ARIT-SCZ-RA-0453-2020 Arrepentimiento eficaz solo surte efecto si se paga la deuda hasta 10 días posteriores

ARIT-SCZ-RA-0453-2020

ahí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0453/2020 

ALPROBOL AGRO SRL, representada 

por Leonardo Ayala Morales. 

Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Gonzalo Antonio 

Campero Ampuero. 

Resolución Sancionatoria N° 

181979001476, de 19 de julio de 2019. 

ARIT-SCZ-0549/2019. 

Santa Cruz, 11 de agosto de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente Nc 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0453/2020 de 

11 de agosto de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; 

y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Sancionatoria 181979001476, de 19 de julio de 2019, la cual resolvió sancionar a ALPROBOL AGRO SRL, con una multa de 52.162.- UFV’s equivalente a Bs120.344.- (Ciento 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jachakamani ( 11 

Mana tasaq kuraq kamachi \ j

Mburuvisa tendodegua mb te oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

veinte mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos), por omisión de pago de la Declaración Jurada F-500 con número de orden 7985379485 correspondiente al Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal diciembre de 2018, importe que se constituye al equivalente al 100% del tributo omitido al vencimiento del décimo día de notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional, de conformidad a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la recurrente 

ALPROBOL AGRO SRL, representada por Leonardo Ayala Morales, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 03 y 18 de septiembre de 2019 (fs. 17-21 y 30-34 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 181979001476, de 19 de julio de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración al debido proceso por incorrecta notificación de los actos administrativos. – 

La recurrente manifestó que posterior a la notificación electrónica -10 de junio de 2019- del Auto de Sumario Contravencional 311979001531 de 30 de mayo de 2019, no se hizo ninguna notificación o aviso adicional tal como prevé el núm. II del art. 12 del DS 27310 cuando refiere que la Administración Tributaria a través de medios electrónicos, teléfono fijo o móvil, proporcionará a los contribuyentes o terceros responsables información referida a fechas de vencimiento, existencia de actuaciones administrativas, alertas, recordatorios, y cualquier otra de naturaleza tributaria, no obstante, sin el conocimiento de dicho Auto de Sumario Contravencional el 30 de mayo de 2019 realizó el pago de Bs50.217.- 

Al respecto, agregó que el numeral I del art. 168 de la Ley 2492 (CTB) establece que a la notificación del cargo de la contravención se le dará 20 días para que formule su descargo, hecho que no habría sido realizado por la Administración Tributaria, pues 2 de 27

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

no tenía conocimiento del acto administrativo, dado que la única notificación en el buzón tributario fue de la constancia de notificación electrónica del sumario y al cual no pudo acceder sino hasta la notificación personal en fecha 15 de agosto de 2019, por lo que alega que no se cumplió el núm. II del art. 12 del DS 27310. 

Asimismo, respecto a la notificación de la Resolución Sancionatoria y Proveído de Ejecución Tributaria ambos notificados en fecha 15 de agosto de 2019 a hrs. 11:01 am y 11:02 am respectivamente, advierte que dichas notificaciones habrían vulnerado el derecho a la defensa puesto que se le habría sancionado primero sin darle los tres días correspondientes para poder aclarar la situación del adeudo tributario. 

11.1.2 Sobre la falta de valoración de los pagos efectuados. – 

La recurrente sostuvo que la Resolución Sancionatoria y el Proveído de Ejecución Tributaria fueron emitidos el 19 de julio de 2019 y notificados el 15 de agosto de 2019, es decir 27 días posteriores a la emisión de estos documentos, sin embargo, durante este periodo advierte que el 31 de julio de 2019 realizó un pago de Bs70.000.- a cuenta de la deuda tributaria, adecuándose al arrepentimiento eficaz, pago que no habría sido considerado a momento de emitir la Resolución Sancionatoria impugnada, puesto que de conformidad al art. 108 núm. 1 aún no se había realizado la ejecución tributaria al no estar notificada la referida Resolución Sancionatoria, cuyo pago efectuado disminuiría la omisión de pago. 

Por su parte, indicó que la Administración Tributaria mediante el Proveído de Ejecución Tributaria emitido el 19 de julio de 2019, le comunicó que “…se ha constituido en título de ejecución Tributaria la declaración jurada F-500 con número de orden 7985379485, correspondiente al impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) del periodo fiscal 12/2018…”, de lo que advirtió que aún no estaba constituida la ejecución tributaria por falta de notificación y los pagos efectuados antes de la notificación de dicho documentos no fueron considerados por la Administración Tributaria, por lo que dicho documento debió ser modificado o anulado. 

Así también, mencionó que con el pago efectuado el 23 de agosto de 2019, quedó extinguida la deuda tributaria y dado que objeta la notificación de la Resolución 

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Justicia tributaria para vivir bie

Jan mit’ayír jach’a kamaní

Mana tasaq kuraq kamachi \ ‘ ¿ < 

Mburuvisatendodegua mbae: oñomita 

mbaerepi Vae (Guara11:) Pasaje 1 Este, Casa N 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Sancionatoria y el Proveído de Ejecución, solicitó se aplique el núm. II del art. 169 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que habría cancelado la deuda tributaria antes de la legal notificación de la referida Resolución Sancionatoria. 

Por otro lado, manifestó que el 21 de agosto de 2019 (adjunta fotocopia simple), solicitó a la Administración Tributaria la anulación de la Resolución Sancionatoria, no teniendo respuesta hasta la fecha, por lo que, por los plazos procesales de la notificación de la referida Resolución se ve obligado a utilizar el Recurso de Alzada como medio de defensa ante la arbitrariedad de la Administración Tributaria. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria N° 181979001476, de 19 de julio de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 20 de septiembre de 2019 (fs. 35 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria 181979001476, de 19 de julio de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 14 de octubre de 2019 (fs. 46-52 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

La Administración Tributaria mencionó que en todo el proceso sancionador hizo conocer al contribuyente todos los actuados mediante las notificaciones, estableciendo el plazo para la presentación de pruebas que el contribuyente considere pertinente, sin embargo, el mismo no presentó su descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531 notificado el 10 de junio de 2019, por 

lo que mal podría invocar que se le estuviera vulnerando su derecho al debido proceso. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Señaló que en ningún momento dejó en indefensión al contribuyente más al contrario en el acto administrativo como es el Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531 se le informa que cuenta con el plazo de diez (10) días hábiles para efectuar el pago de la Deuda Tributaria, siendo evidente que el contribuyente actuó con dejadez y negligencia al no verificar las actuaciones realizadas a través de la Oficina Virtual, no obstante, en el por tanto “cuarto” le dio plazo al contribuyente a efectos de que proceda al pago de la deuda tributaria auto determinada, más la sanción preliminarmente establecida, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), después de notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y antes de la notificación de la Resolución Sancionatoria podrá beneficiarse con la reducción aplicable a un ochenta por ciento (80%), evidenciándose que en ningún momento dejó en indefensión al contribuyente. 

Con relación a los pagos efectuados indicó que, al momento de emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional, consideraron los pagos efectuados en fecha 29 de abril de 2019 por el importe de Bs17.948 mediante Boleta de Pago 1000 con número de orden 7987104802, quedando un saldo pendiente de pago de Bs170.000.- emitiéndose de esta manera el mencionado Auto Inicial de Sumario Contravencional por el importe señalado, acto que fue notificado el 10 de junio de 2019 conforme lo establecido en el art. 83 de la Ley 2492 modificada por la Ley 812 de 30 de junio de 2016, a efectos de que se proceda el pago del importe de la deuda tributaría conforme lo señalado en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), modificada por la ley 812. Asimismo, de la verificación realizada al Sistema Integrado de Recaudación Tributaria SIRAT-II evidencia que el contribuyente procedió al pago parcial de la Deuda Tributaria en fecha 30 de mayo de 2019 por el importe de Bs50.217.- mediante Boleta de Pago 1000 con numero de orden 7988047807, y no efectúa el pago total de la misma, y habiendo transcurrido los plazos otorgados y no haber pagado el total de la deuda tributaria más la sanción por omisión de pago, se emitió la Resolución Sancionatoria 181979001476 de 19 de julio de 2019, sancionando al contribuyente con el importe de 52.162 UFV’s por la omisión de pago de la declaración jurada F-500 con número de orden 7985379485 correspondiente al IUE del periodo fiscal 12/2018, adecuando su conducta a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, la Administración Tributaria advierte que sus actuaciones se encuentran enmarcadas en la Ley y de acuerdo a procedimientos legalmente establecidos. 

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Justicia tributaria para vivir bien 

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NB/ISO 

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Por su parte, con relación a los argumentos que no se consideraron sus pagos al momento de emitir la Resolución Sancionatoria, advierte que fueron reconocidos los pagos efectuados dentro de los diez (10) días de notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, configurándose dichos pagos como arrepentimiento eficaz conforme lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), y que al haber quedado un saldo a favor del fisco se procedió a sancionar conforme lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, respecto a que con el pago efectuado el 23 de agosto de 2019 habría quedado extinguida la deuda tributaria, la Administración Tributaria señaló que el pago total del tributo omitido fue realizado con posterioridad a las actuaciones de la Administración Tributaria, dando continuidad al proceso sancionador por la contravención de omisión de pago, habiéndose notificado de forma personal al contribuyente el 15 de agosto de 2019 con el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331979002091, al haberse constituido en título de ejecución tributaria la Resolución Sancionatoria 181979001476 de 19 de julio de 2019. 

En ese contexto, advirtió que al haberse emitido el Auto Inicial de Sumario Contravencional en virtud de que el contribuyente al presentar su declaración jurada con saldo a favor del fisco y no cancelar la misma, determinó la deuda tributaria de acuerdo al art. 93 de la Ley 2492 (CTB) y al no haber procedido al pago del impuesto auto determinado por el mismo incumplió con lo establecido en el art. 70 núm. I del mismo cuerpo legal convirtiéndose automáticamente la declaración jurada en Título de Ejecución Tributaria. Asimismo, la recurrente incurrió en la contravención de omisión de pago al no haber pagado la totalidad de la deuda tributaria por el Auto Inicial de Sumario Contravencional de acuerdo a lo dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

En consecuencia, expresó que no se habría vulnerado los derechos a la defensa de la recurrente o falta de consideración de sus pagos en la Resolución Sancionatoria legalmente emitida por la suscrita Administración Tributaria. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria N° 181979001476, de 19 de julio de 2019. 

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AIT;* 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 15 de octubre de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, que se realizó, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria recurrida el 16 de octubre de 2019 (fs. 53-54 del expediente). 

Durante el referido plazo que fenecía el 05 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria mediante memorial de 29 de octubre de 2019, ratificó en calidad de prueba todos los antecedentes administrativos que fueron remitidos adjuntos a la contestación al Recurso de Alzada (fs. 55 del expediente). 

Por su parte, la recurrente no presentó ninguna prueba. 

II.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 25 de noviembre de 2019, la recurrente mediante nota presentada el 21 de noviembre de 2019, adjuntó la solicitud que habría sido enviada a la Administración Tributaría, requiriendo la anulación de la notificación electrónica del PIET 331979002091 (fs. 62-65 del expediente). 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2019, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada, solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria (fs. 68-69vta. del expediente). 

Seguidamente, la recurrente mediante memorial presentado la misma fecha el 25 de noviembre de 2019, presentó alegatos, en conclusión, argumentando los mismos 

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agravios que fueron expuestos en su memorial de Recurso de Alzada (fs. 72-77 del >’// 

expediente). 

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Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

111.1. El 06 de marzo de 2019, la recurrente presentó la Declaración Jurada del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) F-500, con número de autorización 7985379485, del periodo fiscal diciembre de 2018, determinando un saldo a favor del fisco no pagado de Bs187.948.- (fs. 4 de antecedentes). 

111.2. El 29 de abril de 2019, la recurrente mediante Boleta de Pago F-1000 realizó un pago direccionado al F-500 con número de autorización 7985379485, por un importe de Bs17.948.- (fs. 19 de antecedentes). 

111.3. El 30 de mayo de 2019, la recurrente mediante Boleta de Pago F-1000 realizó un pago direccionado al F-500 con número de autorización 7985379485, por un importe de Bs50.217.-, de los cuales Bs50.000.- corresponden al importe de la deuda, Bs50.- al mantenimiento de valor y Bs167.- a los intereses (fs. 20 de antecedentes). 

111.4. El 10 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531, de 30 de mayo de 2019, el cual resolvió instruir el inicio de Sumario Contravencional en contra del contribuyente ALPROBOL AGRO SRL, de conformidad a lo establecido por el art. 168 del Código Tributario Boliviano, al haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago, por el importe determinado y no pagado en la Declaración Jurada F-500, con número de Orden 7985379485, correspondiente al Impuesto Sobre la Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal diciembre de 2018, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310, cuya sanción equivale a la suma de 73.897.-UFV’s, otorgándole el plazo de veinte (20) días para que presente descargos u ofrezca pruebas (fs. 9- 10 y 11 de antecedentes). 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

111.5. El 31 de julio de 2019, la recurrente mediante Boleta de Pago F-1000 realizó un pago direccionado al F-500 con numero de autorización 7985379485, por un importe de Bs79.989.-, de los cuales Bs70.000.- corresponden al importe de la deuda, Bs267.- al mantenimiento de valor y Bs722.- a los intereses (fs. 21 de antecedentes). 

111.6. El 15 de agosto de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria 181979001476, de 19 de julio de 2019, la cual resolvió sancionar a ALPROBOL AGRO SRL, con una multa de 52.162.- UFV’s equivalente a Bs120.344.- (Ciento veinte mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos), por omisión de pago de la Declaración Jurada F-500 con número de orden 7985379485 correspondiente al Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal diciembre de 2018, importe que se constituye el equivalente al 100% del tributo omitido al vencimiento del décimo día de notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional, de conformidad a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 (fs. 14-15 y 17 de antecedentes). 

1.7. El 13 de diciembre de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0654/2019, la cual resolvió ANULAR hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Sancionatoria N° 181979001476 de 19 de julio de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo 

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que considere de manera fundamentada todos los hechos y antecedentes previos a su emisión y consiguiente notificación (fs. 88-100 del expediente). 

1.8. El 03 de enero de 2020, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0654/2019 de 13 de diciembre de 2019 (fs. 118-124 del expediente). 

1.9. El 03 de marzo de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0595/2020, la cual resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0654/2019 de 13 9 de 27 

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de diciembre de 2019, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, a objeto de que la ARIT emita una nueva Resolución, pronunciándose de manera fundamentada y motivada sobre todos los aspectos planteados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada (fs. 150-159vta. del expediente). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Vulneración al debido proceso por incorrecta notificación de los actos administrativos y 2. Sobre la falta de valoración de los pagos efectuados. 

IV.1 Cuestión previa. – 

Con carácter previo, corresponde señalar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0595/2020 de 03 de marzo de 2020, resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0654/2019 de 13 de diciembre de 2019, estableciendo en el parágrafo IV.4 de la Fundamentación Técnica Jurídica, págs. 18-19 de 20 en el literal xxiii. “(…) se tiene que la Resolución Sancionatoria consideró el efecto de los dos pagos realizados por ALPROBOL AGRO SRL hasta el 19 de julio de 2019, fecha en la que fue emitida la citada Resolución, tomando en cuenta que al tributo autodeterminado de Bs187.948.- se dedujeron los pagos a cuenta por Bs67.948.- (Bs17.948 y 50.000.-) efectuados por el Sujeto Pasivo el 29 de abril y 30 de mayo de 2019, quedando pendiente un saldo por tributo omitido de Bs120.000- en base a lo que estableció la sanción del 100% prevista en el artículo 165 del CTB que resulta en Bs120.000.- a la que adicionó el mantenimiento de valor correspondiente de Bs344.- sin embargo, claro está que no se consideró los pagos efectuados el 31 de julio y 23 de agosto de 2019 por ser posteriores a la fecha de emisión de la citada Resolución”, en ese sentido, en el literal xxiv. advirtió que “(…) no se observa que la Administración Tributaria hubiera incurrido en omisión por falta de fundamentación en la emisión de la Resolución Sancionatoria, toda vez que al efecto consideró todos los antecedentes pertinentes producidos hasta el momento de su emisión (…)”, a su vez en el literal xxv. indicó “Tampoco es evidente que la falta de consideración de los pagos realizados en fecha posterior a la emisión de la Resolución Sancionatoria, pero antes de su notificación, I0de27

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

hubieran causado indefensión a ALPROBOL AGRO SRL; toda vez que en etapa de ejecución tributaria el Sujeto Pasivo también tiene la posibilidad de plantear los aspectos que considere convenientes (…)”, por lo que, en el literal xxvi, señaló que “(…) la Administración Tributaria fundamentó debidamente la Resolución Sancionatoria, en el marco de lo establecido en los artículos 28, incisos b) y e) de la LPA; y, 31, parágrafos I y II del RLPA, aplicable supletoriamente por mandato del articulo 74, numeral 1 del CTB, por lo que, no se advierte vulneración del derecho a la defensa de ALPROBOL AGRO SRL (…)”, en consecuencia, estableció en el literal xxvi que “(…) corresponde a esta instancia Jerárquica, anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0654/2019 de 13 de diciembre de 2019, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada; inclusive, a objeto de que la ARIT emita una nueva resolución, 

pronunciándose de manera fundamentada y motivada sobre todos los aspectos planteados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 211 del CTB”, en ese sentido, considerando lo dispuesto por la máxima autoridad administrativa, corresponde dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico, razón por la cual, ésta instancia procederá a resolver todos los aspectos planteados por la recurrente en su Recurso de Alzada. 

IV.2 Sobre la vulneración al debido proceso por incorrecta notificación de los actos administrativos. – 

La recurrente manifestó que posterior a la notificación electrónica -10 de junio de 2019- del Auto de Sumario Contravencional 311979001531 de 30 de mayo de 2019, no se hizo ninguna notificación o aviso adicional tal como prevé el núm. II del art. 12 del DS 27310 cuando refiere que la Administración Tributaria a través de medios electrónicos, teléfono fijo o móvil, proporcionará a los contribuyentes o terceros responsables información referida a fechas de vencimiento, existencia de actuaciones administrativas, alertas, recordatorios, y cualquier otra de naturaleza tributaria, no obstante, sin el conocimiento del dicho Auto de Sumario Contravencional el 30 de mayo de 2019 realizó el pago de Bs50.217.- 

Al respecto, agregó que el numeral I del art. 168 de la Ley 2492 (CTB) establece que a la notificación del cargo de la contravención se le dará 20 días para que formule su descargo, hecho que no habría sido realizado por la Administración Tributaria, pues 

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no tenía conocimiento del acto administrativo, dada que la única notificación en el buzón tributario fue de la constancia de notificación electrónica del sumario y al cual no pudo acceder sino hasta la notificación personal en fecha 15 de agosto de 2019, por lo que alega que no se cumplió el núm. II del art. 12 del DS 27310. 

Asimismo, respecto a la notificación de la Resolución Sancionatoria y Proveído de Ejecución Tributaria ambos notificados en fecha 15 de agosto de 2019 a hrs. 11:01am y 11:02 am respectivamente, advierte que dichas notificaciones habrían vulnerado el derecho a la defensa puesto que se le habría sancionado primero sin darle los tres días correspondientes para poder aclarar la situación del adeudo tributario. 

En contraposición, la Administración Tributaria mencionó que en todo el proceso sancionador hizo conocer al contribuyente todos los actuados mediante las notificaciones, estableciendo el plazo para la presentación de pruebas que el contribuyente considere pertinente, sin embargo, el mismo no presentó su descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531 notificado el 10 de junio de 2019, por lo que mal podría invocar que se le estuviera vulnerando su derecho al debido proceso. 

Señaló que en ningún momento dejó en indefensión al contribuyente más al contrario en el acto administrativo como es el Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531 se le informa que cuenta con el plazo de diez (10) días hábiles para efectuar el pago de la Deuda Tributaria, siendo evidente que el contribuyente actuó con dejadez y negligencia al no verificar las actuaciones realizadas a través de la Oficina Virtual, no obstante, en el por tanto “cuarto” le dio plazo al contribuyente a efectos de que proceda al pago de la deuda tributaria autodeterminada, más la sanción preliminarmente establecida, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), después de notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y antes de la notificación de la Resolución Sancionatoria podrá beneficiarse con la reducción aplicable a un ochenta por ciento (80%), evidenciándose que en ningún momento dejó en indefensión al contribuyente. 

Ahora bien, respecto a la notificación, Manuel Ossorio, señala: “es la acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en unjuicio, cualquiera que sea su 12 de 27

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento”; en el mismo sentido, Couture señala que es: “la constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a loslitigantes una resolución deljuez u otro acto delprocedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

Pág. 50). 

En ese sentido, respecto al objeto de la notificación, el Tribunal Constitucional ha dejado firme jurisprudencia en varios de sus fallos, entre los que se encuentra la SC 1214/2012 de 06 de septiembre de 2012, que establece “(…) los emplazamientos, citaciones y notificaciones, que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacerconocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegura su recepción por parte del destinatario, pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (SC 0757/2003-R, de 04 de junio de 2003), dado que solo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos (…)”, de lo que se infiere que la notificación debe cumplir con la función de hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos a fin de tener validez, pero además deben ser realizadas de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario, lo contrario sería provocar una situación de indefensión al procesado, ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación a las partes asegura el debido proceso. 

En relación a la nulidad y anulabilidad, la doctrina enseña que: “Para establecer qué los actos administrativos son inválidos debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios; el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio”; de forma más amplia condiciona a que se revisen las circunstancias típicas susceptibles de invalidación en el proceso o los mismos actos; sancionándolos con la nulidad o anulabilidad (Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005). 

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Justicia tributaria para vivir bien 

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Asimismo, en nuestra legislación, los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacíonal disponen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, finalmente que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Por su parte, y garantizando el derecho al debido proceso en el ámbito tributario, la Ley 2492 (CTB), en su art. 68 nums. 6 y 7, refrendan dichos principios, estableciendo los derechos del sujeto pasivo, entre los cuales se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que éste sea parte interesada, además de formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

De igual manera, la normativa sustantiva tributaria señala los medios y mecanismos de notificación, toda vez que en el art. 83 de Ley 2492 (CTB) modificada por la Ley 812 de 30 de junio de 2016, señala: “Medios de Notificación.- /.- Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría. II.- Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitardías y horas extraordinarias”. 

En ese marco normativo la Ley 812 en su art. 3, incorpora el art. 83Bis, a la Ley 2492 (CTB), con el siguiente texto: (Notificaciones por medios electrónicos).- Para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o 14 de 27

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Impugnación Tributaria 

éste le sea asignado por la Administración Tributaria, la vista de cargo, auto inicial de sumario, resolución determinativa, resolución sancionatoria, resolución definitiva y cualquier otra actuación de la Administración Tributaria, podrá ser notificado por correo electrónico, oficina virtual u otros medios electrónicos disponibles. La notificación realizada por estos medios tendrá la misma validez y eficacia que la notificación personal. 

En las notificaciones practicadas en esta forma, los plazos se computarán de acuerdo al Artículo 4 del presente Código Tributario. 

Por su parte, el art. 4 de la Ley 2492 (CTB), prevé los plazos relativos a las normas tributarias que se computaran de la siguiente forma; (…) 2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos; 3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente; 4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

En el mismo contexto, el DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, que modifica el 12 del DS 27310 (Notificación electrónica), en su parágrafo II, refiere que, “La 

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Administración Tributaria, a través de medios electrónicos, teléfono fijo o móvil, proporcionará a los contribuyentes o terceros responsables información referida a fechas de vencimiento, existencia de actuaciones administrativas, alertas, recordatorios y cualquier otra de naturaleza tributaria. De igual manera, deberá habilitar los medios para que el contribuyente efectúe consultas, reclamos, denuncias, trámites administrativos y otros por los mismos mecanismos”. 

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Asimismo, el núm. 1 parágrafo II art. 6 (Notificación Electrónica) de la RND 101700000005 de 17 de marzo de 2017, señala que de conformidad al parágrafo I del art. 12 del DS 27310, la notificación electrónica se tendrá por efectuada en los siguientes casos, lo que ocurra primero; 1. En la fecha en que el contribuyente o tercero responsable proceda a la apertura del documento enviado. Cuando la apertura del documento en formato PDF o electrónico enviado por la Administración Tributaria a la opción “Notificaciones” del Buzón Tributario de la Oficina Virtual del sujeto pasivo, sea efectuada en día u hora inhábil, la notificación se tendrá por realizada a primera hora del día siguiente hábil posterior; 2. A los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de envío al Buzón Tributario, opción “Notificaciones”, asignado al contribuyente en la Oficina Virtual por el Servicio de Impuestos Nacionales (…)”. 

La misma disposición normativa en su art. 7 (Constancia de la notificación electrónica) refiere que; A momento de que el sujeto pasivo o tercero responsable realice la apertura del documento en formato PDF o electrónico enviado a la opción “Notificaciones” de su Buzón Tributario de la Oficina Virtual o al quinto día hábil del envío de dicho documento, el sistema emitirá la Constancia de Notificación Electrónica, la cual deberá contener la siguiente información: Nombre o Razón Social del sujeto pasivo, representante legal cuando corresponda, número de identificación tributaria, jurisdicción a la que pertenece, identificación del acto notificado, fecha, hora, año de la notificación, nombre del notificador y otra información relativa a la notificación o al acto administrativo notificado. Asimismo, en el parágrafo II del art. 10 (Medios adicionales para hacer conocer la notificación electrónica), establece que el no envío de alertas al correo electrónico o al celular (SMS, Whatsapp u otros) del contribuyente, y la Oficina Móvil, de la notificación electrónica citada en el parágrafo anterior, no podrá ser considerada como causal de falta de validez y eficacia de la misma (las negrillas y cursivas son añadidas). 

En este contexto, en materia administrativa, para la nulidad de un acto por infracción de una norma establecida deberán ocurrir los presupuestos previstos en el art. 35 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por expresa disposición de los arts. 74 y 201 de la Ley 2492 (CTB); es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; a dicho efecto el art 55 del I6de27

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

En tal entendido, cabe señalar que para que se considere la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un Procedimiento Administrativo o Proceso Judicial, esta debió estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales realizadas en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso. 

Ahora bien, del marco normativo expuesto precedentemente y de la compulsa de antecedentes se tiene que, el 10 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531, de 30 de mayo de 2019, otorgándole el plazo de veinte (20) días para que presente descargos u ofrezca pruebas (fs. 9-10 y 11 de antecedentes), consecutivamente, en vista de que la recurrente no presentó descargo alguno, el 15 de agosto de 2019, la Administración Tributaria procedió a notificar personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria 181979001476, de 19 de julio de 2019, que resolvió sancionar a ALPROBOL AGRO SRL, con una multa de 52.162.- UFV’s equivalente a Bs120.344.- (Ciento veinte mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100 Bolivianos), por omisión de pago de la Declaración Jurada F-500 con número de orden 7985379485 correspondiente al Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal diciembre de 2018, importe que se constituye el equivalente al 100% del tributo omitido al vencimiento del décimo día de notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional, de conformidad a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 (fs. 14-15 y 17 de antecedentes). 

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De lo expuesto se indica que la Administración Tributaria el 03 de junio de 2019, procedió al envío del acto administrativo Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531 de 30 de mayo de 2019, al Buzón tributario de la recurrente ALPROBOL AGRO SRL, en ese sentido en el marco de lo previsto en el parágrafo

del art. 83 Bis de la Ley 2492 (CTB), parágrafo I art. 12 del DS 27310 y núm. 1 del parágrafo II del art. 6 de la RND 101700000005, que prevé la notificación se tendrá por efectuada en la fecha que el contribuyente o tercero responsable proceda a la apertura del documento enviado y/o a los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de envío al Buzón Tributario, en este último caso iniciado el computo al día siguiente hábil al envío al Buzón Tributario, se tiene por efectuada la notificación el 10 de junio de 2019 

En consecuencia, se advierte que el Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531 de 30 de mayo de 2019, fue legalrmente notificado por la Administración Tributaria el 10 de junio de 2019; y que si bien, conforme lo reclamado por la recurrente no cursa en antecedentes constancia alguna de que la Administración Tributaria hubiera realizado algún aviso adicional previsto en el núm. II del art. 12 del DS 27310, no obstante, dicho incumplimiento no es causal de invalidez e ineficacia de la notificación, de conformidad a lo establecido en el parágrafo II del art. 10 de la RND 101700000005 de 17 de marzo de 2017, que prevé “El no envío de alertas al correo electrónico o al celular (SMS, Whatsapp u otros) del contribuyente, y la Oficina Móvil, de la notificación electrónica citada en el parágrafo anterior, no podrá ser considerada como causal de falta de validez y eficacia de la misma”, en ese entendido, al advertirse que la Administración Tributaria realizó una correcta notificación prevista por la norma, no es evidente la vulneración al debido proceso alegada por la recurrente. 

Por otro lado, con relación al argumento que las notificaciones de la Resolución Sancionatoria y Proveído de Ejecución Tributaria ambos notificados el 15 de agosto de 2019 a hrs. 11:01am y 11:02 am respectivamente, habrían vulnerado el derecho a su defensa puesto que se le habría sancionado sin darle los tres días correspondientes para aclarar la situación del adeudo tributario; cabe aclarar a la recurrente que la Resolución Sancionatoria 181979001476 objeto de impugnación es el acto definitivo que emerge del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311979001531 que tiene por objeto, calificar la conducta e imponer la sanción por la 18 de 27

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

contravención de Omisión de Pago por el importe determinado y no pagado en la Declaración Jurada F-500, con número de orden 7985379485 del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) periodo fiscal diciembre de 2018; sin embargo, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 331979001794 de 19 de julio de 2019, es el acto administrativo, previsto en el art. 4 del DS 27874, a través del cual, se comunica al sujeto pasivo de la existencia de un título de ejecución y se otorga un plazo para el correspondiente pago, bajo previsión de la aplicación de medidas coactivas, en este caso, el título constituido por la Declaración Jurada F-500 con número de orden 7985379485 del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) periodo fiscal diciembre de 2018, a objeto de proceder al cobro de la deuda tributaria auto determinada en la misma, vale decir ambos procesos refieren a la misma Declaración Jurada impaga, empero la Resolución Sancionatoria corresponde a la calificación de la conducta e imposición de la sanción por Omisión de Pago y el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria a la ejecución coactiva de la deuda tributaria auto determinada, cuyos trámites son independientes y sus plazos procesales son distintos.. 

Por consiguiente, no es evidente que se hubieran conculcado derechos constitucionales de la recurrente, máxime si la notificación practicada con el inicio del sumario contravencional fue realizada antes de la notificación con el inicio de la ejecución tributaria de la declaración jurada declarada con saldo a favor del fisco no pagado, a objeto de otorgar la oportunidad al sujeto pasivo de acogerse al beneficio contemplado en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), que refiere: “Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente”, puesto que posterior a dicha notificación, aún tiene la posibilidad de beneficiarse con el arrepentimiento eficaz de procederse con el pago de la obligación tributaria dentro de los 10 días subsiguientes, empero, no podría acogerse a dicha previsión, de procederse primero con la 

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notificación del inicio de ejecución tributaria, pues éste está condicionado al pago de 

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la deuda tributaria hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas impagas, correspondiendo en consecuencia desestimar el vicio de nulidad alegado por la recurrente. 

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IV.3 Respecto a la falta de valoración de los pagos efectuados. – 

La recurrente sostuvo que la Resolución Sancionatoria y el Proveído de Ejecución Tributaria fueron emitidos el 19 de julio de 2019 y notificados el 15 de agosto de 2019, es decir 27 días posteriores a la emisión de estos documentos, sin embargo, durante este periodo advierte que el 31 de julio de 2019 realizó un pago de Bs70.000.- a cuenta de la deuda tributaria, adecuándose al arrepentimiento eficaz, pago que no habría sido considerado a momento de emitir la Resolución Sancionatoria impugnada, puesto que de conformidad al art. 108 núm. 1 aún no se había realizado la ejecución tributaria al no estar notificada la referida Resolución Sancionatoria, cuyo pago efectuado disminuiría la omisión de pago. 

Por su parte, indicó que la Administración Tributaria mediante el Proveído de Ejecución Tributaria emitido el 19 de julio de 2019, le comunicó que “…se ha constituido en título de ejecución Tributaria la declaración jurada F-500 con número de orden 7985379485, correspondiente al impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) del periodo fiscal 12/2018…”, de lo que advirtió que aún no estaba constituida la ejecución tributaria por falta de notificación y los pagos efectuados antes de la notificación de dicho documentos no fueron considerados por la Administración Tributaria, por lo que dicho documento debió ser modificado o anulado. 

Así también, mencionó que con el pago efectuado el 23 de agosto de 2019, quedó extinguida la deuda tributaria y dado que objeta la notificación de la Resolución Sancionatoria y el Proveído de Ejecución, solicitó se aplique el núm. II del art. 169 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que habría cancelado la deuda tributaria antes de la notificación de la referida Resolución Sancionatoria. 

De igual manera, manifestó que el 21 de agosto de 2019 (adjunta fotocopia simple), solicitó a la Administración Tributaria la anulación de la Resolución Sancionatoria, no teniendo respuesta hasta la fecha, por lo que, por los plazos procesales de la notificación de la referida Resolución se ve obligado a utilizar el Recurso de Alzada como medio de defensa ante la arbitrariedad de la Administración Tributaria. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En contraposición, la Administración Tributaria indicó que al momento de emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional, consideraron los pagos efectuados el 29 de abril de 2019 por el importe de Bs17.948 mediante Boleta de Pago 1000 con número de orden 7987104802, quedando un saldo pendiente de pago de Bs170.000.- emitiéndose de esta manera el mencionado Auto Inicial de Sumario Contravencional por el importe señalado, acto que fue notificado el 10 de junio de 2019 conforme lo establecido en el art. 83 de la Ley 2492 modificada por la Ley 812 de 30 de junio de 2016, a efectos de que se proceda el pago del importe de la deuda tributaria conforme lo señalado en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), modificada por la ley 812. Asimismo, de la verificación realizada al Sistema Integrado de Recaudación Tributaria SIRAT-II evidencia que el contribuyente procedió al pago parcial de la Deuda Tributaria en fecha 30 de mayo de 2019 por el importe de Bs50.217.- mediante Boleta de Pago 1000 con numero de orden 7988047807, y no efectúa el pago total de la misma, y habiendo transcurrido los plazos otorgados y no haber pagado el total de la deuda tributaria más la sanción por omisión de pago, se emitió la Resolución Sancionatoria 181979001476 de 19 de julio de 2019, sancionando al contribuyente con el importe de 52.162 UFV’s.- por la omisión de pago de la declaración jurada F-500 con número de orden 7985379485 correspondiente al IUE del periodo fiscal 12/2018, adecuando su conducta a lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, la Administración Tributaria advierte que sus actuaciones se encuentran enmarcadas en la Ley y de acuerdo a procedimientos legalmente establecidos. 

Con relación a los argumentos que no se consideraron sus pagos al momento de emitir la Resolución Sancionatoria, advierte que fueron reconocidos los pagos efectuados dentro de los diez (10) días de notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, configurándose dichos pagos como arrepentimiento eficaz conforme lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), y que al haber quedado un saldo a favor del fisco se procedió a sancionar conforme lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB). 

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Asimismo, respecto a que con el pago efectuado el 23 de agosto de 2015 habría quedado extinguida la deuda tributaria, la Administración Tributaria señala que el pago total del tributo omitido fue realizado con posterioridad a las actuaciones de la Administración Tributaria, dando continuidad al proceso sancionador por la 21 de 27 

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contravención de omisión de pago, habiéndose notificado de forma personal al contribuyente el 15 de agosto de 2019 con el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331979002091, al haberse constituido en título de ejecución tributaria la Resolución Sancionatoria 181979001476 de 19 de julio de 2019. 

En ese contexto, advirtió que al haberse emitido el Auto Inicial de Sumario Contravencional en virtud de que el contribuyente al presentar su declaración jurada con saldo a favor del fisco y no cancelar la misma, determinó la deuda tributaria de acuerdo al art. 93 de la Ley 2492 (CTB) y al no haber procedido al pago del impuesto autodeterminado por el mismo incumplió con lo establecido en el art. 70 núm. I del mismo cuerpo legal convirtiéndose automáticamente la declaración jurada en Título de Ejecución Tributaria. Asimismo, la recurrente incurrió en la contravención de omisión de pago al no haber pagado la totalidad de la deuda tributaria por el Auto Inicial de Sumario Contravencional de acuerdo a lo dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

En consecuencia, expresó que no se habría vulnerado los derechos a la defensa de la recurrente o falta de consideración de sus pagos en la Resolución Sancionatoria legalmente emitida por la suscrita Administración Tributaria. 

En principio es importante recordar que nuestra legislación tributaria a través de la Ley 2492 (CTB) en su art. 70 núm. 1, prevé que, entre las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, está la determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la administración, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. Por su parte, el art. 47 del mismo cuerpo legal establece que la deuda tributaria es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, que está constituida por el tributo omitido, las multas cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda y los intereses; así, también el art. 8 del DS 27310 (RCTB), señala que la deuda tributaria se configura al dia siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Así también, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones normativas; asimismo, el art. 160, num. 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone que es una contravención tributaria, la omisión de pago, que de acuerdo con el art. 165 de la norma citada se halla tipificada como: “el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria”. Concordante con lo señalado, el art. 42 del DS 27310 prevé: “La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda”. 

Asimismo, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), establece las reducciones de las sanciones pecuniarias establecidas conforme al siguiente criterio “1. El pago de día deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquiernotificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el sesenta (60%) por ciento y 3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el cuarenta (40%) por ciento. 

Por su parte, el parágrafo V art. 2 de la Ley 812, que modifica el primer párrafo del art. 157 (Arrepentimiento Eficaz) de la Ley 2492 (CTB), expresa que; “Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente”. Así también, la misma Ley 812 en el punto 1 de 23 de 27 

Justicia tributaria para vivir bien 

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la Disposición Transitoria Primera prevé que se aplicaran los siguientes incentivos; 1. Sin multa por arrepentimiento eficaz según el artículo 157 del Código Tributario Boliviano modificado por la presente Ley, cuando se traten de deudas tributarias determinadas por el sujeto pasivo o que se encuentren en procesos de fiscalización, verificación o determinación de oficio hasta el décimo día de notificada la vista de cargo, 2. Con una rebaja del ochenta por ciento (80%) de la multa por omisión de pago en las deudas tributarias en procesos de determinación, después de los diez días de notificada la vista de cargo y hasta antes de la impugnación de la Resolución Determinativa (…)”. 

En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes administrativos se tiene que la recurrente presentó la Declaración Jurada del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) F-500, con número de autorización 7985379485, del periodo fiscal diciembre de 2018, determinando un saldo a favor del fisco no pagado de Bs187.948- (fs. 4 de antecedentes); seguidamente, el 29 de abril y 30 de mayo de 2019, la recurrente mediante Boletas de Pago F-1000 realizó pagos direccionado al F-500 con número de autorización 7985379485, por un importe de Bs17.948 y Bs50.217.- respectivamente (fs. 19 y 20 de antecedentes), emergente de ello, el 10 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 311979001531, de 30 de mayo de 2019, el cual resuelve instruir el inicio de Sumario Contravencional en contra del contribuyente ALPROBOL AGRO SRL, de conformidad a lo establecido por el art. 168 del Código Tributario Boliviano, al haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago, por el importe determinado y no pagado en la Declaración Jurada F-500, con número de Orden 7985379485, correspondiente al Impuesto Sobre la Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal diciembre de 2018, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310, cuya sanción equivale a la suma de 73.897 UFV’s.- (Setenta y tres mil ochocientos noventa y siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), otorgándole el plazo de veinte (20) días para que presente descargos u ofrezca pruebas (fs. 9-10 y 11 de antecedentes). 

Posteriormente, el 31 de julio de 2019, la recurrente mediante Boleta de Pago F-1000 realizó un pago direccionado al F-500 con número de autorización 7985379485, por un importe de Bs79.989.-, de los cuales Bs70.000.- corresponden al importe de la 24 de 27

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

deuda, Bs267.- al mantenimiento de valor y Bs722.- a los intereses (fs. 21 de antecedentes). 

Finalmente, el 15 de agosto de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria 181979001476, de 19 de julio de 2019, la cual resolvió sancionar a la empresa ALPROBOL AGRO SRL, con una multa de 52.162.- UFV’s equivalente a Bs120.344.- (Ciento veinte mil trescientos cuarenta y cuatro 00/100 Bolivianos), por omisión de pago de la Declaración Jurada F-500 con número de orden 7985379485 correspondiente al Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal diciembre de 2018, importe que se constituye el equivalente al 100% del tributo omitido al vencimiento del décimo día de notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional, de conformidad a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 (fs. 14-15 y 17 de antecedentes). 

En ese contexto, con relación a lo argumentado por la recurrente de que el pago realizado el 31 de julio de 2019, no habría sido considerado por la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria; al respecto se tiene que la entidad recurrida procedió a la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional -el 10 de junio de 2019- el cual sanciona a la recurrente con la multa de omisión de pago por un saldo pendiente de Bs187.948.- equivalente a 73.897.-UFV’s, de la misma compulsa se evidenció que la recurrente efectuó tres pagos parciales que fueron direccionados al tributo autodeterminado con número de orden 7985379485 de la Declaración Jurada F-500 periodo diciembre de 2018 en fechas 29 de abril de 2019, 30 de mayo de 2019 y el último realizado el 31 de julio de 2019 por Bs79.989 (fs. 19- 21 de antecedentes), en tal sentido, la entidad recurrida a momento de emitir la Resolución Sancionatoria N° 181979001476 de 19 de julio 2019, consideró los pagos efectuados el 29 de abril y 30 de mayo de 2019 y determinó la sanción por el importe de 52.162 UFV’s equivalente a Bs120.344 y aplicó lo dispuesto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) respecto al arrepentimiento eficaz, toda vez que los pagos fueron realizados antes de la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional. Por 

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consiguiente, el pago realizado el 31 de julio de 2019, si bien no fue considerado a momento de la emisión de la Resolución Sancionaría impugnada, puesto que la misma fue emitida el 19 de julio de 2019 y notificada el 15 de agosto de 2019, no obstante, de conformidad a lo establecido por la máxima instancia administrativa a 25 de 27 

Justicia tributaria para vivir bien 

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través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0595/2020 de 3 marzo de 2020, no se incurrió en omisión por falta de fundamentación en la emisión de la Resolución Sancionatoria, toda vez que consideró todos los antecedentes pertinentes producidos hasta el momento de su emisión. 

Por consiguiente, toda vez que para que proceda el arrepentimiento eficaz alegado, de acuerdo al art. 157 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, se debió realizar el pago de la deuda tributaria hasta el décimo día de notificado el Auto Inicial; sin embargo, de los hechos se advierte, que el pago referido por la recurrente, fue efectuado de forma posterior a dicho plazo, por lo que, en efecto, no corresponde su consideración en el marco de las disposiciones referidas al beneficio del acogimiento al arrepentimiento eficaz. Lo mismo ocurre con el pago efectuado el 23 de agosto de 2019, con el cual habría quedado extinguida la deuda tributaria, mismo que fue realizado de manera posterior a la notificación de la Resolución Sancionatoria -15 de agosto de 2019-, por lo que, tampoco, corresponde se considere a los efectos del arrepentimiento eficaz, consecuentemente, al advertirse que la recurrente incumplió con el pago total de la deuda tributaria auto determinada en la Declaración Jurada F 500 dentro del plazo establecido por el IUE del periodo fiscal diciembre de 2018, adecuó su conducta a la contravención de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que señala que, el que no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. 

Por todo lo expuesto, al no haberse acreditado el pago de la obligación tributaria, en el plazo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, que permita que la recurrente se acoja al beneficio del arrepentimiento eficaz, al no haberse desvirtuado la conducta de omisión de pago atribuida por la entidad recurrida, prevista y sancionada por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria 181979001476 de 19 de julio de 2019. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 26 de 27

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 181979001476, de 19 de julio de 2019 emitida por la Gerencia (GRACO) Santa Cruz de SIN, conforme a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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DKSP/ccav/cmmf/acq/rsv/faag RIT-SCZ/RA 0453/2020 

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