ARIT-SCZ-RA-0394-2020 Verificación de operación de prescripción prevalece a tema de fondo

ARIT-SCZ-RA-0394-2020

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0394/2020 

Recurrente 

Virginia Velarde Ruiz, propietaria de la Empresa Unipersonal SERVICOM. 

Administración Recurrida 

Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Gonzalo Antonio Campero Ampuero. 

Acto impugnado: 

Resolución Determinativa No 171976002879, de 30 de diciembre de 2019

Expediente No 

ARIT-SCZ-0101/2020. 

Lugar y Fecha 

Santa Cruz, 17 de julio de 202

VISTOS : 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz || del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0394/2020 de 17 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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009.12 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Determinativa No 171976002879, de 30 de diciembre de 2019, la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas de Virginia Velarde 

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NB/ISO 9001 

Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (5913) 3391027 3391030 • www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

Ruiz con NIT 2018565016, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, una deuda tributaria total sobre base cierta y base presunta por importe de 757.478.- UFVs, que equivalen a Bs1.766.180.- (Un millón setecientos sesenta y seis mil ciento ochenta 00/100 bolivianos), a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento al deber formal, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB)

  1. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1 Argumentos del recurrente 

Virginia Velarde Ruiz, propietaria de la Empresa Unipersonal SERVICOM, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2020 (fs. 39 46 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171976002879, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente

II.1.1 Prescripción. 

La recurrente indicó que a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa 

impugnada, las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios de la gestión 2011, ya se encontraban prescritas, puesto que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), prescribieron el 31 de enero 2015; y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2011 prescribió el 31 de diciembre de 2016; siendo que además al ser los hechos generadores observados de la gestión 2011, las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y determinar adeudos tributarios a la fecha se encuentran prescritas, esto en el marco de los arts. 59, 60, 154 de la Ley 2492 (CTB), y 5 DS 27310 (RCTB). 

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VIDA

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IT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

11.1.2 Falta de fundamentación en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

por no cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB). 

La recurrente señaló que la vista de Cargo y la Resolución Determinativa no cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a la exposición total de los hechos y elementos constitutivos durante el proceso de determinación, ya que se omitió señalar que en la gestión 2017 se anularon obrados hasta la vista de Cargo, y que estas actuaciones no fueron mencionadas en la relación de hechos o antecedentes; además de no considerar la documentación presentada en esas fechas dentro del proceso de determinación. 

De igual forma, argumento que la Administración Tributaria se limitó a realizar una simple revisión de la información contenida en los requerimientos y el SIRAT, omitiendo ejercer sus facultades de investigación y valoración establecidas en la Ley, aspectos que constituyen en una flagrante vulneración de los derechos, presunción sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y la falta de valoración de la prueba, vulnerando los arts. 69, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), en estricta sujeción al ordenamiento jurídico tributario. 

Por lo expuesto, solicitó se declare la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 171976002879, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

11.2 Auto de Admisión 

imuar 

Mediante Auto de Admisión de 06 de febrero de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa N° 171976002879, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN (fs. 51 del expediente). 

Nowy K. ishlaza Pérez 

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ISO 900

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AFNOR CERTIFICATION 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2020 (fs. 6265 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

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NB/ISO 9001 

Sisterna de Gestió

de la Calidad Certificado 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jen mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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I

11.3.1 Prescripción. 

La Administración Tributaria, sostuvo que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) fue modificado en una primera instancia por la Ley 317, quedando redactado a partir de dichas modificaciones de la siguiente manera: “ARTÍCULO 59.- (PRESCRIPCIÓN). I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para : 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas”. Posteriormente la Ley 812 de fecha 30 de junio de 2016, señala en su parágrafo ll: “. Las acciones de la Ad 

Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria.”. 

En este sentido, consideró que conforme a los art. 59 y 60 del CTB, para los periodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011, el cómputo de la prescripción se habría iniciado el 01 de enero de 2012 concluyendo recién el 31 de diciembre de 2019, asimismo, para el periodo fiscal diciembre de la gestión 2011, el computo de la prescripción se habría iniciado el 01 de enero de 2013 concluyendo el 31 de diciembre de 2020; criterio acorde a la línea doctrinal expresada en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-953/2017 de 31 de julio de 2017, por lo que conforme a la fecha de emisión y notificación del 

istrativo impugnado, las facultades de determinación y sanción de la 

Administración Tributaria todavía se encuentran en plena vigencia. 

Por lo que, en el presente caso la recurrente pretende que se aplique los arts.59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), desconociendo las modificaciones efectuadas por las leyes 291, 317 y 812; por lo que es importante aclarar que en ningún momento se puede pedir una aplicación ultractiva de una norma con un texto modificado, ya que dicha norma fue reformada antes del inicio de la petición de prescripción. 

Asimismo, refirió que en cuanto a la suspensión del curso de la prescripción el parágrafo I del art. 62 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el curso de la prescripción se suspende con la notificación del inicio de fiscalización 

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III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

individualizada en el contribuyente, señala que la suspensión se inicia en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, en ese sentido, para los periodos de enero a noviembre de la gestión 2011 el computo de la prescripción inicia el 01/01/2012 y tomando en cuenta los 8 años la prescripción que establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291, 317 y 812, más los 6 meses de suspensión establecidos por el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492 (CTB), el computo de la prescripción concluirá el 30/06/2020. 

11.3.2 Sobre la supuesta vulneración de la presunción de inocencia por falta de investigación y valoración 

La Administración Tributaria señaló que, en uso de sus facultades de investigación, dentro del procedimiento de fiscalización, realizó diferentes requerimientos a los Agentes de Información, tales como: Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación del Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de Bolivia, 

n de Administración Territorial y Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, FUNDEMPRESA, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; asimismo, a efectos de obtener más información sobre los gastos declarados en la gestión de enero a diciembre de 2011, en fecha 10/12/2018, funcionarios de la Administración Tributaria se comunicaron con la contribuyente para proceder a realizar una inspección ocular en su domicilio fiscal, sin embargo esta señaló que No se puede realizar la inspección ocular debido a que a la fecha la contribuyente tiene 

cerrada prácticamente la empresa, teniendo toda su mercadería en depósitos ubicado en la dirección calle clara cuta N°707...”, conforme consta en el Acta de 

Acciones y Omisiones cursante en fojas 80 de antecedentes administrativos firmada por la recurrente, por tanto, no existe la supuesta flagrante violación de la presunción que falsamente alega el sujeto pasivo, sino por el contrario, la Administración Tributaria otorgó a la contribuyente plazos perentorios e improrrogables para la presentación de pruebas de descargo que hagan a su derecho, sin embargo, no hizo diaQ entrega de la documentación requerida en diferentes oportunidades, solo por 

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Sada Pérez 

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

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negligencia de la propia contribuyente que hoy busca nulidades inexistentes para evitar el pago de la duda tributaria. 

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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171976002879 de 30 de diciembre de 2019. 

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NB/ISO 9001 

Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado 771/14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní

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11.4. Apertura de Término probatorio 

Mediante Auto de 02 de marzo de 2020, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 04 de marzo, tanto a la recurrente como a la 

entidad recurrida (fs. 67-68 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 08 de junio de 2020, la Administración Tributaria dentro del referido plazo, mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2020 (fs. 69 del expediente), ratificó en calidad de prueba todos los antecedentes presentados adjunto a la contestación de recurso de alzada (fs. 69 del 

expediente). 

Por su parte la Recurrente no presentó ratificación de pruebas. 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB), la presentación de alegatos fenecía el 29 de junio de 2020. La Administración Tributaria mediante memorial presentado el 09 de junio de 2020, presentó alegatos en conclusiones, reiterando todos los argumentos expuestos en su memorial de interposición de recurso de alzada (fs. 7273 del expediente). Por su parte la 

recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 

El 19 de abril de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Orden de Fiscalización N° 00150FE00039, bajo la modalidad de Fiscalización Parcial, y cuyo alcance comprendía la revisión y verificación de la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA, IT e TUE, sin llegar a una fiscalización total, relacionados a los periodos enero a diciembre de la 2011, y el Requerimiento No 00122681, donde s

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II 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

solicitó la siguiente documentación en original y fotocopias, correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, entre otros: 1.Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado- IVA (F-200), Impuesto a las Transacciones – IT (F-400), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (F-500-IUE), Presentación de EEFF (F605); 2. Libro de Ventas y compras IVA;3. Notas Fiscales de respaldo al debido y crédito fiscal IVA; 4. Extractos bancarios;5. Planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales; 6. Comprobante de los ingresos y egresos; 7. Estados Financieros Gestión 2010-2011; 8. Dictamen y EEFF auditados gestión 2010-2011; 9.Libros de contabilidad (Diario, mayor – medio magnético formato Excel); 10.Kardex e inventarios y Otros según Anexo adjunto, consistente en: a. Escritura pública de adquisición de bienes inmuebles o terrenos y pago de impuestos municipales hasta la gestión 2011; b. Formularios No 430 por transferencias de Inmuebles; c. Minutas de Transferencias; d. Contratos de compra, venta y preventa de departamentos, oficinas, bauleras y parqueos ;e. Escrituras públicas de compra, venta y preventa de departamentos, oficinas, bauleras y parqueos; f. Certificado de registro catastral de inmuebles a nombre del contribuyente durante la gestión 2011; g. Documentos aprobados por las Alcaldías Municipales para construcción o fraccionamiento de inmuebles a nombre del contribuyente; h. Escrituras públicas de partición y división de inmueble (Fraccionamiento); i. Declaraciones Únicas de Importación (DUI) y Declaraciones Únicas de Exportación (DUE) realizadas por el contribuyente durante la gestión 2011; j. Recibos de pago, contratos de obra, facturas, contratos de compra de materiales de construcción, contratos de mano de obra, planillas de avance de obra y cualquier otro documento de respaldo de costos incurridos en la construcción de inmuebles; k. Contrato de préstamo con Bancos para financiamiento por compra de inmuebles, debidamente documentado y relación de desembolsos a cuenta del préstamo bancario; I. Relación de Ingreso y Gasto de los Inmuebles y otras escrituras o minutas suscritas en relación a la compra-venta de bienes inmuebles. (fs. 19, 

26-29 c. I de antecedentes). 

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III.2. 

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El 26 de abril de 2017, la recurrente mediante nota solicitó ampliación de plazo por 15 días hábiles adicionales para la presentación de la documentación solicitada. (fs. 31 c.l de antecedentes). Seguidamente el 16 de 

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NB/ISO 

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Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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mayo de 2017, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con Auto N°25172500274 del 27 de abril de 2017, que da respuesta a la solicitud de prórroga realizada por el sujeto pasivo, concediendo 15 días hábiles a partir de la notificación del presente. (fs. 31-33

35c.1 de antecedentes)

III.3. 

El 27 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con el segundo Requerimiento F-4003 N° 00122703, donde s

solicitó la siguiente documentación en original y fotocopias, correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, entre otros1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado- IVA (F200), Impuesto a las Transacciones – IT (F-400), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (F-500-IUE), Presentación de EEFF (F-605); 2. Libro de Ventas y compras IVA; 3. Notas Fiscales de respaldo al debido y crédito fiscal IVA; 4.Extractos bancarios;5. Planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales; 6. Comprobante de los ingresos y egresos; 7. Estados Financieros Gestión 2010-2011; 8. Dictamen y EEFF auditados gestión 2010-2011; 9. Libros de contabilidad (Diario, mayor – medio magnético formato Excel); 10.Kardex e inventarios y Otros según Anexo adjunto, consistente en: a. Escritura pública de adquisición de bienes inmuebles o terrenos y pago de impuestos municipales hasta la gestión 2011; b. Formularios No 430 por transferencias de Inmuebles, c. Minutas de Transferencias; d. Contratos de compra, venta y 

preventa de departamentos, oficinas, bauleras y parqueos; e. Escrituras públicas de compra, venta y preventa de departamentos, oficinas, bauleras y parqueos; f. Certificado de registro catastral de inmuebles a nombre del contribuyente durante la gestión 2011; g. Documentos aprobados por las Alcaldías Municipales para construcción o fraccionamiento de inmuebles a nombre del contribuyente; h. Escrituras blicas de partición y división de inmueble (Fraccionamiento); i. Declaraciones Únicas de Importación (DUI) y Declaraciones Únicas de Exportación (DUE) realizadas por el contribuyente durante la gestión 2011; j. Recibos de pago, contratos de obra, facturas, contratos de compra de materiales de construcción, contratos de mano de obra, planillas de avance de obra y cualquier otro documento de respaldo de costos incurridos en la construcción de inmuebles; k. Contrato de préstamo con Bancos para financiamiento por compra de inmuebles, debidamente 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

documentado y relación de desembolsos a cuenta del préstamo bancario; I. Relación de Ingreso y Gasto de los Inmuebles y otras escrituras o minutas suscritas en relación a la compra -venta de bienes inmuebles. (fs. 36-38 c. I de antecedentes)

III.4. 

El 19 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el tercer Requerimiento F-4003 N° 00122818, donde se solicitó la siguiente documentación en original y fotocopias, correspondi 

los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, entre otros 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado- IVA (F-200), Impuesto a las Transacciones – IT (F-400), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (F-500-IUE), Presentación de EEFF (F-605); 2. Libro de Ventas y compras IVA; 3. Notas Fiscales de respaldo al debido y crédito fiscal IVA; 4.Extractos bancarios;5. Planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales; 6. Comprobante de los ingresos y egresos; 7. Estados Financieros Gestión 2010-2011; 8. Dictamen y EEFF auditados gestión 2010-2011; 9. Libros de contabilidad (Diario, mayor – medio magnético formato Excel); 10.Kardex e inventarios y Otros según Anexo adjunto, consistente en: a. Escritura pública de adquisición de bienes inmuebles o terrenos y pago de impuestos municipales hasta la gestión 2011; b. Formularios No 430 por transferencias de Inmuebles; c. Minutas de Transferencias; d. Contratos de compra, venta y preventa de departamentos, oficinas, bauleras y parqueos; e. Escrituras públicas de compra, venta y preventa de departamentos, oficinas, bauleras y parqueos; f. Certificado de registro catastral de inmuebles a nombre del contribuyente durante la gestión 2011; g. Documentos aprobados por las Alcaldías Municipales para construcción o fraccionamiento de inmuebles a nombre del contribuyente; h. Escrituras públicas de partición y división de inmueble (Fraccionamiento); i. Declaraciones Únicas de Importación (DUI) y Declaraciones Únicas de Exportación (DUE) realizadas por el contribuyente durante la gestión 2011; j. Recibos de pago, contratos de obra, facturas, contratos de compra de materiales de construcción, contratos de mano de obra, planillas de avance de obra y cualquier otro documento de respaldo de costos incurridos en la construcción de inmuebles; k. Contrato de préstamo con Bancos para financiamiento por compra de inmuebles, debidamente documentado y relación de desembolsos a cuenta del préstamo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

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III

bancario; I. Relación de Ingreso y Gasto de los Inmuebles y otras escrituras o minutas suscritas en relación a la compra-venta de bienes inmuebles. (fs. 39 41 y 45 c. I de antecedentes). 

III.5. 

El 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria labro el Acta por Contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación N° 

134650, por incurrir en el incumplimiento al deber formal de no entregar ningún documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de la Orden de Fiscalización N° 00150FE000039 en relación al requerimiento de información N° 122681 y anexo notificados de forma personal en fecha 19 de abril de 2017 y a la solicitud de ampliación respondida con Auto N° 259/2017 notificada el 16 de mayo de 2017; contraviniendo los numerales 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo una multa de 1.500 UFV’s según el subnum.1 4.1 del anexo I de la RND 10.0033.16 (fs. 46 c. I de antecedentes). 

III.6 

El 21 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/UFE/INF/798/2019, el cual señaló que dentro del proceso de fiscalización, la información que cursa en el sistema de información de la Administración Tributaria – SIRAT II y la información proporcionada por terceros en relación a la contribuyente, se estableció la determinación sobre base cierta para el Crédito Fiscal – IVA de los periodos enero a diciembre de 2011; y sobre base presunta para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de los periodos enero a diciembre de 2011, de acuerdo a lo establecido en los arts. 43, 44 y 45 del La Ley 2492 (CTB). Por lo cual se generaron reparos a favor del fisco por un total de 753.845UFV’s equivalentes a Bs 1.752.243.-; y finalmente, se recomendó la emisión y notificación de la Vista de Cargo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y parágrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1580-1640 de antecedentes c. VIII y IX). 

111.7 

El 25 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante 

cédula a la recurrente con la vista de Cargo N° 291976001125, de 21 de noviembre de 2019, la cual determinó de manera preliminar reparos a favor del fisco sobre base cierta para la depuración del Crédito Fiscal – IVA de los 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

periodos enero a diciembre de 2011; y sobre base presunta para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a diciembre de 2011; por lo cual se generaron reparos a favor del fisco por un total de 753.845 UFVs equivalentes a Bs 1.752.24.;que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y sanción por incumplimiento a deberes formales, asimismo otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1641-1704, 1707 de antecedentes c. VIII y IX). 

III.

El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la contribuyente con la Resolución Determinativa N° 171976002879, de 30 de diciembre de 2019, la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas de Virginia Velarde Ruiz con NIT 2018565016, por el Impuesto al Valor Agregado – IVA e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE, de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, una deuda tributaria total sobre base cierta y base presunta por importe de 757.478.- UFV’s, que equivalen a Bs 1.766.180. (Un millón setecientos sesenta y seis mil ciento ochenta 00/100 bolivianos), a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento al deber formal, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). (fs. 1727-1759, 1763 de antecedentes c. IX)

  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA 

Botty K. Samitzar Perez 

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, manifestó como agravios los siguientes: 1. Prescripción y 2. Falta de fundamentación en la vista de Cargo y Resolución Determinativa por no cumplir con los requisitos establecidos en ataq 

ISO 9001 los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB). Argumentos que serán dilucidados a continuación

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De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la recurrente, se advierte que si bien denunció vicios de nulidad en el acto impugnado emitido por la Administración Tributaria Aduanera; empero, también invocó prescripción, por lo que, precautelando 

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la seguridad jurídica, esta instancia recursiva verificará primero la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada y solo en caso de no ser evidente la misma se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados 

IV.1 Prescripción. 

La recurrente indicó que a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa impugnada, las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios de la gestión 2011 ya se encontraban prescritas, puesto que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), prescribieron el 31 de enero 2015; y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2011 prescribió el 31 de diciembre de 2016; siendo que además al ser los hechos generadores observados de la gestión 2011, las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y determinar adeudos tributarios a la fecha se encuentran prescritas, esto en el marco de los arts. 59, 60, 154 de la Ley 2492 (CTB), y 5 DS 27310 (RCTB)

Por su parte la Administración Tributaria en su contestación al recurso de alzada sostuvo que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) fue modificado en una primera instancia por la Ley 317, quedando redactado a partir de dichas modificaciones de la siguiente manera: ARTÍCULO 59.– (PRESCRIPCIÓN). I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas“. Posteriormente la Ley 812 de 30 de junio de 2016, sala en su parágrafo II: “). Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria.”. 

En este sentido, considero que conforme a los art. 59 y 60 del CTB, para los periodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011, el cómputo de la prescripción se habría iniciado el 01 de enero de 2012 concluyendo recién el 31 de diciembre de 2019, asimismo, para el 

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periodo fiscal diciembre de la gestión 2011, el computo de la prescripción se habría iniciado el 01 de enero de 2013 concluyendo el 31 de diciembre de 2020; criterio acorde a la línea doctrinal expresad en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ953/2017 de 31 de julio de 2017, por lo que conforme a la fecha de emisión y notificación del acto administrativo impugnado, las facultades de determinación y sanción de la Administración Tributaria todavía se encuentran en plena vigencia. 

Por lo que, en el presente caso la recurrente pretende que se aplique los arts.59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), desconociendo las modificaciones efectuadas por las leyes 291, 317 y 812; por lo que es importante aclarar que en ningún momento se puede pedir una aplicación ultractiva de una norma con un texto modificado, ya que dicha norma fue reformada antes del inicio de la petición de prescripción

Asimismo, refirió que en cuanto a la suspensión del curso de la prescripción el parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), establece que el curso de la prescripción se suspende con la notificación del inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, señala que la suspensión se inicia en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, en ese sentido, para los periodos de enero a noviembre de la gestión 2011 el computo de la prescripción inicia el 01/01/2012 y tomando en cuenta los 8 años la prescripción que establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291, 317 y 812, más los 6 meses de suspensión establecidos por el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492 (CTB), el computo de la prescripción concluirá el 30/06/2020. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que prescripción es: La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en 

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derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia(CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario 

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Juridico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos AiresArgentina. 2000, Pág. 316)

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Asimismo, la doctrina tributaria también señala: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

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extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquella(MARTÍN, José María. Derecho Tributario 

General. 2a Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial Depalma, 1995. Pág. 189)

En este mismo contexto, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite 111.3 de la SCP 0012/2019S2, se manifestó: (…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales, por lo que a través de la SC 1310/2002R de 28 de octubre, se determino: ....Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos inter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)() Así, podemos advertir que la parte vinculante de una sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la linea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (...) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hech ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción

eves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: (...) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto () debiendo por ende, considerarse 

la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaria contrariar el mandato constitucional precitado como garantia, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica(las negrillas son añadidas)

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En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantia a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, deb

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aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantia a favor del ciudadano, 

desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica, debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationesdecidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el 

art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, 

aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019 

S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a 

través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, la legislación nacional, en los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones s benignas o términos de prescripción s breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, por lo que se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

de la siguiente manera: Artículo 59. (Prescripción), l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. /V. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Articulo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

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Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición 

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Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo l del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

En este contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que el 19 de abril de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Orden de Fiscalización No 00150FE00039, bajo la modalidad de Fiscalización Parcial, y cuyo alcance comprendía la revisión y verificación de la totalidad de los 

hechos y/o elementos correspondientes al IVA, IT e IUE, sin llegar a una fiscalización total, relacionados a los periodos enero a diciembre de la 2011, y el Requerimiento No 00122681, donde se solicitó la siguiente documentación en original y fotocopias, correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, entre otros: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado- IVA (F-200), Impuesto a las Transacciones – IT (F-400), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (F-500 IUE), Presentación de EEFF (F-605); 2. Libro de Ventas y compras IVA;3. Notas Fiscales de respaldo al debido y crédito fiscal IVA; 4. Extractos bancarios;5. Planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales; 6. Comprobante de los ingresos y egresos; 7. Estados Financieros Gestión 2010-2011; 8. Dictamen y EEFF auditados gestión 2010-2011; 9. Libros de contabilidad (Diario, mayor – medio magnético formato Excel); 10.Kardex e inventarios y Otros según Anexo adjunto, consistente en: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

  1. Éscritura pública de adquisición de bienes inmuebles o terrenos y pago de impuestos municipales hasta la gestión 2011; b. Formularios N° 430 por transferencias de Inmuebles; c. Minutas de Transferencias; d. Contratos de compra, venta y preventa de departamentos, oficinas, bauleras y parqueos ;e. Escrituras públicas de compra, venta y preventa de departamentos, oficinas, bauleras y parqueos; f. Certificado de registro catastral de inmuebles a nombre del contribuyente durante la gestión 2011; g. Documentos aprobados por las Alcaldías Municipales para construcción o fraccionamiento de inmuebles a nombre del contribuyente; h Escrituras públicas de partición y división de inmueble (Fraccionamiento); i. Declaraciones Únicas de Importación (DUI) y Declaraciones Únicas de Exportación (DUE) realizadas por el contribuyente durante la gestión 2011; j. Recibos de pago, contratos de obra, facturas, contratos de compra de materiales de construcción, contratos de mano de obra, planillas de avance de obra y cualquier otro documento de respaldo de costos incurridos en la construcción de inmuebles; k. Contrato de préstamo con Bancos para financiamiento por compra de inmuebles, debidamente documentado y relación de desembolsos a cuenta del préstamo bancario; I. Relación de Ingreso y Gasto de los Inmuebles y otras escrituras o minutas suscritas en relación a la compra-venta de bienes inmuebles. (fs. 19, 2629 c. I de antecedentes). Seguidamente, la recurrente el 26 de abril de 2017, mediante nota solicitó ampliación de plazo por 15 días hábiles adicionales para la presentación de la documentación solicitada (fs. 31 c.l de antecedentes). El 16 de mayo de 2017, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con Auto N°25172500274 del 27 de abril de 2017, que da respuesta a la solicitud de prórroga realizada por el sujeto pasivo, concediendo 15 días hábiles a partir de la notificación del presente (fs. 3133 y 35c.1 de antecedentes)

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Posteriormente se evidenció en antecedentes que la Administración Tributaria en fecha 27 de junio de 2017, realizo segundo Requerimiento de documentación según F-4003 N° 00122703 y el 19 de marzo de 2018 efectuó tercer Requerimiento de documentación No 00122818, solicitando la misma documentación detallada en el párrafo precedente. Seguidamente, el 19 de junio de 2019, la Administración Tributaria labro el “Acta por Contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación N° 134650, por incurrir en el incumplimiento al deber formal de no entregar ningún documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de la Orden de Fiscalización 

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N° 00150FE000039 en relación al requerimiento de información N° 122681 y anexo notificados de forma personal en fecha 19 de abril de 2017 y a la solicitud de ampliación respondida con Auto N° 259/2017 notificada el 16 de mayo de 2017; contraviniendo los numerales 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo una multa de 1.500 UFV’s según el subnum. 4.1 del anexo I de la RND 10.0033.16 (fs. 46 c. I de antecedentes). 

Continuando con la compulsa de antecedentes, el 25 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con la vista de Cargo N° 291976001125, de 21 de noviembre de 2019, la cual determinó de manera preliminar reparos a favor del fisco sobre base cierta para la depuración del Crédito 

Fiscal – IVA de los periodos enero a diciembre de 2011; y sobre base presunta para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de los periodos enero a diciembre de 2011; por lo cual se generaron reparos a favo

2011; por lo cual se generaron reparos a favor del fisco por un total de 753.845 UFV’s equivalentes a Bs 1.752.24.-, que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y sanción por incumplimiento a deberes 

formales, asimismo otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1641-1704, 1707 de antecedentes c. VIII y IX). 

Finalmente el 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la contribuyente con la Resolución Determinativa N° 171976002879, de 30 de diciembre de 2019, la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas de Virginia Velarde Ruiz con NIT 2018565016, por el Impuesto al Valor Agregado – IVA e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE, de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, una deuda tributaria total sobre base cierta y base presunta por importe de 757.478.- UFV’s, que 

equivalen a Bs 1.766.180.- (Un millón setecientos sesenta y seis mil ciento ochenta 00/100 bolivianos), a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo 

omitido, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento al deber formal, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1727-1759, 1763 de antecedentes c. IX). 

Ahora bien, respecto a la prescripción para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones invocada por la recurrente, tratándose la presente causa de la prescripción 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

de las facultades de determinación e imposición de sanciones, respecto al IVA, IT e TUE para los periodos fiscales de enero a noviembre del 2011, corresponde aplicar la normativa vigente a objeto del cómputo de la prescripción, esta es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; no obstante, para el periodo diciembre de 2011, se deben aplicar las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB); esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

En consecuencia, considerando lo dispuesto en el art. 154, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones, prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria; y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) (sin modificaciones), que señala que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tribut imponer sanciones administrativas, es decir el cómputo de la prescripción para la determinación de la deuda tributaria e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011, comenzó el 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015

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Ahora bien, con relación al periodo diciembre de 2011 del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el periodo de pago corresponde a enero y abril de 2012; por consiguiente el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo | de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestn 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291 y 317, prevé que el término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, 

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comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento el periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención; en consecuencia, el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre de 2011, se inició el 01 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; conforme lo establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, n si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados

Consiguientemente, respecto a la prescripción invocada por la recurrente con relación al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, de la revisión a los periodos por los cuales se invoca prescripción, se evidencia que en la Resolución Determinativa N° 171976002879 de 30 de diciembre de 2019, no se determinó deuda tributaria por el Impuesto a las Transacciones (IT), por lo que no corresponde pronunciamiento.

Adicionalmente, conforme fue descrito en antecedentes, el proceso determinativo 

emergió de la notificación de la Orden de Fiscalización N° 00150FE00039 en fecha 

19 de abril de 2017 (fs. 19 de antecedentes, c. I), hecho que evidentemente en el marco del art. 62 num. I de la Ley 2492 (CTB) siempre que sea efectuada antes de que opere la prescripción ocasiona que el curso de la prescripción se suspenda, no obstante en el presente caso como se tiene explicado el cómputo de la prescripción para determinar de la deuda tributaria e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011, comenzó el 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015 y para el periodo diciembre de 2011, se inició el 01 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016, por lo que, siendo que la notificación con la Orden de fiscalización mencionada, fue el 19 de 

abril de 2017, es decir de manera posterior, no se constituyó en causal de suspensión 

alguna. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

Por consiguiente, es evidente que, cuando se notificó la Resolución Determinativa No 171976002879, el 31 de diciembre de 2019, las facultades de la entidad recurrida, para determinar deudas tributarias e imponer sanciones por los periodos enero a diciembre de 2011, se encontraban prescritas. 

Por otra parte, en relación a lo señalado por la Administración Tributaria sobre que el término de la prescripción establecido para el presente proceso fue afectado por las modificaciones de las leyes 291, 317 y 812, por lo que correspondería su aplicación, en este contexto, es imperante aclarar que, si la notificación con el acto impugnado fue efectuada en vigencia de la referida ley, se tiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunció al respecto, a través de la Sentencia Constitucional SCP 0012/2019S2, la cual, en su Acápite III.4 estableció textualmente que: (...) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en 

la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de 

seguridad del Estado a favor de los ciudadanos”. 

Bajo este lineamiento, se entiende que, en el marco de los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos que no se presentan en la Ley 812; por lo que se debe de aplicar las normas vigentes a momento del inicio del cómputo de la prescripción; tomando en cuenta que la referida Sentencia Constitucional tiene carácter vinculante conforme establecen los arts. 203 de la CPE y 15 paragrafo II de la Ley 254 (CPC). 

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Por lo expuesto, en efecto, de conformidad con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, el cómputo para los periodos observados de enero a noviembre de la gestión 2011, inició el 01 de enero de 2012, fecha en la cual aún no se encontraba en vigencia las leyes 291 y 317; empero, para el periodo diciembre de 2011, cuyo 

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cómputo se inició el 01 de enero de 2013, si se aplicaron las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB), por consiguiente, en relación a las modificaciones de la Ley 812, esta normativa entró en vigencia desde el 30 de junio de 2016; por lo que, no corresponde su aplicación al presente caso. Por todo lo expuesto, al haberse evidenciado que las facultades de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones administrativas se encuentran prescritas; y en vista que no existieron causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente, en consecuencia, revocar totalmente la Resolución Determinativa No 171976002879 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2011; e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión comprendida desde el 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011. 

POR TANTO

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa No 171976002879 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz Il del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), al evidenciarse que la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades (UE) de los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, ha prescrito, de acuerdo a los 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB)

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días 

computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase

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Abon. Dolly Karina Salazar Peres 

Directora Ejecutiva Regional ai. i Autoridad Regional de 

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