ARIT-SCZ-RA-0341-2020 No valorar la totalidad de los descargos vician de nulidad el acto administrativo

ARIT-SCZ-RA-0341-2020

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0341/2020 

Recurrente LOZA S.R.L. Agencia Despachante de 

Aduana, representada por Félix Loza 

Villegas. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Edwin Darleng 

Menacho Callaú. 

Resolución Administrativa 

231970004106, de 27 de diciembre de 

ARIT-SCZ-0089/2020. 

Santa Cruz, 07 de julio de 2020 

VISTOS

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0341/2020 de 07 de julio de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019; mediante 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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mmmmm 

NB/ISO 

9001 

Sistema de Gesi on de ia Calidad 

Certificado 771/14 

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la cual resolvió rechazar la solicitud de nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015, respecto a la declaración jurada con número de orden 7030150650, Form. 19, de diciembre de 2005, a su vez rechazar la solicitud de corrección del formulario N° 19, referido al impuesto IUE correspondiente a diciembre de 2005; y finalmente denegar la solicitud de extinción de la deuda, emergente de la declaración jurada con numero de orden 7030150650, impuesto IUE de diciembre de 2005. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del sujeto pasivo 

LOZA S.R.L. Agencia Despachante de Aduana, representada por Félix Loza Villegas, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 20 de enero de 2020 (fs. 20-25 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa por falta de fundamentación, motivación y valoración de pruebas. 

La recurrente argüyó que el 17 de marzo de 2006, habría presentado ante la Administración Tributaria, el formulario 19 correspondiente al Impuesto de las Utilidades de las Empresas (IUE), de la gestión 2005, y adjuntó a la misma la documentación contable y los descargos correspondientes, impuesto que fue debidamente pagado conforme se evidencia a través de depósito bancario por la suma de Bs.20.579.-; sin embargo, de forma posterior a la presentación de dicha declaración, se enteró que el formulario 19, está destinado a la declaración de las Utilidades de las Empresas Mineras, por consiguiente hubo un error involuntario al declarar utilidades de su agencia; a su vez se suma otro error generado en el mismo formulario, cuando expresa en el rubro 2 Determinación del Saldo Definitivo a Favor del Fisco, la suma de Bs82.314.-, siendo que este monto en el estado de resultados del balance general, correspondía a las utilidades percibidas en la gestión 2005, 2 de 28

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

empero en el mismo formulario en el rubro 3 Importe a Pagar, se menciona la suma de Bs20.579.-, monto que efectivamente corresponde al IUE, que expresa el estado de resultados y que es el monto que efectivamente se canceló al fisco mediante referido deposito. 

También señaló, que en vista de los citados errores, el 16 de septiembre de 2014, sin que se haya iniciado alguna acción fiscalizadora o de cobro coactivo, presentó ante la Administración Tributaria el formulario 500v2-IUE, el cual corrige los errores del formulario 19, consignando los datos correctos y esenciales referidos a las utilidades de la Agencia de la gestión 2005; sin embargo, dicha administración no emitió ninguna comunicación en ningún sentido a la Agencia; al respecto de lo anteriormente señalado, la resolución impugnada se limita a calificar como un pago indebido y como tal tendría que haber realizado el trámite de acción de repetición, afirmación que no contiene fundamentación alguna. 

Indicó también que en fechas 17, 24 y 26 de noviembre y 7 de diciembre, todas del 2015, habría presentado notas a la Administración Tributaria, haciendo notar los errores antes descritos; sin embargo, la resolución impugnada no expone una suficiente valoración de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, prescindiendo de los principios de buena fe, inocencia y verdad material, por consiguiente no justifica técnica ni legalmente la deuda tributaria, y no se pronuncia respecto al pago de la suma de Bs20.579.- por pago del IUE, monto depositado y que ingresó a cuentas fiscales, asimismo no se pronunció sobre la corrección que se hizo en fecha 16 de septiembre de 2014 y sobre las reiteradas notas presentadas oponiéndose a la ejecución tributaria haciendo conocer al SIN que el IUE está cancelado, y que se habría cometido un error en el Formulario 19, ya que dicho formulario figura como obligación de pago Bs.82.314.- siendo que esta suma corresponde al monto imponible, del cual se obtendría el 25% correspondiente a dicho impuesto que sería la suma de Bs20.579, monto efectivamente pagado a través de depósito al Banco Bisa S.A., en tal sentido, señaló que dicha administración no hizo una valoración de las pruebas que contiene el expediente del proceso administrativo, por ello mismo no realizó el análisis de la documentación contable, el pago de los tributos, ni la corrección de errores, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los arts. 115 parágrafo I y 119 parágrafo II de la CPE, en relación al art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

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Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.2 Auto de Admisión. 

Mediante Auto de Admisión de 24 de enero de 2020 (fs. 26 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2020 (fs. 36-40 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando los siguientes argumentos: 

11.3.1 Sobre la vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa por falta de fundamentación, motivación y valoración de pruebas. 

La Administración Tributaria, indicó que el contribuyente declaró y pagó parte del tributo declarado del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a la gestión 2005, en el formulario 19 Versión 1 (Actividades mineras), dicha declaración es una deuda auto determinada, por el mismo contribuyente, haciendo que el contenido de la declaración sea tomado como cierto según lo establecido en el art. 94 de la Ley 2492 (CTB); ahora bien al haber realizado el pago de manera equivocada el contribuyente solicitó la corrección del error a través de las notas antes mencionadas; sin embargo, si bien existe la figura de corrección de errores materiales, además de la rectificación de formulario, se debe señalar que esto no es aplicable para el caso en concreto, ya que el hecho de realizar el pago en un formulario que no corresponda al rubro o actividad del contribuyente recae no en un error que amerite corrección o rectificación, sino más bien, se constituye en un pago indebido, figura establecida en el art. 121 de la Ley 2492 4 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

(CTB), por lo que en estos casos la Administración no obra de oficio, debiendo ser invocada esta acción por el contribuyente en forma y plazos establecidos por ley. 

A su vez manifestó que el plazo para que el contribuyente pueda solicitar acción de repetición respecto a la declaración jurada antes descrita, ya se encuentra prescrito, toda vez que recién después de casi 9 años pretende que la Administración Tributaria ignore la deuda auto determinada considerándola como cancelada cuando en realidad el contribuyente no ha realizado el pago total de la misma; por tanto, inclusive si consideramos que la declaración del Form. 19 se trata de un error involuntario del contribuyente al momento de efectuar su declaración, no es menos cierto que la normativa vigente a la fecha de su declaración era la establecida en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0044-05 de 9 de diciembre de 2005, la cual le permitía realizar acciones para corregirlas dentro de un plazo legalmente establecido para el efecto; sin embargo el mismo contribuyente por negligencia se colocó en estado de indefensión por lo cual no puede alegar vulneración a sus derechos, quedando claro que el contribuyente no debió realizar una nueva declaración mediante el formulario 500v2 y considerarlo como una corrección del error del formulario N° 19, sino más bien como se explicó anteriormente debió solicitar acción de repetición por pago indebido y en el plazo correspondiente; es decir, dentro de los 3 años siguientes de haber realizado el supuesto pago indebido; sin embargo optó por realizar una nueva declaración y posteriormente solicitar a la Administración Tributaria se considere corregida e inválida la declaración realizada mediante el Form. 19, con tal acción, dejando que el plazo para la acción de repetición prescriba, por lo que los argumentos expuestos por la recurrente en este punto quedan desvirtuados. 

También señaló que de la lectura del recurso se puede observar que el contribuyente acepta que la Resolución Administrativa contiene lo peticionado y las pruebas presentadas por el mismo, por lo que no puede alegar que la misma adolece de fundamentación de las pruebas aportadas si el mismo está reconociendo que la Resolución Administrativa ha considerado en su análisis dichos aspectos; asimismo 

la resolución impugnada cuenta con la debida fundamentación tal como se puede

constatar en el considerando III Fundamentación, desarrollándose dentro del mismo todas las pruebas y descargos presentados por el contribuyente y desvirtuando punto por punto cada una de las mismas en los incs. a), b), c), d), e) y f); en este sentido I 5 de 28 

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recurrente al parecer confunde el fallo emitido por la Autoridad de Impugnación Tributaria que ordena se responda a todas las solicitudes y argumentos formulados por el sujeto pasivo, creyendo que por lo mismo se emitiría una resolución que debía ser en todo aspecto favorable a sus intereses, por el contrario la Administración Tributaria ha analizado nuevamente los argumentos expuestos por el contribuyente en sus notas de presentación de descargos y las respectivas pruebas adjuntadas emitiendo un actuado que cumple con todos los requisitos de fundamentación y motivación que debe tener todo acto administrativo, analizando respondiendo y valorando todos los descargos del contribuyente. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019. 

11.4 Apertura del término probatorio 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 18 de febrero de 2020, se sujetó el presente proceso de Recurso de Alzada al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 19 de febrero de 2020, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida (fs. 41-42 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de marzo de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2020, ofreció y ratificó en calidad de pruebas todo el expediente administrativo presentado junto con la contestación al recurso de alzada (fs. 44 del expediente). 

Por su parte, la recurrente, dentro el plazo antes señalado, mediante memorial presentado el 4 de marzo de 2020, ratificó las pruebas presentadas en el proceso en sus fases administrativa y recursiva, también los documentos adjuntos como antecedentes administrativos presentados por el SIN, a su vez presento pruebas a fs. 50, (fs. 97-97 vta. del expediente). 

11.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 15 de junio de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial 6 de 28

aití. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

presentado el 4 de junio de 2020, presentó alegatos escritos bajo los mismos argumentos que la contestación al Recurso de Alzada (fs. 100-102 del expediente), 

Por su parte la recurrente no presentó alegatos en conclusión orales o escritos. III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 17 de marzo de 2006, la recurrente presentó el Formulario 19, con N° de orden 7030150650, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por la gestión 2005 (fs. 115 de antecedentes, c. I). 

III.2. El 12 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015, de 28 de octubre de 2015, el cual resuelve que estando firmes y ejecutoriadas las declaraciones juradas correspondiente al IUE de la gestión 2005 y otros; y conforme a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), se anunció al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día de su legal notificación, (fs. 184 y 181 de antecedentes c. I). 

1.3. El 17 de noviembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria nota S/N, mediante la cual, en atención al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 763300613015, de 28 de octubre de 2015, señaló que los cargos o la deuda que se le atribuye se encuentra pagada en su oportunidad, ahora bien respecto al formulario 19 correspondiente al IUE, por error en el llenado del formulario figura como obligación de pago Bs.82.314.-, siendo así que esta suma corresponde al monto imponible, del que se obtendrá el 25%, que resulta ser Bs.20.579.-, que fue pagado, al respecto ha reclamado en el SIN, donde se le indicó que al tratarse de gestión pasada 2005, en el sistema agarraría después de tiempo, situación que no sucede a la fecha, y cuando intentó corregir el formulario 19 no les acepta el actual F /•••ü 

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500, manifestando la computadora que no hay formulario declarado (fs. 1-2 de antecedentes c. I). 

A su vez, el 27 de noviembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria la nota S/N, mediante la cual arrimó descargos en relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015, de 28 de octubre de 2015, señalando que no tendría ninguna deuda tributaria, ya que la misma se pagó en su oportunidad conforme certifican las resoluciones y los autos dictados por el SIN, ratificado lo expuesto precedentemente en relación al IUE, y adjuntado estados financieros del 2005, junto con el estado de resultados. En la misma fecha también presentó nota S/N, mediante el cual mencionó el error en el F-19, el cual fue pagado, en tal sentido por observación del SIN estaría tramitando su corrección misma que puede demorar unos días, por lo que solicitó una prórroga para obtener corregido el indicado formulario, (fs. 10-11 de antecedentes c. I). 

De igual forma, el 7 de diciembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria la nota S/N, mediante la cual, en relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015, de 28 de octubre de 2015, expuso que para pagar el IUE de la gestión 2005, habría utilizado involuntariamente el formulario 19, al cual nunca estuvo obligada, como puede revisarse en el padrón de contribuyentes, y para peor, el formulario fue llenado con errores aritméticos, este formulario luego de ser pagado fue revisado por el control de obligaciones fiscales del SIN, dándole su conformidad, empero la utilización del formulario 19 no le correspondía ya que en esa gestión estaban vigentes los formulario 80-IUE, entre otros, pero en ningún momento tenía la obligación de utilizar el formulario 19, para pagar el IUE de la gestión 2005, solicitando se disponga la anulación del PIET únicamente en lo que se refiere al punto 1 código 96165, del PIET referido al pago del IUE. (fs. 77-78 de antecedentes c. I). 

Igualmente, el 21 de marzo de 2017, la recurrente presenta ante la Administración Tributaria, nota S/N a través de la cual hace un reclamo por la ausencia de respuesta a las notas presentadas con anterioridad, señalando que para solucionar y corregir este error, ha explicado varias veces y sin 8 de 28

aití. 

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Impugnación Tributaria 

resultado alguno, en vista de la falta de respuesta, elevó consulta si le corresponde acogerse a las disposiciones legales como art. 74 de la Ley 2492 (CTB), art. 31 del D.S. 23412 y art. 56 del D.S. 27113 (RCTB), aclarando que solo se trata de una corrección por un error material y no deuda tributaria, (fs. 138-139 de antecedentes c. I). 

Por otra parte, el 10 de enero de 2018, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria memorial solicitando se declare extinta la deuda tributaria, haciendo mención a las explicaciones anteriores en relación a que por un error involuntario el IUE correspondiente a la gestión 2005, fue declarado en el formulario 19, siendo lo correcto el formulario 80, así también la suma declarada expresa la suma de Bs.82.314.-, como monto imponible, correspondiendo el pago del 25% el IUE la suma de Bs20.579.- monto que fue depositado con de orden 7030150650, pidiendo se acepte la corrección de datos y que se declare la extinción de la deuda tributaria, (fs. 141-141 vta. de antecedentes c. I). 

A su vez el 7 de febrero de 2018, nuevamente reclamó la falta de respuesta a sus anteriores notas, también hace notar nuevamente el error en la declaración del Form. 19 correspondiente al IUE de la gestión 2005, solicitando se le aclare por qué concepto y base imponible se toma para determinar un saldo deudor de Bs.82.314.-, estando seguros de no tener ninguna deuda, (fs. 163-165 de antecedentes c. I). 

.4. El 28 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Proveído 241876000314, de 27 de marzo de 2018, el cual señaló que, se deja sin efecto la ejecución tributaria iniciada a través del PIET 763300613015, de 28 de octubre de 2015, únicamente por las declaraciones juradas sometidas dentro de la facilidad de pago manteniendo firme y subsistente la ejecución tributaria por la declaración jurada correspondiente al formulario 19 por el IUE por la gestión 2005, a su vez indicó que se evidencia que el contribuyente presentó la Declaración Jurada con Orden Nc 7030150650 form. 19 IUE, correspondiente a las actividades 

mineras; sin embargo, de la verificación del sistema SIRAT-II, se evidencia 7<L 

que el sujeto pasivo no registra como aporte de sus obligaciones tributaria el 9 de 28 

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formulario 19; es decir que el mismo no registra actividad en el rubro sector minero; ahora bien señaló que, si el sujeto pasivo hubiera presentado, pagado erróneamente y/o indebidamente la Declaración Jurada con Orden 7030150650, respecto al importe de pagado, correspondía iniciar el procedimiento de acción de repetición establecido en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido de la verificación de la Declaración Jurada con la referida orden se evidencia que la misma fue presentada en fecha 17 de marzo de 2006, por lo que se encontraría prescrita. Con respecto a lo manifestado por el impetrante corresponde informar que el importe determinado en la Declaración Jurada antes señalada, es auto determinada por el sujeto pasivo y no así la Administración Tributaria; por lo que, conforme el art. 78 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), siendo que el sujeto pasivo presentó y pagó erróneamente la referida declaración jurada, era responsabilidad de quien suscribió, realizar el procedimiento de Acción de Repetición y/u otros trámites administrativos que correspondan, con anterioridad a que prescriba el mismo; sin embargo no lo hubiese realizado, por lo que no corresponde suspender el proceso de ejecución tributaria, (fs. 231-234 de antecedentes c. II). 

111.5. El 19 de febrero de 2019, la recurrente presentó a la Administración Tributaria, memorial mediante el cual indicó que en fecha 1 de octubre de 2018, fue notificado con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2074/2018, emitido el 25 de septiembre de 2018, mediante la cual se anula obrados hasta el Proveído 241876000314, debiendo la Administración Tributaria, emitir un nuevo acto administrativo fundamentado que responda a todas las solicitudes y argumentos formulados por el sujeto pasivo; también indicó que en vista de ello corresponde que se emita el correspondiente Auto de Conclusiones a efectos de evitar caer en la subsumisión en contravenciones establecidas y tipificadas en el Código Penal, (fs. 174 de antecedentes c. I). 

111.6. El 28 de agosto de 2019, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Auto Motivado 54197000050, de 23 de agosto de 2019, el cual resolvió declarar la nulidad parcial del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 763300613015, de 28 de octubre de 2015, respecto a las DDJJ correspondientes al IVA de diferentes periodos; a su vez mantiene firme y 10 de 28

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

subsistente dicho proveído respecto a la DDJJ del IUE, form. 19, N° de Orden 

7030150650, correspondiente a la gestión 2005, (fs. 277-282 de antecedentes 

  1. II). 

III.7. El 3 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notifico personalmente con la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019; 

mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de nulidad del Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria 763300613015, respecto a la declaración jurada 

con número de orden 7030150650, Form. 19, de diciembre de 2005, a su 

vez rechazar la solicitud de corrección del formulario 19, referido al 

impuesto IUE correspondiente a diciembre de 2005; y finalmente denegar la 

solicitud de extinción de la deuda, emergente de la declaración jurada con 

numero de orden 7030150650, impuesto IUE de diciembre de 2005, (fs. 283- 

295 de antecedentes c. II). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente denunció como único agravio: 1. Vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa por falta de fundamentación, motivación y valoración de pruebas. 

IV.1. Cuestión Previa. 

Con carácter previo, corresponde señalar que si bien la recurrente solicitó en su Recurso de Alzada la revocatoria de la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019; sin embargo, de la revisión a los argumentos esgrimidos en el citado Recurso, se advierten cuestiones de forma, que se constituirían en vicios de nulidad; al respecto es importante aclarar que en el marco de la previsión contenida en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB) y criterios establecidos por la máxima instancia administrativa, precautelando el derecho a la defensa tanto para la recurrente como para la Administración recurrida, esta instancia verificará la existencia o no de los vicios de nulidad reclamados y si estos ocasionaron la indefensión de los administrados o lesionaron el interés público y de no ser evidentes, se determinará lo que en derecho corresponda. 

de 28 N8/IS0 

9001 

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IV.2. Vulneración al derecho del debido proceso y a la defensa. 

En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su num. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta LTDA, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

En cuanto al debido proceso el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional 0551/2012, de 20 de julio de 2012, la cual señala que: “…el debido proceso como una garantía jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la manera siguiente: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.”..De la misma manera, la Sentencia Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías 12 de 28

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Impugnación Tributaria 

constitucionales del debido proceso, expresando textualmente que: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran 

justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”. 

De igual modo, lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”. 

Al respecto, del Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

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9001 

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La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. A su vez, el art. 28 incs. b), d) y e) de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo a lo establecido por el art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señala el acto administrativo deberá constituirse, entre otros, de elementos esenciales como “procedimiento. 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulabíes los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total 14 de 28

Autoridad de 

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y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

En cuanto al Principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “(…) la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…”. 

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la CPE, está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia. 

Dentro de este contexto legal constitucional, se resolverá cada uno de los aspectos alegados por la recurrente. 

IV.3. Vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa por falta de fundamentación, motivación y valoración de pruebas. 

La recurrente argüyó que el 17 de marzo de 2006, habría presentado ante la Administración Tributaria, el formulario 19 correspondiente al Impuesto de las Utilidades de las Empresas (IUE), de la gestión 2005, y adjuntó a la misma la 15 de 28 

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documentación contable y los descargos correspondientes, impuesto que fue debidamente pagado conforme se evidencia a través de depósito bancario por la suma de Bs.20.579.-; sin embargo, de forma posterior a la presentación de dicha declaración, se enteró que el formulario 19, está destinado a la declaración de las Utilidades de las Empresas Mineras, por consiguiente hubo un error involuntario al declarar utilidades de su agencia; a su vez se suma otro error generado en el mismo formulario, cuando expresa en el rubro 2 Determinación del Saldo Definitivo a Favor del Fisco, la suma de Bs82.314.-, siendo que este monto en el estado de resultados del balance general, corresponda a las utilidades percibidas en la gestión 2005, empero en el mismo formulario en el rubro 3 Importe a Pagar, se menciona la suma de Bs20.579.-, monto que efectivamente corresponde al IUE, que expresa el estado de resultados y que es el monto que efectivamente se canceló al fisco mediante referido deposito. 

También señaló, que en vista de los citados errores, el 16 de septiembre de 2014, sin que se haya iniciado alguna acción fiscalizadora o de cobro coactivo, presentó ante la Administración Tributaria el formulario 500v2-IUE, el cual corrige los errores del formulario 19, consignando los datos correctos y esenciales referidos a las utilidades de la Agencia de la gestión 2005; sin embargo, dicha administración no emitió ninguna comunicación en ningún sentido a la Agencia; al respecto de lo anteriormente señalado, la resolución impugnada se limita a calificar como un pago indebido y como tal tendría que haber realizado el trámite de acción de repetición, afirmación que no contiene fundamentación alguna. 

Indicó también que en fechas 17, 24 y 26 de noviembre y 7 de diciembre, todas del 2015, habría presentado notas a la Administración Tributaria, haciendo notar los errores antes descritos; sin embargo, la resolución impugnada no expone una suficiente valoración de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, prescindiendo de los principios de buena fe, inocencia y verdad material, por consiguiente no justifica técnica ni legalmente la deuda tributaria, y no se pronuncia respecto al pago de la suma de Bs20.579.- por pago del IUE, monto depositado y que ingresó a cuentas fiscales, asimismo no se pronunció sobre la corrección que se hizo en fecha 16 de septiembre de 214 y sobre las reiteradas notas presentadas oponiéndose a la ejecución tributaria haciendo conocer al SIN que el IUE está cancelado, y que se habría cometido un error en el Formulario 19, ya que dicho formulario figura como 16 de 28

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Impugnación Tributaria 

óbíigácíóh de pago Bs.82.314.- siendo que esta suma corresponde al monto imponible, del cual se obtendría el 25% correspondiente a dicho impuesto que sería la suma de Bs20.579, monto efectivamente pagado a través de depósito al Banco Bisa S.A., en tal sentido, señaló que dicha administración no hizo una valoración de las pruebas que contiene el expediente del proceso administrativo, por ello mismo no realizó el análisis de la documentación contable, el pago de los tributos, ni la corrección de errores, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los arts. 115 parágrafo I y 119 parágrafo II de la CPE, en relación al art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

Por su parte, la Administración Tributaria, indicó que el contribuyente declaró y pagó parte del tributo declarado del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a la gestión 2005, en el formulario N° 19 Versión 1 (Actividades mineras), dicha declaración es una deuda auto determinada, por el mismo contribuyente, haciendo que el contenido de la declaración sea tomado como cierto según lo establecido en el art. 94 de la Ley 2492 (CTB); ahora bien al haber realizado el pago de manera equivocada el contribuyente solicitó la corrección del error a través de las notas antes mencionadas; sin embargo, si bien existe la figura de corrección de errores materiales, además de la rectificación de formulario, se debe señalar que esto no es aplicable para el caso en concreto, ya que el hecho de realizar el pago en un formulario que no corresponda al rubro o actividad del contribuyente recae no en un error que amerite corrección o rectificación, sino más bien, se constituye en un pago indebido, figura establecida en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en estos casos la Administración no obra de oficio, debiendo ser invocada esta acción por el contribuyente en forma y plazos establecidos por ley. 

A su vez manifestó que el plazo para que el contribuyente pueda solicitar acción de repetición respecto a la declaración jurada antes descrita, ya se encuentra prescrito, toda vez que recién después de casi 9 años pretende que la Administración Tributaria ignore la deuda auto determinada considerándola como cancelada cuando en realidad el contribuyente no ha realizado el pago total de la misma; por tanto, inclusive si consideramos que la declaración del Form. 19 se trata de un error involuntario del contribuyente al momento de efectuar su declaración, no es menos 

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cierto que la normativa vigente a la fecha de su declaración era la establecida en la Resolución Normativa de Directorio 10-0044-05 de 9 de diciembre de 2005, la cual 17 de 28 

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le permitía realizar acciones para corregirlas dentro de un plazo legalmente establecido para el efecto; sin embargo el mismo contribuyente por negligencia se colocó en estado de indefensión por lo cual no puede alegar vulneración a sus derechos, quedando claro que el contribuyente no debió realizar una nueva declaración mediante el formulario 500v2 y considerarlo como una corrección del error del formulario N° 19, sino más bien como se explicó anteriormente debió solicitar acción de repetición por pago indebido y en el plazo correspondiente; es decir, dentro de los 3 años siguientes de haber realizado el supuesto pago indebido; sin embargo optó por realizar una nueva declaración y posteriormente solicitar a la Administración Tributaria se considere corregida e inválida la declaración realizada mediante el Form. 19, con tal acción, dejando que el plazo para la acción de repetición prescriba, por lo que los argumentos expuestos por el recurrente en este punto quedan desvirtuados. 

También señaló que de la lectura del recurso se puede observar que el contribuyente acepta que la Resolución Administrativa contiene lo peticionado y las pruebas presentadas por el mismo, por lo que no puede alegar que la misma adolece de fundamentación de las pruebas aportadas si el mismo está reconociendo que la Resolución Administrativa ha considerado en su análisis dichos aspectos; asimismo la resolución impugnada cuenta con la debida fundamentación tal como se puede constatar en el considerando III Fundamentación, desarrollándose dentro del mismo todas las pruebas y descargos presentados por el contribuyente y desvirtuando punto por punto cada una de las mismas en incs. a), b), c), d), e) y f)¡ en este sentido el recurrente al parecer confunde el fallo emitido por la Autoridad de Impugnación Tributaria que ordenada se responda a todas las solicitudes y argumentos formulados por el sujeto pasivo, creyendo que por lo mismo se emitiría una resolución que debía ser en todo aspecto favorable a sus intereses, por el contrario la Administración Tributaria ha analizado nuevamente los argumentos expuestos por el contribuyente en sus notas de presentación de descargos y las respectivas pruebas adjuntadas emitiendo un actuado que cumple con todos los requisitos de fundamentación y motivación que debe tener todo acto administrativo, analizando, respondiendo y valorando todos los descargos del contribuyente. 

Al respecto, de la compulsa de antecedentes, se establece que el 17 de marzo de 2006, la recurrente presento el Formulario 19, con de orden 7030150650, 18 de 28

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por la gestión 2005 (fs. 115 de antecedentes, c. I). 

En relación a ello, el 12 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 763300613015, de 28 de octubre de 2015, el cual resuelve que estando firmes y ejecutoriadas las declaraciones juradas correspondiente al IUE de la gestión 2005 y otros; y conforme a lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), se anunció al contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día de su legal notificación, (fs. 184 y 181 de antecedentes c. I). 

Posteriormente, el 17 de noviembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria nota S/N, mediante la cual, en atención al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 763300613015, de 28 de octubre de 2015, señaló que los cargos o la deuda que se le atribuye se encuentra pagada en su oportunidad, ahora bien respecto al formulario 19 correspondiente al IUE, por error en el llenado del formulario figura como obligación de pago Bs.82.314.-, siendo así que esta suma corresponde al monto imponible, del que se obtendrá el 25%, que resulta ser Bs.20.579.-, que fue pagado, al respecto ha reclamado en el SIN, donde se le indicó que al tratarse de gestión pasada 2005, en el sistema agarraría después de tiempo, situación que no suceda a la fecha, y cuando intentó corregir el formulario 19 no les acepta el actual F-500, manifestando la computadora que no hay formulario declarado (fs. 1-2 de antecedentes c. I). A su vez, el 27 de noviembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria la nota S/N, mediante la cual arrimó descargos en relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015, de 28 de octubre de 2015, señalando que no tendría ninguna deuda tributaria, ya que la misma se pagó en su oportunidad conforme certifican las resoluciones y los autos dictados por el SIN, ratificado lo expuesto precedentemente en relación al IUE, adjuntado estados financieros del 2005, junto con el estado de resultados. En la misma fecha también presentó nota S/N, mediante el cual mencionó el error en el F-19, el cual fue pagado, en tal sentido por observación del SIN estaría tramitando su corrección misma que puede demorar unos días, por lo que solicitó una prórroga para obtener corregido el indicado formulario, (fs. 10-11 de antecedentes c. 

I). 

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De igual forma, el 7 de diciembre de 2015, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria la nota S/N, mediante la cual, en relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015, de 28 de octubre de 2015, expuso que para pagar el IUE de la gestión 2005, habría utilizado involuntariamente el formulario N° 19, al cual nunca estuvimos obligados, como puede revisarse en el padrón de contribuyentes, y para peor, el formulario fue llenado con errores aritméticos, este formulario luego de ser pagado fue revisado por el control obligaciones fiscales del SIN, dándole su conformidad, empero la utilización del formulario N° 19 no nos correspondía ya que en esa gestión estaban vigentes los formulario 80-IUE, entre otros, pero en ningún momento tenía la obligación de utilizar el formulario N° 19, para pagar el IUE de la gestión 2005, solicitando se disponga la anulación del PIET únicamente en lo que se refiere al punto N° 1 código 96165, del PIET referido al pago del IUE. (fs. 77-78 de antecedentes c. I). Igualmente, el 21 de marzo de 2017, la recurrente presenta ante la Administración Tributaria, nota S/N a través de la cual hace un reclamo por la ausencia de respuesta a las notas presentadas con anterioridad, señalando que para solucionar y corregir este error, hemos explicado varias veces y sin resultado alguno, en vista de la falta de respuesta, elevo consulta si le corresponde acogernos a las disposiciones legales como art. 74 de la Ley 2492 (CTB), art. 31 del D.S. 23412 y art. 56 del D.S. 27113 (RCTB), aclarando que solo se trata de una corrección por un error material y no deuda tributaria, (fs. 138-139 de antecedentes c. I). 

Por otra parte, el 10 de enero de 2018, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria memorial solicitando se declare extinta la deuda tributaria, haciendo mención a las explicaciones anteriores en relación a que por un error involuntario el IUE correspondiente a la gestión 2005, fue declarado en el formulario 19, siendo lo correcto el formulario 80, así también la suma declarada expresa la suma de Bs.82.314.-, como monto imponible, correspondiendo el pago del 25% el IUE la suma de Bs20.579.- monto que fue depositado con de orden 7030150650, pidiendo se acepta la corrección de datos y que se declare la extinción de la deuda tributaria, (fs. 141-141 vta. de antecedentes c. I). A su vez el 7 de febrero de 2018, nuevamente reclamo la falta de respuesta a sus anteriores notas, también hace notar nuevamente el error en la declaración del Form. 19 correspondiente al IUE de la gestión 2005, solicitando se le aclare por qué concepto y base imponible se toma para determinar 

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un saldo deudor de Bs.82.314.-, estando seguros de no tener ninguna deuda, (fs. 163-165 de antecedentes c. I). 

Continuando con la compulsa el 28 de marzo de 2018, la Administración Tributaria notifico personalmente a la recurrente con el Proveído 241876000314, de 27 de marzo de 2018, el cual señaló que, se deja sin efecto la ejecución tributaria iniciada a través del PIET 763300613015, de 28 de octubre de 2015, únicamente por las declaraciones juradas sometidas dentro de la facilidad de pago manteniendo firme y subsistente la ejecución tributaria por la declaración jurada correspondiente al formulario 19 por el IUE por la gestión 2005, a su vez indicó que se evidencia que el contribuyente presentó la Declaración Jurada con Orden 7030150650 form. 19 IUE, correspondiente a las actividades mineras; sin embargo, de la verificación del sistema SIRAT-II, se evidencia que el sujeto pasivo no registra como aporte de sus obligaciones tributaria el formulario 19; es decir que el mismo no registra actividad en el rubro sector minero; ahora bien señaló que, si el sujeto pasivo hubiera presentado, pagado erróneamente y/o indebidamente la Declaración Jurada con Orden 7030150650, respecto al importe de pagado, correspondía iniciar el procedimiento de acción de repetición establecido en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido de la verificación de la Declaración Jurada con referida orden se evidencia que la misma fue presentada en fecha 17 de marzo de 2006, por lo que se encontraría prescrita. Con respecto a lo manifestado por el impetrante corresponde informar que el importe determinado en la Declaración Jurada antes señalada, es auto determinada por el sujeto pasivo y no así la Administración Tributaria; por lo que, conforme el art. 78 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), siendo que el sujeto pasivo presentó y pagó erróneamente la referida declaración jurada, era responsabilidad de quien suscribió, realizar el procedimiento de Acción de Repetición y/u otros trámites administrativos que correspondan, con anterioridad a que prescriba el mismo; sin embargo no lo hubiese realizado, por lo que no corresponde suspender el proceso de ejecución tributaria, (fs. 231-234 de antecedentes c. II). 

Es así que 19 de febrero de 2019, la recurrente presentó a la Administración Tributaria, memorial mediante el cual indicó que en fecha 1 de octubre de 2018, fue notificado con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2074/2018, emitido el 25 de septiembre de 2018, mediante la cual se anuló obrados hasta el Proveído 241876000314, debiendo la Administración Tributaria, emitir un nuevo acto 

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administrativo fundamentado que responda a todas las solicitudes y argumentos formulados por el sujeto pasivo; también indicó que en vista de ello corresponde que se emita el correspondiente Auto de Conclusiones a efectos de evitar caer en la subsumisión en contravenciones establecidas y tipificadas en el Código Penal, (fs. 174 de antecedentes c. I). 

Por su parte, el 28 de agosto de 2019, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Auto Motivado 54197000050, de 23 de agosto de 2019, el cual resolvió declarar la nulidad parcial del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 763300613015, de 28 de octubre de 2015, respecto a las DDJJ correspondientes al IVA de diferentes periodos; a su vez mantiene firme y subsistente dicho proveído respecto a la DDJJ del IUE, form. 19, N° de Orden 7030150650, correspondiente a la gestión 2005, (fs. 277-282 de antecedentes c. II). 

Finalmente, el 3 de enero de 2020, la Administración Tributaria, notifico personalmente con la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019; mediante la cual resolvió rechazar la solicitud de nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 763300613015, respecto a la declaración jurada con número de orden N° 7030150650, Form. 19, de diciembre de 2005, a su vez rechazar la solicitud de corrección del formulario 19, referido al impuesto IUE correspondiente a diciembre de 2005; y finalmente denegar la solicitud de extinción de la deuda, emergente de la declaración jurada con numero de orden 7030150650, impuesto IUE de diciembre de 2005, (fs. 283-295 de antecedentes c. II). 

Ahora bien, en atención al argumento planteado por la recurrente que versa sobre el error cometido en la utilización del formulario en la Declaración del IUE correspondiente a la gestión 2005, puesto que lo habría registrado como formulario 19, siendo éste formulario destinado a otro rubro, por otra parte también indicó que existía un error en el monto señalado en dicha declaración, pues habría registrado la suma de Bs. 82.314.- que es el monto correspondiente a la totalidad de las utilidades de señalada gestión, siendo lo correcto Bs20.579.-, equivalente al 25% de las utilidades antes mencionado; en tal sentido, el 16 de septiembre de 2014, sin que se haya iniciado alguna acción fiscalizadora o de cobro coactivo, presentó ante la Administración Tributaria el formulario 500v2-IUE, el cual corrige los errores del formulario 19, consignando los datos correctos y esenciales referidos a las utilidades 22 de 28

ait! 

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de la Agencia de la gestión 2005; sin embargo, dicha administración no emitió ninguna comunicación en ningún sentido a la Agencia; al respecto de lo anteriormente señalado, la resolución impugnada se limita a calificar como un pago indebido y como tal tendría que haber realizado el trámite de acción de repetición, afirmación que no contiene fundamentación alguna. Asimismo agravio la falta de atención a las reiteradas notas presentadas para hacer conocer dichos errores, por lo que la Administración Tributaria no habría realizado una correcta valoración de las pruebas vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los arts. 115 parágrafo I y 119 parágrafo II de la CPE, en relación al art. 68 de la Ley 2492 (CTB); por consiguiente no justifica técnica ni legalmente la deuda tributaria, y no se pronuncia respecto al pago de la suma de Bs20.579.- por pago del IUE. 

Por consiguiente, de la revisión al contenido de la Resolución Administrativa 231970004106 de 27 de diciembre de 2019, en su considerando III (Fundamentación) procede a atender las solicitudes de la recurrente en los siguientes incisos: “a) De la presentación de descargos.- (…) En respuesta a estas notas se debe manifestar que, todos los descargos presentados por el contribuyente fueron considerados para la respectiva emisión del Auto Motivado N° 541970000050, de 23 de agosto de 2019 y considerados para la emisión del presente acto (…); b) De la solicitud de nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015.- (…) al respecto la Administración Tributaria, se pronunció a través del Auto Motivado N” 541970000050, de 23 de agosto de 2019, acto en el que se resolvió declarar la nulidad parcial del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 763300613015, en cuanto a las declaraciones juradas que se encuentran con facilidad de pago, cumplida, excluyendo de estas a la declaración jurada que cuenta con N° de Orden 7030150650, dejando este firme y subsistente, hasta la recuperación total de la deuda. Esta administración al haberse pronunciado en el acto administrativo señalado, no tiene otro criterio más que emitir; c) De la corrección del formulario N° 19.- (…) el contribuyente declaró y pago el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas correspondiente a la gestión 2005, en el formulario N” 19 Versión 1 (actividades mineras) con N° Orden 7030150650, de 17/03/2006, siendo que el formulario correcto a pagar era el N° 80, conforme a lo establecido en el art. 76 parágrafo I de la Ley 2492 del (CTB) (…), se entiende que la declaración jurada es una deuda auto determinada, por el mismo contribuyente, haciendo que el contenido de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario. Al haber realizado el pago de manera equivocada ei 23 de 28 

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contribuyente solicitó la corrección del error a través de las notas antes mencionadas. Sin embargo, cabe hacer notar que, en nuestra normativa, si bien existe la figura de corrección de errores materiales, además de la rectificación de formularios se debe señalar que este no es aplicable para el caso en concreto, ya que el hecho de realizar el pago en un formulario que no corresponde al rubro o actividad del contribuyente recae no en un error que amerite corrección o rectificación, son más bien, se constituye en el pago de lo indebido, figura que infiere en lo establecido en el art. 121 de la Ley 2492 (CTB) (…)”. 

Continuando, en el inc. inc. d) De la extinción de la deuda. -, señala: “(…) en respuesta a dicha solicitud, es fundamental aclarar al contribuyente que se entiende como forma de extinción el pago, cuando este cumple con lo establecido en el art. 53 de la Ley 2492 (CTB) (…). De lo expuesto se infiere que la certificación de pago se refleja en el FORMULARIO N° 19 que corresponde a las actividades mineras, siendo que el sujeto pasivo no registra actividad en el sector minero, si bien el contribuyente acusa error involuntario al respecto, ocasionado por mismo, no es función de la Administración Tributaria realizar la declaración y/o pago correcto de lo indebidamente pagado y menos aún reconoce el pago en el formulario equivocado, pues es el mismo sistema de la administración que desconoce este procedimiento, es por esta razón que lo planteado por el contribuyente no se configura con lo establecido en nuestra normativa, razón por la cual, la Administración Tributaria determina la deuda, por la presentación de declaraciones juradas no pagadas o pagadas parcialmente (…)”, seguidamente, en el Inc. e) Aclaración del hecho imponible para determinar saldo deudor.- (…), sostiene que: ” Aclarando la solicitud del contribuyente debemos citar los expuesto por el mismo LOZA S.R.L. pago el IUE conforme lo determino el Balance General al 31 de diciembre de 2005, sobre un imponible de Bs.82.314.-, siendo el 25% Bs20.579. Es decir, que la base imponible surge a partir de lo determinado por el mismo contribuyente, sin necesidad de aclarar más al respecto”. Finalmente, en el inc. f) solicitud de cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2074/2018, concluye que: “En cuanto a ello, se sostiene que, al identificarse y responderse todas las solicitudes del contribuyente de manera fundamentada mediante el presente acto administrativo, se da estricto cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2074/2018. De este modo, no corresponde emitir mayores comentarios sobre ello”. 

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Expuesto lo anterior, se tiene que de los incs. a) y b) del considerando III de la Resolución Administrativa impugnada, en relación a los descargos y a la solicitud de nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 763600613015, se observa que la Administración Tributaria, se limitó a señalar que sobre estos puntos, ya se habría pronunciado en el Auto Motivado 541970000050, de 23 de agosto de 2019, teniéndose que directamente se remitió a otra actuación administrativa sin realizar ningún análisis de los descargos descritos en el contenido del acto impugnado lo cual refleja una respuesta general en la resolución ahora recurrida; con relación al inc. c) del considerando III de la misma resolución hoy impugnada, se observa que la Administración Tributaria reconoció que el contribuyente declaró y pagó el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas correspondiente a la gestión 2005 en el formulario 19 versión 1 (actividades mineras), siendo que el formulario correcto a presentar y pagar era el formulario 80, empero y pese a ello, pretende ejecutar el saldo a favor del fisco declarado incorrectamente en el formulario 19, vale decir, por una parte, reconoce que el sujeto pasivo realizó la declaración y el pago del IUE en un formulario que no le correspondía, sin embargo, omite pronunciarse sobre si el monto pagado en el referido formulario 19, es correcto en relación a la determinación del IUE reflejada en los EEFF (fs. 99 a 102 de antecedentes), que le correspondía pagar por la gestión 2005, seguidamente argumentó que la declaración jurada es una deuda auto determinada por el mismo contribuyente y que el hecho de realizar un pago en un formulario que no corresponde al rubro o actividad del contribuyente recae, no en un error que amerite corrección o rectificación, sino más bien se constituye en un pago indebido, figura que infiere, se adecúa al art. 121 de la Ley 2492 (CTB), aspectos que ocasionan a confusión; pues el recurrente, no pretende la devolución de lo pagado, sino demostrar que lo declarado en el formulario N° 19 es incorrecto, a su vez no se evidencia fundamentación o justificación alguna en relación a la normativa que regula la corrección de errores, tampoco se reflejó en el contenido si corresponde o no la corrección de dichos errores y por qué, en suma, no se observa una explicación clara y fundamentada sobre lo solicitado por la recurrente en relación a los errores incurridos en la presentación de dicho formulario y su efecto en el IUE de la gestión 2005. 

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Asimismo, respecto del inc. d) considerando III de la Resolución Administrativa impugnada, la Administración Tributaria menciona el error del formulario 19 en relación al rubro, pues la recurrente no se dedica a la actividad minera; sin embargo 25 de 28 

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insiste en que el contribuyente habría realizado un pago indebido, ya que es desconocido dicho procedimiento por el sistema de dicha administración; empero no expone la normativa que regula dicho procedimiento o sistema; por otra parte en relación al inc. e) del mismo considerando III, la Administración Tributaria se limita a indicar que la base imponible surge a partir de lo determinado por el mismo contribuyente, sin hacer ningún pronunciamiento sobre la validez de dicho aspecto, es decir que no hizo uso de sus facultades de investigación y no se expone en el contenido del acto impugnado valoración alguna sobre el balance general, si el resultado de dicho balance concuerda con lo establecido como base imponible en la declaración observada, dejando en duda al contribuyente al respecto, toda vez que la Administración Tributaria al rechazar la nulidad del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 763300613015, pretende ejecutar la deuda del F-19 que fue auto determinada por la recurrente, es decir por el monto original declarado, sin considerar que la misma Administración reconoció que existe un error en la utilización del citado formulario por parte del contribuyente; finalmente en relación al ¡nc. f) considerando III de la resolución administrativa impugnada, solo se limita a indicar que la Administración Tributaria dio cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2074/2018, sin exponer mayores criterios al respecto. 

No obstante, de que en el 1cto Impugnado cita y hace referencia a las notas presentadas por la recurrente como descargos y solicitudes; se evidencia la falta de pronunciamiento respecto a la totalidad de los descargos y peticiones realizadas por la recurrente, situación que desde luego es lesiva y lesiona el derecho de petición y la garantía constitucional del debido proceso, consagrados en los arts. 24, 115 parágrafo II, 117 parágrafo I y 119 de la CPE, toda vez que la Administración se encuentra obligada a sustentar técnica y legalmente su posición más aun cuando determina un pago indebido y el hecho de señalar que fue el contribuyente quien declaró y se auto determinó ni implica que se encuentre exenta de fundamentar sus investigaciones en procura y aplicación de la verdad material, en ese sentido debió emitir pronunciamiento respecto a la totalidad de pruebas, descargos y peticiones, realizadas por la recurrente. 

Ahora bien, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la 

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autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron aljuzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”. Por otro lado, la Sentencia Constitucional 1326/2010-R, de 20 de septiembre de 2010, expone: “La motivación no implicara la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas”. 

Respecto de lo anteriormente señalado, la jurisprudencia constitucional, misma que es vinculante en relación a lo establecido en el art. 203 de la CPE, dispone claramente que todo acto administrativo y/ judicial, debe de contener la debida fundamentación y motivación; y si bien, dicho aspecto no significa que se emitan explicaciones ampulosas, no obstante, debe de ser clara y satisfacer todos los puntos demandados, situación que no se observa en el contenido del acto hoy recurrido, como se expone ut supra. 

En este contexto, es indubitable el hecho de que la Administración Tributaria emitió el acto impugnado vulnerando los derechos y garantías de la recurrente, toda vez que omitió considerar todas las alegaciones de la recurrente en relación con la controversia suscitada; en efecto, incumplió de esta forma lo establecido en los arts. 27 y 28 inc. e) de la LPA en su elemento fundamentación, así como los derechos del sujeto pasivo a un debido proceso y a la defensa, consagrados en los arts. 24 y 115 parágrafo II de la CPE; art. 68, nums. 2 y 6 del CTB, en virtud a lo previsto en los arts. 36 parágrafo II de la LPA y 55 del RLPA, aplicables supletoriamente por disposición del art. 201 del CTB, por lo que, corresponde a esta instancia de alzada en procura 

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de resguardar las garantías constitucionales, otorgar la razón al recurrente y anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019 inclusive, con el objeto de que la 

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Administración Tributaria emita un nuevo acto con la debida motivación y fundamentación y realice el análisis correspondiente a los descargos y solicitudes presentadas por el recurrente. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Resolución Administrativa 231970004106, de 27 de diciembre de 2019, inclusive, con el objeto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto con la debida motivación y fundamentación y realice el análisis correspondiente a los descargos y solicitudes presentadas por el recurrente, de acuerdo a los fundamentos técnico – 

jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

^’^Regístrese, notifíquese ycúmplase. 

\P~ V*B\v// 

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“ARIT-SCZ/RA 0341/2020 

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