ARIT-SCZ-RA-0343-2020 Notificación extemporánea de Resolución Sancionatoria no la vician de nulidad

ARIT-SCZ-RA-0343-2020

Ain. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0343/2020 

Luis Alfredo Ángulo Suarez. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada por Edwin Darleng Menacho 

Callaú. 

Proveído 242070000009 de 17 de 

enero de 2020. 

ARIT-SCZ-0123/2020. 

Santa Cruz, 10 de julio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0343/2020 de 09 de julio de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió el Proveído 242070000009, de 17 de enero de 2020, el cual estableció que no corresponde la solicitud de nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria 181870007478 realizada por Luis Alfredo Ángulo Suarez con NIT 3272148011, por lo que dispuso proseguir con el cobro coactivo hasta el cobro total de todos los adeudos tributarios. 

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Mánatasaq kuraq kamachiq íQ¡jOcni¡a,.’ 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

Luis Alfredo Ángulo Suarez, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 28 de enero de 2020 (fs. 5-7 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando el Proveído N° 242070000009, de 17 de enero de 2020, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria (RS) 181870007478 de 30 de noviembre de 2018. 

El recurrente señaló que la Administración Tributaria respondió a su solicitud de nulidad de notificación de la RS señalando que: la misma fue legalmente notificada de forma electrónica en fecha 21 de diciembre de 2018, sin embargo, con un silencio cómplice no respondió por qué recién le notificó el 21 de diciembre de 2018 con la citada resolución, siendo éste el fundamento de su memorial de incidente de nulidad presentado ante la Administración Tributaria, él que dio origen al acto impugnado, toda vez que dicha notificación fue inoportuna y extemporánea, vulnerando su derecho al debido proceso y a la defensa contemplados en los arts. 115. parágrafo I y 117. parágrafo II de la CPE concordante con el art. 68 num. 8 de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, como jurisprudencia del Tribunal Constitucional, citó la Sentencia SC 2072/2010 de 10 de noviembre, referida al debido proceso en el aspecto de garantizar aljusticiable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, asimismo, se refirió al art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto al carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de sus sentencias. 

Explicó que la notificación de la RS fue inoportuna vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, toda vez que estuvo atento a la notificación electrónica hasta noviembre de 2018, considerando que tenían que haber emitido dicha RS hasta el 17 de septiembre de 2018, como estaban obligados por ley toda vez que fue notificado el 8 de agosto de 2018 con el AISC respectivo; por ello no tuvo conocimiento de la notificación electrónica que realizaron, ya que recién se envió el 2 de 20

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

14 de diciembre de 2018, y que se considera válida para fines legales desde el 21 de diciembre de 2018. Asimismo, recién tomó conocimiento del acto con la notificación electrónica del PIET realizado en abril de 2019. 

Argumentó que la demora en la notificación de la RS se debió a que la Administración Tributaria emitió la misma fuera del plazo otorgado por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), 73 días después, razón por la que nunca se enteró de dicha notificación sino recién con la notificación del PIET, siendo el motivo que originó la notificación inoportuna y extemporánea de la RS, razón por la cual no tuvo conocimiento y así poder defenderse. 

Por lo expuesto, solicitó se anule el Proveído N° 242070000009, de 17 de enero de 2020, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación con la Resolución Sancionatoria 181870007478 de 30 de noviembre de 2018. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 31 de enero de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando el Proveído N° 242070000009, de 17 de enero de 2020, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 8 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 21 de febrero de 2020 (fs. 15-17 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre las pretendidas nulidades. 

La Administración Tributaria, respecto a las notificaciones, manifestó que la doctrina señala: “En los actos administrativos en sentido estricto, la forma de publicidad 

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Msna tasaq kuraq kamachiq 

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aplicable es la notificación, que importa un conocimiento cierto del acto por el destinatario. Además, el objetivo, el fin, la integración del acto logra, se concreta y se produce desde el momento en que el interesado a quien va dirigido el acto administrativo toma conocimiento, que es el fin de la notificación” (Gordillo, Augustin. Tratado de Derecho Administrativo. Ed. Fundación de Derecho Administrativo. Tomo IV. Ed. Buenos Aires – Argentina. 2016. Pág. 280). Citó la Sentencia Constitucional N° 0731/2010-R respecto al principio de transcendencia y el Auto Supremo 135/2014 respecto a la taxatividad de las causales de nulidad. 

Señaló que se debe considerar que el recurrente en todo momento debió revisar su buzón tributario, toda vez que el NIT 3272148011 sigue vigente, y el hecho de que un funcionario público no haya cumplido con su deber de notificar oportunamente no le quita competencia al SIN para poder realizar la notificación, en todo caso corresponde sancionar al funcionario público que no realizó la notificación oportunamente. 

Explicó que la notificación se encuentra debidamente diligenciada, que se realizó de acuerdo al art. 87 de la Ley 2492 (CTB) sobre la notificación electrónica, citó como jurisprudencia el Auto Supremo N°409/2014 y la Sentencia Constitucional 731/2010-R, respecto al Principio de finalidad del acto, y señaló que de acuerdo al art. 65 de la Ley 2492 (CTB) los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos, en concordancia con lo establecido en el art. 32 de la Ley 2341 (LPA). 

Manifestó que la Administración Tributaria ha cumplido con el procedimiento establecido en la Ley, y no ha vulnerado el procedimiento de notificación debido a que se dio cumplimiento a lo establecido en el art. 87 de la Ley 2492 (CTB), habiendo cumplido ésta diligencia su finalidad, la cual es dar a conocer la Resolución Adminsitrativa ahora impugnada, lo que desvirtúa el supuesto agravio de nulidad ya que no existen causas esenciales ni trascendentes previstas por Ley. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Proveído N° 242070000009 de 17 de enero de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Mediante Auto de 26 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria el 26 de febrero de 2020 (fs. 18-19 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 17 de marzo de 2020, el recurrente, el 3 de marzo de 2020 ratificó como prueba los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria (fs. 20 de antecedentes). 

Por su parte, la Administración Tributaria, el 5 de marzo de 2020, ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 23 del expediente). 

II.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 22 de junio de 2020, la Administración Tributaria el 4 de junio de 2020, presentó alegatos en conclusiones reiterando los argumentos expuestos en su contestación al Recuso de Alzada (fs. 26-27 del expediente). 

Por otra parte, el recurrente el 23 de junio de 2020, presentó alegatos en conclusiones escritos y manifestó que pide que se cumpla la máxima jurídica “A confesión de parte relevo de pruebas”, toda vez que el SIN ha confesado que el funcionario lo notificó de manera inoportuna (fs. 30 del expediente). 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes fsirsrai |lSO 9001| 

antecedentes de hecho: WffTO 

El 8 de agosto de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula 

al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

31179904012255, de 22 de agosto de 2017, mediante el cual instruyó el Inicio 

del Proceso Sumario Contravencional, al haber constatado que no presentó la 

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Justpia tributariapara vivir cien 

Jan/mifayirjachakamani – 

Matpa tasaq kuraq kamachiq ¡ 

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información de los Libros de Compras y Ventas a través del Software Da Vinci Módulo LCV de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, conducta que se constituyó en incumplimiento al deber formal previsto en los arts. 1 y 3 de la RND 10-0047-05 concordante con el num. 4.2 de la RND 10-0037-07 y se sanciona con una multa de 500 UFV’s por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un monto total de 6.000.- UFV’s; asimismo, concedió el plazo de 20 días para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas (fs. 3 y 10 de antecedentes). 

El 29 de agosto de 2018, la Administración Tributaria, emitió Informe SIN/GDSCZ l/DF/SVE/INF/11020/2018, el cual estableció que dentro del plazo previsto para la presentación de descargos, el contribuyente no presentó descargos, no envió los LCV de los periodos observados ni efectuó el pago de la multa impuesta mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional 31179904012255, por lo que al no formular ni presentar descargos que desvirtúen la sanción impuesta recomendó se emita la Resolución correspondiente (fs. 12-13 de antecedentes). 

El 21 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó de forma electrónica al recurrente con la Resolución Sancionatoria 181870007478, de 30 de noviembre de 2018, la cual resolvió sancionar al recurrente con una multa de 500 UFV’s por el incumplimiento al deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci por cada uno de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, haciendo un total de 6.000- UFV’s, en aplicación del sub num. 3.1 num. 3 del Anexo I de la RND 10-0033-16 y art. 150 de la Ley 2492 (CTB) con relación a lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de la RND N° 10-0047-05, art. 4 de la RND N° 10- 0032-07 y num.6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, aclaró que el pago de la multa no exime de la presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LVC conforme lo prevé el num. 2, parágrafo IV del art. 4 de la RND 10-0031016 (fs. 19-23 de antecedentes). 

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AIT, ;* 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

111.4 El 4 de abril de 2019, la Administración Tributaria, notificó de forma electrónica al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

331970001025, de 25 de marzo de 2019, mediante el cual le comunicó que 

estando firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria 181870007478, 

de 30 de noviembre de 2018, por el monto de 6.000.- UFV’s, por concepto de 

multa por incumplimiento de deberes formales de los periodos de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2014, dará inicio a la Ejecución Tributaria del 

mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído,

partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas 

correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492 (CTB), hasta el 

pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de 

pago reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen 

efectuado (fs. 29-30 de antecedentes). 

111.5 El 18 de noviembre de 2019, el recurrente solicitó la nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria 181870007478, de 30 de noviembre de 2018, 

argumentando que no tuvo conocimiento de la notificación electrónica debido 

a la demora en la notificación, la que se realizó fuera de plazo de 30 de 

noviembre de 2018 y que recién tomó conocimiento de la Resolución cuando 

le notificaron con el PIET. Asimismo, hizo notar que la resolución fue emitida 

abundantemente fuera de plazo, lo que ocasiono la notificación inoportuna y 

que no haya podido impugnarla en los plazos establecidos por Ley, 

vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso (fs. 66-67 de 

antecedentes). 

1.6 El 23 de enero de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con el Proveído 242070000009, de 17 de enero de 2020, el 

cual estableció que no corresponde la solicitud de nulidad de notificación de la 

Resolución Sancionatoria 181870007478 realizada por Luis Alfredo Ángulo 

Suarez con NIT 3272148011, por lo que dispuso proseguir con el cobro 

coactivo hasta el cobro total de todos los adeudos tributarios (fs. 68-69 de 

antecedentes). 

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Juátcia tributaria para vivn bien 

Jafi mit’ayir jacha kamaní – < 

Mpna tasaq kuraq kamachiq „ , i 

IVJburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

n^baerepi Vae ¡’Guaran; Pasaje 1 Este, Casa N 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente expuso como único agravio: 1. La nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria (RS) 181870007478 de 30 de noviembre de 2018. 

IV.1 Sobre la nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria (RS) 181870007478 de 30 de noviembre de 2018. 

El recurrente señaló que la Administración Tributaria respondió a su solicitud de nulidad de notificación de la RS señalando que la misma fue legalmente notificada de forma electrónica en fecha 21 de diciembre de 2018, sin embargo, con un silencio cómplice no respondió por qué recién le notificó el 21 de diciembre de 2018 con la citada resolución, siendo éste el fundamento de su memorial de incidente de nulidad presentado ante la Administración Tributaria, él que dio origen al acto impugnado, toda vez que dicha notificación fue inoportuna y extemporánea, vulnerando su derecho al debido proceso y a la defensa contemplados en los arts. 115. parágrafo I y 117. parágrafo II de la CPE concordante con el art. 68. num. 8 de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, como jurisprudencia del Tribunal Constitucional, citó la Sentencia SC 2072/2010 de 10 de noviembre, referida al debido proceso en el aspecto de garantizar al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, asimismo, se refirió al art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto al carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de sus sentencias. 

Explicó que la notificación de la RS fue inoportuna vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso, toda vez que estuvo atento a la notificación electrónica hasta noviembre de 2018, considerando que tenían que haber emitido dicha RS hasta el 17 de septiembre de 2018, como estaban obligados por ley, y toda vez que, fue notificado el 8 de agosto de 2018, con el AISC respectivo; por ello no tuvo conocimiento de la notificación electrónica que realizaron, ya que recién se envió el 14 de diciembre de 2018, y que se considera válida para fines legales desde el 21 de diciembre de 2018. Asimismo, recién tomó conocimiento del acto con la notificación electrónica del PIET realizado en abril de 2019. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Argumentó que la demora en la notificación de la RS se debió a que la Administración Tributaria emitió la misma fuera del plazo otorgado por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), 73 días después, razón por la que nunca se enteró de dicha notificación sino recién con la notificación del PIET, siendo el motivo que originó la notificación inoportuna y extemporánea de la RS, razón por la cual no tuvo conocimiento y así poder defenderse. 

Por su parte, la Administración Tributaria respecto a las notificaciones, manifestó que la doctrina señala: “En los actos administrativos en sentido estricto, la forma de publicidad aplicable es la notificación, que importa un conocimiento cierto del acto por el destinatario. Además, el objetivo, el fin, la integración del acto logra, se concreta y se produce desde el momento en que el interesado a quien va dirigido el acto administrativo toma conocimiento, que es el fin de la notificación” (Gordillo, Augustin. Tratado de Derecho Administrativo. Ed. Fundación de Derecho Administrativo. Tomo IV. Ed. Buenos Aires -Argentina. 2016. Pág. 280). Citó la Sentencia Constitucional 0731/2010-R respecto al principio de transcendencia y el Auto Supremo 135/2014 respecto a la taxatividad de las causales de nulidad. 

Señaló que se debe considerar que el recurrente en todo momento debió revisar su buzón tributario, toda vez que el NIT 3272148011 sigue vigente, y el hecho de que un funcionario público no haya cumplido con su deber de notificar oportunamente no le quita competencia al SIN para poder realizar la notificación, en todo caso corresponde sancionar al funcionario público que no realizó la notificación oportunamente. 

Explicó que la notificación se encuentra debidamente diligenciada, que se realizó de acuerdo al art. 87 de la Ley 2492 (CTB) sobre la notificación electrónica, citó como jurisprudencia el Auto Supremo N°409/2014 y la Sentencia Constitucional 731/2010-R, respecto al Principio de finalidad del acto, y señaló que de acuerdo al 

art. 65 de la Ley 2492 (CTB) los actos de la Administración Tributaria por estar mam 

sometidos a la Ley se presumen legítimos, en concordancia con lo establecido en el art. 32 de la Ley 2341 (LPA). 

Manifestó que la Administración Tributaria ha cumplido con el procedimiento establecido en la Ley, y no ha vulnerado el procedimiento de notificación debido

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Justicia tributaria para vivir bien 

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Mana tasaq kuraq kamachia 

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que se dio cumplimiento a lo establecido en el art. 87 de la Ley 2492 (CTB), habiendo cumplido ésta diligencia su finalidad, la cual es dar a conocer la Resolución Adminsitrativa ahora impugnada, lo que desvirtúa el supuesto agravio de nulidad ya que no existen causas esenciales ni trascendentes previstas por Ley. 

Respecto a la notificación, la doctrina señala que “es la acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 36a Edición. Buenos Aires-Argentina. Editorial Heliasta. 2012. Pág. 619). 

Igualmente, en relación a la notificación, la doctrina refiere que: “Notificara las partes no es otra cosa que hacer conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su sustanciación, a fin de que esté a derecho”. Couture dice que “es también la constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento” (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 650). Asimismo, considera que: “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario, si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

Consiguientemente, corresponde precisar que el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador (OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas ySociales. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804). 

En cuanto al derecho a la defensa, instituto integrante de la garantía del debido proceso, la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, fundamenta que: “(…) el Estado 10 de 20

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa; respecto al debido proceso, la amplia jurisprudencia constitucional desarrollada, indica que es de aplicación inmediata, vinculante a todas las autoridadesjudiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal, prevista por el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales. Además, este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio” (las negrillas son nuestras). 

Así también, la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, señala que: “(…)la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de interveniren él por un acto de su voluntad(…)”. 

Bajo ese contexto, corresponde mencionar lo señalado en el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone que: “/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: “/. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”, principios y garantías constitucionales reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB). 

Así también, cabe señalar que los parágrafos I y II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente en sujeción al art. 201 de la Ley 2492 (CTB), establecen que serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción

ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los requisitos formales = 11 de 20 

Justicia tributaria para vivir bien 

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Mafia tasaq kuraq kamachiq (Quechua.; 

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indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados y el art. 55 del DS 27310 (RLPA), que señala que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

Por otra parte, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “/. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los siguientes medios, según corresponda: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias.”. 

Respecto a los medios electrónicos, el art. 83 bis de la citada norma, establece que “/. Para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o éste le sea asignado por la Administración Tributaria, la vista de cargo, auto inicial de sumario, resolución determinativa, resolución sancionatoria, resolución definitiva y cualquier otra actuación de la Administración Tributaria, podrá ser notificado por correo electrónico, oficina virtual u otros medios electrónicos disponibles. La notificación realizada por estos medios tendrá la misma validez y eficacia que la notificación personal. En las notificaciones practicadas en esta forma, los plazos se computarán de acuerdo al Artículo 4 del presente Código Tributario. II. La Administración Tributaria contará con los medios electrónicos necesarios para garantizar la notificación a los contribuyentes. Los contribuyentes que proporcionen a la Administración Tributaria su correo electrónico, número de celular o teléfono fijo; recibirán comunicados por estos medios.” 

En este mismo sentido, el art. 12 del DS 27310 modificado por el DS 2993, establece que: “I. Para los efectos de lo dispuesto en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), la Vista de Cargo, Auto Inicial de Sumario, Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, Proveído que dé inició a la ejecución tributaria y cualquier 12 de 20

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución Definitiva podrán ser notificados por correo electrónico u otros medios electrónicos, en una dirección electrónica fijada por el contribuyente o tercero responsable o asignada por la Administración Tributaria. La notificación electrónica se tendrá por efectuada en los siguientes casos, lo que ocurra primero. 1. En la fecha en que el contribuyente o tercero responsable proceda a la apertura del documento enviado; 2. A los cinco (5) días posteriores a: a) La fecha de recepción de la notificación en el correo electrónico; o b) La fecha de envío al medio electrónico implementado por la Administración Tributaria. El soporte físico de la apertura del documento notificado o de la constancia de recepción en el correo electrónico o envío al medio electrónico, según corresponda, deberá ser adjuntado al expediente, consignando la firma, nombre y cargo del servidor público responsable de la notificación. Cuando no sea posible la notificación por medios electrónicos, la Administración Tributaria procederá a la notificación del sujeto pasivo o tercero responsable de acuerdo al procedimiento establecido en los Artículos 84, 85 y 86 de la Ley N° 2492, según corresponda. II. La Administración Tributaria, a través de medios electrónicos, teléfono fijo o móvil, proporcionará a los contribuyentes o terceros responsables información referida a fechas de vencimiento, existencia de actuaciones administrativas, alertas, recordatorios y cualquier otra de naturaleza tributaria. De igual manera, deberá habilitar los medios para que el contribuyente efectúe consultas, reclamos, denuncias; trámites administrativos y otros por los mismos mecanismos. III. A efectos de la aplicación del presente Artículo, la Administración Tributaria emitirá norma administrativa reglamentaria.” 

En ese entendido, es importante señalar que los actos de la Administración Tributaria surtirán todos los efectos legales que correspondan, siempre que se notifiquen conforme al procedimiento específico en materia tributaria, en ese orden la Ley 2492 (CTB), estableció entre los arts. 83 a 91, el procedimiento a seguir para concretar la notificación por uno de los medios expresamente señalados. 

Por otra parte, respecto al Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias, el art. 168 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) establecen que el cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, y que transcurrido el plazo señalado para la presentación de pruebas, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las 13 de 20 

Just|cia tributaria para vivir bien 

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mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Por su parte, la Administración Tributaria, mediante la RND N° 101700000005, de 17 de marzo de 2017, aprueba el “Reglamento de Notificaciones y Avisos Electrónicos a través del Buzón Tributario de la Oficina Virtuaf, a objeto de reglamentar el procedimiento de notificación de actos administrativos del Servicio de Impuestos Nacionales, por medios electrónicos mediante la opción “Notificaciones”, así como el envío de avisos o comunicados de información de interés tributario a través de la opción “Avisos”, ambas del Buzón Tributario de la Oficina Virtual. 

El citado Reglamento de Notificaciones y Avisos Electrónicos, en su art. 6 establece que, a efectos de realizar la notificación de los actos administrativos tributarios por medios electrónicos, la Administración Tributaria depositará en la opción “Notificaciones” del Buzón Tributario de la Oficina Virtual del sujeto pasivo, el documento en formato PDF o emitidos electrónicamente u otro que la Administración Tributaria considere idóneo. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo I del art. 12 del DS 27310, la notificación electrónica se tendrá por efectuada en los siguientes casos, lo que ocurra primero: 1. En la fecha en que el contribuyente o tercero responsable proceda a la apertura del documento enviado. Cuando la apertura del documento en formato PDF o electrónico enviado por la Administración Tributaria a la opción “Notificaciones” del Buzón Tributario de la Oficina Virtual del sujeto pasivo, sea efectuada en día u hora inhábil, la notificación se tendrá por realizada a primera hora del día siguiente hábil posterior. 2. A los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de envío al Buzón Tributario, opción “Notificaciones”, asignado al contribuyente en la Oficina Virtual por el Servicio de Impuestos Nacionales. El plazo referido en el párrafo precedente, se computará a partir del día siguiente hábil a la fecha en que el acto notificado se encuentre disponible en la opción “Notificaciones” del Buzón Tributario de la Oficina Virtual del contribuyente. 

Con relación a las responsabilidades del sujeto pasivo, el art. 12 del citado Reglamento establece que: “Los sujetos pasivos son responsables de: a) Realizar el resguardo y asegurar el buen uso de su credencial de acceso a la Oficina Virtual, b) Administrar de forma adecuada su Buzón Tributario, toda vez que la credencial de 14 de 20

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

acceso a la Oficina Virtual, es de uso y responsabilidad del sujeto pasivo o representante legal, razón por la que no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de los actos administrativos notificados.”. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que el 8 de agosto de 2018, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 31179904012255, de 22 de agosto de 2017, mediante el cual instruyó el Inicio del Proceso Sumario Contravencional, al haber constatado que no presentó la información de los Libros de Compras y Ventas a través del Software Da Vinci Módulo LCV de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, conducta que se constituyó en incumplimiento al deber formal previsto en los arts. 1 y 3 de la RND 10-0047-05 concordante con el num. 4.2 de la RND 10-0037-07 y se sanciona con una multa de 500 UFV’s por cada periodo fiscal incumplido, haciendo un monto total de 6.000.- UFV’s; asimismo, concedió el plazo de 20 días para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas (fs. 3 y 10 de antecedentes). 

Continuando con la compulsa de antecedentes, el 29 de agosto de 2018, la Administración Tributaria, emitió Informe SIN/GDSCZ l/DF/SVE/INF/11020/2018, el cual estableció que dentro del plazo previsto para la presentación de descargos, el contribuyente no presentó descargos, no envió los LCV de los periodos observados ni efectuó el pago de la multa impuesta mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional 31179904012255, es así que el 21 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó de forma electrónica al recurrente con la Resolución Sancionatoria 181870007478, de 30 de noviembre de 2018, la cual resolvió sancionar al recurrente con una multa de 500 UFV’s por el incumplimiento al deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci por cada uno de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, haciendo un total de 6.000.- UFV’s, en aplicación del sub num. 3.1 num. 3 del Anexo I de la RND N° 10-0033-16 y art. 150 de la Ley 2492 (CTB) con relación a lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de la RND N° 10-0047-05, art. 4 de la RND N° 10-0032-07 y num.6 del art. 70 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, aclaró que el pago de la multa no exime de la presentación de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a 

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través del módulo Da Vinci – LVC conforme lo prevé el num. 2, parágrafo IV del art. 4 de la RND 10-0031016 (fs. 19-23 de antecedentes) 

En ese entendido, al no haber sido objeto de impugnación la Resolución Sancionatoria, el 4 de abril de 2019, la Administración Tributaria, notificó de forma electrónica al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331970001025, de 25 de marzo de 2019, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria 181870007478, de 30 de noviembre de 2018, por el monto de 6.000.- UFV’s, por concepto de multa por incumplimiento de deberes formales de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492 (CTB) (fs. 29-30 de antecedentes). 

Por su parte, el recurrente, el 18 de noviembre de 2019, solicitó la nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria 181870007478, de 30 de noviembre de 2018, argumentando que no tuvo conocimiento de la notificación electrónica debido a la demora en la notificación, lo que ocasionó la notificación inoportuna y que no haya podido impugnarla en los plazos establecidos por Ley, vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso (fs. 66-67 de antecedentes); por lo que, en respuesta a dicha solicitud, el 23 de enero de 2020, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con el Proveído 242070000009 de 17 de enero de 2020, el cual estableció que no corresponde la solicitud de nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria 181870007478 realizada por Luis Alfredo Ángulo Suarez con NIT 3272148011, por lo que dispuso proseguir con el cobro coactivo hasta el cobro total de todos los adeudos tributarios (fs. 68-69 de antecedentes). 

De acuerdo a lo señalado, se evidencia que, en efecto, la Resolución Sancionatoria 181870007478 fue emitida fuera del plazo establecido en el art. 168 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), siendo que la Administración Tributaria debió pronunciar resolución final del sumario en el plazo de 20 días siguientes de vencido el plazo para la presentación de descargos, es decir, hasta el 17 de 16 de 20

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Impugnación Tributaria 

septiembre de 2018, sin embargo, en este punto, es importante puntualizar que el incumplimiento de plazos no está expresamente establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el acto administrativo emitido tardíamente; es más, se corrobora que en la Ley 2492 (CTB) ni en la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable a la materia tributaria en virtud al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se ha establecido que la emisión de la Resolución Sancionatoria, fuera del plazo previsto se constituya en un vicio de nulidad que amerite un saneamiento procesal; pues la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo previsto para ellas, sólo dan lugar a la anulabilidad del acto, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, el cual no es el caso; sin embargo, no implica impunidad de ninguna manera, toda vez que conlleva a otro tipo de sanción en el ámbito disciplinario, conforme a la Ley 1178 (SAFCO), para los funcionarios responsables de tal incumplimiento, lo cual debe ser observado por la Administración Tributaria y cuyo tratamiento, no corresponde a ésta instancia. 

Ahora bien, respecto a la notificación de la Resolución Sancionatoria 181870007478, se tiene que ésta, se realizó de forma electrónica, en aplicación a los arts. 83 y 83 bis de la Ley 2492 (CTB) y en cumplimiento al Reglamento de Notificaciones aprobado mediante la RND 101700000005, habiéndose dejado constancia de dicha actuación en los antecedentes del proceso (fs. 23 de antecedentes), aspecto que no fue cuestionado, ni desvirtuado por el recurrente, pues, si bien alegó que la misma fue inoportuna, toda vez que habría estado atento a la notificación electrónica hasta noviembre de 2018, sin embargo, no explicó ni demostró cuál fue su impedimento de acceder al Buzón Tributario de la oficina virtual, máxime si el art. 12 del Reglamento de Notificaciones, aprobado mediante RND N° 101700000005 de 17 de marzo de 2017, en su art. 12, establece que: “Los sujetos pasivos son responsables de: “a) Realizar el resguardo y asegurar el buen uso de su credencial de acceso a la Oficina Virtual, b) Administrar de forma adecuada su Buzón Tributario, toda vez que la credencial de acceso a la Oficina Virtual, es de uso y responsabilidad del sujeto pasivo o representante legal, razón por la que no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de los actos administrativos notificados”, consecuentemente, no se observa vulneración a la garantía del debido proceso, tampoco que la demora en la notificación de la Resolución Sancionatoria hubiera colocado en estado de indefensión al contribuyente, pues la Administración 

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Justicia tributaria para vivir Píen 

Jah mit’ayirjachakamani – 

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Tributaria cumplió con el procedimiento establecido en la norma, poniendo en conocimiento del recurrente sus actuaciones desde el inicio del procedimiento sancionatorio con la notificación mediante cédula del Auto Inicial de Sumario Contravencional 31179904012255, otorgándole la oportunidad de presentar descargos y pruebas que hagan a su defensa, empero, el sujeto pasivo no aportó elementos probatorios que demuestren que existieran vicios que le hubieran colocado en indefensión, observándose al contrario, que pese a conocer la tramitación del proceso instaurado en su contra, no ejerció su derecho de defensa por un acto propio de voluntad, dejando de intervenir activamente en el proceso, situación por la cual, no se generó la indefensión alegada, en el entendido que, conforme al razonamiento constitucional expresado en la Sentencia Constitucional 0287/2003-R: (…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…)”, criterio reiterado en las Sentencias Constitucionales 173/2007-R, 1380/2010-R y 1931/2011, aspecto que desvirtúa los argumentos del recurrente, cuando en alegatos orales, refirió que el funcionario confesó la notificación inoportuna, situación ésta última que como se señaló precedentemente, conlleva a otro tipo de sanción en el ámbito disciplinario, en el marco De la Ley 1178 (SAFCO) para los funcionarios responsables. 

En consecuencia, al no haberse demostrado vulneración alguna a los derechos constitucionales del recurrente, y por el contrario, que la Administración Tributaria cumplió con el procedimiento establecido en la norma vigente, a través de la notificación electrónica, medio de notificación previsto por Ley y que surte todos sus efectos legales, no habiendo el sujeto pasivo probado que existieran vicios que le hubieran colocado en indefensión, sino que, pese a conocer la tramitación del proceso desde el Auto Inicial de Sumario Contravencional, no ejerció su derecho por negligencia o descuido, es decir, por un acto propio de voluntad, no corresponde dar lugar a la anulabilidad invocada en los términos previstos en el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria en virtud del art. 201 de la Ley 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, al notificar la Administración Tributaria, de forma electrónica la Resolución Sancionatoria, ajustó sus actos a lo determinado por los arts. 83 y 83 18 de 20

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bis de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 12 del DS 27310 y la RND 101700000005, siendo dicha notificación válida por imperio de la Ley, gozando de la presunción de legitimidad y legalidad, conforme lo previsto en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), cumpliendo con la finalidad de dar a conocer al sujeto pasivo la actuación emitida, y no haberse demostrado la vulneración al debido proceso como refiere el recurrente, ni las garantías constitucionales como el derecho a la defensa, en el marco de los arts. 115, parágrafo II de CPE y 68, num. 6, de la referida Ley, no existe causal de nulidad previsto en el art. 36, parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria conforme establece el num. 1, art. 74 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, corresponde confirmar el Proveído 242070000009 de 17 de enero de 2020, emitido por la emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, que rechazó la solicitud de nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria 181870007478 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR el Proveído N° 242070000009, de 17 de enero de 2020, emitido por la emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, que rechazó la solicitud de nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria 181870007478, de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo *”” umuímum 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/acq/mirb/adcv 

ARIT-SCZ/RA 0343/2020 DiÍ8ct<ya’E¡«iutiVii Regionam. 

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