ARIT-SCZ-RA-0519-2020 Proveído de rechazo de ampliación de boleta de garantía nula por no fundamentar la misma

ARIT-SCZ-RA-0519-2020

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0519/2020 

Digital Network Infraestructura y Servicios 

Tecnológicos S.A., representada por 

Pablo Daniel Torrez Sanjinés. 

Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Gonzalo Antonio 

Campero Ampuero. 

Proveído 242079000185 de 2 de junio 

de 2020. 

ARIT-SCZ-0279/2020. 

Santa Cruz, 22 de septiembre de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0519/2020 de 22 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Proveído N° 242079000185 de 2f de junio de 2020, con el cual se dispuso por única vez la ampliación del plazo para la; 

l de 26i NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jah mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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constitución de garantías ofrecidas a efectos de suspender la ejecución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020, dispuesto en el Auto Provisional de Suspensión de Ejecución Tributaria N° 422079000008, misma que deberá ser constituida dentro de los diez (10), días posteriores a su legal notificación, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la RND 10-0022-14 de 18 de julio de 2014, caso contrario la Administración Tributaria ejercerá sus facultades de ejecución tributaria establecidas por Ley. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del sujeto pasivo 

Digital Network Infraestructura y Servicios Tecnológicos S.A., en adelante la recurrente, representada por Pablo Daniel Torrez Sanjinés, mediante memoriales presentados el 16 y 25 de junio de 2020 (fs. 28-40 y 47-48 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando el Proveído N° 242079000185 de 2 de junio de 2020, emitido por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración de Derechos Constitucionales. 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria vulneró derechos y principios constitucionales como el Debido Proceso, Derecho a la Defensa, Seguridad Jurídica, Principio de Legalidad, Principio de igualdad Jurídica, Principio de motivación o fundamentación de las Resoluciones, Principio de Aplicación objetiva de la Ley; así como Principios Tributarios como el de No Confiscatoriedad, Capacidad Contributiva, entre otros, pues además de hacer caso omiso a la normativa existente en relación al COVID-19 y a la suspensión de plazos y actividades públicas y privadas, en el acto impugnado omitió valorar los argumentos expuestos en la solicitud de ampliación conforme a la sana crítica prevista en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), resultando evidente que no se fundamentaron las razones para prescindir de los mismos, ocasionando con esta omisión, desconocimiento del razonamiento de la Autoridad Tributaria que le motivó a desestimar sus pruebas y argumentos para finalmente rechazar la petición; agregó que su nota de solicitud de ampliación del plazo de 2 de 26

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

presentación de la boleta de garantía bancaria hasta que el Gobierno Central determine el levantamiento de la Declaración de Emergencia Sanitaria y las actividades económicas retornen a la normalidad, se encontraba respaldada por la normativa emitida por el Gobierno Nacional, Departamental y sobre todo por la imposibilidad sobrevenida, de fuerza mayor, para gestionar la obtención de la garantía exigida por el SIN; sin embargo, la Administración Tributaria, sin fundamentar ni motivar el acto sino que se limitó a rechazar lo solicitado y a conminar bajo prevención de iniciar las acciones de ejecución al cumplirse el plazo de 10 días, plazo que no está basado en norma legal alguna, situación que a su criterio determinaría la nulidad de pleno derecho del acto impugnado. 

11.1.2 Procedencia de la solicitud de ampliación de plazo para la presentación de la Boleta de Garantía. 

La recurrente manifestó que ante la imposibilidad, por motivos de fuerza mayor, de primero interponer la Demanda Contenciosa Administrativa anunciada y segundo de obtener la garantía que le permita suspender la ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020 de 04 de febrero del 2020, mediante nota de solicitud de ampliación de plazo, presentada ante la Administración Tributaria, se hizo constar que al momento de ser promulgado el Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo de 2020 de emergencia sanitaria, habían transcurrido 40 días del plazo fijado en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, para la interposición de la Demanda Contenciosa Administrativa, restando 50 días de término para proceder a la acción judicial y un plazo inclusive mayor para la entrega de la garantía establecida por ley y exigida por la Administración Tributaria, por lo que el plazo restante debía correr necesariamente desde el momento en que el Gobierno Nacional y Departamental levanten la emergencia sanitaria y la cuarentena dispuesta, en razón de la pandemia generada por el COVID 19, debiendo tomarse en cuenta que si bien en las entidades del sistema financiero desarrollaron algunas actividades en el periodo de la cuarentena, para la emisión de una Boleta de Garantía Bancaria le solicitaron se cumpla con la presentación de distinta documentación como requisitos exigidos, por lo cual también necesitaba tramitar la documentación requerida en diferentes entidades públicas y privadas, gestiones que no se pudieron realizar en razón de la, cuarentena sanitaria. 

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Refirió además que de acuerdo al Decreto Municipal N° 17-2020 mediante el cual se dispone en la ciudad de Santa Cruz la continuidad de la cuarentena, según la condición de riesgo alto, desde el 1 de junio hasta que mediante nuevo decreto Municipal se determine la suspensión de la misma, cuarentena que ha sido prorrogada hasta el 30 de junio del 2020, subsistiendo la imposibilidad de efectuar gestiones para la obtención de la garantía reclamada por el SIN y para la interposición de la demanda Contenciosa, por lo que expresó que de continuar con la ejecución tributaria sería puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes a efectos de que se inicien las acciones legales con el fin de establecer responsabilidades penales por el acto ilegal e irresponsable. 

Por lo expuesto, solicitó se anule o en su caso se revoque totalmente el Proveído 242079000185 de 2 de junio de 2020, emitido por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 30 de junio de 2020 (fs. 49 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando el Proveído 242079000185 de 2 de junio de 2020, emitido por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 24 de julio de 2020 (fs. 59-70 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando los siguientes argumentos: 

III.3.1 Sobre la Admisión del Recurso de Alzada. 

La Administración Tributaria aseguró que el proveído impugnado es una “resolución” o actuación administrativa de mero trámite, que no afecta derechos fundamentales ni garantías constitucionales de la recurrente de manera directa o definitiva, por tanto no puede ser considerado como acto definitivo de carácter particular pues de ninguna 4 de 26

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

manera puso fin a la actuación administrativa, sino que estableció el plazo de 10 días, computables a partir de su legal notificación, que fue realizado a horas 08:05 del 10 de junio de 2020, plazo que concluyó el día 25 de junio de 2020, refirió que otro elemento a tomar en cuenta para no considerar al proveído impugnado como acto definitivo, es el hecho de que la parte recurrente en su memorial no solicitó ningún pronunciamiento de fondo por parte de la Administración Tributaria, por tanto el Proveído impugnado únicamente otorgó respuesta a la solicitud y no se resolvió el fondo de la cuestión, ni mucho menos impide totalmente la tramitación del problema de fondo, por lo cual no recibe el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, conforme los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), en consecuencia, no puede ser susceptible de impugnación de acuerdo a lo previsto en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que se debía anular obrados hasta la admisión del Recurso de Alzada. Finalmente, mencionó las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1140/2012 y AGIT-RJ 0743/2012, entre otros, como precedentes administrativos que considera aplicables a este caso. 

III.3.2. Respecto a la vulneración de Derechos Constitucionales. 

La Administración Tributaria observó la falta de técnica recursiva por parte de la recurrente, pues no comprende qué vertiente del derecho al Debido Proceso y de la Defensa se habría vulnerado, para poder objetar los argumentos o caso contrario allanarse a ellos; reiteró que sus argumentos son por demás generales y escuetos demostrando una falta absoluta de técnica recursiva, mencionando Principios que también habrían sido vulnerados pero sin identificar los artículos específicos de la norma, incumpliendo con todo esto, el mandato que establece el inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB); no obstante, afirmó que el Proveído impugnado contiene una debida fundamentación y que si bien es cierto que está compuesto por dos páginas

media, empero contiene una fundamentación clara, especifica, sustentada en la CPE, Ley 2492 (CTB) y los Decretos Supremos emitidos durante la cuarentena y cumple &0 9001| todos los elementos esenciales del acto administrativo que señala la Ley 2341 (LPA), BBBBBE vale decir la causa, que es la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena, que sirvió para ampliar los 10 días; del mismo modo, cuenta con el derecho aplicable es decir el DS 4196 de 17 de marzo de 2020, que faculta a las, entidades del nivel central del Estado en el marco de sus competencias yi 

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atribuciones de reprogramar los plazos y procedimientos administrativos, así como los DS. 4199 de 21 de marzo de 2020 y DS. 4229 de 29 de abril de 2020. 

III.3.3. Respecto a la procedencia de la solicitud de ampliación del plazo para la presentación de la Boleta de Garantía. 

La Administración Tributaria señaló que, en aplicación del Principio de Seguridad Jurídica, el Proveído N° 242079000185 se sustenta en reglas fijas, como ser el parágrafo I) de la Disposición Adicional Tercera del DS 4196 de 17 de marzo de 2020, bajo este contexto legal, se reprogramó el plazo que inicialmente estaba establecido para el 11 de mayo de 2020 y en atención a la normativa se reprogramó para 10 días después de la legal notificación del Proveído, entendiendo que como pináculo del derecho tiene conocimiento que los plazos son perentorios y de cumplimiento obligatorio, por tanto, el plazo establecido en el art. 7 de la RND 10- 0022-14 de 18 de julio de 2014, es de cumplimiento obligatorio; empero, por la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena establecida en Bolivia a través del DS 4196 de 17 de marzo de 2020, se facultó a la Administración Tributaria para flexibilizar y reprogramar los plazos pero de ninguna manera faculta a la Administración Tributaria disponer la ampliación del plazo de manera indefinida, como pretende la recurrente, tomando en cuenta que la emergencia sanitaria concurrirá mientras persista la pandemia del COVID-19, y la normalidad de la actividad económica es subjetiva; del mismo modo, afirmó que las actividades en el sistema financiero no se paralizaron y Fundempresa cuenta con tramites en líneas, las Notarías también iniciaron la atención al público el 4 de mayo de 2020, así como la mayoría de las instituciones públicas y privadas, por tanto la obtención de la boleta de garantía es un objeto cierto y materialmente posible. 

Asimismo, manifestó que la recurrente refiere la imposibilidad por fuerza mayor de interposición de la Demanda Contenciosa Administrativa; sin embargo, este aspecto no es competencia de la Administración Tributaria ni de la Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo que dicho argumento debe de ser expuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia en sus salas de turno como corresponde y lo establece el Código de Procedimiento Civil, por lo que no corresponde pronunciarse al respecto. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por lo expuesto, solicitó se rechace el Recurso de Alzada o se confirme en todas sus partes el Proveído 242079000185 de 2 de junio de 2020. 

11.4 Apertura del término probatorio 

Mediante Auto de 27 de julio de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 29 de julio de 2020 (fs. 71-72 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de agosto de 2020, la recurrente, mediante memorial presentado el 04 de agosto de 2020 (fs. 73 del expediente) ratificó toda la documentación adjunta a su recurso así como también todos los fundamentos expresados en su Recurso de Alzada. 

Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2020, ratificó en calidad de prueba todos los antecedentes administrativos presentados adjuntos a la Contestación al Recurso de Alzada (fs. 76 del expediente). 

11.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 7 de septiembre de 2020, la recurrente el 25 de agosto de 2020, formuló sus alegatos en conclusión bajo los mismos argumentos de su Recurso de Alzada (fs. 79-86 del expediente). 

Por otra parte, la Administración Tributaria, dentro del referido plazo no presentó alegatos en conclusión orales o escritos. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

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Justicia tributaria para vivir bien J^an mit’ayir jach’a kamani (Aymara) ivlana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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111.1 El 11 de febrero de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020 de 4 de febrero de 2020, la cual resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0520/2019 de 11 de noviembre de 2019, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, la misma que confirmó la Resolución Determinativa 171979001044 de 16 de julio de 2019 (fs. 5-43 vta. de antecedentes). 

111.2 El 18 de febrero de 2020, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria, memorial anunciando impugnación judicial de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020 de 4 de febrero de 2020, solicitando instruir la suspensión de la ejecución tributaria de la citada Resolución, para lo cual se comprometió a constituir garantías suficientes dentro de los noventa días siguientes, garantía que se refería a una Boleta de Garantía Bancaria a ser emitida a favor de la Gerencia GRACO Santa Cruz, por el importe de la deuda tributaria reconocida en la Resolución de Recurso Jerárquico citada, más el incremento en un 30%, cuya vigencia sería de 12 meses, tal como lo dispone el num. 1 del parágrafo I del art. 7 de la RND 10-0022-14 (fs. 2 de antecedentes). 

111.3 El 4 de marzo de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la recurrente con el Auto Provisional de Suspensión de la Ejecución Tributaria N° 422079000008 de 27 de febrero de 2020, que resolvió suspender de manera provisional la ejecución tributaria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0414/2020 de 4 de febrero de 2020, hasta el 11 de mayo de 2020, plazo durante el cual el contribuyente debía constituir las garantías suficientes ofrecidas al efecto, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la RND 10-0022-14, caso contrario la Administración Tributaria ejercería sus facultades de ejecución tributaria establecidas por Ley; del mismo modo, estableció que la recurrente debía presentar como garantía una boleta de Garantía Bancaria a primer requerimiento, renovable e irrevocable, endosada a nombre de la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, por el monto establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico citada, más el incremento en un 30%, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. a) del art. 3 de la RND 10-0022-14, monto que será actualizado a la fecha de constitución de la misma, con una vigencia de 12 

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Impugnación Tributaria 

meses como mínimo, cumpliendo con los requisitos contenidos en el num. 1 del 

art. 7 de la misma RND (fs. 47-50 de antecedentes). 

III.4 El 8 de mayo de 2020, la recurrente mediante memorial, solicitó a la Administración Tributaria la ampliación del plazo para la presentación de la 

Boleta de Garantía Bancaria, en razón a la crisis sanitaria y cuarentena 

obligatoria, explicando que el 11 de mayo de 2020, se cumplía el término para 

la interposición de la acción de Demanda Contenciosa Administrativa ante el 

Tribunal Supremo de Justicia con sede en Sucre; sin embargo desde el mes de 

marzo Bolivia estuvo enfrentando un estado de convulsión por la pandemia 

COVID 19, motivo por el cual el Gobierno Central determino cuarentena con 

prohibición de circulación por las ciudades del país y suspensión de actividades 

en la administración pública y privada, por lo que no se pudo formalizar la 

demanda contenciosa, considerando además que de acuerdo a la Circular 

07/2020 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, se suspendía “todo plazo 

que se encuentre corriendo para el ejercicio de un derecho”, esperando se 

reinicien las labores judiciales y se determinen nuevos plazos procesales; 

asimismo, señaló que al momento de la promulgación del DS 4199 de 21 de 

marzo de 2020, habían transcurrido 40 días del plazo fijado en el art. 780 del 

Código de Procedimiento Civil, para la interposición de la Demanda 

Contenciosa Administrativa, restando 50 días de término para proceder la 

acción judicial, los cuales serán computados desde el momento que se 

reanuden las actividades; que también podía advertirse que si bien las 

entidades bancarias desarrollan actividades, pero que para emitir una boleta de 

Garantía se debía presentar documentación que también era necesario 

tramitar, que debido a la cuarentena tampoco pudo realizarse; es así que 

invocando la fuerza mayor, analizada en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0371/2017-S2 de 17 de abril 2017, solicitó la ampliación del plazo 

de presentación de la Boleta de Garantía Bancaria, hasta que el Gobierno 

Central determine el levantamiento de la declaración de emergencia sanitaria v •ijjm-ijj.ijij»ijum las actividades económicas retornen a la normalidad, a objeto de no vulnerar 

derechos constitucionales (fs.52-55 de antecedentes). 

El 10 de junio de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la 

recurrente con el Proveído N° 242079000185 de 2 de junio de 2020, con el cua 

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ilusticia tributaria para vivir bien ÍJan mit’ayir jacha kamani (Aymara) (Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

JMburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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se dispuso por única vez la ampliación del plazo para la constitución de garantías ofrecidas a efectos de suspender la ejecución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020, dispuesto en el Auto Provisional de Suspensión de Ejecución Tributaria N° 422079000008, misma que deberá ser constituida dentro de los diez (10), días posteriores a su legal notificación, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la RND 10-0022-14 de 18 de julio de 2014, caso contrario la Administración Tributaria ejercerá sus facultades de ejecución tributaria establecidas por Ley. (fs. 62-65 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO JURÍDICA 

La recurrente expuso en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, la vulneración de Derechos Constitucionales y la procedencia de la solicitud de ampliación del plazo para la presentación de la Boleta de Garantía, en contraposición la Administración Tributaria contestó el recurso observando de manera previa, la improcedencia de su admisión, toda vez que a su criterio el acto impugnado no se constituiría en un acto administrativo definitivo, razón por la cual ésta instancia recursiva ingresará a resolver y dilucidar la observación de la Administración recurrida y de no ser procedente se ingresará al análisis y pronunciamiento de los agravios plasmados en el Recurso de Alzada. 

IV.1. Sobre la Admisibilidad del Recurso de Alzada. 

La Administración Tributaria aseguró que el proveído impugnado es una “resolución” o actuación administrativa de mero trámite, que no afecta derechos fundamentales ni garantías constitucionales de la recurrente de manera directa o definitiva, por tanto no puede ser considerado como acto definitivo de carácter particular pues de ninguna manera puso fin a la actuación administrativa, sino que estableció el plazo de 10 días, computables a partir de su legal notificación, que fue realizado a horas 08:05 del 10 de junio de 2020, plazo que concluyó el día 25 de junio de 2020, refirió que otro elemento a tomar en cuenta para no considerar al proveído impugnado como acto definitivo, es el hecho de que la parte recurrente en su memorial no solicitó ningún pronunciamiento de fondo por parte de la Administración Tributaria, por tanto el Proveído impugnado únicamente otorgó respuesta a la solicitud y no se resolvió el fondo de la cuestión, ni mucho menos impide totalmente la tramitación del problema 10 de 26

Allí 

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de fondo, por lo cual no recibe el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, conforme los arts. 27 y 28 de la Ley 2341 (LPA), en consecuencia, no puede ser susceptible de impugnación de acuerdo a lo previsto en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que se debía anular obrados hasta la admisión del Recurso de Alzada. Finalmente, mencionó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1140/2012 y AGIT-RJ 0743/2012, entre otros, como precedentes administrativos que considera aplicables a este caso. 

Para resolver la controversia planteada, cabe recordar que la doctrina tributaria, señala que: “El acto definitivo se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones o plazos suspensivos (…) El acto definitivo es el único normalmente impugnable por sí mismo, porque es el único capaz por para producir el agravio al derecho subjetivo y al interés del administrado” (ORTIZ Eduardo, Materia y objeto del contencioso administrativo, Págs. 95 y 238). 

En Bolivia la Ley fundamental; vale decir la CPE, en el art. 14 parágrafo IV, instituye que: “(…) En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de lo que éstas no prohiban. (…).”; y la misma CPE, en sus arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119, parágrafos I y II de la mencionada norma constitucional, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa En efecto, toda Autoridad pública en el orden administrativo está sujeta a resguardar los valores supremos y principios fundamentales de la Constitución Política del Estado |IS0 9001. 

Plurinacional señalados al inicio, así como a garantizar el respeto de los derechos aBMBBB la defensa y debido proceso. 

En ese contexto la legislación tributaria, en el art. 143 de Ley 2492 (CTB), normativa• adjetiva aplicable al caso de autos, indica taxativamente lo siguiente: “El Recurso Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las 

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Resoluciones Determinativas. 2. Las Resoluciones Sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo”, concordante con lo anterior el art 4 de Ley 3092 (Título V del CTB), indica lo siguiente; “Además de lo dispuesto por el Articulo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) será admisible también contra: 1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificadas. 2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago condonación. 4. Todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria”; entendiéndose por acto particular a aquel que identifica a un solo sujeto pasivo y definitivo a aquel que define una cuestión o controversia causando estado de alguna actuación de la Administración Tributaria (resaltado propio). 

Por su parte el art. 132 de la Ley 2492 (CTB), en su segundo párrafo dispone que la Superintendencia Tributaria (actualmente Autoridad de Impugnación Tributaria), tiene por objeto conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria; consiguientemente, el art. 131 de la citada normativa, indica que “contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá interponerse Recurso de alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) que se crea por mandato de esta norma legal”. 

En concordancia con la normativa antes señalada, el art. 195 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que el Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y 12 de 26

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas, incluidas las medidas precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el art. 108 del mencionado Código, ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el art. 109 parágrafo II de este mismo Código. En este mismo sentido, el art. 198 parágrafos I y IV de la citada disposición legal, establecen que los recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple y la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los arts. 195 y 197 de la presente Ley. Asimismo, la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), en su art. 27, establece que se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la señalada Ley, que produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

De la normativa y doctrina señaladas, así como del análisis y revisión de antecedentes, se evidenció que el 8 de mayo de 2020, la recurrente mediante memorial, solicitó a la Administración Tributaria la ampliación del plazo para la presentación de la Boleta de Garantía Bancaria, en razón a la crisis sanitaria y cuarentena obligatoria, señalando entre otras cosas, que de acuerdo a la Circular 07/2020 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, se suspendía “todo plazo que se encuentre corriendo para el ejercicio de un derecho” y que también podía advertirse que si bien las entidades bancañas desarrollan actividades, pero que para emitir una boleta de Garantía se debía presentar documentación que también era necesario tramitar, que debido a la cuarentena tampoco pudo realizarse; es así que invocando la fuerza mayor, analizada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0371/2017-S2 pJ 1 f ISO 9001| 

de 17 de abril 2017, solicitó la ampliación del plazo de presentación de la Boleta deEBESSBM Garantía Bancaria, hasta que el Gobierno Central determine el levantamiento de la 

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declaración de emergencia sanitaria y las actividades económicas retornen a la’ normalidad, a objeto de no vulnerar derechos constitucionales; es así que el 10 de junio de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la recurrente con el! Proveído N° 242079000185 de 2 de junio de 2020, con el cual se dispuso por única; 

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vez la ampliación del plazo para la constitución de garantías ofrecidas a efectos de suspender la ejecución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020, dispuesto en el Auto Provisional de Suspensión de Ejecución Tributaria N° 422079000008, misma que deberá ser constituida dentro de los diez (10), días posteriores a su legal notificación, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la RND 10-0022-14 de 18 de julio de 2014, caso contrario la Administración Tributaria ejercería sus facultades de ejecución tributaria establecidas por Ley. 

De lo anterior, se puede corroborar que evidentemente el Proveído impugnado contiene la respuesta a la solicitud de ampliación del plazo para la presentación de la Boleta de Garantía presentada por la recurrente, por lo cual claramente es un acto que tiene carácter particular, pero además de esto, es necesario resaltar que si bien la Administración Tributaria otorgó 10 días, estableció de manera imperativa, directa y definitiva lo siguiente: “(…) caso contrario la Administración Tributaria ejercerá sus facultades de ejecución tributaria establecidas por Ley”; es decir, que no puede considerarse como una resolución de mero trámite, como calificó y consideró la Administración Tributaria en la contestación, pues indiscutiblemente la decisión asumida y contenida en el Proveído no podría ser modificada y por el contrario se constituyó en un rechazo tácito que pone fin a la actuación administrativa respecto a la solicitud de la recurrente, toda vez que la impetrante solicitó ampliación de plazo para la presentación de la boleta de garantía bancaria hasta que el gobierno central determine el levantamiento de la declaración de emergencia sanitaria y las actividades retornen a la normalidad. 

En ese entendido, se tiene que esta Autoridad a momento Observar y posteriormente Admitir el presente Recurso de Alzada, cumplió a cabalidad con lo instituido en los arts. 131, 132 y 143 de Ley 2492 (CTB) y art. 4 num. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que no es posible otorgar la razón a la Administración Tributaria recurrida en este punto y por el contrario en resguardo de las garantías que le asiste a la recurrente, esta instancia tiene la obligación de conocer y resolver de forma fundamentada este recurso, máxime si la parte recurrente alega la vulneración de derechos y garantías constitucionales. 

Del mismo modo, es preciso hacer notar a la Administración Tributaria, que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0743/2012, resolvió anular obrados hasta 14 de 26

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto de Admisión de 19 de diciembre de 2011, inclusive, debiendo emitirse Auto de Rechazo del Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Oleaginosas SA. contra la nota CITE: SIN/GGSC/DGREA/AL/NOT/0246/2011, al evidenciarse que esta no constituía un acto definitivo de la Administración Tributaria, sino una medida interna que comunica al contribuyente la imposibilidad de continuar con la emisión de valores, la misma que podría estar sujeta a modificaciones y en el caso de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1140/2012, resolvió anular obrados hasta la Admisión del Recurso de Alzada a fin de que la ARIT Chuquisaca rechace el recurso, debido a que éste se trataba de la impugnación de la nota CITE: SIN/GCH/DJCC/COA/NOT/00373/2012 (en la cual se ratificó la respuesta emitida en la nota CITE: SIN/GDCH/DJCC/COA/NOT/00246, de 16 de marzo de 2012); toda vez que no es admisible el Recurso de Alzada contra los autos (notas) que se dicten a consecuencia de la oposiciones previstas en el art. 109 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), salvo en los casos que se deniegue la compensación opuesta por el deudor, aspectos que difieren del presente caso, pues el acto ahora impugnado, no se trata de una medida interna o preparatoria de decisión y que además pueda ser modificada, como tampoco se trata de una oposición en el marco del art. 109 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), por lo que los precedentes citados por la Administración Tributaria de ninguna manera son pertinentes para su consideración al presente caso. 

Consecuentemente, en resguardo del derecho a la defensa que le asiste a la recurrente en la vía administrativa, ésta Autoridad considera que lo alegado por la Administración Tributaria, no se constituye en una causal por la que esta instancia se encuentre impedida de conocer y resolver el Recurso de Alzada, máxime si el 

Proveído impugnado, es un acto definitivo, de carácter particular y por tanto impugnable, por lo que no corresponde otorgar la razón a la Administración Tributaria ^^^_ en este aspecto, debiendo ingresar a resolver cada uno de los agravios presentados ^*”/01j por la parte recurrente en su memorial de Recurso de Alzada. imiikilikii 

IV.2. Sobre la vulneración de derechos constitucionales. 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria vulneró derechos y principios^ constitucionales como el Debido Proceso, Derecho a la Defensa, Seguridad Jurídica,! 

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Principio de Legalidad, Principio de igualdad Jurídica, Principio de motivación o fundamentación de las Resoluciones, Principio de Aplicación objetiva de la Ley; así como Principios Tributarios como el de No Confiscatoriedad, Capacidad Contributiva, entre otros, pues además de hacer caso omiso a la normativa existente en relación al COVID-19 y a la suspensión de plazos y actividades públicas y privadas, en el acto impugnado omitió valorar los argumentos expuestos en la solicitud de ampliación conforme a la sana crítica prevista en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), resultando evidente que no se fundamentaron las razones para prescindir de los mismos, ocasionando con esta omisión, desconocimiento del razonamiento de la Autoridad Tributaria que le motivó a desestimar sus pruebas y argumentos para finalmente rechazar la petición; agregó que su nota de solicitud de ampliación del plazo de presentación de la boleta de garantía bancaria hasta que el Gobierno Central determine el levantamiento de la Declaración de Emergencia Sanitaria y las actividades económicas retornen a la normalidad, se encontraba respaldada por la normativa emitida por el Gobierno Nacional, Departamental y sobre todo por la imposibilidad sobrevenida, de fuerza mayor, para gestionar la obtención de la garantía exigida por el SIN; sin embargo, la Administración Tributaria, sin fundamentar ni motivar el acto sino que se limitó a rechazar lo solicitado y a conminar bajo prevención de iniciar las acciones de ejecución al cumplirse el plazo de 10 días, plazo que no está basado en norma legal alguna, situación que determina la nulidad de pleno derecho del acto impugnado. 

En contraparte, la Administración Tributaria observó la falta de técnica recursiva por parte de la recurrente, pues no comprende qué vertiente del derecho al Debido Proceso y de la Defensa se habría vulnerado, para poder objetar los argumentos o caso contrario allanarse a ellos; reiteró que sus argumentos son por demás generales y escuetos demostrando una falta absoluta de técnica recursiva, mencionando Principios que también habrían sido vulnerados pero sin identificar los artículos específicos de la norma, incumpliendo con todo esto, el mandato que establece el inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB); no obstante, afirmó que el Proveído impugnado contiene una debida fundamentación y que si bien es cierto que está compuesto por dos páginas y media, empero contiene una fundamentación clara, especifica, sustentada en la CPE, Ley 2492 (CTB) y los Decretos Supremos emitidos durante la cuarentena y cumple todos los elementos esenciales del acto administrativo que señala la Ley 2341 (LPA), vale decir la causa, que es la 16 de 26

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Impugnación Tributaria 

declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena, que sirvió para ampliar los 10 días; del mismo modo, cuenta con el derecho aplicable es decir el DS 4196 de 17 de marzo de 2020, que faculta a las entidades del nivel central del Estado en el marco de sus competencias y atribuciones de reprogramar los plazos y procedimientos administrativos, así como los DS. 4199 de 21 de marzo de 2020 y DS. 4229 de 29 de abril de 2020. 

Antes de resolver la controversia planteada por las partes en este punto, es importante recordar a la Administración Tributaria que los administrados pueden ejercer su derecho a la defensa de manera irrestricta y bajo los argumentos que consideren le causó agravios; en este sentido, de la revisión del memorial de Recurso de Alzada, es evidente que expone los fundamentos de forma y fondo bajo los cuales apoya su petitorio consistente en la anulación del acto impugnado o en caso de ingresar al fondo la revocatoria total; vale decir, en aplicación del Principio de Congruencia y en resguardo de los valores supremos y principios fundamentales de la CPE, así como la garantía y respeto de los derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad allí contenidos, se Admitió el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, no siendo competente la Administración Tributaria para observar el contenido de los memoriales de Recurso de Alzada o la “técnica recursiva” contenida en ellos, sino que conforme el inc. c) del art. 218 de la Ley 3092 (Título V del CTB), debe limitarse a responder el mismo, negando o aceptando total o parcialmente los argumentos de la recurrente. 

Aclarado lo anterior, es menester señalar que, entre los componentes de la garantía del debido proceso y derecho a la defensa, se encuentra el derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada y motivada en derecho, es decir “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del|ISO9001 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37,). De esta manera,, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina sostiene que ésta es imprescindible “(…) para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho

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derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (…)” (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen I., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). (resaltado propio). 

Del mismo modo, la doctrina entiende que: “el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). (resaltado propio). 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1369/2001-R, manifestó lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido (…)”. De igual modo lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013 que estableció: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación” (resaltado propio). 

Por otra parte, es pertinente mencionar que el ejercicio del Derecho a la Petición supone que, una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución; estando la 18 de 26

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Administración Pública obligada a resolver, positiva o negativamente la petición; en la Sentencia Constitucional Plurinacional 566/2012, de 20 de julio de 2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al referirse a la naturaleza jurídica del derecho de petición, ha señalado que conforme el art. 24 de la CPE, ese derecho puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la formulación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario y cuya respuesta por parte de la Administración Pública debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, siendo indispensable complementar que de acuerdo al art. 16 de la Ley 2341 (LPA), el derecho que tiene todo administrado de obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen. En cuanto a la vulneración de referido derecho, en la Sentencia Constitucional 1068/2010-R de 23 de agosto de 2010, se estableció que: “(…) las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado (…)” (resaltado propio). En ese sentido, en la SC 195/2010-R de 24 de mayo de 2010, se determina que:”(…) el núcleo esencial de este derecho radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado (…)” y que la respuesta no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada. Es así que, la efectividad de la tutela del derecho de petición reside en la posibilidad de que el administrado obtenga una respuesta a su solicitud, lo que no implica que la entidad pública esté comprometida a pronunciarse según los intereses del peticionario, pero evidentemente de hacerlo en contrario, necesariamente el ente público debe fundamentar la negativa o rechazo, en resguardo además del derecho a la defensa y al debido proceso (resaltado propio). 

En el ámbito nacional, en el marco de los artículos de la CPE señalados en el primer punto de esta fundamentación, el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), instituye que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer e estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos 

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en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la CPE y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el Principio de Sometimiento Pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Por otro lado, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se observó que el 11 de febrero de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020 de 4 de febrero de 2020, la cual resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0520/2019 de 11 de noviembre de 2019, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, la misma que confirmó la Resolución Determinativa 171979001044 de 16 de julio de 2019; posteriormente, el 18 de febrero de 2020, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria, memorial anunciando impugnación judicial de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020 de 4 de febrero de 2020, solicitando instruir la suspensión de la ejecución tributaria de la citada Resolución, para lo cual se comprometió a constituir garantías suficientes dentro de los noventa días siguientes, garantía que se refería a una Boleta de Garantía Bancaria a ser emitida a favor de la Gerencia GRACO Santa Cruz, por el importe de la deuda tributaria reconocida en la Resolución de Recurso Jerárquico citada, más el incremento en un 30%, cuya vigencia sería de 12 meses, tal como lo dispone el num. 1 del parágrafo I del art. 7 de la RND 10-0022-14. 

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Impugnación Tributaria 

De los mismos antecedentes, se evidenció que el 4 de marzo de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la recurrente con el Auto Provisional de Suspensión de la Ejecución Tributaria 422079000008 de 27 de febrero de 2020, que resolvió suspender de manera provisional la ejecución tributaria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020 de 4 de febrero de 2020, hasta el 11 de mayo de 2020, plazo durante el cual el contribuyente debía constituir las garantías suficientes ofrecidas al efecto, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la RND 10-0022-14, caso contrario, la Administración Tributaria ejercería sus facultades de ejecución tributaria establecidas por Ley; del mismo modo, estableció que la recurrente debía presentar como garantía una boleta de Garantía Bancaria a primer requerimiento, renovable e irrevocable, endosada a nombre de la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, por el monto establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico citada, más el incremento en un 30%, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. a) del art. 3 de la RND 10-0022-14, monto que será actualizado a la fecha de constitución de la misma, con una vigencia de 12 meses como mínimo, cumpliendo con los requisitos contenidos en el num. 1 del art. 7 de la misma RND. 

Continuando la revisión de antecedentes, se comprobó que el 8 de mayo de 2020, la recurrente mediante memorial, solicitó a la Administración Tributaria la ampliación del plazo para la presentación de la Boleta de Garantía Bancaria, en razón a la crisis sanitaria y cuarentena obligatoria, explicando que el 11 de mayo de 2020, se cumplía el término para la interposición de la acción de Demanda Contenciosa Administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia con sede en Sucre; sin embargo desde el mes de marzo Bolivia estuvo enfrentando un estado de convulsión por la pandemia COVID 19, motivo por el cual el Gobierno Central determino cuarentena con prohibición de circulación por las ciudades del país y suspensión de actividades en la administración pública y privada, por lo que no se pudo formalizar la demanda contenciosa, considerando además que de acuerdo a la Circular 07/2020 emitida por pií8*” 1 1,so 9°01 

el Tribunal Supremo de Justicia, se suspendía “todo plazo que se encuentre £ corriendo para el ejercicio de un derecho”, esperando se reinicien las labores judiciales y se determinen nuevos plazos procesales; asimismo, señaló que al momento de la promulgación del DS 4199 de 21 de marzo de 2020, habían transcurrido 40 días del plazo fijado en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, para la interposición de la Demanda Contenciosa Administrativa, restando 50 días de 

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término para proceder la acción judicial, los cuales serán computados desde el momento que se reanuden las actividades; que también podía advertirse que si bien las entidades bancarias desarrollan actividades, pero que para emitir una boleta de Garantía se debía presentar documentación que también era necesario tramitar, que debido a la cuarentena tampoco pudo realizarse; es así que invocando la fuerza mayor, analizada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0371/2017-S2 de 17 de abril 2017, solicitó la ampliación del plazo de presentación de la Boleta de Garantía Bancaria, hasta que el Gobierno Central determine el levantamiento de la declaración de emergencia sanitaria y las actividades económicas retornen a la normalidad, a objeto de no vulnerar derechos constitucionales. 

Concluyendo con los antecedentes, se observó que el 10 de junio de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la recurrente con el Proveído 242079000185 de 2 de junio de 2020, con el cual se dispuso por única vez la ampliación del plazo para la constitución de garantías ofrecidas a efectos de suspender la ejecución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0414/2020, dispuesto en el Auto Provisional de Suspensión de Ejecución Tributaria N° 422079000008, misma que deberá ser constituida dentro de los diez (10), días posteriores a su legal notificación, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la RND 10-0022-14 de 18 de julio de 2014, caso contrario la Administración Tributaria ejercerá sus facultades de ejecución tributaria establecidas por Ley, Proveído que hoy es impugnado. 

Ahora bien, expuestos los antecedentes se evidenció que la solicitud de la recurrente de 8 de mayo de 2020, dirigida a la Administración Tributaria, reflejaba en su contenido como antecedentes, la declaratoria de cuarentena con prohibición de circulación en todo el país y que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió todo plazo que se encontraba corriendo para el ejercicio de un derecho, por lo cual no se había formalizado la demanda contenciosa y que en ese contexto, consideraba la posibilidad de la ampliación del plazo para la presentación de la Boleta de Garantía pues el plazo fijado por el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interrumpido por la cuarentena, volvería a reanudar su cómputo desde el momento que se reanudaran las actividades regulares, explicó además textualmente que “si bien en las entidades del sistema financiero desarrollaron actividades en el periodo de la cuarentena, para la emisión de una boleta de garantía solicitan se cumpla con la presentación de la 22 de 26

Am. 

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Impugnación Tributaria 

siguiente documentación: (…)”, entre la que señaló una carta de solicitud, fotocopia legalizada del NIT de la empresa y certificación electrónica, fotocopia legalizada de constitución de la empresa y sus modificaciones actuales si correspondiera, Poder de Administración del representante legal e inscripción en Fundempresa, fotocopia carnet de identidad del representante, fotocopia legalizada del ROE, fotocopia legalizada de matrícula de comercio actualizada, licencia de funcionamiento legalizada, licencia ambiental legalizada, entre otros, manifestando que para cumplir con los requisitos exigidos era necesario tramitar la documentación requerida en diferentes entidades públicas y privadas, gestiones que no se pudieron realizar en razón a la cuarentena, por lo que al estar impedido de cumplir, por causa de un acontecimiento que esta fuera de su dominio; vale decir, imprevisto e irresistible, se acomoda a un caso de fuerza mayor, conforme lo estableció la Sentencia Constitucional Plurinacional 0371/2017-S2 de 17 de abril de 2017, es así que solicitó la ampliación del plazo de presentación de la Boleta de Garantía Bancaria por única vez en razón a la crisis de salud y sea “hasta que el gobierno central determine el levantamiento de la Declaración de Emergencia Sanitaria y las actividades económicas retornen a la normalidad, todo esto con el objetivo y la finalidad de que no se perjudiquen los DERECHOS CONSTITUCIONALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA DEFENSA.” 

Considerando el contexto descrito precedentemente, de la revisión detallada al contenido del acto impugnado, se tiene que en sus primeros párrafos hace referencia al memorial de 8 de mayo de 2020, presentado por la parte recurrente, en seguida refleja los arts. 109 y 115 de la CPE, art. 68 de la Ley 2492 (CTB), así como la disposición adicional tercera del DS 4196 de 17 de marzo de 2020 y el DS 4196 de 21 de marzo de 2020 y finalmente haciendo referencia a los artículos mencionados anteriormente, señaló que: “(…) tomando en cuenta la emergencia sanitaria nacional y cuarentena, que se vive en el territorio nacional de Bolivia, que deriva en la suspensión de las actividades de las entidades públicas y privadas, que por fc{,Y0*01i 

consiguiente el contribuyente no pudo realizar los trámites requeridos ante el ES sistema financiero para la obtención de la Boleta de Garantía, misma que debió ser constituida hasta el 11/05/2020, según lo dispuesto en el Auto Provisional (…) misma que deberá ser constituida dentro de los diez (10) días posteriores a su legal notificación, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Resolucióm Normativa de Directorio N° 10-0022-14 de fecha 18/07/2014, caso contrario la\ 23 de 26 

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Administración Tributaria, ejercerá sus facultades de ejecución tributaria establecidas por Ley.” (resaltado propio). 

De lo reflejado precedentemente, es indiscutible que la Administración Tributaria emitió el Proveído 242079000185 de 2 de junio de 2020, ahora impugnado sin exponer de manera coherente y con respaldo legal los motivos y razonamientos por los cuales arribó a la decisión de conceder diez días de ampliación para la presentación de la Boleta de Garantía; en efecto, tal como se expuso en el párrafo precedente la Administración Tributaría tomó en cuenta y aceptó el hecho de que la emergencia sanitaria nacional y cuarentena, derivaron en la suspensión de las actividades de las entidades públicas y privadas; y que por consiguiente la recurrente no pudo realizar los trámites requeridos; sin embargo, se extraña la fundamentación y motivación en derecho de esta decisión, toda vez que si bien entre las normas que sustentarían la parte dispositiva del proveído impugnado, se encuentra la disposición adicional tercera del DS 4196 citada textualmente por la Administración Tributaria, normativa en la que se dispuso que las entidades que regulan el sistema financiero, el sistema tributario y aduanero podrán establecer mecanismos de flexibilización y reprogramación de obligaciones, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y que mientras dure la emergencia sanitaria nacional y cuarentena, las entidades públicas de nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en el marco de sus atribuciones y competencias, deberán flexibilizar y reprogramar los plazos y procedimientos administrativos; no obstante, en cumplimiento de la amplia jurisprudencia y la normativa citada ut supra, la Administración Tributaria tiene la obligación de otorgar una respuesta fundamentada y motivada; vale decir, desarrollar con claridad y precisión el razonamiento que tuvo para otorgar los diez (10) días y los motivos por los cuales se rechazaba la ampliación hasta que el gobierno central determine el levantamiento de la Declaración de Emergencia Sanitaria y las actividades económicas retornen a la normalidad, pues es indiscutible que la Administración Tributaria puede decidir, bajo su sana crítica, aceptar o rechazar la solicitud empero, esa sana crítica debe estar claramente reflejada en el acto administrativo emitido, de tal forma que el administrado comprenda a cabalidad el análisis que se realizó y que sustenta la decisión adoptada, ya que el no hacerlo implicaría o se entendería como una decisión arbitraria o subjetiva que puede vulnerar derechos y garantías constitucionales, máxime si no consideró en su determinación que el impetrante a 24 de 26

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

momento de plantear su solicitud de ampliación de plazo expuso la imposibilidad de cumplir con la presentación de documentación y requisitos para la emisión de una boleta de garantía bancaria, trámites sobre los cuales en el marco de la emergencia sanitaria y al amparo del mismo DS 4196, se podían establecer mecanismos de flexibilización y reprogramación de obligaciones con carácter excepcional. 

Por todo lo descrito y analizado, considerando los antecedentes descritos y examinado el contenido del acto impugnado, se llega a la firme convicción que la Administración Tributaria vulneró los derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa consagrados en los arts. 115 parágrafo II, 117, parágrafo I de la CPE; al no haberse expuesto de manera fundamentada y motivada el razonamiento que llevó a la Administración Tributaria, pese a estar de acuerdo en la imposibilidad planteada por la recurrente, a otorgar diez (10) días de ampliación del plazo para la presentación de la Boleta de Garantía; en ese entendido, de acuerdo a lo previsto por los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB) y en aplicación del Principio de Verdad Material, corresponde que esta Autoridad resuelva este caso anulando obrados hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta el Proveído esto es hasta 242079000185 de 2 de junio de 2020, inclusive, a objeto que la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en restitución de los derechos al debido proceso y a la defensa que le fueron vulnerados a la recurrente, emita un nuevo Proveído debidamente fundamentado y motivado. 

Finalmente, es necesario aclarar a las partes, que al retrotraerse el proceso no corresponde el análisis de los demás argumentos planteados en el Recurso de Alzada, puesto que están subsumidos a la decisión expresada en esta fundamentación. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 

mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 de[ D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. # 25 de 26 nb/iso : -J uc ZM 9001 

Jusficia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Proveído 242079000185 de 2 de junio de 2020 inclusive, emitido por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en restitución de los derechos al debido proceso y a la defensa que le fueron vulnerados a la recurrente, para que emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado y motivado, de acuerdo con los fundamentos técnicos jurídicos plasmados precedentemente, conforme al art. 212, inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/apIb/omap 

ARIT-SCZ/RA 0519/2020 

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