ARIT-SCZ-RA-0409-2020 No corresponde a la ARIT determinar la prescripción si no existen los antecedentes

ARIT-SCZ-RA-0409-2020

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0409/2020 

Recurrente 

: Wilson Jesús Dorado Salas. 

Administración Recurrida 

: Gerencia Distrital Santa Cruz ll del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Gonzalo Suarez Virreira. 

Acto Impugnado 

: Resolución Administrativa No 

232076000006 de 07 de enero de 2020. 

Expediente N° 

: ARIT-SCZ-0165/2020. 

Lugar y Fecha 

: Santa Cruz, 27 de julio de 202

VISTOS : 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0409/2020 de 27 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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Dolly A. Salata Perez 

  1. I

Acto Administrativo impugnado 

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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La Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de enero de 2020, que resolvió 

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MANAGE 

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rechazar la solicitud de prescripción de la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas detalladas en los cuadros expuestos en el acto impugnado, solicitada por el 

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III

I 111 

contribuyente Dorado Salas Wilson Jesús con NIT 1535658018, mismas que, no se encuentran prescritas, de conformidad a la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, que en su num. 4 del parágrafo | art. 59 y el parágrafo || art. 60 de la citada Ley; por lo que, señaló que las acciones de la Administración tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios se encuentran firmes y subsistentes en aplicación de la normativa y en ese sentido el acto impugnado, dispuso que el término de prescripción, NO HA OPERADO, encontrándose vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, análisis que indicó es coincidente con lo manifestado en las Resoluciones Jerárquicas AGITRJ N° 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, emitidas por la Autoridad General de impugnación Tributaria, de conformidad a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo I num. 4) y art. 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), por lo que determinó que corresponde continuar con el proceso de ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1 Argumentos del Recurrente. 

Wilson Jesús Dorado Salas, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 05 de febrero de 2020 (fs. 9-15 vta., del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de 

enero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando 

lo siguiente: 

11.1.1 Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa. 

El recurrente manifestó que la doctrina nacional, señaló que las Resoluciones que dicten tanto las autoridades jurisdiccionales como administrativas deben cumplir ciertos requisitos en pro de resguardar el debido proceso, entre ellos se encuentra la congruencia de las Resoluciones, es decir debe guardar relación lo pedido con lo resuelto, sin embargo la Administración Tributaria solo negó la prescripción de siete (7) Declaraciones Juradas, cuando en su memorial de solicitud de prescripción solicitó la prescripción sobre 13 Declaraciones Juradas, omitiendo pronunciarse sobre 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

seis (6) declaraciones juradas, dicho extremo se puede verificar en el memorial de solicitud de prescripción y en la Resolución impugnada. 

En resguardo de las garantías constitucionales, citó la Sentencia Constitucional 1534/2003-R de 30 de octubre, cuyo entendimiento fue recogido en la Sentencia Constitucional 0375/2010R de 22 de junio, así también la Sentencia Constitucional 2026/2010-R de 9 de noviembre. 

tributaria 

y errónea 

II.1.1. Prescripción de la facultad de ejecución interpretación y aplicación de la Ley. 

El recurrente transcribió los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) e indicó que la prescripción empezó a computarse desde el siguiente día de presentada la declaración jurada, sin embargo la Administración Tributaria asumió una errónea interpretación y aplicación de la Ley, pues indicó que la prescripción comenzó a computarse desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, entendiendo la 

inistración tributaria que dichos títulos de ejecución tributaria vienen a ser los PIET, empero el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), consignó que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente; y agregó que del estudio completo de dicho artículo, enumera una serie de actos administrativos que son títulos de ejecución tributaria, sin embargo ninguno de ellos viene a ser el PIET como indicó la Administración Tributaria

Por otra parte, también adujo que las declaraciones juradas son de distintas gestiones, entre ellas están las de la gestión 2004 hasta las de la gestión 2012

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2016

Dolly . faidal Perez 

considerando que la prescripción empieza al día siguiente de presentada la 

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declaración jurada que no fue pagada, en consecuencia todas estas declaraciones 

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juradas prescribieron como máximo en la gestión 2016, es decir pasados los 4 años que tenia la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria

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En respaldo a su análisis citó la Sentencia No 35/2017 de 20 de marzo de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, y solicitó que en aplicación de las normas legales vigentes al 

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momento de presentadas las declaraciones juradas, debe declararse la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del SIN. 

Además agregó que las Resoluciones de Alzada y Jerárquico emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria, sostienen una posición ernea de la Administración Tributaria, de que la prescripción se computa desde la notificación con el PIET al ser el mismo título de ejecución tributaria del que habla el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo existen Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que corrige este actuar, señalando de forma clara, precisa y sobre todo legal, que la prescripción de las DDJJ se computa desde el siguiente día que las mismas fueron presentadas y que además el PIET no es un título de ejecución tributaria rece por el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), por tanto es ilegal manifestar que la prescripción se computa desde la notificación del PIET, más aun considerando, que hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional, vale decir en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0566/2018-S1 de 1 de octubre de 2018. ordena a la AIT a cumplir las 

sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en casos similares a este como en otros

Por lo expuesto, solicitó se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Resolución Administrativa 232076000006, inclusive con el objeto que la Administración tributaria emita una nueva, pronunciándose sobre todas las cuestiones planteadas o en su defecto emita Resolución revocando la Resolución impugnada. 

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 11 de febrero de 2020 (fs. 16 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de enero de 2020, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 09 de diciembre de 2019 (fs. 27-36. del 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo 

en todas sus partes y manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Respecto a la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa

La Administración Tributaria basada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0666/2012-R de 2 de agosto de 2012 y art. 28 de la Ley 2341 (LPA), adujo que de la revisión de la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de enero de 2020, evidenció que este acto señala como datos el nombre del contribuyente, el registro tributario, domicilio fiscal y referencia; posteriormente detalló las Declaraciones juradas presentadas y no pagadas, así como los periodos y gestión observados, el tributo omitido declarado y no pagado, así como los periodos y gestión observados, y el tributo omitido declarado y no pagado a la fecha de vencimiento, es decir la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de enero de 2020, señaló con total claridad los motivos por los que no corresponde la prescripción invocada por el recurrente, además el acto impugnado fue legalmente notificado el 16 de enero de 2020, prueba de ello es que el recurrente ahora está impugnando el acto. Por lo que es evidente que lo único que busca el recurrente es no cumplir con sus obligaciones tributarias 

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Agregó la Administración Tributaria que con relación a las 6 DDJJ extrañadas por el ahora recurrente, fueron consideradas por la Resolución impugnada, en el cual saló: “...se procedió la revisión de los procesos de ejecución cursantes en el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz II, de la cual no se evidencia el inicio de la Ejecución Tributaria sobre los fiscales mencionados por el contribuyente, razón por la cual no se emitirá pronunciamiento respecto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, toda vez que la misma no se hubiera iniciado la ejecución tributaria...f...); puesto que la prescripción de la facultad de cobro y/o ejecución tributaria solicitada por el sujeto pasivo no ha operado“, por lo que, para que la Administración Tributaria se pronuncie 

sobre la procedencia o no de la prescripción, el solicitante deberá identificar las 

acciones efectuadas o presentar el documento mediante el cual se le haya iniciado

instaurado algún proceso de control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización determinación de deuda tributaria, imposición de sanciones administrativas o ejecución tributaria; requisito establecido en el inc. c) art. 74 del DS 

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27113 (RLPA), puesto que hasta la fecha la Administración Tributaria no inició proceso alguno por las referidas DDJJ. 

Por lo que la Resolución impugnada, se encuentra debidamente motivada

fundamentada, toda vez que en el mismo se enseñan los motivos que sustentan su decisión a través de una exposición de los hechos establecidos, la problemática 

planteada y la normativa legal aplicable. 

11.3.2. Respecto a la facultad de ejecución tributaria y la errónea interpretación y aplicación de la Ley. 

La Administración Tributaria manifestó que los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria cuyos hechos generadores tuvieron origen durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), el art. 59, que señala: “/. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración tributaria para: (…). Ejercer su facultad de ejecución tributaria”; asimismo el art. 60: “...el termino se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria”, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años y el mismo se computará desde el primer día del mes siguiente a la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria

Agregó que la norma adolece de un vacío legal, pues no hace mención a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, por lo que, 

aplicar el Código Civil respecto a los efectos de la constitución en 

mora del deudor, que por analogía será admitida para llenar vacíos legales, en este entendido el art. 1503 establece: “). La prescripción se interrumpe por un (…) decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, (…) II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”; asimismo el art. 1493 señala: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese entendido indicó que la Administración Tributaria nunca dejó de ejercer sus facultades de ejecución a efecto de recuperar los adeudos tributarios, por lo que procedió a aplicar medidas de cobro coactivo, solicitando información sobre la existencia de inmuebles o vehículos que pudieran existir a nombre del contribuyente, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

de igual forma se solicitó la retención de fondos (ASFI) y posterior remisión de dinero 

que pudiera tener, hasta cubrir el total de lo adeudado por la contribuyente. 

También señaló que durante las gestiones 2012, 2015, 2016 y 2017, no dejó de ejercer sus facultades de cobro coactivo, pues aplicó las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), en el cual solicitó información a Derechos Reales sobre la propiedad de bienes inmuebles de propiedad del sujeto pasivo, retención de fondos de las cuentas bancarias interrumpiendo de esta manera el computo de la prescripción, debiendo comenzar a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

Finalmente adujo que ejerció sus facultades de ejecutar la deuda tributaria determinada toda vez que la misma es imprescriptible ante la emisión de un título de ejecución tributaria notificados de manera posterior a la promulgación de la Ley 291 y 317, sin que hubiera operado prescripción alguna, encontrándose vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, en respaldo citó lo manifestado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012. Y con relación a la Sentencia 35/2017 de 20 de marzo de 2017 mencionada por el recurrente indicó que la misma no constituye fuente de derecho tributario conforme al art. 5 de la Ley 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0566/2018 de 01 de octubre de 2018, la misma versa sobre la falta de fundamentación de la Resolución Jerárquica objeto de dicho proceso cor puesto que la misma no expresaría las normas o motivos para la no aplicación de la Sentencia Constitucional 1169/2016 DE 26 de octubre y por parto no se refiere a la aplicación de jurisprudencia ordinaria, no siendo aplicable al proceso

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de enero de 2020, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz Il del SIN. 

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11.4 Apertura de término probatorio 

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Mediante Auto de 05 de marzo de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practico tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 11 de marzo de 2019 (fs. 31-32 del expediente)

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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 15 de junio de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 19 de marzo de 2020, ratificó todas las pruebas pre constituidas presentadas mediante memorial de contestación al Recurso de Alzada, correspondiente a la Resolución Administrativa No 232076000006 de 17 de enero de 2020 (fs. 33-33 del expediente). 

Por su parte, el recurrente dentro del plazo señalado, no presentó ni ratificó pruebas. 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo || de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 10 de julio de 2020, la Administración Tributaria el 26 de junio de 2020, mediante memorial presentó alegatos en conclusión, reiterando los argumentos 

expuestos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 42-43 vta., del expediente)

Por su parte, el recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

III.1 Antecedentes de hecho

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

PROVEÍDO DE INICIO DE EJECUCION TRIBUTARIA No 27-0003308-12 

III.

El 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó de manera personal a Dorado Salas Wilson Jesús con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 270003308-12 de 09 de julio de 2012, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la declaración jurada del Form. 500, con Orden N° 8692859461, de 30 de abril de 2009, correspondiente al periodo diciembre de 2008, por el monto de Bs 10.868.- (Diez mil ochocientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos), dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificaciór, con el Proveido, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme 

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III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 8-9 de antecedentes c. I)

II.

El 18 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero el CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/7292/2012 de 23 de noviembre de 2012, en el cual solicitó la retención de fondos de Dorado Salas Wilson Jesús con CI 1535658SC (fs. 10 de antecedentes, c. 1)

PROVEÍDO DE INICIO DE EJECUCION TRIBUTARIA No 27-0001242-13 

III.

El 19 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Dorado Salas Wilson Jesús con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-0003035-12 de 10 de septiembre de 2012, en el cual resolvió iniciar el Sumario Contravencional, al haberse evidenciado que no 

realizó el pago de la deuda tributaria determinada por el mismo después de haber sido notificado con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) mencionado precedentemente, emergente de la declaración jurada Form. 500, con Orden N° 8692859461, del periodo dic2008, adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción según la normativa corresponde al cien por ciento (100%) del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, suma que deberá ser actualizada a la fecha de pago, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 34-36 de antecedentes). 

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El 05 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó de manera personal a Dorado Salas Wilson Jesús con la Resolución Sancionatoria No 18 0000748-12 de 26 de octubre de 2012, en el cual sancionó al contribuyente Dorado Salas Wilson Jes, por haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago al presentar la Declaración Jurada F500 con Orden 8692859461, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE), del periodo diciembre de 2008, sin realizar el pago del impuesto autodeterminado, adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), y 

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42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción según la normativa corresponde al cien por ciento (100%) del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda a la fecha de vencimiento, que expresado en moneda nacional asciende a la suma de Bs 10.868.- (Diez mil ochocientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos) (fs. 37-40 de antecedentes, c. 1). 

III.3 

El 07 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0001242-13, en el cual comunicó que estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria, la Resolución Sancionatoria N° 918/2012 de 26 de octubre de 2012, con origen en el PIET 3308/2012, la Declaración Jurada Form. 500, con Orden N° 8692859461, de 30 de abril de 2009, correspondiente al periodo diciembre de 2008, por el monto de Bs 10.868.-, se dará inicio a la Ejecución Tributaria, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptaran y ejecutarán las medidas coactivas, conforme se establece el art. 110 de la Ley : 2492 (CTB) (fs. 42 de antecedentes, c. I)

PROVEÍDO DE INICIO DE EJECUCION TRIBUTARIA No 33-0013061-13 

III.1 

El 05 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a Dorado Salas Wilson Jesús, con el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria (CITE: SIN/GDSCZ-I/DJCC/UCC/PIET/06064/2013) N° 33-0013061 13 de 18 de noviembre de 2013, en el cual comunicó que estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria, la Declaración Jurada Form. 500, con Orden N° 1774176, de 28 de abril de 2010, correspondiente al periodo diciembre de 2009, por el monto de Bs3.164.- (Tres mil ciento sesenta y cuatro 00/100 bolivianos), se dará inicio a la Ejecución Tributaria, al tercer 

día de su legal notificación con el proveido, a partir del cual se adoptaran y ejecutarán las medidas coactivas, conforme se establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 47-51 de antecedentes, c. 1). 

III.

El 05 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notifico mediante céduia a Dorado Salas Wilson Jesús con el Auto inicial de Sumario Contravencional N° 31-001608-13 de 29 de noviembre de 2013, en el que resolvió iniciar el Sumario Contravencional, al haberse evidenciado que no 

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ILDINNI 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

realizó el pago de la deuda tributaria determinada por el mismo, después de haber sido notificado con el proveido de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET), emergente de la Declaración Jurada F500 con Orden N° 1774176, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, del periodo de diciembre de 2009, adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción según la normativa corresponde al cien por ciento (100%) del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, suma que deberá ser actualizada a la fecha de pago, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 5253 y 65 de antecedentes, c. 1)

III.3 

El 30 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notifico mediante 

cédula a Dorado Salas Wilson Jesús, con la Resolución Sancionatoria N° 18 

0000531-13 de 27 de diciembre de 2013, que resolvió sancionar al contribuyente, por haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago al presentar la declaración jurada F500 con Orden N° 1774176, correspondiente al IUE, del periodo diciembre de 2009, sin realizar el pago del impuesto autodeterminado, adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción según la normativa corresponde al cien por ciento (100%) del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda a la fecha de vencimiento, que expresado en moneda nacional asciende a la suma de Bs3.164.- (Tres mil ciento sesenta y cuatro 00/100 Bolivianos) (fs. 70 y 7274 de antecedentes, c. 1)

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PROVEÍDO DE INICIO DE EJECUCION TRIBUTARIA N° 763300130514 

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El 13 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a Dorado Salas Wilson Jesús, con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300130514 de 18 de agosto de 2014, en el cual comunicó que estando firmes y ejecutoriados los Titulos de Ejecución Tributaria, detallados a continuación

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CER 

Net 

audac

eigas 

MANAGEW 

SYSTEM 

VE

butaria

11 de 41 

NB/ISO 9001 

Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 • www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

TIL

III IL

NILI 

UT NI 

Sigla 

Form. 

Importe Bs

IV

Orden de la 

DDJJ 12140245 12102729 11575522 12102462 

200 400 400 400 

periodo 

fiscal may-10 may10 feb10 jun10 

Fecha de presentación 22/06/2010 

22/06/2010 | 16/03/2010 

21/07/201

IT 

Bs6,752. B$18,415. B38,438. Bs4,614. 

IT 

Se dará inicio a la Ejecución Tributaria, al tercer día de su legal notificación con el Proveido, a partir del cual se adoptaran y ejecutarán las medidas coactivas, conforme se establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 4 del DS 27874, hasta el pago total de las deudas tributarias, que deberán ser actualizadas al momento del pago de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), asimismo se hace conocer que se reconocerán previa verificación, justos y legales los pagos que hubieren efectuado direccionado a cada declaración jurada (fs. 109 y 115 de 

antecedentes, c. I)

III.

El 17 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a Dorado Salas Wilson Jesús con el Auto inicial de Sumario Contravencional N° 763100187914 de 10 de noviembre de 2014, en el que resolvió instruir el inicio del Sumario Contravencional, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago de las declaraciones juradas descritas a continuación: 

Orden de la 

Sigla 

Form. 

DDJ

IVA 

200 400 

400 400 

Periodo 

fiscal may-10 may10 feb-10 jun-10 

12140245 12102729 11575522 12102462

IT 

Fecha de 

Importe Bs. presentación 

22/06/2010 | B36,752. 22/06/2010 Bs 18,415

16/03/2010 Bs 8,438. | 21/07/2010 | Bs 4,614.-

IT _IT 

Por el importe no pagado de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 116-117 y 121 de antecedentes, c. I). 

12 de 41 

II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

II.

El 22 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal a Dorado Salas Wilson Jesús, con la Resolución Sancionatoria No 761800146714 de 12 de diciembre de 2014, que resolvió sancionar al contribuyente, con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 763100187914 por 24.802UFVs, equivalente a Bs38.219.- (Treinta y ocho mil doscientos diecinueve 00/100 bolivianos), por la 

contravención de omisión de pago de las declaraciones juradas no pagadas o 

pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 8 y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 124-125 y 127 de antecedentes, c. 1)

111.

El 11 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria notificó de manera personal a Dorado Salas Wilson Jesús, con el proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300356916 de 19 de octubre de 2016, en el que comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria No 761800146714 de 12 de diciembre de 2014, emergente del AISC No 763100187914; por la suma líquida y exigible de 24.802 UFV’s equivalente a Bs49.818.– (Cuarenta y nueve mil ochocientos dieciocho 00/100 bolivianos), y conforme a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día hábil siguiente de su legal notificación con el proveído, a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492, concordante con el art. 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, que deberá ser actualizada al momento del pago de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), asimismo se hace conocer que se reconocerán previa verificación, justos

impugnacio 

Region 

Nahi Pere

legales los pagos que hubiere efectuado (fs. 160-161 de antecedentes, c. 1). 

soze 

afaq 

iso 900

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

PROVEÍDO DE INICIO DE EJECUCION TRIBUTARIA N° 763300642215 y 

763300643115 

FI

CE

mpugnac 

MANAGE 

SYSTEM 

WANT 

195 

ularla 

111.

El 03 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notifico mediante cédula el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria 763300642215 de 11 de 

13 de 41 

NB/ISO 9001 

Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N° 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (5913) 3391027 3391030 • www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

noviembre de 2015, en el que comunicó que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas detalladas a continuación

Sigla 

Form. 

IT 

I

156 156 156 156 

IT 

156 

IT IT 

156 200 200 

Orden de la 

DDJJ 13405121 13434262 13405148 13434261 14094996 10987485 4327669 1834825 2430784 2137410 2585211 1813520 4698733 470259 1820901 

IVA IVA IVA IVA IT IT 

Periodo 

fiscal sep-05 abr-05 oct05 dic-05 feb06 abr-04 dic-07 oct06 dic-06 ene-07 ene-07 dic-06 dic-07 jun-06 oct06 

Fecha de 

Importe Bs. presentación 

19/10/2005 4,299. 23/01/2006 3,516. 21/12/2005 840. 23/01/2006 2,270. 21/03/2006 4,175. 13/05/2004 3,149. 21/01/2008 4,860. 20/11/2006 610. 22/01/2007 127. 21/02/2007 238. 21/02/2007 1 3,893. 22/01/2007 13,869. 21/01/2008 32,218. 21/07/2006 4,304. 20/11/2006 4,627

200 

200 400 400 400 400 400L 400 

IT IT 

Se dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día de su legal notificación con el proveido, a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, que deberán ser actualizadas al momento del pago de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), asimismo hizo conocer al sujeto pasivo que se reconocerán previa verificación, justos y legales los pagos que hubiere efectuado direccionado a cada declaración jurada (fs. 230 y 234 de antecedentes, c. II)

En la misma notificación, la Administración Tributaria notificó el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300643115 de 11 de noviembre de 

2015, en el que comunicó que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas detalladas a continuación: 

14 de 41 

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

hun 

Sigla 

Form. 

Importe Bs. 

1,323. 

IVA IVA IVA IVA IVA IV

24,560. 1,692. 2,193

IT 

200 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400 

Orden de la 

DDJJ 10468049 8527654 6707245 3021038 10827338 10835998 5934713 10824666 4754554 8476118 9963374 3267989 9960996 10448086 10811918 10817239 

periodo Fecha de 

fiscal 

presentación sep-09 19/10/2009 dic08 | 21/01/2009 jul-08 20/08/2008 may-08 | 23/06/2008 nov-09 17/12/2009 dic-09 20/01/2010 mar08 21/04/2008 nov09 17/12/2009 jul08 | 20/08/2008 dic08 21/01/2009 jun-09 21/07/2009 may08 23/06/2008 may09 19/06/2009 sep-09 19/10/2009 dic-09 20/01/2010 oct-09 23/11/2009 

IT 

IT 

IT 

5,788. 5,822. 2,013. 10,767. 52,805. 2,125. 12,433. 1,711. 5,673. 14,470. 

  1. 90

11a

IT IT 

400 

400 

Se dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día 

de su legal notificación con el proveido, a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, que deberán ser actualizadas al momento del pago de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), asimismo hizo conocer al sujeto pasivo que se reconocerán previa verificación, justos y legales los pagos que hubiere efectuado direccionado a cada declaración jurada (fs. 231 y 234 de antecedentes, c. II). 

III.2 

Ugna

ad Hea 

ho 

ve Vaillar Pere

afaq 

  1. cz

El 22 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 763100083816, en el cual resolvió instruir el Inicio de Sumario Contravencional en contra del contribuyente Dorado Salas Wilson Jesús con NIT 1535658018 de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de pago, por el importe no pagado de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310, en las declaraciones que se detalla a continuación: 

ISO 900

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

TIF 

CE

E

Net 

laai de imoun 

MANAGER 

Ugna

SYSTEM 

Claudia C. 

CU

suden 

Arze Warsas 

15 de 41 

NB/ISO 9001 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado No 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 • www.ait.gob.bo. Santa Cruz, Bolivia 

I

11 

11 

IT 

Orden de la Sigla Form. 

DDJJ 15

1340512

156 13434262 IT 

156 13405148 IT 

15

1343426

156 14094996 IT 

156 10987485 IVA 

200 

4327669 IVA 

200 

1834825 

IVA 

200 

2430784 

IV

2137410 

2585211 400 

1813520 

400 

4698733 400 

470259 

400 1820901 (fs. 240242 de antecedentes, c. II)

Periodo 

fiscal sep-05 abr-05 oct-05 dic05 feb-06 abr04 dic-07 Oct-06 dic 06 ene-07 ene07 dic-06 dic-07 jun06 oct06 

Fecha de 

Importe Bs. presentación | 19/10/2005 14,299

23/01/2006 3,516. 21/12/2005 | 840. 23/01/2006 2,270. 21/03/2006 4,175. – 13/05/2004 3,149. 21/01/2008 4,860. 20/11/2006 610. 22/01/2007 127. 21/02/2007 21/02/2007 3,893. 22/01/2007 13,869. 21/01/2008 32,218. 21/07/2006 4,304. 20/11/2006 4,627

  1. 23

200 400 

I

IT 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 763100083916, en el cual resolvió instruir el inicio de Sumario Contravencional en contra del contribuyente Dorado Salas Wilson Jesús con NIT 1535658018 de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de pago, por el importe no pagado de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310, en las declaraciones que se detalla a continuación: 

Sigla 

Form

IVA 

IVA IV

IV

IVA IVA 

200 200 200 200 200 200 400 400 400 

400 400 

400 400 

400 400 400 

Orden de la 

DDJJ 10468049 8527654 6707245 3021038 10827338 10835998 5934713 10824666 4754554 8476118 9963374 3267989 9960996 10448086 10811918 10817239 

periodo 

fiscal sep-09 dic08 jul08 may08 nov09 

dic09 mar08 nov09 jul-08 dic08 jun09 may-08 may-09 sep-09 dic-09 oct0

Fecha de 

Importe Bs. presentación 

19/10/2009 1,323. 21/01/2009 24,560. 20/08/2008 1,692. 23/06/2008 2,193. 17/12/2009 368. 20/01/2010 5,788. 21/04/2008 5,822. 17/12/2009 2,013. 20/08/2008 1 10.767.. 21/01/2009 52,805. 21/07/2009 2,125. 23/06/2008 1 12,433. 19/06/2009 1,711. 19/10/2009 5,673

20/01/2010 14,470. | 23/11/2009 90. 

16 de 41 

IT 

IT 

IT 

A

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

we 

(fs. 264266 de antecedentes, c. II)

PROVEIDO DE INICIO DE EJECUCION TRIBUTARIA No 76330075881

III.1 

El 30 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300758816, mediante el cual le comunicó que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas, detalladas a continuación

Sigla 

Form. 

Importe Bs 

IVA IVA IT IT TUE TUE 

200 200 400 400 500 500 

Orden de la 

DDJJ 13416617 8689579283 

12769987 8689579284 8 681241664

1765862

periodo | Fecha de 

fiscal presentación ene-11 | 21/02/2011 dic10 | 21/01/2011 ene-11 | 21/02/2011 dic10 | 21/01/2011 dic-11 02/05/2012 dic-10 03/05/2011 

1,250. 2,223. 4,688. 7,203. 1,136. 5,034. 

1

Se dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día 

de su legal notificación con el proveido, a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, que deberán ser actualizadas al momento del pago de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), asimismo hizo conocer al sujeto pasivo que se reconocerán previa verificación, justos y legales los pagos que hubiere efectuado direccionado a cada declaración jurada (fs. 344 de antecedentes, c. II)

TA 

impugila 

edion 

Doin 

payyar Perez

POTOM JONES 

III.

afaq ISO 900

El 24 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notifico mediante cédula el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311776005445 de 01 de 

noviembre de 2017, en el cual resolvió instruir el inicio de Sumario Contravencional en contra del contribuyente Dorado Salas Wilson Jesús con NIT 1535658018 de conformidad a lo establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de pago, por el importe no pagado de acuerdo a lo 

Calidad AFNOR CERTIFICATION 

TIF 

FI 

ID:20 

audio 

sugnacion 

GE

i vaigas 

10 Net 

Tributaria 

MANAGE 

SYSTEM 

17 de 41 

NB/ISO 9001 

Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (5913) 3391027 3391030 • www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

– 

establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310, en las declaraciones que se detalla a continuación: 

Orden de la periodo | Fecha de Sigla Form. 

Importe Bs. DDJJ fiscal presentación IVA 

200 13416617 ene-11 | 21/02/2011 1,250. 

IVA 

200 8689579283 dic-10 21/01/2011 2,223. IT 

400 12769987 ene-11 21/02/2011 4,688. IT 

400 8689579284 dic-10 | 21/01/2011 17,203. TUE 

500 8681241664) dic-11 02/05/2012 | 1,136. TUE 500 1765862 dic-10 | 03/05/2011 | 5,034. (fs. 345-347 y 350 de antecedentes, c. II)

III.

El 23 de agosto de 2019, Wilson Jesús Dorado Salas, mediante memorial indicó que en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales evidenció las Declaraciones juradas, quedando pendientes de pago las siguientes obligaciones tributarias detalladas a continuación: 

Sigla 

Form. 

fecha de vencimiento 

Importe Bs. 

Fecha de prescripcion 

156 

500 

500 200 400 

400 

400 200 200 400 400 500 500 

abr-04 dic-09 dic-08 may-10 may-10 feb-10 jun-10 ene-11 ene-10 ene-11 dic-10 dic-11 dic-10 

13/05/2004 13,149. 30/04/2010 3,164. 30/04/2009 10,868. 22/06/2010 6,752. 22/06/2010 18,415. 22/03/2010 8,438. 21/07/2010 4,614. 24/02/2011 1,250. 21/01/2011 2,223. 24/02/2011 4,688. 24/02/2011 7,203. 02/05/2012 1,136. 03/05/2011 5,034. 

14/05/2008 01/05/2014 01/05/2013 23/06/2014 23/06/2014 23/03/2015 22/07/2014 25/02/2015 22/01/2015 25/02/2015 25/02/2015 03/05/2016 04/05/2015 

Además señaló que la prescripción es de 4 años, tal cual prevé el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), y se computa desde el día siguiente a la presentación de la DDJJ., y no así desde los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria o PIET, ya que éste último es un simple Proveido y no así un título de ejecución 

18 de 4

– 

li 

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

tributaria, por lo que a la fecha todas las declaraciones juradas señaladas en el cuadro, se encuentra prescritas por el transcurso del tiempo y la inactividad de la Administración Tributaria, citó en respaldo la Sentencia No 35/2017 de 20 de marzo de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremos de Justicia (fs. 313-322 de antecedentes, c. II). 

III.4 

El 16 de enero de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de enero de 2020, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas detalladas en el cuadro expuestos en el acto impugnado, solicitada por el contribuyente Dorado Salas Wilson Jesús con NIT 1535658018, mismas que, no se encuentran prescritas, de conformidad a la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, que en su num. 4 del parágrafo I art. 59 y el parágrafo Il art. 60 de la citada Ley; por lo que, señaló que las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios se encuentran firmes y subsistentes en aplicación de la normativa y en ese sentido el acto impugnado, dispuso que el término de prescripción, NO HA OPERADO, encontrándose vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, análisis que indicó es coincidente con lo manifestado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ N° 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo I num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), por lo que determinó que corresponde continuar con el proceso de ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios. (fs. 324-328 de antecedentes c. II)

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

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El recurrente expuso como agravios: 1. Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa y 2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria y errada interpretación por aplicación de la Ley, misma que será dilucidadas a continuación

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IV.1 Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa. 

El recurrente manifestó que la doctrina nacional, saló que las Resoluciones que dicten tanto las autoridades jurisdiccionales como administrativas deben cumplir ciertos requisitos en pro de resguardar el debido proceso, entre ellos se encuentra la congruencia de las Resoluciones, es decir debe guardar relación lo pedido con lo resuelto, sin embargo la Administración Tributaria solo negó la prescripción de siete (7) Declaraciones juradas, cuando en su memorial de solicitud de prescripción solicitó la prescripción sobre 13 Declaraciones Juradas, omitiendo pronunciarse sobre seis (6) declaraciones juradas, dicho extremo se puede verificar en el memorial de solicitud de prescripción y en la Resolución impugnada

En resguardo de las garantías constitucionales, citó la Sentencia Constitucional 1534/2003-R de 30 de octubre, cuyo entendimiento fue recogido en la Sentencia Constitucional 0375/2010-R de 22 de junio, así también la Sentencia Constitucional 2026/2010-R de 9 de noviembre. 

En respuesta, la Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de alzada, basada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0666/2012-R de 2 de agosto de 2012 y art. 28 de la Ley 2341 (LPA), adujo que de la revisión de la Resolución Administrativa 232076000006 de 07 de enero de 2020, evidenció que éste acto señala como datos el nombre del contribuyente, el registro tributario, domicilio fiscal y referencia; posteriormente detalló las Declaraciones juradas presentadas y no pagadas, acomo los periodos y gestión observados, el tributo omitido declarado y no pagado, así como los periodos y gestión observados, y el tributo omitido declarado y no pagado a la fecha de vencimiento, es decir la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de enero de 2020, señaló con total claridad los motivos por los que no corresponde la prescripción invocada por el recurrente, además el acto impugnado fue legalmente notificado el 16 de enero de 2020, prueba de ello es que el recurrente ahora está impugnando el acto. Por lo que es evidente que lo único que busca el recurrente es no cumplir con sus obligaciones tributarias 

Agregó la Administración Tributaria que con relación a las 6 DDJJ extrañadas por el ahora recurrente, fueron consideradas por la Resolución impugnada, en el cual 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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señaló: “...se procedió la revisión de los procesos de ejecución cursantes en el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz II, de la cual no se evidencia el Inicio de la Ejecución Tributaria sobre los periodos fiscales mencionados por el contribuyente, razón por la cual no se emitirá 

pronunciamiento respecto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, toda vez que la misma no se hubiera iniciado la ejecución tributaria...(…); puesto que la prescripción de la facultad de cobro y/o ejecución tributaria solicitada por el sujeto 

pasivo no ha operado“, por lo que, para que la Administración Tributaria se pronuncie sobre la procedencia o no de la prescripción, el solicitante deberá identificar las acciones efectuadas o presentar el documento mediante el cual se le haya iniciado o 

instaurado algún proceso de control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización, determinación de deuda tributaria, imposición de sanciones administrativas o ejecución tributaria; requisito establecido en el inc. c) art. 74 del DS 27113 (RLPA), puesto que hasta la fecha la Administración Tributaria no inició 

proceso alguno por las referidas DDJJ. 

Por lo que la Resolución impugnada, se encuentra debidamente motivada y 

fundamentada, toda vez que en el mismo se enseñan los motivos que sustentan su decisión a través de una exposición de los hechos establecidos, la problemática 

planteada y la normativa legal aplicable. 

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Al respecto, el derecho al debido proceso, se encuentra íntimamente relacionado con la correcta fundamentación de hecho y de derecho, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Buenos Aires Argentina: Editorial “Heliasta SRL”, Nueva Edición 2006, Pág. 804). De igual manera, es preciso considerar que entre los componentes de la mencionada garantía, se encuentran el derecho del administrado a obtener una Resolución fundada y motivada en derecho, es decir, “el derecho a que la Administración se pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente” lo que implica a su vez “el derecho a que en la resolución que ponga final procedimiento recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos 

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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SWORDS 

….. 

11

formulados, tanto si son amparados como si no lo fueran” (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los procedimientos tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario –Volumen 1. Ira. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012 Pág. 127)

En cuanto al debido proceso la Sentencia Constitucional SC 0163/2011-R, de 21 de 

febrero, menciona: () es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales., a su vez, refiriéndose a la fundamentación de las resoluciones, existe firme jurisprudencia al respecto, entre las cuales se encuentran las SSCC 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, señalando que: (...) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante 

el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que 

llevó al Juez a tomar la decisión ()”. 

Asimismo, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0245/2015S1, de 27 de 

agosto de 2014, se determinó: “La jurisprudencia constitucional a través de diferentes fallos ha reconocido entre los elementos del debido proceso a los principios de la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones, así la SCP 1194/2014 de 10 de junio, citando a la SCP 1020/2013 de 27 de junio, estableció: “...Ja motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en 

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AITL 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., así como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso, en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de índole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una decisión de 

una determinada forma(las negrillas nos corresponden).” 

La misma Sentencia, continuó señalando: En este mismo sentido la SC 0358/2010-R de 22 de junio, determinó que: “...esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes. (el marcado de negrillas es nuestro)

En ese contexto doctrinal y jurisprudencial, cabe referirse a la normativa nacional y 

específicamente al art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional el cual dispone que: . Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 11. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” y en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 núms. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen y a ser 

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oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

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Asimismo, es preciso considerar, lo previsto en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), que considera como elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvişa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico; En consecuencia, todo acto administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, expresando claramente los hechos y el derecho aplicable, aspectos que tienen relevancia porque se refieren a una explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del contribuyente, los cuales en contraste con la norma positiva condujeron a la Administración a la emisión de la decisión, constituyendo la valoración de las pruebas de descargo, parte 

sustancial de la fundamentación. 

De la misma manera, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados...; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por el recurrente respecto a que 

la resolución impugnada debió guardar relación de lo pedido con lo resuelto, sin 

embargo, solo negó la prescripción de siete (7) Declaraciones Juradas cuando en el 

memorial de solicitud de prescripción, solicitó la prescripción sobre 13 declaraciones juradas, omitiendo pronunciarse sobre seis (6) declaraciones; al respecto, se tiene 

que esta resolución emerge como respuesta al memorial de solicitud de prescripción, presentado el 23 de agosto de 2019 por Wilson Jesús Dorado Salas (fs. 313-322 de antecedentes, c. II), en el que indicó, que de la revisión de la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales evidenció las Declaraciones juradas, quedando pendientes de pago las siguientes obligaciones descritas a continuación: 

Sigla 

Form. 

fecha de vencimiento 

Importe Bs. 

Fecha de prescripcion 

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abr04 dic09 dic-08 may10 may10 feb10 jun10 ene-11 ene-10 ene11 dic10 dic-11 dic10 

13/05/2004 30/04/2010 30/04/2009 22/06/2010 | 22/06/2010 22/03/2010 21/07/2010 24/02/2011 21/01/2011 24/02/2011 24/02/2011 02/05/2012 03/05/2011 

3,149. 3,164. 10,868. 6,752. 18,415. 8,438. 4,614. 1,250. 2,223. 4,688. 7,203. 1,136. 5,034.- 

14/05/2008 01/05/2014 01/05/2013 23/06/2014 23/06/2014 23/03/2015 22/07/2014 25/02/2015 22/01/2015 25/02/2015 25/02/2015 

03/05/2016 1 04/05/201

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Además en el mismo memorial, saló que la prescripción es de 4 años, conforme prevé el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), y se computa desde el día siguiente a la presentación de la DDJJ., y no así desde los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria o su sigla PIET, ya que éste último es un simple Proveido y no así un título de ejecución tributaria, por lo que a la fecha todas las declaraciones juradas señaladas en el cuadro, se encuentra prescritas por el transcurso del tiempo y la inactividad de la Administración Tributaria, citó en respaldo la Sentencia N° 35/2017 de 20 de marzo de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremos de Justicia. 

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Con relación a estos argumentos, la Administración Tributaria emitió y notificó la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 7 de enero de 2020 (fs. 324329 de 

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antecedentes, c. II), de lo cual se observa que en el primer considerando y a través 

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de un cuadro a fs. 1 de dicho acto administrativo, describió las siguientes Declaraciones juradas: 

  1. Form. 500 (IUE), con N° de Orden 8692859461, del periodo diciembre de 

2008; 2. Form. 500 (IUE), con N° de Orden 1774176, del periodo diciembre de 2009; 3. Form. 400 (IT), con N° de Orden 12102462, del periodo junio de 2010; 4. Form. 200 (IVA), con N° de Orden 12140245, del periodo mayo de 2010; 5. Form. 400 (IT), con N° de Orden 11575522, del periodo febrero de 2010; 6. Form. 400 (IT), con N° de Orden 12102729, del periodo mayo de 2010; 7. Form. 156 (IT), con N° de Orden 10987485, del periodo abril de 2004 

Además consignó que emergente de las citadas declaraciones juradas notificó los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 27-0003308-12 de 09 de julio de 2012, de manera personal el 31 de julio de 2012; (PIET) (CITE: SIN/GDSCZ I/DJCC/UCC/PIET/06064/2013) N° 33-0013061-13 de 18 de noviembre de 2013, por cédula el 5 de diciembre de 2013; (PIET) N° 763300130514 de 18 de agosto de 2014, por cédula el 13 de octubre de 2014 y (PIET) N° 763300642215 de 11 de noviembre de 2015, por cédula el 03 de mayo de 2016 -respectivamente-, a continuación y en el considerando segundo, estableció que los procesos de ejecución tributaria, que emergieron de las declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo, evidencian fechas de vencimiento con anterioridad a las modificaciones de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, adicionalmente la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, correspondiendo aplicar la Ley 2492 (CTB), sin las modificaciones. 

Siguiendo con la compulsa, también señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), consigna “). Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria (...)“; A su vez el art. 60 del mismo cuerpo legal señala: “II…el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; entendiendo que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro (4) años y el mismo se computará desde la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria, los cuales fueron legalmente notificados, por lo que el computo de la prescripción se inicia a partir del primer día hábil siguiente de su legal notificación. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Continuando, la Administración tributaria consignó en las páginas 3 y 4 del acto impugnado, que de la revisión a los procesos de ejecución que cursan en el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz 11, evidenció que para las declaraciones juradas citadas a continuación: 

  1. Form. 200 (IVA), Orden N° 8689579283, del periodo diciembre de 2010; co

fecha de presentación 21/01/2011, por un importe de Bs2.223. 2. Form. 200 (IVA) Orden N° 13416617, del periodo enero de 2011, con fecha de 

presentación 21 de febrero de 2011, por un importe de Bs 1.250. 3. Form. 400 (IT) Orden N° 8689579284, del periodo diciembre de 2010; con 

fecha de presentación 21 de enero de 2011, por un importe de Bs7.203. 4. Form. 400 (IT) Orden N° 12769987, del periodo enero de 2011; con fecha de 

presentación 21 de febrero de 2011, por un importe de Bs4.688. 5. Form. 500 (IUE) Orden N° 1765862, del periodo diciembre de 2010; con fecha 

de presentación 03 de mayo de 2011, por un importe de Bs5.034.- y; 6. Form. 500 (UE) Orden N° 8681241664, del periodo diciembre de 2011, con 

fecha de presentación 2 de mayo de 2012, por un importe de Bs 1.136.-. 

No inició la ejecución tributaria, por lo cual no emitiría pronunciamiento respecto a la 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria. 

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Del análisis descrito precedentemente, se tiene que contrario a lo señalado por el recurrente, la Administración Tributaria en la Resolución Administrativa impugnada consideró los argumentos vertidos por el actual recurrente, pues su análisis de prescripción se circunscribió en base a las 13 declaraciones juradas aludidas en el memorial de 23 de agosto de 2019 realizado por el sujeto pasivo, pues por una parte refirió que siete (7) declaraciones juradas en aplicación al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), no se encontraría prescrita y por otra parte, consignó que no habría iniciado la ejecución tributaria para las Declaraciones Juradas Form. 200, IVA, Diciembre de 2010 (debió decir enero de 2010), por un importe Bs2.223.-; Form. 200, IVA, enero de 2011, por un importe Bs 1.250.-; Form. 400, IT, Diciembre de 2010, por un importe Bs7.203.-; Form. 400, IT, enero de 2011, por un importe Bs4.688.; Form. 500, IUE, Diciembre de 2010, por un importe Bs5.034.y Form. 500, IUE, Diciembre de 2011, 

porte Bs 1.136., por lo cual, en consideración al análisis anterior, que refiere que la prescripción se inicia con la notificación del inicio de la ejecución tributaria, no 

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correspondería emitir pronunciamiento respecto a la prescripción; vale decir, que al haberse la Administración Tributaria emitió su criterio, en relación a las cuestiones planteadas por el recurrente, en el marco de su sana crítica, garantizando el derecho al debido proceso, a la defensa, consagrado en el art. 115 parágrafo || de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), desestimando de ésta manera lo señalado por el recurrente. 

IV.2 Prescripción de la facultad de ejecución tributaria y errónea interpretación y aplicación de la Ley

El recurrente transcribió los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) e indicó que la prescripción empea computarse desde el siguiente día de presentada la declaración jurada, sin embargo la Administración Tributaria asumió una errónea interpretación y aplicación de la Ley, pues indicó que la prescripción comenzó a computarse desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, entendiendo la propia administración tributaria que dichos títulos de ejecución tributaria vienen a ser los PIET, empero el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), consignó que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente; y agregó que del estudio completo de dicho artículo, enumera una serie de actos administrativos que son títulos de ejecución tributaria, sin embargo ninguno de ellos viene a ser el PIET como indicó la Administración Tributaria. 

Por otra parte, también adujo que las declaraciones juradas son de distintas gestiones, entre ellas están las de la gestión 2004 hasta las de la gestión 2012 y considerando que la prescripción empieza al día siguiente de presentada la declaración jurada que no fue pagada, en consecuencia todas estas declaraciones juradas prescribieron como máximo en la gestión 2016, es decir pasados los 4 años que tenía la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria. 

En respaldo a su análisis citó la Sentencia No 35/2017 de 20 de marzo de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, y solicitó que en aplicación de las normas legales vigentes al 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

momento de presentadas las declaraciones juradas, debe declararse la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del SIN. 

Además agregó que las Resoluciones de Alzada y Jerárquico emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria, sostienen una posición errónea de la Administración Tributaria, de que la prescripción se computa desde la notificación con el PIET al ser el mismo titulo de ejecución tributaria del que habla el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo existen Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que corrige este actuar, señalando de forma clara, precisa y sobre todo legal, que la prescripción de las DDJJ se computa desde el siguiente dia que las mismas fueron presentadas y que además el PIET no es un título de ejecución tributaria reconocido por el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), por tanto es ilegal manifestar que la prescripción se computa desde la notificación del PIET, más aun considerando, que hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional, vale decir en la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0566/2018-S1 de 1 de octubre de 2018, ordena a la AIT a cumplir las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en casos similares a este como en otros

En contraposición, la Administración Tributaria en el memorial de contestación al recurso de alzada manifestó que los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria cuyos hechos generadores tuvieron origen durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), el art. 59, que señala: ). Prescribin a los cuatro (4) años las acciones de la Administración tributaria para: (…). Ejercer su facultad de ejecución tributaria”; asimismo el art. 60: ...el termino se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años y el mismo se computará desde el primer día del mes siguiente a la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria

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Agregó que la norma adolece de un vacío legal, pues no hace mención a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, por lo que, es procedente aplicar el Código Civil respecto a los efectos de la constitución en mora del deudor, que por analogia será admitida para llenar vacíos legales, en este entendido el art. 1503 establece: “). La prescripción se interrumpe por un (...) decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, () II. La 

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UN 

prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor; asimismo el art. 1493 señala: La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese entendido indicó que la Administración Tributaria nunca dejó de ejercer sus facultades de ejecución a efecto de recuperar los adeudos tributarios, por lo que procedió a aplicar medidas de cobro coactivo, solicitando información sobre la existencia de inmuebles o vehículos que pudieran existir a nombre del contribuyente, de igual forma se solicitó la retención de fondos (ASFI) y posterior remisión de dinero que pudiera tener, hasta cubrir el total de lo adeudado por la contribuyente. 

También señaló que durante las gestiones 2012, 2015, 2016 y 2017, no dejó de 

ejercer sus facultades de cobro coactivo, pues aplicó las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), en el cual solicitó información a Derechos Reales sobre la propiedad de bienes inmuebles de propiedad del sujeto pasivo, retención de fondos de las cuentas bancarias interrumpiendo de esta manera el computo de la prescripción, debiendo comenzar a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

Finalmente adujo que ejerció sus facultades de ejecutar la deuda tributaria determinada toda vez que la misma es imprescriptible ante la emisión de un título de ejecución tributaria notificados de manera posterior a la promulgación de la Ley 291 y 317, sin que hubiera operado prescripción alguna, encontrándose vigente la facultad 

de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, en respaldo citó lo manifestado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012. Y con relación a la Sentencia 35/2017 de 20 de marzo de 2017 mencionada por el recurrente indicó que la misma no constituye fuente de derecho tributario conforme al art. 5 de la Ley 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0566/2018 de 01 de octubre de 2018, la misma versa sobre la falta de fundamentación de la Resolución Jerárquica objeto de dicho proceso constitucional puesto que la misma no expresaría las normas o motivos para la no aplicación de la Sentencia Constitucional 1169/2016 DE 26 de octubre y por parto no se refiere a la aplicación de jurisprudencia ordinaria, no siendo aplicable al proceso. 

Al respecto, la doctrina considera a la prescripción como: La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ina. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág

316). 

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella(MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial “Depalma”, 1995. Pág. 189)

Así también, el profesor César García Novoa señala que: …la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro; añade que 

resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarian po

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240)

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Ahora bien, de acuerdo a la revisión de antecedentes, se tiene que el presente caso, corresponde a una solicitud de prescripción de obligaciones tributarias, que se encuentran en etapa de ejecución tributaria, emergentes de deudas auto determinadas por el sujeto pasivo, a través de Declaraciones Juradas de gestiones en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; en ese contexto, corresponde aplicar dicha Ley, y no así la Ley 291, vigente desde el 22 de septiembre de 2012, al no configurarse la situación jurídica definida en la Ley 291, para la aplicación del nuevo régimen de prescripción. Por consiguiente, en la legislación nacional, los arts. 

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123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

En ese sentido, la legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos, como las sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera ello de acuerdo a lo establecido en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), según el art. 59 parágrafo 1 del mismo cuerpo legal dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, en cuanto al cómputo, el art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que en la facultad de ejecución tributaria, el término se computará desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria. 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó de manera personal a Dorado Salas Wilson Jesús con el proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0003308 12 de 09 de julio de 2012, mediante el cual, le comunicó que estando firme

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

rundt- 

LIT 

ejecutoriada la declaración jurada del Form. 500, con Orden N° 8692859461, de 30 de abril de 2009, correspondiente al periodo diciembre de 2008, por el monto de Bs 10.868.- (Diez mil ochocientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos), dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveido, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 8-9 de antecedentes c. I). 

Seguidamente, se tiene que el 05 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a Dorado Salas Wilson Jesús, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (CITE: SIN/GDSCZ-1/DJCC/UCC/PIET/06064/2013) N° 33 0013061-13 de 18 de noviembre de 2013, en el cual, comunicó que estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria, la Declaración Jurada Form. 500, con Orden N° 1774176, de 28 de abril de 2010, correspondiente al periodo diciembre de 2009, por el monto de Bs3.164.- (Tres mil ciento sesenta y cuatro 00/100 bolivianos), se dará inicio a la Ejecución Tributaria, al tercer día de su legal notificación con el Proveido, a partir del cual se adoptaran y ejecutarán las medidas coactivas, conforme se establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 47-51 de antecedentes, c. 1). 

Posteriormente, el 13 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notifimediante cédula a Dorado Salas Wilson Jesús, con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 763300130514 de 18 de agosto de 2014, en el cual comunicó que estando firme y ejecutoriado el Título de Ejecución Tributaria, detallados a continuación: 

Sigl

Form. 

IVA IT IT 

Orden de la 

DDJJ 12140245 12102729 11575522 12102462 

Periodo 

fiscal may-10 may10 feb-10 jun-10 

200 400 400 400 

Pereza 

Fecha de 

Importe Bs. presentación 

22/06/2010 | B36,752. 22/06/2010 | Bs 18,415

16/03/2010 B38,438. | 21/07/2010 | B84,614. 

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Por lo que, dará inicio a la Ejecución Tributaria, al tercer día de su legal notificación con el Proveido, a partir del cual se adoptaran y ejecutarán las medidas coactivas, conforme se establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 4 del DS 27874, hasta el pago total de las deudas tributarias, que deberán ser actualizadas al momento del pago de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), asimismo 

MANAGE 

SYSTEM 

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Sistema de Gestion 

de la Calcad Certificado No 771/14 

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III 

I

II 

11111

se hace conocer que se reconocerán previa verificación, justos y legales los pagos que hubieren efectuado direccionado a cada declaración jurada (fs. 109 y 115 de antecedentes, c. 1). 

Consiguientemente, 03 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria 763300642215 de 11 de noviembre de 2015, en el que comunicó que estando firme y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas detalladas a continuación: 

Sigla 

Form. 

I

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156 

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156 156 156 156 156 156 200 

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IT IVA IVA IVA IVA 

Orden de la 

DDJJ 13405121 13434262 

13405148 13434261 14094996 10987485 4327669 1 1834825 1 2430784 2137410 2585211 1813520 4698733 

470259 ) 1820901 

Periodo 

fiscal sep-05 abr-05 oct-05 dic-05 feb-06 abr-04 dic-07 oct-06 dic-06 ene-07 ene-07 dic-06 dic-07 jun-06 oct-06 

Fecha de 

Importe Bs. presentación 

19/10/2005 4,299, | 23/01/2006 3,516. 

21/12/2005 840. 

23/01/2006 2,270. | 21/03/2006 4,175. 

13/05/2004 3,149. 21/01/2008 4,860. 20/11/2006 610. 22/01/2007 127. 21/02/2007 238. 

21/02/2007 3,893. | 22/01/2007 13,869, 

21/01/2008 32,218. 

21/07/2006 4,304. | 20/11/2006 / 4,627

200 

IT 

200 200 400 

400 400 400 400 

IT 

IT 

Se dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día de su legal notificación con el proveido, a partir del cual se ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4 del DS 27874, hasta el pago total de la deuda tributaria, que deberán ser actualizadas al momento del pago de conformidad con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), asimismo hizo conocer al sujeto pasivo que se reconocerán previa verificación, justos y legales los pagos que hubiere efectuado direccionado a cada declaración jurada (fs. 230 y 234 de antecedentes, c. II)

A continuación, el 23 de agosto de 2019, Wilson Jesús Dorado Salas, mediante memorial indicó que en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales 

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AITL 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

HAMAR 

evidenció las Declaraciones juradas, quedando pendientes de pago las siguientes 

obligaciones tributarias detalladas a continuación

Sigla 

Form. 

fecha de vencimiento 

Importe Bs. 

Fecha de prescripcion 

156 500 500 

200 400 400 

400 

abr04 13/05/2004 | dic09 30/04/2010 dic08 | 30/04/2009 1 may-10 | 22/06/2010 may-10 22/06/2010 feb10 22/03/2010 jun-10 

21/07/2010 ene-11 24/02/2011 ene-10 21/01/2011 ene-11 | 24/02/2011 dic-10 1 24/02/2011 dic11 02/05/2012 dic-10 03/05/201

3,149. 3,164. 10,868. 6,752. 18,415. 8,438. 4,614. 1,250. 2,223. 4,688. 7,203. 1,136, 5,034.- 

14/05/2008 01/05/2014 01/05/2013 

23/06/2014 | 23/06/2014 

23/03/2015 22/07/2014 25/02/2015 22/01/2015 25/02/2015 25/02/2015 03/05/2016 04/05/2015 

200 200 400 400 500 500 

Además señaló que la prescripción es de 4 años, tal cual prevé el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), y se computa desde el día siguiente a la presentación de la DDJJ., y no adesde los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria o PIET, ya que éste último es un simple Proveido y no así un título de ejecución tributaria, por lo que a la fecha todas las declaraciones juradas señaladas en el cuadro, se encuentra prescritas por el transcurso del tiempo y la inactividad de la Administración Tributaria, citó en respaldo la Sentencia No 35/2017 de 20 de marzo de 2017, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremos de Justicia (fs. 313-322 de antecedentes, c. II). 

24 mover 

Dolly K. Baiazar Perez 

Finalmente, el 16 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notifico personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 

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07 de enero de 2020, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción a la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas detalladas anteriormente, solicitada por el contribuyente Dorado Salas Wilson Jesús con NIT 1535658018, mismas que, no se encuentran prescritas, de conformidad a la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, que en su num. 4 del parágrafo | art. 59 y el parágrafo Il art. 60 de la citada Ley; por lo que, las acciones de la Administración tributaria para exigir el pago de los adeudos 

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tributarios se encuentran firmes y subsistentes en aplicación de la normativa glosada ut supra, por lo que el término de prescripción, NO HA OPERADO, encontrándose vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, análisis que es coincidente con lo manifestado en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nros. 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012, emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo | num. 4) y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde continuar con el proceso de ejecución tributaria hasta total recuperación de los adeudos tributarios (fs. 324-328 de antecedentes, c. II)

Ahora bien, a efectos de verificar la configuración de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de las deudas tributarias autodeterminadas, para las Declaraciones Juradas, se tiene que Wilson Jesús Dorado, auto determinó sus obligaciones tributarias, conforme prevé el art. 93, parágrafo I, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo éstas no fueron pagadas, consecuentemente, la Administración Tributaria, al evidenciar la falta de pago, se encontró facultada para realizar la ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa de acuerdo con el art. 94, parágrafo II de la citada Ley, en ese sentido las referidas Declaraciones Juradas impagas en sujeción al art. 108, parágrafo I num. 6 de la Ley 2492 (CTB), se constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria, mismas que se detallan a continuación

  1. 1. Form. 500 (IUE), con N° de Orden 8692859461, del periodo diciembre de 

2008; 2. Form. 500 (UE), con N° de Orden 1774176, del periodo diciembre de 2009; 3. Form. 400 (IT), con N° de Orden 12102462, del periodo junio de 2010; 4. Form. 200 (IVA), con N° de Orden 12140245, del periodo mayo de 2010; 5. Form. 400 (IT), con N° de Orden 11575522, del periodo febrero de 2010; 6. Form. 400 (IT), con N° de Orden 12102729, del periodo mayo de 2010; 7. Form. 156 (IT), con N° de Orden 10987485, del periodo abril de 2004 

En ese contexto, debe considerarse que para efectos del cómputo de la prescripción respecto a la facultad de ejecución de la mencionada deuda, el art. 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) establece: “En el supuesto 4 parágrafo I del artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

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extremo que en el presente caso, se verifiel 31 de julio de 2012 (fs. 9 de antecedentes, c. I), con la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0003308-12 de 09 de julio de 2012 (fs. 8 de antecedentes, c. 1); el 05 de diciembre de 2013 (fs. 51 de antecedentes, c. 1), con la notificación del Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria (CITE: SIN/GDSCZ I/DJCC/UCC/PIET/06064/2013) No 33-0013061-13 de 18 de noviembre de 2013 (fs. 47 de antecedentes. c. I); el 13 de octubre de 2014 (fs. 115 de antecedentes, c. I), con la notificación del Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300130514 de 18 de agosto de 2014 (fs. 109 de antecedentes, c. I) y el 03 de mayo de 2016 (fs. 234 de antecedentes, c. II), con la notificación del Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300642215 de 11 de noviembre de 2015 (fs. 230 de antecedentes), criterio concordante con las Resoluciones de Recurso jerárquico AGIT-RJ 0616/2019 de 4 de junio de 2019

Por tanto, conforme a lo dispuesto por el art. 59 parágrafo i num.4 de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, aplicable al presente caso, el cual establece que las acciones para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años, en consecuencia, el cómputo para la ejecución tributaria inició el 31 de julio de 2012; 05 de diciembre de 2013; 13 de octubre de 2014 y el 03 de mayo de 2016 y concluyó el 31 de julio de 2016; 05 de diciembre de 2017; 13 de octubre de 2018 y el 03 de 

mayo de 2020; es así que las facultades de la Administración Tributaria, para la 

ejecución de las obligaciones tributarias auto determinadas, mediante el Form. 500 (IUE), con N° de Orden 8692859461, del periodo diciembre de 2008; Form. 500 (IUE), con N° de Orden 1774176, del periodo diciembre de 2009; Form. 400 (IT), con N° de Orden 12102462, del periodo junio de 2010; Form. 200 (IVA), con N° de Orden 12140245, del periodo mayo de 2010; Form. 400 (IT), con N° de Orden 11575522, del periodo febrero de 2010 y Form. 400 (IT), con N° de Orden 12102729, del periodo mayo de 2010, se encuentran prescritas. 

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Calidad 

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Continuando, para el periodo Form. 156 (IT), con N° de Orden 10987485, del periodo abril de 2004, dicho plazo recién concluyó el 03 de mayo de 2020, empero, antes de la conclusión de éste plazo, el 05 de febrero 2020 (fs. 9-15 vta., del expediente), el recurrente presentó memorial de Recurso de Alzada, por lo que, en aplicación del art. 62 num. II de la Ley 2492 (CTB), que sala: “Il. La interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

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MANAGE 

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SYSTAN 

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NB/150 9001 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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ILLIUI 

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ILLU

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo; se encuentra suspendido, hasta la devolución formal del expediente a la 

Administración Tributaria, por lo que, para el form. 156, periodo abril de 2004, inmerso en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300642215 de 11 de noviembre de 2015 (fs. 230 y 234 de antecedentes, c. II), no se encuentra prescrita la facultad de ejecución Tributaria. 

Por otra parte y a efectos del análisis anterior, con relación a las DDJJ, Form. 200 (IVA), del periodo diciembre de 2010; Form. 200 (IVA) Orden N° 13416617, del periodo enero de 2011; Form. 400 (IT) Orden N° 8689579283 del periodo diciembre de 2010; Form. 400 (IT) Orden N° 12769987, del periodo enero de 2011; Form. 500 (IUE) Orden N° 1765862, del periodo diciembre de 2010; y Form. 500 (IUE) Orden N° 8681241664, del periodo diciembre de 2011, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en cumplimiento al Principio de verdad material, previsto en el inc. d) art. 4 de la Ley 2341, que refiere: Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil aplicable supletoriamente por mandato del art. 74 de la Ley 2492 (CTB) (Principios, Normas Principales y Supletorias), mediante Carta ARITSCZ0065/2020 de 07 de julio de 2020, (fs. 46 del expediente), solicitó se remitan las diligencias de notificación del Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 

763300758816 de 30 de diciembre de 2016, al evidenciarse que éste último cursa en 

antecedentes; ante lo cual, la Administración Tributaria el 09 de julio de 2020, a través de la nota CITE: SIN/GDSCZ-II/DJCC/UCT/NOT/94/2020 de 8 de julio de 2020 (fs. 47 del expediente); indicó que en la contestación al Recurso de Alzada habría remitido la totalidad de antecedentes. 

En ese sentido, de la revisión de los antecedentes, se observó que si bien, cursa el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300758816 de 30 de diciembre de 2016, que detalla las Declaraciones Juradas objeto de análisis

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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Periodo Fecha de 

Importe Bs. fiscal presentación ene-11 | 21/02/2011 1,250. dic10 | 21/01/2011 2,223. ene-11 | 21/02/2011 | 4,688. dic10 21/01/2011 7,203. dic-11 | 02/05/2012 1,136. dic-10 03/05/2011 5,034

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Empero, no cursa en antecedentes documentación adicional alguna, que acredite que dicho acto administrativo le hubiera sido puesto a conocimiento del sujeto pasivo, mediante uno de los medios de notificación que establece el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, al no haber notificado la Administración Tributaria con los Títulos de Ejecución Tributaria detallados, conforme exige el art. 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), a fin del inicio del cómputo de la prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria, no es evidente que dichas facultades estén prescritas. 

Finalmente, el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada y en respaldo a su solicitud de prescripción, citó la Sentencia No 35/2017 de 20 de marzo de 2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, cabe manifestar que según lo establecido en el art. 5. Parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), son fuentes de derecho tributario, con carácter limitativo, La Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobado por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los Órganos Administrativos facultados al efecto, consiguientemente, las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos, con el fin de que el Juez confiera igual tratamiento a situaciones similares dando seguridad jurídica a los habitantes de un 

impugna 

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Estado de derecho, pero que no son vinculantes, ni obligatorios; en ese sentido no 

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corresponde emitir mayor pronunciamiento sobre el mismo. 

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Por todo lo expuesto, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° 232076000006 de 07 de enero de 2020, declarando prescrita la facultad de ejecución tributaria de los adeudos tributarios, contenidos en los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0003308-12 de 09 de julio de 2012; N° (CITE: 

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de la Calidad Certificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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SIN/GDSCZ 1/DJCC/UCC/PIET/06064/2013) N° 33001306113 de 18 de noviembre de 2013 y N° 763300130514 de 18 de agosto de 2014, toda vez que dicha facultad no fue ejercida dentro del plazo legal y por otro lado mantener firme y subsistente, la facultad de ejecución Tributaria del adeudo tributario, contenido en el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300642215 de 11 de noviembre de 2015 y los adeudos tributarios correspondientes a las declaraciones juradas: Form. 200 (IVA), con Orden 8689579283 del periodo diciembre de 2010; Form. 200 (IVA) Orden 13416617, del periodo enero de 2011; Form. 400 (IT) Orden N° 8689579284, del periodo diciembre de 2010, Form. 400 (IT) Orden N° 12769987, del periodo enero de 2011; Form. 500 (IUE) Orden N° 1765862, del periodo diciembre de 2010 y Form. 500 (UE) Orden N° 8681241664, del periodo diciembre de 2011, al no haberse iniciado el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, conforme el art. 62, parágrafo || de la Ley 2492. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa No 232076000006 de 07 de enero de 2020, declarando prescritas las facultades de ejecución tributaria de los adeudos tributos, contenidos en los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria N° 270003308-12 de 09 de julio de 2012; N° (CITE: SIN/GDSCZ 1/DJCC/UCC/PIET/06064/2013) No 33-001305113 de 18 de noviembre de 2013 y No 763300130514 de 18 de agosto de 2014, toda vez que dicha facultad no fue ejercida dentro del plazo legal y por otro lado mantener firme y subsistente, la facultad de ejecución Tributaria del adeudo tributario, contenido en el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 763300642215 de 11 de noviembre de 2015 y los adeudos 

tributarios correspondientes a las declaraciones juradas: Form. 200 (IVA), con Orden 8689579283 del periodo diciembre de 2010; Form. 200 (IVA) Orden N° 13416617, del periodo enero de 2011; Form. 400 (IT) Orden N° 8689579284, del periodo diciembre 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

de 2010, Form. 400 (IT) Orden N° 12769987, del periodo enero de 2011; Form. 500 (IUE) Orden N° 1765862, del periodo diciembre de 2010 y Form. 500 (IUE) Orden N° 8681241664, del periodo diciembre de 2011, al no haberse iniciado el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, conforme el art. 62, parágrafo ll de la Ley 2492, de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la 

administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase

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DKSP/ccav/acq/cmmf/omap/ymo ARIT-SCZIRA 0409/2020 

Abog. Doh Karina Salazar Perez Oireciora Ejecutiva Regional a.i. 

Autoridad Regional de mrignación Tributaria Santa Cruz 

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