ARIT-SCZ-RA-0363-2020 Falta de cumplimiento en los plazos no anulan el proceso de determinación

ARIT-SCZ-RA-0363-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0363/2020 

Recurrente 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA SA representada por Ivana Enffys Zeballos Torrez.. 

Administración Recurrida : 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) representada por Carlos Gonzalo Suárez Virreira. 

Acto Impugnado 

Resolución Determinativa No 171979001982 de 27 de diciembre de 2019

Expediente N° 

ARITSCZ-0095/2020. 

Lugar y Fecha 

Santa Cruz, 17 de julio de 2020 

VISTOS : 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARITSCZ/ITJ 0363/2020 de 16 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional;

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa No 171979001982, de 27 de diciembre de 2019, la cual resolvió determinar de oficio, por 

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de la Caudac Certificado N 771:

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA SA con NIT 1028175023, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestn 2011, que ascienden a 116.842.- UFV’s, equivalentes a Bs272.359.- correspondientes al total del adeudo tributario, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA SA, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 20 de enero y 5 de febrero de 2020 

(fs. 67-68 y 93-94 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171979001982, de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Incumplimiento de plazo establecido en el art. 104 parágrafo V de la Ley 

2492 (CTB) 

La recurrente explicó que la Resolución impugnada está referida a contravenciones generadas en la gestión 2011, resultado de un proceso de fiscalización que se inició el 22 de mayo de 2015 con la notificación de la Orden de Verificación N° 00140V106811, proceso que debió regirse a los plazos establecidos en el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), entonces aún vigente, sin embargo no tuvo conocimiento del mismo hasta el 31 de diciembre del 2019, fecha de la notificación de la Resolución impugnada, habiendo transcurrido más de 12 meses incluyendo la posible ampliación de 6 meses, el plazo para que se emita la Vista de Cargo o se emita la Resolución de inexistencia de deuda, situación que no se cumplió, recibiendo una Resolución Determinativa extemporánea y sobre cargos prescritos a la fecha. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

11.1.2 Prescripción 

La recurrente señaló que habría operado la prescripción referida en su nota con cite NRO GDAO/1433/2018, mediante la cual impetró la prescripción de la gestión 2011, de conformidad al art. 5 del DS 27310 y en sujeción a los arts. 59 y 62 de la Ley 2492 (CTB) habiéndose cumplido el plazo de prescripción incluyendo la suspensión de 6 meses, petitorio al cual el SIN no dio respuesta, operando el silencio administrativo negativo que le dio pie a tutelar sus derechos conforme a Ley de acuerdo a lo establecido en la SCP 0215/2013 de 6 de marzo de 2015. 

Manifestó que el cargo y la sanción que se le pretende imponer por acciones que no son su responsabilidad, no corresponde sea honrado, toda vez que de forma oportuna la Administración Tributaria debió haber advertido la legalidad y veracidad de la documentación de sustento de las facturas que fueron presentadas, sin embargo varias gestiones después recién fueron observadas como documentos no autorizados por el SIN, motivando observaciones que lo castigan económicamente, pese a que de manera oportuna planteó se determiné prescripción, sobre cuyo proceso de fiscalización no se tuvo Resolución oportuna, por lo que impetró la aplicación de la verdad material y el principio del debido proceso que ampara la correcta valoración de los descargos presentados. Asimismo, citó los arts. 123 de la CPE, 59 y 60 y 150 de la Ley 2492 (CTB) y art. 11 de la Declaración de Derechos 

Humanos. 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa 171979001982, de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

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11.2. Auto de Admisión 

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AFNOR CERTIFICATION 

Mediante Auto de 6 de febrero de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de afaq Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa No 171979001982, de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 95 del expediente)

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 28 de febrero de 2020 (fs. 106-114 del expediente), s

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre el recurso de alzada. 

Con relación a la observación referida al plazo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria, señaló que el incumplimiento de plazos en la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, no extinguen la competencia y facultad de la Administración Tributaria para determinar una obligación 

tributaria, puesto que no está expresamente establecido en la norma como causal de nulidad del acto administrativo, que la Ley 2492 (CTB) y Ley 2341 (LPA) no establecen que la emisión de la Vista de Cargo fuera del plazo previsto en el procedimiento de fiscalización determina su nulidad o anulabilidad. En ese sentido, citó lo dispuesto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1705/2016 de 20 de diciembre de 2016 y señaló que la observación de la recurrente no tiene ningún asidero legal por lo que debería desestimarse. 

Por otro lado, respecto a solicitud de prescripción realizada a través de la nota con cite GDAO/1433/2018, manifestó que en la página 4 de 32 de la Vista de Cargo se emitió pronunciamiento expreso con relación a la prescripción, donde estableció claramente que las facultades de la Administración Tributaria para la fiscalización y determinación de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, posición que no mereció ninguna observación, objeción o alegato, como se evidencia en antecedentes, en ese entendido consideró desvirtuadas las afirmaciones de la recurrente. 

Asimismo, con relación a la prescripción que refiere la recurrente, señaló que la misma no se encuentra apegada a la normativa tributaria vigente, toda vez que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) fueron modificados en primera instancia por las Leyes 291 y 317 y posteriormente por la Ley 812 y considerando además los arts. 60 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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y 62 de la Ley 2492 (CTB) se tiene que a la fecha de oposición de la prescripción solicitada a la Administración Tributaria en la gestión 2018 son aplicables los artículos citados con sus modificaciones establecidas, pues en esa fecha el contribuyente recién opone dicho instituto jurídico, entendimiento establecido en distintas Resoluciones Jerárquicas, entre otras, las Resoluciones AGIT-RJ 1444/2013, 1161/2013 y 257/2019. 

Manifestó que bajo ese contexto las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, toda vez que el año 2018 (año de solicitud de prescripción) las facultades de la Administración Tributaria prescriben a los 8 años y por efectos de la suspensión acaecida en este proceso, por la notificación con la Orden de Verificación de fecha 22 de mayo de 2015 al contribuyente, la facultad de la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria por los periodos mencionados así como para establecer sanciones administrativas correspondientes aún se encuentran plenamente vigentes de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con sus modificaciones señaladas y el art. 62 del mismo cuerpo legal. En ese entendido, el cómputo de la prescripción para los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2001 se inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 30 de junio de 2020 y para el periodo de diciembre de 2011 el cómputo se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 30 de junio de 2021, considerando la suspensión por 6 meses por la notificación con la Orden de verificación, y siendo que la Resolución impugnada se notificó el 31 de diciembre de 2019, se demuestra que las facultades de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas, por tanto la determinación efectuada tiene toda validez y eficacia establecida en la Ley. 

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Por otra parte, señaló que corresponde hacer mención al fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho, que se presenta cuando las mismas se ataq aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado regidas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han 

consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. En ese contexto, 

consideró que se demuestra de manera fehaciente que para la resolución de solicitudes de prescripción realizadas por los contribuyentes no se tiene que elegir 

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que normativa se debe aplicar como lo pretende el contribuyente, sino que es irrefutable que la normativa a aplicarse es la vigente al momento de la solicitud. 

Citó las Sentencias 13/2013, 21/2013, 401/2013 y 394/2015, señalando que el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, ha establecido en sus resoluciones 

que tanto una Orden de Fiscalización como un Orden de Verificación por tener 

iguales fines y concluir con un procedimiento similar como es la emisión de una Resolución Determinativa, tienen el efecto establecido por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), es decir, la notificación con cualquiera de ellos conlleva la suspensión del cómputo de la prescripción por un plazo de seis meses, situación acaecida en el presente caso, con lo que se demuestra fehacientemente que las facultades de la Administración Tributaria se encuentran plenamente vigentes 

En cuanto al argumento de la retroactividad señalada por la recurrente, explicó que no se está aplicando retroactivamente la Ley, sino por el contrario, en el presente caso se está aplicando la Ley vigente al momento de resolver la solicitud del contribuyente, por lo que consideró que se desvirtúan las alegaciones del sujeto 

pasivo. 

Por otro lado, manifestó que habiendo demostrado que no corresponde ni la nulidad planteada y mucho menos la solicitud de prescripción, corresponde dejar establecido que los cargos determinados al contribuyente derivan de la depuración de los créditos fiscales erróneamente apropiados en los periodos fiscalizados, incumpliendo dicha apropiación con los requisitos exigidos por Ley, conforme se detalla a continuación. 

Facturas depuradas con el Código 1: Sin respaldo de factura original. 

Se evidenció la ausencia de notas fiscales (la factura original no ha sido presentada), por lo que su inexistencia no da derecho al cómputo de crédito fiscal y la falta de presentación de la misma ante la solicitud efectuada por la Administración Tributaria tiene como efecto la depuración del crédito fiscal computado, por lo que no se cumple el principal requisito de validez de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y el parágrafo | del art. 41 de la RND 10-0016-07. En este sentido, las facturas detalladas con el código 1 no son válidas para el crédito fiscal al incumplir con los requisitos de validez establecidos. 

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Facturas depuradas con el Código 2: Transacción no vinculada a la actividad gravada. 

Las facturas no presentadas también fueron observadas con este código, debido a que al ser inexistentes tampoco es posible determinar su vinculación con la actividad del contribuyente, por lo que estas notas fiscales no son válidas para el crédito fiscal, 

de acuerdo a lo establecido en el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y el art. 8 del DS 

  1. En el presente caso, de acuerdo a la consulta del padrón de contribuyentes, durante el periodo sujeto a verificación, el sujeto registró como actividad principal Planes de Seguros Generales y Reaseguros, sin embargo se evidencio facturas depuradas por este código toda vez que el contribuyente no demostró el uso y 

destino, como ser la compra de azúcar, vales de consumo y otro que no demuestra 

relación con la activad gravada, considerando que el contribuyente posterior a l

Vista de Cargo, presentó documentación de respaldo para la factura de vales de 

consumo, que analizada no es suficiente debido a que este referida al medio de pago y no demuestra al relación con su actividad gravada. 

Facturas depuradas con el Código 3: Transacción sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago. 

Las facturas fueron depuradas toda vez que el contribuyente no presentó 

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documentación como ser extracto bancario, cheque, orden de compra, orden de pago, formulario de reclamo, u otro que demuestre la efectiva realización de la transacción y correspondiente medio de pago, por lo que no se pudo evidenciar que las transacciones se hayan realizado efectivamente con los proveedores observados, más aun que los mismos no reconocen la realización de la transacción, debiendo considerarse que la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho imponible y considerarlos válidos para fines fiscales por lo que, a efecto de demostrar afaq la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, el contribuyente debe aportar documentación contable, comercial y financiera que permita demostrar con certeza el pago al proveedor y comprobar que la operación de compra-venta fue real, conforme 

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las obligaciones del contribuyente establecidas en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB). Por lo mencionado, se evidenció que la documentación presentada como respaldo a las transacciones declaradas, el contribuyente presentó únicamente la factura original 

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y comprobante contable sin que la misma estuviera respaldada con la documentación suficiente que evidencie la efectiva transferencia del bien y/o prestación del servicio y el medio de pago al proveedor por lo que no corresponde la apropiación del crédito fiscal de dichas facturas. 

Facturas depuradas con el Código 4: No autorizada por la Administración Tributaria. 

Facturas que de la revisión del Sistema Gauss se evidenció que no se encuentran autorizadas por la Administración Tributaria, situación que contraviene lo establecido en el num. 2 parágrafo del art. 41 de la RND 10-0016-07, siendo requisito indispensable para la validez del crédito fiscal, por lo que no corresponde la apropiación del crédito fiscal. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171979001982 de 27 de diciembre de 2019. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 2 de marzo de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria el 4 de marzo de 2020 (fs. 116-117 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 8 de junio de 2020, la Administración Tributaria, el 18 de marzo y 1 de junio de 2020, ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 118 y 121 del expediente). 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo ll de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 29 de junio de 2020, Administración Tributaria el 23 de junio de 2020 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente recurso de alzada (fs. 124-125 del expediente). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Por su parte, la recurrente el 29 de junio de 2020, presentó alegatos en conclusiones reiterando lo manifestado en su memorial de Recurso de Alzada (fs. 128-131 de

expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho

III.

El 22 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó de forma personal al representante legal de la recurrente con la Orden de Verificación N° 00140V106811, de 11 de mayo de 2015, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo Detalle de Diferencias” Form. 7520 adjunto a la orden, de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, solicitando la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 0 210), b) Libros de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, d) Medio de pago de las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 22-26 de antecedentes c. I). 

111.2 

El 25 de mayo de 2015, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria una prórroga para la entrega de la documentación solicitada mediante Orden de Verificación No 0014OVI06811 hasta el día miércoles 3 de junio de 2015, por lo cual la Administración Tributaria, mediante Proveido N° 24-001503-15, de 26 de mayo de 2015, aceptó la solicitud señalando que la documentación solicitada deberá ser presentada de 

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manera improrrogable hasta el día miércoles 3 de junio de 2015 (fs. 28 y 32 

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de antecedentes c. I). 

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111.

El 3 y 19 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió Actas de Recepcn de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada y sus observaciones (fs. 33-34 de antecedentes c. I). 

III.4 

El 18 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UFE/INF/449/2019, el cual señaló que como resultado 

de la revisión impositiva realizada al contribuyente a través de la Orden de Verificación No 00140V106814, una vez verificada la información cursante en las Bases de Datos Corporativas BDC de la Administración Tributaria y valorada la documentación e información presentada por el contribuyente, estableció crédito fiscal no válido utilizado como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado en los periodos observados, por lo cual calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago y determinó el adeudo tributario de 119.441.- UFV’s equivalentes a B$277.575. 

que incluyen tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de 

pago; finalmente, recomendó se emita y notifique la Vista de Cargo, de 

conformidad con lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y parágrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1532-1558 de antecedentes c. VIII). 

111.

El 20 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con la vista de Cargo N° 291979000581, de 18 de noviembre de 2019, la cual concluyó que el contribuyente no ha demostrado con documentación sustentable que la totalidad de las transacciones observadas han sido efectivamente realizadas, por lo que las facturas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal y consiguientemente corresponde su depuración, determinó diferencias a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal que originaron la omisión del IVA en sus declaraciones juradas Form. 200 de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, por un importe de la deuda tributaria sobre base cierta por un total de 119.441. UFV’s, equivalentes a Bs277.575.– que incluye tributo omitido actualizado, intereses que incluyó tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago, calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago; asimismo, otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1559-1591 de antecedentes c. VIII). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

III.6 

El 20 y 27 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió Actas de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada y sus observaciones (fs. 3536 de antecedentes c. 1). 

III.7 

El 27 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de SIN/GGSCZ/DF/UFE/INF/669/2019, el cual concluyó señalando que luego de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente presentó cheques certificados por el Banco Bisa y considerando que su observación residía sólo en el medio de pago, se levantó esa observación inicialmente establecida en la vista de Cargo N° 291979000581, por lo tanto la Administración Tributaria ratificó la deuda tributaria determinada sobre base cierta conforme a lo previsto en el parágrafo 1 del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que asciende a 116.842.- UFV‘s, importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago (fs. 16091631 de antecedentes c. IX)

III.8 

El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula al representante legal de la recurrente con la Resolución Determinativa No 171979001982, de 27 de diciembre de 2019, la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA SA con NIT 1028175023, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 116.842.– UFV’s, equivalentes a Bs272.359. correspondientes al total del adeudo tributario, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) (fs. 16321653 y 1664de antecedentes c. IX)

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La recurrente expuso como agravios: 1. incumplimiento del plazo establecido en el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB) y 2. La prescripción de las acciones de la Administración Tributaria. 

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Sistema de Gestión 

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IV.1. Cuestión previa. 

De la lectura del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, se advierte que 

entre sus agravios invocó prescripción, por lo que, precautelando la seguridad jurídica, esta instancia recursiva verificará primero la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada y solo en caso de no ser evidente la misma, se ingresará al 

análisis de los otros aspectos planteados. 

IV.1 Sobre la prescripción. 

La recurrente señaló que habría operado la prescripción referida en su nota con cite NRO GDAO/1433/2018, mediante la cual, impetró la prescripción de la gestión 2011, de conformidad al art. 5 del DS 27310 y en sujeción a los arts. 59 y 62 de la Ley 2492 (CTB) habiéndose cumplido el plazo de prescripción incluyendo la suspensión de 6 

meses, petitorio al cual el SIN no dio respuesta, operando el silencio administrativo negativo que le dio pie a tutelar sus derechos conforme a Ley de acuerdo a lo establecido en la SCP 0215/2013 de 6 de marzo de 2015. 

Manifestó que el cargo y la sanción que se le pretende imponer por acciones que no son su responsabilidad, no corresponde sea honrado, toda vez que de forma oportuna la Administración Tributaria debió haber advertido la legalidad y veracidad de la documentación de sustento de las facturas que fueron presentadas, sin embargo varias gestiones después recién fueron observadas como documentos no autorizados por el SIN, motivando observaciones que lo castigan económicamente, pese a que de manera oportuna planteó se determiné prescripción, sobre cuyo proceso de fiscalización no se tuvo Resolución oportuna, por lo que impetró la aplicación de la verdad material y el principio del debido proceso que ampara la correcta valoración de los descargos presentados. Asimismo, citó los arts. 123 de la CPE, 59 y 60 y 150 de la Ley 2492 (CTB) y art. 11 de la Declaración de Derechos Humanos. 

La Administración Tributaria respecto a la solicitud de prescripción realizada a través de la nota con cite GDAO/1433/2018, manifestó que en la página 4 de 32 de la Vista de Cargo se emitió pronunciamiento expreso con relación a la prescripción, donde estableció claramente que las facultades de la Administración Tributaria para la 

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III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

fiscalización y determinación de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, posición que no mereció ninguna observación, objeción o alegato, como se evidencia en antecedentes, en ese entendido consideró desvirtuadas las afirmaciones de la 

recurrente. 

Asimismo, con relación a la prescripción que refiere la recurrente, señaló que la misma no se encuentra apegada a la normativa tributaria vigente, toda vez que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) fueron modificados en primera instancia por las Leyes 291 y 317 y posteriormente por la Ley 812 y considerando además los arts.60 y 62 de la Ley 2492 (CTB) se tiene que a la fecha de oposición de la prescripción solicitada a la Administración Tributaria en la gestión 2018, son aplicables los artículos citados con sus modificaciones establecidas, pues en esa fecha el contribuyente recién opone dicho instituto jurídico, entendimiento establecido en distintas Resoluciones Jerárquicas, entre otras, las Resoluciones AGITRJ 1444/2013, 1161/2013 y 257/2019. 

Manifesto, que bajo ese contexto las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, toda vez que el año 2018 (año de solicitud de prescripción) las facultades de la Administración Tributaria prescriben a los 8 años y por efecto de la suspensión acaecida en este proceso, por la notificación con la Orden de Verificación de 22 de mayo de 2015 al contribuyente, la facultad de la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria por los periodos mencionados así como para establecer sanciones administrativas correspondientes aún se encuentran plenamente vigentes de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con sus modificaciones señaladas y el art. 62 del mismo cuerpo legal. 

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En ese entendido, el cómputo de la prescripción para los periodos de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2001 se 

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inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 30 de junio de 2020 y para el periodo de diciembre de 2011 el cómputo se inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 30 de junio de 2021, considerando la suspensión por 6 meses por la notificación con la 

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Orden de verificación, y siendo que la Resolución impugnada se notificó el 31 de diciembre de 2019, se demuestra que las facultades de la Administración Tributaria 

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no se encuentran prescritas, por tanto la determinación efectuada tiene toda validez y eficacia establecida en la Ley. 

Por otra parte, señaló que corresponde hacer mención al fenómeno de la 

retrospectividad de las normas de derecho, que se presenta cuando las mismas se 

aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que 

han estado regidas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. En ese contexto, consideró que se demuestra de manera fehaciente que para la resolución de solicitudes de prescripción realizadas por los contribuyentes no se tiene que elegir que normativa se debe aplicar como lo pretende el contribuyente, sino que es 

irrefutable que la normativa a aplicarse es la vigente al momento de la solicitud. 

Citó las Sentencias 13/2013, 21/2013, 401/2013 y 394/2015, señalando que el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, ha establecido en sus resoluciones que tanto una Orden de Fiscalización como un Orden de Verificación por tener iguales fines y concluir con un procedimiento similar como es la emisión de una Resolución Determinativa, tienen el efecto establecido por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), es decir, la notificación con cualquiera de ellos conlleva la suspensión del cómputo de la prescripción por un plazo de seis meses, situación acaecida en el 

presente caso, con lo que se demuestra fehacientemente que las facultades de la 

Administración Tributaria se encuentran plenamente vigentes 

En cuanto al argumento de la retroactividad señalada por la recurrente, explicó que no se está aplicando retroactivamente la Ley, sino por el contrario, en el presente caso se está aplicando la Ley vigente al momento de resolver la solicitud del contribuyente, por lo que consideró que se desvirtúan las alegaciones del sujeto pasivo. 

Así expuestos los argumentos de las partes, en principio corresponde dilucidar la 

controversia respecto a la prescripción incoada, en ese entendido cabe indicar que para la doctrina la prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad, ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

N-C-

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impotencia(CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316)

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella(MARTIN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial Depalma”, 1995. Pág. 189). 

En el mismo contexto, el profesor César García Novoa señala que: ...la prescripción 

es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

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En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2 manifestó: () es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ....Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos inter partes (sólo 

afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son 

vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, 

legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), alo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’(...) A, podemos advertir que la parte vinculante de una sentencia Constitucional Plurinacional es la 

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ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de 

la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Organo Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el 

cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable(las negrillas son añadidas)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaria contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica”. 

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En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/201952, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantia a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ1459/2019, 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020

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Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, eso no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) os las acciones de a Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

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administrativas, y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los 

términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar 

la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I y Il del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer dia del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

Por otro lado, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda, que se modifican los parágrafos lyll del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el 

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Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo e

vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente

aquel en que se cometió la contravención tributaria”. A su vez, la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317, establece que, se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que 

se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha 

de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y ll. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Pere: 

Por otra parte, también es preciso señalar lo previsto en el art. 28 del DS 27310 (RCTB), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de ataq fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de laNet uno o más periodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

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los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 22 

de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó de forma personal al representante legal de la recurrente con la Orden de Verificación No 00140V106811, de 11 de mayo de 2015, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo “Detalle de Diferencias” Form. 7520 adjunto a la orden, de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, solicitando la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 2000 210), b) Libros de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, d) Medio de pago de las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) dias hábiles (fs. 22-26 de antecedentes c. I). 

Posteriormente, el 3 y 19 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió Actas de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada y sus observaciones (fs. 33-34 de antecedentes c. I). 

Continuando con la compulsa de antecedentes, el 20 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a la recurrente con la vista de Cargo N° 291979000581 de 18 de noviembre de 2019, la cual concluyó que el contribuyente no ha demostrado con documentación sustentable que la totalidad de las transacciones observadas han sido efectivamente realizadas, por lo que, las facturas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal y consiguientemente, corresponde su depuración, determinando diferencias a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal que originaron la omisión del IVA en sus declaraciones juradas Form. 200 de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, sobre base cierta por un total de 119.441.- UFV’s, equivalente a Bs277.575.- que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago, asimismo, otorgó al 

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contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1559-1591 de antecedentes c. VIII). 

Por su parte, la recurrente, presentó documentación, la misma que fue registrada por la Administración Tributaria mediante Actas de Recepción de Documentos de 20 y 27 de diciembre de 2019 (fs. 35-36 de antecedentes c. 1); a continuación, la Administración Tributaria emitió el Informe de SIN/GGSCZ/DF/UFE/INF/669/2019, el cual concluyó señalando que luego de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente presentó cheques certificados por el Banco Bisa y considerando que su observación residía sólo en el medio de pago, se levantó esa observación inicialmente establecida en la vista de Cargo N° 291979000581, por lo tanto la Administración Tributaria ratificó la deuda tributaria determinada sobre base cierta

por un total de 116.842.– UFV’s, importe que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses y sanción por omisión de pago (fs. 1609-1631 de antecedentes c. IX); en consecuencia, la Administración Tributaria emitió y notificó a la recurrente Resolución Determinativa N° 171979001982, de 27 de diciembre de 2019, hoy impugnada. 

Ahora bien, respecto a la prescripción para determinar la deuda tributaria invocada por la recurrente, tratándose la presente causa de la prescripción de las 

facultades de determinación e imposición de sanciones, respecto al IVA, para los 

periodos fiscales de enero a noviembre del 2011, corresponde aplicar la normativa vigente a objeto del cómputo de la prescripción, esto es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, no obstante, para el periodo diciembre de 2011, se deben aplicar las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB); esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

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En consecuencia, haciendo el análisis de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo / de la Ley 2492 (CTB), que señala que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, es decir el cómputo de la 

prescripción para la determinación de la deuda tributaria e imponer sanciones 

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respecto al Impuesto al Valor Agregado de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011, comenzó el 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015. 

Asimismo, en relación al periodo diciembre de 2011, el periodo de pago corresponde 

a enero de 2012; por consiguiente el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 

2492 (CTB) con las modificaciones de las Leyes 291 y 317, que prevé que el término 

de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente 

a aquel en que se produjo el vencimiento el periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer a del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención; en consecuencia, el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre de 2011, se inició el 01 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; conforme lo establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados. 

Por consiguiente, es evidente que, cuando se notificó la Resolución Determinativa N° 171979001982, el 31 de diciembre de 2019, las facultades de la entidad recurrida, para determinar deudas tributarias e imponer sanciones por los periodos enero a diciembre de 2011, se encontraban prescritas. De igual manera, cabe señalar que, en relación a las modificaciones de la Ley 812, esta normativa entró en vigencia desde el momento de su emisión, es decir, desde el 30 de junio de 2016, por lo que, no corresponde su aplicación al presente caso. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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Ahora bien, con relación a la suspensión de la prescripción alegada por la Administración Tributaria en el entendido que la notificación con la Orden de Verificación No 00140VI06811 en fecha 22 de mayo de 2015, hubiera producido una suspensión por seis meses de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), corresponde tomar en cuenta para el efecto lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción es integramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, 

puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada precedentemente 

que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que efectué el mismo, no siendo aplicable a los procesos de 

verificación por ser puntuales y específicos. 

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En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización prevista en el art. 104, parágrafo I 

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de la Calidad Certificado N° 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Nan mit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Pasaje 1 Este, Casa No 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (5913) 3391027 3391030 • www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

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de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma sólo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado código. 

Consecuentemente, la notificación con la Orden de Verificación No 0014OVI06811, de 11 de mayo de 2015, correspondiente a la verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, no se constituye en una causal de suspensión, como afirmó la Administración Tributaria en su memorial de 

contestación al recurso de alzada, análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018. 

Asimismo, con relación a la Sentencias 13/2013, 21/2013, 401/2013 y 394/2015 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, citadas por la Administración Tributaria respecto a que la Orden de Fiscalización como la Orden de Verificación tienen el mismo efecto de suspender del cómputo de prescripción de acuerdo a lo establecido por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), cabe señalar que las citadas Sentencias al ser emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, si bien son fallos emitidos en la vía jurisdiccional que podrían constituirse en variaciones de la jurisprudencia a lo largo del tiempo no es menos cierto que cuando el derecho está claramente plasmado en la norma, en algunos casos no llegan a aplicarse realmente a pesar de su promulgación oficial y puede que en ningún supuesto resulten obligatorios para el resto de los tribunales, aunque sí suelen ostentar importante fuerza dogmática a la hora de predecir futuras decisiones y establecer los fundamentos de una petición 

determinada frente a otros tribunales. En todo caso, tampoco el estudio de las sentencias da la medida exacta de la realidad del Derecho porque ocurre que en 

ocasiones y por diversas razones, las sentencias dejan de cumplirse o aplicarse, 

teniéndose claro que únicamente los fallos vinculantes deberán ser cumplidos por 

ésta instancia de alzada. 

Con relación a las Resoluciones AGIT-RJ 1444/2013, 1161/2013 y 257/2019.citadas por la Administración Tributaria es pertinente hacer notar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, moduló la 

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1 TL 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

jurisprudencia respecto a la aplicación de la normativa vigente para el cómputo de la prescripción, por lo que el entendimiento expuesto en las citadas Resoluciones de Recurso Jerárquico fue modificado en cumplimiento de la mencionada Sentencia Constitucional 

Por todo lo expuesto, al haberse establecido que las facultades de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones administrativas se encuentran prescritas; y en vista que no existieron causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente, en consecuencia, revocar totalmente la Resolución Determinativa No 171979001982 de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2011. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

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AFNOR CERTIFICATION 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa No 171979001982 de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, al evidenciarse que la acción de la Administración Tributaria par

determinar tributos e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor Agregado de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2011 han prescrito, de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

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DISTADO.2. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase

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ugnacio 

audiac. Arze Varga

ST 

  1. C. PUEY 

Abod. Do# karina Satazak Pérez Directora Ejecutiva Regional a.

Autoridad Regional de : impugnación Tributaria Santa Cruz 

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