ARIT-SCZ-RA-0344-2020 Falta de reconocimiento de la prescripción como derecho no afectan el perfeccionamiento del mismo

ARIT-SCZ-RA-0344-2020

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0344/2020 

Digital Network Infraestructura y 

Servicios Tecnológicos S.A., 

representada por Pablo Daniel Torrez 

Sanjinés. 

Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Gonzalo 

Suárez Virreira. 

Resolución Determinativa N° 

171979002012, de 31 de diciembre de 

ARIT-SCZ-0103/2020. 

Santa Cruz, 10 de julio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente Nc 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0344/2020 de 

09 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y 

todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz SIN, emitió la Resolución Determinativa 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, que resolvió, Primero: Determinar de 

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Jgín mit’ayir jacrva kamaní – 

Mana tasaq kuraq kamachiq

/yiburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guara”!) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Digital Network Infraestructura y Servicios Tecnológicos S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 1.908.752 UFV’s equivalentes a Bs4.450,956, a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). Segundo: Calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, sancionándose por un total de 759.900 UFV’s equivalentes a Bs1.771,986. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la recurrente 

Digital Network Infraestructura y Servicios Tecnológicos S.A., representada por Pablo Daniel Torrez Sanjinés, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2020 (fs. 209-221 vta. del expediente c. II), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Vulneración de derechos constitucionales. 

  1. a) Por incumplimiento en el plazo de emisión de la Vista de Cargo, por falta de valoración de los descargos presentados y por ausencia de fundamentación. 

La recurrente hizo una relación de antecedentes de la causa y señaló que el proceso de verificación inició con la notificación de la Orden de Verificación N° 0014OVI02334 el 28 de marzo de 2014; no obstante, se notificaron los resultados de la verificación 5 años y 8 meses después, es decir, el 28 de noviembre de 2019, aspecto que contraviene el inc. c.2) del art. 3 de la RND 10-0032-16, y el inc. k) del art. 4 de la Ley 2 de 40

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

2341 (LPA), aspectos que invalidan la Vista de Cargo 291979000654. Constatada la falta de celeridad en la emisión de la Vista de Cargo, corresponde anularla y disponer el archivo de obrados, a efectos de evitar mayores daños y perjuicios al contribuyente, como efecto del cálculo de intereses y mantenimiento de valor, que inevitablemente se incrementaron por la falta de impulso de la Administración Tributaria. 

La recurrente indicó que de la revisión a la Vista de Cargo 291979000654, se pudo constatar que la misma no se encuentra debidamente fundamentada, pues únicamente se copió textualmente lo manifestado en las diferentes disposiciones legales y reglamentarias, sin que se hubiera subsumido los supuestos incumplimientos de parte del contribuyente a las normas transcritas, por lo que no se puede establecer técnica ni legalmente cómo la Administración Tributaria llegó a la conclusión de que se hubieran contravenido las normas citadas, pues no basta con copiar la normativa, sino que es obligación del funcionario actuante, determinar cómo se incumplieron estas normas, hecho que en el presente caso no ocurrió, situación que ocasiona que la Vista de Cargo esté viciada de nulidad en aplicación de los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 96 de la Ley 2492 (CTB), pues como acto administrativo debe cumplir con los requisitos descritos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA). 

Por otra parte, aludió que todas las facturas de crédito fiscal requeridas fueron debidamente respaldadas con toda la documentación contable; aclaró que los movimientos y/o compras los realizaba a través de los trabajadores, a quiénes se les entregaba cheques y luego de cada compra rendían los fondos efectivamente utilizados; se acompañaron copias de los cheques, extractos, memorándums, contratos, recibos de pagos, comprobantes de egreso, etc., sin embargo, la Administración Tributaria no valoró ninguno de estos documentos, pues de la revisión de la Vista de Cargo, no se observó análisis de cada uno de los documentos presentados, lo cual conculca el debido proceso y el derecho a la defensa, pues al no valorarse las pruebas presentadas, no se evaluó si se cumplieron o no las normas tributarias. En suma, estos hechos demuestran que la Vista de Cargo carece de fundamentación, argumentación y análisis, por cuanto basa sus observaciones en presupuestos formales y no así en la verdad material de cada una de las transacciones, vulnerando el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA). 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jgh mit’ayirjachakamani 

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ínbaerepi Vae !’Guara’ i) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Agregó que demostró que cada una de las operaciones fue realizada efectivamente, toda vez que, el hecho de que el proveedor no declare las facturas por él emitidas, no presente su LCV o emita facturas fuera de la fecha límite de emisión o no dosificadas, no pueden constituirse en argumentos para la determinación de la supuesta deuda tributaria, pues el sujeto pasivo no puede ejercer las labores de control o investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de otros contribuyentes, pues esta tarea es encomendada al sujeto activo de la relación tributaria, en virtud al art. 21 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, en la medida en se comprobaron los gastos incurridos en el pago de cada factura, corresponde a la Administración Tributaria ejercer sus facultades de control, verificación, investigación o determinación, contra aquellos contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones tributarias formales y materiales, pero no corresponde que la sanción por dicho incumplimiento le sea traslada. 

  1. b) Por falta de fundamentación en su determinación y ausencia de valoración de descargos en la Resolución

La recurrente señaló que la Administración Tributaria no efectuó una correcta y fundada motivación que le permita sustentar su determinación, siendo que tiene la obligación de exponer con claridad los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus pretensiones, aspecto que no fue cumplido al no subsumir los supuestos de hecho en el derecho que consigna en la Resolución Determinativa impugnada, pues no basta con señalar una serie de artículos de leyes y decretos, siendo que debe realizar una verdadera explicación, según las reglas de la sana lógica, de cómo se hubieran contravenido las normas. Añadió que la Resolución impugnada responde de manera incompleta a los descargos presentados, para después, a partir de su pág. 11 a 166, consignar una serie de cuadros sin la mayor argumentación jurídica, contrariando los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 99 de la Ley 2492 (CTB), y detalla una serie de códigos que no se relacionan con el contenido del acto impugnado; bajo este argumento, opinó que no se efectuó un correcto análisis del proceso de verificación y no fundamentó correctamente sus actuaciones; en consecuencia, considerando que el art. 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), establece que la falta de requisitos esenciales viciará de nulidad la Resolución Determinativa, corresponde también anular el acto impugnado, en pleno resguardo 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso y derecho a la defensa. 

11.1.2. Prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria. 

La recurrente refirió que las actuaciones de la Administración Tributaria se efectuaron cuando sus facultades de determinación y de imposición de sanciones se encontraban prescritas, toda vez que el crédito fiscal observado fue generado en la gestión 2011, y considerando que a los hechos generadores acaecidos en la gestión 2011 se aplican las reglas de la prescripción establecidas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), antes de las modificaciones efectuadas mediante las leyes 291, 317 y 812; aspecto que fue ratificado por la Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, y por las Sentencias Constitucionales 1169/2016-S3 y 0012/2019-S2; por tanto, las facultades de fiscalización, determinación de tributos y de imposición de sanciones administrativas, prescribían en cuatro años, comenzando el cómputo, conforme al art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el 01 de enero de 2012 y feneció el 31 de diciembre de 2015; por lo que la Administración Tributaria tenía hasta el 31 de diciembre de 2015 para notificar la Resolución Determinativa y así interrumpir la prescripción, sin embargo, la Resolución impugnada fue emitida el 31 de diciembre de 2019 y recién notificada el 02 de enero de 2020, cuando sus facultades de determinación e imposición de sanciones estaban prescritas. Agregó que el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a los lineamientos de la Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017, manifestó que no se deben aplicar retroactivamente las leyes 291, 317 y 812, pues vulnera el Principio de irretroactividad de la Ley, establecida en el art. 123 de la CPE, es decir, que no se deben aplicar las nuevas formas de cómputo de la prescripción a las gestiones anteriores a la 2012. 

Por otro lado, manifestó que de acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico STG

RJ/0283/2007, queda claro que a efectos del instituto jurídico de la prescripción, corresponde aplicar el Principio de tempus comici delicti, pues a momento de la determinación de la obligación tributaria, lo que interesa es el momento y tiempo en el cual acaeció el hecho generador, a efectos de establecer la norma aplicable; actuar en contrario, aplicando la norma formal antes de la norma material, vulnera el 5 de 40 

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Jan mit’ayir jach’a kamani (Aynr;’

Mana tasaq kuraq kamachiq ‘Quechua’) 

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Pasaje 1 Este, Casa N 14 Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Principio de verdad material establecido en el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA). Como precedentes aplicables a la causa, citó las Sentencias Constitucionales N° 0566/2018-S1 de 01 de octubre de 2018 y 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

11.1.3. Incorrecta consideración del crédito fiscal como base imponible del IVA. 

La recurrente refirió que la Administración Tributaria pretende el cobro del IVA sobre las observaciones que obtiene de la supuesta depuración de crédito fiscal de los periodos de enero a diciembre de 2011, sin embargo, antes de proceder de esta manera, debió haber requerido la rectificatoria de las Declaraciones Juradas del IVA, pues cabe recordar, que el IVA se paga sobre las ventas o prestaciones de servicio del contribuyente, y no sobre el crédito fiscal que éste obtenga; es decir, que la base imponible del IVA no es el crédito fiscal generado por las facturas de compras, sino que su base imponible son las ventas y contratos de prestación de servicios, tal como disponen los arts. 5 y 7 de la Ley 843. Asimismo, el crédito fiscal generado de las compras, se aplicará una vez se determine el impuesto, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 5, 7 y 8 de la Ley 843. Por tanto, si la Administración Tributaria evidenció crédito fiscal inválido, corresponde que sea depurado de cada Declaración Jurada del IVA y no sea utilizado para restar al débito fiscal, debiendo pagarse el IVA respectivo sobre las ventas efectivas, sin descontar las compras; lo contrario implicaría que la Administración Tributaria consienta el uso de crédito fiscal inválido, con el solo pago del mismo, cuando lo correcto es que ése crédito fiscal inválido sea retirado de las Declaraciones Juradas en las que fue utilizado, a través de una Declaración Jurada Rectificatoria, y si existe un saldo, después de contrastarla con el débito IVA, recién proceder al cálculo de la deuda tributaria. Entonces, de actuar conforme pretende la Administración Tributaria, pagando una supuesta deuda tributaria cuya finalidad será validar el crédito fiscal inválido, contraviene la normativa tributaria y denota una falta de argumentación, pues no se explica ni justifica, por qué se establece una deuda tributaria con una base imponible para el IVA que no es la dispuesta en el art. 5 de la Ley 843, por lo que corresponde dejar sin efecto la determinación efectuada mediante la Resolución Determinativa impugnada. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 171979002012 de 31 de diciembre de 2019. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.2 Auto de admisión. 

Mediante Auto de 28 de enero de 2020 (fs. 222 del expediente c. II), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2020 (fs. 230-252 vta. del expediente c. II), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz a objeto de contestar al Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la impugnación, en base a los argumentos que se exponen a continuación; 

11.3.1. Sobre la vulneración de derechos constitucionales. 

  1. a) Por incumplimiento en el plazo de emisión de la Vista de Cargo, por falta de valoración de los descargos presentados y por ausencia de fundamentación. 

La Administración Tributaria realizó un desglose de los antecedentes administrativos de la causa y señaló que los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) no disponen un plazo perentorio para que se emita la Resolución final del proceso de determinación; además que no contemplan vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento del plazo en la emisión de los actos administrativos, por lo que la infracción acusada por la recurrente no ocasiona la nulidad, al no encontrarse específicamente establecida esta sanción en la normativa. Añadió que el art. 36 de la Ley 2341 (LPA) dispone dos condiciones para que un acto sea anulado, la primera, que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión del contribuyente, y la segunda, es la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, que sólo dará lugar a la anulabilidad del acto, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo; al respecto, evidenció que el contribuyente en ningún momento estuvo en indefensión, 7 de 40 

Justicia trioutaria para vivir píen 

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Mana tasaq kuraq kamachiq ¡Quc-c; >ua¡ 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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NB/ISO 

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mbaerepi Vae ‘Guara •; Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

toda vez que tuvo la oportunidad de presentar pruebas y descargos, tanto en el proceso de determinación, como en instancia de alzada; asimismo, el plazo concedido por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) no es un término fatal, en la medida en que la Ley 2492 (CTB) no establece específicamente la nulidad de la Resolución Determinativa por haber sido emitida fuera de plazo, tal como establece el parágrafo III del art. 36 de la Ley 2341 (CTB). 

Por otro lado, indicó que considerando lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), si bien las especificaciones sobre la deuda tributaria que comprenden el cálculo de los intereses, constituyen un requisito esencial de la Resolución Determinativa, empero, la deuda tributaria deberá ser ajustada a la fecha de pago, por lo que al observarse que la recurrente no efectuó el pago a momento de la emisión de la Resolución impugnada, su deuda tributaria deberá ser actualizada a la fecha en que se haga efectivo el pago. Por lo descrito precedentemente, se concluye que, si bien no se cumplieron con los plazos establecidos en la norma para la emisión de la Resolución impugnada, no obstante, en el ámbito tributario general, el incumplimiento de plazos no está establecido como una causal de nulidad que vicie el acto administrativo, o que provoque la falta de competencia de la Administración Tributaria para proseguir con el procedimiento establecido; máxime si se tiene que todos los actos se consideran válidos y producen efectos legales a partir de su notificación, según lo previsto en el art. 32 de la Ley 2341 (LPA), y que, conforme establece el art. 17, parágrafo IVde la Ley 2341 (LPA), aplicable por previsión del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), la consecuencia por la infracción en el plazo de emisión de los actos administrativos, es para los funcionarios públicos de la Administración Tributaria. Por lo señalado, corresponde desestimar los inconsistentes argumentos de la recurrente, y confirmar la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada. En apoyo a sus argumentos, citó la Sentencia Constitucional N° 1380/2013 de 16 de agosto de 2013 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0440/2015 de 23 de marzo de 2015. 

Por otra parte, con relación a los argumentos de la recurrente referidos a la vulneración de derechos y principios constitucionales, manifestó que se pretende dejar sin efecto los actos administrativos, sin demostrar estos aspectos de forma puntual y precisa, ni adecuar su fundamentación al presente caso; toda vez que, se podrá evidenciar que durante todo el proceso de fiscalización se actuó de 8 de 40

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Autoridad de 

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conformidad a lo previsto en los arts. 115 y 117 de la CPE y nums. 6, 7 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), prueba de ello es que el sujeto pasivo en el proceso de determinación tuvo acceso a los antecedentes administrativos, y fue notificado legalmente con los diferentes actuados administrativos, haciendo uso de su derecho a la defensa al presentar memorial de descargos a las observaciones efectuadas en la Vista de Cargo; en suma, se observa que los argumentos de la recurrente se encuentran fuera de la verdad y carecen de sustento legal, toda vez que desde el inicio de la fiscalización, siempre se respetó la ley y no se vulneraron derechos consagrados en la CPE. 

En este contexto, aludió que es evidente que la referida Vista de Cargo fue emitida cumpliendo las exigencias exigidas en los arts. 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 18 del DS 27310 (RLPA) y 6 de la RND 10.0005.13, por lo que contiene los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, el cual es determinar la base imponible sobre base cierta, de conformidad a lo previsto en el num. I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, siguió el debido proceso cumpliendo con el procedimiento de fiscalización, otorgando los plazos establecidos por ley para la presentación de pruebas y descargos, no habiéndose vulnerado ningún derecho de la recurrente; además que en la Vista de Cargo se valoraron los hechos y actos, y contiene el fundamento técnico legal de donde surge la base imponible que da origen a la deuda tributaria, por lo que el contribuyente no puede argumentar desconocimiento de las observaciones que fueron detalladas en los papeles de trabajo adjuntos a la Vista de Cargo, con los que se lo notificó; además que al presentar descargos no adjuntó nada adicional que desvirtúe las observaciones efectuadas, siendo que la carga de la prueba le corresponde al contribuyente, y que se observó que la recurrente obvió referirse a sus obligaciones tributarias que fueron incumplidas, las cuales están previstas en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y en la Ley 14379 (Código de Comercio). 

La Administración Tributaria manifestó que todas las actuaciones efectuadas en el desarrollo de la Orden de Verificación se realizaron en estricto cumplimiento de sus amplias facultades de control, verificación y fiscalización establecidas en los arts. 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 (CTB); y agregó que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales es de responsabilidad de quien las emite, las observaciones efectuadas admiten prueba en contrario, y considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su proveedor, pues es el indicado para aportar los 

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elementos que de manera contundente desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria, de conformidad al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), respaldado en los Autos Supremos 336 de 17 de septiembre de 2014, 24/2014 de 07 de abril de 2014 y la Sentencia 03/2016 de 16 de febrero de 2016, emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo, por lo que el contribuyente para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declaró, debe cumplir el num. 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); en este sentido, quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

  1. b) Por falta de fundamentación en su determinación y ausencia de valoración de descargos en la Resolución

La Administración Tributaria refirió que la Resolución Determinativa impugnada cumple con todos los elementos y requisitos necesarios para dar legalidad al acto administrativo, cumpliendo con las exigencias del art. 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), contando con la debida fundamentación y valoración de los aspectos observados por la recurrente, bajo las reglas de la sana crítica, habiendo refutado legalmente todas las pruebas presentadas, como se evidencia en los antecedentes administrativos, no habiendo vulnerado bajo ningún punto de vista los derechos constitucionales de la recurrente; además, se dio cumplimiento al debido proceso y derecho a la defensa, habiéndose emitido la Resolución Determinativa en cumplimiento estricto de los requisitos pre-establecidos, y al otorgar los plazos y condiciones establecidos por ley para que el contribuyente presente la documentación y pruebas que estime convenientes en fase administrativa. Agregó que de acuerdo al art. 65 de la Ley 2492 (CTB), mientras no exista una Resolución Judicial que determine la invalidez del procedimiento que se siguió hasta la emisión y notificación de los actos administrativos, se lo tendrá como válido. Asimismo, mencionó que es sorprendente el desconocimiento de las normas tributarias por parte de la recurrente, pues todos los funcionarios de la Administración Tributaria demarcan su accionar en la normativa tributaria en actual vigencia, no pudiendo bajo ninguna circunstancia emitir criterios fuera de la norma, siendo que en todo momento durante el proceso de determinación se respetaron los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, no siendo cierto que se hubiera actuado de forma 

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discrecional; por el contrario, todo el proceso hasta la emisión de la Resolución Determinativa, se rigió bajo la normativa tributaria. 

Por otra parte, indicó que la recurrente expuso argumentos totalmente fuera de la verdad, pretendiendo declarar la inexistencia de cualquier obligación tributaria, sin embargo sus aseveraciones no contienen fundamentos de hecho ni de derecho, debido a que sus argumentos son desvirtuados por lo estipulado en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), el cual menciona que todo proceso de fiscalización se iniciará con la Orden de Verificación emitida porAutoridad competente, estableciéndose su alcance, que bajo ninguna circunstancia puede ser modificado a criterio de los fiscalizadores, tributos y periodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo y la identificación del o los funcionarios actuantes; en este sentido, se consideraron los elementos relevantes vinculados al principio de verdad material, conforme establece el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 3 del DS 26462 y de acuerdo a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 0427/2010-R de 28 de junio de 2010 y la Sentencia 25/2014 de 27 de marzo de 2014, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. En síntesis, para que exista la nulidad, el perjuicio debe ser cierto, concreto y real, pues la nulidad debe ser útil al proceso, en virtud de un perjuicio causado de tal manera que no existe posibilidad de remediarlo si no es a través de la declaración de nulidad, que por lo mismo, se constituye en una medida de última ratio, lo que no sucede en el presente caso; además de que para que un acto sea declarado nulo, debe encontrarse expresamente establecido en la ley, es decir, ante la inexistencia de los requisitos determinados en el art. 35 de la Ley 2341 

(LPA), bajo ése criterio, el hecho de que la recurrente simplemente exija la nulidad del acto administrativo, no resulta ser suficiente para concederla, pues no se ha probado qué requisitos faltarían tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada, siendo evidente que estos actos contemplan los fundamentos de hecho y de derecho para su procedencia, y que la recurrente tuvo conocimiento material de la existencia del proceso, por tanto, la nulidad pretendida por la recurrente debe ser desestimada, ante sus inconsistentes argumentos, carentes de asidero legal. En apoyo a sus argumentos, citó la Sentencia Constitucional N° 1315/2011 -R de 26 de septiembre de 2011. 

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11.3.2. Sobre la Prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria señaló que, de acuerdo al precepto jurídico “ignorantía legis neminem excusa?’, es decir, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, cabe establecer que el hecho de que la recurrente de manera obstinada pretenda desconocer o desconozca la legalidad de las modificaciones establecidas en las leyes 291, 317 y 812, no la excusa de cumplir con sus obligaciones tributarias, que por ley le corresponden; no obstante, si la recurrente pretende continuar con su desconocimiento, existen las vías correspondientes para su impugnación, no siendo la instancia de Alzada la adecuada, ni mucho menos dentro de un proceso prejudicial; al contrario, la denuncia debe ser por medio de las acciones constitucionales correspondientes, siendo que la instancia de Alzada no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo dispuesto en el art. 5 de la ley 027 de 06 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los órganos de Estado en todos sus niveles. 

Agregó que la prescripción es una institución jurídica, según la cual, el transcurso de un determinado lapso de tiempo, sin ninguna actuación por parte del ente administrativo, extingue la acción que el sujeto activo tiene para exigir el cumplimiento de una obligación al sujeto pasivo, situación que en el presente caso no ha ocurrido, pues dentro del plazo establecido por la Ley 2492 (CTB), se ejerció las facultad de verificación, entendiendo que esta norma sufrió modificaciones que no pueden ser desconocidas; por tanto, se colige que la norma aplicable dentro de la presente causa es la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291, 317 y 812, considerando que la Resolución Determinativa impugnada se emitió el 31 de diciembre de 2019, en plena vigencia de la Ley 812. Asimismo, cabe señalar que lo argumentado por la recurrente sobre el inicio del cómputo de la prescripción, resulta estar fuera de todo contexto legal, siendo necesario considerar la teoría de los derechos adquiridos, que refiere que la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, se debe considerar la modificación a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291, 317 y 812, conforme al lineamiento 12 de 40

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

establecido en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y 1161/2013 de 23 de julio de 2013. 

Por otra parte, aludió que enmarcó sus actuaciones en la normativa tributaria vigente, por lo que estas acciones no pueden ser tachadas como erróneas y/o ilegales, siendo que es evidente que se cumplió con el Principio de Seguridad Jurídica, el cual está dirigido a que todo ente judicial y/o administrativo debe cumplir con lo dispuesto en la ley. Respecto a la jurisprudencia citada por la recurrente correspondiente a una Sentencia Constitucional, de la verificación y análisis a la misma, observó que no corresponde a una causa similar o idéntica a la presente, por lo que no es pertinente su consideración; en consecuencia, se tiene claramente establecido que se aplicó la ley respecto a la prescripción, no se vulneró ningún derecho y se dio cumplimiento a la normativa tributaria vigente, siendo que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas, quedando desvirtuados los argumentos de la recurrente. Citó como precedentes las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013 de 29 de julio de 2013, 0957/2015 de 26 de mayo de 2015 y 1284/2018 de 28 de mayo de 2018. 

II.3.3. Respecto a la incorrecta consideración del crédito fiscal como base imponible del IVA. 

La Administración Tributaria indicó que adecuó su conducta a lo establecido en el art. 83 de la RND N° 10-0021-16, que refiere que la corrección de la información de los Libros de Compras y Ventas IVA, por los periodos o gestiones señalados en una Orden de Fiscalización y/u Orden de Verificación debidamente notificada, no surten efecto legal, ni se considerarán válidas, por lo que conforme a lo mencionado, no es procedente considerar las rectificatohas mencionadas por la recurrente; por tanto, se procedió a dar inicio al proceso de verificación, cuyo alcance comprende el IVA derivado de la verificación del crédito fiscal de las facturas declaradas por el contribuyente como compras, detalladas en el Anexo de la Orden de Verificación, mismas que fueron declaradas por el sujeto pasivo en el periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, habiéndose llevado a cabo la verificación, de acuerdo a lo establecido en los arts. 92, 93, 95, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB); agregó que 13 de 40 

Justicti tributaria para vivir bien 

Jan niit’ayir jachakamani 

Mana! tasaq kuraq kamachiq

Mbu/uvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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NB/ISO 

9001 

mb^íerepi Vae(Guara’ ;’; Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

dentro del proceso de fiscalización se adoptó la línea de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, estableciéndose que el contribuyente para beneficiarse del cómputo de crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) Que esté respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; 3) Que la transacción se hubiera realizado efectivamente; y, 4) Que cumpla con las formalidades de nota fiscal; a su vez, indicó que las facturas observadas están siendo depuradas debido a que el sujeto pasivo no demostró la efectiva realización de la transacción, conforme se detalló precedentemente y en los cuadros que cursan en el acto definitivo, por tanto, las observaciones de la recurrente debe ser desestimadas, siendo que claramente se señaló en el acto impugnado que el art. 8 de la Ley 843, establece que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas; portanto, no corresponde la apropiación del crédito fiscal generado en gastos que no cuentan con la documentación suficiente que acredite que efectivamente se realizó la transacción. 

En este sentido, aludió que considerando que una compra, representa una venta, se tiene que la Ley 843 en su art. 2 dispuso que para demostrar la realización de una transacción, debe demostrarse necesariamente dos condiciones, la onerosidad de la transacción a través de documentos que demuestren el pago efectuado por el comprador al proveedor, y la transferencia de dominio de los bienes, la cual requiere documentación que demuestre la entrega de los bienes por parte del proveedor, y la recepción de los mismos, por parte del comprador, y que, los bienes adquiridos o servicios contratados, tengan relación con las actividades que realiza el cliente que pretende beneficiarse con un crédito fiscal, situación que no fue comprobada en la verificación efectuada, toda vez que del análisis y valoración de las Notas Fiscales proporcionadas por el contribuyente, la documentación presentada no muestra la materialidad de las operaciones, por lo que corresponde confirmar la determinación efectuada. En cuanto a la prueba, indicó que en términos tributarios, la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad, que normativamente se disponga en las leyes y en Resoluciones Administrativas referidas al efecto; en el sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 14 de 40

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

crédito fiscal, que sin embargo, para su plena validez tendrá que ser corroborado por los órganos de control de la Administración Tributaria u otro ente público, según corresponda, y deberá ser corroborado con otras pruebas tácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción. Por su parte, los nums. 4 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), disponen como obligaciones tributarias del sujeto pasivo, el de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, u otros documentos o instrumentos públicos, conforme se establezcan en la normativa específica, además de facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria; por otro lado, en sus arts. 25 y 36 de la Ley 14379 (Código de Comercio), establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden; asimismo, los arts. 37 y 40 de la referida Ley 14379 (Código de Comercio), estipulan que son obligatorios los libros, Diario, Mayor, de Inventario y Balances, además de otros libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, y podrán legalizarse para servir como medio de prueba; en suma, es imprescindible para las 

personas naturales y/o jurídicas este sistema de registro, razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio de procesamiento de la información financiera sujeta a medición y análisis; es así que, se concluye que el cómputo de un crédito fiscal en el IVA, está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer el mismo, el presentar la prueba de dicha existencia cuando esté en duda y sea requerida de manera fundada por el Fisco; sin embargo, en el presente caso, la recurrente no presentó los documentos necesarios que sustenten fehacientemente las compras realizadas, que permitan evidenciar si existió la transacción, por lo que al no haber demostrado con documentación la acreditación del crédito fiscal respecto a las facturas observadas, corresponde mantener firme la depuración del crédito fiscal. En apoyo a sus argumentos, citó los Autos Supremos 477 de 22 de noviembre de 2012, 75 de 13 de marzo de 2013, la Sentencia Constitucional 0873/2014 de 12 de mayo de 2014 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0166/2013 de 05 de febrero de 2013. 

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Jusícia tributaria para vivir Dien 

Jan mit’ayir jacha kamani í.« .”na–. 

Mqlna tasaq kuraq kamachiq ¡Qi.-oci iua; 

MjWuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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rrfbaerepi Vae ¡GuararG Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Por lo tanto, concluyó aseverando que, la recurrente tuvo la oportunidad de referirse de manera puntual a cada observación de cada factura depurada en la Vista de Cargo, presentando para cada una, documentación que estime pertinente, sin embargo, de la verificación a los antecedentes, se evidenció que en etapa de descargos el sujeto pasivo no realizó mayor actuación que le permita asumir defensa dentro del proceso iniciado, por lo que la negligencia del contribuyente no puede trasladarse a la Administración Tributaria, desvirtuándose de esta manera los inconsistentes argumentos de la recurrente, correspondiendo se confirme el acto administrativo impugnado. Por lo expuesto, solicitó se dicte Resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Determinativa 171979002012 de 31 de diciembre de 2019. 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, peritajes, testificales). 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria, el 26 de febrero de 2020, tal como consta en obrados (fs. 254-255 del expediente c. II). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 17 de marzo de 2020, la Administración Tributaria el 12 de marzo de 2020, presentó memorial ratificando en calidad de prueba los antecedentes administrativos adjuntos a su memorial de contestación al Recurso de Alzada; así también los extremos expuestos en el referido memorial, donde se podrá verificar la legalidad de sus actuaciones al momento de la emisión de la Resolución impugnada (fs. 256 del expediente c. II). 

Por su parte, la recurrente el 17 de marzo de 2020, presentó memorial ofreciendo en calidad de prueba toda la documentación cursante en los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria, solicitando que sea analizada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, con el objeto de que se consideren sus argumentos expuestos en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, al momento de emitir Resolución (fs. 259 del expediente c. II). 

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AITÜ\ II! 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 22 de junio de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos en conclusiones el 23 de junio de 2020, reiterando los fundamentos expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 262-263 vta. del expediente c. II). 

Por otro lado, la recurrente presentó memorial de alegatos el 23 de junio de 2020, bajo los mismos argumentos plasmados en su memorial de interposición del Recurso de Alzada (fs. 266-267 del expediente c. II). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

El 28 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

la apoderada legal de la recurrente, con la Orden de Verificación N° 

0014OVI02334 (Form. 7520) de 24 de marzo de 2014, a objeto de comunicar 

a la recurrente que conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 

101 de la Ley 2492 (CTB) y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), sería objeto de 

un “Proceso de Determinación”, para establecer el correcto cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias correspondiente al IVA de la gestión 2011, de los 

periodos del 1 al 12. Asimismo, comunicó que en el Anexo adjunto detalló las 

diferencias detectadas a través de cruces de información y la documentación 

que debe presentar a efecto de descargar las observaciones efectuadas. En 

tal sentido, conminó a presentar la documentación requerida en el término de 

5 días hábiles a partir de su notificación. A su vez, en el Detalle de Diferencias 

adjunto a la Orden de Verificación solicitó se presente la siguiente 

documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 

200 o 210); b) Libro de Compras de los periodos observados; c) Facturas de 

compras originales detalladas en el Anexo; d) Documento que respalde el 

pago realizado; e) Otra documentación que el fiscalizador asignado le solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas en el Anexo (fs. 19-33 c. I de antecedentes). 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’a^ir jachakamaní – 

Mana taafaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaere^í Vae ;Guara:'”: Pasaje 1 Este, Casa N 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

111.2 El 04 de abril de 2014, la recurrente mediante carta cite: DNW 114/2014, solicitó la ampliación del plazo de entrega de la documentación correspondiente a la Orden de Verificación 0014OVI02334, por un término de 10 días hábiles, debido a que la documentación solicitada comprende la revisión minuciosa de compras de toda la gestión 2011, que involucra a dos regionales en la ciudad de La Paz y Santa Cruz (fs. 38 c. I de antecedentes). 

111.3 El 10 de abril de 2014, la Administración Tributaria en respuesta al requerimiento de la recurrente, emitió el Proveído N° 25-0072-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/AUTO/49/2014), mediante el cual determinó ampliar el plazo de presentación de los documentos solicitados hasta el 21 de abril del 2014, impostergablemente (fs. 54 c. I de antecedentes). 

111.4 El 21 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentación de la Orden de Verificación N° 0014OVI02334, Operativo 1020, por los documentos presentados por la recurrente para los periodos observados de enero a diciembre; señalando que presentó Formulario 200, libro de compras, facturas de acuerdo a detalle adjunto y medios de pago; documentación que fue cotejada con el original (fs. 55-57 c. I 

de antecedentes). 

111.5 El 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/474/2019, mediante el cual determinó un adeudo tributario de 1.899.452,40 UFV’s equivalentes a Bs4.415,431, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por omisión de pago, conforme al art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993; por lo que recomendó emitir y notificar la Vista de Cargo, de acuerdo a lo previsto en los arts. 96 parágrafo I, 104 parágrafo IV y 83 de la Ley 2492 (CTB), debiendo considerarse el art. 11, parágrafo II de la R.N.D 101700000005; asimismo, recomendó la remisión de antecedentes para el inicio de procesos contra el informante (proveedor) a las Gerencias respectivas (fs. 3969-4060 c. XX y c. XXI de antecedentes). 

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AIT3\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

1.6 El 28 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000654 (CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/UVIA/C/45/2019), de 22 de noviembre de 2019, con la cual 

estableció observaciones a la documentación presentada, relacionadas a 

facturas sin respaldo de la original, importes parcialmente válidos, no 

vinculadas a la actividad gravada, que no demuestran la efectiva realización 

de la transacción, por proveedores sin actividad económica, comercial o con 

domicilio desconocido, no autorizadas por la Administración Tributaria, 

facturas declaradas en un periodo diferente al de emisión, facturas que 

consigan NIT que no corresponde al contribuyente y que consignan borrones, 

enmiendas o tachaduras; por tanto, estas acciones y omisiones constituyen 

indicios de omisión de pago, sancionándose esta conducta con el 100% del 

tributo omitido actualizado, de conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB); 

por lo que determinó un adeudo tributario total de 1.899.452,40 UFV’s 

equivalentes a Bs4.415,431, que incluye el tributo omitido actualizado, 

intereses y sanción por omisión de pago; también, otorgó el plazo de 30 días 

para formular descargos (fs. 4062-4151 y 4159 c. XXI de antecedentes). 

El 30 de diciembre de 2019, la recurrente presentó ante la Administración 

Tributaria memorial de descargos a la Vista de Cargo N° 291979000654, 

argumentando entre otras cosas que, se le notificó con los resultados de la 

verificación después de 5 años y 8 meses de iniciado el proceso, 

contraviniendo el inc. k) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), y al haberse 

constatado la falta de celeridad en la emisión de la referida Vista de Cargo, 

corresponde dejarla sin efecto y disponer el archivo de obrados; además el 

mencionado acto administrativo es nulo de pleno derecho al no estar 

debidamente fundamentado, pues no se puede establecer técnica ni 

legalmente, cómo se llega a la conclusión de que se hubiera contravenido las 

normas tributarias; agregó que debió requerir la rectificatoria de las 

Declaraciones Juradas del IVA, pues éste se paga sobre las ventas

prestaciones de servicio del contribuyente, como disponen los arts. 5 y 7 de la 

Ley 843, y no sobre el crédito fiscal que éste obtenga. Por otra parte, señaló 

que los hechos generadores que originaron las obligaciones tributarias del IVA 

de los periodos fiscales de enero a diciembre, ocurrieron en la gestión 2011, 

debiendo aplicarse las reglas de la prescripción establecidas en el art. 59 de la 

19 de 40 NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir Píen 

JarVmit’ayir jach’a kamani <«y” n¿¡ .-. 

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua. 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guara- •) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Ley 2492 (CTB), antes de las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317, aspecto que fue totalmente ratificado por la Sentencia N° 153 de 20 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, las facultades de fiscalización y determinación de tributos, prescribían en 4 años, es decir, el cómputo para la prescripción inició el 01 de enero de 2012 y venció el 30 de junio de 2016, considerando la suspensión de 6 meses del plazo por la notificación de la verificación; por lo que la Administración Tributaria debía notificar hasta el 30 de junio de 2016 para interrumpir la prescripción, sin embargo, a la fecha recién se notificó con la Vista de Cargo, habiendo prescrito las facultades de la Administración Tributaria. En apoyo a sus argumentos citó la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0283/2007, Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0566/2018-S1 de 01 de octubre de 2018. Por lo expuesto, solicitó se acepten los descargos presentados, dejando sin efecto la Vista de Cargo 291979000654 (fs. 4161-4165 vta. c. XXI de antecedentes). 

.8 El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/689/2019, el cual concluyó que luego de transcurrido el plazo para la presentación de los descargos, establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), sin que el contribuyente presente descargos ni hubiera conformado el adeudo tributario inicialmente establecido en la Vista de Cargo, por tanto, ratificó la calificación preliminar de la conducta como omisión de pago y las observaciones efectuadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los periodos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, y estableció un adeudo tributario que asciende a 1.908.752 UFV’s equivalentes a Bs4.450.956, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago; por lo expuesto, de conformidad al art. 11, caso 3, de la RND 10-0032-16, recomendó la emisión y notificación al contribuyente de la Resolución Determinativa respectiva (fs. 4221-4398 c. XXII de antecedentes). 

.9 El 02 de enero de 2020, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, que resolvió, Primero: Determinar de oficio, por 20 de 40

AIT¡ív 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Digital Network Infraestructura y Servicios Tecnológicos S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 1.908.752 UFV’s equivalentes a Bs4.450,956, a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). Segundo: Calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, 

sancionándose por un total de 759.900 UFV’s equivalentes a Bs1.771,986 (fs. 4400-4578 y 4583 c. XXII y XXIII de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios: 1.-Vulneración de derechos constitucionales: a) Por incumplimiento en el plazo de emisión de la Vista de Cargo, por falta de valoración de los descargos presentados y por ausencia de fundamentación; b) Por falta de fundamentación en su determinación y ausencia de valoración de descargos en la Resolución Determinativa; 2.- Prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria y 3.- Incorrecta consideración del crédito fiscal como base imponible del IVA; cuyos argumentos serán analizados considerando lo siguiente: 

La recurrente, advierte que si bien denunció vicios de nulidad en el acto impugnado emitido por la Administración Tributaria; empero, también entre sus agravios invocó prescripción, por lo que, precautelando la seguridad jurídica, esta instancia recursiva verificará primero la procedencia o improcedencia de la prescripción alegada y solo en caso de no ser evidente la misma, se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados. 

IV.1. Respecto a la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria. 

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Janjnit’ayir jacha kamaní 

Maríiatasaq kuraq kamachiq

Mbjuruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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NB/ISO 

9001 

mrjaerepi Vae iGua-a i 

Teléfonos: (591-3) 3391027 

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

La recurrente refirió que las actuaciones de la Administración Tributaria se efectuaron cuando sus facultades de determinación y de imposición de sanciones se encontraban prescritas, toda vez que el crédito fiscal observado fue generado en la gestión 2011, y considerando que a los hechos generadores acaecidos en la gestión 2011 se aplican las reglas de la prescripción establecidas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), antes de las modificaciones efectuadas mediante las leyes 291, 317 y 812; aspecto que fue ratificado por la Sentencia N° 153 de 20 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, y por las Sentencias Constitucionales N° 1169/2016-S3 y 0012/2019-S2; por tanto, las facultades de fiscalización, determinación de tributos y de imposición de sanciones administrativas, prescribían en cuatro años, comenzando el cómputo, conforme al art. 60 de la Ley 2492 (CTB), el 01 de enero de 2012 y feneció el 31 de diciembre de 2015; por lo que la Administración Tributaria tenía hasta el 31 de diciembre de 2015 para notificar la Resolución Determinativa y así interrumpir la prescripción, sin embargo, la Resolución impugnada fue emitida el 31 de diciembre de 2019 y recién notificada el 02 de enero de 2020, cuando sus facultades de determinación e imposición de sanciones estaban prescritas. Agregó que el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a los lineamientos de la Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017, manifestó que no se deben aplicar retroactivamente las leyes 291, 317 y 812, pues vulnera el Principio de irretroactividad de la Ley, establecida en el art. 123 de la CPE, es decir, que no se deben aplicar las nuevas formas de cómputo de la prescripción a las gestiones anteriores a la 2012. 

Por otro lado, manifestó que de acuerdo a la Resolución de Recurso Jerárquico STG RJ/0283/2007, queda claro que a efectos del instituto jurídico de la prescripción, corresponde aplicar el Principio de tempus comici delicti, pues a momento de la determinación de la obligación tributaria, lo que interesa es el momento y tiempo en el cual acaeció el hecho generador, a efectos de establecer la norma aplicable; actuar en contrario, aplicando la norma formal antes de la norma material, vulnera el Principio de verdad material establecido en el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA). Como precedentes aplicables a la causa, citó las Sentencias Constitucionales N° 0566/2018-S1 de 01 de octubre de 2018 y 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En contraparte, la Administración Tributaria señaló que, de acuerdo al precepto jurídico “ignorantia legis neminem excusa?, es decir, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, cabe establecer que el hecho de que la recurrente de manera obstinada pretenda desconocer o desconozca la legalidad de las modificaciones establecidas en las leyes 291, 317 y 812, no la excusa de cumplir con sus obligaciones tributarias, que por ley le corresponden; no obstante, si la recurrente pretende continuar con su desconocimiento, existen las vías correspondientes para su impugnación, no siendo la instancia de Alzada la adecuada, ni mucho menos dentro de un proceso prejudicial; al contrario, la denuncia debe ser por medio de las acciones constitucionales correspondientes, siendo que la instancia de Alzada no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo dispuesto en el art. 5 de la ley 027 de 06 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los órganos de Estado en todos sus niveles. Agregó que la prescripción es una institución jurídica, según la cual, el transcurso de un determinado lapso de tiempo, sin ninguna actuación por parte del ente administrativo, extingue la acción que el sujeto activo tiene para exigir el cumplimiento de una obligación al sujeto pasivo, situación que en el presente caso no ha ocurrido, pues dentro del plazo establecido por la Ley 2492 (CTB), se ejerció las facultad de verificación, entendiendo que esta norma sufrió modificaciones que no pueden ser desconocidas; por tanto, se colige que la norma aplicable dentro de la presente causa es la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291, 317 y 812, considerando que la Resolución Determinativa impugnada se emitió el 31 de diciembre de 2019, en plena vigencia de la Ley 812. Asimismo, cabe señalar que lo argumentado por la recurrente sobre el inicio del cómputo de la prescripción, resulta estar fuera de todo contexto legal, siendo necesario considerar la teoría de los derechos adquiridos, que refiere que la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, 

por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, se debe considerar la modificación a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291, 317 y 812, conforme al lineamiento establecido en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y 1161/2013 de 23 de julio de 2013. 

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Jan rnit’ayir jacha kamani (Aymai’ai 

Mar/a tasaq kuraq kamachiq (Quecnua: 

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m^aerepiVae(Guaraní Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

III 

Por otra parte, aludió que enmarcó sus actuaciones en la normativa tributaria vigente, por lo que estas acciones no pueden ser tachadas como erróneas y/o ilegales, siendo que es evidente que se cumplió con el Principio de Seguridad Jurídica, el cual está dirigido a que todo ente judicial y/o administrativo debe cumplir con lo dispuesto en la ley. Respecto a la jurisprudencia citada por la recurrente correspondiente a una Sentencia Constitucional, de la verificación y análisis a la misma, observó que no corresponde a una causa similar o idéntica a la presente, por lo que no es pertinente su consideración; en consecuencia, se tiene claramente establecido que se aplicó la ley respecto a la prescripción, no se vulneró ningún derecho y se dio cumplimiento a la normativa tributaria vigente, siendo que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas, quedando desvirtuados los argumentos de la recurrente. Citó como precedentes las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013 de 29 de julio de 2013, 0957/2015 de 26 de mayo de 2015 y 1284/2018 de 28 de mayo de 2018. 

Así expuestos los argumentos de las partes planteados ante esta Autoridad, para resolver la presente controversia, es necesario considerar que en cuanto a la prescripción, la doctrina la define como: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia”‘ (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2 manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos Ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus nivelesjerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

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Jan mit’ayir jacha kamani íAvman: ífvlana tasaq kuraq kamachiq iQuecuua; /Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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/ mbaerepi Vae !Guara a Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, ideológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019. 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

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Justicia tributaria para vivir Dien 

Jan fnit’ayir jach’a kamani i.Avmauu 

Marjia tasaq kuraq kamachiq (Quecnua) 

Mbúruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mrqaerepi Vae (Guara” u Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y por: II) La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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Impugnación Tributaria 

En ése marco doctrinal, de precedentes constitucionales, de la normativa citada, y el análisis de antecedentes administrativos, se tienen los siguientes actuados de relevancia jurídica que serán considerados para la resolución de la causa: El 28 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a la apoderada legal de la recurrente, con la Orden de Verificación 0014OVI02334 (Form. 7520) de 24 de marzo de 2014, a objeto de comunicar a la recurrente que conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), sería objeto de un “Proceso de Determinación”, para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente al IVA de la gestión 2011, de los periodos del 1 al 12. Asimismo, comunicó que en el Anexo adjunto detalló las diferencias detectadas a través de cruces de información y la documentación que debe presentar a efecto de descargar las observaciones efectuadas. En tal sentido, conminó a presentar la documentación requerida en el término de 5 días hábiles a partir de su notificación. A su vez, en el Detalle de Diferencias adjunto a la Orden de Verificación solicitó se presente la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210); b) Libro de Compras de los periodos observados; c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo; d) Documento que respalde el pago realizado; e) Otra documentación que el fiscalizador asignado le solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo. 

Posteriormente, el 04 de abril de 2014 la recurrente mediante carta cite: DNW 114/2014, solicitó la ampliación del plazo de entrega de la documentación correspondiente a la Orden de Verificación N° 0014OVI02334, por un término de 10 días hábiles, debido a que la documentación solicitada comprende la revisión minuciosa de compras de toda la gestión 2011, que involucra a dos regionales en la ciudad de La Paz y Santa Cruz. Seguidamente, el 10 de abril de 2014 la Administración Tributaria en respuesta al requerimiento de la recurrente, emitió el Proveído 25-0072-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/AUTO/49/2014), mediante el cual determinó ampliar el plazo de presentación de los documentos solicitados hasta el 21 de abril del 2014, impostergablemente. Consecuentemente, el 21 de abril de 2014 la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentación de la Orden de Verificación N° 0014OVI02334, Operativo 1020, por los documentos presentados por la recurrente para los periodos observados de enero a diciembre; señalando que 

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Janrnit’ayir jachakamani ‘.Av-na-a; 

Mariatasaq kuraq kamachiq (Quechuai 

Mbüruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mrjaerepiVae (Guara: o Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

presentó Formulario 200, libro de compras, facturas de acuerdo a detalle adjunto y medios de pago; documentación que fue cotejada con el original. 

Ulteriormente, el 22 de noviembre de 2019 la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/474/2019, mediante el cual determinó un adeudo tributario de 1.899.452,40 UFV’s equivalentes a Bs4.415,431, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por omisión de pago, conforme al art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993; por lo que recomendó emitir y notificar la Vista de Cargo, de acuerdo a lo previsto en los arts. 96 parágrafo I, 104 parágrafo IV y 83 de la Ley 2492 (CTB), debiendo considerarse el art. 11, parágrafo II de la R.N.D 101700000005; asimismo, recomendó la remisión de antecedentes para el inicio de procesos contra el informante (proveedor) a las Gerencias respectivas. 

Subsiguientemente, el 28 de noviembre de 2019 la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000654 (CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVIA/C/45/2019), de 22 de noviembre de 2019, con la cual estableció observaciones a la documentación presentada, relacionadas a facturas sin respaldo de la original, importes parcialmente válidos, no vinculadas a la actividad gravada, que no demuestran la efectiva realización de la transacción, por proveedores sin actividad económica, comercial o con domicilio desconocido, no autorizadas por la Administración Tributaria, facturas declaradas en un periodo diferente al de emisión, facturas que consigan NIT que no corresponde al contribuyente y que consignan borrones, enmiendas o tachaduras; por tanto, estas acciones y omisiones constituyen indicios de omisión de pago, sancionándose esta conducta con el 100% del tributo omitido actualizado, de conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB); por lo que determinó un adeudo tributario total de 1.899.452,40 UFV’s equivalentes a Bs4.415,431, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago; también, otorgó el plazo de 30 días para formular descargos. 

Asimismo, se observó que el 30 de diciembre de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria memorial de descargos a la Vista de Cargo 291979000654, argumentando entre otras cosas que, se le notificó con los resultados de la verificación después de 5 años y 8 meses de iniciado el proceso, contraviniendo 30 de 40

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Impugnación Tributaria 

el inc. k) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), y al haberse constatado la falta de celeridad en la emisión de la referida Vista de Cargo, corresponde dejarla sin efecto y disponer el archivo de obrados; además el mencionado acto administrativo es nulo de pleno derecho al no estar debidamente fundamentado, pues no se puede establecer técnica ni legalmente, cómo se llega a la conclusión de que se hubiera contravenido las normas tributarias; agregó que debió requerir la rectificatoria de las Declaraciones Juradas del IVA, pues éste se paga sobre las ventas o prestaciones de servicio del contribuyente, como disponen los arts. 5 y 7 de la Ley 843, y no sobre el crédito fiscal que éste obtenga. Por otra parte, señaló que los hechos generadores que originaron las obligaciones tributarias del IVA de los periodos fiscales de enero a diciembre, ocurrieron en la gestión 2011, debiendo aplicarse las reglas de la prescripción establecidas en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), antes de las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317, aspecto que fue totalmente ratificado por la Sentencia N° 153 de 20 de noviembre de 2017, emitida por la Sala Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, las facultades de fiscalización y determinación de tributos, prescribían en 4 años, es decir, el cómputo para la prescripción inició el 01 de enero de 2012 y venció el 30 de junio de 2016, considerando la suspensión de 6 meses del plazo por la notificación del inicio de la verificación; por lo que la Administración Tributaria debía notificar hasta el 30 de junio de 2016 para interrumpir la prescripción, sin embargo, a la fecha recién se notificó con la Vista de Cargo, habiendo prescrito las facultades de la Administración Tributaria. En apoyo a sus argumentos citó la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0283/2007, Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0566/2018-S1 de 01 de octubre de 2018. Por lo expuesto, solicitó se acepten los descargos presentados, dejando sin efecto la Vista de Cargo 291979000654. 

A su vez, se constató que el 31 de diciembre de 2019 ¡a Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/689/2019, el cual concluyó que luego de transcurrido el plazo para la presentación de los descargos, establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), sin que el contribuyente presente descargos ni hubiera conformado el adeudo tributario inicialmente establecido en la Vista de Cargo, por tanto, ratificó la calificación preliminar de la conducta como omisión de pago y las observaciones efectuadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los periodos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

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Jan mit’ayir jachakamaní 

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‘mbaerepi Vae ¡Guaca'”;: Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, y estableció un adeudo tributario que asciende a 1.908.752 UFV’s equivalentes a Bs4.450.956, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago; por lo expuesto, de conformidad al art. 11, caso 3, de la RND 10-0032-16, recomendó la emisión y notificación al contribuyente de la Resolución Determinativa respectiva. 

Finalmente, el 02 de enero de 2020 la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, que resolvió, Primero: Determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Digital Network Infraestructura y Servicios Tecnológicos S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 1.908.752 UFV’s equivalentes a Bs4.450,956, a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). Segundo: Calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, sancionándose por un total de 759.900 UFV’s equivalentes a Bs1.771,986. 

Expuestos los antecedentes del proceso, se advierte que en el presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de Verificación N° 0014OVI02334 de 24 de marzo de 2014, notificada personalmente a la apoderada legal de la recurrente el 28 de marzo de 2014, inició el proceso de determinación para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la recurrente, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la gestión 2011, de los periodos de enero a diciembre; verificación que, previa emisión de la Vista de Cargo 291979000654, de 22 de noviembre de 2019, concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, la cual fue notificada por cédula a la recurrente el 02 de enero de 2020, acto que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Digital Network Infraestructura y Servicios Tecnológicos S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 32 de 40

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 1.908.752 UFV’s equivalentes a Bs4.450,956, a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago; por esta razón, tratándose la presente causa de la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones, respecto al IVA, para los periodos fiscales de enero a noviembre del 2011, corresponde aplicar la normativa vigente a objeto del cómputo de la prescripción, esta es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; no obstante, para el periodo diciembre de 2011, se deben aplicar las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB); esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

En este contexto, considerando lo dispuesto en el art. 154, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones, prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria; y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, normativa que se encontraba vigente a momento del inicio del cómputo de la prescripción, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; por lo que para los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011, comenzó el cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, de acuerdo a lo establecido en el art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; vale decir, el cómputo de la prescripción para determinar la deuda tributaria e imponer la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago, comenzó a partir del 01 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015. 

Ahora bien, en relación al periodo diciembre de 2011, el periodo de pago corresponde a enero de 2012; por consiguiente el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que ‘, 

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III 

prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291 y 317, que dispone que, el término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención; en consecuencia, el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre de 2011, se inició el 01 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; conforme al criterio de aplicación establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en suma, se evidencia que cuando la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente el 02 de enero de 2020, con la Resolución Determinativa 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se encontraban prescritas. 

Asimismo, no se evidenció la concurrencia de las causales de suspensión ni interrupción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), considerando lo siguiente, el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el 

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importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los proceso de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, de lo cual, se infiere que el legislador al establecer en el art. 62, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del término de prescripción, considera el alcance integral que implica este procedimiento, lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión, a diferencia del proceso de verificación puntual, que al abarcar solo ciertos elementos no amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspecto que determina la suspensión del término de la prescripción en los casos de fiscalización. 

En ése contexto, conforme los antecedentes administrativos expuestos, se observa que en el presente caso la Orden de Verificación 0014OVI02334 de 24 de marzo de 2014, tiene como alcance el Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011; asimismo, en la referida Orden de Verificación, se detalló como norma aplicable los arts. 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), y siendo que el referido art. 32 establece: “(Procedimientos de verificación y control puntual). El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria”; este procedimiento se adecúa a lo determinado en el citado art. 29, inc. c) de la norma antes señalada, el mismo que regula la verificación y control puntual que se inicia con la notificación de una Orden de Verificación. En ese entendido, cabe reiterar 

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que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada en puntos precedentes que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que efectúe el mismo, no siendo aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos. 

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización, prevista en el art. 104, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado Código. Consecuentemente, es evidente que, en el presente caso, la notificación con la Orden de Verificación N° 0014OVI02334 de 24 de marzo de 2014, no se constituye en una causal de suspensión; análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018. 

Por otra parte, en relación a lo señalado por la Administración Tributaria sobre que la norma aplicable dentro de la presente causa es la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291, 317 y 812, considerando que la Resolución Determinativa impugnada se emitió el 31 de diciembre de 2019, en plena vigencia de la Ley 812; en este contexto, es imperante aclarar que, es indistinto si la Resolución Determinativa 171979002012, actualmente impugnada, fue emitida durante la vigencia de la Ley 812, toda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunció al respecto, a través de la Sentencia Constitucional SCP 0012/2019-S2, la cual, en su Acápite III.4 estableció textualmente que: “(…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es 36 de 40

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la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados: en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación gue este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012. la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos”. Bajo este lineamiento, se entiende que, en el marco de los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos que no se presentan en la Ley 812; por lo que se debe de aplicar las normas vigentes a momento del inicio del cómputo de la prescripción; tomando en cuenta que la referida Sentencia Constitucional tiene carácter vinculante conforme establecen los arts. 203 de la CPE y 15 parágrafo II de la Ley 254 (CPC). Por lo expuesto, se tiene que, para los periodos observados de enero a noviembre de la gestión 2011, de conformidad con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, inició su computo de la prescripción el 01 de enero de 2012, fecha en la cual aún no se encontraba en vigencia las leyes 291 y 317; empero, para el periodo diciembre de la gestión 2011, cuyo cómputo se inició el 01 de enero de 2013, si se aplicó las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB). En este contexto, en relación a las modificaciones de la ley 812, se debe aclarar que esta normativa entró en vigencia desde el momento de su emisión, es decir, desde el 30 de junio de 2016; por lo que la misma entró en vigor cuando los periodos de enero a noviembre de la gestión 2011 ya habían prescrito, y cuando el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre de 2011 estaba feneciendo, por lo que no corresponde su aplicación al presente caso. 

Por otro lado, respecto a lo sostenido por la Administración Tributaria en su contestación, de que es necesario considerar la teoría de los derechos adquiridos, que refiere que la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para lograr la plenitud e integralidad de’un derecho adquirido, por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal, conforme al lineamiento establecido en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y 1161/2013 37 de 40 

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Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

de 23 de julio de 2013; y respecto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1246/2013 de 29 de julio de 2013, 0957/2015 de 26 de mayo de 2015 y 1284/2018 de 28 de mayo de 2018, citadas como precedentes por la parte recurrida; es preciso mencionar que dicha teoría carece de fundamentación legal, toda vez que no se encuentra incorporada en ninguna disposición normativa de carácter general, por ende, al no tener respaldo normativo, no se constituye en un fundamento suficiente a efectos de respaldar el rechazo de la prescripción planteada por la recurrente, consecuentemente, corresponde desestimar tal argumento; asimismo, sobre las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013, 1161/2013 de 23 de julio de 2013, 1246/2013 de 29 de julio de 2013, 0957/2015 de 26 de mayo de 2015 y 1284/2018 de 28 de mayo de 2018, citadas por la Administración Tributaria, es menester aclarar que no son aplicables a la presente causa, debido a que corresponden a hechos generadores acaecidos en las gestiones 2006, 2007 y 2008, y que en el caso de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0957/2015 concierne a un proceso en etapa de Ejecución Tributaria, por lo que no son causas análogas a la presente; además que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, moduló la jurisprudencia respecto a la aplicación de la normativa vigente para el cómputo de la prescripción, por lo que, el entendimiento expuesto en las citadas Resoluciones de Recurso Jerárquico fue modulado ante la emergente, y en cumplimiento de la mencionada Sentencia Constitucional de carácter vinculante. 

Finalmente, aclarar a la Administración Tributaria que lo resuelto por esta Autoridad de ninguna manera constituye un control de constitucionalidad de las normas vigentes, pues es evidente que la recurrente no presentó ningún Recurso de Inconstitucionalidad ante esta instancia, en cuyo caso indiscutiblemente no podría ser admitido y menos resuelto en esta vía, por lo que el argumento de la Administración Tributaria es impertinente y fuera de contexto; del mismo modo, cabe recordarle que esta Autoridad resuelve los Recursos interpuestos observando las garantías constitucionales que les asisten a los recurrentes y en aplicación del parágrafo III del art. 211 de la Ley 2492 ( CTB), la Resolución se sustenta en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable a cada caso particular y conforme a las facultades otorgadas por la Ley 2492 (CTB). 

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Por lo expuesto, al haberse evidenciado que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se encuentran prescritas; y en vista que no existen causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción, conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente; en consecuencia, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, se encuentran prescritas. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa 171979002012, de 31 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, se encuentran prescritas; de acuerdo a los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/acq/cmmf/nvro/apib ARIT-SCZ/RA 0344/2020 

Directwa Ejecutiva Regional a.i. 

Autoridad Regional de 

Imanación Tributaria Santa — 

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