ARIT-SCZ-RA-0354-2020 Orden de Verificación no es causal de suspensión de prescripción

ARIT-SCZ-RA-0354-2020

AITÜL 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0354/2020 

Industria Forestal CIMAL IMR S.A., 

representada por Edgar Eloy Nicolás 

Lozano Ruíz. 

Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Gonzalo 

Suarez Virreira. 

Resolución Determinativa N° 

171979001977, de 27 de diciembre 

de 2019. 

ARIT-SCZ-0102/2020. 

Santa Cruz, 10 de julio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Recurrido 

Acto Impugnado 

Expediente Nc Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0354/2020 de 

10 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y 

todo cuanto se tuvo presente. uso soou BBBMB 

  1. Acto Administrativo impugnado 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171979001977, de 27 de diciembre de 2019, mediante la cual dispuso determinar de X). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) wanatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita Imbaerepi Vae (Guaraní) 

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oficio, por conocimiento de materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Industria Forestal CIMAL IMR S.A., por el Impuesto al Valor Agregado de los períodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que asciende a 45.157 UFV’s, equivalentes a Bs105.270.- (Ciento cinco mil doscientos setenta 00/100 bolivianos), correspondientes al total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes formales), en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2, párrafo I de la Ley 812, y los arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificados por el art. 2, parágrafos I y II del DS 2993, la sanción por Omisión de Pago, de acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el párrafo IX del art. 2 del DS 2993, y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016, y la multa por Incumplimiento al Deber Formal, en aplicación del art. 169 de la Ley 2492. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Recurrente. 

Industria Forestal CIMAL IMR S.A., representada por Edgar Eloy Nicolás Lozano Ruíz, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2020 (fs. 208-215 vta., del expediente, c. II), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 171979001977, de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Prescripción. 

La recurrente argüyó que la Administración Tributaria no aportó elementos que le permitan entender el por qué procedería la aplicación retrospectiva de la Ley 812, y aplicar términos de prescripción más largos a periodos anteriores a su promulgación, así como tampoco profundizó respecto al por qué considera que la prescripción solo se consolida cuando se opone tal derecho y no cuando se inicia el cómputo, siendo que la aplicación retrospectiva de la Ley obedece a un análisis que demuestre que la aplicación de la nueva norma busca mantener la equidad e igualdad, aspectos que no 2 de 29

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

corresponden cuando se trata de la Ley 812, por lo que su aplicación a periodos anteriores a su promulgación desequilibra las reglas vigentes a momento del surgimiento de este derecho, contraviniendo un principio básico y vigente relativo a que un término de prescripción más largo no puede ser aplicado a periodos anteriores a su promulgación, siendo que además el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) establece que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

En consecuencia señaló que en el marco del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo del plazo de prescripción para la determinación de deudas tributarias respecto a los periodos febrero a noviembre de 2011, se inició el 1 de enero de 2012, y concluyo el 31 de diciembre de 2015, y para el periodo de diciembre de 2011, se inició el 1 de enero de 2013, y concluyó el 31 de diciembre de 2016, no habiendo acaecido ninguna causal de suspensión del cómputo de la prescripción prevista en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

Finalmente, citó como precedentes las Sentencias Supremas 39 de 13 de mayo de 2016, y 153 de 20 de noviembre de 2017. 

11.1.2. Falta de fundamentación en la depuración del Crédito Fiscal. 

La recurrente manifestó, que la depuración de las compras realizadas se basó en criterios poco sostenibles, puesto que sustento las mismas en el sentido de que las compras de bienes y/o servicios, tales como seguros contratados para cubrir activos y responsabilidad civil, compras de insumos como etiquetas, gastos de alquileres de agencias, gastos de telefonía, gastos de alimentación del personal de producción, entre otros, no están relacionados con la actividad gravada por el IVA que desarrolla CIMAL IMR; aspectos que ponen en evidencia que la fiscalización (debió decir verificación), no ha tenido en cuenta que los contribuyentes tienen derecho, en aplicación de las normas vigentes, a computar los créditos fiscales generados por las compras de bienes y/o servicios que directa o indirectamente se vinculen con las operaciones grabadas por el IVA que los mismos desarrollan. 

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Jijsticia tributaria para vivir bien J^n mit’ayir jach’a kamani (Aymara) t\|anatasaq kuraq kamachiq (Quechua) wlburuvisa tendodegua mbaeti oñomita rmbaerepi Vae (Guaraní) 

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III 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa impugnada. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 28 de enero de 2020 (fs. 216 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 171979001977, de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grades Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2020 (fs. 227-239 del expediente, c. II), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Sobre la prescripción. 

La Administración Tributaria citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0401/2017-S2, las Sentencias Constitucionales N°11/2002 y 1421/2004-R, la Resolución del Recurso de Alzada No. ARIT-SCZ/RA 0477/2017, las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, AGIT-RJ 1228/2013 de 29 de julio de 2013, AGIT-RJ 1161/2013 de 23 de julio de 2013, AGIT RJ 0957/2015 de 26 de mayo de 2015 y AGIT-RJ 0953/2017, entre otras y la Sentencia SU649/17 de la República de Colombia; señaló que sus acciones y/o facultades para determinar la Deuda Tributaria de la gestión 2011, NO SE ENCUENTRAN PRESCRITAS, toda vez que en el año 2019 (año de emisión de la Resolución Determinativa) sus facultades prescriben a los ocho (8) años, y por efectos de la suspensión acaecida en este proceso por la notificación de la Orden de Verificación notificada de manera personal el 22 de junio de 2015, al contribuyente, sus facultades como Administración Tributaria aún se encuentran plenamente vigentes, habiendo ejercido plenamente sus facultades dentro del plazo otorgado por Ley, de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con sus modificaciones señaladas, y el art. 62 del mismo cuerpo legal. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Finalmente, citó como precedentes las Sentencias Supremas 380/2015, 463/2015, 64/2016, 183/2017 y 137/2017, arguyendo que en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0007/2017-S1 de 2 de febrero de 2017, que dispone la vinculatoriedad horizontal y vertical de la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia, deben ser consideradas. 

II.3.2. Respecto a la falta de fundamentación en la depuración del Crédito Fiscal. 

Señaló que la recurrente no hace más que realizar una copia fiel y textual de su memorial de descargo a la Vista de Cargo siendo estos los mismos argumentos que ya fueron valorados, analizados y compulsados a través de la motivada y fundamentada Resolución Determinativa en la cual se puede evidenciar que de forma técnica legal se desvirtuaron todos los argumentos expuestos, demostrando con ello la falta de la carga argumentativa por parte de la demandante, siendo que además en el análisis de cada factura observada, se expone que tipo de documentación presentó, la observación que se realizó a dichos documentos y con qué código se procedió a su depuración, quedando como observadas cuarenta y ocho (48) notas fiscales y no así las trescientas cincuenta (350) de la Orden de Verificación, evidenciándose la documentación insuficiente que permita evidenciar que las transacciones se realizaron efectivamente y que las mismas se encuentren vinculadas con su actividad gravada de la empresa, quedando demostrado que en cada etapa del proceso se analizó y valoró cada uno de los descargos presentados. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa impugnada. 

II.4 Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida el 26 de febrero de 2020 (fs. 242-244 del expediente, c. II). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 17 de marzo de 2020, la recurrente mediante memorial presentado el 06 de marzo de 2020, ratificó e hizo suyas en calidad de prueba todo el expediente administrativo remitido por la entidad 

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¡ Justiciatributaria para vivir bien [ Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) : Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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recurrida; asimismo, pidió se anule el procedimiento de determinación tributaria hasta el vició más antiguo, o alternativamente se revoque de forma total el acto impugnado (fs. 245-245 vta., del expediente, c. II). 

Por su parte, la Administración Tributaria, con memorial presentado el 12 de marzo de 2020, presentó y ratificó en calidad de prueba todo el expediente administrativo presentado en su contestación (fs. 248 del expediente, c. II). 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 06 de abril de 2020, la recurrente presentó alegatos escritos reiterando su solicitud de que se declare prescrita la facultad de verificación y determinación de la deuda tributaria o alternativamente se revoque de forma total la Resolución Determinativa impugnada (fs.251-253 vta. del expediente, c. II). 

Por su parte, la Administración Tributaria con memorial, presentó alegatos escritos, argumentando que de acuerdo a la restrospectividad, evidenció que los fundamentos expuestos por la impetrante son totalmente improcedentes, siendo que se respalda con jurisprudencia que no corresponden ser aplicadas, además de que se realiza un cálculo de la supuesta prescripción a conveniencia y sin respaldo legal, puesto que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), fueron modificados en primera instancia por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y posteriormente por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, por lo que conforme a dichas modificaciones se puede establecer que los arts. antes referidos a la fecha de la interposición de prescripción presentada como descargo a la Vista de Cargo el 24 de diciembre de 2019, corresponden ser aplicados con sus modificaciones establecidas, pues es en esta fecha que el contribuyente recién opone dicho instituto jurídico, teniéndose de forma clara que las acciones y/o facultades como Administración Tributaria para determinar deuda tributaria de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, toda vez que en el año 2019, año de emisión de la Resolución Determinativa, sus facultades prescriben a los ocho (8) años, y por efectos de la suspensión acaecida en este proceso por la notificación con la Orden de Verificación 0014OVI06800 del operativo 1020, notificada de forma personal el 22 de mayo de 2015; más aún cuando en cada etapa del proceso analizo y valoro cada uno de los descargos presentados. Por lo que 6 de 29

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Impugnación Tributaria 

solicito se confirme en su totalidad la Resolución Determinativa impugnada (fs. 256- 258 del expediente, c. II). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

III.1 Antecedentes de hecho. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 22 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Orden de Verificación 0014OVI06800, de 11 de mayo de 2015, mediante la cual le comunico que conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), será objeto de un “Proceso de Determinación” para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente al IVA de los Periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la Gestión 2011. En tal sentido la emplazó a presentar la documentación requerida en el término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Verificación (fs. 12-19 de antecedentes, c. I). 

El 18 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Form. N° 4003 Requerimiento 158615, mediante el 

cual le solicitó la presentación de Comprobante contable de aprobación de 

las compras de bienes y/o servicios y de los pagos efectuados con sus 

respectivos respaldos; Fotocopia de Cheques, transferencias, débito u otros 

(en caso de pagos mediante entidades Financieras) con sus Extractos 

Bancarios; Certificación Bancaria (en caso de no contar con los respaldos 

del punto anterior); Contratos suscritos con proveedores de bienes y/o 

servicios vigentes durante el periodo sujeto a revisión (si corresponde); 

Kardex de Inventario de Almacén; Libro Diario de las transacciones de 

apropiación y pago de las compras descritas en el detalle de diferencias; 

Justicia tributaria para vivir bien 

Documentación que demuestre el destino y uso de las compras para evidenciar que las mismas se encuentren vinculadas a la actividad de la 

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Sistema de Gestión 

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Empresa; En caso de compras realizadas con efectivo, presentar además el Libro Mayor de la gestión correspondiente a las cuentas contables de pago y documentación referente al control interno de asignaciones de fondos y manejo efectivo; En caso de compras de activos presentar los registros contables de activación, detalle de activos fijos y de corresponder los documentos de propiedad; Constancia de presentación Información Bancarización (si corresponde); Otra documentación que considere pertinente y necesaria para respaldar cada una de las transacciones (vinculación con la actividad gravada y efectiva realización de la transacción) relacionadas a las notas fiscales observadas en la Orden de Verificación. Dando al efecto, el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de los documentos solicitados (fs. 35-37 y 42 de antecedentes, c. I). 

III.3 El 24 de abril de 2019, la recurrente con nota s/n, solicitó a la Administración Tributaria se autorice la prórroga del plazo por diez (10) días hábiles adicionales, toda vez que se trata de una gran cantidad de documentos de la gestión 2011, cuya identificación y desarchivo, se encuentra siendo efectuado por el personal de la empresa (fs. 44-45 de antecedentes, c. I). 

111.4 El 03 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma electrónica a la recurrente con el Auto N° 251979000323, de 29 de abril de 2019, mediante el cual amplió el plazo de manera parcial por cinco (5) días para la presentación de los documentos solicitados mediante FORM. 4003 REQUERIMIENTO 158615 ANEXO ADJUNTO (fs. 46-47 de antecedentes, c. I). 

111.5 El 17 de mayo de 2019, la recurrente con nota s/n, solicitó a la Administración Tributaria se le autorice una prórroga del plazo por cinco (5) días hábiles adicionales, toda vez que se trata de una gran cantidad de encuentra siendo efectuado por el personal de la empresa (fs. 49 de antecedentes, c. I). 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria III.6 

Jjusticia tributaria para vivir bien 

El 04 de junio de 2019, la Administración Tributaria notició de forma electrónica a la recurrente con el Auto 251979000396, de 23 de mayo de 2019, mediante el cual rechazo la solicitud de ampliación de plazo, en vista de que estos ya fueron otorgados (fs. 50-52 de antecedentes, c. I). 

El 15 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00171344, SIF: 844840, mediante la cual sancionó a la recurrente con 1.000 UFV’s, por haber incumplido al deber formal de entrega parcial de la información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos (fs. 7496 de antecedentes, c. XXXVIII). 

El 19 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/804/2019, que recomendó se emita la Vista de Cargo de conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y párrafo IV del art. IV del art. 104 déla Ley 2492 (CTB). Asimismo, enfatizó que la revisión es parcial y solo se limita a los aspectos a que se refiere la Orden de Verificación de referencia, generada bajo la modalidad de Operativo Especifico Crédito Fiscal, en base a las diferencias que surgen de confrontar la información declarada por el contribuyente y la información existente en los sistemas de la Administración Tributaria, en cuanto a ventas informadas por los proveedores y dosificaciones de facturas autorizadas, pudiendo investigar o reparar cualquier otro aspecto legalmente cuestionable que no haya sido motivo de revisión o aún en el caso de haber realizado esta, si el contribuyente hubiese ocultado la información que estaba obligado a proporcionar (fs. 7503-7562 de antecedentes, c. XXXVIII). 

El 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000589, que estableció que de conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y párrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones legales pertinentes, en virtud al proceso de verificación impositiva realizada y considerando los reparos 9 de 29 

&

NB/ISO 

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Siste na de Gestxx 

|an mit’ayir jach’a kamani (Aymara) ¡Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) ‘ivlburuvisa tendodegua mbaeti oñomita ímbaerepi Vae(Guaraní) 

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determinados a favor del Fisco en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), procedió a calcular la Deuda Tributaria sobre Base Cierta, según se establece en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto en el art. 47 del mismo cuerpo legal, modificado por el párrafo I del art. 2 de la Ley 812, determinó preliminarmente un adeudo Tributario de 122.087 UFV’s, equivalentes a Bs283.741, que incluye el Tributo Omitido actualizado, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes formales, conforme a los arts. 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB). Finalmente, estableció el plazo de treinta (30) días calendario, improrrogables, para la presentación de descargos (fs. 7564- 7625 y 7634 de antecedentes, c. XXXVIII y XXXIX). 

111.10 El 24 de diciembre de 2019, la recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo 291979000589, alegando la improcedencia a las observaciones de las Facturas Nos.117698, 116783, 117962 (La Boliviana CIACRUZ), 141 (Taller Perfecto Jr.), 725 y 726 (Serigrafía e Imprenta GRAPHIC), 85, 91 (Shalom Cathering Services), 825474 (Complejo Automotriz Virgen de Urkupiña), 584 (Patitex – Emilia Barbara Bautista de Arias), 1545 (SERVICORREAS), 42 (Eladio Álvarez Mercado), 493 (Eladio Álvarez 

Mercado) y 40227 (Crash Fire Rescue Udem). De igual forma, señaló que en mérito a los arts. 59 y 105 de la Ley 2492 (CTB) y luego de evidenciados los extremos, solicitó se emita la respectiva Resolución Determinativa declarando prescritas sus facultades para controlar, fiscalizar y determinar deuda tributaria de la gestión 2011 (fs. 7639-7647 vta., de antecedentes, c. XXXIX). 

1.11 El 27 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/1020/2019, que estableció que habiéndose levantado parcialmente las observaciones al contribuyente, se ratifican el saldo de la deuda tributaria determinada sobre Base Cierta, conforme a lo previsto en el párrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que a la fecha de elaboración del presente Informe, asciende a 45.157 UFV’s, equivalentes a Bs105.270.- importe que incluye Tributo Omitido actualizado, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a deberes formales, conforme a los arts. 47, 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB). Por 10 de 29

AHÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

tanto, recomendó la emisión de la Resolución Determinativa que 

corresponda (fs. 8814-8906 de antecedentes, c. XLV). 

111.12 El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171979001977, 

de 27 de diciembre de 2019, que resolvió determinar de oficio, por 

conocimiento de materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente Industria Forestal CIMAL IMR S.A., por el Impuesto al Valor 

Agregado de los períodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que 

asciende a 45.157 UFV’s, equivalentes a Bs105.270.- (Ciento cinco mil 

doscientos setenta 00/100 bolivianos), correspondientes al total del adeudo 

tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes formales), en 

aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2, párrafo 

I de la Ley 812, y los arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificados por el 

art. 2, parágrafos I y II del DS 2993, la sanción por Omisión de Pago, de 

acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), 

modificado por el párrafo IX del art. 2 del DS 2993, y la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016, y la 

multa por Incumplimiento al Deber Formal, en aplicación del art. 169 de la 

Ley 2492 (fs. 8908-9001 y 9008 de antecedentes, c. XLV y XLVI). 

  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Prescripción; y 2. Falta de fundamentacion en la depuración del Crédito Fiscal. Observaciones que serán analizadas a continuación. 

IV.1. Cuestión previa. 

De la lectura del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, se advierte que entre sus agravios invocó prescripción, por lo que, precautelando la seguridad jurídica, esta instancia recursiva verificará primero la procedencia o improcedencia de 

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/ Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

j Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

I Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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la prescripción invocada y solo en caso de no ser evidente la misma se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados. 

  1. 2. Respecto a la prescripción. 

La recurrente argüyó que la Administración Tributaria no aportó elementos que le permitan entender el por qué procedería la aplicación retrospectiva de la Ley 812, y aplicar términos de prescripción más largos a periodos anteriores a su promulgación, así como tampoco profundizó respecto al por qué considera que la prescripción solo se consolida cuando se opone tal derecho y no cuando se inicia el cómputo, siendo que la aplicación retrospectiva de la Ley obedece a un análisis que demuestre que la aplicación de la nueva norma busca mantener la equidad e igualdad, aspectos que no corresponden cuando se trata de la Ley 812, por lo que su aplicación a periodos anteriores a su promulgación desequilibra las reglas vigentes a momento del surgimiento de este derecho, contraviniendo un principio básico y vigente relativo a que un término de prescripción más largo no puede ser aplicado a periodos anteriores a su promulgación, siendo que además el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) establece que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

En consecuencia señaló que en el marco del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo del plazo de prescripción para la determinación de deudas tributarias respecto a los periodos febrero a noviembre de 2011, se inició el 1 de enero de 2012, y concluyo el 31 de diciembre de 2015, y para el periodo de diciembre de 2011, se inició el 1 de enero de 2013, y concluyó el 31 de diciembre de 2016, no habiendo acaecido ninguna causal de suspensión del cómputo de la prescripción prevista en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

Finalmente, citó como precedentes las Sentencias Supremas 39 de 13 de mayo de 2016, y 153 de 20 de noviembre de 2017. 

Por su parte, la Administración Tributaria, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0401/2017-S2, las Sentencias Constitucionales 11/2002 y 12 de 29

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1421/2004-R, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0477/2017, las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, AGIT-RJ 1228/2013 de 29 de julio de 2013, AGIT-RJ 1161/2013 de 23 de julio de 2013, AGIT-RJ 0957/2015 de 26 de mayo de 2015 y AGIT-RJ 0953/2017, entre otras y la Sentencia SU649/17 de la República de Colombia; señaló que sus acciones y/o facultades para determinar la Deuda Tributaria de la gestión 2011, NO SE ENCUENTRAN PRESCRITAS, toda vez que en el año 2019 (año de emisión de la Resolución Determinativa) sus facultades prescriben a los ocho (8) años, y por efectos de la suspensión acaecida en este proceso por la notificación de la Orden de Verificación notificada de manera personal el 22 de junio de 2015, al contribuyente, sus facultades como Administración Tributaria aún se encuentran plenamente vigentes, habiendo ejercido plenamente sus facultades dentro del plazo otorgado por Ley, de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con sus modificaciones señaladas, y el art. 62 del mismo cuerpo legal. 

Finalmente, cito como precedentes las Sentencias Supremas 380/2015, 463/2015, 64/2016, 183/2017 y 137/2017, arguyendo que en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0007/2017-S1 de 2 de febrero de 2017, que dispone la vinculatoriedad horizontal y vertical de la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia, deben ser consideradas. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que 13 de 29 

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resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos Ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), asilo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (. .) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual 14 de 29

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estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la 15 de 29 

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Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019, de 16 de diciembre de 2019 y AGIT-RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ¡lícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 16 de 29

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inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Asimismo, es pertinente considerar que la Ley 3092, de 7 de julio de 2005, en su art. 4., dispone que: “Además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. 2. Acto administrativo que rechaza la solicitud 

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de planes de facilidades de pago. 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria”. (Las negrillas son nuestras). 

En este entendido, para el caso analizado, se tiene que la Administración Tributaria el 22 de junio de 2015, notificó de forma personal a la recurrente con la Orden de Verificación N° 0014OVI06800, de 11 de mayo de 2015, mediante la cual le comunico que conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), será objeto de un “Proceso de Determinación” para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente al IVA de los Periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la Gestión 2011. En tal sentido la emplazo a presentar la documentación requerida en el término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de la presente Orden de Verificación (fs. 12-19 de antecedentes, c. I). De forma Posterior, el 18 de abril de 2019, notificó por cédula a la impetrante con la Form. N° 4003 Requerimiento N° 158615, mediante el cual le solicitó la presentación de Comprobante contable de aprobación de las compras de bienes y/o servicios y de los pagos efectuados con sus respectivos respaldos; Fotocopia de Cheques, transferencias, débito u otros (en caso de pagos mediante entidades Financieras) con sus Extractos Bancarios; Certificación Bancaria (en caso de no contar con los respaldos del punto anterior); Contratos suscritos con proveedores de bienes y/o servicios vigentes durante el periodo sujeto a revisión (si corresponde); Kardex de Inventario de Almacén; Libro Diario de las transacciones de apropiación y pago de las compras descritas en el detalle de diferencias; Documentación que demuestre el destino y uso de las compras para evidenciar que las mismas se encuentren vinculadas a la actividad de la Empresa; En caso de compras realizadas con efectivo, presentar además el Libro Mayor de la gestión correspondiente a las cuentas contables de pago y documentación referente al control interno de asignaciones de fondos y manejo efectivo; En caso de compras de activos presentar losregistros contables de activación, detalle de activos fijos y de corresponder los documentos de propiedad; Constancia de presentación Información Bancarización (si corresponde); Otra documentación que considere pertinente y necesaria para respaldar cada una de las transacciones (vinculación con la actividad gravada y efectiva realización de la transacción) relacionadas a las notas fiscales 18 de 29

Altt. 

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Impugnación Tributaria 

observadas en la Orden de Verificación. Dando al efecto, el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de los documentos solicitados (fs. 35-37 y 42 de antecedentes, c. I). 

Por su parte, la recurrente 24 de abril de 2019 con nota s/n, solicitó a la entidad recurrida se autorice la prórroga del plazo por diez (10) días hábiles adicionales, toda vez que se trata de una gran cantidad de documentos de la gestión 2011, cuya identificación y desarchivo, se encuentra siendo efectuado por el personal de la empresa (fs. 44-45 de antecedentes, c. I), razón por la cual el 3 de mayo de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma electrónica a la impetratne con el Auto N° 251979000323, de 29 de abril de 2019, mediante el cual amplió el plazo de manera parcial por cinco (5) días para la presentación de los documentos solicitados mediante FORM. 4003 REQUERIMIENTO 158615 ANEXO ADJUNTO (fs. 46- 47 de antecedentes, c. I). 

Subsecuentemente, el 17 de mayo de 2019, la recurrente con nota s/n, solicitó nuevamente a la entidad recurrida se le autorice una prórroga del plazo por cinco (5) días hábiles adicionales, toda vez que se trata de una gran cantidad de encuentra siendo efectuado por el personal de la empresa (fs. 49 de antecedentes, c. I), no obstante, dicha solicitud fue rechazada con el Auto N° 251979000396, de 23 de mayo de 2019, notificado de forma electrónica el 4 de junio de 2019 (fs. 50-52 de antecedentes, c. I). 

Subsiguientemente, el 15 de noviembre de 2019, la entidad recurrida emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00171344, SIF: 844840, mediante la cual sancionó a la recurrente con 1.000 UFV’s, por haber incumplido al deber formal de entrega parcial de la información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos (fs. 7496 de antecedentes, c. XXXVIII). Asimismo, el 19 de noviembre de 2019, emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/804/2019, que recomendó se emita la Vista de Cargo de conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y párrafo IV del art. IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB). Enfatizando que la revisión es parcial y solo se limita a los aspectos a que se refiere la Orden de Verificación de referencia, generada bajo la modalidad de Operativo Especifico Crédito Fiscal, en base a las diferencias 19 de 29 

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que surgen de confrontar la información declarada por el contribuyente y la información existente en los sistemas de la Administración Tributaria, en cuanto a ventas informadas por los proveedores y dosificaciones de facturas autorizadas, pudiendo investigar o reparar cualquier otro aspecto legalmente cuestionable que no haya sido motivo de revisión o aún en el caso de haber realizado esta, si el contribuyente hubiese ocultado la información que estaba obligado a proporcionar (fs. 7503-7562 de antecedentes, c. XXXVIII). 

Aspecto por el cual, el 22 de noviembre de 2019, notificó por cédula a la impetrante con la Vista de Cargo 291979000589, que estableció que de conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y párrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y disposiciones legales pertinentes, en virtud al proceso de verificación impositiva realizada y considerando los reparos determinados a favor del Fisco en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), procedió a calcular la Deuda Tributaria sobre Base Cierta, según se establece en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), aplicando lo dispuesto en el art. 47 del mismo cuerpo legal, modificado por el párrafo I del art. 2 de la Ley 812, determino un adeudo Tributario de 122.087 UFV’s, equivalentes a Bs283.741, que incluye el Tributo Omitido actualizado, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes formales, conforme a los arts. 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB). Finalmente, estableció el plazo de treinta (30) días calendario, improrrogables, para la presentación de descargos (fs. 7564-7625 y 7634 de antecedentes, c. XXXVIII y XXXIX). 

La recurrente el 24 de diciembre de 2019, presentó descargos a la Vista de Cargo 291979000589, alegando la improcedencia a las observaciones de las Facturas Nos.117698, 116783, 117962 (La Boliviana CIACRUZ), 141 (Taller Perfecto Jr.), 725 y 726 (Serigrafía e Imprenta GRAPHIC), 85, 91 (Shalom Cathering Services), 825474 (Complejo Automotriz Virgen de Urkupiña), 584 (Patitex – Emilia Barbara Bautista de Arias), 1545 (SERVICORREAS), 42 (Eladio Álvarez Mercado), 493 (Eladio Álvarez Mercado) y 40227 (Crash Fire Rescue Udem). De igual forma, señaló que en mérito a los arts. 59 y 105 de la Ley 2492 (CTB) y luego de evidenciados los extremos, solicitó se emita la respectiva Resolución Determinativa declarando Prescritas sus facultades para controlar, fiscalizar y determinar deuda tributaria de la gestión 2011 (fs. 7639- 7647 vta., de antecedentes, c. XXXIX); sin embargo, el 27 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/1020/2019, 20 de 29

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que estableció que habiéndose levantado parcialmente las observaciones al contribuyente, se ratifican el saldo de la deuda tributaria determinada sobre Base Cierta, conforme a lo previsto en el párrafo Idel art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que a la fecha de elaboración del presente Informe, asciende a 45.157 UFV’s, equivalentes a Bs105.270.- importe que incluye Tributo Omitido actualizado, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento a deberes formales, conforme a los arts. 47, 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB). Por tanto, recomendó la emisión de la Resolución Determinativa que corresponda (fs. 8814-8906 de antecedentes, c. XLV). 

Finalmente, el 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001977, de 27 de diciembre de 2019, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Industria Forestal CIMAL IMR S.A., por el Impuesto al Valor Agregado de los períodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que asciende a 45.157 UFV’s, equivalentes a Bs105.270.- (Ciento cinco mil doscientos setenta 00/100 bolivianos), correspondientes al total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes formales), en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2, párrafo I de la Ley 812, y los arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificados por el art. 2, parágrafos I y II del DS 2993, la sanción por Omisión de Pago, de acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el párrafo IX del art. 2 del DS 2993, y la RND 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016, y la multa por Incumplimiento al Deber Formal, en aplicación del art. 169 de la Ley 2492 (fs. 8908-9001 y 9008 de antecedentes, c. XLV y XLVI). 

Por consiguiente, siendo que el presente proceso de determinación emerge de la Orden de Verificación N° 0014OVI06800, de 11 de mayo de 2015, misma que tuvo por objeto establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la impetrante, correspondiente al IVA de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la Gestión 2011. Y que a la vez concluyó con la notificación del acto impugnado el 31 de diciembre de 2019, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de materia imponible, las 

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obligaciones impositivas del contribuyente Industria Forestal CIMAL IMR S.A., por el 21 de 29 

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Impuesto al Valor Agregado de los períodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que asciende a 45.157 UFV’s, equivalentes a Bs105.270.- (Ciento cinco mil doscientos setenta 00/100 bolivianos), correspondientes al total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes formales), en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2, párrafo I de la Ley 812, y los arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificados por el art. 2, parágrafos I y II del DS 2993, la sanción por Omisión de Pago, de acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el párrafo IX del art. 2 del DS 2993, y la RND 10-0033-16 de 25 de noviembre de 2016, y la multa por Incumplimiento al Deber Formal, en aplicación del art. 169 de la Ley 2492. 

En ese sentido, corresponde señalar que la Determinación de la deuda tributaria realizada mediante Resolución Determinativa 171979001977 de 27 de diciembre de 2019, corresponde a los periodos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; de los cuales se tiene que el cómputo de la prescripción para determinar los periodos de enero a noviembre 2011, se inició el 1 de enero de 2012, y para el periodo de diciembre 2011, se inició el 1 enero de 2013, correspondiendo en consecuencia aplicar la disposición normativa vigente al momento del inicio de los referidos cómputos, en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ-1459/2019, 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y AGIT-RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

En este contexto, considerando lo dispuesto en el art. 154, parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB), que prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones, prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria; y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, normativa que se encontraba vigente a momento del inicio del cómputo de la prescripción, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; por lo que para los periodos de febrero, marzo, abril, 22 de 29

‘Áni 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011, comenzó el cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, de acuerdo a lo establecido en el art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; vale decir, el cómputo de la prescripción para determinar la deuda tributaria e imponer la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago, comenzó a partir del 01 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015. 

Ahora bien, en relación al periodo diciembre de 2011, el periodo de pago corresponde a enero de 2012; por consiguiente el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291 y 317, que dispone que, el término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención; en consecuencia, el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre de 2011, se inició el 01 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; conforme al criterio de aplicación establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en suma, se evidencia que cuando la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente el 31 de diciembre de 2019, con la Resolución Determinativa N° 

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171979001977 de 27 de diciembre de 2019,, sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se encontraban prescritas. 23 de 29 

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Justiciatributaria para vivir bien Jaifi mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mánatasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mouruvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Asimismo, no se evidenció la concurrencia de las causales de suspensión ni interrupción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), considerando lo siguiente, el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los proceso de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, de lo cual, se infiere que el legislador al establecer en el art. 62, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del término de prescripción, considera el alcance integral que implica este procedimiento, lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión, a diferencia del proceso de verificación puntual, que al abarcar solo ciertos elementos no amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspecto que determina la suspensión del término de la prescripción en los casos de fiscalización. 

En ése contexto, conforme los antecedentes administrativos expuestos, se observa que en el presente caso la Orden de Verificación 0014OVI06800, de 11 de mayo de 2015, tiene como alcance el Impuesto al Valor Agregado, derivado de la 24 de 29

ait! 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011; asimismo, en la referida Orden de Verificación, se detalló como norma aplicable los arts. 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), y siendo que el referido art. 32 establece: “(Procedimientos de verificación y control puntual). Elprocedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria”: este procedimiento se adecúa a lo determinado en el citado art. 29, inc. c) de la norma antes señalada, el mismo que regula la verificación y control puntual que se inicia con la notificación de una Orden de Verificación. En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada en puntos precedentes que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que efectúe el mismo, no siendo aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos. 

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización, prevista en el art. 104, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado Código. Consecuentemente, es evidente que, en el presente caso, la notificación con la Orden de Verificación N° 0014OVI06800 de 11 de mayo de 2015, no se constituye 

Juéticia tributaria para vivir bien Jah mit’ayir jach’a kamani (Aymara) M^natasaq kuraq kamachiq (Quechua) MJburuvisa tendodegua mbaeti oñomita m’baerepi Vae (Guaraní) 

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en una causal de suspensión; análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018. 

Por otra parte, en relación a lo señalado por la Administración Tributaria tanto en su contestación, así como en sus memoriales de prueba y alegatos escritos presentados el 12 de marzo y 23 de junio de 2020 (fs. 248 y 256-258 del expediente, c. II), sobre que la norma aplicable dentro de la presente causa es la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las Leyes 291, 317 y 812, considerando que la Resolución Determinativa impugnada se emitió el 27 de diciembre de 2019, en plena vigencia de la Ley 812; en este contexto, es imperante aclarar que, es indistinto si la Resolución Determinativa N° 171979001977, actualmente impugnada, fue emitida durante la vigencia de la Ley 812, toda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunció al respecto, a través de la Sentencia Constitucional SCP 0012/2019-S2, la cual, en su Acápite III.4 estableció textualmente que: “(…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende gue la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación gue este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció gue la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos”. Bajo este lineamiento, se entiende que, en el marco de los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos que no se presentan en la Ley 812; por lo que se debe de aplicar las normas vigentes a momento del inicio del cómputo de la prescripción; tomando en cuenta que la referida Sentencia Constitucional tiene carácter vinculante conforme establecen los arts. 203 de la CPE y 15 parágrafo II de la Ley 254 (CPC). Por lo expuesto, se tiene que, para los periodos observados de enero a noviembre de la gestión 2011, de conformidad con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, inició su computo de la prescripción el 01 de enero de 2012, fecha en la cual aún no se encontraba en vigencia las leyes 291 y 317; empero, para el periodo diciembre de la gestión 2011, cuyo cómputo se inició el 01 de enero 26 de 29

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de 2013, si se aplicó las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB). En este contexto, en relación a las modificaciones de la ley 812, se debe aclarar que esta normativa entró en vigencia desde el momento de su emisión, es decir, desde el 30 de junio de 2016; por lo que, no corresponde su aplicación al presente caso. 

Por otro lado, respecto a lo sostenido por la Administración Tributaria en su contestación, de que es necesario considerar la teoría de los derechos adquiridos, que refiere que la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal, conforme al lineamiento establecido en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y 1161/2013 de 23 de julio de 2013; y respecto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1246/2013 de 29 de julio de 2013, 0957/2015 de 26 de mayo de 2015 y 1284/2018 de 28 de mayo de 2018, citadas como precedentes por la parte recurrida; es preciso mencionar que dicha teoría carece de fundamentación legal, toda vez que no se encuentra incorporada en ninguna disposición normativa de carácter general, por ende, al no tener respaldo normativo, no se constituye en un fundamento suficiente a efectos de respaldar el rechazo de la prescripción planteada por la recurrente, consecuentemente, corresponde desestimar tal argumento; asimismo, sobre las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013, 1161/2013 de 23 de julio de 2013, 1246/2013 de 29 de julio de 2013, 0957/2015 de 26 de mayo de 2015 y 1284/2018 de 28 de mayo de 2018, citadas por la Administración Tributaria, es menester aclarar que no son aplicables a la presente causa, debido a que corresponden a hechos generadores acaecidos en las gestiones 2006, 2007 y 2008, y que en el caso de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0957/2015 concierne a un proceso en etapa de Ejecución Tributaria, por lo que no son causas análogas a la presente; además que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, moduló la jurisprudencia respecto a la aplicación de la normativa vigente para el cómputo de la prescripción, por lo que, el entendimiento expuesto en las citadas Resoluciones de Recurso Jerárquico fue modulado ante la emergente, y en 

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cumplimiento de la mencionada Sentencia Constitucional de carácter vinculante. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jkn mit’ayir jach’a kamani (Aymara) tí/lana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

bistema de Gestión 

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Finalmente, aclarar a la Administración Tributaria que lo resuelto por esta Autoridad de ninguna manera constituye un control de constitucionalidad de las normas vigentes, pues es evidente que la parte recurrente no presentó ningún Recurso de Inconstitucionalidad ante esta instancia, en cuyo caso indiscutiblemente no podría ser admitido y menos resuelto en esta vía, por lo que el argumento de la Administración Tributaria es impertinente y fuera de contexto; del mismo modo, cabe recordarle que esta Autoridad resuelve los Recursos interpuestos observando las garantías constitucionales que les asiste a los recurrentes y en aplicación del parágrafo III del art. 211 de la Ley 2492 ( CTB); se sustentan en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable a cada caso particular y conforme a las facultades otorgadas por la Ley 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, al haberse evidenciado que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se encuentran prescritas; y en vista que no existen causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción, conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente; en consecuencia, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171979001977 de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos febrero a diciembre de la gestión 2011, se encuentran prescritas. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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AT, S\ 

Autoridad de 

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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa 171979001977 de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos febrero a diciembre de la gestión 2011, se encuentran prescritas;, de acuerdo a los fundamentos técnico jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/acq/cmmf/fra/mga 

ARIT-SCZ/RA 0354/2020 

Justicia tributaria pal 

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Autoridad Regional de 

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