ARIT-SCZ-RA-0461-2020 Nulidad de notificación por edicto si se tiene un domicilio fijado

ARIT-SCZ-RA-0461-2020

MTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0461/2020 

D.A.S. BOLIVIA S.R.L. representada por 

James Charles Preston Marrou. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Jorge Jesús Flores 

Duran. 

Resolución Administrativa N° 

232070000044, de 24 de enero de 2020. 

ARIT-SCZ-0190/2020. 

Santa Cruz, 14 de agosto de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0461/2020 de 14 de agosto de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa N° 232070000044, de 24 de enero de 2020, mediante la cual resolvió rechazar las solicitudes de nulidad de notificación de las actuaciones del proceso sancionador, emergente de la no presentación de información de libro de 

1 de 23 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

[ISO 9001| “i”JIJi™’i 

NB/ISO 

9001 

t ^rtf tldoN “‘ 14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

compras y ventas mediante software Da Vinci de enero a diciembre de la gestión 2012 y de prescripción de la facultad de ejecución de sanción, reflejada en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 331770000908 de 29 de marzo de 2017, denegando en consecuencia la petición de suspensión de la ejecución tributaria conforme lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 2492. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la recurrente 

La empresa D.A.S. Bolivia S.R.L., en adelante la recurrente, representada por James Charles Preston Marrou mediante memoriales presentados el 17 de febrero y 4 de marzo de 2020 (fs. 24-26 vta. y 34 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 232070000044, de 24 de enero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Nulidad del proceso sancionador por incorrecta notificación. 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria incurrió en incumplimiento del art. 83 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), toda vez que realizó la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria por medio de edictos de prensa, cuando el domicilio que señaló era real, preciso y de fácil ubicación, por lo que la representación jurada realizada por el funcionario actuante, donde señala que el domicilio es inexistente, es totalmente falso e ilegal. 

Asimismo, afirmó haber tomado conocimiento del proceso sancionador iniciado en su contra, recién con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331770000908 de 29 de marzo de 2017, mismo que le fue notificado mediante cédula el 13 de diciembre de 2019, razón por la cual advierte que la Administración Tributaria, vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa establecidos en las Sentencias Constitucionales N° 0160/2010 de 17 de mayo de 2010 y N° 0375/2010- R de 22 de junio de 2010; por lo que conforme lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), solicitó se declare la nulidad del procedimiento de notificación y se proceda a notificar nuevamente desde el auto inicial de sumario contravencional. 

2 de 23

ait! 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.1.2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria de sanciones. 

Al respecto la recurrente expuso, que conforme lo dispuesto en el parágrafo III del art. 59 y parágrafo III del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar sanciones ya habría prescrito, toda vez que conforme lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 283/2017, resulta evidente que se debe aplicar la norma vigente a momento del acaecimiento del hecho generador de tributos o la comisión de las contravenciones, por lo que la Administración Tributaria no puede pretender la aplicación de la Ley 2492 (CTB) modificado a través de las Leyes 291 y 317. 

Por lo expuesto, solicitó se anule hasta el vicio más antiguo o se revoque totalmente la Resolución Administrativa 232070000044, de 24 de enero de 2020, y declarando prescrita la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria. 

11.2 Auto de admisión. 

Mediante Auto de 05 de marzo de 2020 (fs. 35 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa N° 232070000044, de 24 de enero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 04 de junio de 2020 (fs. 45-50 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de contestar negativamente al Recurso de Alzada en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Sobre la nulidad del proceso sancionador por supuesta incorrecta notificación. 

Al respecto, la Administración Tributaria afirmó, que notificó el auto inicial de sumario contravencional y resolución sancionatoria mediante edicto de prensa toda vez que 

3 de 23 NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) lylanatasaq kuraq kamachiq (Quechua) lilburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Sistema de Gestión de ¡a Calidad 

Certificado N1′?/!^ 

fnbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

hasta la gestión 2016, según el reporte de consulta de padrón de contribuyentes para la Administración Tributaria, registraba como domicilio fiscal de la recurrente la Av. Lucerito final N° s/n, Zona/ Barrio: Guapilo, Uv. 226.0036 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que, según acta de verificación de domicilio, no existiría la Zona, es decir cumpliendo todas las condiciones señaladas en el art. 83 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, aclaró que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331770000908, fue notificado por cédula, toda vez que de la revisión al padrón de contribuyentes para la Administración Tributaria en la gestión 2019, se registraba como domicilio actualizado Zona/Barrio: Pilat, Uv. 07, Mza 017 del municipio de Warnes, lo que demuestra que el argumento de la recurrente respecto a que el domicilio señalado siempre fue el mismo, es falso; y al no demostrarse lo contrario deja por desvirtuado el mencionado agravio. 

De igual manera señaló que, de la compulsa a los antecedentes administrativos adjuntos a su contestación al Recurso de Alzada, resulta evidente que la Administración Tributaria, realizó la verificación del domicilio declarado por la recurrente, en los sistemas del mencionado ente fiscal y no se basó únicamente en la declaración del servidor público que ejercía como notificador, sino que de igual manera habría adjuntado como evidencia la verificación del sistema del Servicio de Identificación Personal SEGIP, por lo cual en cumplimiento a lo establecido en el art. 86 de la Ley N° 2492 (CTB), realizó la respectiva notificación por edicto, evidenciándose así que la Administración Tributaria no vulneró derecho alguno de la recurrente, citó como precedentes administrativos las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0485/2017 de 24 de abril de 2017, AGIT-RJ 0487/2017 de 24 de abril de 2017 y AGIT-RJ 1667/2018 de 17 de julio de 2018 

Por otra parte, alegó que no puede culparse a la Administración Tributaria de haber actuado en detrimento de los derechos de la recurrente, toda vez que las actuaciones del mencionado ente fiscal se presumen legítimas y dentro del presente caso se habrían realizado las verificaciones respectivas al domicilio de la ahora recurrente, mismas que se habrían llevado a cabo el 06 de octubre de 2016, por José David Mariscal Calderón, exponiendo el resultado de la búsqueda en el Acta de Verificación de Domicilio fiscal adjunto a fs. 10 de antecedentes administrativos, con su respectivo 4 de 23

Aih. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

respaldo de testigo de actuación; representación del 10 de octubre de 2016 realizada porJosé David Mariscal Calderón solicitando la notificación por edicto del Auto Inicial de Sumario Contravencional 14109319028 en base a la representación de fecha 10 de octubre de 2016; y la representación jurada para notificar por edicto la Resolución Sancionatoria No 18-0004386-16, realizada por Laura Alejandra Gallardo Navarro quién realizó la búsqueda del domicilio de la recurrente y señaló que la misma no existía; empero respecto a la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria manifestó que la misma se enmarcó en el parágrafo I del art. 85 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que para dicho actuado se realizó la verificación del padrón de contribuyentes, como en el servicio de identificación personal SEGIP, lo que demuestra que la Administración Tributaria no se limitó a notificar sus actuaciones mediante la publicación de edictos, no habiéndose vulnerado derecho alguno de la ahora recurrente, habiendo citado como precedentes administrativos las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1638/2015 de 15 de septiembre de 2015, AGIT-RJ 0014/2017 de 3 de enero de 2017 y GIT-RJ 1060/2016 de 29 de agosto de 2016. 

Por último, hizo referencia a la Sentencia Constitucional 0287/2003-R de 11 de marzo de 2018 y afirmó que la recurrente solo realizó alegaciones sin fundamentar el agravio que le habría causado la Administración Tributaria, siendo evidente que, al no permitirse la impugnación en etapa de ejecución, realizó su impugnación sobre un proveído de respuesta a una solicitud, con lo cual pretende despojar de su firmeza legalmente obtenidas a las actuaciones de la Administración Tributaria. 

II.3.2. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de sanciones. 

Respecto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de sanciones, la Administración Tributaria luego de exponer doctrina y antecedentes señaló que conforme lo dispuesto en el parágrafo III del 59 (modificado por la disposición quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre del 2011) y parágrafo III del art. 60 de la Ley N° 2492, el término de la prescripción inició el 18 de enero de 2017 y concluiría el 18 de enero de 2022, citando como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 1274/2018 de 28 de mayo del 2018, concluyendo que no existe prescripción de la acción de la Administración Tributaria respecto a la Resolución Sancionatoria 18-0004386-16, citó la Sentencia Constitucional 1169/2016 S3. 

5 de 23 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jfen mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Ij/lanatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

ISO 9001| “i”Jlj”;iJIJ’liU” 

NB/ISO 

9001 

/mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 232070000044 de 24 de enero de 2020. 

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 08 de junio de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria, el 10 de junio de 2020, tal como consta en obrados (fs. 51-52 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 06 de julio de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial el 30 de junio de 2020, mediante el cual ratificó las pruebas presentadas y los antecedentes administrativos adjuntos a su memorial de contestación al recurso de Alzada (fs. 54 del expediente). 

Por su parte la recurrente mediante memorial presentado el 30 de junio de 2020, ratificó en calidad de pruebas, todo el expediente administrativo presentado adjunto al memorial de recurso de alzada (fs. 57 del expediente) 

11.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 27 de julio de 2020, la Administración Tributaria el 13 de julio de 2020, presentó memorial de alegatos en conclusiones, ratificando los argumentos expuestos en su memorial de contestación al recurso de alzada, (fs. 61-64 del expediente). 

Por su parte la recurrente el 28 de julio de 2020, presentó memorial de alegatos, en conclusión, fuera de plazo. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

6 de 23

AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

1.1 El 06 de octubre de 2016, los funcionarios de la Administración Tributaria emitieron el Acta de Verificación de Domicilio Fiscal respecto al contribuyente 

D.A.S. BOLIVIA S.R.L., en el cual establecieron que “Se buscó la dirección: Av. 

Lucerito final S/N, declarado por el sujeto pasivo y/o tercer responsable, 

estableciéndose lo siguiente: Físicamente no existe el domicilio registrado en la 

base de datos de la Administración Tributaria – No existe la zona.” III.2. El 31 

de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó medíante edicto de 

prensa el Auto inicial de Sumario Contravencional 0014109319028 de 14 de 

agosto de 2014, mediante el cual dispuso dar inicio al proceso sumario 

contravencional conforme lo dispuesto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), ante 

la no presentación del libro de compras y ventas IVA a través del Softwar Da 

Vinci, Modulo-LCV, de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, por parte de 

la empresa D.A.S. Bolivia S.R.L.(fs. 2 y 5 de antecedentes administrativos el) 

1.2. El 22 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/P-AISC/INF/9937/2016 el cual ratificó la sanción impuesta al 

contribuyente D.A.S. BOLIVIA SRL. con NIT 157512028, por los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre, con una multa de 2000 UFV’s, por cada 

periodo fiscal, haciendo un total de 24.000 UFV’s. 

.3. El 28 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante edicto de prensa la Resolución Sancionatoria 18-0004386-16 

(CITE:SIN/GDSCZ-I/DJCC/UTJ/RS/4901/2016) de 14 de diciembre de 2016,

través de la cual resolvió sancionar a la empresa D.A.S. Bolivia S.R.L., con una 

multa de 1.000 UFV’s ( Un mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por 

el incumplimiento al deber formal de presentación de libros de compras

ventas IVA, a través del módulo Da Vinci-LCV por cada uno de los periodos 

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012, haciendo un total de 12.000 

UFV’s (Doce mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), en aplicación del 

sub numeral 3.1, numeral 3 del Anexo I de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0033-16 de fecha 25 de noviembre de 2016 y art. 150 de la 

Ley 2492 (fs. 24-27 y 30 de antecedentes administrativos c. I) 

7 de 23 NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan rrjit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manajtasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburjuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) 

Teléfonos: (591-3) 3391027 

Sistt ma de Gestión 

d-= Id Cdlniód 

CertrfuadoW 7_,1 ’14 

Pasaje 1 Este, Casa N 14 – Zona Equipetrol 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

111.4. El 13 de diciembre de 2019 se notificó mediante cédula el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331770000908 través del cual dio inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Sancionatoria N° 18-0004386-16 (fs. 45-46 de antecedentes c. I). 

111.5. El 18 de diciembre del 2019, la recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria, solicitando la nulidad de notificación por edicto del proceso sancionador, toda vez que la descripción del domicilio es preciso y cierto, requiriendo de igual manera prescripción de las facultades de ejecución de sanciones de la Administración Tributaria, en atención a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, (fs. 57-59 vita, de antecedentes c. I). 

111.6. El 28 de enero de 2020 se notificó personalmente en las oficinas de la Gerencia Distrital Santa Cruz I , en respuesta a la solicitud presentada por la recurrente, la Resolución Administrativa 232070000044 (CITE:SIN/GDSCZ l/DJCC/UCC/RA/6/2020) de 24 de enero de 2020, mediante la cual resolvió rechazar las solicitudes de nulidad de notificación de las actuaciones del proceso sancionador, emergente de la no presentación de información de libro de compras y ventas mediante software Da Vinci de enero a diciembre de la gestión 2012 y de prescripción de la facultad de ejecución de sanción, reflejada en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331770000908 de 29 de marzo de 2017, denegando en consecuencia la petición de suspensión de la ejecución tributaria, requerida por la recurrente, conforme lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 2492, notificada personalmente el 28 de enero de 2020 (fs. 64-72 de antecedentes c. I). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Nulidad del proceso sancionador por incorrecta notificación y 2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria de sanciones. Observaciones que serán analizadas a continuación. 

8 de 23

AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

  1. 1. Cuestión Previa 

Con carácter previo, resulta imperante aclarar a las partes que ésta Autoridad analizará y se pronunciará sobre los agravios expresados por la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada a fin de dar respuesta a los aspectos planteados y en cumplimiento al parágrafo III del art. 211 de la Ley 2492 (CTB), la resolución se sustentará en los hechos, antecedentes, el derecho aplicable al caso y los precedentes administrativos, pues es evidente que la recurrente, alegó la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa y por ello solicitó se anule hasta el vicio más antiguo empero también solicitó la revocatoria del acto impugnado al invocar prescripción, por lo que en razón al Principio de Congruencia, esta instancia ingresará a resolver conforme los aspectos planteados por la parte recurrente. 

Al respecto corresponde hacer mención a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional 1307/2011-R, de 26 de septiembre de 2011, que textualmente refiere: “(…) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridadjurídica (…). En consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o tribunal debe desarrollar los actos procesales, vale decir, resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, caso contrario vicia de nulidad sus actos y decisiones.” La SC 0170/2005-R, de 28 de febrero ha establecido: “… las situaciones que pueden dar lugar a la nulidad de actuaciones judiciales, a saber: la evidencia de vulneración de derechos y garantías fundamentales de la persona, y/o la expresa sanción de la Ley con la nulidad de determinados actos u omisiones (…)” (resaltado propio). 

Por lo expuesto precedentemente, y en estricta observancia de las disposiciones constitucionales antes descritas, ésta instancia resolverá los agravios invocados en el Recurso de Alzada y en caso de evidenciar la vulneración de derechos constitucionales, se ordenará la subsanación del proceso en instancia administrativa, esto en resguardo del debido proceso que vincula a esta Autoridad. 

IV.2. Respecto a la nulidad del proceso sancionador por incorrecta notificación. 9 de 23 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mknatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

EBD 

NB/ISO 

9001 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificado 77V14 

rfibaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

La recurrente señaló que la Administración Tributaria incurrió en incumplimiento de lo previsto en el art. 83 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), toda vez realizó la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria por medio de edictos de prensa, cuando el domicilio que señaló era real, preciso y de fácil ubicación, por lo que la representación jurada realizada por el funcionario actuante donde señala que el domicilio es inexistente, es totalmente falso e ilegal. 

Asimismo, afirmó haber tomado conocimiento del proceso sancionador iniciado en su contra, recién con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 331770000908 de 29 de marzo de 2017, mismo que le fue notificado mediante cédula el 13 de diciembre de 2019, por lo que advierte que la Administración Tributaria, vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa establecidos en las Sentencias Constitucionales 0160/2010 de 17 de mayo de 2010 y N° 0375/2010-R de 22 de junio de 2010; por lo que conforme lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), solicitó se declare la nulidad del procedimiento de notificación y se proceda a notificar nuevamente desde el auto inicial de sumario contravencional. 

En contra parte, la Administración Tributaria indicó que notificó el auto inicial de sumario contravencional y resolución sancionatoria mediante edicto de prensa toda vez que hasta la gestión 2016, según el reporte de consulta de padrón de contribuyentes para la Administración Tributaria, registraba como domicilio fiscal de la recurrente la Av. Lucerito final N° s/n, Zona/ Barrio: Guapilo, Uv. 226.0036 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que, según acta de verificación de domicilio, no existiría la Zona, es decir cumpliendo todas las condiciones señaladas en el art. 83 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB). 

Asimismo, aclaró que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 331770000908, fue notificado por cédula, toda vez que de la revisión al padrón de contribuyentes para la Administración Tributaria en la gestión 2019, se registraba como domicilio actualizado Zona/Barrio: Pilat, Uv. 07, Mza 017 del municipio de Warnes, lo que demuestra que el argumento de la recurrente respecto a que el domicilio señalado siempre fue el mismo, es falso; y al no demostrarse lo contrario deja por desvirtuado el mencionado agravio. 

I0de23

aití. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

De igual manera señaló que, de la compulsa a los antecedentes administrativos adjuntos a su contestación de Recurso de Alzada, resulta evidente que la Administración Tributaria, realizó la verificación del domicilio declarado por la recurrente en los sistemas del mencionado ente fiscal, y no se basó únicamente en la declaración del servidor público que ejercía como notificador, sino que de igual manera habría adjuntado como evidencia la verificación del sistema del Servicio de Identificación Personal SEGIP, por lo cual en cumplimiento a lo establecido en el art. 86 de la Ley N° 2492 (CTB), realizó la respectiva notificación por edicto, evidenciándose así que la Administración Tributaria no vulneró derecho alguno de la recurrente, citó como precedentes administrativos las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0485/2017 de 24 de abril de 2017, AGIT-RJ 0487/2017 de 24 de abril de 2017 y AGIT-RJ 1667/2018 de 17 de julio de 2018. 

Por otra parte, alegó que no puede culparse a la Administración Tributaria de haber actuado en detrimento de los derechos de la recurrente, toda vez que las actuaciones del mencionado ente fiscal se presumen legítimas y dentro del presente caso se habrían realizado las verificaciones respectivas al domicilio de la ahora recurrente, mismas que se habrían llevado a cabo el 06 de octubre de 2016, por José David Mariscal Calderón, exponiendo el resultado de la búsqueda en el Acta de Verificación de Domicilio fiscal adjunto a fs. 10 de antecedentes administrativos, con su respectivo respaldo de testigo de actuación; representación del 10 de octubre de 2016 realizada por José David Mariscal Calderón solicitando la notificación por edicto del Auto Inicial de Sumario Contravencional 14109319028 en base a la representación de fecha 10 de octubre de 2016; y la representación jurada para notificar por edicto la Resolución Sancionatoria No 18-0004386-16, realizada por Laura Alejandra Gallardo Navarro quién realizó la búsqueda del domicilio de la recurrente y señaló que la misma no existía, empero respecto a la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria manifestó que la misma se enmarcó en el parágrafo I del art. 85 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que para dicho actuado se realizó la verificación del padrón de contribuyentes, como en el servicio de identificación personal SEGIP, lo que demuestra que la Administración Tributaria no se limitó a notificar sus actuaciones mediante la publicación de edictos, no habiéndose vulnerado derecho alguno de la ahora recurrente, habiendo citado como precedentes administrativos las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1638/2015 de 15 de septiembre 

de 23 NB/ISO 

9001 

Justicia tributariapara vivir bien 

Janjmit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mahatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

déla i-aíia

i ^rtrfcadoN 7 1 14 

mrjaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

de 2015, AGIT-RJ 0014/2017 de 3 de enero de 2017 y GIT-RJ 1060/2016 de 29 de agosto de 2016. 

Por último, hizo referencia a la Sentencia Constitucional No 0287/2003-R de 11 de marzo de 2018; y afirmó que la recurrente solo realizó aseveraciones sin fundamentar el agravio que le habría causado la Administración Tributaria, siendo evidente que al no permitirse la impugnación en etapa de ejecución, realizó su impugnación sobre un proveído de respuesta a una solicitud, con lo cual pretende despojar de su firmeza legalmente obtenidas a las actuaciones de la Administración Tributaria. 

Expuestos los argumentos planteados por las partes, resulta imperante señalar que el derecho al debido proceso según la doctrina administrativa, tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta LTDA, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. Así mismo, en relación a la notificación, la doctrina refiere que: “Notificar a las partes no es otra cosa que hacer conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su sustanciación, a fin de que esté a derecho”. De igual manera Couture afirma que “es también la constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 650). Asimismo, en cuanto a la notificación refiere que es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la Administración Tributaria y su recepción por el destinatario, debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario, que una vez notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y puede por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la notificación (Diccionario Jurídico Espasa. Pág. 1037) (resaltado propio). 

12 de 23

MTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Asimismo corresponde hacer mención a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1214/2012 de 6 de septiembre de 2012, estableció que : “…(…)…la finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino gue la determinación judicial o administrativa llegue a conocimiento del destinatario (…) Asimismo, se ha establecido en la SC 0575/2010-R de 12 de julio que cita a su vez la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, que: “(…) desde una interpretación sistemática, se extrae que las garantías consagradas en el art. 16.// y IV de la CPE abrg. y arts. 115.11 y 117.1 de la CPE, tienden a garantizar que la tramitación de ios procesos judiciales o administrativos se desarrollen revestidos de las garantías del debido proceso; y dentro de ello, que el amplio e irrestricto derecho a la defensa no se constituya en un enunciado lírico y meramente formal, sino que tenga plena eficacia material (…), finalidad que no se cumple si las resoluciones judiciales no llegan a su destinatario. (…) En ese entendido, los emplazamientos, citaciones y notificaciones (comunicaciones judiciales en sentido genérico las modalidades más usuales gue se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma gue se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en misma, sino a asegurar gue la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario, (así SC 0757/2003-R de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos (…)”. (resaltado propio). 

En ese mismo entendido, la Sentencia Constitucional 0521/2014, de 10 de marzo de 2014, sostiene: “El análisis del desarrollo jurisprudencial referido a las notificaciones, demuestra que han sido comprendidas en una dimensión material, que las encumbra en sitiales distintos de la simple formalidad, siendo que su objetivo tiene que ver con la eficacia de la función judicial, ya que sólo el conocimiento material de los actos judiciales puede garantizar el cumplimiento de los mismos, así como el ejercicio de los derechos y garantías procesales, dado que la ausencia de una debida notificación con los actuados jurisdiccionales, genera procesos clandestinos que afectan el ejercicio de las potestades constitucionales otorgadas a las partes, como el derecho a la impugnación proclamado por el art. 180.11 de la CPE.”. 

13 de 23 NB/ISO 

9001 

Justjcia tributariapara vivir bien JarVm’rt’ayirjach’a kamani (Aymara) Mafia tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificado 1^771/14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

En este entendido y conforme lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional antes referida, se tiene que la notificación tiene por objeto cumplir con la función de hacer conocer a las partes las providencias, resoluciones y decisiones de los órganos jurisdiccionales y/o administrativos a fin de tener validez, pero además debe ser realizada de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario, toda vez que lo contrario provocaría una situación de indefensión al procesado, ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación a las partes asegura el debido proceso. 

Ahora bien, resulta imperante hacer mención a lo dispuesto en el parágrafo II del art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el cual dispone que: “//. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Asimismo, el art. 117 parágrafo I señala: “/. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso”, dentro de este mismo contexto el parágrafo II del art. 119 establece que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa”. Ahora bien en concordancia a lo establecido por nuestra carta magna, los numerales 6, 7 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes; en efecto, dentro de un proceso administrativo tributario conforme a la Ley 2492 (CTB), se dispone una serie de actos y actuaciones que no tendrían efectos jurídicos si no fueran puestas en conocimiento oportuno del directo interesado; para ese cometido el procedimiento de notificación, se constituye en un elemento procesal indispensable en cualquier procedimiento, además en la materialización del derecho a la defensa, puesto que el administrado depende de la comunicación que se le realice, a objeto de asumir las acciones que creyere convenientes; lo que se traduce en un debido proceso y resguardo al derecho de defensa, establecidos nuestra Constitución Política del Estado. 

14 de 23

aitÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Dentro de este contexto, corresponde señalar lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 83 de la Ley 2492 (CTB), (modificado por el parágrafo III del art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016), el cual dispone que: “/. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias”; asimismo el Art. 86 del mismo cuerpo legal, respecto a la notificación por edicto señala que “Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último edicto. Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional.” 

Por su parte, el inc. c) del art. 35, parágrafos I y II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente, por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante a ello, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es 

«HffllWflffl 

‘””•”He -n 

\\ « 4r;eJflteas s1 ^4ü 

decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de 15 de 23 

NB/ISO 9001 

Ju$ticia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) (vianatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificado N* 771/14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 31 de octubre de 2016 se notificó mediante edicto de prensa, el Auto inicial de Sumario Contravencional 0014109319028 de 14 de agosto de 2014, mediante el cual dio inicio al proceso sumario contravencional conforme lo dispuesto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), ante la no presentación del libro de compras y ventas IVA a través del Software da Vinci, Modulo-LCV, de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, por parte de la empresa D.A.S. Bolivia S.R.L… 

Seguidamente, el 22 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GDSCZ-l/DF/P-AISC/INF/9937/2016 el cual ratificó la sanción impuesta al contribuyente D.A.S. BOLIVIA SRL. con NIT 157512028, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con una multa de 2000 UFV’s, por cada periodo fiscal, haciendo un total de 24.000 UFV’s. 

En ese sentido, el 28 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante edicto de prensa, la Resolución Sancionatoria 18-0004386-16 (CITE:SIN/GDSCZ-I/DJCC/UTJ/RS/4901/2016), a través de la cual, resolvió sancionar a la empresa D.A.S. Bolivia S.R.L, con una multa de 1.000 UFV’s , por el incumplimiento al deber formal de presentación de libros de compras y ventas IVA, a través del módulo Da Vinci-LCV por cada uno de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012, haciendo un total de 12.000 UFV’s, en aplicación del sub numeral 3.1, numeral 3 del Anexo I de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16 de fecha 25 de noviembre de 2016 y art. 150 de la Ley 2492. 

Continuando con la revisión de antecedentes, se advirtió que el 13 de diciembre de 2019 se notificó mediante cédula el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 331770000908 de 29 de marzo de 2017, a través del cual, dio inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Sancionatoria 18-0004386-16, posteriormente, el 18 de 16 de 23

aitÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

diciembre del 2019, la recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria, solicitando la nulidad de notificación por edicto del proceso sancionador, toda vez que la descripción del domicilio es preciso y cierto, requiriendo de igual manera prescripción de las facultades de ejecución de sanciones de la Administración Tributaria, en atención a lo dispuesto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones. 

En mérito a lo anterior, el 28 de enero de 2020, se notificó personalmente en las oficinas de la Gerencia Distrital Santa Cruz I, la Resolución Administrativa 232070000044 (CITE:SIN/GDSCZ l/DiCC/UCC/RA/6/2020) de 24 de enero de 2020, mediante la cual, se resolvió rechazar las solicitudes de nulidad de notificación de las actuaciones del proceso sancionador, emergente de la no presentación de información del libro de compras y ventas mediante software da vinci de enero a diciembre de la gestión 2012 y de prescripción de la facultad de ejecución de sanción, reflejada en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331770000908 de 29 de marzo de 2017, denegando en consecuencia la petición de suspensión de la ejecución tributaria, requerida por la recurrente, conforme lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 2492 (CTB. 

En atención a los hechos descritos precedentemente y considerando que la parte recurrente denunció la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, toda vez que la Administración Tributaria le habría notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional 0014109319028 y la Resolución Sancionatoria 18-0004386-16 mediante Edictos de Prensa, pese a que la Administración Tributaria conocía su domicilio legal declarado ante ella, registrado en el Padrón de Contribuyentes para el referido ente fiscal y que además de manera contradictoria le habría notificado otros actuados como el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 331770000908 por cédula y de manera personal con la Resolución Administrativa 232070000044 en oficinas de la propia Administración Tributaria, corresponde señalar que de la revisión de los citados antecedentes, se observa que con carácter previo a la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional señalado, dentro de las actuaciones preliminares 

/’# – . M\ ‘””” ¿’¡I 

efectuadas por los funcionarios actuantes de la entidad recurrida, con el fin de poner en conocimiento el citado acto administrativo a la recurrente, cursa Acta de Verificación de Domicilio de 6 de octubre de 2016, suscrita por José David Mariscal 

17 de 23 NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jan fnit’ayirjach’a kamani (Aymara) Marta tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ohomita 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificado N” 771/14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Calderón y José Manuel Vargas Robles, como funcionarios del Dpto. de Fiscalización, (fs. 6 de antecedentes administrativos el), en la que señalan que habiendo buscado la dirección: Avenida Lucerito final S/N, se establece que: “Físicamente no existe el domicilio registrado en la base de datos de la Administración Tributaria”, toda vez que “No existe la zona”, sin hacer mención al Barrio, la Unidad Vecinal y Manzano, ni dirección descriptiva, seguidamente, el 10 de octubre de la misma gestión, José David Mariscal Calderón como funcionario actuante, elevó representación jurada (fs. 3 de antecedentes administrativos el), al Gerente Distrital Santa Cruz I, en la que refiere : “…(…) habiéndome constituido en el domicilio: AVENIDA LUCERITO FINAL NRO. S/N ZONA/BARRIO: GUAPILO UV. 226 MZA. 0036, el mismo no pudo ser habido” (resaltado propio), señalando además que “b) No existe la dirección no fue encontrada con los datos del PBD”, desconociéndose a la fecha la dirección actual del sujeto pasivo y/o tercero responsable, por lo que, solicitó la instrucción para proceder con la notificación por edicto, actuaciones que evidentemente, resultan contradictorias, pues por una parte, se menciona que la zona correspondiente al domicilio registrado no existe, empero, por otra parte, se afirma que se constituyó en el domicilio: Avenida Lucerito Final S/N Zona/Barrio: Guapilo UV 226 MZA. 0036, no obstante, el representante legal no pudo ser habido, porque no existe la dirección según los datos del PBD. 

Ahora bien, con relación al domicilio registrado ante la Administración Tributaria, de acuerdo a la consulta del Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria de 09 de diciembre de 2016 (fs. 18 a 19 de antecedentes administrativos el), se observa el registro del citado domicilio, consignando los siguientes datos específicos: Razón Social: D.A.S. Bolivia SRL.; Carácter Domicilio: Fiscal; Dirección: Av. Lucerito, Final Nro. S/N Zona/Barrio: Guapilo Uv. 226 Mza. 0036; Dirección Descriptiva: “Av. Cumavi del Final del asfalto a mano izquierda 800 mts. hay unos tanques amarillos”; Alcaldía: Santa Cruz; Teléfono: 70855360; registrando además como fecha de inscripción el 08 de julio de 2008, evidenciándose que la última modificación de datos del domicilio fiscal data de 10 de marzo de 2010, lo que acredita que, a partir de la fecha de inscripción y la posterior modificación de datos, el contribuyente contaba con domicilio conocido y válido a ¡os efectos tributarios, máxime si conforme lo dispuesto en el numeral 2 del art. 5 de la RND 10-0032-04 (vigente a momento de la inscripción por parte de la recurrente en el padrón de contribuyentes), la Administración Tributaria estableció una serie de requisitos a objeto proceder a la 18 de 23

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

inscripción respectiva de la recurrente, como por ejemplo la presentación de las facturas y/o prefacturas originales de energía eléctrica, que acrediten el domicilio donde el sujeto pasivo desarrolle su actividad principal, y que además previo a proceder al registro respectivo según lo dispuesto en el art. 6 de la referida RND, la Administración Tributaria debió verificar la consistencia de los datos e información brindada por la recurrente a momento de efectuar su registro respectivo, por lo que se advierte que la Administración Tributaria en cumplimiento a la RND antes referida, debió realizar la verificación respectiva de la información brindada por la recurrente para proceder a su empadronamiento respectivo, constatando que la misma era cierta y real, de lo que se infiere que lo aseverado en el acta de fecha 06 de octubre de 2016, carece de respaldo alguno, pues la misma ni siquiera menciona que se constituyeron en el Barrio Guapilo UV 226 MZ 0036, de igual forma ocurre, con lo señalado en la representación jurada para la notificación mediante Edicto, toda vez que la misma, señala que el representante no fue habido en la dirección descrita en el PBD, sin embargo, a continuación, identifica como razón que la citada dirección, no existe y que desconoce la dirección actual del sujeto pasivo, omitiendo considerar la dirección descriptiva Av. Cumavi del Final del asfalto a mano izquierda 800 mts. (hay unos tanques amarillos) y el teléfono consignado: 70855360, información que fue aceptada por la Administración Tributaria como domicilio a los efectos tributarios; en consecuencia, toda actuación preliminar o definitiva del ente fiscal, debió efectuarse en el citado domicilio, el mismo que fue fijado dentro del territorio nacional; sin embargo, pese a esta información proporcionada a la Administración Tributaria y que además fue de manera previa a la emisión y notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional 14109319028, el sujeto activo procedió a notificar directamente por edicto cuando correspondía hacer uso de sus facultades establecidas por Ley procurando notificar al administrado en forma personal y ante su imposibilidad proceder con la notificación mediante cédula, hecho que como se evidencia no ocurrió en el caso objeto de análisis. 

Bajo ese contexto, en efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°14109319028 de 14 de agosto de 2014 notificado mediante edictos por publicaciones de 27 y 31 de octubre de 2016 no cumplió su fin de poner en conocimiento al sujeto pasivo del proceso contravencional iniciado, al igual que la notificación por edictos de la Resolución Sancionatoria 18-0004386-16 de 14 de diciembre de 2016, publicados el 24 y 28 de diciembre de 2016, toda vez que utilizó 19 de 23 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jarj mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mlíuruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

HE 

NB/ISO 

9001 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Certrficado l\T 771/14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

los mismos datos de la representación jurada del Auto Inicial para justificar la notificación mediante edicto, la cual conforme el análisis expuesto precedentemente, carece de sustento alguno, vulnerando los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, al haberse limitado su derecho a asumir su debida defensa, constituyéndose en vicios de nulidad, que resultan aún más evidentes, cuando la Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de alzada presentado a fs. 47 vita, del expediente, expuso que realizó la verificación del domicilio del contribuyente en el Sistema de Servicio de Identificación Personal (SEGIP) para la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 3317700009008, elementos de investigación que no utilizó para la notificación del AISC y RS, por lo que se advierte que el ente fiscal teniendo las herramientas necesarias para proceder a la notificación personal o cedularía respectiva desde el Auto Inicial de Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria, no lo hizo, lo cual evidentemente tiene repercusiones en el administrado, toda vez que la notificación efectuada por edictos no puso a su conocimiento el Auto Inicial de Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria, lo que a su vez le privó de asumir su legítimo derecho a la defensa conforme establece el parágrafo I del art. 168 de la Ley 2492 (CTB), dejándolo en completo estado de indefensión. 

En este entendido corresponde observar lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 2492 (CTB) mismo que establece como requisito de cumplimiento sine qua non para proceder con la notificación por Edictos dos situaciones: La primera, que se desconozca manifiestamente el domicilio fiscal del Sujeto Pasivo; y la segunda, que al haber intentado la notificación en cualquiera de sus formas previstas, no hubiera podido ser realizada; extremo que en el presente caso como ya se indicó, no fue demostrado, pues tanto en el Acta de Verificación de domicilio como en la representación jurada efectuada para la notificación del AISC, se limitaron a indicar que no existe la dirección, sin utilizartodos los medios a su alcance para encontrar el mismo, según la UV, Mza, dirección descriptiva, número telefónico, SEGIP, entre otros, por lo que contrario a lo aseverado por la Administración Tributaria, es evidente que los funcionarios del mencionado ente fiscal, no cumplieron con los requisitos exigidos en el art. 86 de la Ley 2492 (CTB) para efectuar la notificación por edicto, incurriendo en vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa del Sujeto Pasivo. 

20 de 23

Árü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por otro lado, en cuanto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1638/2015 de 15 de septiembre de 2015; AGIT-RJ 1060/2016 de 29 de agosto de 2016; AGIT-RJ 0014/2017 de 03 de enero de 2017; AGIT-RJ 0485/2018 y AGIT-RJ 0487/2017 ambas de 24 de abril de 2017; y por ultimo AGIT-RJ 1667/2018 de17 de julio del 2018, citadas por la Administración Tributaria recurrida se tiene que de la revisión efectuada a las mismas, éstas presentan hechos y connotaciones completamente distintas a las del presente caso, por lo que no corresponde su consideración dentro del mismo; de igual forma respecto a la Sentencia Constitucional 0287/2003 de 11 de marzo de 2003, por consiguiente y conforme lo desarrollado a lo largo del presente análisis, se ha demostrado que la Administración Tributaria ha incurrido en incumplimiento de los requisitos exigidos por Ley a objeto de proceder a la notificación por edicto de la ahora recurrente, colocándola en evidente indefensión, toda vez que de la revisión de los antecedentes remitidos a ésta instancia y presentados por el propio ente fiscal, se evidencia que la recurrente no tomó conocimiento del proceso sancionador instaurado en su contra, sino hasta la notificación del PIET, por lo que no pudo intervenir dentro del proceso, de igual manera se verificó que el ahora recurrente tenía registrado un domicilio fiscal en el padrón de contribuyentes para la Administración Tributaria, donde el sujeto activo podía efectuar sus diligencias respectivas, sin embargo no lo hizo, no pudiendo verificarse en las actuaciones realizadas, la veracidad de las mismas al existir inconsistencias en su desarrollo, por lo que la Sentencia señalada por la Administración Tributaria no se ajusta a los hechos acontecidos dentro del presente proceso, no correspondiendo mayor pronunciamiento al respecto. 

En ese entendido, cabe señalar que teniendo la Administración Tributaria todas las herramientas para poder hacer efectivas las notificaciones no lo hizo, pues además de contar con los datos de la recurrente registrados en el Padrón de Contribuyentes, pudo consultar al SEGIP, como lo hizo recién para la notificación del PIET; empero, optó por realizar la notificación por edicto, sin procurar de manera efectiva que éste 

conozca cada una de las actuaciones llevadas a cabo en su contra, por lo que, EH 

resulta evidente que ante el desconocimiento de las actuaciones administrativas quedó restringida la posibilidad de que el sujeto pasivo presente las pruebas y/o 

actuaciones que considere pertinentes a objeto de hacer prevalecer su derecho a la •’ •<^:’\ 

&’*«*a\\ •%-Vécz 

defensa de manera irrestricta en todo momento; lo que ocasionó la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa reclamados por la parte 21 de 23 

NB/ISO 9001 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

/Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

recurrente en este Recurso, aspecto que se encuentra acorde al entendimiento de la Máxima Autoridad Administrativa en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 875/2017, AGIT-RJ 0080/2019 y AGIT-RJ 0950/2019. 

Ahora bien, con relación a lo aludido por el ente fiscal respecto a que todas las actuaciones de la Administración Tributaria se presumen legítimas, cabe señalar que conforme lo prevé el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), en efecto, éstos se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece, consecuentemente, al haberse comprobado que los procedimientos de notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 14109319028 de 14 de agosto de 2014 y Resolución Sancionatoria 18-0004386-16 de 14 de diciembre de 2016, no cumplieron con su finalidad y considerando lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1214/2012 de 6 de septiembre de 2012, que estableció que : “…(…)…Ia finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino gue la determinación judicial o administrativa llegue a conocimiento del destinatario (…), se vulneraron los derechos constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa, dispuestos en el parágrafo II del art. 115, parágrafo II del art. 119 de la CPE y numeral 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido, de acuerdo a lo previsto por los parágrafos I y II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 14109319028 de 14 de agosto de 2014 inclusive, a fin de que la Administración Tributaria notifique el inicio del proceso, tomando en cuenta todos los datos y elementos registrados por la parte recurrente en el sistema y cumpla a cabalidad con el procedimiento legalmente establecido para tal efecto. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

22 de 23

Árh. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 14109319028 de 14 de agosto de 2014 inclusive, a fin de que la Administración Tributaria notifique el inicio del proceso, y la recurrente pueda ejercer sus derechos y garantías constitucionales en el marco del procedimiento legalmente establecido para tal efecto; conforme a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad a lo dispuesto en el ine c) del parágrafo I del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

/y.

\\f •-• y/ 

DKSP/ccav/acq/cmmf/apib/mncf ARIT-SCZ/RA 0461/2020 

wKj. uuny Aar/na saiüzwTftef 

Directora E)ecu!iva Regwial »,|, 

Autoridad Regional de 

Impuoflscwi tributaria Santí Cnn 

23 de 23 

iijii.iujii 

NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien” Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Sistema de Gestión 

de la Calidad 

CertrficadoN” 771/14 

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia