ARIT-SCZ-RA-0349-2020 Cómputo de la prescripción en restituciones indebidas se inicia tomando en cuenta los periodos fiscales

ARIT-SCZ-RA-0349-2020

aÍtí 

AlTORIDAD DE 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0349/2020 

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA, representada por Daniela Román Eid Justiniano. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Gonzales Suarez Virreira. 

Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000213, de 24 de diciembre de 2019. 

ARIT-SCZ-0113/2020. 

Santa Cruz, 10 de julio de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0349/2020 de 

09 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y 

todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN emitió la Resolución Administrativa de Devolución Impositiva N° 211979000213, de 24 de diciembre de 2019, que resolvió 

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Justiciaitributaria para vivir bien 

Jan mit|ayir jach’a kamani (A./mara) 

Mana t¿saq kuraq kamachiq (Quecnua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 – 3391030 • www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

establecer la diferencia existente, ente el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria, respeto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal, del que resulta un importe indebidamente devuelto al contribuyente EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA S.A. por la suma de Bs287.024.- y un monto por concepto de Mantenimiento de Valor indebidamente restituido correspondiente al Crédito Fiscal IVA de la indebidamente devuelto de Bs33.969.- importes que a la fecha de emisión de la presente Resolución asciende a 207.612.- UFV’s equivalente a Bs483.817.-, correspondiente a los tributos indebidamente devueltos e intereses de los períodos marzo y abril 2012. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la recurrente 

EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA, representada por Daniela Román Eid Justiniano, en mérito al Testimonio N° 046/2017, de 26 de enero 2017, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 27 de enero de 2020 (fs. 63-73 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa de Devolución Impositiva 211979000213, de 24 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción de las facultades de la administración tributaria. – 

La recurrente manifestó que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución Administrativa impugnada, por cuanto han trascurrido más de seis (6) años y once (11) meses, contados desde el 1ro de enero del año siguiente al vencimiento de cada uno de los periodos fiscalizados, es decir desde el 1ro de enero de 2013, hasta el 07 de enero de 2020, fecha de notificación de la Resolución Administrativa Impugnada. 

Señaló que la prescripción de las facultades de la Administración para verificar, investigar, controlar e imponer sanciones, es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término legal para ejercer dicha facultad. Si bien existe obligación de conservar la 

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Impugnación Tributaria 

documentación de respaldo correspondiente, ello no implica que se esté otorgando facultades permanentes para las facultades de la Administración Tributaria. Al respecto, el art. 70 núm. 5 de la Ley 2492 (CTB), es claro al señalar que la Administración Tributaria no puede determinar cargos sobre periodos prescritos. 

Argumentó que, en el presente caso, su empresa ha mantenido la documentación que presentó a la Administración Tributaria para su verificación, antes de la emisión de la Resolución impugnada, y fue la Administración Tributaria que sin ninguna justificación dejó transcurrir un tiempo excesivamente largo para emitir el acto definitivo. 

Describió los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), que estarían vigentes en el momento del hecho imponible, en el que el inicio del cómputo del plazo de prescripción tiene como punto de partida el “vencimiento del período fiscal del impuesto” objeto de la fiscalización y que el tiempo de 4 años de prescripción se encuentra totalmente cumplido para los períodos verificados (marzo y abril de la gestión 2012), ya que han transcurrido más de siete (7) años, contados desde el 1 de enero de 2013, hasta el 07 de enero de 2020 (fecha de notificación de la RA impugnada), asimismo, enfatizó que en el presente caso de verificación no ha ocurrido ninguna de las previsiones de suspensión y mucho menos de interrupción, de acuerdo al inc. a) del art. 61 de la citada norma. Consideró importante aclarar, que aún con la suspensión por efectos de la notificación de la Orden de Verificación, la prescripción igual ha operado para todos los periodos verificados. 

Dejó establecido que las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), previstas en las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 291, la derogación del último párrafo de dicho artículo previsto en la Ley 317, no son aplicables al presente caso por ser leyes posteriores a los hechos imponibles verificados; de lo que advierte que corresponde determinar que la prescripción a operado en el marco de lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y ratificado por el art. 123 de la CPE, es decir que las leyes únicamente son aplicables para lo venidero, y se aplican a los hechos imponibles y/o comisión de ilícitos ocurridos después del 11 de diciembre de 2012 en estricta aplicación de la CPE y del art. 3 de la Ley 2492 (CTB), al respecto, mencionó de carácter vinculante la Sentencia Constitucional 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, por lo mencionado con carácter previo y de especial pronunciamiento, solicitó 

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Justicia/tributaria para vivir bien 

Jan mitfayir jacha kamani (Aymara) 

Manatjasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

MburuVisa tendodegua mbaeti oñomita 

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que se declare la prescripción de las facultades de la administración tributaria sobre todos los cargos contenidos en la resolución administrativa ahora impugnada. 

11.1.2 Sobre la improcedencia de la deuda tributaria determinada. – 

La recurrente manifestó que la determinación de la deuda tributaria es incorrecta por cuanto surgen de la omisión de la valoración de su documentación contable y legal de respaldo oportunamente presentada y que cursa en el expediente administrativo y en especial de la posición ¡legal de sobreponer aspectos formales respecto de los hechos y realidad material. A continuación, desarrolló los fundamentos de su impugnación considerando la clasificación de las observaciones mediante Códigos. 

Código VP: Facturas validas parcialmente para la devolución impositiva. – 

Manifestó que las facturas de este proveedor por idéntico concepto de compra, ya fueron observadas por este mismo motivo en otras ocasiones y como resultado de la impugnación este tipo de cargo ha sido REVOCADO mediante Resoluciones de Alzada, al igual que en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0032/2016 de 28 de enero de 2016, en ese sentido, indicó que ya existen precedentes uniformes que establecen la validez del IVA sobre el total de estas facturas de COMSER, por lo que solicitó se ratifiquen los fundamentos y decisión adoptada por dichos precedentes, en cuanto previamente no acepte la prescripción denunciada. 

Código 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente. – 

Indicó que se desconoce gastos y operaciones características de sus actividades empresariales, mismas que se encuentran ampliamente respaldadas y contabilizadas, tal cual lo menciona el propio cuadro de la Administración Tributaria, se trata de “ajustes”, a gastos que notoriamente no se encuentran observados, por lo que es inconsistente que se observe el ajuste y NO el gasto en si (la compra principal), a su vez señaló que todas las observaciones con este código se encuentran completamente respaldadas. 

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Código 3: No demuestra la efectiva realización y materialización de la transacción. – 

Sostuvo que la Administración Tributaria habría omitido la valoración de todos sus documentos contables, ya que existe plena relación entre el cheque y la factura observada. 

Así también, indicó que la observación de la “forma de pago” no es aplicable a facturas por montos menores a 50.000.- UFV’s, lo que contraviene lo previsto en el art. 12 del DS 27874 y art. 66 núm. 11 de la Ley 2492 (CTB), por aplicar valores diferentes a los dispuestos en el reglamento, al respecto citó en calidad de precedente la Resolución Jerárquica STG-RJ-0548/2008, entre otras, en consecuencia, refirió que el cheque o transferencia bancaria a nombre del proveedor no es elemento sustancial para validar la transacción cuando las compras son menores a 50.000.- UFV’s, en este caso lo que se debe valorar son los “documentos contables adicionales”, a la factura o nota fiscal, mismos que solicita a esta Autoridad sean valorados. 

Adicional a ello, mencionó que la Administración Tributaria desconoció los pagos efectuados mediante compensaciones efectuadas con sus proveedores; en su efecto confirmó que las compensaciones son válidas como medio de pago y que además son ajenas a la normativa de bancarización, razón por las que, la observación es improcedente. 

Código 6 Tasa Cero (Transporte Internacional). – 

La recurrente mencionó que la Administración Tributaria observó que todas las facturas de los transportistas internacionales están sujetas a la tasa cero del IVA, sin embargo, lo cierto es que la dosificación con tasa cero es solo para las Empresas de Transporte que cumplan ciertos requisitos; de lo que observa que la Administración Tributaria limite las dosificaciones con tasa cero a los transportistas y cuando estos emiten la respectiva factura se desconozca el crédito fiscal IVA a los usuarios, siendo que debería probar que el transportista es un contribuyente beneficiado con la tasa 

cero. 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

lyiburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

rfibaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

De esa forma sostuvo que las facturas originadas por la contratación de los servicios de transporte de carga deben ser desestimadas, dado que las mismas fueron emitidas incluido el Impuesto al Valor Agregado, que fue pagado por su empresa, lo que condiciona que se beneficie del crédito fiscal en virtud al principio de neutralidad impositiva. 

También manifestó que los impuestos de los proveedores emisores de las facturas observadas habrían sido declarados correctamente por los mismos, dejando en claro que la creación del Régimen tasa cero en las operaciones de transporte fue para incrementar la competitividad de las empresas bolivianas como lo establece el DS 28656, por lo que, el hecho de que el proveedor no se haya acogido a dicho régimen, pretende castigar al exportador, contraviniendo al espíritu de la ley. 

11.1.3. Sobre la restitución del mantenimiento de valor por CEDEIM recibidos. – 

La recurrente señaló que la Resolución Administrativa hoy impugnada reconoce que existe un Informe Complementario con CITE:SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/06263/2018 en el que se hace referencia al Informe de Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DF/SVE/IN/05979/2017, en el cual establece y confirma que el periodo abril 2010 fue objeto de verificación y que la Resolución Administrativa 211879000020), a la fecha se encuentra impugnada por lo cual de ninguna forma corresponde que se anticipen resultados de dicha impugnación pretendiendo ajustar el crédito fiscal comprometido en el mes marzo 2012. 

11.1.4. Sobre la restitución del mantenimiento de valor de los periodos verificados. – 

Manifestó que lo señalado en la Resolución Administrativa impugnada implica una anticipación del resultado de impugnación, toda vez que el monto de Restitución de Mantenimiento de valor por los periodos marzo y abril de 2012, fueron recibidos en junio y julio de 2014, fechas en las que también fueron consignados los mismos periodos (junio yjulio 2014), que ocasionó el incremento del crédito fiscal acumulado, de lo que observó que, no puede ser posible que la Restitución de Mantenimiento de Valor de los meses de marzo y abril 2012 hubieran sido comprometidos en los mismos meses; en efecto confirmó que la restitución de Mantenimiento de Valor de 6 de 32

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los periodos marzo y abril 2012 forma parte del crédito fiscal comprometido en el periodo julio de 2014, periodo que no es objeto de análisis de la presente RA, por lo que concluye que la observación es improcedente. 

Por todo lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 211979000213, de 24 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 30 de enero de 2020 (fs. 74 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa de Devolución Impositiva N° 211979000213, de 24 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 21 de febrero de 2020 (fs. 85-99 del expediente), contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria. 

La Administración Tributaria señaló que el contribuyente pretende la aplicación del instituto jurídico de la prescripción sin realizar una adecuada fundamentación respecto a su pretensión, incumpliendo lo dispuesto en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), al pretender la aplicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, sin la exposición de los supuestos tácticos análogos del caso resuelto en dicha sentencia, versus lo resuelto en la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000213. 

Sostuvo que el texto original de la Ley 2492 (CTB), señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros, prescribía a los cuatro (4) años, computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago respectivo, texto que estuvo vigente 

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Janmjt’ayir jachakamani (Aymara) 

Manaítasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mbur|_ivisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaérepiVae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

hasta las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, fechas en las que entraron en vigencia las mismas, siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el parágrafo II del art. 164 de la CPE, en consecuencia advirtió que corresponde la aplicación literal de las disposiciones contenidas en las Leyes 291 y 317 que modificaron la Ley 2492 (CTB) a partir de su vigencia, bajo el mismo tenor se tiene la Ley 812 de 30 de junio de 2016. 

Así también indicó que la prescripción en materia tributaria, es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo consolida determinadas situaciones de hecho, en este caso por intervención y decisión del legislador, expresada en las Leyes 291 y 317 a través de las cuales se extendió el plazo de prescripción bajo una modalidad progresiva y retrospectiva, situaciones de hecho que no llegaron a perfeccionarse puesto que fue la voluntad del legislador impedir o evitar se consoliden la prescripción como forma de oposición a las acciones de la Administración Tributaria, de lo que advirtió que los principios de legalidad y seguridad jurídica no sufrieron menoscabo alguno respecto al incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del Sujeto Pasivo, razonamiento que también es compartido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que a modo de ejemplo citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0033/2019 de 14 de enero de 2019, AGIT-RJ 0308/2019 de 25 de marzo de 2019 y AGIT-RJ 0369/2019 de 15 de abril de 2019, entre otros precedentes. 

Por tanto, mencionó que en base a los fundamentos expuestos y en virtud a lo establecido en los arts. 232, 235, núm. 1 de la CPE y art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), referidos al Principio de sometimiento a la ley, por imperio de lo establecido en el parágrafo I del art. 178 de la CPE e inc. a) del art. 140 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra compelidos al cumplimiento de la voluntad del legislador contenida en la 

Norma Suprema, Leyes y demás disposiciones que conforman el bloque normativo que rige la materia, dentro del marco constitucional, por lo que, señaló que esta autoridad no es competente para cuestionar u objetar el contenido de las disposiciones legales emanadas por el Órgano Legislativo máxime cuando dichas Leyes gozan de presunción de constitucionalidad de acuerdo al art. 5 de la Ley 027 de 06 de junio de 2010; en ese contexto, advirtió que ejerció sus facultades de verificación vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales 8 de 32

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de marzo y abril de la gestión 2012, dentro del alcance establecido por la Ley 291, toda vez que la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000213, fue notificada el 07 de enero de 2020, bajo la Ley 812, norma vigente, que dispone un término de prescripción de ocho (8) años, de acuerdo al art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el termino de prescripción para los periodos fiscales de marzo y abril de 2012, inició el 01 de enero de 2013 y concluye recién el 31 de diciembre de 2020, además corresponde añadir el computo de la prescripción el plazo de 6 meses de suspensión a consecuencia de la notificación de la Orden de Verificación en estricta aplicación del parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), en tanto, el plazo de prescripción se configurará el 30 de junio de 2021, es decir que ejerció sus facultades de determinación dentro del plazo establecido en la Normativa Tributaria. 

Asimismo indicó que, considerando que el presente caso trata de la revisión posterior de la devolución impositiva efectivamente realizada y no así de un proceso de determinación o fiscalización, en ese sentido, señala que la Solicitud de Devolución Impositiva, es una manifestación voluntaria del Sujeto Pasivo exportador de solicitar Devolución Impositiva, sometiéndose al efecto para su consideración y pertinencia, a un proceso de verificación y revisión a fin de determinar la pertinencia y validez del crédito fiscal que ha presentado y de periodos que se encuentran comprometidos y vinculados con la exportación, por el cual se pretende la devolución, regulados por los arts. 126 y 28 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido establece que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, no es aplicable al presente caso toda vez que el presente se trata de una Solicitud de Devolución Impositiva Posterior, que a su vez se encuentra reglamentada por la Ley de Exportaciones 1489 y el DS 25465 que reglamenta la devolución impositiva, en tanto, en el presente caso NO existe un vencimiento de pago respectivo, pues el contribuyente compromete un crédito fiscal de un periodo anterior para solicitar la devolución del mismo, resultando imprescindible establecer que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas se empiezan a computar a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, argumento respaldado por lo dispuesto en el parágrafo IV del art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

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J^in m’rt’ayir jach’akamani (Ayniara) 

I^lanatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

K/lburuvisatendodegua mbaeti oñomita 

ínbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

De lo anterior señaló que el hecho generador dentro del trámite de la devolución de certificado de Devolución Impositiva (CEDE1M) se perfeccionó a momento de la efectivización de la devolución realizada por la Administración Tributaria, es decir cuando el contribuyente se benefició de la devolución impositiva de lo comprometido para dicha devolución, en consecuencia, el computo de la prescripción en el trámite de devolución impositiva inició a partir del primer año del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, y considerando que la entrega de valores requeridos por el contribuyente se dio para los periodos marzo y abril de 2012 en la gestión 2014, el computo de prescripción inicia a partir del 01 de enero de la gestión 2015 y concluiría el 31 de diciembre de 2022, en ese entendido y considerando la vigencia de las modificaciones efectuadas al art. 59 por la Ley 812, la Administración Tributaria tiene ocho (8) años para ejercer sus facultades de verificación y determinación de lo indebidamente devuelto, además se debe aplicar el plazo de suspensión por efectos de la notificación con las ordenes de verificación conforme establece el parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), consecutivamente, no corresponde determinar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

II.3.2 Respecto a la improcedencia de la deuda tributaria determinada. Código VP: Facturas validas parcialmente para la devolución impositiva. – 

Señaló que lo indicado porla recurrente carece de carga argumentativa incumpliendo con lo dispuesto en el inc. e) del parágrafo I del art. 198 de la Ley 2492 (CTB), al limitarse señalar precedentes administrativos, sin demostrar en etapa de verificación tener como actividad gravada el de mayorista o distribuidor de lubricantes, motivo por el cual a través de la Resolución Administrativa impugnada se procedió a depurar la diferencia correspondiente al IEHD. 

Acontinuación, manifestó que de acuerdo a lo dispuesto en el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530 y art. 15 de la Ley 843, se tiene que el primer párrafo del art. 5 del DS 21530 señala que no integran el precio neto gravado, los tributos que tienen como hecho imponible la misma operación gravada y deben consignarse en la factura por separado, tales como el Impuesto a los Consumos Específicos y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. 

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Por su parte, el art. 2 del DS 25530 establece que el pago del IVA e IT se realizará sobre el total del valor facturado deducido el monto pagado por IEHD y el art. 3 del mismo cuerpo normativo, señala que solo en caso de los distribuidores mayoristas, a efecto del crédito fiscal, aplicaran la alícuota al total de la factura recibida de las refinerías, incluyendo el IEHD, en ese contexto, advirtió que se depuró correctamente la diferencia correspondiente al IEHD. 

Código 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente. – 

Manifestó que las facturas observadas refieren al concepto de un AJUSTE DE PRECIOS, que, si bien detallan un número de placa de camión, sin embargo, al no contar con mayor documentación de respaldo, no logró establecer de forma objetiva la naturaleza de las transacciones, en ese sentido la recurrente no dio cumplimiento con las obligaciones previstas en el núm. 4 art. 70 concordante con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

Por su parte, puntualizó que de conformidad a lo previsto en el art. 8 inc. a) segundo párrafo de la Ley 843, para que el contribuyente se beneficie del crédito fiscal productos de las transacciones declaradas debe cumplir con el requisito de que las facturas de compras se encuentren vinculada con la actividad gravada. 

Código 3: No demuestra la efectiva realización y materialización de la transacción. – 

Expresó que de conformidad al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es el contribuyente quien pretende hacer valer su derecho a la apropiación del crédito fiscal, debe probar los hechos constitutivos del mismo y al no haber demostrado en instancia administrativa tributaria), corresponde confirmar las observaciones realizadas a las facturas bajo el código 3, de la Resolución Administrativa impugnada. 

En ese contexto, indicó que la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho imponible y considerarlos válidos para fines fiscales, por lo que, a efectos de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, el contribuyente debe aportar documentación contable, comercial y financiera que permitan demostrar con certeza el pago al proveedor y comprobar que la operación 

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Jan^nit’ayir jach’a kamani (Aymara) Ma^a tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbiiruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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mtíaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

de compra-venta fue real, en cumplimiento de lo previsto en los nums. 4 y 5 del art. 17 de la Ley 2492 (CTB), art. 2 de la Ley 843, arts. 36, 37 y 40 del Decreto Ley 14379 y art. 20 del DS 25465, por tanto, en virtud a lo señalado en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), al no aportar documentación suficiente durante la verificación a fin de demostrar la procedencia y cuantía de las transacciones que declara, tampoco anunció que serán presentadas como pruebas de reciente obtención, corresponde confirmar las observaciones establecidas en la Resolución Administrativa impugnada. 

Código 6: Tasa cero (transporte Internacional). – 

Mencionó la Ley 3249 de 01 de diciembre de 2005, referida al tratamiento impositivo para el transporte internacional de carga por carretera y la RND 10-0016-07, art. 41 parágrafo I; para luego indicar que, el contribuyente comprometió en su solicitud de devolución impositiva facturas que corresponden a transporte internacional de carga por carretera, por ejemplo, la factura de transporte de hierro esponja, con tramo de ARICA-SANTA CRUZ, correspondiendo a una importación. Además, la factura por transporte de Cemento de Cobre desde Mina Don Mario hasta puerto de Arica-Chile, siendo una exportación de productos, asimismo, se tienen facturas que no detallan el tramo recorrido, a las cuales presentó en calidad de respaldo, Recibos y Carta Porte, haciendo referencia a dichas transacciones, de lo que advirtió que dichas facturas se encuentran alcanzadas por el IVA tasa cero y no son válidas para devolución impositiva. 

II.3.3. Sobre la restitución del mantenimiento de valor por CEDEIM recibidos. – 

Indicó que resultado del crédito fiscal no valido para devolución impositiva en el periodo abril de la gestión 2010, existe un importe de mantenimiento de valor indebidamente restituido por este periodo, importe que aplicando el cálculo definido en el art. 8 de la RND 10-0021-05 de 03 de agosto de 2005, asciende a Bs43.834.-, no obstante, el informe que hace referencia la recurrente CITE:SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/06263/2018, yeste refiere al Informe de Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/05979/2017, que en consecuencia, el 25 de julio de 2015 se notificó la Resolución Administrativa 211879000020 comunicando los resultados de la verificación a la devolución impositiva del periodo abril gestión 2020, Resolución que fue impugnada y que a la fecha se encuentra en proceso, en ese 

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Impugnación Tributaria 

contexto, el concepto de restitución de Mantenimiento de Valor, debe ser resulto en el marco de la verificación del periodo que dio origen a esta restitución, motivo por el cual no corresponde que en la verificación se considere los resultados del Informe de Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/05979/2017 como firmes para determinar un monto indebidamente restituido que afecte el importe comprometido en la devolución impositiva del periodo objeto de la presente revisión, por lo que es pertinente ratificar la Resolución Administrativa Impugnada. 

II.3.4 Sobre la restitución del mantenimiento de valor de los periodos verificados. – 

Al respecto, advirtió que el argumento expuesto por la recurrente no tiene sustento técnico ni jurídico, toda vez que para establecer en la misma fecha de la entrega de valores de los periodos marzo y abril gestión 2012, la Administración Tributaria procedió, de manera automática, a la Restitución de Mantenimiento e Valor de crédito comprometido, monto que fue declarado por el contribuyente en su F-210 IVA Exportadores en el mismo periodo de la restitución, la cual fe realizada en aplicación de los dispuesto por el art. 7 núm. 5 y el art. 8 de la RND 10-0021-05 de 03 de agosto de 2005, de lo que se estableció el importe de Bs33.969.- que no correspondía su devolución, en consecuencia, tampoco corresponde la restitución del mantenimiento de valor por este importe, es decir que el mantenimiento de valor que generó el importe observado fue indebidamente restituido. 

Por tanto, por lo expresado precedentemente, solicitó se confirme la Resolución Administrativa de Devolución Impositiva N° 211979000213, de 24 de diciembre de 2019. 

II.4. Apertura de Término probatorio 

Mediante Auto de 26 de febrero de 2020, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el mismo día, tanto a la recurrente como a la entidad recurrida (fs. 99-100 del expediente). 

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Jan|r\iVayir jach’a kamani (Aymara) Ma^ia tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbfjruvisa tendodegua mbaeti oñomita mrjaerepi Vae (Guaraní) 

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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 17 de marzo de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 12 de marzo de 2020, ratificó todo el expediente de antecedentes presentado adjunto a la contestación del Recurso de Alzada (fs. 102 del expediente). 

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2020, ratificó toda la prueba cursante en el expediente administrativo de fiscalización, misma que se encuentra en el cuaderno de pruebas de la Administración Tributaria (fs. 111-112 del expediente). 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 23 de junio de 2020, en la citada fecha, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos en conclusiones (fs. 115-118vta. del expediente), ratificando todos los aspectos enunciados en su memorial de contestación al recurso de alzada. 

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u orales. III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 28 de abril de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con las Ordenes de Verificación 14990200474 y 14990200551, de 22 de marzo de 2017, bajo la modalidad de verificación posterior CEDEIM, cuyo alcance comprendía ¡a verificación de hechos, elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en el periodo de verificación de las formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos de marzo y abril de 2012, asimismo en la misma fecha notificó a la recurrente de forma personal con el Requerimiento 119926, a efecto que presente la documentación correspondiente a los periodos sujetos a verificación consistente en: 1. Libro de compras y Ventas 14 de 32

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

IVA; 2. Notas fiscales de respaldo al débito fiscal y crédito fiscal IVA; 3. 

Extractos bancarios; 4. Planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones 

sociales; 5. Comprobante de los ingresos, egresos, y traspasos debidamente 

respaldados; 6. Plan código de cuentas contables; 7. Libros de contabilidad 

(Diario, mayor, medio magnético), 8. Kardex 9. Inventarios, 9. Requerimiento 

Nota CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/NOT/00622/2017, y cualquier otra 

documentación que el fiscalizador requería durante el proceso de verificación 

(fs. 5-13 c. I de antecedentes). 

.2 El 15 de mayo de 2017, la recurrente Emipa SA mediante nota GAF-IMP 0012/2017, solicitó ampliación de plazo para la presentación de 

documentación solicitada en los requerimientos, por lo que, en respuesta 

mediante Auto N° 251779000173 de 18 de mayo de 2017, la Administración 

Tributaria aceptó parcialmente la solicitud, otorgándole el plazo de cinco (5) 

días hábiles adicionales, a partir de la notificación del presente (fs. 24 y 35 c. I 

de antecedentes). 

.3 El 05 y 06 de junio de 2017, la Administración Tributaria labró las Actas de recepción de documentos, consignando la presentación de la documentación 

según detalle descrito en las mismas actas (fs. 41-50 y 51-59 c. I de 

antecedentes). 

1.4 El 29 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/05911/2017 referente a las 

OVE’s 14990200474 y 14990200551, de 22 de marzo de 2017, el cual 

concluyó indicando que resultado de las verificaciones a las Solicitudes de 

Devolución Impositiva de los periodos: marzo y abril de la gestión 2012, 

efectuada al contribuyente EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA, 

estableció observaciones al crédito fiscal comprometido, que originaron su 

depuración bajo los siguientes códigos: VP Importe parcialmente validado 

para devolución impositiva, código 2 No vinculada a la actividad del 

contribuyente, código 3 No demuestra la efectiva realización de la transacción 

y materialización de la transacción, código 6 Tasa cero (Transporte 

Internacional) y por Restitución indebida de Mantenimiento de Valor, 

estableciéndose como crédito fiscal no válido para devolución impositiva de 

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Jan mitay|r jach’a kamani (Ay 

Mana tasáq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvis$ tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepiiVae (Guaraní) 

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Bs330.858.-, indebidamente devuelto al contribuyente y se ratifica el importe de Bs10.369.142.- como importe debidamente devuelto mediante Títulos Valores CEDEIM’s, así también, la devolución del Gravamen Arancelario (GA) de Bs604.931.- (fs. 2647-2670 c. XIV de antecedentes). 

111.5 El 31 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/06263/2018 referente a las OVE’s 14990200474 y 14990200551, de 22 de marzo de 2017, el cual concluyó ratificar los resultados establecidos en el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/05911/2017 de 29 de diciembre de 2017, a su vez, recomendó la emisión de la Resolución Administrativa (fs. 2678-2674 c. XIV de antecedentes). 

111.6 El 07 de enero de 2020, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Administrativa de Devolución Impositiva N° 211979000213, de 24 de diciembre de 2019, que resolvió establecer la diferencia existente, ente el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria, respeto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal, del que resulta un importe indebidamente devuelto al contribuyente EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA S.A. por la suma de Bs287.024.- y un monto por concepto de Mantenimiento de Valor indebidamente restituido correspondiente al Crédito Fiscal IVA de la indebidamente devuelto de Bs33.969.- importes que a la fecha de emisión de la presente Resolución asciende a 207.612.- UFV’s equivalente a Bs483.817.-, correspondiente a los tributos indebidamente devueltos e intereses de los períodos marzo y abril 2012 (fs. 2660-2703 y 2708 c. XIV de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente expuso como agravios los siguientes: 1. Sobre la prescripción de las facultades de la administración tributaria, 2. Sobre la improcedencia de la deuda tributaria determinada, Código VP: Facturas validas parcialmente para la devolución impositiva, Código 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente, Código 3: No demuestra la efectiva realización ymaterialización de la transacción, Código 6 Tasa Cero (Transporte Internacional), 3. Sobre la restitución del mantenimiento de 16 de 32

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

valor por CEDEIM recibidos, 4. Sobre la restitución del mantenimiento de valor de los periodos verificados. 

IV.1. Cuestión previa. – 

De manera preliminar corresponde aclarar que la presente impugnación ha sido admitida en razón del contenido del recurso de alzada el cual ha reflejado de manera clara y precisa los argumentos y fundamentos por los cuales se expone los agravios reclamados, es en ese sentido que ésta instancia recursiva ingresará al análisis del primer agravio invocado y solo en caso de que el mismo no sea procedente ingresará al análisis y pronunciamiento de los demás aspectos planteados. 

IV.2 Respecto a la prescripción de las facultades de la administración tributaria. 

La recurrente manifestó que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución Administrativa impugnada, por cuanto han trascurrido más de seis (6) años y once (11) meses, contados desde el 1ro de enero del año siguiente al vencimiento de cada uno de los periodos fiscalizados, es decir desde el 1ro de enero de 2013 hasta el 07 de enero de 2020, fecha de notificación de la Resolución Administrativa Impugnada. 

Señaló que la prescripción de las facultades de la Administración para verificar, investigar, controlar e imponer sanciones, es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término legal para ejercer dicha facultad. Si bien existe obligación de conservar la documentación de respaldo correspondiente, ello no implica que se esté otorgando facultades permanentes para las facultades de la Administración Tributaria. Al respecto, el art. 70 núm. 5 de la Ley 2492 (CTB), es claro al señalar que la Administración Tributaria no puede determinar cargos sobre periodos prescritos. 

Argumentó que, en el presente caso, su empresa ha mantenido la documentación que presentó a la Administración Tributaria para su verificación, antes de la emisión de la Resolución impugnada, y fue la Administración Tributaria que sin ninguna justificación dejó transcurrir un tiempo excesivamente largo para emitir el acto 

definitivo. 

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Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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Describió los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), que estarían vigentes en el momento del hecho imponible, en el que el inicio del cómputo del plazo de prescripción tiene como punto de partida el “vencimiento del período fiscal del impuesto” objeto de la fiscalización y que el tiempo de 4 años de prescripción se encuentra totalmente cumplido para los períodos verificados (marzo y abril de la gestión 2012), ya que han transcurrido más de siete (7) años, contados desde el 1 de enero de 2013, hasta el 07 de enero de 2020 (fecha de notificación de la RA impugnada), asimismo, enfatizó que en el presente caso de verificación no ha ocurrido ninguna de las previsiones de suspensión y mucho menos de interrupción, de acuerdo al inc. a) del art. 61 de la citada norma. Consideró importante aclarar, que aún con la suspensión por efectos de la notificación de la Orden de Verificación, la prescripción igual ha operado para todos los periodos verificados. 

Dejó establecido que las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), previstas en las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 291, la derogación del último párrafo de dicho artículo previsto en la Ley 317, no son aplicables al presente caso por ser leyes posteriores a los hechos imponibles verificados; de lo que advierte que corresponde determinar que la prescripción a operado en el marco de lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y ratificado por el art. 123 de la CPE, es decir que las leyes únicamente son aplicables para lo venidero, y se aplican a los hechos imponibles y/o comisión de ¡lícitos ocurridos después del 11 de diciembre de 2012, en estricta aplicación de la CPE y del art. 3 de la Ley 2492 (CTB), al respecto, mencionó el carácter vinculante de la Sentencia Constitucional N° 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, por lo mencionado con carácter previo y de especial pronunciamiento, solicitó que se declare la prescripción de las facultades de la administración tributaria sobre todos los cargos contenidos en la resolución administrativa ahora impugnada. 

Por su parte, la Administración Tributaria en su contestación al recurso de alzada señaló que el contribuyente pretende la aplicación del instituto jurídico de la prescripción sin realizar una adecuada fundamentación respecto a su pretensión, incumpliendo lo dispuesto en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), al pretender la aplicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, sin la exposición de los supuestos facticos análogos del caso resuelto en dicha sentencia, versus lo resuelto en la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000213. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Sostuvo que el texto original de la Ley 2492 (CTB), señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros, prescribía a los cuatro (4) años, computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago respectivo, texto que estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, fechas en las que entraron en vigencia las mismas, siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el parágrafo II del art. 164 de la CPE, en consecuencia advirtió que corresponde la aplicación literal de las disposiciones contenidas en las Leyes 291 y 317 que modificaron la Ley 2492 (CTB) a partir de su vigencia, bajo el mismo tenor se tiene la Ley 812 de 30 de junio de 2016. 

Así también indicó que la prescripción en materia tributaria, es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo consolida determinadas situaciones de hecho, en este caso por intervención y decisión del legislador, expresada en las Leyes 291 y 317 a través de las cuales se extendió el plazo de prescripción bajo una modalidad progresiva y retrospectiva, situaciones de hecho que no llegaron a perfeccionarse puesto que fue la voluntad del legislador impedir o evitar se consoliden la prescripción como forma de oposición a las acciones de la Administración Tributaria, de lo que advirtió que los principios de legalidad y seguridad jurídica no sufrieron menoscabo alguno respecto al incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del Sujeto Pasivo, razonamiento que también es compartido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que a modo de ejemplo citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0033/2019 de 14 de enero de 2019, AGIT-RJ 0308/2019 de 25 de marzo de 2019 y AGIT-RJ 0369/2019 de 15 de abril de 2019, entre otros precedentes. 

Por tanto, mencionó que en base a los fundamentos expuestos y en virtud a lo establecido en los arts. 232, 235, núm. 1 de la CPE y art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), referidos al principio de sometimiento a la ley, por imperio de lo establecido en el parágrafo I del art. 178 de la CPE e inc. a) del art. 140 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra compelidos al cumplimiento de la voluntad del legislador contenida en la Norma Suprema, Leyes y demás disposiciones que conforman el bloque normativo que rige la materia, dentro del marco constitucional, por lo que, señaló que esta autoridad no es competente para cuestionar u objetar el contenido de las 19 de 32 

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Jan npit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Man^tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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disposiciones legales emanadas por el Órgano Legislativo máxime cuando dichas Leyes gozan de presunción de constitucionalidad de acuerdo al art. 5 de la Ley 027 de 06 de junio de 2010; en ese contexto, advirtió que ejerció sus facultades de verificación vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales de marzo y abril de la gestión 2012, dentro del alcance establecido por la Ley 291, toda vez que la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000213, fue notificada el 07 de enero de 2020, bajo la Ley 812, norma vigente, que dispone un término de prescripción de ocho (8) años, de acuerdo al art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el termino de prescripción para los periodos fiscales de marzo y abril de 2012, inició el 01 de enero de 2013 y concluye recién el 31 de diciembre de 2020, además corresponde añadir el computo de la prescripción el plazo de 6 meses de suspensión a consecuencia de la notificación de la Orden de Verificación en estricta aplicación del parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), en tanto, el plazo de prescripción se configurará el 30 de junio de 2021, es decir que ejerció sus facultades de determinación dentro del plazo establecido en la Normativa Tributaria. 

Asimismo, indicó que, considerando que el presente caso trata de la revisión posterior de la devolución impositiva efectivamente realizada y no así de un proceso de determinación o fiscalización, en ese sentido, señala que la Solicitud de Devolución Impositiva, es una manifestación voluntaria del Sujeto Pasivo exportador de solicitar Devolución Impositiva, sometiéndose al efecto para su consideración y pertinencia, a un proceso de verificación y revisión a fin de determinar la pertinencia y validez del crédito fiscal que ha presentado y de periodos que se encuentran comprometidos y vinculados con la exportación, por el cual se pretende la devolución, regulados por los arts. 126 y 28 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido establece que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, no es aplicable al presente caso toda vez que el presente se trata de una Solicitud de Devolución Impositiva Posterior, que a su vez se encuentra reglamentada por la Ley de Exportaciones 1489 y el DS 25465 que reglamenta la devolución impositiva, en tanto, en el presente caso NO existe un vencimiento de pago respectivo, pues el contribuyente compromete un crédito fiscal de un periodo anterior para solicitar la devolución del mismo, resultando imprescindible establecer que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas se empiezan a computar a partir del primer día del año calendario siguiente al que se 20 de 32

AIT¿\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

produjo la devolución indebida, argumento respaldado por lo dispuesto en el parágrafo IV del art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

De lo anterior señaló que el hecho generador dentro del trámite de la devolución de certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) se perfeccionó a momento de la efectivización de la devolución realizada por la Administración Tributaria, es decir cuando el contribuyente se benefició de la devolución impositiva de lo comprometido para dicha devolución, en consecuencia, el computo de la prescripción en el trámite de devolución impositiva inició a partir del primer año del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, y considerando que la entrega de valores requeridos por el contribuyente se dio para los periodos marzo y abril de 2012 en la gestión 2014, el computo de prescripción inicia a partir del 01 de enero de la gestión 2015 y concluiría el 31 de diciembre de 2022, en ese entendido y considerando la vigencia de las modificaciones efectuadas al art. 59 por la Ley 812, la Administración Tributaria tiene ocho (8) años para ejercer sus facultades de verificación y determinación de lo indebidamente devuelto, además se debe aplicar el plazo de suspensión por efectos de la notificación con la orden de verificación conforme establece el parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), consecutivamente, no corresponde determinar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 21 de 32 

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Jan.mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

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Mtiuruvisatendodegua mbaeti oñomita 

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se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos inter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus nivelesjerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (. .) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de 22 de 32

atÜ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien alsujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teteológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica”(las negrillas son añadidas). 

En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las 23 de 32 

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Jaiji mit’ayir jach’a kamani (Ayunara) 

M^natasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mljjuruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

Por su parte, el art. 125 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la devolución es el acto en virtud del cual el Estado por mandato de Ley, restituye en forma parcial o total los impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución; así también el art. 128 del mismo cuerpo legal, establece que, cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente código. 

En ese contexto, los arts. 59 y 60, de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

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Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

respectivo; de igual manera para la parte adjetiva o procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la precitada Ley. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan’ mít’ayir jach’a kamani (Aymarás 

Majnatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mtíuruvísa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a las Ordenes de Verificación 14990200474 y 14990200551, de 22 de marzo de 2017, bajo la modalidad de verificación posterior – CEDEIM, procedió a verificar el cumplimento de las obligaciones de la recurrente EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA, relacionadas con el crédito fiscal comprometido en los periodos de verificación de las formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos de marzo y abril de 2012; verificación que, previa emisión de los Informes CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/05911/2017, de 29 de diciembre de 2017, y CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/06263/2018 de 31 de diciembre de 2018, concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000213, de 24 de diciembre de 2019, la cual fue notificada a la recurrente el 07 de enero de 2020, acto que establece un importe total indebidamente devuelto al contribuyente EMPRESA MINERA PAITITI S.A. EMIPA, de 207.612.- UFV’s equivalente a Bs483.817. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Es así que, considerando que la Administración Tributaria el 07 de enero de 2020 notificó mediante cédula el acto impugnado que determina la deuda tributaria por la devolución impositiva de los períodos marzo y abril 2012, por consiguiente el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las Leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291 y 317, prevé que el término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento el periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención; en consecuencia, el cómputo de la prescripción para los periodos marzo y abril 2012, se inició el 01 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; conforme al criterio de aplicación establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en suma, se evidencia que cuando la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente el 07 de enero de 2020, con la Resolución Administrativa de Devolución Impositiva N° 211979000213, de 24 de diciembre de 2019, sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se encontraban prescritas; no habiéndose evidenciado la concurrencia de las causales de suspensión ni interrupción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

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Jan rpit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Man$ tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mbuiuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

[ISO 9001

NB/ISO 

900! 

mba’erepiVae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Asimismo, no se evidenció la concurrencia de las causales de suspensión ni interrupción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), considerando lo siguiente, el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los proceso de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, de lo cual, se infiere que el legislador al establecer en el art. 62, parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB), que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

término de prescripción, considera el alcance integral que implica este procedimiento, lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión, a diferencia del proceso de verificación puntual, que al abarcar solo ciertos elementos no amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspecto que determina la suspensión del término de la prescripción en los casos de fiscalización. 

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización, prevista en el art. 104, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado Código. Consecuentemente, es evidente que, en el presente caso, la notificación con las Ordenes de Verificación no se constituyen en una causal de suspensión; análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018. 

Por otra parte, respecto a lo sostenido por la Administración Tributaria, cuando señala que lo alegado por la recurrente está dirigido a desconocer que la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 59 y 60 fueron legalmente modificados por las Leyes 291, 317 y 812; corresponde hacer hincapié que en el marco de los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos que no se presentan en las Leyes 291, 317 y 812. Además, que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, moduló la jurisprudencia respecto a la aplicación de la normativa vigente para el cómputo de la prescripción, por lo que, el criterio de aplicación de las normas posteriores a efectos del cómputo de la prescripción fue modulado en 

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Jan ijnit’ayir jach’a kamani (Aymaraj 

Man^tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mbuiuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbabrepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

cumplimiento de la mencionada Sentencia Constitucional misma que es de carácter vinculante. 

Asimismo, respecto a lo señalado por la Administración Tributaria en la contestación al recurso de alzada, de que en las devoluciones impositivas el cómputo de la prescripción se realiza a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida; corresponde manifestar que conforme a lo establecido en el art. 125 de la Ley 2492 (CTB) la devolución es el acto en virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, y el art. 128 del mismo cuerpo legal dispone que: cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente código, es decir que no se debe confundir la restitución de lo indebidamente devuelto cuya fecha si reviste relevancia, con el computo de la prescripción de los periodos fiscales de marzo y abril de la gestión 2012 que fueron verificados bajo la modalidad de verificación POSTERIOR-CEDEIM recién en la gestión 2017, siendo evidente que los periodos fiscales señalados independientemente de su verificación relacionada con el crédito fiscal comprometido y formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el vencimiento de pago es en los periodos marzo y abril de 2012, respectivamente, y a tal efecto se aplica el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar lo indebidamente devuelto a la recurrente de los periodos marzo y abril de 2012; precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente, en consecuencia, revocar totalmente la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000213, 24 de diciembre de 2019, emitida 30 de 32

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar lo indebidamente devuelto a la recurrente por los periodos marzo y abril de la gestión 2012. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 211979000213, 24 de diciembre de 2019, dejando sin efecto la determinación de lo indebidamente devuelto a la recurrente por los marzo y abril de la gestión 2012, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria se encuentran prescritas, conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden, de conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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Jan níiit’ayir jach’a kamani (Ayunara) 

Man^tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mbuiíuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaérepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 – 3391030 • www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/acq/rsv/faag 

ARIT-SCZ/RA 0349/2020Directora Ejecutiva Regional 

* Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria SantaO” 

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