ARIT-SCZ-RA-0342-2020 Falta de argumentación de aplicación retroactiva de la norma vulneran el debido proceso

ARIT-SCZ-RA-0342-2020

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0342/2020 

Pharmatech Boliviana S.A., representada 

por Federico Guillermo Calderón Yaksic. 

Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Carlos Gonzalo Suárez 

Virreira. 

Resolución Determinativa N° 

171979001996, de 30 de diciembre de 

ARIT-SCZ-0100/2020. 

Santa Cruz, 10 de julio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0342/2020 de 

09 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y 

todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa 171979001996, 

l de 38 NB/ISO 

9001 

Justiciatributaria para vivir bien 

Jarí mit’ayir jacha kamaní 

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mfcuruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guara-‘í) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

de 30 de diciembre de 2019, que resolvió, Primero: Determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Pharmatech Boliviana S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 51.225 UFV’s equivalentes a Bs119.426.- (Ciento diecinueve mil cuatrocientos veintiséis 00/100 bolivianos), correspondientes al total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por Omisión de Pago), en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificados por el art. 2 parágrafos I y II del DS. 2993, la multa por Omisión de Pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 y RND 10-0033- 16. Segundo: Calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, sancionándole con el 100% del Tributo Omitido actualizado en UFV, cuyo monto asciende a 20.140 UFV’s equivalente a Bs46.955.- (Cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco 00/100 bolivianos), importes que forman parte de la liquidación. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la recurrente 

Pharmatech Boliviana S.A., en adelante la recurrente, representada por Federico Guillermo Calderón Yaksic, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2020 (fs. 124-136 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 171979001996, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La recurrente señaló que había presentado oposición de prescripción a momento de presentar sus descargos a la Vista de Cargo; sin embargo, la Administración Tributaria en la Resolución impugnada indicó que correspondería la aplicación retrospectiva de las leyes 317 y 812, citó sentencias constitucionales y argumentó 2 de 38

Ain. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

lili 

que esta aplicación de la norma tiene validez plena en el tiempo y, por ende no está regida por el Principio de irretroactividad por lo que sus facultades no se encontrarían prescritas; pero no consideró que el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo. A su vez, el art. 150 de la Ley 2492 establece que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo aquéllas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves y que el art. 59.1. núm. 1, 2 y 3 de la Ley 2492 (versión vigente durante la gestión 2011) establece que las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar tributos e imponer sanciones administrativas, prescriben en el término de cuatro años y conforme el art. 60.1 de la misma Ley (versión vigente hasta la gestión 2011), el término se computa desde el 1ro de enero del año calendario siguiente a aquél en el que se produjo el vencimiento del período de pago del tributo respectivo. 

Añadió que si bien el régimen de prescripción tributaria ha sido modificado por las Leyes 291 y 317 (de la gestión septiembre y diciembre de 2012) y la Ley 812 (de la gestión 2016), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de las Sentencias emitidas por Sala Plena 035/2016 de 15 de febrero de 2016, y la Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, ha establecido que la norma sustantiva aplicable en el ámbito tributario, es aquélla que se haya encontrado vigente durante los períodos fiscales a revisar (principio de “tempus comissi delicti”), sin que sea posible la aplicación retroactiva de normas emitidas posteriormente por disposición expresa de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la Ley, salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna para el infractor. 

Refirió que de la revisión de la Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, se evidencia que se trata de un caso similar, en el que la Sala Plena del TSJ debía resolver lo siguiente: i) cuál es la norma sobre el plazo de prescripción que debe aplicarse sobre la facultad de verificación del SIN en relación a tributos de gestiones fiscales anteriores de la entrada en vigor de las Leyes 291 y 317. En el caso tratado en la referida Sentencia, el TSJ se pronunció de forma clara, terminante y categórica este punto, señalando que: i) la norma sustantiva (sobre el plazo de prescripción) que debe aplicarse, es aquélla que se haya encontrado vigente durante el período fiscal que sea verificado, por lo que, si el período fiscal verificado es anterior a la entrada 3 de 38 

Justfcia tributaria para vivir bien 

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en vigor de las Leyes 291 y 317, debe aplicarse la Ley 2492 sin las modificaciones efectuadas por las leyes previamente mencionadas, correspondiendo aplicar el plazo de cuatro (4) años a la facultad de verificación del SIN. 22. Por otro lado, sólo durante el 2018, este mismo criterio ha sido confirmado por el TSJ a través de 34 fallos, identificados en el Recurso de Alzada, que entiende son categóricos, claros y uniformes en cuanto a que la norma sustantiva sobre prescripción tributaria que corresponde aplicar a un impuesto y período dado, es la que se haya encontrado vigente durante el impuesto y período correspondiente. 

En el presente caso, los periodos fiscales verificados son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, por lo que, bajo el Principio de “tempus comissi delicti” de conformidad con los art. 59.1. 1,2 y 3 y 60.1 de la Ley 2492 (versiones vigentes hasta la gestión 2011), y con los precedentes sentados por la SALA PLENA del TSJ en las Sentencias 21/2018 de 31 de enero de 2018 y 035/2016 de 15 de febrero de 2016, corresponde la aplicación del plazo de prescripción de cuatro años; en ese sentido, para los periodos enero a noviembre de la gestión 2011, el cómputo inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015; y para el periodo diciembre de 2011, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016, por lo que las facultades de la Administración Tributaria se encontraban prescritas antes de la emisión de la emisión de la Resolución impugnada. 

Por lo expuesto, la recurrente entiende que al haberse aplicado en la Resolución impugnada retroactivamente las Leyes 291, 317 y 812 que fueron emitidas en septiembre y diciembre de 2012 y en 2016 respectivamente, se vulneró los art. 59, 60 y 150 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 123 de la CPE; así como los Principios de Economía Plural en su elemento de respeto a la Seguridad Jurídica, contenidos en la Sentencia Constitucional 0070/2010-R, por lo que correspondería que la Resolución Determinativa sea revocada, aplicándose debidamente el régimen legal de prescripción tributaria. 

11.1.2. Ausencia de valoración razonable de la prueba y consecuente nulidad de la Resolución impugnada. 

La recurrente expresó que presentó ante la Administración Tributaria superabundante documentación de respaldo para cada Nota de débito- crédito observada; sin 4 de 38

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embargo, vulnerando los arts. 115. Parágrafo I y 117. Parágrafo I de la CPE, pasó por alto su deber de respetar y proteger el derecho/garantía del debido proceso, en su elemento de la valoración razonable de la prueba, toda vez que en ningún apartado de la Resolución expuso cuál es la valoración jurídica que realizó sobre cada uno de los medios de prueba oportunamente presentados, ya que la Administración Tributaria tuvo documentación de respaldo a cada una de las notas Débito – Crédito observadas, así como prueba en poder de terceros; careciendo de esta forma de la fundamentación de hecho y derecho, lo que implica que la Resolución impugnada, contiene una decisión arbitraria que no está sustentada en la valoración de los elementos de prueba de la empresa, por lo que se constituye en un acto administrativo nulo de pleno derecho por mandato de los art. 35 d) y e) de la Ley 2341 y 99. Parágrafo II de la Ley 2492, por lo que corresponde que sea anulada. 

Por otra parte, mencionó que la Administración Tributaria no puede ni debe desconocer la naturaleza uniforme, categórica y terminante de los fallos emitidos por el TSJ que fueron citados por la recurrente en sus descargos a la Vista de Cargo, puesto que ello implica desconocer las atribuciones constitucionales y legales del TSJ. 

11.1.3. Sobre los reparos con Código 2: Por gastos no vinculados con la actividad gravada. 

La recurrente manifestó que con la prueba de descargo presentada y que cursa en antecedentes, se demostró que no correspondía la depuración del Crédito Fiscal IVA de las facturas observadas, en razón de que las mismas cumplen con los tres requisitos esenciales que son: i) La emisión de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, en aplicación de los arts. 4 y 8, inc. a) de la Ley No. 843; sin embargo, la Administración Tributaria no validó el Crédito Fiscal de facturas por 

conceptos de Publicidad y/o Auspicio de eventos, Gastos relacionados con el BH 

mantenimiento del jardín, Gastos relacionados con material publicitario tales como compras de agendas y calendarios), observando las mismas de manera ¡legal. 

Refiere que en el caso puntal de la factura emitida por “Pago por organización de eventos para publicidad y auspicio (Jornadas de ginecología de Prosalud)”, es 5 de 38 

Jusjucia tributaria para vivir bien 

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evidente que la publicidad y/o auspicio en eventos es un elemento importante del marketing de cualquier empresa, es por ello que la recurrente, por medio de la publicidad en eventos y/o auspicios a eventos da a conocer sus productos y promociona su imagen, generando de este modo mayores ventas de los productos de comercializa, por lo que es evidente que los auspicios son gastos que se encuentran indirectamente vinculados con su actividad. 

Respecto a la observación efectuada a la factura por Gastos relacionados con el mantenimiento del jardín, señaló que el gasto se encuentra indirectamente vinculado a sus actividades ya que el inmueble donde desarrolla su actividad comercial y administrativa, cuentan con jardín, por lo que, este servicio es necesario para el mantenimiento de sus instalaciones y la conservación de la imagen de la empresa ante sus consumidores, generando de este modo el posicionamiento de su imagen corporativa y generando mayores ventas. 

Con relación a las facturas emitidas por Gastos relacionados por material publicitario (afiches, calendarios, agendas) y material de escritorio, explicó que es un elemento importante de marketing, ya que por medio de afiches, agendas y calendarios, la recurrente da a conocer sus productos y promociona su imagen, generando de este modo mayores posibilidades para el crecimiento de sus operaciones comerciales, por lo tanto, los auspicios son gastos que se encuentran indirectamente vinculados con las actividades promocionando su imagen corporativa en consultorios médicos, farmacias y centros de salud. De la misma forma, refiere que la compra de agendas Tiluchi, además de fortalecer la imagen corporativa de la recurrente en el mercado boliviano, permite a gerentes, supervisores y visitadores médicos apuntar aspectos íntegramente vinculados al negocio de la empresa, como reuniones con farmacias, reuniones o visitas a médicos u hospitales, pedidos de medicamentos u otros requerimientos de los clientes, entre otros. 

En ese sentido, aduce que no correspondía la depuración del Crédito Fiscal de las facturas observadas, toda vez que todas estas facturas corresponden a transacciones vinculadas directa o indirectamente con sus actividades y que además están respaldadas con facturas originales y fueron efectivamente realizadas y pagadas, conforme a lo dispuesto por el art. 8 de la Ley 843. 

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Impugnación Tributaria 

11.1.4. Sobre el Alcance de la Verificación y los Reparos sobre el Código 3. 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria observó que no se habría respaldado documentalmente el pago realizado por parte de sus clientes por los productos que no le fueron devueltos, tomando en cuenta que toda la devolución para la correspondiente recuperación del crédito fiscal, está condicionada a la ocurrencia de una primera operación y que en realidad no le correspondía el crédito fiscal, vulnerando así los art. 8 del D.S. 21530, y 63 de la R.N.D. 10.0016.07, desconociendo el derecho de apropiar el crédito fiscal correspondiente a devoluciones recibidas. 

Asimismo, adujo que la fiscalización iniciada tenía por objeto la revisión de los créditos fiscales con alcance en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la gestión 2011, y no así la revisión y/o verificación del débito fiscal de la primera factura y/o de la primera operación realizada en gestiones anteriores a la 2011, entre la recurrente y sus clientes; en consecuencia, el proceso no puede extenderse de manera arbitraria a débitos fiscales. 

Añadió que a pesar de lo anterior, por medio del libro diario y del kardex de inventario (salida de mercancía), la recurrente ha demostrado la salida efectiva de la mercancía inicialmente vendida; así también las notas de crédito débito originales presentadas, contienen la indicación expresa del número de factura de venta inicial de las mercancías, así como su fecha de emisión, por lo que por medio de la prueba presentada se probó la existencia de una venta inicial de mercancías; y medíante las notas de crédito débito originales, el libro diario y el kardex de inventario presentados, se evidencia el acaecimiento de una devolución de mercancías efectuada por los clientes, así como la salida del dinero a ser devuelto al comprador; por lo que la recurrente asegura haber probado el acaecimiento de devoluciones de mercancías, por lo que en cumplimiento del art. 63 de la R.N.D. 10.0016.07 emitió las notas de crédito débito correspondientes, registrándolas en el libro de compras IVA de la gestión 2011; y en cumplimiento de lo previsto en cumplimiento al art. 8.b de la Ley 843 y art. 8 del D.S. 21530, aplicó la alícuota del 13% sobre el importe de las devoluciones recibidas a fin de ajusfar el IVA, vulnerando también el principio de verdad material previsto en el art. 4.d de la Ley 2341 aplicable por mandato del art. 74.1 de la Ley 2492. 

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Jvistaa tributaria para vivir bien 

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11.1.5. Improcedencia de la sanción por contravención de Omisión de Pago. 

La recurrente, señaló que la Administración Tributaria no demostró su culpabilidad (dolo o culpa), en la supuesta comisión de la contravención de omisión de pago, por lo que desconoce las razones jurídicas que justifiquen la imposición de dicha sanción, con mayor razón, cuando a lo largo del procedimiento de determinación, presentó superabundante prueba que deja en evidencia que no corresponden los reparos efectuados y cuando las facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas se encuentran legalmente prescritas. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 171979001996, declarando la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria o en caso de fallar en la forma, se anule la referida Resolución. 

11.2 Auto de admisión. 

Mediante Auto de 28 de enero de 2020 (fs. 137 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa 171979001996 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 19 de febrero de 2020 (fs. 148-161 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz a objeto de contestar al Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la impugnación, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1. Respecto a la Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria refirió que, sus actos por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y que si la recurrente considera que la normativa en la cual se 8 de 38

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Impugnación Tributaria 

basaron sus actuaciones es ilegal y contraviene la CPE y la misma normativa tributaria, debía presentar los procesos idóneos para dicha alegación; vale decir, los Recursos de Inconstitucionalidad correspondiente, no siendo la vía prejudicial la idónea para la exposición de dichas denuncias, toda vez que esta Autoridad no posee las facultades correspondientes para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma y que por el Principio de Probidad, los fallos de la AIT siempre deben de ser a derecho, respetando el debido proceso y en base a una correcta aplicación de la ley, por lo que las alegaciones del contribuyente son completamente irrelevantes dentro del presente proceso. 

Asimismo, señaló que la Sentencia 21/2018, citada por la recurrente, no podía ser considerada dentro del presente proceso, toda vez que ésta basó su fallo en la Sentencia 39/2016 misma que fue anulada por el Tribunal Constitucional Pluhnacional, a través de la Sentencia 0231/2017-S3, por lo que dicho fallo adolece de relevancia jurídica; no obstante a ello, señaló que la Sentencia 0908/2015-S2, ha establecido que no se puede exigir la aplicación y/o consideración de un Auto Supremo y/o Sentencia dentro de un caso distinto; del mismo modo, la Administración Tributaria expuso una diferenciación de los conceptos de retrospectividad y retroactividad y citó las Sentencias Constitucionales 0401/2017- S2 de 02 de mayo de 2017, 11/2002 de 05 de febrero de 2002 y 1421/2004-R de 06 de septiembre de 2004 y la Sentencia SU649/17 de 19 de octubre de 2017, emitida por la Corte Constitucional de la República de Colombia, en las que se realiza la conceptualización de dichos términos. 

Del mismo modo, con relación a la prescripción, expuso que si bien el texto original de la Ley 2492 (CTB), señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros, prescribía a los cuatro (4) años computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; ese texto estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por el legislador a través de las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012; siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el Parágrafo II del Art. 164 de la CPE, por lo cual, el cómputo de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, a partir del periodo 2008, no se completaron debido a la entrada en vigor de las citadas Leyes 291 y 317 antes que dicho cómputo de prescripción finalice, afectando el término de 

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la prescripción plazo que se encontraban inconclusos; en consecuencia, corresponde la aplicación retrospectiva y literal de las disposiciones contenidas en ambas leyes, bajo el mismo tenor se tiene que la Ley 812 de 30 de junio de 2016. 

De esta forma, la Administración Tributaria expresó que para el IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, dentro del alcance establecido por la Ley 291 y toda vez que la Resolución impugnada fue notificada el 31 de diciembre de 2019, bajo la Ley 812, norma vigente, que dispone un término de prescripción de ocho (8) años; de acuerdo al art. 60 Parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; y añadiendo los 6 meses de suspensión a consecuencia de la notificación con la Orden de Verificación, se tiene que el plazo de la prescripción se configura el 30 de junio de 2020; y para el periodo diciembre 2011, inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020; añadiendo los 6 meses de suspensión a consecuencia de la notificación con la Orden de Verificación se tiene que el plazo de la prescripción se configura el 30 de junio de 2021, de modo que en el presente caso, no se advierte la configuración de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

II.3.2 Respecto a la ausencia de valoración razonable de la prueba y consecuente nulidad de la Resolución impugnada. 

La Administración Tributaria manifestó que la recurrente, no señaló de manera específica, clara, puntual y concreta qué factura o qué parte de la Resolución Determinativa carecería de omisión en la valoración de su documentación o qué actos o normativa legal hubiera obviado pronunciarse; refirió que por el contrario habiéndole solicitado en la etapa de presentación de descargo a la Vista de Cargo ésta no presento descargo alguno, por lo tanto los argumentos expuestos por la recurrente referidos a la falta de valoración de su documentación, fundamentación y motivación, no corresponde; y aclaró que en ningún momento colocó en indefensión a la recurrente. Asimismo, aseguró haber dado respuesta en la Resolución impugnada a cada uno de los argumentos presentados por la recurrente en sus memoriales de 6 de noviembre de 2019 y 26 de diciembre de 2019. 

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11.3.3. Sobre los reparos con Código 2: Por gastos no vinculados con la actividad gravada. 

La Administración Tributaria señaló que de la revisión del padrón de contribuyentes se evidenció que la recurrente, registra como actividad principal la “Venta al por mayor de otros productos”, siendo este su principal fuente de ingresos, motivo por el cual se observaron las facturas por compra de Agendas Tiluchi, Calendarios y Afiches y por el Servicio de Mantenimiento de Jardín Mes de Junio-2011, debido a que no se cuenta con documentación que permita verificar que los bienes y servicios adquiridos se encuentren vinculadas a la actividad gravada; vale decir, ordenes de pedido, ingreso del material a almacenes, kardex de inventario, contratos de servicios u otra documentación o en su defecto demostrar objetiva y razonablemente el destino y uso de la compra, área solicitante, aplicación de la compra y/o motivo del gasto, y que fueron gastos producto de requerimientos propios y necesarios para el desarrollo normal de sus operaciones gravadas. 

Agregó que la factura por concepto de Alquiler de Mesas, Sillas, Toldos para Jornadas de Ginecología de Prosalud cuenta con una Rendición de Eventos; sin embargo, no se logra evidenciar que las personas beneficiarías del servicio fueran parte de la empresa; vale decir, no existe prueba documental sobre la realización de los servicios adquiridos y el destino de los mismos, por lo que concluyó que la documentación presentada por la recurrente no era suficiente para comprobar la vinculación con sus operaciones gravadas y consecuentemente las facturas observadas bajo este código se encuentran observadas para efectos del crédito fiscal al contravenir lo dispuesto por el art. 8 de la Ley 843 y el art. 8 del D.S. 21530. 

11.3.4. Sobre el Alcance de la Verificación y los Reparos sobre el Código 3. 

La Administración Tributaria señaló que los argumentos de la recurrente, respecto a código de observación 3, no corresponden debido a que independientemente de que se trate de un proceso de verificación o de fiscalización total o parcial, el fin es comprobar el cumplimiento que el contribuyente le haya dado a las obligaciones tributarias; y que en virtud del art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias facultades para investigar los hechos generadores de los tributos, requerir información y determinar la deuda tributaria de los sujetos pasivos, a efectos de 

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establecer la verdad material de los hechos y el cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo. 

Expuso además que en este caso, las notas fiscales correspondientes a “Notas de Crédito – Débito”, fueron observadas bajo este código debido a que la documentación presentada por el contribuyente era insuficiente para sustentar o demostrar la efectiva realización de la transacción (Venta inicial y devolución), evidenciándose la ausencia de documentación de respaldo que permita verificar: la ocurrencia del hecho generador, la transmisión de dominio de cosas muebles v/o el correspondiente pago producto de las ventas declaradas, a través de documentos que demuestren la realización efectiva de las transacciones declaradas, por lo cual no pudo respaldar de manera documental la recepción del pago por parte de sus clientes, evidenciándose únicamente la presentación de Reportes de Cuentas por Cobrar, con documentación relacionada a las ventas efectuadas por el contribuyente hacia su cliente, en las cuales pudo observar, que los importes de los productos devueltos, son descontados de las ventas efectuadas por la recurrente, así también para los casos en los cuales presentó documentación relacionada a la factura de venta inicial, se ha observado la ausencia de presentación de la totalidad de recibos de pago, que corresponden a pagos parciales realizados por sus clientes, según lo descrito en el Reporte de Cuentas por Cobrar y en algunos casos se ha observado particularmente que el Reporte de Cuentas por Cobrar presentado, está relacionado a transacciones de otros clientes que no corresponden al observado en la nota fiscal sujeta a verificación; y en algunos casos no ha presentado ninguna documentación correspondiente tratándose de notas fiscales emitidas a personas naturales, que no son sujetos pasivos del IVA. 

Añadió que, la normativa es imperativa al establecer que es requisito indispensable, la recuperación de la factura original para la correspondiente emisión de la Nota de Crédito – Débito, situación que tampoco fue demostrada por la recurrente , debido a que de acuerdo al análisis a la documentación presentada la Administración Tributaria extrañó la factura original, pues la recurrente se limitó únicamente a presentar la copia 2 de archivo de dicha factura; para el caso de las devoluciones parciales independientemente de la ausencia de la factura original y la ausencia de documentación de respaldo a los medios de pago por los productos que no fueron devueltos, observó además la ausencia de una nueva factura por la diferencia no 12 de 38

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devuelta o rescindida, incumpliendo lo citado en los párrafos anteriores, motivos por los cuales no pudo establecer que las transacciones se hayan realizado efectivamente. 

11.3.5. Sobre la improcedencia de la sanción por contravención de Omisión de Pago. 

La Administración Tributaria respecto a la Calificación de la Conducta de la recurrente es correcta, pues se tenía demostrado que los reparos notificados corresponden al uso indebido de crédito fiscal que surge por declarar facturas de compras que no cumplen los requisitos establecidos en las normas, para ser utilizadas como crédito fiscal, observaciones que dieron origen a los reparos en el Impuesto al Valor Agregado IVA, situación que la recurrente no ha desvirtuado, contraviniendo el art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530, acciones y omisiones que de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), configuran su conducta como Omisión de Pago, motivo por el cual corresponde la aplicación de la sanción equivalente al 100% del monto calculado. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 171979001996, de 30 de diciembre de 2019. 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente como a la Administración Tributaria, el 26 de febrero de 2020, tal como consta en obrados (fs. 163-164 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 17 de marzo de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2020 (fs. 165 del expediente), ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos adjuntos a su memorial de contestación al Recurso de Alzada; así también los extremos expuestos en el referido memorial, donde se podrá verificar la legalidad de sus actuaciones al momento de la emisión de la Resolución impugnada. 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Janjmit’ayir jach’a kamani (Ayr¡a:.-.- • 

Mafiatasaq kuraq kamachiq íQuechua; 

Mtjuruvisa tendodegua mbaeti oñomíta 

ISO 9001| 

NB/ISO 

9001 

mriaerepi Vae (Guara-“u Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

‘IIIINIIIir”^’!..!:”!!!,’!!’!1 

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2020 (fs. 177-186 del expediente) ratificó la prueba presentada ofrecida junto a su Recurso de Alzada, así como la producida en etapa administrativa y que se encuentra en la carpeta de antecedentes; del mismo modo adjuntó documentación en 129 carpetas, conforme el cargo de recepción, de las que se aclaró mediante Proveído de Presentación de Pruebas del Sujeto Pasivo – Ratificación y Ofrecimiento (fs. 187 del expediente) que únicamente se valoraría la prueba que cumpla con lo dispuesto en el art. 217 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB) y 81 de la Ley 2492 (CTB). 

II.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 22 de junio de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 10 de junio de 2020 (fs.189-190 vta. del expediente), formuló sus alegatos en conclusión, bajo los mismos argumentos de su contestación al Recurso de Alzada. 

Por otra parte, dentro del referido plazo, la recurrente presentó memorial el 15 de junio de 2020 (fs. 193-199 vta. del expediente), expuso sus alegatos en conclusión con los mismos argumentos de su Recurso de Alzada y solicitó un pronunciamiento respecto a cada punto expuesto por la Administración Tributaria en su contestación al presente Recurso de Alzada. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 25 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente por medio de su Representante Legal, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06856 y Detalle de Diferencias, con los cuales le comunicó que sería objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo Específico al Crédito Fiscal”, con alcance a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, solicitando la remisión de 14 de 38

AIT3\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Declaraciones juradas de los periodos observados, Libro de compras 

originales, Facturas originales, Documentos que respalden el pago realizado

otra documentación que el fiscalizador solicitare en el proceso (fs. 10-15 el de 

antecedentes). 

I.2 El 29 de mayo de 2015, la recurrente presentó memorial solicitando prórroga para la presentación de la documentación requerida (fs. 26 el de 

antecedentes). 

.3 El 3 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la recurrente con el Proveído 24-001554-15 de 1 de junio de 2015, mediante 

el cual se aceptó parcialmente la prórroga solicitada, por el plazo de 6 días (fs. 

40-40 vta. el de antecedentes). 

.4 El 11 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Recepción de Documentos, haciendo constar que se presentaron los 

Formularios 200, Libro de Compras, Notas fiscales y Medios de pago de todos 

los periodos observados (fs. 41 el de antecedentes). 

.5 El 11 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a la recurrente con el Requerimiento N° 00158211 y Anexo de 25 de febrero 

de 2019, solicitando documentación adicional (fs.42-44 y 49 el de 

antecedentes). 

.6 El 14 de marzo de 2019, la recurrente mediante nota s/n presentada a la 

Administración Tributaria, opuso prescripción tributaria y solicitó prorroga de 

cinco días para la presentación de los documentos requeridos, como 

cumplimiento de deber formal (fs. 51-52 vta. el de antecedentes). 

.7 El 22 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó electrónicamente 

a la recurrente con el Auto 251979000079 de 18 de marzo de 2019, con el 

cual resolvió ampliar el plazo para la presentación de los documentos 

requeridos por tres días hábiles, computables a partir de la notificación de este 

Auto (fs. 68-69 el de antecedentes). 

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9001 

justicia tributaria para vivir Dien 

J^n mit’ayir jach’a kamani (Ay”nau.< 

Iv/anatasaq kuraq kamachiq (Quechua’; 

lylburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

rnbaerepi Vae i’Guarar;’) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

111.8 El 3 de abril de 2019, la recurrente mediante nota s/n ratificó ante la Administración Tributaria su oposición de prescripción y presentó la documentación que respaldaba la transacción original (venta), los que respaldaban la devolución de mercancía, la regularización de las Notas de Crédito-Débito, entre otros, documentos que fueron registrados en el Acta de Recepción de Documentos, en el que se hizo constar que se presentaron facturas de ventas, Libro Kardex y Comprobantes de Depósito, todo en varios tomos, así como respaldos de las Notas de Débito y Crédito y otras facturas en folder. (fs. 70 y 73-77 el de antecedentes). 

111.9 El 11 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Requerimiento N° 00148970 y su Anexo, solicitando documentación complementaria, consistente en Libro Mayor de la Cuenta Deudores por Venta Local (correspondientes a la transacción original y la devolución por la cual se emitió la Nota de Crédito- Débito) (fs. 80-81 y 86 el de antecedentes). 

111.10 El 14 de junio de 2019, la recurrente presentó nota ante la Administración Tributaria, ratificando la oposición de prescripción tributaria presentada el 14 de marzo de 2019, toda vez que las facultades de fiscalización (debió decir verificación) para los periodos de enero a diciembre de 2011, se encontraban prescritas; del mismo modo, en cumplimiento del Principio de Buena Fe presentó la documentación requerida (fs. 89-96 el de antecedentes). 

111.11 El 30 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/669/2019, con el cual se recomendó proseguir con la determinación y recuperación de los adeudos a favor del Fisco, correspondiendo emitir y notificar la Vista de Cargo (fs. 4002-4056 c.XXI de antecedentes). 

.12 El 7 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó electrónicamente a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000520 de 30 de septiembre de 2019, la cual respecto a la prescripción señaló que bajo el Principio de Retrospectividad, eran aplicables las modificaciones contenidas en las Leyes 291, 317 y 812, por lo que no operó la prescripción solicitada; en ese 16 de 38

AIT, íív 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

entendido, estableció que producto del análisis a cada una de las 

transacciones se evidenciaba que la documentación presentada no era 

suficiente para demostrar que las notas fiscales de la recurrente eran válidas 

para el crédito fiscal de los periodos objeto de verificación, puesto que para 

ciertas transacciones, no existía documentación que respalde la recepción de 

pago de su cliente, por los productos que no fueron devueltos, por lo cual no 

se demostraba la efectiva realización de la transacción; además de esto 

expresó que cuando efectivamente se produce la devolución de productos

una vez emitidas las Notas Crédito – Débito, los mismos deben estar 

respaldados con la documentación original y/o fotocopia de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente emitida al cliente según corresponda, copia de 

la Nota Crédito – Débito, Respaldo de ingreso a almacenes de los productos 

devueltos y registros contables que reflejen la transacción y devolución 

conforme a normativa vigente, es así que codificó el crédito fiscal de la 

siguiente forma: V para notas fiscales válidas; código 2: No vinculadas a la 

actividad gravada y código 3: No demuestra la efectiva realización de la 

transacción; finalmente, se liquidó la deuda tributaria de forma preliminar, 

determinando una deuda de 55.792 UFV’s y se calificó preliminarmente la 

conducta como Omisión de Pago, otorgando el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 4058-4112 c.XXI de antecedentes). 

111.13 El 25 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Requerimiento 00165013, solicitando documentación adicional para 

la factura de venta N° 340 (fs. 4161 y 4165 c.XXI de antecedentes). 

1.14 El 6 de noviembre de 2019, la recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo, ante la Gerencia GRACO La Paz, manifestando que la Vista de Cargo 

se constituía en un acto administrativo nulo de pleno derecho, toda vez que no 

se exponían las razones de derecho que sustenten las observaciones o que 

desvirtúen las pruebas presentadas por la recurrente ni los fundamentos de

hecho que demuestren que incurrió en la conducta atribuida. Por otra parte, 

señaló que no correspondía la depuración de su crédito fiscal ya que se había 

cumplido con la obligación de respaldar las actividades y operaciones 

gravadas mediante libros, registros y documentos; del mismo modo, expuso 

que en su momento presentó las facturas originales, comprobantes contables, 

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9001 

Just’\c|a tributaria para vivir bien 

Jan rViit’ayir jach’a kamani ¡Auna ;,. 

Manatasaq kuraq kamachiq (Quecnua) 

Mbiluvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mb^erepi Vae (Guara-; Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

extractos bancarios del Banco Económico y Banco Mercantil; con relación a la vinculación señaló que era evidente que la Administración Tributaria no realizó un debido análisis a las compras realizadas, puesto que los pagos al proveedor por las agendas, calendarios y afiches están destinados exclusivamente a hacer conocer la imagen corporativa de la empresa, vinculándose de manera indirecta a su actividad, en el caso del mantenimiento de jardín explicó que se encontraba relacionado a la imagen de la empresa ante sus proveedores y clientes, los alquileres de sillas y mesas también relacionados a la actividad, toda vez que participó en las Jornadas de Ginecología, para promoción de ventas; del mismo modo, señaló que se presentó toda la documentación de respaldo para sustentar el derecho al crédito fiscal; finalmente, reiteró su oposición de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria y solicitó se anule la Vista de Cargo o se declare la prescripción de las facultades y se declare la inexistencia de la deuda tributaria (fs. 4128 y 4137-4155 c.XXI de antecedentes). 

111.15 El 13 de noviembre de 2019, la recurrente mediante nota informó a la Administración Tributaria que al encontrarse cerradas las oficinas de la Gerencia GRACO por la coyuntura política y social, se realizó la presentación de los descargos ante la Secretaría de la Gerencia GRACO La Paz, considerando que se constituyen en una sola entidad autárquica con jurisdicción y competencia en todo el territorio, por lo cual solicitaba se remitan internamente los descargos correspondientes (fs. 4114 c.XXI de antecedentes). 

111.16 El 26 de diciembre de 2019, la recurrente mediante nota presentada a la Administración Tributaria presentó prueba de reciente obtención, consistente en prueba en poder de terceros, tales como Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingreso, entre otros, solicitando el juramento de reciente obtención, que fue realizado suscribiendo el Acta correspondiente; asimismo, ratificó su oposición de prescripción contra las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, respecto al 

18 de 38

f\m I wm 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

IVA de los periodos enero a diciembre de 2011, solicitando se declare la 

prescripción (fs. 4239-4243 y 4315 c.XXII de antecedentes). 

.17 El 30 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/1056/2019, que concluyó que luego de transcurrido

vencido el plazo para la presentación de los descargos, la recurrente había 

presentado únicamente argumentos y no documentación de respaldo que 

pudiera desvirtuar las observaciones ¡nicialmente establecidas en la Vista de 

Cargo, por tanto se ratificaba la deuda tributaria determinada sobre Base 

Cierta y se recomendó la emisión de la Resolución Determinativa 

correspondiente (fs. 4421-4505 c.XXIII de antecedentes). 

.18 El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001996, de 

30 de diciembre de 2019, que resolvió, Primero: Determinar de oficio, por 

conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente y/o responsable Pharmatech Boliviana S.A., por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2011, que ascienden a 51.225 UFV’s equivalentes a Bs119.426.- (Ciento 

diecinueve mil cuatrocientos veintiséis 00/100 Bolivianos), correspondientes al 

total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses

la multa por Omisión de Pago), en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 

(CTB), modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y arts. 8 y 9 del DS 

27310 (RCTB), modificados por el art. 2 parágrafos I y II del DS. 2993, la 

multa por Omisión de Pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 

del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993

RND 10-0033-16. Segundo: Calificar la conducta del contribuyente como 

omisión de pago, sancionándole con el 100% del Tributo Omitido actualizado 

(ISO 

en UFV, cuyo monto asciende a 20.140 UFV’s equivalente a Bs46.955.- 

(Cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco 00/100 bolivianos), 

importes que forman parte de la liquidación (fs.4506-4586 y 4591 c.XXIII de 

antecedentes). 

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9001 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jari mit’ayir jach’a kamani u^y-na ,••. 

Mainatasaq kuraq kamachiq¡Quecuu.3; 

Mpuruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guarar.ú Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios: 1. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria; 2. Ausencia de valoración razonable de la prueba y consecuente nulidad de la Resolución impugnada; 3. Sobre los reparos con Código 2: Por gastos no vinculados con la actividad gravada; 4. Sobre el Alcance de la Verificación y los Reparos sobre el Código 3; y 5. Improcedencia de la sanción por contravención de Omisión de Pago, cuyos argumentos serán expuestos y resueltos a continuación. 

Con carácter previo cabe señalar que si bien la recurrente denunció vicios de nulidad en el proceso instaurado en su contra por la Administración Tributaria; empero, también entre sus agravios invocó prescripción, por lo que, precautelando la seguridad jurídica, esta instancia recursiva verificará primero la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada y solo en caso de no ser evidente la misma se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados. 

IV.1. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

La recurrente señaló que había presentado oposición de prescripción a momento de presentar sus descargos a la Vista de Cargo; sin embargo, la Administración Tributaria en la Resolución impugnada indicó que correspondería la aplicación retrospectiva de las leyes 317 y 812, citó sentencias constitucionales y argumentó que esta aplicación de la norma tiene validez plena en el tiempo y, por ende no está regida por el principio de irretroactívidad por lo que sus facultades no se encontrarían prescritas; pero no consideró que el art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo. A su vez, el art. 150 de la Ley 2492 establece que las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo aquéllas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves y que el art. 59.1. núm. 1, 2 y 3 de la Ley 2492 (versión vigente durante la gestión 2011) establece que las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar tributos e imponer sanciones administrativas, prescriben en el término de cuatro años y conforme el art. 60.1 de la misma Ley (versión vigente hasta la gestión 2011), el término se computa desde el 20 de 38

AlA 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

III 

1ro de enero del año calendario siguiente a aquél en el que se produjo el vencimiento del período de pago del tributo respectivo. 

Añadió que si bien el régimen de prescripción tributaria ha sido modificado por las Leyes 291 y 317 (de la gestión septiembre y diciembre de 2012) y la Ley 812 (de la gestión 2016), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de las Sentencias emitidas por Sala Plena 035/2016 de 15 de febrero de 2016, y la Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, ha establecido que la norma sustantiva aplicable en el ámbito tributario, es aquélla que se haya encontrado vigente durante los períodos fiscales a revisar (principio de “tempus comissi delicti”), sin que sea posible la aplicación retroactiva de normas emitidas posteriormente por disposición expresa de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la Ley, salvo que la norma sustantiva posterior sea más benigna para el infractor. 

Refirió que de la revisión de la Sentencia 21/2018 de 31 de enero de 2018, se evidencia que se trata de un caso similar, en el que la Sala Plena del TSJ debía resolver lo siguiente: i) cuál es la norma sobre el plazo de prescripción que debe aplicarse sobre la facultad de verificación del SIN en relación a tributos de gestiones fiscales anteriores de la entrada en vigor de las Leyes 291 y 317. En el caso tratado en la referida Sentencia, el TSJ se pronunció de forma clara, terminante y categórica este punto, señalando que: i) la norma sustantiva (sobre el plazo de prescripción) que debe aplicarse, es aquélla que se haya encontrado vigente durante el período fiscal que sea verificado, por lo que, si el período fiscal verificado es anterior a la entrada en vigor de las Leyes 291 y 317, debe aplicarse la Ley 2492 sin las modificaciones efectuadas por las leyes previamente mencionadas, correspondiendo aplicar el plazo de cuatro (4) años a la facultad de verificación del SIN. 22. Por otro lado, sólo durante el 2018, este mismo criterio ha sido confirmado por el TSJ a través de 34 fallos, identificados en el Recurso de Alzada, que entiende son categóricos, claros y uniformes en cuanto a que la norma sustantiva sobre prescripción tributaria que corresponde aplicar a un impuesto y período dado, es la que se haya encontrado jjjPB 

vigente durante el impuesto y período correspondiente. 

En el presente caso, los periodos fiscales verificados son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión •W 2011, por lo que, bajo el Principio de “tempus comissi delicti” de conformidad con los 

21 de 38 NB/ISO 

9001 

Justjpa tributaria para vivir bien 

Jar/mit’ayir jach’a kamani (Ayma-u

María tasaq kuraq kamachiq (Quechua; 

M/)iiruvisa tendodeguambaeti oñomita 

rtfbaerepi Vae íGuara- /

Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia 

art. 59.1. 1,2 y 3 y 60.1de la Ley 2492 (versiones vigentes hasta la gestión 2011), y con los precedentes sentados por la SALA PLENA del TSJ en las Sentencias 21/2018 de 31 de enero de 2018 y 035/2016 de 15 de febrero de 2016, corresponde la aplicación del plazo de prescripción de cuatro años; en ese sentido, para los periodos enero a noviembre de la gestión 2011, el cómputo inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015; y para el periodo diciembre de 2011, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016, por lo que las facultades de la Administración Tributaria se encontraban prescritas antes de la emisión de la emisión de la Resolución impugnada. 

Por lo expuesto, la recurrente entiende que al haberse aplicado en la Resolución impugnada retroactivamente las Leyes 291, 317 y 812 que fueron emitidas en septiembre y diciembre de 2012 y en 2016 respectivamente, se vulneró los art. 59, 60 y 150 de la Ley 2492 (CTB), y el art. 123 de la CPE; así como los Principios de Economía Plural en su elemento de respeto a la Seguridad Jurídica, contenidos en la Sentencia Constitucional 0070/2010-R, por lo que correspondería que la Resolución Determinativa sea revocada, aplicándose debidamente el régimen legal de prescripción tributaria. 

En contraparte, la Administración Tributaria argüyó que sus actos por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y que si la recurrente considera que la normativa en la cual se basaron sus actuaciones es ¡legal y contraviene la CPE y la misma normativa tributaria, debía presentar los procesos idóneos para dicha alegación; vale decir, los Recursos de Inconstitucionalidad correspondiente, no siendo la vía prejudicial la idónea para la exposición de dichas denuncias, toda vez que esta Autoridad no posee las facultades correspondientes para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma y que por el Principio de Probidad, los fallos a AIT siempre deben de ser a derecho, respetando el debido proceso y en base a una correcta aplicación de la ley, por lo que las alegaciones del contribuyente son completamente irrelevantes dentro del presente proceso. 

Asimismo, señaló que la Sentencia 21/2018, citada por la recurrente, no podía ser considerada dentro del presente proceso, toda vez que ésta basó su fallo en la Sentencia 39/2016 misma que fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia 0231/2017-S3, por lo que dicho fallo adolece 22 de 38

f\m I hh 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de relevancia jurídica; no obstante a ello, señaló que la Sentencia 0908/2015-S2, ha establecido que no se puede exigir la aplicación y/o consideración de un Auto Supremo y/o Sentencia dentro de un caso distinto; del mismo modo, la Administración Tributaria expuso una diferenciación de los conceptos de retrospectividad y retroactividad y citó las Sentencias Constitucionales 0401/2017- S2 de 02 de mayo de 2017, 11/2002 de 05 de febrero de 2002 y 1421/2004-R de 06 de septiembre de 2004 y la Sentencia SU649/17 de 19 de octubre de 2017, emitida por la Corte Constitucional de la República de Colombia, en las que se realiza la conceptualización de dichos términos. 

Del mismo modo, con relación a la prescripción, expuso que si bien el texto original de la Ley 2492 (CTB), señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros, prescribía a los cuatro (4) años computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; ese texto estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por el legislador a través de las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012; siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el Parágrafo II del Art. 164 de la CPE, por lo cual, el cómputo de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, a partir del periodo 2008, no se completaron debido a la entrada en vigor de las citadas Leyes 291 y 317 antes que dicho cómputo de prescripción finalice, afectando el término de la prescripción plazo que se encontraban inconclusos; en consecuencia, corresponde la aplicación retrospectiva y literal de las disposiciones contenidas en ambas leyes, bajo el mismo tenor se tiene que la Ley 812 de 30 de junio de 2016. 

De esta forma, la Administración Tributaria expresó que para el IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, dentro del alcance establecido por la Ley 291 y toda vez que la Resolución impugnada fue notificada el 31 de diciembre de 2019, bajo la Ley 812, norma vigente, que dispone un término de prescripción de ocho (8) años; de acuerdo al art. 60 Parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019; y añadiendo los 6 meses de suspensión a consecuencia de la notificación con la Orden de Verificación, se tiene que el plazo de la prescripción se configura el 30 de junio de 2020; y para el periodo diciembre 2011, inició el 1 de enero de 2013 y concluiría el 31 23 de 38 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani lAvma; y 

tylanatasaq kuraq kamachiq (Quechua 

It/lburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta 

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NB/ISO 

9001 

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fnbaerepi Vae ;G 

Teléfonos: (591-3) 3391027 

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de diciembre de 2020; añadiendo los 6 meses de suspensión a consecuencia de la notificación con la Orden de Verificación se tiene que el plazo de la prescripción se configura el 30 de junio de 2021, de modo que en el presente caso, no se advierte la configuración de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

Para resolver la controversia planteada por las partes, es necesario considerar que en cuanto a la prescripción, la doctrina la define como: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia'” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240) (resaltado propio). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2 manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos inter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles 24 de 38

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Impugnación Tributaria 

jerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato 

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Justicia tributaria para vivir Dien 

juan mit’ayir jach’a kamani (Ayna- u 

‘Manatasaq kuraq kamachiq iQu-cnua¡ 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica” (resaltado propio). 

En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB); en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o ratíones decidendi, vinculantes y; por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta Autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019,1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable; en ese sentido, los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinarla deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria; y que excepto para la ejecución tributaria, 26 de 38

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el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición fe\\ Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de 

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Jan/mit’ayir jach’a kamani lAyma-.Q 

Mafia tasaq kuraq kamachiq (Quechua; 

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septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y por: II) La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

En ése contexto doctrinal, de precedentes constitucionales y de normativa pertinente al caso, de la compulsa de antecedentes se evidenció que el 25 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente por medio de su Representante Legal, con la Orden de Verificación 0014OVI06856 y Detalle de Diferencias, con los cuales le comunicó que sería objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo Específico al Crédito Fiscal”, con alcance a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, solicitando la remisión de Declaraciones juradas de los periodos observados, Libro de compras origínales, Facturas originales, Documentos que respalden el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador solicitare en el proceso; posteriormente, el 29 de mayo de 2015, la recurrente presentó memorial solicitando prórroga para la presentación de la documentación requerida obteniendo respuesta el 3 de junio de 28 de 38

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2015, mediante Proveído 24-001554-15 de 1 de junio de 2015, con el cual se aceptó parcialmente la prórroga solicitada, por el plazo de 6 días; es así que el 11 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar que se presentaron los Formularios 200, Libro de Compras, Notas fiscales y Medios de pago de todos los periodos observados; y de forma posterior, el 11 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Requerimiento 00158211 y Anexo de 25 de febrero de 2019, solicitando documentación adicional. 

De la misma compulsa de antecedentes, se observó que el 14 de marzo de 2019, la recurrente mediante nota s/n presentada a la Administración Tributaria, opuso prescripción tributaría y solicitó prorroga de cinco días para la presentación de los documentos requeridos, como cumplimiento de deber formal; es así que el 22 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó electrónicamente a la recurrente con el Auto N° 251979000079 de 18 de marzo de 2019, con el cual resolvió ampliar el plazo para la presentación de los documentos requeridos por tres días hábiles, computables a partir de la notificación de este Auto; y el 3 de abril de 2019, la recurrente mediante nota s/n ratificó ante la Administración Tributaría su oposición de prescripción y presentó la documentación que respaldaba la transacción original (venta), los que respaldaban la devolución de mercancía, la regularización de las Notas de Crédito-Débito, entre otros, documentos que fueron registrados en el Acta de Recepción de Documentos, en el que se hizo constar que se presentaron facturas de ventas, Libro Kardex y Comprobantes de Depósito, todo en varios tomos, así como respaldos de las Notas de Débito y Crédito y otras facturas en folder. 

Continuando con la compulsa, se comprobó que el 11 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Requerimiento 00148970 y su Anexo, solicitando documentación complementaria, consistente en Libro Mayor de la Cuenta Deudores por Venta Local (correspondientes a la transacción original y la devolución por la cual se emitió la Nota de Crédito Débito); y el 14 de junio de 2019, la recurrente presentó nota ante la Administración Tributaria, ratificando la oposición de prescripción tributaria presentada el 14 de marzo de 2019, toda vez que las facultades de fiscalización para los periodos de enero a diciembre de 2011, se encontraban prescritas; del mismo modo, en cumplimiento del Principio de Buena Fe presentó la documentación requerida; de 

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Jan rfíit’ayir jach’a kamani 

Mane tasaq kuraq kamachiq -i 

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mbáerepi Vae iGuara–¡) Pasaje 1 Este, Casa N 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

esta forma, el 30 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/669/2019, con el cual se recomendó proseguir con la determinación y recuperación de los adeudos a favor del Fisco, correspondiendo emitir y notificar la Vista de Cargo. 

Siguiendo con la revisión de antecedentes, se evidenció que el 7 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó electrónicamente a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000520 de 30 de septiembre de 2019, la cual respecto a la prescripción señaló que bajo el Principio de Retrospectividad, eran aplicables las modificaciones contenidas en las Leyes 291, 317 y 812, por lo que no operó la prescripción solicitada; en ese entendido, estableció que producto del análisis a cada una de las transacciones se evidenciaba que la documentación presentada no era suficiente para demostrar que las notas fiscales de la recurrente eran válidas para el crédito fiscal de los periodos objeto de verificación, puesto que para ciertas transacciones, no existía documentación que respalde la recepción de pago de su cliente, por los productos que no fueron devueltos, por lo cual no se demostraba la efectiva realización de la transacción; además de esto expresó que cuando efectivamente se produce la devolución de productos y una vez emitidas las Notas Crédito – Débito, los mismos deben estar respaldados con la documentación original y/o fotocopia de la factura, nota fiscal o documento equivalente emitida al cliente según corresponda, copia de la Nota Crédito – Débito, Respaldo de ingreso a almacenes de los productos devueltos y registros contables que reflejen la transacción y devolución conforme a normativa vigente, es así que codificó el crédito fiscal de la siguiente forma: V para notas fiscales válidas; código 2: No vinculadas a la actividad gravada y código 3: No demuestra la efectiva realización de la transacción; finalmente, se liquidó la deuda tributaria de forma preliminar, determinando una deuda de 55.792 UFV’s y se calificó preliminarmente la conducta como Omisión de Pago, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos; posteriormente, el 25 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Requerimiento 00165013, solicitando documentación adicional para la factura de venta 340. 

Permaneciendo en la revisión de antecedentes, se extrajo que el 6 de noviembre de 2019, la recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo, ante la Gerencia GRACO La Paz, manifestando que la Vista de Cargo se constituía en un acto administrativo 30 de 38

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nulo de pleno derecho, toda vez que no se exponían las razones de derecho que sustenten las observaciones o que desvirtúen las pruebas presentadas por la recurrente ni los fundamentos de hecho que demuestren que incurrió en la conducta atribuida. Por otra parte, señaló que no correspondía la depuración de su crédito fiscal ya que se había cumplido con la obligación de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros y documentos; del mismo modo, expuso que en su momento presentó las facturas originales, comprobantes contables, extractos bancarios del Banco Económico y Banco Mercantil; con relación a la vinculación señaló que era evidente que la Administración Tributaria no realizó un debido análisis a las compras realizadas, puesto que los pagos al proveedor por las agendas, calendarios y afiches están destinados exclusivamente a hacer conocer la imagen corporativa de la empresa, vinculándose de manera indirecta a su actividad, en el caso del mantenimiento de jardín explicó que se encontraba relacionado a la imagen de la empresa ante sus proveedores y clientes, los alquileres de sillas y mesas también relacionados a la actividad, toda vez que participó en las Jornadas de Ginecología, para promoción de ventas; del mismo modo, señaló que se presentó toda la documentación de respaldo para sustentar el derecho al crédito fiscal; finalmente, reiteró su oposición de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria y solicitó se anule la Vista de Cargo o se declare la prescripción de las facultades y se declare la inexistencia de la deuda tributaria; y el 13 de noviembre de 2019, la recurrente mediante nota informó a la Administración Tributaria que al encontrarse cerradas las oficinas de la Gerencia GRACO por la coyuntura política y social, se realizó la presentación de los descargos ante la Secretaría de la Gerencia GRACO La Paz, considerando que se constituyen en una sola entidad autárquica con jurisdicción y competencia en todo el territorio, por lo cual solicitaba se remitan internamente los descargos correspondientes. 

De la misma revisión de antecedentes, se observó que el 26 de diciembre de 2019, la recurrente mediante nota presentada a la Administración Tributaria presentó prueba de reciente obtención, consistente en prueba en poder de terceros, tales como Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingreso, entre otros, solicitando el juramento de reciente obtención, que fue realizado suscribiendo el Acta correspondiente; asimismo, ratificó su oposición de prescripción contra las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, respecto al 

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Jaji mit’ayir jach’a kamani 

Mana tasaq kuraq kamachiq

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IVA de los periodos enero a diciembre de 2011, solicitando se declare la prescripción; y de manera posterior, el 30 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: S1N/GGSCZ/DF/UVI/INF/1056/2019, que concluyó que luego de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos, la recurrente había presentado únicamente argumentos y no documentación de respaldo que pudiera desvirtuar las observaciones inicialmente establecidas en la Vista de Cargo, por tanto se ratificaba la deuda tributaria determinada sobre Base Cierta y se recomendó la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente. 

Concluyendo la compulsa de antecedentes, se comprobó que el 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001996, de 30 de diciembre de 2019, que resolvió, Primero: Determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Pharmatech Boliviana S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 51.225 UFV’s equivalentes a Bs119.426.- (Ciento diecinueve mil cuatrocientos veintiséis 00/100 Bolivianos), correspondientes al total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por Omisión de Pago), en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812 y arts. 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), modificados por el art. 2 parágrafos I y II del DS. 2993, la multa por Omisión de Pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 y RND 10-0033-16. Segundo: Calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, sancionándole con el 100% del Tributo Omitido actualizado en UFV, cuyo monto asciende a 20.140 UFV’s equivalente a Bs46.955.- (Cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco 00/100 Bolivianos), importes que forman parte de la liquidación. 

Expuestos los antecedentes del presente caso, corresponde aclarar que al tratarse de un proceso de determinación que concluyó con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa 171979001996, de 30 de diciembre de 2019, acto administrativo que hoy se impugna, esta Autoridad efectuará el análisis a objeto de verificar si corresponde o no la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, considerando que los periodos que 32 de 38

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fueron objeto de verificación fueron enero a noviembre de la gestión 2011, estando vigente en el momento de ocurrido el hecho generador la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, norma que debe ser aplicada a objeto del cómputo de la prescripción, esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1459/2019, AGIT-RJ 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019, AGIT-RJ0422/2020 de 04 de febrero de 2020 y SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, cabe notar que es el último pronunciamiento respecto a la prescripción, por tanto tampoco corresponde la revisión de las Sentencias invocadas por la Administración Tributaria por ser anteriores a esta, adicionalmente la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, moduló la jurisprudencia respecto a la aplicación de la normativa vigente para el cómputo de la prescripción, por lo que su cumplimiento es de carácter vinculante. 

En ese entendido, considerando lo dispuesto en el art. 154, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones, prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria y que de acuerdo a lo establecido en los arts. 59 y 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, el cómputo de los cuatro (4) años para la prescripción, inicia a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; vale decir, que para este caso es necesario hacer la diferenciación de los periodos enero a noviembre de la gestión 2011, de los cuales el periodo de pago respectivo también correspondía en la gestión 2011, por lo cual su cómputo de prescripción, inició a partir del 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015; 

Con relación al periodo diciembre de 2011, considerando el periodo de pago en enero de 2012, por consiguiente el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 

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2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291 y 317, prevé que el término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento el periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención, en consecuencia el cómputo de la prescripción para este periodo comenzó el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016, conforme al criterio de aplicación establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados, por tanto es innegable que la Resolución Determinativa N° 171979001996 ahora impugnada, fue emitida el 30 de diciembre de 2019 y notificada el 31 de diciembre de 2019, cuando las facultades de determinación de la deuda tributaria e incluso la imposición de sanciones ya se encontraban prescritas, no habiéndose evidenciado la concurrencia de las causales de suspensión ni interrupción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

Por otra parte, respecto a lo argüido por la Administración Tributaría en su memorial de contestación al Recurso de Alzada, de que al haberse notificado al sujeto pasivo con una Orden de Verificación, el término para que opere la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses; corresponde tomar en cuenta lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los proceso de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, de lo cual, se infiere que el legislador al establecer en el art. 62, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del término de prescripción, considera el alcance integral que implica este procedimiento, lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión, a diferencia del proceso de verificación puntual, que al abarcar solo ciertos elementos no amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspecto que determina la suspensión del término de la prescripción en los casos de fiscalización. 

En ése contexto, conforme los antecedentes administrativos expuestos, se observa que en el presente caso la Orden de Verificación N° 0014OVI06856, tiene como alcance el Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en el Anexo adjunto a la Orden de Verificación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011; asimismo, detalló como norma aplicable los arts. 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), y siendo que el referido art. 32 establece: “(Procedimientos de verificación y controlpuntual). El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria”; este procedimiento se adecúa a lo determinado en el citado art. 29, inc. c) de la norma antes señalada, el mismo que regula la verificación y control puntual que se inicia con la notificación de una Orden de Verificación. En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o fiscalización a efectuarse, vale decir, 35 de 38 

Justicia tributaria para vivir bien 

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que la causal de suspensión del término de prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada en puntos precedentes que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que efectúe el mismo, no siendo aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos. 

En efecto, en este caso particular no existió causal de suspensión, como interpreta la Administración Tributaria, toda vez que conforme con los arts. 31 y 32 del DS 27310 (RCTB), existe una clara diferencia entre los procedimientos de fiscalización y verificación; por lo tanto, siendo que el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), sólo se refiere al inicio de la fiscalización y este caso, tal como se expuso en la relación de hechos, se inició un procedimiento de verificación, por lo que esta Autoridad no puede realizar una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, no prevista en la Ley 2492 (CTB) y considerarla a efectos del cómputo de la prescripción en este caso, criterio concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0213/2012. 

Finalmente, aclarar a la Administración Tributaria que lo resuelto por esta Autoridad de ninguna manera constituye un pronunciamiento respecto a la inconstitucionalidad de ninguna norma, pues es evidente que la parte recurrente no presentó ningún Recurso de Inconstitucionalidad ante esta instancia, en cuyo caso indiscutiblemente no podría ser admitido y menos resuelto en esta vía, por lo que el argumento de la Administración Tributaria es impertinente y fuera de contexto; del mismo modo, cabe recordarle que esta Autoridad resuelve los Recursos interpuestos observando las garantías constitucionales que les asiste a los recurrentes y en aplicación del parágrafo III del art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB); se sustentan en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable a cada caso particular y conforme a las facultades otorgadas por la Ley 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas a la recurrente, por los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011, precautelando la seguridad jurídica, corresponde revocar totalmente la Resolución 36 de 38

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Determinativa 171979001996, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),, dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se encuentran prescritas, no correspondiendo analizar los demás agravios planteados por la parte recurrente por estar subsumidos en este punto. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa 171979001996, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011, se encuentran prescritas; de acuerdo a los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

37 de

Justifc’ia tributaria para vivir bien 

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Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

III 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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DKSP/ccav/acq/cmmf/apib/nvro ARIT-SCZ/RA 0342/2020 

Directwa Ejecutiva Regional a.i. 

Autoridad Regtonal de 

Impugnación Tributaria Santa r.r-r 

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