ARIT-SCZ-RA-0400-2020 Comprobantes de egreso deben de estar debidamente rellenados

ARIT-SCZ-RA-0400-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0400/2020 

Recurrente 

: Mariela Chávez Solorzano. 

Administración Recurrida 

: Gerencia Distrital Santa Cruz | del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Edwin Darleng Menacho Callaú. 

Acto Impugnado 

: Resolución Determinativa N

172070000034, de 14 de enero de 2020. 

Expediente No 

: ARIT-SCZ-0171/2020

Lugar y Fecha 

: Santa Cruz, 24 de julio de 202

VISTOS : 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0400/2020 de 23 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa No 172070000034 de 14 de enero de 2020, que resolvió determinar de oficio la deuda tributaria de la contribuyente Mariela Chávez Solorzano, por un monto total de 22.263.- UFV‘s equivalentes a Bs51.967.- (Cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete 00/100 bolivianos), que incluyen Tributo Omitido Actualizado más intereses

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarari

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia 

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correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA-Crédito Fiscal), emergente de la Orden de Verificación Externa N° 17990201620, que tiene incidencia en los periodos fiscales marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014. 

TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1. Argumentos de la recurrente 

Mariela Chávez Solorzano, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2020 (fs. 17-24 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 172070000034 de 14 de enero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Vulneración de derechos constitucionales en la emisión de la Resolución 

Determinativa impugnada. – 

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa (debió decir Resolución Determinativa), con elementos contradictorios en la misma Resolución y en el Acta, al indicar en el cuadro de la página 3 del acto 

impugnado que la omisión generada por la contravención y la multa de 500 UFV’s, es 

por la entrega parcial de la documentación requerida mediante Orden de Verificación 

No 17990201620 y el F-4003 Requerimiento N° 143829, sin embargo, el penúltimo parágrafo de la página 2 del mismo acto, establece que el contribuyente presentó toda la documentación solicitada en la Orden de Verificación N° 17990201620, a su vez, en el cuadro de la misma página 2 expone un detalle de la documentación solicitada, que lista que no se presentaron Extractos Bancarios, Dictamen, Estados Financieros de Auditoría Gestión 2014, Kardex, estableciendo en las observaciones que el contribuyente declaró no tener cuentas bancarias ni dictamen, dado que es innecesario por los importes en las ventas anuales, de lo que advierte que la Resolución impugnada y el Acta por Contravenciones no señalan cual es la información no presentada por lo cual se le impuso la sanción, tampoco expone la valoración de las notas fiscales que fueron presentadas, evitando que pueda asumir defensa en cuanto al cargo impuesto. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Sostuvo que, en el cuadro de subconceptos y fundamentos legales de los cargos, la Resolución Impugnada señala que respalda legalmente sus cargos en la Ley 843 arts. 2 y 13 y art. 70 de la Ley 2492 (CTB) que señala que el sujeto pasivo debe respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, notas fiscales y otros. Adicionalmente respalda sus cargos con el Código de Comercio arts. 36, 37 y 40, sin embargo, las obligaciones detalladas del Código de Comercio no se salan en la Resolución Impugnada normativa que establezca sanciones como la depuración del crédito fiscal

Por otra parte indicó que, conforme a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1321/2016-S2 de 16 de diciembre de 2016, fundamenta que para la validez del crédito fiscal requiere cumplir tres requisitos: 1) Que la transacción tenga el respaldo de una factura original; 2) Que la compra esté vinculada a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente, en tal sentido, expresó que habría cumplido los tres requisitos para el beneficio del crédito fiscal IVA, exigidos en los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y el DS 21530, toda vez que, con relación al primer requisito, advirtió que las actas de recepción de documentos constan la presentación de la factura original; respecto al requisito referido a la efectiva realización de la transacción, expresó que habría presentado facturas, libro de compras, recibos, comprobantes de egreso, y que el mismo proveedor establece que los bienes objeto de las facturas han sido vendidos al contribuyente, sin embargo, el SIN vincula la observación con la carencia de documentación que demuestre clara, completa y fidedignamente la efectiva realización de la transacción, no obstante, la fundamentación legal no establece en que norma tributaria basa la sanción de depuración del crédito fiscal, toda vez que los artículos de las Leyes 843 y 2492 (CTB) antes señalados, únicamente establecen obligaciones generales del sujeto pasivo sobre sus créditos fiscales. Así también indicó que no existe norma tributaria que establezca específicamente los presupuestos legales que señalen que una transacción se ha llevado a cabo efectivamente, dejando al criterio arbitrario y unilateral de la Administración Tributaria

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Asimismo, advirtió que la Resolución Determinativa Impugnada sala que los documentos de respaldo son insuficientes, pero contradictoriamente señala que se presentaron las facturas de compras originales, que a su vez el proveedor mediante 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (5913) 3391027 3391030 • www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

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declaraciones juradas presentó las facturas de ventas y los recibos de caja que confirman el pago, cumpliendo con el art. 8 del DS 24051. 

Finalmente indicó que los reparos de la resolución impugnada carecen de la debida fundamentación, elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso; el sustento de sus reparos es incompleto e inconsistente y no permite conocer los hechos puntuales sujetos a observación, además contiene una serie de imprecisiones y errores en la aplicación de la normativa legal, que generan agravios que han lesionado los derechos al debido proceso, en su elemento de fundamentación y congruencia, derecho a la defensa y seguridad jurídica, protegidos por los arts. 24, 115-11, 117-1 y 178-1 de la CPE, 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 28, inc. e) de la Ley 2341 (LPA), al respecto, mencionó en calidad de precedente la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0577/2012. 

II.1.2. Depuración del crédito fiscal de las facturas observadas. – 

La recurrente refirió que las compras observadas cumplen con el principio d

causalidad, es decir que tuvieron como objeto o motivo el planteado en la norma tributaria: la generación de rentas gravadas y/o el mantenimiento de la fuente, aun mas allá, siendo los artículos objeto de las compras para la actividad indispensables. 

Asimismo indicó que el SIN, desconoce el Principio de realidad económica y el art. 8 del DS 24051, que únicamente exige documentación original de respaldo, exigencia por demás cumplida con la factura de compra y venta, y los recibos como medio de pago para demostrar la existencia del gasto; asimismo, de acuerdo al DS 24051, establece que se consideran necesarios todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales, y no asi que la no presentación de registros contables invalide su condición, más aun si el Principio de realidad económica evidencia que estos gastos son indispensables dada la actividad, por lo que corresponde considerar la validez de los créditos fiscales observados

De igual forma, expuso parte de la disposición legal RND 10-0049-13 art. 9 y la RND 10-0025-14, refiriéndose a la validez probatoria de las notas fiscales informadas a la Administración Tributaria y el envío de los LCV-IVA

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Por lo expuesto, solicitó se dicte una resolución anulatoria conforme al inc. c) parágrafo I del art. 212 de la Ley 2492 (CTB)

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 13 de febrero de 2020 (fs. 25 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente Mariela Chávez Solorzano impugnando la Resolución Determinativa N° 172070000034 de 14 de enero de 2020 contra la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, el 04 de marzo de 2020, mediante memorial (fs. 35-43 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación

11.3.1 Respecto a la vulneración de derechos constitucionales en la emisión de la Resolución Determinativa impugnada. – 

La Administración Tributaria señaló que en el marco de los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) inició el procedimiento de determinación a la recurrente mediante la Orden de Verificación N° 1799201620 relacionado al crédito fiscal correspondiente al impuesto (IVA) de los periodos marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2014, en efecto, a través del requerimiento N° 143829 solicitó documentación contable y financiera, sin embargo la recurrente presentó documentación parcial, por lo que se labró el Acta por contravenciones tributaria N° 182186, que a su vez, dicha documentación resultó insuficiente para demostrar la efectiva realización de las transacciones consignadas en las notas fiscales observadas, resultando invalidas para el computo del crédito fiscal, por incumplimiento a lo establecido en los nums. 4, 5 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB)

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De ese modo, describió parte de la Sentencia Constitucional N° 1670/2004R de 14 de octubre de 2004, referido al derecho a la defensa; asimismo, mencionó el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), indicando que no habría sido cumplido por la recurrente. 

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de la Calidad Certificado No 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Wan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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11.3.2. Sobre la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas. – 

Mencionó que verificada la documentación (comprobantes de egreso) presentada como respaldo a las notas fiscales observadas, evidenció que solo consignan firmas y nombre en “Elaborado por” y no registran ningún nombre de las personas que intervienen en el documento, por lo que no se sabe quién revisó el documento, ni quien autorizó y mucho menos quien recibió el pago; dichos comprobantes de 

egresos, adjuntan como respaldo los recibos, sin embargo, los comprobantes de egresos reflejan la glosa genérica, situación que no permite demostrar o confirmar si 

las notas fiscales observadas fueron registradas contablemente. 

Asimismo, de la revisión a los Libros Diarios y Mayores, evidenció que en un solo asiento contable se encuentran registradas varios gastos de fechas distintas, impidiendo identificar que las notas fiscales observadas se hayan registrado contablemente y que se hayan efectivizado las compras, de lo que sostuvo que los 

registros en los Libros Diarios y Mayores deberán ser día a día, en orden progresivo, 

con una glosa clara y precisa de tales operaciones y de sus importes, con la 

indicación de las personas que intervengan en los documentos que la respalden. 

También indicó que, de la verificación a los inventarios de mercadería, evidenció que 

solo refleja el saldo al cierre de la gestión 2014, es decir presenta un inventario valorado, por lo cual incumple lo establecido en el art. 9 del DS 24051, toda vez que el contribuyente tiene la obligación de demostrar la efectiva realización de las transacciones que consignan las notas fiscales que respaldan su crédito fiscal, en ese sentido, debió presentar documentación de respaldo que demuestre que se ha producido la transferencia de dominio (transferencia de mercadería) de los bienes objeto de las transacciones, tales como órdenes de compra, notas de remisión del proveedor, notas de recepción del contribuyente, kardex que demuestre el movimiento de los mismos (uso o destino); de igual manera mencionó los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio la Ley 14379, referidos a la obligatoriedad de llevar los libros Diario, Mayor, Inventario y Balances y el art. 44 del mismo Código que dispone que el registro en los libros diarios y mayor deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en orden progresivo. 

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III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

En ese sentido, advirtió que procedió de acuerdo a Ley a ajustar las Bases Imponibles reliquidándose el tributo aplicando el método de determinación sobre BASE CIERTA, conforme a lo previsto en el parágrafo 1 del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y art. 7 del DS 27310, determinándose reparos a favor del fisco por concepto del IVACrédito Fiscal, por un importe de Bs 18.676.- en los periodos marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014, al respecto citó los precedentes administrativos Resolución Recurso Jerárquico N° 1205/2012 de 18 de diciembre de 2012, AGIT-RJ 1438/2013 de 13 de agosto de 2013, por ello, sostuvo que dicho procedimiento se llevó a cabo de manera apropiada respetando en todo momento las garantias constitucionales de la recurrente, exponiendo claramente la pertinencia de las observaciones de las notas fiscales, en estricto cumplimiento al art. 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia, no existió vulneración alguna a la garantía constitucional, al derecho a la defensa, ni al debido proceso. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 172070000034 de 14 de enero de 2020. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, peritajes, testificales). 

Mediante Auto de 05 de marzo de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, que se realizó tanto a la recurrente como a la Administración recurrida el 11 de marzo de 2020 (fs. 44-45 del expediente)

Durante el referido plazo que fenecía el 15 de junio de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial el 20 de marzo de 2020, ratificando en calidad de pruebas todo el expediente administrativo adjunto a la contestación del recurso (fs. 46 del expediente). 

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Por su parte, la recurrente dentro del plazo previsto, no presentó prueba alguna

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11.5 Alegatos 

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Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo || de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 06 de julio de 2020, la Administración Tributaria el 04 y el 19 de junio de 

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de la Calidad Certificado No 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Van mit ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (5913) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo. Santa Cruz, Bolivia 

III

2020, presentó memoriales de alegatos ratificando todos sus puntos expuestos en el memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 49-53vta. y 56-60 del expediente). 

Por su parte, la recurrente dentro del plazo previsto, no presentó alegatos escritos u 

orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1. El 30 de julio de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Mariela Chávez Solorzano, con la Orden de Verificación N° 17990201620, de 30 de marzo de 2015, comunicándole que sería sujeto a un proceso de determinación bajo la modalidad de Verificación Especifica Crédito Fiscal IVA de los periodos marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2014, asimismo mediante Requerimiento de documentación F: 4003 N° 143829 de 09 de abril de 2018, solicitó la siguiente documentación correspondiente a los periodos verificados: 1. Extractos Bancarios, 2. Comprobantes de ingresos y egresos con respaldo, 3. Estados Financieros y Dictamen de auditoria gestión 2014, Plan de código de cuentas contables, Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde, 4. Kardex e inventarios físicos notariados, 5. Certificación de las notas fiscales Nros. 35, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131, asimismo, la no presentación de algunos de los requerimientos solicitados deberá justificar por escrito (fs. 11-12 y 17 c. I de antecedentes). 

III.2. El 14 de agosto de 2018, la Administración Tributaria labró las Actas de 

Recepción de documentación, las cuales describen la presentación de la documentación aportada por la recurrente consistente en: Formulario 200, Libros de compras, notas fiscales, comprobantes de pagos, copias de las facturas, Libros Diarios y Mayores, Comprobantes de Egresos, Diarios, Ingreso y Ajustes, Balance General, Inventario de mercadería y Plan de código de cuentas contables, según consta el detalle de las mismas actas (fs. 22 y 23 c. I de antecedentes). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

111.3. El 16 de abril de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 182186, por el incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la documentación e información requerida por la Administración Tributaria, solicitada mediante el F-4003 requerimiento N° 143829, al contravenir los nums. 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionándole con la multa de 500 UFVs (fs. 24 c. I de antecedentes). 

III.4. 

El 23 de mayo de 2019, Daniel Carlos Ortuño Hidalgo presentó ante la Administración Tributaria carta notariada certificando las notas fiscales N° 35, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131 emitidas a favor de Mariela Chávez Solórzano. Así también indicó que por error de la imprenta se imprimieron facturas con error en su NIT, hecho que habría sido sancionado y cancelado, consiguientemente, las 

notas fiscales emitidas a favor de Mariela Chávez Solórzano, se encuentran 

dentro de las 50 notas fiscales erradas, sin embargo, fueron correctamente facturadas por la efectiva realización de un hecho generador (fs. 26-27 c. I de antecedentes). 

III.5. El 24 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDSCZ1/DF/SVE/INF/06272/2019, el cual señala que, el presente proces

contra la contribuyente Mariela Chávez Solorzano según los antecedentes que dieron origen a la Orden de Verificación N° 17990201620 la información obtenida del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT2) y el módulo informático GAUSS; evidenció que la contribuyente se benefició indebidamente de un crédito fiscal según las notas fiscales detalladas en la Orden de Verificación Externa N° 17990201620, por lo que no son válidas para el computo del crédito fiscal, adecuando su conducta al ilícito tributario de Omisión de Pago, a su vez recomienda que con el propósito de proseguir con la recuperación de los adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de Verificación, corresponde emitir y notificar la vista de Cargo (fs. 498510 c. III 

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111.6. El 10 de julio de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la 

recurrente Mariela Chávez Solorzano, con la vista de Cargo N° 291970000764 (CITE: SIN/GDSCZ VDF/SVENC/00744/2019) de 24 de junio de 2019, 

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Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo. Santa Cruz, Bolivia 

ratificando los resultados expuestos en el Informe Final CITE: SIN/GDSCZ 1/DF/SVE/INF/06272/2019 de 24 de junio de 2019, por lo que, procedió a calcular la deuda tributaria sobre Base Cierta, conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto en el art. 47 del mismo cuerpo legal, modificado por el parágrafo | del art. 2 de la Ley 812 estableciéndose reparos en favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF), en los periodos de marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014, determinando un total de adeudo tributario de 21.910. UFV‘s equivalentes a B$50.512.- (Cincuenta mil quinientos doce 00/100 bolivianos), importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a deberes formales, a su vez le otorga el plazo de treinta (30) días calendario para formular descargos y presentar pruebas (fs. 511-523 y 527 c. III de antecedentes). 

III.7. 

El 01 de agosto de 2019, la recurrente mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria fotocopias simples de todos y cada uno de los 

actuados del procedimiento (fs. 538 c. II de antecedentes). 

III.8. 

El 02 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con el Auto N° 251970001978 de 17 de septiembre de 2019, el cual resolvió declarar la nulidad de la notificación de la Vista de Cargo No 291970000764 de 24 de junio de 2019, con el objeto de realizar una nueva notificación a la contribuyente Mariela Chávez Solorzano (fs. 562-563 y 567 C. III de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Proveído N° 241970001639 de 17 de septiembre de 2019, en respuesta al memorial presentado el 01 de agosto de 2019, autorizando la entrega de la documentación requerida, misma que fue entregada según consta Acta de entrega (fs. 572, 576 y 577 c. III de antecedentes). 

111.9. 

El 10 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente Mariela Chávez Solorzano, nuevamente con la vista de Cargo N° 291970000764 (CITE: SIN/GDSCZ 1/DF/SVENC/00744/2019) de 24 de junio de 2019 (fs. 511-523 y 571 c. III de antecedentes). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

111.10. El 14 de enero de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GDSCZ I/DJCCJ/INF/47/2020, en el que concluyó que durante el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) la contribuyente Mariela Chávez Solorzano no habría conformado ni presentado descargo alguno respecto a las diferencias establecidas en la vista de Cargo No 291970000764 (CITE: SIN/GDSCZ V/DFISVENC/00744/2019), por lo que, ratifica los reparos determinados en la vista de Cargo descrita, así como la calificación preliminar de la conducta de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). A su vez, recomienda proceder con la emisión de la Resolución Determinativa, de acuerdo a lo establecido en el art. 7 y el caso 2 del art. 11 de la RND 10-0032-016 de 25 noviembre 201

(fs. 579-583 c. Ill de antecedentes). 

III. 11. El 20 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notifico mediante cédula

la recurrente, con la Resolución Determinativa N° 172070000034 de 14 de enero de 2020, que resolvió determinar de oficio la deuda tributaria de la contribuyente Mariela Chávez Solorzano, por un monto total de 22.263.- UFV’s equivalentes a Bs51.967.– (Cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete 00/100 bolivianos), que incluyen Tributo Omitido Actualizado más intereses, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA-Crédito Fiscal), emergente de la Orden de Verificación Externa N° 17990201620, que tiene incidencia en los periodos fiscales marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014 (fs. 584-596 y 597 c. III de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes; 1. Vulneración de derechos 

constitucionales en la emisión de los actos administrativos, 2. Depuración del crédito fiscal de las facturas observadas. 

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IV.1. Vulneración de derechos constitucionales en la emisión de los actos administrativos. – 

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La recurrente manifestó que la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa (debió decir Resolución Determinativa), con elementos contradictorios 

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en la misma Resolución y en el Acta, al indicar en el cuadro de la página 3 del acto 

impugnado que la omisión generada por la contravención y la multa de 500 UFV’s, es por la entrega parcial de la documentación requerida mediante Orden de Verificación 

N° 17990201620 y el F-4003 Requerimiento N° 143829, sin embargo, el penúltimo 

parágrafo de la página 2 del mismo acto, establece que el contribuyente presentó 

toda la documentación solicitada en la Orden de Verificación N° 17990201620, a su 

vez, en el cuadro de la misma página 2 expone un detalle de la documentación solicitada, que lista que no se presentaron Extractos Bancarios, Dictamen, Estados Financieros de Auditoria Gestión 2014, Kardex, empero se estableció en las observaciones que el contribuyente declaró no tener cuentas bancarias ni dictamen, dado que es innecesario por los importes en las ventas anuales, de lo que advierte que la Resolución impugnada y el Acta por Contravenciones no señalan cual es la documentación no presentada por lo cual se le impuso la sanción, tampoco expone la valoración de las notas fiscales que fueron presentadas, evitando que pueda asumir defensa en cuanto al cargo impuesto. 

Sostuvo que, en el cuadro de subconceptos y fundamentos legales de los cargos, la Resolución Impugnada indicó que respalda legalmente sus cargos en la Ley 843 arts. 2 y 13 y art. 70 de la Ley 2492 (CTB) que señala que el sujeto pasivo debe respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, notas fiscales y otros. Adicionalmente respalda sus cargos con el Código de Comercio arts. 36, 37 y 40, sin embargo, las obligaciones detalladas del Código de Comercio no se señalan en la Resolución Impugnada normativa que establezca sanciones como la depuración del crédito fiscal. 

Por otra parte indicó que, conforme a la Sentencia Constitucional Plurinacional 

1321/2016-S2 de 16 de diciembre de 2016, fundamenta que para la validez del 

crédito fiscal requiere cumplir tres requisitos: 1) Que la transacción tenga el respaldo 

de una factura original; 2) Que la compra esté vinculada a la actividad gravada; y 3

Que la transacción se haya realizado efectivamente, en tal sentido, expresó que habría cumplido los tres requisitos para el beneficio del crédito fiscal IVA, exigidos en los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y el DS 21530, toda vez que, con relación al primer requisito, advirtió que las actas de recepción de documentos constan la presentación de la factura original; respecto al requisito referido a la efectiva realización de la transacción, expresó que habría presentado facturas, libro de compras, recibos, 

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comprobantes de egreso, y que el mismo proveedor establece que los bienes objeto de las facturas han sido vendidos al contribuyente, sin embargo, el SIN vincula la observación con la carencia de documentación que demuestre clara, completa y fidedignamente la efectiva realización de la transacción, no obstante, la fundamentación legal no establece en que norma tributaria basa la sanción de depuración del crédito fiscal, toda vez que los artículos de las Leyes 843 y 2492 (CTB) antes señalados, únicamente establecen obligaciones generales del sujeto pasivo sobre sus créditos fiscales. Así también indicó que no existe norma tributaria que establezca específicamente los presupuestos legales que señalen que una transacción se ha llevado a cabo efectivamente, dejando al criterio arbitrario y unilateral de la Administración Tributaria. 

Asimismo, advirtió que la Resolución Determinativa Impugnada señaló que los documentos de respaldo son insuficientes, pero contradictoriamente indicó que se presentaron las facturas de compras originales, que a su vez el proveedor mediante declaraciones juradas presentó las facturas de ventas y los recibos de caja que confirman el pago, cumpliendo con el art. 8 del DS 24051. 

Finalmente indicó que los reparos de la Resolución Impugnada carecen de la debida 

fundamentación, elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, e

sustento de sus reparos es incompleto e inconsistente y no permite conocer los hechos puntuales sujetos a observación, además contiene una serie de imprecisiones y errores en la aplicación de la normativa legal, que generan agravios que han lesionado los derechos al debido proceso, en su elemento de fundamentación y congruencia, derecho a la defensa y seguridad jurídica, protegidos por los arts. 24, 115-11, 1171 y 178-1 de la CPE, 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 28, inc. e) de la Ley 2341 (LPA), al respecto, mencionó en calidad de precedente la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0577/2012. 

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Por su parte, la Administración Tributaria señaló que en el marco de los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) inició el procedimiento de determinación a la recurrente mediante la Orden de Verificación N° 1799201620 relacionado al crédito fiscal correspondiente al impuesto (IVA) de los periodos marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2014, en efecto, a través del requerimiento N° 143829 solicitó documentación contable y financiera, sin embargo la recurrente presentó 

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documentación parcial, por lo que se labró el Acta por contravenciones tributaria No 182186, que a su vez, dicha documentación resultó insuficiente para demostrar la efectiva realización de las transacciones consignadas en las notas fiscales observadas, resultando invalidas para el computo del crédito fiscal, por incumplimiento a lo establecido en los nums. 4, 5 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

De ese modo, describió parte de la Sentencia Constitucional N° 1670/2004-R de 14 de octubre de 2004, referido al derecho a la defensa; asimismo, mencionó el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), indicando que no habría sido cumplido por la recurrente. 

Al respecto, en cuanto al contenido de los actos administrativos y su fundamentación, 

la doctrina administrativa señala que: el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera 

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO. Agustin, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV. Octava Edición, Buenos Aires – Argentina: “Fundación de Derecho Administrativo” 2004. Pág. Il-36 y 11-37). En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos señala que ésta es imprescindible para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos” (FONROUGE, Carlos M. Giuliani, Derecho Financiero. Volumen I. Ed. Depalma 1987. Pág. 557). 

Con relación al derecho al debido proceso, sen la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio, Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. Respecto a la motivación, la doctrina también sala: “el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa, mediante una relación concreta y directa de lo

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hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto(ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265)

Asimismo, es pertinente señalar las consideraciones de la jurisprudencia constitucional contenidas en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1474/2013, de 22 de agosto de 2013, que estableció: El derecho a la fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógicojurídicos sobre el por qué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa”. 

De igual forma, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en sus arts. 115, parágrafo Il y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Por otra parte, el mismo cuerpo de normas constitucionales en su art. 24 dispone: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. 

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Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada

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acomo también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados

Por otra parte, los requisitos que deben contener la Resolución Determinativa están 

contenidos en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), los cuales prevén que como requisitos mínimos debe tener el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta, la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre

cargo de la autoridad competente; además debe contener las especificaciones sobre 

la deuda tributaria respecto 

al origen, concepto y determinación del adeudo 

establecido. Asimismo, indica que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. Así también, el art. 7 de la RND 10-0032-16, establece los requisitos mínimos que debe contener la Resolución Determinativa, entre otros, el inc. j) Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten cada observación determinada y la norma específica infringida (fundamentos de hecho y de derecho) que respalden las observaciones que dieron origen al monto del Adeudo Tributario. 

En ese contexto, de la compulsa realizada a las carpetas de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de julio de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a Mariela Chávez Solorzano, con la Orden de Verificación N° 17990201620, de 30 de marzo de 2015, comunicándole que sería sujeto a un proceso de determinación bajo la modalidad de Verificación Específica Crédito Fiscal IVA de los periodos marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2014, asimismo mediante Requerimiento de documentación F: 4003 N° 143829 de 09 de abril de 2018, solicitó la siguiente documentación correspondiente a los periodos verificados: 1. Extractos Bancarios, 2. Comprobantes de ingresos y egresos con respaldo, 3. Estados Financieros y Dictamen de auditoria gestión 2014, Plan de código d

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cuentas contables, Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde, 4. Kardex e inventarios físicos notariados, 5. Certificación de las notas fiscales Nros. 35, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131, asimismo, la no presentación de algunos de los requerimientos solicitados deberá justificar por escrito (fs. 1112 y 17 c. 1 de antecedentes), en respuesta, el 14 de agosto de 2018, la Administración Tributaria labró las Actas de Recepción de documentación, las cuales describen la 

presentación de la documentación aportada por la recurrente consistente en

Formulario 200, Libros de compras, notas fiscales, comprobantes de pagos, copias 

de las facturas, Libros Diarios y Mayores, Comprobantes de Egresos, Diarios, Ingreso y Ajustes, Balance General, Inventario de mercadería y Plan de código de cuentas contables, según consta el detalle de las mismas actas (fs. 22 y 23 c. I de antecedentes)

Posteriormente, el 16 de abril de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

182186, por el incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la documentación 

e información requerida por la Administración Tributaria, solicitada mediante el F 4003 requerimiento N° 143829, al contravenir los nums. 6, 8 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionándole con la multa de 500 UFV’s (fs. 24 c. I de antecedentes), a su vez, el 23 de mayo de 2019, Daniel Carlos Ortuño Hidalgo presentó ante la Administración Tributaria nota notariada certificando las notas fiscales N° 35, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131 emitidas a favor de Mariela Chávez Solórzano. Así también indicó que por error de la imprenta se imprimieron facturas con error en su NIT, hecho que habría sido sancionado y cancelado, consiguientemente, las notas fiscales emitidas a favor de Mariela Chávez Solórzano, se encuentran dentro de las 50 notas fiscales erradas, sin embargo, fueron correctamente facturadas por la efectiva realización de un hecho generador (fs. 26-27 c. I de antecedentes). 

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Continuando con la compulsa, se tiene que el 24 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: SIN/GDSCZ-1/DF/SVE/INF/06272/2019, el cual sala que, el presente proceso contra la contribuyente Mariela Chávez Solorzano según los antecedentes que dieron origen a la Orden de Verificación 17990201620 la información obtenida del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT2) y el módulo informático GAUSS; evidenció que la contribuyente se benefició indebidamente de un crédito fiscal según las notas fiscales detalladas en 

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la Orden de Verificación Externa N° 17990201620, por lo que no son válidas para el computo del crédito fiscal, adecuando su conducta al ilícito tributario de Omisión de 

Pago, a su vez recomienda que con el propósito de proseguir con la recuperación de 

los adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de Verificación, corresponde emitir y notificar la vista de Cargo (fs. 498-510 C. III de antecedentes), consecutivamente, el 10 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente Mariela Chávez Solorzano, con la vista de Cargo No 291970000764 (CITE: SIN/GDSCZ 1/DF/SVENC/00744/2019) de 24 de junio de 2019, ratificando los resultados expuestos en el Informe Final CITE: SIN/GDSCZ 1/DF/SVE/INF/06272/2019 de 24 de junio de 2019, por lo que, procedió a calcular la deuda tributaria sobre Base Cierta, conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 

de la Ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto en el art. 47 del mismo cuerpo legal, 

modificado por el parágrafo I del art. 2 de la Ley 812 estableciéndose reparos en 

favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVACF), en los periodos 

de marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014, determinando un total 

de adeudo tributario de 21.910.- UFV‘s equivalentes a Bs50.512.- (Cincuenta mil 

quinientos doce 00/100 bolivianos), importe que incluye el tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a deberes 

formales, a su vez le otorga el plazo de treinta (30) días calendario para formular descargos y presentar pruebas (fs. 511-523 y 527 C. III de antecedentes). 

Seguido a ello, el 01 de agosto de 2019, la recurrente mediante memorial solicitó a la Administración Tributaria fotocopias simples de todos y cada uno de los actuados del procedimiento (fs. 538 c. III de antecedentes), por lo que, por incumplimiento a dicha solicitud, el 02 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con el Auto N° 251970001978 de 17 de septiembre de 2019, el cual resolvió declarar la nulidad de la notificación de la Vista de Cargo No 291970000764 de 24 de junio de 2019, con el objeto de realizar una nueva notificación a la contribuyente Mariela Chávez Solorzano (fs. 562-563 y 567 c. III de antecedentes), a su vez, el mismo día, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con el proveido N° 241970001639 de 17 de septiembre de 2019, en respuesta al memorial presentado el 01 de agosto de 2019, autorizando la entrega de la documentación requerida, misma que fue entregada según consta Acta de entrega (fs. 572, 576 y 577 c. lll de antecedentes), consecuentemente, el 10 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente 

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Mariela Chávez Solorzano, nuevamente con la vista de Cargo N° 291970000764 (CITE: SIN/GDSCZ 1/DF/SVENC/00744/2019) de 24 de junio de 2019 (fs. 511-523 y 571 c. III de antecedentes)

De la misma compulsa, se tiene que el 14 de enero de 2020, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE:SIN/GDSCZ I/DJCCJ/INF/47/2020, en el que concluye que durante el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) la contribuyente Mariela Chávez Solorzano no habría conformado ni presentado descargo alguno respecto a las diferencias establecidas en la vista de Cargo N° 291970000764 (CITE: SIN/GDSCZ I/DF/SVENC/00744/2019), por lo que, ratifica los reparos determinados en la vista de Cargo descrita, así como la calificación preliminar de la conducta de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). A su vez, recomienda proceder con la emisión de la Resolución Determinativa, de acuerdo a lo establecido en el art. 7 y el caso 2 del art. 11 de la RND 10-0032016 de 25 noviembre 2016 (fs. 579-583 c. lll de antecedentes), finalmente, el 20 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notifico mediante cédula a la recurrente, con la Resolución Determinativa No 172070000034 de 14 de enero de 2020, que resolvió determinar de oficio la deuda tributaria de la contribuyente Mariela Chávez Solorzano, por un monto total de 22.263.- UFVs equivalentes a Bs51.967.- (Cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete 00/100 bolivianos), que incluyen Tributo Omitido Actualizado más Intereses, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA-Crédito Fiscal), emergente de la Orden de Verificación Externa N° 17990201620, que tiene incidencia en los periodos fiscales marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014 (fs. 584-596 y 597 c. III de antecedentes). 

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Ahora bien, del marco normativo expuesto precedentemente y conforme los antecedentes antes descritos, con relación a lo argumentado por la recurrente, se procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos expuestos en el art. 99 parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB), en tal sentido se procedió a revisar el acto impugnado, se evidencia que en la parte considerativa de la Resolución Determinativa impugnada primer página (fs. 584 C. III de antecedentes), la Administración Tributaria señaló que en uso de sus atribuciones conferidas por la Ley 2492 (CTB) y los arts. 29 y 32 del DS 27310 (RCTB), procedió a la verificación de las obligaciones impositivas, con el objeto de comprobar el cumplimiento que éste dio a 

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las disposiciones legales relativas al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en los periodos de marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014, detalladas en el anexo al Form. 7531 de la Orden de Verificación Externa N° 17990201620. Seguidamente en mismo considerando, segunda página, establece que notificada personalmente a la contribuyente con el F-7531, Orden de Verificación N° 17990201620 y el Requerimiento N° 143829, le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de la documentación correspondiente a los periodos sujetos a verificación, a continuación detalló en un cuadro la documentación que fue requerida, indicando que fueron presentadas las Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libros de compras IVA de los periodos observados, Facturas de compras originales, documento que respalde el pago realizado (recibos), comprobantes de egresos, Estados Financieros gestión 2014, Libros de contabilidad (Diario y Mayor), Plan de Código de Cuentas Contables, Inventarios, Certificación de las notas fiscales N° 34, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131, con relación a los Extractos Bancarios, Dictamen y Estados Financieros de Auditoria gestión 2014, señaló que la contribuyente mediante nota aclaró que no tiene cuenta bancaria tampoco dictamen, asimismo, consignó en el mismo cuadro que la contribuyente no presentó el Kardex. 

Posterior al cuadro, en la misma página, indicó que, el 14 de agosto de 2018, dentro del plazo establecido, la contribuyente presentó ante la Administración Tributaria toda 

la documentación solicitada, en la Orden de Verificación N° 17990201620 de 30 de marzo de 2017 y parcialmente la documentación solicitada mediante F-4003 

Requerimiento No 09 de abril de 2018, según consta en las actas de recepción de 

documentación, en efecto, en la siguiente página establece que, debido al incumplimiento de deberes formales por parte de la contribuyente, la Administración Tributaria procedió a labrar el Acta por Contravención Tributaria Vinculada a

Procedimiento de Determinación N° 182186, por la entrega parcial de la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria, con el monto de 500. 

UFV’s (el subrayado es añadido). 

De lo expuesto, con relación a lo alegado por la recurrente que la Administración Tributaria no señala cual es la información no presentada por la que le impuso la sanción y que de manera contradictoria en el cuadro de la página 3 del acto impugnado le genera la multa de 500 UFV’s por la entrega parcial de la 

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documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 17990201620; sin embargo, en el penúltimo parágrafo de la página 2 del mismo acto, establece que el contribuyente presentó toda la documentación solicitada en la Orden de Verificación; 

al respecto, del análisis expuesto precedentemente es evidente que en el cuadro de 

la segunda página de la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria expuso que la contribuyente no presentó el Kardex, tampoco justificó las razones de su no presentación, conforme lo manifestó por la no presentación de los Extractos Bancarios, el Dictamen y Estados Financieros de Auditoria gestión 2014

ria gestión 2014, 

así también, dejó claramente establecido que si bien el sujeto pasivo presentó toda la documentación solicitada en la Orden de Verificación N° 1790201620, empero presentó parcialmente la documentación solicitada mediante el Requerimiento No 143829, incumplimiento que motivó a sancionar al sujeto pasivo con el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Proceso de Determinación No 182186 con la multa de 500 UFVs, en ese entendido, no es evidente la contradicción alegada por la recurrente, asimismo, se advierte que contrario a lo denunciado por la recurrente, la Administración Tributaria estableció cual fue la documentación que no fue presentada, en el presente caso, los kardex

Continuando con el análisis de la Resolución Determinativa impugnada, sala en la página cuarta (fs. 587 c. III de antecedentes) que, cumpliendo el procedimiento de determinación y en vista de que la contribuyente Chávez Solorzano Mariela presentó parcialmente la documentación requerida, con base en el Informe CITE: SIN/GDSCZ 1/DF/SVE/INF/06272/2019, emitió la vista de Cargo N° 291970000764 (CITE:SIN/GDSCZ 1/DF/SVENC/00744/2019) de 24 de junio de 2019, por un monto de 21.910.- UFV’s, seguidamente, indica que, producto del análisis y revisión realizada a la documentación presentada e información enviada por la contribuyente mediante el Software DaVinci LCV, la información extraída del SIRAT2 y la consulta del módulo GAUSS, evidenció que la recurrente se beneficio del crédito fiscal en los periodos de marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014, estableciendo las siguientes observaciones para las facturas N° 35, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131 todas emitidas por el proveedor Zona Franca Winner: Código 1. No demuestra la efectiva realización de la transacción, indicó que verificado los comprobantes de egresos, presentados como respaldos a las notas fiscales observadas, evidenció que solo consignan firmas y nombre en “Elaborado por” y no registran ningún nombre de las personas que intervienen en el documento, por lo que no se sabe quién revisó el 

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de la Calidad Certificado N771/14 

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Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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documento, ni quien autorizó y mucho menos quien recibió el pago. Los comprobantes de egresos, adjuntan como respaldo documental los recibos, sin embargo, en un solo comprobante y al último día del mes, registran varias facturas de fechas distintas, a su vez los comprobantes reflejan la glosa genérica, situación que no permite demostrar o confirmar si las notas fiscales observadas fueron registradas contablemente. Los libros diarios registran en un solo asiento contable varios gastos de fechas distintas, por lo que no se puede identificar que las notas fiscales observadas se hayan registrado contablemente y que fehacientemente las compras se hayan efectivizado, a su vez, tampoco se puede demostrar en los Libros Mayores, debiendo ser los registros de los libros diarios y mayores día a a, en orden 

progresivo, con una glosa clara y precisa de las operaciones y sus importes, con las 

personas que intervengan en los documentos que la respalden. También, evidencia de la verificación de los inventarios de mercadería presentados por el contribuyente, que solo refleja el saldo al cierre de la gestión 2014, es decir presenta un inventario valorado, lo que incumple lo establecido en el art. 9 del DS 24051, para efectos de valoración de los inventarios se toman diversos criterios, en este sentido, el contribuyente tiene la obligación de demostrar la efectiva realización de las transacciones que consignan las notas fiscales que respaldan el cómputo de su crédito fiscal, no siendo suficiente la sola presentación de la nota fiscal, en ese sentido, debió presentar documentación de respaldo que demuestre que se ha producido la transferencia de dominio (transferencia de mercadería) de los bienes objeto de transacciones, tales como órdenes de compras, notas de remisión del proveedor, notas de recepción del contribuyente, kardex que demuestre el movimiento de los mismos (uso o destino), por otra parte, no respalda el ingreso de la mercadería al lugar de destino, mediante nota de recepción, ni acompaña kardex en la que pudiera verificarse la entrada y salida de los mismos, no demostrando que haya producido la transferencia de mercadería que indica haber comprado a su proveedor, concluye indicando que, la documentación es insuficiente para demostrar la efectiva realización de las transacciones consignadas en las notas fiscales observadas, por lo que las mismas son invalidas para el computo de crédito fiscal, por incumplimiento a lo establecido en el art. 70 nums. 4, 5 y 6, art. 76 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio Ley 14379, asimismo, refirió lo establecido en el Auto Supremo (AS) N° 477 de 22 de noviembre de 2012, reiterado mediante Auto Supremo (AS) N° 293/2013, sobre el cumplimiento de los 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

tres presupuestos legales necesarios y esenciales para beneficiarse con el computo 

del crédito fiscal IVA. 

A continuación, procedió ajustar la Base Imponible sobre Base Cierta, conforme a lo previsto en el parágrafo 1 del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) tomando en cuenta la documentación e información que permitió conocer los hechos generadores del tributo de acuerdo al art. 7 del DS 27310, determinándose reparos a favor del fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-Crédito Fiscal), por las notas fiscales de compras observadas, declaradas por el contribuyente, importe que ascienden a Bs 143.668.- que origina la omisión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el importe de Bs 18.676.-. Posterior a ello, se evidencia que, en la página novena del acto impugnado, título Acciones y omisiones(fs. 592 c. III de antecedentes), describió el marco legal aplicable en el que sustenta las observaciones de la depuración de las notas fiscales de compras, citando los arts. 2 y 13 de la Ley 843, 70 nums. 4, 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), 36, 37, 40 y 44 del Decreto Ley 14379 – Código de Comercio, en tal sentido, calificó la conducta del contribuyente, como contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993, de 16 de noviembre de 2016, finalmente, resolvió determinar de oficio la deuda 

tributaria de la contribuyente por un monto total de 22.263.- UFVs, equivalentes a 

Bs51.967.- que incluyen Tributo Omitido, actualizado más intereses, correspondiente 

al Impuesto al Valor Agregado (IVACrédito Fiscal) que tiene incidencia en los periodos fiscales de marzo, mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2014

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Con relación a lo alegado por la recurrente, respecto a que la Administración Tributaria no habría expuesto en el acto impugnado la valoración de las notas fiscales presentadas, que las obligaciones detalladas en el Código de Comercio no establecen sanciones como la depuración del crédito fiscal, la fundamentación legal no establece en que normativa tributaria basa la sanción de depuración del crédito fiscal y que no existe norma que establezca de manera específica que una transacción se ha llevado a cabo efectivamente, asimismo, la Resolución Determinativa Impugnada señala que los documentos de respaldos son insuficiente y contradictoriamente señala que se presentaron las facturas de compras originales y documentación que confirman el pago; al respecto de lo antes expuesto por el sujeto pasivo, es evidente que contrario a lo alegado por la recurrente, la Administración 

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Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado No 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Han mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita I mbaerepi Vae (Guarani

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Tributaria expuso en las páginas quinta y sexta del acto impugnado, el detalle de las notas fiscales N° 35, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131 observadas, seguidamente, la valoración de la documentación parcial presentada por la recurrente, la misma que resultó insuficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción 

consignadas en la nota fiscales observadas, toda vez que, los comprobantes de 

egresos, libros diarios y mayores, no permitieron identificar el registro contable de las compras, además no respaldo mediante kardex de inventario el movimiento de la 

mercadería (ingreso y salida), en consecuencia, no demostró que se haya producido la transferencia de la mercancía que indica haber comprado según las notas fiscales de compras, apoyando su observación en el incumplimiento de los arts. 2 y 13 de la Ley 843, 70 nums. 4, 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), 36, 37, 40 y 44 del Decreto Ley 14379 – Código de Comercio; asimismo, si bien, la recurrente alega haber presentado las facturas originales y documentación de pago, no obstante, conforme se expuso anteriormente, la observación de la Administración Tributaria que invalida las notas fiscales de compras, merece a que no demostró con documentación suficiente la efectiva realización de transacción de las compras efectuadas; así también, respecto al marco normativo observado por la recurrente, es menester señalar que el Código de Comercio en sus arts. 36, 37, 40 y 44, establece el cumplimiento de las obligaciones de todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización, debiendo obligatoriamente llevar los libros diario, 

mayor, inventario y balance, que a su vez, debe realizar el registro día a día en orden progresivo, con una glosa clara y precisa en los libros diarios y mayores, situación que fue incumplida por parte de la recurrente toda vez que, en los libros diarios y mayores registran en un solo asiento contable varios gastos de distintas fechas, impidiendo identificar que las notas fiscales observadas se hayan registrado contablemente y que fehacientemente las compras se hayan efectivizado, en efecto, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento del conjunto de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho imponible, en ese entendido, dicho marco legal es válido para sustentar la depuración del crédito fiscal. 

De lo expuesto precedentemente, se advierte que la Administración Tributaria emitió 

la Resolución Determinativa, consignando los datos del sujeto pasivo, los períodos verificados, los antecedentes de hecho y derecho, asimismo, contrario a lo alegado por la recurrente en el cuadro de “Análisis notas fiscales observadas” (fs. 588-589 C. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

Ill de antecedentes), detalla el análisis y valoración de las notas fiscales de compras 

y documentación de descargo, además de la fundamentación legal que respalda la 

depuración del crédito fiscal, por lo que, se advierte que la Resolución Determinativa cumplió con los requisitos previstos en los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 27310 (RCTB) y 7 de la RND 10003216, pues emitió dicho acto administrativo debidamente fundamentado y motivado, no siendo evidentes los vicios 

de nulidad invocados por la recurrente, consecuentemente, corresponde desestimar 

los argumentos efectuados en este punto, debiendo ingresarse al análisis del siguiente agravio. 

IV.2. Sobre la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas. – 

La recurrente refirió que las compras observadas cumplen con el principio de causalidad, es decir que tuvieron como objeto o motivo el planteado en la norma 

tributaria: la generación de rentas gravadas y/o el mantenimiento de la fuente, aun 

mas allá, siendo los artículos objeto de las compras para la actividad indispensables. 

Asimismo indicó que el SIN, desconoce el Principio de realidad económica y el art. 8 del DS 24051, que únicamente exige documentación original de respaldo, exigencia 

por demás cumplida con la factura de compra y venta, y los recibos como medio de 

pago para demostrar la existencia del gasto; asimismo, de acuerdo al DS 24051, 

establece que se consideran necesarios todos aquellos gastos realizados, tanto en el 

país como en el exterior, a condición que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales, y no así que la no presentación de registros contables invalide su condición, más aun si el principio de realidad económica evidencia que estos gastos son indispensables dada la actividad, por lo que corresponde considerar la validez de los créditos fiscales observados. 

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De igual forma, expuso parte de la disposición legal RND 10-0049-13 art. 9 y la RND 10-002514, refirndose a la validez probatoria de las notas fiscales informadas a la Administración Tributaria y el envío de los LCV-IVA

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Por su parte, la Administración Tributaria mencionó que verificada la documentación (comprobantes de egreso) presentada como respaldo a las notas fiscales observadas, evidenció que solo consignan firmas y nombre en “Elaborado por” y no 

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de la Calidad Certificado N 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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registran ningún nombre de las personas que intervienen en el documento, por lo que no se sabe quién revisó el documento, ni quien autorizó y mucho menos quien recibió el pago; dichos comprobantes de egresos, adjuntan como respaldo los recibos, sin embargo, los comprobantes de egresos reflejan la glosa genérica, situación que no permite demostrar o confirmar si las notas fiscales observadas fueron registradas contablemente 

Asimismo, de la revisión a los Libros Diarios y Mayores, evidenció que en un solo asiento contable se encuentran registradas varios gastos de fechas distintas, impidiendo identificar que las notas fiscales observadas se hayan registrado 

contablemente y que se hayan efectivizado las compras, de lo que sostuvo que los 

registros en los Libros Diarios y Mayores deberán ser día a día, en orden progresivo, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y de sus importes, con la indicación de las personas que intervengan en los documentos que la respalden. 

También indicó que, de la verificación a los inventarios de mercadería, evidenció que solo refleja el saldo al cierre de la gestión 2014, es decir presenta un inventario valorado, por lo cual incumple lo establecido en el art. 9 del DS 24051, toda vez que 

el contribuyente tiene la obligación de demostrar la efectiva realización de las 

transacciones que consignan las notas fiscales que respaldan su crédito fiscal, e

ese sentido, debió presentar documentación de respaldo que demuestre que se ha producido la transferencia de dominio (transferencia de mercadería) de los bienes 

objeto de las transacciones, tales como órdenes de compra, notas de remisión del 

proveedor, notas de recepción del contribuyente, kardex que demuestre el movimiento de los mismos (uso o destino); de igual manera mencionó los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio la Ley 14379, referidos a la obligatoriedad de llevar los libros Diario, Mayor, Inventario y Balances y el art. 44 del mismo Código que dispone que el registro en los libros diarios y mayor deberán ser día por día y las operaciones realizadas por la empresa en orden progresivo. 

En ese sentido advirtió que procedió de acuerdo a Ley a ajustar las Bases Imponibles reliquidándose el tributo aplicando el método de determinación sobre BASE CIERTA, conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y art. 7 del DS 27310, determinándose reparos a favor del fisco por concepto del IVACrédito Fiscal, por un importe de Bs 18.676.- en los periodos marzo, mayo, junio, julio

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

septiembre de la gestión 2014, al respecto citó los precedentes administrativos Resolución Recurso Jerárquico N° 1205/2012 de 18 de diciembre de 2012, AGIT-RJ 1438/2013 de 13 de agosto de 2013, por ello, sostuvo que dicho procedimiento se llevó a cabo de manera apropiada respetando en todo momento las garantías constitucionales de la recurrente, exponiendo claramente la pertinencia de las observaciones de las notas fiscales, en estricto cumplimiento al art. 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia, no existió vulneración alguna a la garantia constitucional, al derecho a la defensa, ni al debido proceso

Al respecto, a efecto de dilucidar los aspectos de fondo planteados por la recurrente, la doctrina tributaria ha establecido con relación a los medios probatorios de pago y sobre la efectiva realización de las transacciones que: Las disposiciones vigentes y 

los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que e

principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros. (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630631). Asimismo, corresponde aclarar que los comprobantes de Egreso, constituyen en 

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Salazar Pores 

“registros de primera entrada que incluyen y exponen información referente a la 

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contabilización sólo y únicamente de transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la empresa (…)”. (Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77). 

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En ese sentido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 2030/2018 de 10 de septiembre de 2018, 

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de la Calidac Certificado 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Miburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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refiere que en virtud de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (TO), estableció como precedentes en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 0198/2013, entre otras, que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA producto de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) Que la factura haya sido emitida; 2) Que la compra se 

entre vinculada con la actividad para la que el sujeto resulta responsable del gravamen y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad

Por su parte, la legislación nacional en el art. 70 nums. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB), establece entre las obligaciones del sujeto pasivo, respaldar las actividades 

y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan (...); y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones

Asimismo, el art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que: Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden”; consiguientemente en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, 

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mencionan que se deben llevar obligatoriamente, los siguientes libros: “Diario, 

Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios”;(...) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos (…); en el libro Diario 

se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por 

la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden (...).” 

Así también, se debe recordar que el procedimiento del sistema contable tien

entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de 

transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios), en base a los cuales se extraen los Estados Financieros. 

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En este sentido, es que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, toda vez que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que 

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de la Calidad Certificado N 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní

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recibió el pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

En este contexto y en concordancia a lo expuesto precedentemente, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria” 

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes expuesto en el punto 1V.1 de la fundamentación técnica jurídica, y con relación a lo agraviado por la recurrente respecto a que las compras observadas cumplieron los principios de causalidad y realidad económica, al ser gastos indispensables para la actividad gravada, asimismo, conforme la exigencia del art. 8 del DS 24051, habría presentado la factura de compra y venta, y los recibos como medio de pago para demostrar la exi del gasto; al respecto, esta instancia procederá a revisar las observaciones realizadas por la Administración Tributaria a las notas fiscales de compras, es así que de la compulsa a la Resolución Determinativa impugnada en las páginas quinta y sexta (fs. 588589 C. III de antecedentes), expuso en el cuadro ANÁLISIS DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS, el detalle de las notas fiscales sujetas a verificación N° 35, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131, que según los datos informados por contribuyentes el LCV Da Vinci, dichas notas fiscales fueron emitidas por el proveedor Zona Franca Winner, con NIT 4500512016, en los periodos de marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2014, cuyo importe total de las facturas asciende a Bs 143.668.-, todas observadas bajo el código 1

Seguido a ello, establece las observaciones para el código 1. No demuestra la efectiva realización de la transacción. – Señalando que, verificado los comprobantes de egresos, presentados como respaldos a las notas fiscales observadas, evidenció que solo consignan firmas y nombre en “Elaborado por” y no registran ningún nombre de las personas que intervienen en el documento, por lo que no se sabe quién revisó el documento, ni quien autorizó y mucho menos quien recibió el pago. Los comprobantes de egresos, adjuntan como respaldo documental los recibos, sin embargo, en un solo comprobante y al último día del mes, registran 

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varias facturas de fechas distintas fechas, a su vez los comprobantes reflejan la glosa 

genérica, situación que no permite demostrar o confirmar si las notas fiscales observadas fueron registradas contablemente. Los libros diarios registran en un solo asiento contable varios gastos de fechas distintas, por lo que no se puede identificar que las notas fiscales observadas se hayan registrado contablemente y que fehacientemente las compras se hayan efectivizado, a su vez, tampoco se puede demostrar el registro en los Libros Mayores, debiendo ser los registros de los libros diarios y mayores día a día, en orden progresivo, con una glosa clara y precisa de las 

ciones y sus importes, con las personas que intervengan en los documentos que la respalden. También, se evidenció de la verificación de los inventarios de mercaderia presentados por la contribuyente, que solo refleja el saldo al cierre de la gestión 2014, es decir presenta un inventario valorado del cierre de la gestión, lo que incumple lo establecido en el art. 9 del DS 24051, para efectos de valoración de los inventarios se toman diversos criterios, en este sentido, el contribuyente tiene la obligación de demostrar la efectiva realización de las transacciones que consigna

las notas fiscales que respaldan el computo de su crédito fiscal, no siendo suficiente la sola presentación de la nota fiscal, en ese sentido, debió presentar documentación 

de respaldo que demuestre que se ha producido la transferencia de dominio 

(transferencia de mercadería) de los bienes objeto de transacciones, tales como 

ordenes de compras, notas de remisión del proveedor, notas de recepción del contribuyente, kardex que demuestre el movimiento de los mismos (uso

destino), por otra parte, no respalda el ingreso de la mercadería al lugar de destino, 

mediante nota de recepción, ni acompaña kardex en la que pudiera verificarse la entrada y salida de los mismos, no demostrando que haya producido la transferencia 

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

de mercadería que indica haber comprado a su proveedor, concluye indicando que, la documentación es insuficiente para demostrar la efectiva realización de las transacciones consignadas en las notas fiscales observadas, por lo que las mismas son invalidas para el computo de crédito fiscal, fundamentado sus observaciones en lo establecido en el art. 70 nums. 4, 5 y 6, art. 76 de la Ley 2492 (CTB), arts. 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio Ley 14379, además del Auto Supremo (AS) N° 477 de 22 de noviembre de 2012, reiterado mediante Auto Supremo (AS) N° 293/2013, que establece el cumplimiento de los tres presupuestos legales necesarios y esenciales que debe cumplir el sujeto pasivo o tercero responsable para beneficiarse con el computo del crédito fiscal IVA, siendo los siguientes: 1. La existencia de la factura, nota fiscal o documento equivalente por la cual se perfecciona el hecho 

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Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N° 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (5913) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo. Santa Cruz, Bolivia 

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imponible en el IVA conforme lo establece el artículo 4. a), concordante con el artículo 8. a), de la Ley N° 843. Este documento mercantil emitido por quien transfiere e

dominio con la entrega del bien o documento equivalente, deberá ser presentado en original. 2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la actividad gravada de acuerdo a lo establecido en el artículo 8. a), de la Ley N° 843; y 3) La realización efectiva de la transacción; es decir, que se perfeccione con el pago de la alicuota establecida en el artículo 15 de la Ley N° 843, concordante con el artículo 8 del DS N° 21530″. 

En ese contexto, es evidente que la observación efectuada por la Administración Tributaria a las notas fiscales de compras, corresponden a que la recurrente no demostró con documentación suficiente la efectiva realización de la transaccić 

la efectiva realización de la transacción, toda vez, que los libros diarios y mayores registran en un solo asiento contable varios gastos de distintas fechas, impidiendo identificar que las notas fiscales observadas se hayan registrado contablemente y que fehacientemente las compras se hayan efectivizado, además de no respaldar mediante kardex de inventario el movimiento de la mercaderia (ingreso y salida), que evidencia se haya producido la transferencia de 

la mercancía que indica haber comprado según las notas fiscales de compras; e

este entendido, es menester señalar al sujeto pasivo que la Administración Tributaria 

en el presente caso, no extrañó la falta de vinculación de la actividad gravada y/o la falta de presentación de las facturas de compra, y la invalidez probatoria de las notas fiscales informadas, como erradamente entiende la recurrente, cuando indica que las compras observadas cumplieron con los principios de causalidad y realidad económica al ser gastos indispensables para la actividad gravada y haber presentado dichos documentos en originales e informados a la Administración Tributaria, consecuentemente, la Administración Tributaria observó el ciclo contable de la 

transacción, toda vez, que los comprobantes de egreso no identifican al proveedor 

receptor del pago, los libros diarios y mayores no reflejan el registro de las transacciones, imprecisiones que surgen al advertir que las notas fiscales N° 35, 46, 47, 75, 80, 86, 96 y 131 fueron registradas en un solo asiento contable (fs. 157-161, 173-177, 179-183, 186-189, 191-194 y 197-200 c. 1 de antecedentes), que no permite identificar la efectiva realización de la transacción y su respectivo registro, conforme prevé los arts. 36, 37 y 44 de la Ley 14379, por lo que, no obstante, la recurrente presentó la certificación del proveedor, esto no desvirtúa las observaciones de la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

entidad recurrida a los registros contables, documentación esta última, que es obligación del recurrente. 

Por otra parte, aclarar al sujeto pasivo, que la disposición normativa citada en su recurso como respaldo de sus argumentos, DS 24051, corresponde al Reglamento del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), el cual no resulta pertinente al presente caso, al ser el alcance de la verificación realizada, el impuesto al Valor Agregado (IVACrédito Fiscal), en consecuencia, no corresponde otorgar la razón a las alegaciones vertidas por la recurrente. 

Por todo lo expuesto, al no evidenciarse los vicios de nulidad alegado por la recurrente y toda vez que no desvirtuó las observaciones de la Administración Tributaria respecto a la verificación del crédito fiscal IVA de las facturas de compras observadas en los periodos marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2014, pues no presentó documentación suficiente e idónea que acredite la efectiva realización y/o materialización de la transacción, se confirman las observaciones de la Administración Tributaria para las facturas observadas en el presente proceso, y siendo que conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y la carga de la prueba, es atribuible al contribuyente ahora recurrente, por lo que corresponde mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 172070000034 de 14 de enero de 2020. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009, 

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PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172070000034, de 14 de enero de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio d

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Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado No 771/94 

Justicia tributaria para vivir bien Þan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní

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Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB)

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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DKSP/ccav/cmmflacq/rsv/faag ARITSCZIRA 0400/2020 

Abog. Dotty Karina Salazar Pérez Directora Ejecutiva Regional this 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

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