transacciones”, por lo que de ninguna manera demostró la razón por la cual no es válido como documento de respaldo al Crédito Fiscal, debido a que únicamente mencionó que no se puede considerar para el Impuesto a las Transacciones, correspondiendo explicarse de manera clara y fundamentada, la razón del por qué los Libros Mayores son insuficientes como documentación de respaldo al Crédito Fiscal IVA. Como apoyo a sus argumentos, citó el art. 36 de la Ley 2341 (LPA) y las Sentencias Constitucionales 160/2010-R de 17 de mayo de 2010, 1534/2003-R de 30 de octubre de 2003, 2026/2010-R de 09 de noviembre de 2010. 

Por su parte, la Administración Tributaria efectuó una relación de antecedentes del proceso y señaló que, dentro de las garantías jurisdiccionales, la CPE estableció en el parágrafo II del art. 115 que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; por su parte, el parágrafo I del art. 96 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: 

“La Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”, concordante con el art. 6 de la RND 10-00005-13. Añadió que se puede evidenciar que lo argüido por la recurrente en su recurso, tiene como objeto inducir en error, toda vez que no pudo desvirtuar ni presentar descargos valederos contra los cargos imputados, además que los actos administrativos no sólo cumplen a cabalidad con los requisitos señalados por los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), sino que exponen con claridad los fundamentos de hechos observados en el proceso de verificación, que permitieron a la recurrente presentar los respectivos descargos; asimismo, se puede observar que la Vista de Cargo contiene los requisitos establecidos en la Ley 2341 (LPA), también contiene los antecedentes que generaron el proceso y la valoración de los datos y elementos, los cuales se constituyen en los fundamentos de hecho, y desglosa la normativa que sustenta las observaciones realizadas, que son los elementos de derecho, estando demostrado el fehaciente 26 de 57

aití. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

cumplimiento de la normativa tributaria vigente, que respalda la correcta actuación de la Administración Tributaria en todo el proceso de fiscalización, hasta la emisión de la Vista de Cargo y su correspondiente Resolución Determinativa. 

Por otra parte, manifestó que la única factura bajo el código 1 es la 37299, toda vez que dicha factura no fue presentada por la contribuyente, prueba de ello es que en el Acta de Recepción de documentos de 23 de mayo 2019, se hizo notar la ausencia de la presentación de la referida factura, firmando en señal de conformidad la contribuyente, a quien se le entregó una copia del Acta, por lo que si fuera el caso de contar con el original de esta factura, debió haber sido presentada por la contribuyente; además, aún en la etapa de descargos la contribuyente no presentó la factura observada, sólo se limitó a expresar argumentos sin respaldo, por lo que esta observación se encuentra debidamente justificada, teniéndose como consecuencia la depuración de la factura 37299, bajo el código 1, ante la no presentación de la factura original, conforme al núm. 1 parágrafo I del art. 41 de la RND N° 10.0016.07, vigente a la fecha del hecho generador, concordante con la RND N° 10-0025-14 núm. 1, parágrafo I del art. 54, que establece como requisito indispensable para la validez del crédito fiscal, que la nota fiscal sea presentada en original; asimismo, la falta de presentación de la factura original, derivó en la depuración de la misma por los códigos 2, 3, 4, 5 y 6, al no poder evidenciar el cumplimiento de dichas observaciones. 

Sobre el código 4, la Administración Tributaria refirió que la contribuyente presentó como medios de pago, comprobante de egresos, comprobante de ingresos, Libro Diario, Libro Mayor, extracto bancario de la cuenta 225754-401-2 registrada en el Banco BISA S.A., y Estados Financieros de la gestión 2013 y 2014; estableciendo con relación a los Libros Mayores que de su verificación observó que la contribuyente no cuenta con el Libro Mayor de la cuenta Banco, y en el Libro Mayor de la cuenta Ingresos no cuenta con los registros de las transacciones correspondiente a las ventas a diciembre de 2014, de tal forma omitió considerar estos ingresos para la determinación del Impuesto a las Transacciones; citó los arts. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) y 36, 37 y 40 del Código de Comercio, y añadió que durante el proceso de determinación, observó que todos los comprobantes de ingreso no 

  1. X) 

contaban con el nombre o identificación de los responsables de las firmas de elaborado y Visto Bueno, y siendo que la contribuyente está obligada a respaldar sus 

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actividades y operaciones gravadas mediante libros y registros generales y especiales (comprobantes de egreso, notas de remisión, notas de ingreso y salida de materiales de almacenes, kardex, inventarios, informes, etc.), que acrediten que las transacciones consignadas en las facturas observadas fueron realizadas efectivamente, aspecto que no sucedió durante el proceso de determinación, toda vez que los comprobantes de ingreso presentados por la contribuyente, no cuentan con la respectiva aclaración de firma de la persona que interviene en las transacciones, por lo que no fue demostrado que las transacciones observadas fueran realizadas efectivamente, requisito establecido por el Auto Supremo 35/2014 de 23 de abril de 2014, emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia; bajo tales circunstancias, la contribuyente no cumplió con lo dispuesto en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio y 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), y el Auto Supremo N° 293/2013 de 05 de junio de 2013, para la comprobación de la efectiva transacción, lo que generó la correcta depuración del crédito fiscal indebidamente apropiado por la recurrente. 

Por otro lado, indicó que, con relación a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, a la defensa y al Principio de verdad material, la recurrente no demostró de qué manera la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa tiene vicios de nulidad, habiéndose demostrado que estos actos administrativos cumplieron con todos los requisitos de validez, por lo tanto, no existió la vulneración al debido proceso, menos se causó la indefensión a la recurrente. En apoyo a sus argumentos citó la Sentencia Constitucional 0666/2012-R de 02 de agosto de 2012. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia planteada ante esta Autoridad, considerando que, respecto a la fundamentacion o motivación de los actos administrativos, la doctrina señala que: “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como delderecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Asimismo, es pertinente considerar que, el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

A su vez, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

Sobre el mismo tema, también se tiene establecido que: “A fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentacion para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de 

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Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

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Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

Por lo que, el derecho al debido proceso, íntimamente relacionado con la correcta fundamentacion de hecho y de derecho, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a la recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Buenos Aires Argentina: Editorial “Heliasta SRL”, Nueva Edición 2006, Pág. 804). 

En cuanto a la validez del acto, la doctrina señala que: “el acto administrativo requiere para su validez la observancia de requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo admite (competencia), al contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación, etc.) y a las formas (redacción)”; añade también que “la fundamentacion del acto determinativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de todo ello depende que el sujeto pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto” (GIULIANI Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero. 5o Edición. Págs. 517 y 520). 

En este sentido, cabe señalar que la exigencia de fundamentacion es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el Principio de Legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 

A propósito, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0757/2003-R, de 4 de junio de 2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso 30 de 57

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

administrativo de contrabando, señaló que: “Una de las garantías básicas del debido proceso, es que toda resolución debe ser debidamente motivada, comprendiendo, al menos, los siguientes puntos: 1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le atribuye y, 3) La calificación legal de tal 

conducta. (…)”; concordante con ésta también se encuentra la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentacion de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía 

jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación.” (resaltado propio). 

Además, corresponde expresar que la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, e) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes 

reflejados.”. 

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Sobre la motivación, la Sentencia Constitucional 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, estableció que “(…) es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.” 

Respecto al Derecho a la Defensa, la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

En cuanto al Principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “…la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la 

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Impugnación Tributaria 

certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…”. 

En ese contexto doctrinal y jurisprudencial, el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone que: “/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales determinan que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el Principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Con relación a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Además, señala que la ausencia de 

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cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo. 

Por otro lado, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá consignar los siguientes requisitos: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es), f) Liquidación previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98 párrafo I de la Ley 2492 (CTB) y h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Por otra parte, el art. 6 de la RND 10-0032-16, establece los requisitos mínimos que debe contener la Vista de Cargo: a) Número de Vista de Cargo, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes, e) Número de Orden de Fiscalización o Verificación, f) Alcance del proceso de determinación (impuestos, períodos o gestiones, elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización/verificación), g) Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o Base Presunta), h) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de fiscalización o verificación, provistas por las declaraciones del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación ejercidos, además de la normativa contravenida que corresponde a cada observación, i) Base Imponible expresada en bolivianos, j) Calificación preliminar por la conducta atribuida al sujeto pasivo, debiéndose dejar constancia de los actos u omisiones que la configurarían para el proceso correspondiente, k) Liquidación previa del adeudo tributario determinado por la Administración Tributaria, a la fecha de emisión, por impuesto, período y/o gestión fiscal, consignando lo siguiente: Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV). – Intereses expresados en UFV. Multa(s) consignada(s) en Acta(s) por Contravenciones Tributarias establecidas durante la fiscalización o verificación. – Pagos a cuenta (si hubieren, 34 de 57

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

además del saldo pendiente de pago). – Importe de la sanción por la conducta. – Total adeudo tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que este monto deberá ser actualizado al día de pago. – Tasa(s) de interés y UFV a la fecha de liquidación, dependiendo de la antigüedad de la deuda. I) Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa del adeudo tributario, m) Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO. 

Por otro lado, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), establece los elementos esenciales de un acto administrativo entre los cuales están la: “… b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente Artículo (…)”. 

En este contexto, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto, el art. 55 del DS 27113 (RLPA) establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados o lesionen el interés público; pudiendo la autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptar las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido los actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. 

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Respecto a la motivación de los actos administrativos el art. 31, parágrafo II del DS 27113 (RLPA) instituye que la motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente, consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto, individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. La remisión a propuesta, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no reemplazará a la motivación exigida. 

En ese marco doctrinal, de precedentes constitucionales, de la normativa citada y de la compulsa de antecedentes, se tiene que, el 09 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Orden de Fiscalización 17990100156, de 29 de marzo de 2019 y Requerimiento Form. 4003 N° 129351 de 29 de marzo de 2019; mediante la Orden de Fiscalización, se estableció que el alcance de la fiscalización son los periodos de enero a diciembre de la gestión 2014 correspondientes a los impuestos IUE, IVA e IT, e informó que, conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29 y 31 del DS 27310 (RCTB), sería sujeta a un proceso de determinación, de acuerdo al alcance definido precedentemente, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Asimismo, el referido requerimiento, señaló que en virtud a las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones reglamentarias conexas, solicitó la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2014: Declaración Jurada del IVA Form. 200 (copia contribuyente), Declaración Jurada del IUE Form. 500 (copia contribuyente), Declaración Jurada Form. 605 Presentación de EEFF o Memoria Anual (copia contribuyente), Libro de Ventas IVA y Libro de Compras IVA, ambos en medio magnético si corresponde, Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal IVA (copias), Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales), Extractos bancario, Planilla de sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones sociales, Comprobantes de los ingresos y egresos con respaldo, Estados Financieros gestión 2013 y 2014, Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2013 y 2014, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor medio magnético si corresponde), Kárdex, Inventarios, y otros, según detalle del anexo adjunto al Requerimiento; debiendo presentar la documentación el 24 de abril de 2019, cuyo incumplimiento sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley. 

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Airi 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Asimismo, en el Anexo F-4003 al Requerimiento N° 129351, se solicitó la presentación de la siguiente documentación, en originales y fotocopias, y en los casos requeridos, en medio magnético: Registro de Comercio de Bolivia FUNDEMPRESA, modificaciones efectuadas al Testimonio de Constitución y Testimonio de Poder de representación del representante legal, contratos suscritos en relación a los ingresos percibidos por el contribuyente, extractos bancarios del movimiento económico, de las cuentas registradas a nombre de la titular del NIT, vinculadas con transacciones realizadas, hoja de cálculo de respaldo a la aplicación de las normas contables N° 3 y 6 en la elaboración de los Estados Financieros de la gestión fiscal 2014, medios fehacientes de pago de las facturas de compras mayores a Bs50.000 y detalle de los mismos, cuadro detallado que respalde la depreciación de los bienes del activo fijo del contribuyente, en formato físico y magnético formato Excel, adjuntando para el efecto documentación de respaldo que acredite el derecho propietario de los mismos, en medio físico, cuadro detallado de vehículos de propiedad de la empresa que contenga todas las características propias de los mismos, en medio físico y magnético, contratos suscritos con sus principales proveedores de bienes y/o servicios vigentes durante la gestión de fiscalización (si corresponde), contratos de préstamos financieros obtenidos durante la gestión a fiscalizar, adjuntar detalle de la amortización de los mismos en físico y formato Excel, contrato de alquiler de inmueble, Estado de cuenta (débitos/créditos) de los principales proveedores, adjuntando documentación de respaldo, como ser: orden de despacho y/o de trabajo, nota de entrega y/o de remisión y fotocopias de medio fehaciente de pago (cheques, papeleta de giros y/o transferencia, letra de cambio y otros documentos), pólizas de seguros de los activos de la empresa u otros y detalle de las cuentas registradas a nombre de la empresa, especificando número de cuenta, entidad financiera, moneda, entre otros; y estableció el plazo de 15 días para presentar la documentación requerida, computables a partir de la notificación. 

Posteriormente, el 24 de abril de 2019 la recurrente presentó ante la Administración 

Tributaria carta s/n, solicitando se le conceda una ampliación en el plazo de 30 días

hábiles para la presentación de la documentación solicitada. Consiguientemente, el 08 de mayo de 2019 la Administración Tributaria notificó electrónicamente a la 

recurrente con el Auto 251976000304 de 26 de abril de 2019, mediante el cual Ü 

determinó por única vez, ampliar el plazo de presentación de los documentos 

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requeridos, de forma parcial, por 15 días corridos computables a partir de la notificación con el Auto. 

Seguidamente, el 29 de julio de 2019 la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento Form. 4003 129541 de 10 de julio de 2019 y Anexo, indicando que en virtud a las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones reglamentarias conexas, requirió la presentación de la siguiente documentación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2014: Extractos bancarios, comprobante de los Ingresos con respaldo, Plan Código de cuentas contables, kardex, inventarios y otros, según detalle del Anexo adjunto; debiendo presentar la documentación el 05 de agosto de 2019, cuyo incumplimiento sería considerado una contravención al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable conforme al art. 162 de la misma Ley. 

A su vez, en el Anexo F-4003 al Requerimiento N° 129541, se solicitó la presentación de la siguiente documentación, en originales y fotocopias, y en los casos requeridos, en medio magnético: modificaciones efectuadas al Testimonio de Constitución y Testimonio de Poder de representación del representante legal, contratos suscritos en relación a los ingresos percibidos por el contribuyente, extractos bancarios del movimiento económico, de las cuentas registradas a nombre de la titular del NIT, vinculadas con transacciones realizadas, hoja de cálculo de respaldo a la aplicación de las normas contables N° 3 y 6 en la elaboración de los Estados Financieros de la gestión fiscal 2014, medios fehacientes de pago de las facturas de compras mayores a Bs50.000 y detalle de los mismos, cuadro detallado que respalde la depreciación de los bienes del activo fijo del contribuyente, en formato físico y magnético formato Excel, adjuntando para el efecto documentación de respaldo que acredite el derecho propietario de los mismos, en medio físico, cuadro detallado de vehículos de propiedad de la empresa que contenga todas las características propias de los mismos, en medio físico y magnético, contratos suscritos con sus principales proveedores de bienes y/o servicios vigentes durante la gestión de fiscalización (si corresponde), contratos de préstamos financieros obtenidos durante la gestión a fiscalizar, adjuntar detalle de la amortización de los mismos en físico y formato Excel, contrato de alquiler de inmueble, Estado de cuenta (débitos/créditos) de los principales proveedores, adjuntando documentación de respaldo, como ser: orden de 38 de 57

Alli 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

despacho y/o de trabajo, nota de entrega y/o de remisión y fotocopias de medio fehaciente de pago (cheques, papeleta de giros y/o transferencia, letra de cambio y otros documentos) y detalle de las cuentas registradas a nombre de la empresa, especificando número de cuenta, entidad financiera, moneda, entre otros; y estableció el plazo de 05 días para presentar esta documentación, computables a partir de la notificación. 

Ulteriormente, el 23 de mayo de 2019 la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, consignando la presentación de facturas de compras de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2014, en fotocopias cotejadas con el original, y comprobantes de egresos de enero a noviembre de 2014 en original; documentación desglosada en la casilla de “Documentos presentados”; además, detalló como observación, que no se presentó la factura N° 37299; firmando en constancia la recurrente. 

Subsiguientemente, el 12 de julio de 2019 la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, registrando la presentación de facturas de compras del periodo diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), Libro Mayor (fotocopia cotejada con el original) y Libro Diario (fotocopia cotejada con el original), de enero a diciembre de 2014, Formulario 200 IVA (impreso de la oficina virtual) de enero a noviembre de 2014, Formulario 500 IUE (impreso de la oficina virtual) de las gestiones 2012, 2013 y 2014, Formulario 605 EEFF digitalizado (impreso de la oficina virtual) de las gestiones 2012, 2013 y 2014, Estados Financieros de las gestiones 2013 y 2014 (fotocopia cotejada con el original), Estados Financieros auditados de la gestión 2014 (fotocopia cotejada con el original), Certificado de FUNDEMPRESA de enero de 2014 y enero de 2015 (fotocopia cotejada con el original), contrato de póliza de seguros de mayo de 2014 a mayo de 2015 (fotocopia cotejada con el original), Libro de Ventas de enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), Libro de Compras de enero a diciembre 2014 (fotocopia cotejada con el original) y facturas de ventas de la gestión 2014 (original cotejado con los Libros de Ventas); documentación desglosada en la casilla de “Documentos presentados”; firmando en constancia la recurrente. 

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Justicia tributaria paravivir bien 

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Lertrf .ador/ 71 14 

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Continuando con la revisión de antecedentes, se observó que el 05 de agosto de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, estableciendo la presentación de comprobantes de pago mensual de aportes Caja Nacional de Salud de los periodos de enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), planilla de pago de sueldos y salarios de enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), formulario de pagos AFP con su boleta de depósito de los periodos de enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original), detalle de movimiento Banco Bisa de julio de 2014 (copia simple), estado de inventario de enero a diciembre de 2014 (copia simple), factura de ventas de la gestión 2014 (original cotejado con los Libros de Ventas), comprobantes de ingresos de los periodos enero a diciembre de 2014 (fotocopia cotejada con el original) y retenciones y otros adjuntos de diciembre 2014 (fotocopia cotejada con el original); documentación desglosada en la casilla de “Documentos presentados”; firmando en constancia la recurrente. 

Asimismo, el 15 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 184642, a la recurrente por el incumplimiento al deber formal de “Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos”, contraviniendo los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 500 UFV’s, de acuerdo al núm. 4, subnumeral 4.2 del Anexo 1 de la RND 10-0033-16. 

A su vez, el 17 de octubre de 2019 la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, consignando la presentación de la siguiente documentación: estado de cuenta Banco Bisa 225754-401-2 de la gestión 2014 (fotocopia simple), plan de cuentas de la gestión 2014 (fotocopia simple), formulario 200V3 IVA de diciembre de 2014 (impreso de la oficina virtual), cuadro de depreciación de los activos fijos gestión 2014 (fotocopia simple), detalle de préstamo bancario de septiembre de 2014 (fotocopia simple) y nota de ventas y recibos de diciembre de 2014 (fotocopia simple); documentación desglosada en la casilla de “Documentos presentados”; firmando en constancia la recurrente. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Acta de Devolución de Documentos, entregando a la recurrente la documentación consistente en: facturas de compras de los periodos enero a diciembre de 2014, facturas de ventas de la gestión 2014, comprobantes de pago mensual de aportes Caja Nacional de Salud de enero a diciembre de 2014, Libro Mayor, Libro Diario, planilla de pago de sueldos y salarios, formulario de pagos AFP con su boleta de depósito, comprobantes de ingreso, documentación de enero a diciembre de 2014 y retenciones y otros adjuntos de diciembre de 2014, todo en original; firmando en constancia la recurrente. 

También se verificó que, el 06 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Acciones y Omisiones, mediante el cual hizo constar que, notificada la Orden y el primer Requerimiento de información (Form. 4003 N° 129351) a la contribuyente, la misma presentó información parcial de lo solicitado, por lo cual se procedió a la elaboración y notificación del segundo Requerimiento de información (Form. 4003 N° 129541) de reiteración; una vez notificado el segundo requerimiento, la contribuyente realizó la presentación de la otra parte de la documentación solicitada, según consta en el Acta de Recepción cursante en el expediente, sin embargo, no se completó la entrega de la información solicitada; por lo que, el 17 de octubre de 2019 se procedió a la devolución de la documentación original, y se solicitó a la contribuyente firmar el Acta de Inexistencia de Elementos, no obstante, la misma se negó, argumentando que llevaría el resto de la información faltante, más a esa fecha no volvió a apersonarse, pese a hacerle recuerdo vía teléfono celular. 

Por otro lado, el 09 de diciembre de 2019 la Administración Tributaria emitió el Acta de Autorización para inspección ocular, solicitando el consentimiento de la contribuyente para efectuar la inspección de sus instalaciones en la fecha 09 de diciembre de 2019; firmando la recurrente en constancia de su aceptación. Por lo que el día señalado, se llevó a cabo la inspección, conforme detalla el Acta de Inspección Ocular. 

Además se evidenció que, el 10 de diciembre de 2019 la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ ll/DF/UFE/INF/980/2019, el cual concluyó que con base a la información expuesta, procedió a calcular la deuda tributaria conforme 

establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), por un importe de 266.000 UFV’s, ¡O 

equivalente a Bs619.107,00, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de 41 de 57 

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valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a los deberes formales, en aplicación de lo establecido en el art. 2 de la Ley 812, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado – CF, por los periodos fiscales de enero a diciembre de la gestión 2014, e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, por el cierre fiscal a diciembre de 2014; por lo que recomendó, que con el propósito de proseguir con la determinación y recuperación de adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de Fiscalización N° 17990100156, corresponde emitir y notificar la Vista de Cargo, de conformidad a lo previsto en los arts. 96 parágrafo I, 169 parágrafo I y 104 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB) y conforme a lo establecido en el caso 2, parágrafo I del art. 11 de la RND N° 10.0032.16. 

A tal efecto, el 13 de diciembre de 2019 la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291976001253 (SIN/GDSCZ ll/DF/UFEA/C/242/2019) de 10 de diciembre de 2019, la cual indicó que de la verificación al IVA – Débito Fiscal, consignó que no identificó diferencias de ingresos que generen débito fiscal no declarado a favor del fisco, de la comparación realizada de la declaración jurada Form. 200 v3 IVA-DF con las compras reportadas por los clientes; asimismo, las ventas correspondientes al mes de diciembre de 2014, fueron declaradas en la DDJJ del Form. 200 (IVA-DF), sin embargo, estos ingresos no fueron considerados en la determinación y la DDJJ del Form. 500 (IUE). Por otro lado, de la verificación del IVA – Crédito Fiscal, observó notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, depuradas con los códigos: 1 Transacción no respaldada con la factura original, 2 Transacción no vinculada con la actividad gravada, 3 Transacción no realizada efectivamente, 4 No presenta documentación que respalde la transacción, 5 Factura no autorizada por la Administración Tributaria, y 6 Otros incumplimientos al deber formal; por lo que determinó el importe omitido por el Impuesto al Valor Agregado por Crédito Fiscal, correspondiente a Compras no válidas sobre base cierta, que aplicada la alícuota del 13% del IVA, de conformidad al art. 15 de la Ley 843, obtuvo un impuesto determinado de Bs107.662, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2014. Respecto al Impuesto a las Transacciones (IT), señaló que producto del análisis y revisión de los ingresos del contribuyente, no se determinaron ingresos no declarados. De la revisión al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), indicó que determinó un tributo omitido pendiente de pago de Bs230.767. Por otro lado, señaló que la contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la 42 de 57

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos contraviniendo los arts. 70 nums. 6 y 8, y 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), siendo sancionable con 500 UFV’s. Por lo expuesto, 

indicó que las omisiones detectadas en la conducta de la contribuyente, se adecúan al ilícito tributario de omisión de pago, en el marco de lo previsto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido, determinado a la fecha de vencimiento, conforme al art. 42 del DS 27310 (RCTB), con base al análisis realizado durante la verificación efectuada; determinándose preliminarmente un reparo total de 266.000 UFV’s, equivalente a Bs619.107,00, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la Ley 812; por lo que, otorgó el plazo de 30 días para la formulación de descargos. 

Consecuentemente, el 14 de enero de 2020 la recurrente presentó memorial de descargos a la Vista de Cargo N° 291976001253, indicando entre otras cosas, que la referida Vista de Cargo, carece de una debida fundamentacion, motivación y congruencia, faltas legales que justifican la nulidad de la misma, debiendo anularse con el objeto de subsanarse las observaciones encontradas, con relación al cuadro N° 3 en comparación al crédito fiscal de sus facturas, existe error en el Acta de Inspección Ocular, no se extrañó la presentación de la factura 37299 en el cuadro N° 1, sin embargo, en el cuadro de análisis del crédito fiscal se mencionó que no se validó el crédito fiscal de dicha factura porque no fue presentada en original, el cuadro N° 3 de depuración de facturas mencionó que no se realizó la efectiva realización de la transacción, debido a que no se presentó la factura original, en el código 5 la Administración Tributaria de forma incongruente manifestó que las facturas no están dosificadas, bajo el argumento de que no se presentó la factura original, en el cuadro N° 15 no se consideraron los costos, en el código 4 del cuadro de depuración del crédito fiscal, se utilizó un argumento errado para la depuración; en cuanto a la depuración de las facturas por el servicio de electricidad, indicó que la Administración Tributaria con un fundamento vago e ilegal le depuró las mismas, sin 

considerar que dichas facturas corresponden a la dirección y medidor del local donde 10 

se ejerce la actividad comercial, no siendo necesario para la validez del crédito fiscal 

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Justiciatributaria para vivir bien Jan rfíit’ayir jach’a kamani (Aymara) Maná tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbd’ruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

iste adefesio de la Cal dad 

Certif adoM 1 14 

mbáerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

que el medidor esté a su nombre, basta con que coincida la dirección; asimismo, se cometió un error en la determinación del IUE, pues en la Orden de Verificación, se señaló que los meses objeto de verificación, serian de enero a diciembre de 2014, obviando que la fecha de cierre de su IUE es el 30 de abril, lo que evidencia que la Administración Tributaria cometió un acto ilegal y carente de competencia, pues la fiscalización no comprende todos los meses de su IUE; por lo expuesto, solicitó se valoren los descargos presentados y se anule la Vista de Cargo 291976001253. 

Consiguientemente, el 16 de enero de 2020 la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, consignando la presentación de facturas, conforme a lo desglosado en la casilla de “Documentos presentados”, de los periodos enero, febrero, abril, junio, septiembre y noviembre de 2015 (fotocopia verificado con el original); y estableció en la casilla “Observaciones”, que el 14 de enero de 2020, la contribuyente presentó los documentos originales a hrs. 18:35, y que se entregó los documentos originales presentados; firmando en constancia la recurrente. 

Además, el 06 de marzo de 2020 la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/UTJ/INF/143/2020, que concluyó que, hasta la emisión del informe, la contribuyente no presentó descargo alguno que desvirtúe las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo que al no haberse efectuado tampoco el pago de la deuda tributaria, corresponde mantener los reparos establecidos en la Vista de Cargo y ratificar la sanción impuesta, de conformidad al art. 11 caso 2 de la RND 10-0032-16. 

Finalmente, el 12 de marzo de 2020 la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 172076000106 (SIN/GDSCZ ll/DJCC/UTJ/RD/50/2020), de 06 de marzo de 2020, que resolvió: Primero.- Determinar de oficio el adeudo tributario de la contribuyente Mejía Choque María Hilda, por un monto total de 267.818,00 UFV’s, equivalente a Bs626.395,00, por el Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal e Impuesto a las Utilidades de las Empresas, correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012, importe que incluye el tributo omitido actualizado, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y la sanción por omisión de pago. Segundo.- Calificar la conducta de la contribuyente como contravención 44 de 57

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

tributaria de omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 modificado por el DS 2993, por lo que corresponde imponer una sanción igual al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s por tributo y/o periodo pendiente de pago, al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 119.761,00 UFV’s, equivalente a Bs280.108,00, a la fecha de emisión de la Resolución, importes que forman parte del detalle de la liquidación precedente. Tercero.- Calificó la conducta del contribuyente Hurtado Cuellar José Javier, con una multa de 500 UFV’s equivalente a Bs1.169, para persona natural, al establecerse el incumplimiento al deber formal de no entregar ninguna información y documentación requerida durante los procedimientos de verificación y control, en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, conforme dispone el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), incumplimiento sancionado por el subnumeral 4.2, num. 4 del Anexo I Régimen General de la RND N° 10-0033-16. 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria en virtud de las amplias facultades establecidas en los arts. 66, 99 y 100 de la Ley 2492 (CTB), inició el proceso de fiscalización externa, bajo la modalidad fiscalización parcial, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos fiscales de enero a diciembre, de la gestión 2014 llevada a cabo a la recurrente; en ese contexto, a fin de dilucidar lo agraviado en el memorial de interposición del Recurso de Alzada, respecto a la vulneración de derechos constitucionales por vicios de nulidad de la Vista de Cargo, por la falta de fundamentacion y motivación en el Cuadro N° 3, con relación a los Códigos 1, 3 y 6, y respecto al sustento del Código 4 para observar los Libros Mayores; y que solicitó se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, se procederá al análisis del contenido de la Vista de Cargo emitida por la Administración Tributaria. 

En primera instancia, se observó que la Vista de Cargo 291976001253 (SIN/GDSCZ-ll/DF/UFEA/C/242/2019) de 10 de diciembre de 2019, en el punto “Actuaciones de Notificación” (pág. 4-5 de la Vista de Cargo), insertó el Cuadro N° 3 “Detalle de la documentación solicitada Formulario 4003 00129351″ en el cual 

ISO 9001 | MJJUjkiiu’lJuUII 

consignó la documentación solicitada a la recurrente y la que fue presentada, 

constatándose que con relación a las Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal 

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NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mft’ayir Raería kamani (Aymara) Maijtatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbüruvisa tendodegua mbaefj oñomita 

L._ 

la de Uestion 

de la Calidad 

OrtrfradoN0 71/14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

IVA (Originales) estableció que fueron presentadas, sin registrar ninguna observación al respecto; consiguientemente, la Administración Tributaria indicó que el 23 de mayo, 12 de julio, 05 de agosto y 17 de octubre de 2019, la contribuyente presentó parte de la documentación requerida en la Orden de Fiscalización 17990100156, conforme consta en las Actas de Recepción de Documentación cursante en los expedientes administrativos; y señaló que por la presentación parcial de la documentación, labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 184642.Seguidamente detalló las diferentes actuaciones de solicitud de información a terceros e instituciones financieras y la inspección ocular (pág. 6-20 de la Vista de Cargo). En el punto “Resultados de la Fiscalización Externa” cuadro “Verificación del IVA (Crédito Fiscal) – Base Cierta” (pág. 23-50 de la Vista de Cargo), insertó un cuadro de verificación de las notas fiscales de la contribuyente, observando de acuerdo a lo agraviado por la recurrente, que la Administración Tributaria depuró con los Códigos 1-2-3-4-5-6 la factura: N° 37299, con los Códigos 4-6 las facturas: 732635, 1331008, 179969, 444505, N° 765885, N° 928103, N° 1341938 y N° 1245391, y con los Códigos 2-4-6 las facturas: N° 923266, N° 347421, N° 351645, N° 938945, 1128905, N° 886089, N° 1144615, N° 118111, N° 1433327, N° 133851, N° 1426986, N° 325206, N° 1956847, 1964477, 340957, N° 2418560, N° 2507853, 532916, 548565, N° 740982, N° 756652, N° 3066305 y N° 3139903. 

Consiguientemente, la Vista de Cargo en el punto “Notas Fiscales No Válidas” (pág.51-55 de la Vista de Cargo), procedió a efectuar la fundamentacion de los Códigos de depuración, indicando: “CÓDIGO 1: TRANSACCIÓN NO RESPALDADA CON LA FACTURA ORIGINAL: La contribuyente NO presentó las Notas Fiscales observadas con el presente código motivo por el cual no se pudo hacer las respectivas verificaciones, por lo que se concluye que se benefició de crédito fiscal inexistente. Al respecto al numeral I, parágrafo I del artículo 41″ de la Resolución Normativa de directorio N” 10.0016.07 vigente a la fecha del hecho generador concordante con la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-14 numeral 1, parágrafo Idel artículo 54°, establece como requisito indispensable para la validez del crédito fiscal que la nota fiscal sea presentada en original; por lo tanto no son válidas para crédito fiscal, de igual forma no se pudo determinar la vinculación de las compras con la actividad de la empresa por la no presentación de la documentación solicitada. 

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Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

CÓDIGO 2: TRANSACCIÓN NO VINCULADA CON LA ACTIVIDAD GRAVADA: En este código se encuentran registradas facturas por conceptos de consumo y/o gastos personales (por ejemplo Consumo, Combustible, pago de Alquileres de otros domicilios no registrados en el padrón del contribuyente, tarjetas de teléfonos de compañías diferentes a los números registrados en sus padrón, entre otros gastos), por lo anterior las notas fiscales observadas con este código No válidas para el beneficio del cómputo del crédito fiscal, por incumplimiento a lo establecido en el artículo N° 8 inciso a) de la Ley N° 843 y el artículo N° 8 del Decreto Supremo N° 21530 que menciona “El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8° inciso a) de la Ley N° 843″ Texto Ordenado Vigente, “Es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo”, verificado el padrón de la contribuyente su actividad principal es de VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR. CALZADOS Y ARTÍCULOS DE CUERO, además no presentó documentación suficiente que respalde que dichas compras y/o servicios estén relacionadas a su actividad grabada por tanto no son válidas para el beneficio del crédito fiscal. 

CÓDIGO 3: TRANSACCIÓN NO REALIZADA EFECTIVAMENTE: Debido a que la contribuyente no respaldo con la presentación de la factura original el crédito fiscal, no se pudo constatar la efectiva realización y materialización de la transacción, por lo que contraviene el Art. 4° inciso a) de la Ley 843 NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE, que a la letra señala: “en el caso de las ventas, sean estas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o acto equivalente”. Por tanto, la factura observada con el presente código no son válidos para el beneficio del cómputo del crédito fiscal. 

CÓDIGO 4: NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE QUE RESPALDEN LA TRANSACCIÓN: La contribuyente presenta como medios de pagos Comprobante de egresos, comprobantes de ingresos, Libro Diario, Libro Mayor, extracto bancario 

de la cuenta 225754-401-2 registrada en el Banco BISA S.A. y Estados

Financieros de la gestión 2013 y 2014, de los cuales se puede observar lo siguiente: 

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9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jan rnit’ayirjach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificado N°771/14 

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Comprobante de Egresos.- La contribuyente presento comprobante de egresos correspondiente a las transacciones de enero a noviembre de la gestión 2014, sin embargo estos no cuentan con el nombre y/o identificación de los responsables de las firmas de elaborado por y Visto Bueno. Comprobante de Ingresos.- La contribuyente presento comprobantes de ingresos correspondientes a las transacciones de ventas de los periodos de enero a diciembre/2014, sin embargo se observan que estos no cuentan con el nombre y/o identificación de los responsables de las firmas de elaborado por y Visto Bueno, así mismo se observa que estas transacciones no se encuentran en los reportes de los libros diarios y libro mayor presentados por la contribuyente. Libro Diario.- La contribuyente realizo la presentación de los libros diarios con corte de enero a diciembre de la gestión 2014, sin embargo de la verificación de estos se observa que no cuenta con registros de las transacciones correspondiente a las ingresos por ventas del mes de diciembre 2014. Libro Mayor- La contribuyente realizo la presentación de los libros mayor de las cuentas: 1.01.01.01.01 CAJA M/N, 1.01.02.03.01 IVA CRÉDITO FISCAL, 1.01.03.01.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA, 1.02.01.02.01 MUEBLES Y ENSERES, 1.02.01.02.02 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, 1.02.01.03.01 EQUIPO DE COMPUTACIÓN, 1.02.01.05.01 EQUIPOS DE OFICINA, 1.02.01.05.02 DEPRE. ACUM. EQUIPO DE OFICINA, 1.02.01.06.01 HERRAMIENTAS, 1.02.01.06.02 DEP. ACUM HERRAMIENTAS, 1.02.03.01.05 SISTEMA ORIX; 2.01.01.03.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, 2.01.01.04.01 CAJA NACIONAL DE SALUD P/PAGAR, 2.01.01.04.04 PRO VIVIENDA, 2.01.01.04.05 AFP-PREVIS.SOLIDARIO LABORAL, 2.01.01.04.06 AFP PREVIS.SALARIO PATRONAL, 2.01.01.04.07 AFP PREVISIÓN P/PAGAR, 2.01.01.05.01 PROVISIÓN PARA AGUINALDO, 2.01.01.07.01 DEBITO FISCAL IVA, IT P/ PAGAR, 2.01.01.07.03 IUE P/PAGAR, 2.01.01.07.03 IUE RETENCIONES FORM. 570, 2.01.01.07.09 ITRETENCIONES FORM 410, 2.02.03.02.01 PREVISIÓN P/INDEMNIZACION, 3.01.01.01 CAPITAL SOCIAL, 3.01.01.02.01 AJUSTE DE CAPITAL, 3.01.01.04.01 APORTES POR CAPITALIZAR, 3.01.01.06.01 RESULTADOS ACUMULADOS, 3.01.01.06.02 AJUSTES DE RESULTADOS ACUMULADOS; 4.01.01.01.02 INGRESOS POR VENTAS, 4.02.02.01.03 A.I.T.B., 4.02.02.01.04 MANTENIMIENTO DE VALOR, 4.02.02.01.05 DIFERENCIA DE CAMBIO, 5.01.01.01.01 COSTO DE VENTAS, 6.01.01.01.01 SUELDOS Y SALARIOS, 6.01.01.01.02 CAJA NACIONAL DE SALUD, 6.01.01.01.03 AFP’S PREVIS.APORTES PATRONAL, 6.01.01.01.04 PRO-VIVIENDA, 6.01.01.01.06 48 de 57

AlA 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

INDEMNIZACIÓN, 6.01.01.01.07 AGUINALDOS, 6.01.01.02.01 ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS, 6.01.01.02.03 MATERIAL DE ESCRITORIO, 6.01.01.02.04 MATERIAL DE LIMPIEZA, 6.01.01.02.05 FOTOCOPIAS Y ANILLADOS, 6.01.01.02.06 MINISTERIO DE TRABAJO, 6.01.01.02.07 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, 6.01.01.02.09 GASTOS DE IMPRENTA, 6.01.01.02.12 MATERIAL DE COMPUTACIÓN, 6.01.01.02.15 BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS, 6.01.01.07.16 SEGUROS, 6.01.01.07.17 GASTOS VARIOS, 6.01.01.09.18 MANTENIMIENTO DE OFICINA, 6.01.01.02.19 GASTOS MÉDICOS, 6.01.01.02.20 ACTUALIZACIÓN DE FUNDEMPRESA, 6.01.01.01.02.22 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, 6.01.01.02.24 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSER, 6.01.01.02.27 FROMULARIOS Y AFILIACIÓN CPS, 6.01.01.02.30 COMISIONES BANCARIAS, 6.01.01.02.31 MANTENIMIENTO DE OFICINA, 6.01.01.02.32 TARJETAS VIVA/TIGO/ENTEL, 6.01.01.02.33 GASTOS LEGALES, 6.01.01.02.34 HONORARIOS PROFESIONALES, 6.01.01.02.35 EQUIPOS ELECTRÓNICOS, 6.01.01.03.01 AGUA POTABLE, 6.01.01.03.02 ENERGÍA ELÉCTRICA, 6.01.01.03.03 SERVICIOS TELEFÓNICOS, 6.01.01.03.05 SERVICIOS DE INTERNET, 6.01.01.04.02 INTERESES POR MORA, 6.01.01.04.05 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES, 6.01.01.04.08 MANTENIMIENTO DE VALOR, 6.01.01.05.02 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSE. 6.01.01.05.03 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN, 6.01.01.05.04 DEPRECIACIÓN EQ. DE OFICINA, 6.01.01.05.05 DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS, 6.01.02.01.04 COMISIÓN S/TARJETAS DE CRÉDITO, 6.02.01.01.06 A.I.T.B., 6.02.01.01.08 GASTOS DE CHEQUERA, 6.02.01.01.11 DIFERENCIA PRO REDONDEO, 6.02.01.01.14 REGULARIZARON DE AGUINALDO, 6.02.02.01.06 GASTOS NO DEDUCIBLE, sin embargo de la verificación de estos se observa que no cuenta con el Libro mayor de la cuenta Banco y en el libro mayor de la cuenta ingresos no cuenta con los registros de las transacciones correspondiente a las ventas a diciembre 2014, de tal forma omitió considerar estos ingresos para la determinación del Impuesto a las Transacciones. Extracto Bancario. – La contribuyente presento extracto de cuenta impresa de la página web del Banco Bisa, en el mismo se evidencia el pago de compras de mercadería al principal proveedor (MITSUBA INGENIERÍA EN CONFECCIONES) sin embargo según la revisión de los libros de contabilidad (Diario y Mayor), no cuenta con la CUENTA BANCOS. Estados financieros de la gestión 2013-2014.- La 

  1. X) 

contribuyente presento estados financieros como ser Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios Patrimoniales, Estado de Capital de Trabajo, Estado 

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Justicia tributaria paravivir bien lian mit’ayir jach’a kamani (Aymara) /Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) /Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

S stema de Gestión de la Cal dad 

CertrfcadoN 771/14 

í mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

de la entidad Resultados Acumulados y Aportes de los Socios, Estado de Cambios Patrimoniales, Estado de Capital de Trabajo, Estado de Cambios de la Situación Financiera y notas a los estados financieros el análisis a los estados financieros de efectuará al momento de la verificación y determinación del Impuesto a las Utilidades de la Empresa. Por tanto la contribuyente no presento documentación suficiente que respalde y demuestre la procedencia de los Créditos Impositivos que consideren que le corresponda y evidencien la efectiva realización de la transacción por tanto las notas fiscales observadas no son válidas para el beneficio del cómputo del Crédito Fiscal, de acuerdo a lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 70° de la Ley N° 2492. Numeral 4. “Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos…”.Numeral 5. “Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere que le correspondan…”, situación que no fue cumplida por la contribuyente en el presente proceso de Fiscalización Externa. De igual manera los Arts. 36°, 37° y 40° del Código de Comercio claramente establece la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización con el fin de demostrar la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público, de igual forma el Art. 44° del Código de Comercio dispone que el registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo gue cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas gue intervengan en los documentos gue la respalden. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento del conjunto requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible, situación que no fue cumplida por parte de la contribuyente MEJIA CHOQUE MARÍA HILDA con NIT 2831869012. 

Es así que la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que: “(…) los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 50 de 57

MTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. 

Por lo tanto, la contribuyente MEJIA CHOQUE MARÍA HILDA con NIT 2831869012, no respaldo, ni demostró la procedencia de los Créditos Impositivos que consideren que le corresponda y evidencien la efectiva realización de la transacción por tanto las notas fiscales observadas no son válidas para el beneficio del cómputo del 

Crédito Fiscal. 

CÓDIGO 5: FACTURA NO AUTORIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 

Debido a que el contribuyente no presento la factura observada con el presente código, no se pudo desvirtuar la efectiva autorización por la administración tributaria. Por lo que las notas fiscales y/o importes Observados con este código NO son válidas para crédito fiscal, en aplicación al numeral 2) parágrafo I del Art. 41° de la R.N.D. N° 10.0016.07 de fecha 18/05/2007 que establece como requisito indispensable para la validez del crédito fiscal que la factura, nota fiscal o documento equivalente “haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización.” P/T…” 

CÓDIGO 6: OTROS INCUMPLIMIENTOS A DEBERES FORMALES: Debido a que el contribuyente no presento la nota fiscal en original, no ser pudo desvirtuar otros incumplimientos al deber formal, según el numeral 4) del parágrafo I del artículo 41° de la R.N.D. 10.0016.07 

Asimismo, corresponde reiterar que de acuerdo a la doctrina y legislación tributaria vigente en nuestro país, así como la línea asumida por la Autoridad de Impugnación Tributaria (antes Superintendencia Tributaria) General en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005 y STG-RJ/0220/2006 existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara. Estos son: 1) estar respaldado con la factura original; 2) que la compra se encuentre vinculada a la actividad gravada; y 3) que la transacción se haya realizado efectivamente.” 

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Juáticia tributaria para vivir bien 

Jap mit’ayir¡acrVa kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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NB/ISO 

9001 

SisP-rna de Gestión de la Calidad 

Cmrf cado r\T “”71/14 

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Por lo expuesto en líneas ut supra, se constató que, en el Código 1 “Transacción no respaldada con la factura original”, la Administración Tributaria observó que las notas fiscales observadas con este código no fueron presentadas, motivo por el cual no pudo realizar las respectivas verificaciones, ni determinar la vinculación de las compras con la actividad de la empresa, concluyendo que se benefició de crédito fiscal inexistente, puesto que el num. 1 del parágrafo I del art. 41 de la RND 10.0016.07, concordante con el art. 54 parágrafo I num. 1 de la RND 10-0025-14, establecen como requisito indispensable para la validez del crédito fiscal, que la nota fiscal sea presentada en original; asimismo, en el Código 3 “Transacción no realizada efectivamente”, se estableció que, debido a que no se respaldó con la presentación de la factura original el crédito fiscal, no pudo constatar la efectiva realización y materialización de la transacción, contraviniendo el art. 4 inc. a) de la Ley 843, por tanto, la factura observada con este código, no es válida para el beneficio del cómputo del crédito fiscal; y en el Código 6 “Otros incumplimientos a deberes formales”, la Administración Tributaria señaló que, debido a que la contribuyente no presentó la nota fiscal en original, no pudo desvirtuar otros incumplimientos al deber formal, conforme al num 4) del parágrafo I del art. 41 de la RND 10.0016.07; por tanto, de acuerdo a la doctrina asumida en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005 y STG-RJ/0220/2006, los tres requisitos que deben ser cumplidos para beneficiarse con el crédito fiscal, producto de las transacciones declaradas, son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada; y 3) Que la transacción se hubiera realizado efectivamente. 

En ése contexto, de la compulsa de antecedentes, se observó que la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos de 23 de mayo de 2019 (fs. 23- 25 de antecedentes c. I), en el cual plasmó la presentación de facturas de compras de los periodos de enero a noviembre de la gestión 2014, en fotocopias cotejadas con el original, y comprobantes de egresos de enero a noviembre de 2014 en original; asimismo, detalló cómo observación, que no se presentó la factura 37299; firmando en constancia del acto la recurrente. Por tanto, es evidente que si bien la Administración Tributaria no estableció en la casilla Observación del Cuadro N° 3 “Detalle de la documentación solicitada Formulario 4003 00129351″, la falta de presentación de la factura N° 37299, no obstante, la recurrente fue advertida de la ausencia de esta factura en el Acta de Recepción de Documentos de 23 de mayo de 52 de 57

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

2019, y como consecuencia de su no presentación en original, la factura fue observada con los Códigos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (fs. 36 de la Vista de Cargo), declarándose inválida para el cómputo del crédito fiscal. 

Por otra parte, se constató que la factura 37299 es la única observada bajo los Códigos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y conforme a lo señalado precedentemente, es evidente que no fue presentada ante la Administración Tributaria por la recurrente, según el acta de recepción de documentos (fs. 23-25 de antecedentes), a objeto de respaldar el crédito fiscal; no obstante, las facturas 732635, 1331008, 179969, 444505, 765885, 928103, 1341938, 1245391, 923266, 347421, 351645, 938945, 1128905, 886089, 1144615, 118111, 1433327, 133851, 1426986, 325206, 1956847, 1964477, 340957, 2418560, 2507853, 532916, 548565, 740982, 756652, 3066305 y 3139903, a las que refiere la recurrente en su memorial de interposición del Recurso de Alzada, que se encuentran observadas con el Código 6, entre otros, si fueron presentadas por la recurrente, conforme consta en las Actas de Recepción de Documentos de 23 de mayo y 12 de julio de 2019 (fs. 23-26 de antecedentes c. I) y en Jas fotocopias de las referidas facturas cursantes en los antecedentes administrativos (fs. 2282, 2294, 2307, 2316, 2319, 2322, 2470, 2628, 2643, 2647, 2839, 2851, 2854, 2857, 2973, 3015, 3030, 3033, 3079, 3207, 3210, 3247, 3250, 3361, 3386, 3402, 3404, 3436, 3554, 3558 y 3560 de antecedentes c. XII a c. XVIII ), I-as cuales llevan el sello “Es copia fiel del originar de la Administración Tributaria; en consecuencia, considerando que la Administración Tributaria tiene como principal argumento del Código 6, la no presentación de las notas fiscales en original, es evidente que no se encuentra debidamente fundamentado y es incongruente con los antecedentes del proceso lo cual afecta a la fundamentacion de hecho, y coloca a la recurrente en estado de indefensión, al no tener la certeza del origen de las observaciones realizadas. 

Por otra parte, en el Código 4 “No presenta documentación suficiente que respalde la transacción , se constató que la Administración Tributaria, producto del análisis a los comprobantes de egresos, comprobantes de ingresos, Libro Diario, Libro Mayor, extracto bancario de la cuenta 225754-401-2 y Estados Financieros de las gestiones 2013 y 2014, observó con relación a los Libros Mayores presentados por la recurrente (pág. 53 de la Vista de Cargo): “sin embargo de la verificación de 

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estos se observa que no cuenta con el Libro mayor de la cuenta Banco, y en el Libro mayor de la cuenta ingresos no cuenta con los registros de las transacciones correspondientes a las ventas a diciembre 2014, de tal forma omitió considerar estos ingresos para la determinación del Impuesto a las Transacciones”. Evidenciándose que esta observación hace mención a los “ingresos y la determinación del Impuesto a las Transacciones”, sin considerar que esta observación forma parte de la revisión y fundamentacion de la validez del Crédito Fiscal – IVA, es decir a las transacciones de compras, hecho que conlleva a generar incertidumbre sobre el origen de la observación y la relación con la depuración del Crédito fiscal, toda vez que, no se tiene la certeza si la observación corresponde al Crédito Fiscal-IVA o al Impuesto a las Transacciones (IT), ocasionando una incongruencia que afecta a la fundamentacion de la depuración de las facturas signadas con el código 4. 

De lo antes descrito, se evidenció que la Vista de Cargo, en la depuración de facturas por la “No presentación de documentación suficiente que respalde la transacción” (Código 4) y por “Otros incumplimientos a deberes formales” (Código 6), no cuenta con la debida fundamentacion que respalde la depuración realizada, además* de presentar incongruencias en su contenido, conforme a lo desarrollado en líneas precedentes, aspectos que disminuyeron materialmente el derecho a la defensa de la recurrente, pues no llegó a conocer la decisión concreta por la cual depuraron el crédito fiscal de las facturas en cuestión, tal como señaló en su memorial de interposición del Recurso de Alzada, por tanto se advierte que las observaciones realizadas carecen de motivación conforme a la Sentencia Constitucional 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, la cual establece, que la Administración Tributaria debe determinar con claridad los hechos atribuibles al recurrente, y que deben ser expuestos claramente los aspectos fácticos del reparo; debiendo además considerarse que el Sujeto Activo se encuentra constreñido por el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), a sustentar sus observaciones en correlación con la normativa aplicable, realizando una minuciosa fundamentacion legal, lo contrario significa lesionar el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable de que los administrados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo, y por ende su derecho a la defensa se encuentre afectado; por lo que se incumple lo establecido en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), incs. b), y e), en cuanto a los requisitos de fundamentacion y causa, como elementos esenciales del acto administrativo, y art. 31 parágrafo II del DS 54 de 57

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

27113 (RLPA), por los cuales todo acto administrativo en respeto al debido proceso, debe expresar sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente, consignar las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto, individualizar la norma aplicada, y valorar las pruebas determinantes para la decisión; en consecuencia, la falta de cumplimiento de la normativa expuesta, colocó en un estado de incertidumbre, inseguridad e indefensión a la recurrente, vulnerando los derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso y la defensa, consagrados en los arts. 115 y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), y art. 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB); evidenciándose que la entidad recurrida no rigió sus actos al sometimiento pleno de la Ley; en ese entendido, ésta instancia no puede pasar por alto los vicios que son causal de nulidad justamente precautelando las garantías constitucionales y que el proceso se desarrolle en el marco de un debido proceso, considerando además que la fundamentacion en los actos administrativos tiene carácter imprescindible. 

Por consiguiente, una vez evidenciados los vicios de nulidad contenidos en el acto administrativo examinado, se tiene que al ser la Vista de Cargo 291976001253 (SIN/GDSCZ-ll/DF/UFEA/C/242/2019) de 10 de diciembre de 2019, la base sobre la cual se emitió la Resolución impugnada, se concluye que la Administración Tributaria emitió no sólo la Resolución hoy impugnada incumpliendo lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), sino también la Vista de Cargo de la que emerge, la misma que por sus inconsistencias no contiene los requisitos esenciales establecidos en el art. 96 del mismo cuerpo legal, careciendo ambas de fundamentacion y motivación conforme a lo descrito precedentemente, y en consecuencia, siendo que un acto es anulable cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, en virtud de lo dispuesto en los arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al presente caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a ésta instancia recursiva, anular obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 291976001253 (SIN/GDSCZ-ll/DF/UFEA/C/242/2019) de 10 de diciembre de 2019, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo, fundamentando legalmente su posición, conforme prevén los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 18 del DS 27310 (RCTB) y el inc. h) del art. 6 de la 55 de 57 

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RND 10-0032-16, en concordancia con los requisitos determinados en los arts. 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA). 

Finalmente, corresponde aclarar que, no se emitirá pronunciamiento respecto a los otros aspectos planteados por la recurrente en su recurso, toda vez que previamente la Administración Tributaria deberá subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva ai. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo 291976001253 (SIN/GDSCZ-ll/DF/UFEA/C/242/2019) de 10 de diciembre de 2019, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo en estricta sujeción a derecho y conforme prevén los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB), 18 del DS 27310 (RCTB) y el inc. h) del art. 6 de la RND 10-0032-16, en concordancia con los requisitos determinados en los arts. 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 del DS 27113 (RLPA); de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/acq/cmmf/nvro/mga 

ARIT-SCZ/RA 0524/2020 

Jt 

i d. 

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