ARIT-SCZ-RA-0406-2020 Argumentar nulidad de un acto no exime la obligatoriedad de pronunciarse sobre el fondo

ARIT-SCZ-RA-0406-2020

II

IULUI 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0406/2020 

Recurrente 

Mario Romero Guerra. 

Administración Recurrida

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) representada por Carlos Gonzalo Suarez Virreira

Acto Impugnado 

Resolución Administrativa No 232076000003 de 14 de enero de 2020. 

Expediente No 

ARITSCZ0168/2020. 

Lugar y Fecha 

Santa Cruz, 27 de julio de 2020 

VISTOS

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0406/2020 de 24 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Administrativa No 232076000003 de 14 de enero de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de 

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de la Cacao Certificado N 72.14 

Justicia tributaria para vivir bien Ján mitayir jach’a kamani ! Aymerai Nana tasaq kuraq kamachiq (Quechua Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae Guara.

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II

prescripción de la facultad de ejecución tributaria, toda vez, que de conformidad a lo dispuesto en el art. 4 del DS 27874, se dio inicio a los procesos de ejecución tributaria, dentro del plazo que la Ley otorga, mediante los Proveidos de Ejecución Tributaria N° 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010, 13215/2010 de 30 de septiembre de 2010, toda vez, que estos se encuentran con Auto de Nulidad; respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria No 4318/2012, 685/2013 y 5281/2017, dicho cómputo se encuentra interrumpido al haberse constituido en mora al sujeto pasivo con la aplicación de las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) y por haberse ejercido el derecho antes de vencido el término de prescripción con la solicitud de prescripción, encontrándose las actuaciones administrativas enmarcadas en el procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB) y dentro de los plazos que la Ley otorga, por lo que no ha operado el cómputo de la prescripción, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 50, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 1493 y 1503 del Código Civil. Asimismo, resolvió continuar con el proceso de ejecución tributaria en contra del contribuyente Mario Romero Guerra hasta la total recuperación de la deuda tributaria por mandato expreso de los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB)

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZAD

II.1 Argumentos del Recurrente 

Mario Romero Guerra, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 6 de febrero de 2020 (fs. 10-14 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 232076000003 de 14 de enero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Ausencia de sustento legal en la Resolución impugnada. 

El recurrente señaló que de la revisión de su oposición de prescripción de la facultad de cobro de la Administración Tributaria respecto de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010, 13215/2010, 4318/2012, 685/2013 y 5281/2017, se evidencia claramente que se refiere a la capacidad de cobro de la Administración Tributaria

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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pues el transcurso del tiempo es para el derecho un hecho jurídico cuyo devenir 

genera consecuencias jurídicas en los derechos subjetivos y en los propios efectos irradiados por las normas jurídicas. 

Argumentó que han transcurrido más de diez años sin que la Administración 

Tributaria hubiera ejercido actos de ejecución tributaria y menos actos que 

interrumpan el curso de la prescripción y no puede aplicar lo establecido en el art. 1503 del Código Civil, consiguientemente, señaló que la postura de la entidad carece de sustento legal a efectos que se haya iniciado la pretensión del cobro. 

11.1.2 Prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. 

Explicó que en el presente caso debe observarse que la Administración Tributaria emitió Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria a efecto del cobro de obligaciones 

tributarias, pero que a la fecha se halla prescrita la facultad de cobro de la Administración Tributaria, toda vez que pretende el cobro de obligaciones de la gestión 2007, cuando han transcurrido más de 12 años de haberse determinado la obligación por el Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, por lo que el cobro de las citadas obligaciones se hallan prescritas, al 

haber transcurrido más de los 4 años establecido para el ejercicio del cobro de la obligación tributaria conforme lo establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

De lo salado, consideró que se evidencia que la Resolución impugnada ha 

vulnerado la normativa tributaria que expresamente establece el plazo para operar la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria y las causales de interrupción y suspensión, aspectos que no se han cumplido de acuerdo a lo establecido en los arts. 59, 60, 61y 62 de la Ley 2492 (CTB). En ese entendido, 

señaló que, en una aplicación adecuada de la Ley 2492 (CTB), se evidencia que ha 

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Lolly K Silitzar Perez 

operado a su favor la prescripción extintiva de la facultad de cobro de la 

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Administración Tributaria y al presente ya no puede ejercer dicha facultad, por lo que corresponde declararse la prescripción y dejar nulos y sin efecto legal los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria

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Así también, manifestó que en ningún momento se han generado causales de interrupción de la prescripción establecidas en el Código Tributario y que no es 

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Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N-771:14 

…:- 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

procedente la aplicación del Código Civil, toda vez que la analogía solo está reservada cuando existe un vacío legal en la norma tributaria, por lo que la consideración efectuada en la Resolución impugnada se halla equivocada, debiendo haber correspondido la declaratoria de prescripción de la facultad de cobro o 

ejecución de la Administración Tributaria. 

Señaló que la Administración Tributaria consideró, de manera parcializada

equivocada, que el cómputo de la prescripción se realiza a partir de la notificación con el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria, aclaró que mediante el “Proveido” se está requiriendo el pago de la obligación, pero no es el “Título de Ejecución Tributaria. Argumentó que el Código Tributario es claro cuando establece que la Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo, que determina la deuda tributaria, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, y es a partir de ese documento que corresponde el cómputo del término de la prescripción conforme el art. 60 parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB), en ese entendido consideró que se encuentra ante una flagrante vulneración de la norma legal tributaria

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa N° 232076000003 de 14 de enero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz Il del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 11 de febrero de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando Resolución Administrativa No 232076000003 de 14 de enero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz Il del SIN (fs. 15 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 4 de marzo de 2020 (fs. 26-29 del expediente), se apersono ante ésta Autoridad Regional de impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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11.3.1 Sobre la contestación al recurso de alzada. 

La Administración Tributaria, señaló que para los Proverdos de Inicio de Ejecución 

Tributaria, cuyos hechos generadores tuvieron origen durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria prescribirán a los cuatro años y el mismo se computará desde el primer día del mes siguiente a la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en los Proverdos de Inicio de Ejecución Tributaria, de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de citada norma. Asimismo, el art. 3 parágrafo II de la Ley 154 establece: Los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”; por lo que señaló que lo que prescribe son las acciones y las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones, no así el tributo como bien 

establece el citado artículo. 

Manifestó que la norma precedentemente señalada, adolece de un vacío legal toda vez que no hace mención a las causales de interrupción de prescripción en fase de ejecución tributaria, por lo que es procedente aplicar el Código Civil respecto a los efectos de la constitución en mora del deudor, que por analogía será admitida para llenar vacíos legales; en este entendido el art. 1503 establece: ). La prescripción se interrumpe por un (…) decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere 

impedir que prescriba, (…) II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”. Asimismo el art. 1493 señala: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

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Explicó que nunca ha dejado de ejercer sus facultades de ejecución como se evidencia de la revisón de antecedentes del proceso que la Administración Tributaria, que a efecto de recuperar los adeudos tributarios se procedió a aplicar medidas de cobro coactivo, solicitando información sobre la existencia de inmuebles o vehículos que pudieran existir a nombre del contribuyente y de igual forma solicitó la retención de fondos (ASFI) y posterior remisión de dineros que pudiera tener, hasta cubrir el total de lo adeudado por el contribuyente. 

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de la Calidad Certificado No 7/1/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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PIET 685/201

Manifestó que emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N°685/2013 el 7 de 

enero de 2013, que fue notificado el 2 de diciembre de 2013, el cual emerge de la 

Resolución Sancionatoria No1930/2012 de 12 de noviembre de 2012, notificada por 

edicto el 11 de diciembre de 2012, es decir dentro de los alcances de la Ley 291, en 

ese entendido la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución 

tributaria de sanciones prescribe a los 5 años, por consiguiente el término de la prescripción inicio el 3 de diciembre de 2013 y finalizó 3 de diciembre de 2018; sin embargo en virtud a estos dos procesos de forma posterior se presentan causales de interrupción de acuerdo 

al siguiente detalle: Nota SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/2545/2016 de 7 de julio de 2016, (solicitud de retención de fondos), Nota SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/4229/2017 de 14 de junio de 2017, Nota SIN/GDSCZ II/DJCC/UCC/NOT/5572/2017, Certificación del Banco Bisa SA, de 31 de julio de 2017, remite el Cheque N° 150554 de 31 de julio de 2017 por Bs7.-, mismo que fue imputado mediante boleta (Form-1000) con N° de Orden 5047807 de 9 de agosto de 2017, pago que fue direccionado como pago a cuenta de la deuda tributaria, interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción. Consiguientemente, se continua y por último se reitera con la Nota SIN/GDSCZ II/DJCC/UCC/NOT/8949/2019 de 25 de julio de 2019 obteniendo respuesta positiva del Banco Mercantil Santa Cruz SA que a través de Nota BMSC/GAL/RJ/3515360/2019, hace conocer la retención por los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) No 4318/2012 y 685/2013. 

PIET N°4318/2012 

Manifestó que emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 4318/2012, que fue notificado el 18 de septiembre de 2012, iniciándose el computo de la prescripción el 19 de septiembre de 2012 y concluyendo el 19 septiembre de 2016, interrumpiéndose el curso de la prescripción con la aplicación de las medidas coactivas en virtud a lo previsto en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), es decir, retencion de Fondos a través de la ASFI, mediante Nota SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/NOT/5272/2012, de 8 de octubre de 2012; es por ello y como efecto de la aplicación de dicha medida se remiten las siguientes certificaciones: Banco Fassil SA con cite FSL-GO/4231/2012, de 3 de octubre de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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2012, Banco Mercantil Santa Cruz SA con cite: BMSC/GAL/RJ/56836/2012 de 26 de octubre de 2012, Banco Fie SA con cite BANCO FIE S.A./RGAJ/11052/2012 de 29 de octubre de 2012. 

Señaló que mediante Acta de entrega de fotocopias de 10 de septiembre de 2013 el contribuyente conoce su deuda tributaria y no realiza ningún reclamo o solicitud siendo esto un reconocimiento tácito de la obligación tributaria. Por todo lo expuesto se podrá evidenciarse que la Administración Tributaria se apegó en todo momento a la normativa aplicable al presente caso y que no operó la prescripción solicitada por el recurrente. 

PIET N°05281/201

Manifestó que acto administrativo se emitió en vigencia de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, es decir que la primera actuación de la Administración Tributaria puso en conocimiento del contribuyente fue el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°311776005697 de 16 de noviembre de 2017, notificado el 23 de noviembre de 2017 a efectos de que cancele su deuda tributaria con arrepentimiento eficaz, sin embargo ante la inexistencia de pago se procedió a la notificación del Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 05281/2017 el 24 de abril de 2019, en ese entendido y conforme a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), la facultad para ejercer la ejecución tributaria prescribirán a los cuatro años y el mismo se computara desde la notificación del Título de Ejecución contenido en el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 5281/2017 el cual fue notificado mediante cédula el 24 de abril de 2019, consiguientemente el computo de la prescripción se inicia a partir del primer día hábil siguiente de su legal notificación, análisis que es coincidente con lo manifestado en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0053/2012, 0072/2012 y 1118/2012 emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, por lo que el cómputo de la prescripción inició el 25 de abril de 2019 y finalizará el 25 de abril de 2023. 

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Señaló que es evidente que durante las gestiones 2016, 2017, 2018, 2019 no ha dejado de ejercer sus funciones de cobro coactivo, aplicando las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), solicitando información a DDRR sobre la propiedad de bienes inmuebles de propiedad del sujeto pasivo, retención de fondos 

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Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado No 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae Guarani) 

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III 

DI 

de las cuentas bancarias interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción, debiendo comenzar a computarse nuevamente el término a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

Citó el art. 1505 del Código Civil coligiendo que la solicitud de oposicion de prescripción extintiva de la facultad de determinación sanción y cobro de la Administración Tributaria solicitada por el recurrente interrumpe nuevamente el cómputo de la prescripción al reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa N° 232076000003, de 14 de enero de 2020. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 5 de marzo de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria el 11 de marzo de 2020 (fs. 30-31 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecia el 15 de junio de 2020, la Administración 

Tributaria, el 19 de marzo de 2020, ratificó como prueba el expediente administrativo 

que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 32 del expediente). 

Por su parte, el recurrente, el 15 de junio de 2020 presentó como prueba las Sentencias No 25/2017 y 35/2017 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, asimismo, ratificó como prueba la documentación que presentó como descargo ante la Administración Tributaria y la documentación que acompañó a su Recurso de Alzada (fs. 33 del expediente). 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 10 de julio de 2020, la Administración Tributaria el 26 de junio de 202

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ΑΙΤΙ 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente Recurso de Alzada (fs. 62-64 del expediente). 

Por su parte, el recurrente, el 6 de julio presentó alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada (fs. 67-39 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

III.1. 

El 14 y 18 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por 

edicto de prensa al recurrente con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0004318-12 (4318/2012), de 9 de julio de 2012, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada No 8670642977 correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) del periodo diciembre de 2008, por el monto de Bs 10.391.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas 

coactivas correspondientes, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo los justos y legales pagos a cuenta que se hubieren efectuado (fs. 159-163 de antecedentes c. 1). 

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El 8 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por edicto de prensa al recurrente con los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria N° 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010 y 13215/2010, todos de 30 de septiembre de 2012, mediante los cuales le comunicó que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas No 604032253, 2659273, 4169715, 8687539614, 8676637217 y 8696727466 afaq correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2007, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación, a IQNet 

partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan Mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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actualizado a la fecha de pago reconociendo los justos y legales pagos a cuenta que se hubieren efectuado (fs. 21-27 de antecedentes c. I). 

111.3 

El 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por edicto de prensa al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0000685-13 (685/2013), de 7 de enero de 2013, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución 

Sancionatoria No 1930/2012 de 12 de noviembre de 2012, con origen en el PIET 4318/2012, Declaración Jurada Form. 510 con Orden N° 8670642977 correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo diciembre 2008, por el monto de Bs 10.391.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveido, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo los justos y legales pagos a cuenta que se hubieren efectuado (fs. 186-190 de antecedentes c. II). 

111.4 

El 30 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria, notifien Secretaría al recurrente con los Autos de Nulidad N° 25-001643-16, 25 001642-16, 25-001641-16, 25-001638-16, 25-001639-16 y 25-001640-16, de 11 de noviembre de 2016, los que declararon la nulidad de los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 13215/2010, 13214/2010, 13213/2010, 13210/2010, 13211/2010 y 13212/2010 de 30 de septiembre de 2010, por duplicidad con los PIET N° 13252/2010, 13251/2010, 13250/2010, 13247/2010, 13248/2010 y 13249/2010, de 30 de septiembre de 2010, que corresponden a la misma declaración jurada y el mismo importe determinado en cada uno de ellos (fs. 29-46 de antecedentes c. I). 

III.5 

El 24 de abril de 2019, la Administración Tributaria, notifico mediante cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331776005264 (5281/2017), de 14 de noviembre de 2017, mediante el cual le comunicó al recurrente que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de noviembre de 2007, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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noviembre de 2008 y enero de 2009, por el monto de Bs6.251.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal 

notificación con el proveido, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago de conformidad al art. 47 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 264-268 de antecedentes c. II). 

III.6 

El 24 de mayo de 2019, el recurrente presentó memorial con NUIT 4758-19 

mediante el cual opone prescripción extintiva de la facultad de cobro y sanción de la Administración Tributaria respecto a los adeudos por los que se emitieron los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria N° 685/2013, 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 132213/2010, 13214/2010, 13215/2010, 4318/2012 y 5281/2017 y se deje sin efecto cualquier cobro que se pretenda realizar (fs. 127-128 de antecedentes c. I). 

111.7 

El 21 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Administrativa N° 232076000003 de 14 de enero de 2020, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria, toda vez que de conformidad a lo dispuesto en el art. 4 del DS 27874 se dio inicio al proceso de ejecución tributaria, dentro del plazo que la Ley otorga para su ejecución, mediante los Proveidos de Ejecución Tributaria No 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010, 13215/2010 de 30 de septiembre de 2010, toda vez que estos se encuentran con Auto de Nulidad; respecto a los Proverdos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 4318/2012, 685/2013 y 5281/2017, dicho cómputo se encuentra interrumpido al haberse constituido en mora al sujeto pasivo con la aplicación de las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) y por haberse ejercido el derecho antes de vencido el término de prescripción con la solicitud de prescripción, encontrándose las actuaciones administrativas en marcadas en el procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB) y dentro de los plazos que la Ley otorga, por lo que no ha operado el cómputo de la prescripción, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 50, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 1493 y 1503 del Código Civil. Asimismo, resolvió continuar con el proceso de ejecución tributaria en contra del 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mduruvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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contribuyente Mario Romero Guerra hasta la total recuperación de la deuda tributaria por mandato expreso de los arts. 66, 100 y 105 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 319-325 de antecedentes c. II). 

  1. I FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente expuso como agravios: 1. Ausencia de sustento legal en la Resolución impugnada y 2. Prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. 

IV.1 Sobre la ausencia de sustento legal en la Resolución impugnada. 

El recurrente señaló que de la revisión de su oposición de prescripción de la facultad de cobro de la Administración Tributaria respecto de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010, 13215/2010, 4318/2012, 685/2013 y 5281/2017, se evidencia claramente que se refiere a la capacidad de cobro de la Administración Tributaria

pues el transcurso del tiempo es para el derecho un hecho jurídico cuyo devenir 

genera consecuencias jurídicas en los derechos subjetivos y en los propios efectos 

irradiados por las normas jurídicas. Argumentó que han transcurrido más de diez años sin que la Administración Tributaria hubiera ejercido actos de ejecución tributaria y menos actos que interrumpan el curso de la prescripción y no puede aplicar lo establecido en el art. 1503 del Código Civil, consiguientemente, señaló que la postura de la entidad carece de sustento legal a efectos que se haya iniciado la pretensión del cobro. 

Al respecto, corresponde precisar que el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador (OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006. Pág. 804). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

De igual m anera, es preciso considerar que, entre los componentes de la mencionada garantía, se encuentran el derecho del contribuyente a obtener un

resolución fundada y motivada en derecho, es decir, “el derecho a que la 

Administración se pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente”, lo que implica a su vez el derecho a que en la resolución que ponga 

fin al procedimiento recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, 

tanto si son amparados como si no lo fueran” (GAMBA VALEGA, César. Régimen jurídico de los procedimientos tributarios. (Yacolca, Estares Daniel. Tratado de Derecho Procesal Tributario – Volumen I. 1ra.Edición. Lima: Pacifico Editores. 2012. Pág. 127). 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 1044/2003-R, instituye que: Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 

adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno 

sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. 

De la misma manera, el Tribunal Constitucional, ha trazado línea jurisprudencial a través de varios de sus fallos, entre los que se encuentra la Sentencia Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías constitucionales del debido proceso, expresando textualmente que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional SC 1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta 

la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la 

motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, 

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sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera 

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de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido (…)”. 

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En este contexto doctrinario, corresponde remarcar que la Constitución Política del Estado en su art. 115 dispone que: 9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

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justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: “. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso”. 

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos en el art. 68, nums. 2, 6 y 7 del CTB, en los cuales se establece el derecho a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos, que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del 

– libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código; y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tomados en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), 

dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Por su parte, el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo, y el art. 28 de la citada norma dispone que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: “a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.”. 

Ahora bien, cabe señalar que los parágrafos I y II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) 

aplicable supletoriamente en sujeción al art. 201 de la Ley 2492 (CTB), establecen que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción al ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados y el 

DS 27310 (RLPA), que señala que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 14 y 18 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por edicto de prensa al recurrente con el Proverdo de Inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0004318 12 (4318/2012), de 9 de julio de 2012, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Declaración Jurada N°8670642977 correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo diciembre de 2008, por el monto de Bs 10.391.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación (fs. 159-163 de antecedentes c. 1). 

Seguidamente, el 8 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por edicto de prensa al recurrente con los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria No 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010 y 13215/2010, todos de 30 de septiembre de 2012, mediante los cuales le comunicó que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas No 604032253, 2659273, 4169715, 8687539614, 8676637217 y 8696727466 correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2007, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de afaq su legal notificación (fs. 21-27 de antecedentes c. 1). 

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Continuando con la compulsa, el 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por edicto de prensa al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 27-0000685-13 (685/2013), de 7 de enero de 2013, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución 

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de la Calidad Certificado N 771/14 

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Sancionatoria N° 1930/2012 de 12 de noviembre de 2012, con origen en el PIET 4318/2012, Declaración Jurada Form. 510 con Orden N° 8670642977 correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo diciembre 2008, por el monto de Bs 10.391.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación (fs. 186-190 de antecedentes c. II). 

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria, notificó en secretaria al recurrente con los Autos de Nulidad N° 25-001643-16, 25-001642-16, 25-001641-16, 25-001638-16, 25-001639-16 y 25-001640-16, de 11 de noviembre de 2016, los que declararon la nulidad de los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 13215/2010, 13214/2010, 13213/2010, 13210/2010, 13211/2010 y 13212/2010 de 30 de septiembre de 2010, por duplicidad con los PIET N° 13252/2010, 13251/2010, 13250/2010, 13247/2010, 13248/2010 y 13249/2010, de 30 de septiembre de 2010, que corresponden a la misma declaración jurada y el mismo importe determinado en cada uno de ellos (fs. 29-46 de antecedentes c. I). 

Asimismo, el 24 de abril de 2019, la Administración Tributaria, notifico mediante cédula al recurrente con el proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 331776005264 (5281/2017), de 14 de noviembre de 2017, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de noviembre de 2007, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008 y enero de 2009, por el monto de Bs.251.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago de conformidad al art. 47 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 264-268 de antecedentes c. II). 

Por su parte, el recurrente, el 24 de mayo de 2019 presentó memorial con NUIT 4758-19 mediante el cual opone prescripción extintiva de la facultad de cobro y sanción de la Administración Tributaria respecto a los adeudos por los que se emitieron los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 685/2013, 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 132213/2010, 13214/2010, 13215/2010, 4318/2012

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

5281/2017 y se deje sin efecto cualquier cobro que se pretenda realizar (fs. 127-128 de antecedentes c. 1); en consecuencia, la Administración Tributaria emitió y notificó al recurrente la Resolución Administrativa N° 232076000003 de 14 de enero de 2020, hoy impugnada

De lo expuesto y considerando lo alegado por el recurrente, con relación a la falta de sustento legal a efectos que se haya iniciado la pretensión del cobro, de la revisión de la Resolución impugnada, se tiene que, en VISTOS, se refirió al memorial presentado por el recurrente con NUIT 4758/2019, a través del cual “OPONE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA FACULTAD DE DETERMINACIÓN, SANCIÓN Y COBRO DE LA ADMISNITRACIÓN TRIBUTARIA” dentro del proceso iniciado a través de los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria No 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010, 13215/2010, 4318/2012, 685/2013 y 5281/2017, ejecutoriados por la deuda tributaria de Bs47.312.- (Cuarenta y siete mil trescientos doce 00/100 bolivianos); a continuación en el CONSIDERANDO, señaló que se procedió a la legal notificación de los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria que detalló en el Cuadro No1, donde registró el cite del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET), número de Título de Ejecución Tributaria (TET), fecha de emisión 

del TET, formulario, impuesto, periodo fiscal e importe del Tributo Omitido en Bs. 

A continuación, con relación a la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria, citó el art. 5 del DS 27310 y el art. 11 del DS 27874, de lo que entendió que la 

prescripción puede solicitarla el sujeto pasivo o tercero responsable y que para el computo de la prescripción debe aplicarse la disposición o normativa vigente a momento de ocurrido el hecho generador. 

Dolly K. Saiara Perez 

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Con relación a los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria No 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010 y 13215/2010, saló que: “(...) de todos los procesos de ejecución señalados por el contribuyente se evidencia que afao de conformidad a lo establecido por el art. 55 de la Ley N° 2341 se procedió a la emisión de Autos de Nulidad (…) los cuales fueron notificados por Secretaria el 30 de noviembre de 2016y expuso el Cuadro N°2 que detalla el cite del Proveído de Inicio IoNet de Ejecución Tributaria (PIET), número de Título de Ejecución Tributaria (TET), fecha de emisión del TET, formulario, impuesto, periodo fiscal e importe del Tributo Omitido 

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Justicia tributaria para vivir bien Jaf mit ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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III 

en Bs, número de Auto de Nulidad, fecha de emisión del Auto de Nulidad y cite del Auto de Nulidad. 

Luego, citó los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones de las Leyes 

291 y 317 y señaló que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria prescribirán a los cuatro años y el mismo se computará desde la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria contenidos en los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria, por lo que, el cómputo de la prescripción, se inicia a partir del día siguiente de su legal notificación, y en el Cuadro N° 3, detalla cada PIET, el tipo y la fecha de notificación, entre otros datos, y señala: “(…) cabe aclarar al sujeto pasivo que los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria (PIET’S) Nros. 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010 y 13215/2010 fueron anulados en fecha 11/11/2016, con respecto a los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria (PIET’s) Nros.4318/2012, 685/2013 y 05281/2017, asimismo se evidencia que todos los Proveidos mencionados por el contribuyente fueron emitidos por declaraciones juradas todas presentadas por el sujeto pasivo constituyen Títulos de Ejecución Tributaria (…)”, a continuación, respecto a los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET’s) Nros. 4318/2012, 685/2013 y 05281/2017, realizó el análisis de la prescripción refiriéndose a los antecedentes y la normativa aplicada y 

finalmente, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución 

tributaria. 

De lo señalado, se observa que la Administración Tributaria, respecto a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010 y 13215/2010, se limitó a salar que emitió Autos de Nulidad para los procesos detallados en el cuadro N°2, sin considerar que la pretensión del recurrente estaba destinada a que se declarare la prescripción de la facultad de cobro de la deuda determinada, es decir del Título de Ejecución contenido en el Proveido, omitiendo un pronunciamiento expreso sobre la prescripción alegada, más aún si se considera que los Autos de Nulidad N° 25-001643-16, 25-001642-16, 25-001641-16, 25-001638-16, 25-001639-16 y 25-001640-16, de 11 de noviembre de 2016, declararon la nulidad de los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 13215/2010, 13214/2010, 13213/2010, 13210/2010, 13211/2010 y 13212/2010 de 30 de septiembre de 2010, por duplicidad con los PIET N° 13252/2010, 13251/2010, 13250/2010, 13247/2010, 13248/2010 y 13249/2010, de 30 de septiembre de 2010, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

que corresponden a la misma declaración jurada y el mismo importe determinado en 

cada uno de ellos (fs. 29-46 de antecedentes c. I), es decir que si bien se anularon 

por duplicidad los PIETs citados por el recurrente, no obstante se mantuvo la pretensión de cobro sobre las mismas declaraciones juradas mediante otros PIETS, aspectos que no están claros para la parte recurrente y los cuales no consideró la Administración Tributaria y omitió realizar el análisis de la prescripción solicitada

En ese contexto, tratándose de un acto definitivo, la Resolución impugnada, debió contener los razones de hecho y derecho que inducen a emitirlo; sin embargo, respecto a los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria N° 13210/2010, 13211/2010, 13212/2010, 13213/2010, 13214/2010 y 13215/2010 simplemente rechazó la solicitud de prescripción indicando que los mismos se encuentran con Autos de Nulidad sin considerar todos los hechos relacionados, lo que afecta directamente a la fundamentación de hecho, sin emitir criterio específico sobre la solicitud de prescripción de la deuda contenida en los citados Proveidos lo que fue planteado desde el memorial de 24 de mayo de 2019, incumpliendo con los requisitos previstos en los arts. 28, incs) referidos a: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, y 30, inc. a), de la Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente en razón del num. 1 del art. 74 de la Ley 2492 (CTB)

Consiguientemente, en sujeción de los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso en virtud del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Administrativa N° 232076000003 de 14 de enero de 2020, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria, emita un nuevo acto administrativo, en el que fundamente y motive su decisión sobre la solicitud prescripción en cumplimiento al art. 28 de la Ley 2341 (LPA), esto con el objeto de afaq evitar nulidades posteriores y no vulnerar los derechos que le asisten al Sujeto Pasivo, consagrados en los arts. 115 parágrafo II de la CPE y 68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB)

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de la Calidad CertificadoN771/14 

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Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución 

Administrativa N° 232076000003 de 14 de enero de 2020, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz I del SIN, efecto de que la Administración Tributaria emita nuevo acto administrativo que otorgue respuesta fundamentada sobre la solicitud 

prescripción observando el cumplimiento de los requisitos esenciales que debe contener todo acto administrativo, establecidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), de 

acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

Peugiacin 

Regional 

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LOCY 

KSP/ccav/cmmf/acq/mirb/adcv MARIT-SCZIRA 0406/2020 

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ADOO. So kanina Salazar Pérez Directora Ejecutiva Regional a.i. 

Autoridad Regional de !mpugnación Tributaria Santa Cruz 

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