ARIT-SCZ-RA-0336-2020 El computo de la prescripción en Devoluciones Indebidas Posteriores inicia el primer día hábil del año siguiente al pago

ARIT-SCZ-RA-0336-2020

aiu. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0336/2020 

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

GRAVETAL BOLIVIA S.A., representada por Juan Carlos Munguía Santiesteban. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Gonzalo Suarez Rivera. 

Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228, de 30 de diciembre de 2019. 

ARIT-SCZ-0097/2020. 

Santa Cruz, 07 de julio de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0336/2020 de 07 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228, de 30 de diciembre de 2019, que resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por concepto de 

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Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal, del que resulta un importe indebidamente devuelto al contribuyente GRAVETAL BOLIVIA S.A. de Bs237.997- y el monto de Bs32.647.- por concepto de mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al crédito fiscal comprometido y observado en la presente verificación, importes que a la fecha de emisión de la presente Resolución asciende a 195.011.- UFV’s, equivalente a Bs454.697.- correspondiente a los tributos indebidamente devueltos e intereses de los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de 2011. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la recurrente 

GRAVETAL BOLIVIA S.A., representada por Juan Carlos Munguía Santiesteban, en mérito al Poder Notarial 706/2018, de 02 de octubre de 2018, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 20 de enero de 2020 (fs. 44-53 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción de las facultades de la administración tributaria. – 

La recurrente manifestó que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución Administrativa impugnada, por cuanto han trascurrido más de ocho (8) años, contados desde el 1ro de enero del año siguiente al vencimiento del periodo verificado (enero, marzo, octubre y noviembre 2011), es decir desde el 1ro de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha de notificación de la Resolución Impugnada. 

Señaló que la prescripción de las facultades de la Administración para verificar, investigar, controlar e imponer sanciones, es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, certeza y segundad jurídica después de haber transcurriao el término legal para ejercer dicha facultad. Si bien existe obligación de conservar la 2 de 28

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documentación de respaldo correspondiente, ello no implica que se esté otorgando facultades permanentes para la Administración Tributaria. Al respecto, el art. 70 núm. 5 de la Ley 2492 (CTB), es claro al señalar que la Administración Tributaria no puede determinar cargos sobre periodos prescritos. 

Argumentó que, en el presente caso, su empresa ha mantenido la documentación que presentó a la Administración Tributaria para su verificación, antes de la emisión de la Resolución impugnada, y fue la Administración Tributaria que sin ninguna justificación dejó transcurrir un tiempo excesivamente largo para emitir el acto definitivo. 

Describió los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), que estarían vigentes en el momento del hecho imponible, en el que el inicio del cómputo del plazo de prescripción tiene como punto de partida el “vencimiento del período fiscal del impuesto” objeto de la fiscalización y que el tiempo de 4 años de prescripción se encuentra totalmente cumplido para los períodos verificados, ya que han transcurrido más de ocho (8) años, asimismo, enfatizó que en el presente caso de verificación no ha ocurrido ninguna de las previsiones de suspensión y mucho menos de interrupción, de acuerdo al inc. a) del art. 61 de la citada norma. Consideró importante aclarar, que aún con la suspensión por efectos de la notificación de la Orden de Verificación, la prescripción igual ha operado para todos periodos verificados. 

Dejó establecido que las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), previstas en las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 291, la derogación del último párrafo de dicho artículo previsto en la Ley 317 y la Ley 812, no son aplicables al presente caso al haber sido promulgadas y publicadas en el año 2012 y 2016, de manera posterior a los hechos imponibles verificados (enero, marzo, octubre y noviembre de 2011); de lo que advierte que corresponde determinar que la prescripción a operado en el marco de lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es decir que las leyes únicamente son aplicables para lo venidero, y se aplican a los hechos imponibles y/o comisión de ilícitos ocurridos después del 22 de septiembre de 2012 y/o después del 11 de diciembre de 2012 respectivamente y en el caso de la Ley 812 se aplica a hechos posteriores a junio de 2016, ello en estricta aplicación de la CPE y del art. 3 de la Ley 2492 (CTB), al respecto, mencionó el 

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carácter vinculante la Sentencia Constitucional 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, por lo mencionado con carácter previo y de especial pronunciamiento, solicitó que declare la prescripción de las facultades de la administración tributaria sobre todos los cargos contenidos en la resolución administrativa ahora impugnada. 

11.1.2 Improcedencia de la deuda tributaria determinada. – 

La recurrente manifestó que la determinación de la deuda tributaria es incorrecta por cuanto surgen de la omisión de la valoración de su documentación contable y legal de respaldo oportunamente presentada, al haber realizado los cargos con base en simples diferencias entre conceptos que no son comparables sin analizar los verdaderos hechos y la realidad material de sus compras que generaron el crédito fiscal IVA sujeto a devolución impositiva. A continuación, desarrolló los fundamentos de su impugnación considerando la clasificación de las observaciones mediante Códigos. 

Código VP: Facturas validas parcialmente para la devolución impositiva. – 

Manifestó que la Resolución Administrativa impugnada erróneamente observa facturas del proveedor COMSER COMERCIAL Y SERVICIOS SRL que incluyen el IEHD por la compra de lubricantes, señalando que no corresponde tomar en cuenta el IEHD como importe sujeto al crédito fiscal, al respecto aclaró que las facturas de este proveedor por idéntico concepto de compra, ya fueron observadas en otras ocasiones y como resultado este tipo de cargo ha sido REVOCADO mediante Resoluciones de Alzada, al igual que en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0032/2016 de 28 de enero de 2019, en ese sentido, indicó que ya existen precedentes uniformes que establecen la validez del IVA sobre el total de estas facturas de COMSER, por lo que solicitó se ratifiquen los fundamentos y decisión adoptada por dichos precedentes, en cuanto previamente no acepte la prescripción denunciada. 

También sostuvo que, bajo este concepto se incluyen otras facturas de proveedores de granos de soya en la que reconoce que se presentó documentación de respaldo, y observa que los montos pagados son menores al monto de la factura y que la diferencia corresponde a “otros cargos” cobrados por su empresa, entre ellos, 4 de 28

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reembolsos de gastos en notarías, registros públicos y sobre todo lo que les exige la factura, al respectó aclaró que no corresponde ninguna facturación por reembolsos y las compensaciones no requieren como respaldo medios fehacientes de pagos, por que NO existió flujo de efectivo, por tanto, siendo que las diferencias entre el monto facturado y pago está respaldado, corresponde que los cargos sean revocados y queden sin efecto por improcedentes. 

Código 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente.- 

Indicó que observa en este código las facturas de Bisa Seguros y Reaseguros por concepto de seguro de asistencia médica señalando que este servicio no se encuentra vinculada a la actividad gravada y que se trata de un seguro “adicional al seguro obligatorio” y que se pudo comprobar el motivo de su contratación, al respecto, refiere que se debe tomar en cuenta que los gastos al personal son indudablemente parte de sus costos y gastos de su actividad, en la que gran parte de su personal dependiente se encuentra en la Planta ubicada en Puerto Aguirre, zona en la que no existen servicios médicos de las Cajas de Salud, siendo de vital importancia que el servicio médico alcance de manera efectiva a todo el personal. 

En ese mismo contexto, mencionó que las normativas contables que regulan los gastos del personal a los efectos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), no son de aplicación absoluta en lo que respecta a la Devolución Impositiva, si bien, la normativa del IUE reconoce un gasto, no se puede desconocer su vinculación de dicho gasto a los efectos del IVA, lo cual no funciona en sentido contrario cuando la normativa del IUE establece la restricción, porque los “costos y gastos” por concepto de “prestación de servicios” (como el seguro de salud del personal) “vinculados a la actividad exportadora”, se encuentran plenamente vinculados y en la normativa del IVA no existe ninguna restricción al respecto, por tanto advirtió que los seguros médicos, corresponden a seguros que son parte de los costos laborales de su empresa al ser gastos operativos que están directamente relacionados y vinculados a su actividad exportadora, y que también están debidamente documentados, además aclaró que estos gastos son deducibles a efectos de la determinación del IUE, tomando en cuenta lo previsto en el art. 11 del DS 24051. 

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III 

Código 3: No demuestra la efectiva realización y materialización de la transacción. 

Sostuvo que la Resolución Administrativa impugnada observó compras por gastos propios de su empresa como ser: servicios de transporte, material de ferretería, reactancias, trabajos de desmontaje, que no tendrían todo el respaldo necesario, sin embargo, indicó que las mencionadas transacciones se encuentran documentadas, por lo que rechaza la observación. 

11.1.2. Sobre la restitución del mantenimiento de valor de crédito fiscal comprometido. – 

La recurrente señaló que la Resolución Administrativa hoy impugnada observa incorrectamente el mantenimiento de valor de los créditos fiscales restituidos (como si fuera algo automático que no requiere análisis), sin tomar en cuenta que se trata de un mantenimiento de valor desde la fecha en que se comprometió originalmente en los meses de enero, marzo, octubre y noviembre de 2011, hasta la fecha de la restitución, tal cual se hubiera actualizado la Declaración Jurada si no se hubiera retirado el crédito fiscal inicialmente comprometido, por lo que solicitó se revoque el cargo que carece de análisis de respaldo. 

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 24 de enero de 2020 (fs. 54 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 211979000228, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 17 de febrero de 2020 (fs. 65-77 del expediente), contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

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11.3.1 Sobre la prescripción de la facultad de la determinar la deuda tributaria. 

La Administración Tributaria señaló qué el contribuyente pretende la aplicación del instituto jurídico de la prescripción sin realizar una adecuada fundamentación respecto a su pretensión, incumpliendo lo dispuesto en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), al pretender la aplicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, sin la exposición de los supuestos tácticos análogos del caso resuelto en dicha sentencia, versus lo resuelto en la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228. 

Sostuvo que el texto original de la Ley 2492 (CTB), señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros, prescribía a los cuatro (4) años, computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago respectivo, texto que estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, fechas en las que entraron en vigencia las mismas, siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el parágrafo II del art. 164 de la CPE, en consecuencia advirtió que corresponde la aplicación literal de las disposiciones contenidas en las Leyes 291 y 317 que modificaron la Ley 2492 (CTB) a partir de su vigencia. 

Así también indicó que la prescripción en materia tributaria, es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo consolida determinadas situaciones de hecho, en este caso por intervención y decisión del legislador, expresada en las Leyes 291 y 317 a través de las cuales se extendió el plazo de prescripción bajo una modalidad progresiva y retrospectiva, situaciones de hecho que no llegaron a perfeccionarse puesto que fue la voluntad del legislador impedir o evitar se consoliden la prescripción como forma de oposición a las acciones de la Administración Tributaria, de lo que advirtió que los Principios de legalidad y seguridad jurídica no sufrieran menoscabo alguno respecto al incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del Sujeto Pasivo, razonamiento que también es compartido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que a modo de ejemplo citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0033/2019 de 14 de enero de 2019, AGIT-RJ 0308/2019 de 25 de marzo de 2019 y AGIT-RJ 0369/2019 de 15 de abril de 2019, entre otros precedentes. 

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Por tanto, mencionó que en base a los fundamentos expuestos y en virtud a lo establecido en los arts. 232, 235, núm. 1 de la CPE y art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), referidos al principio de sometimiento a la ley, por imperio de lo establecido en el parágrafo I del art. 178 de la CPE e inc. a) del art. 140 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra compelidos al cumplimiento de la voluntad del legislador contenida en la Norma Suprema, Leyes y demás disposiciones que conforman el bloque normativo que rige la materia, dentro del marco constitucional, por lo que, esta autoridad no es competente para cuestionar u objetar el contenido de las disposiciones legales emanadas por el Órgano Legislativo máxime cuando dichas Leyes gozan de presunción de constitucionalidad de acuerdo al art. 5 de la Ley 027 de 06 de junio de 2010; en ese contexto, advirtió que ejerció sus facultades de verificación vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales enero, marzo, octubre y noviembre de 2011, dentro del alcance establecido por la Ley 291, toda vez que la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228, fue notificada el 31 de diciembre de 2019, bajo la Ley 812, norma vigente, que dispone un término de prescripción de ocho (8) años, de acuerdo al art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el termino de prescripción para los periodos fiscales de enero, marzo, octubre y noviembre de 2011, inició el 01 de enero de 2012 y concluye recién el 31 de diciembre de 2019, además corresponde añadir el computo de la prescripción el plazo de 6 meses de suspensión a consecuencia de la notificación de la Orden de Verificación en estricta aplicación del parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), en tanto, el plazo de prescripción se configurará el 30 de junio de 2020, es decir que ejerció sus facultades de determinación dentro del plazo establecido en la Normativa Tributaria. 

Por su parte indicó que, considerando que el presente caso trata de la revisión posterior de la devolución impositiva efectivamente realizada y no así de un proceso de determinación o fiscalización, en ese sentido, señala que la Solicitud de Devolución Impositiva, es una manifestación voluntaria del Sujeto Pasivo exportador de solicitar Devolución Impositiva, sometiéndose al efecto para su consideración y pertinencia, a un proceso de verificación y revisión a fin de determinar la pertinencia y validez del crédito fiscal que ha presentado y de periodos que se encuentran comprometidos y vinculados con la exportación, por el cual se pretende la devolución, regulados por los arts. 126 y 28 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido establece que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), sin 8 de 28

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modificaciones, no es aplicable al presente caso toda vez que el presente se trata de una Solicitud de Devolución Impositiva Posterior, que a su vez se encuentra reglamentada por la Ley de Exportaciones 1489 y el DS 25465 que reglamenta la devolución impositiva, en tanto, en el presente caso NO existe un vencimiento de pago respectivo, pues el contribuyente compromete un crédito fiscal de un periodo anterior para solicitar la devolución del mismo, resultando imprescindible establecer que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas se empiezan a computar a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, argumento respaldado por lo dispuesto en el parágrafo IV del art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

De lo anterior señaló que el hecho generador dentro del trámite de la devolución de certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) se perfeccionó a momento de la efectivización de la devolución realizada por la Administración Tributaria, es decir cuando el contribuyente se benefició de la devolución impositiva de lo comprometido para dicha devolución, en consecuencia, el computo de la prescripción en el trámite de devolución impositiva inició a partir del primer año del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, y considerando que la entrega de valores requeridos por el contribuyente se dio para los periodos enero y marzo de 2011 en la gestión 2013, el computo de prescripción inicia a partir del 01 de enero de la gestión 2014 y concluiría el 31 de diciembre de 2022, así también para los periodos octubre y noviembre del 2011 la devolución fue realizada en la gestión 2014, el computo inicia a partir del 01 de enero de 2015 y concluiría el 31 de diciembre de 2023, en ese entendido y considerando la vigencia de las modificaciones efectuadas al art. 59 por la Ley 812, la Administración Tributaria tiene ocho (8) años para ejercer sus facultades de verificación y determinación de lo indebidamente devuelto, además se debe aplicar el plazo de suspensión por efectos de la notificación con la orden de verificación conforme establece el parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), consecutivamente, no corresponde determinar la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria. 

11.3.1 Respecto a la improcedencia de la deuda tributaria determinada.- 

Código VP: Facturas validas parcialmente para la devolución impositiva. – 

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III 

Señaló que el argumento de la recurrente carece de carga argumentativa incumpliendo con lo dispuesto en el inc. e) del parágrafo I del art. 198 de la Ley 2492 (CTB), al limitarse señalar precedentes administrativos, sin demostrar en etapa de verificación tener como actividad gravada el de mayorista o distribuidor de lubricantes, motivo por el cual a través de la Resolución Administrativa impugnada se procedió a depurar la diferencia correspondiente al IEHD. 

Manifestó que de acuerdo a lo dispuesto en el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530 y art. 15 de la Ley 843, se tiene que el primer párrafo del art. 5 del DS 21530 señala que no integran el precio neto gravado, los tributos que tienen como hecho imponible la misma operación gravada y deben consignarse en la factura por separado, tales como el Impuesto a los Consumos Específicos y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. 

Por su parte, el art. 2 del DS 25530 establece que el pago del IVA e IT se realizará sobre el total del valor facturado deducido el monto pagado por IEHD y el art. 3 del mismo cuerpo normativo, señala que solo en caso de los distribuidores mayoristas, a efecto del crédito fiscal, aplicaran la alícuota al total de la factura recibida de las refinerías, incluyendo el IEHD, en ese contexto, advirtió que se depuró correctamente la diferencia correspondiente al IEHD. 

Código 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente. – 

Manifestó que las facturas emitidas por el proveedor BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. emitidas por concepto de SEGURO DE SALUD PRIVADO, al respecto indicó que el sujeto pasivo no demostró que el gasto por seguro de salud privado corresponde a un gasto necesario y no demostró el contribuyente su obligación de habilitar el seguro adicional al seguro obligatorio, ni mucho menos presentó documentación de respaldo que demuestre de forma objetiva los beneficiarios del seguro, en consecuencia no comprobó el motivo de su contratación, por lo que la factura del proveedor BISA SEGUROS Y REASEAGUROS S.A. no se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el art. 12 inc. c) del DS 24051. 

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Código 3: No demuestra la efectiva realización y materialización de la transacción. 

Expresó que de conformidad al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es el contribuyente quien pretende hacer valer su derecho a la apropiación del crédito fiscal, debe probar los hechos constitutivos del mismo y al no haber demostrado en instancia administrativa tributaria ni anunciado su presentación como prueba de reciente obtención de conformidad al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), corresponde confirmar las observaciones realizadas a las facturas bajo el código 3, toda vez que, se tiene demostrado que la recurrente no cuenta con mayor documentación de respaldo, para las siguientes compras y/o servicios; compras de material de ferretería, inodoros, reactancias, servicios de transporte, trabajos de desmontaje; documentación, entre otros, como ser; requerimientos, contratos de servicio, guías de carga, notas de entrega, boleta de pesaje, cotizaciones, notas de entrega y demás respaldos, tampoco demostró el pago al proveedor ni adjuntó respaldos contables de la transacción. 

En ese sentido indicó que la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho imponible y considerarlos válidos para fines fiscales, por lo que, a efectos de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, el contribuyente debe aportar documentación contable, comercial y financiera que permitan demostrar con certeza el pago al proveedor y comprobar que la operación de compra-venta fue real, en cumplimiento de lo previsto en los nums. 4 y 5 del art. 17 de la Ley 2492 (CTB), art. 2 de la Ley 843, arts. 36, 37 y 40 del Decreto Ley 14379 y art. 20 del DS 25465, por tanto, en virtud a lo señalado en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), al no aportar documentación suficiente durante la verificación a fin de demostrar la procedencia y cuantía de las transacciones que declara, tampoco anunció que serán presentadas como pruebas de reciente obtención, corresponde confirmar las observaciones establecidas en la Resolución Administrativa impugnada. 

II.3.2 Sobre la restitución del mantenimiento de valor de crédito fiscal comprometido. – 

Al respecto, hizo notar que el Mantenimiento de Valor Indebidamente Restituido se tiene producto de las observaciones establecidas en los periodos verificados, que se 

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le habría devuelto el importe solicitado y el importe por restitución automática de mantenimiento de valor calculado sobre el crédito fiscal comprometido y devuelto en los valores de CEDEIM, estableciendo el importe de Bs32.647, que no correspondía su devolución tampoco la restitución automática del mantenimiento de valor por este importe, en aplicación de lo establecido en el art. 8 de la RND 10-0021-05 de 03 de agosto de 2005. 

Asimismo, indicó que la Resolución Administrativa impugnada contiene la fundamentación y motivación necesaria a objeto de establecer y respaldar la decisión asumida y las actuaciones realizadas, ya que la misma cuenta con antecedentes, fundamentación de la decisión asumida, valoración de los descargos presentados, normativa aplicable y decisión tomada, prueba de ello, es la propia impugnación del sujeto activo donde demuestra que ha comprendido a cabalidad las observaciones, por tanto los alegatos generados y sin respaldo técnico ni lega! deben ser desestimados. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228 de 30 de diciembre de 2019. 

II.4. Apertura de Término probatorio 

Mediante Auto de 18 de febrero de 2020, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 19 de febrero de 2020, tanto a la recurrente como a la entidad recurrida (fs. 79-80 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de marzo de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 05 de marzo de 2020, ratificó todo el expediente de antecedentes presentado adjunto a la contestación del Recurso de Alzada (fs. 81-81 del expediente). 

Por su parte, el 10 de marzo de 2020 la recurrente presentó memorial ratificando las pruebas presentadas al momento de la Interposición del Recurso de Alzada, además del expediente administrativo presentado, adjunto a la contestación del Recurso por parte de la Administración Tributaria (fs. 84-84vta. del expediente). 

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11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 15 de junio de 2020, la misma fecha, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos en conclusiones, ratificando todos los aspectos enunciados en su memorial de contestación al recurso de alzada (fs. 87-90vta. del expediente). 

Por su parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

.1 El 28 de abril de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a GRAVETAL BOLIVIA SA., con las Órdenes de Verificación – CEDEIM Form. 7531 N° 13990200304 de 27 de marzo de 2017, 13990200687, 14990200098 y 14990200269 de 22 de marzo de 2017, bajo la modalidad de verificación POSTERIOR-CEDEIM, cuyo alcance comprendía la verificación de hechos, elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido en el periodo de verificación de las formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos de enero, marzo, octubre y noviembre de 2011; asimismo, en la misma fecha notificó a la recurrente mediante cédula con los Requerimientos 119912 y 119916, a efecto de presentar la documentación correspondiente al periodo sujeto a verificación consistente en: 1. Libro de compras y ventas IVA y en medio magnético si corresponde, 2. Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales) y Debido Fiscal (copias), 3. Extractos Bancarios, 4. Planillas de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales, 5. Comprobantes de ingresos, egresos y traspasos con respaldo, 6. Estados financieros gestión 2011, 7. Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2011, 8. Plan código de cuentas contables, 9. Libros de contabilidad (Diario, mayor, medio magnético), 10. kardex 11. Inventarios, 12. La documentación de acuerdo a los anexos adjuntos y cualquier otra documentación que se solicite en el transcurso de la verificación (fs. 11-22, 31 y 32 c. I de antecedentes). 

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111.2 El 15 de mayo de 2017, mediante nota CITE-CB-SGC-029/2017, solicitó a la Administración Tributaria ampliación de plazo para presentación de documentos e información solicitada dentro de la fiscalización CEDEIM posterior correspondiente a los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de 2011 (fs. 34- c. I de antecedentes). 

111.3 El 31 de mayo de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Auto 251779000171 con CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/AA/00120/2017, mediante el cual amplió el plazo por cinco (5) días hábiles, computables a partir de su notificación con el presente auto (fs. 36-37 y 42 c. I de antecedentes). 

111.4 El 07 de junio de 2017, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de documentación, consignando la presentación de la documentación consistente en: Facturas de compras y ventas, estructura de costos, contrato de prestación de servicios, contratos, extractos bancarios, documentos de propiedad de activos fijos, planillas de sueldos, libros de compras y comprobantes contables (fs. 43-45 c. I de antecedentes). 

111.5 El 17 y 18 de octubre de 2017, la Administración Tributaria labró las Actas de Recepción de documentación, consignando la presentación de la documentación consistente en: comprobantes contables de traspasos y respaldo de pago (fs. 46-48 y 49 c. I de antecedentes). 

111.6 El 18 de julio de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente la nota CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/NOT/01673/2017, mediante la cual le dio a conocer la realización de la inspección ocular de las instalaciones ubicadas en la localidad de Puerto Quijarro, a llevarse a cabo el 21 de julio de 2017 (fs. 50 c. I de antecedentes). 

111.7 El 21 de julio de 2017, la Administración Tributaria labró el Acta de Acciones y Omisiones (fs. 51-56 c. I de antecedentes). 

El 29 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/06061/2017 referente a las Ordenes de 14 de 28

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Verificación Externa 13990200304, 13990200687, 14990200098

14990200269, el cual concluyó indicando que resultado de la verificación del 

importe solicitado correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) – 

Crédito Fiscal, los periodos de enero, marzo, octubre y noviembre de la 

gestión 2011, se han establecido observaciones al crédito fiscal 

comprometido, que originaron su depuración bajo los siguientes códigos: 

Código VP Importe Parcialmente valido para devolución impositiva, Código 2: 

No vinculada con la actividad del contribuyente y código 3: No demuestra la 

efectiva realización y materialización de la transacción, en ese sentido, se 

determinó crédito No válido para devolución impositiva de Bs237.997.-, y se 

ratifica el importe de Bs29.022.138.-, como importe debidamente devuelto 

mediante títulos valor CEDEIM, en favor del contribuyente (fs. 2986-3000 c. 

XV y 3001-3004 c. XVI de antecedentes). 

111.9 El 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Complementario CEDEIM Posterior CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/UVE/INF/1292/2019 referente a las Ordenes de Verificación 

Externa N° 13990200304, 13990200687, 14990200098 y 14990200269, el 

cual concluyó ratificando los resultados de la Verificación Posterior ejecutada 

a través de las citadas Ordenes de Verificación, por las solicitudes de 

Devolución impositiva de los periodos enero, marzo, octubre y noviembre 

gestión 2011, establecidos en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/06061/2017 de 29 de diciembre de 2017, en el que 

determinó un importe indebidamente devueltos mediante CEDEIM’s en favor 

del contribuyente asciende a Bs29.022.138.-, finalmente, recomendó 

considerar el mismo previo a la emisión de la Resolución Administrativa (fs. 

3014-3017 c. XVI de antecedentes). 

111.10 El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a GRAVETAL BOLIVIA SA. con la Resolución Administrativa de Devolución 

Indebida Posterior 211979000228, de 30 de diciembre de 2019, que 

resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por 

concepto de Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada 

como respaldo al crédito fiscal, del que resulta un importe indebidamente 

devuelto al contribuyente GRAVETAL BOLIVIA S.A. de Bs237.997.- y el 

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monto de Bs32.647.- por concepto de mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al crédito fiscal comprometido y observado en la presente verificación, importes que a la fecha de emisión de la presente Resolución asciende a 195.011.- UFV’s, equivalente a Bs454.697.- correspondiente a los tributos indebidamente devueltos e intereses de los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de 2011. (fs. 3021-3035 y 3040 c. XVI de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente expuso como agravios los siguientes: 1. Prescripción de las facultades de la administración tributaria, 2. Improcedencia de la deuda tributaria determinada, Código VP: Facturas validas parcialmente para la devolución impositiva, Código 2: Compras no vinculadas a la actividad del contribuyente, Código 3: No demuestra la efectiva realización y materialización de la transacción y 3. Sobre la restitución del mantenimiento de valor de crédito fiscal comprometido. 

IV.1 Cuestión previa. – 

De manera preliminar corresponde aclarar que la presente impugnación ha sido admitida en razón del contenido del recurso de alzada el cual ha reflejado de manera clara y precisa los argumentos y fundamentos por los cuales se expone los agravios reclamados, es en ese sentido ésta instancia recursiva ingresará al análisis del primer agravio invocado y solo en caso de que el mismo no sea procedente ingresará al análisis y pronunciamiento de los demás aspectos planteados. 

IV.2 Respecto a la prescripción de las facultades de la administración tributaria. 

La recurrente manifestó que no corresponde la pretensión de todos los cargos determinados en la Resolución Administrativa impugnada, por cuanto han trascurrido más de ocho (8) años, contados desde el 1ro de enero del año siguiente al vencimiento del periodo verificado (enero, marzo, octubre y noviembre 2011), es decir desde el 1ro de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha de notificación de la Resolución Impugnada. 

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Ám. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Señaló que la prescripción de las facultades de la Administración para verificar, investigar, controlar e imponer sanciones, es un instituto jurídico que garantiza la estabilidad, certeza y seguridad jurídica después de haber transcurrido el término legal para ejercer dicha facultad. Si bien existe obligación de conservar la documentación de respaldo correspondiente, ello no implica que se esté otorgando facultades permanentes para la Administración Tributaria. Al respecto, el art. 70 num. 5 de la Ley 2492 (CTB), es claro al señalar que la Administración Tributaria no puede determinar cargos sobre periodos prescritos. 

Argumentó que, en el presente caso, su empresa ha mantenido la documentación que presentó a la Administración Tributaria para su verificación, antes de la emisión de la Resolución impugnada, y fue la Administración Tributaria que sin ninguna justificación dejó transcurrir un tiempo excesivamente largo para emitir el acto definitivo. 

Describió los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), que estarían vigentes en el momento del hecho imponible, en el que el inicio del cómputo del plazo de prescripción tiene como punto de partida el “vencimiento del período fiscal del impuesto” objeto de la fiscalización y que el tiempo de 4 años de prescripción se encuentra totalmente cumplido para los períodos verificados, ya que han transcurrido más de ocho (8) años, asimismo, enfatizó que en el presente caso de verificación no ha ocurrido ninguna de las previsiones de suspensión y mucho menos de interrupción, de acuerdo al inc. a) del art. 61 de la citada norma. Consideró importante aclarar, que aún con la suspensión por efectos de la notificación de la Orden de Verificación, la prescripción igual ha operado para todos periodos verificados. 

í Dejó establecido que las modificaciones al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), previstas en las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 291, la derogación del último párrafo de dicho artículo previsto en la Ley 317 y la Ley 812, no son aplicables al presente caso al haber sido promulgadas y publicadas en el año 2012 y 2016, de manera posterior a los hechos imponibles verificados (enero, marzo, octubre y noviembre de 2011); de lo que advierte que corresponde determinar que la prescripción a operado en el marco de lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es decir que las leyes únicamente son aplicables para lo venidero, y se 

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aplican a los hechos imponibles y/o comisión de ilícitos ocurridos después del 22 de septiembre de 2012 y/o después del 11 de diciembre de 2012 respectivamente y en el caso de la Ley 812 se aplica a hechos posteriores a junio de 2016, ello en estricta aplicación de la CPE y del art. 3 de la Ley 2492 (CTB), al respecto, mencionó de carácter vinculante la Sentencia Constitucional 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, por lo mencionado con carácter previo y de especial pronunciamiento, solicitó que declare la prescripción de las facultades de la administración tributaria sobre todos los cargos contenidos en la resolución administrativa ahora impugnada. 

Por su parte, la Administración Tributaria en su contestación al recurso de alzada señaló que el contribuyente pretende la aplicación del instituto jurídico de la prescripción sin realizar una adecuada fundamentación respecto a su pretensión, incumpliendo lo dispuesto en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), al pretender la aplicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016 de 26 de octubre de 2016, sin la exposición de los supuestos tácticos análogos del caso resuelto en dicha sentencia, versus lo resuelto en la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228. 

Sostuvo que el texto original de la Ley 2492 (CTB), señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros, prescribía a los cuatro (4) años, computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago respectivo, texto que estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, fechas en las que entraron en vigencia las mismas, siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el parágrafo II del art. 164 de la CPE, en consecuencia advirtió que corresponde la aplicación literal de las disposiciones contenidas en las Leyes 291 y 317 que modificaron la Ley 2492 (CTB) a partir de su vigencia. 

Así también indicó que la prescripción en materia tributaria, es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo consolida determinadas situaciones de hecho, en este caso por intervención y decisión del legislador, expresada en las Leyes 291 y 317 a través de las cuales se extendió el plazo de prescripción bajo una modalidad progresiva y retrospectiva, situaciones de hecho que no llegaron a perfeccionarse puesto que fue la voluntad del legislador impedir o evitarse consoliden la prescripción 18 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

lllllllllli 

como forma de oposición a las acciones de la Administración Tributaria, de lo que advirtió que los Principios de legalidad y seguridad jurídica no sufrieran menoscabo alguno respecto al incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del Sujeto Pasivo, razonamiento que también es compartido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que a modo de ejemplo citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0033/2019 de 14 de enero de 2019, AGIT-RJ 0308/2019 de 25 de marzo de 2019 y AGIT-RJ 0369/2019 de 15 de abril de 2019, entre otros precedentes. 

Por tanto, mencionó que en base a los fundamentos expuestos y en virtud a lo establecido en los arts. 232, 235, núm. 1 de la CPE y art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), referidos al principio de sometimiento a la ley, por imperio de lo establecido en el parágrafo I del art. 178 de la CPE e inc. a) del art. 140 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra compelidos al cumplimiento de la voluntad del legislador contenida en la Norma Suprema, Leyes y demás disposiciones que conforman el bloque normativo que rige la materia, dentro del marco constitucional, por lo que, esta autoridad no es competente para cuestionar u objetar el contenido de las disposiciones legales emanadas por el Órgano Legislativo máxime cuando dichas Leyes gozan de presunción de constitucionalidad de acuerdo al art. 5 de la Ley 027 de 06 de junio de 2010; en ese contexto, advirtió que ejerció sus facultades de verificación vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales enero, marzo, octubre y noviembre de 2011, dentro del alcance establecido por la Ley 291, toda vez que la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228, fue notificada el 31 de diciembre de 2019, bajo la Ley 812, norma vigente, que dispone un término de prescripción de ocho (8) años, de acuerdo al art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el termino de prescripción para los periodos fiscales de enero, marzo, octubre y noviembre de 2011, inició el 01 de enero de 2012 y concluye recién el 31 de diciembre de 2019, además corresponde añadir el computo de la prescripción el plazo de 6 meses de suspensión a consecuencia de la notificación de la Orden de Verificación en estricta aplicación del parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), en tanto, el plazo de prescripción se configurará el 30 de junio de 2020, es decir que ejerció sus facultades de determinación dentro del plazo establecido en la Normativa Tributaria. 

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Por su parte indicó que, considerando que el presente caso trata de la revisión posterior de la devolución impositiva efectivamente realizada y no así de un proceso de determinación o fiscalización, en ese sentido, señala que la Solicitud de Devolución Impositiva, es una manifestación voluntaria del Sujeto Pasivo exportador de solicitar Devolución Impositiva, sometiéndose al efecto para su consideración y pertinencia, a un proceso de verificación y revisión a fin de determinar la pertinencia y validez del crédito fiscal que ha presentado y de periodos que se encuentran comprometidos y vinculados con la exportación, por el cual se pretende la devolución, regulados por los arts. 126 y 128 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido establece que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, no es aplicable al presente caso toda vez que el presente se trata de una Solicitud de Devolución Impositiva Posterior, que a su vez se encuentra reglamentada por la Ley de Exportaciones 1489 y el DS 25465 que reglamenta la devolución impositiva, en tanto, en el presente caso NO existe un vencimiento de pago respectivo, pues el contribuyente compromete un crédito fiscal de un periodo anterior para solicitar la devolución del mismo, resultando imprescindible establecer que el inicio del cómputo de la prescripción para las devoluciones impositivas se empiezan a computar a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, argumento respaldado por lo dispuesto en el parágrafo IV del art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

De lo anterior señaló que el hecho generador dentro del trámite de la devolución de certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) se perfeccionó a momento de la efectivización de la devolución realizada por la Administración Tributaria, es decir cuando el contribuyente se benefició de la devolución impositiva de lo comprometido para dicha devolución, en consecuencia, el computo de la prescripción en el trámite de devolución impositiva inició a partir del primer año del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida, y considerando que la entrega de valores requeridos por el contribuyente se dio para los periodos enero y marzo de 2011 en la gestión 2013, el computo de prescripción inicia a partir del 01 de enero de la gestión 2014 y concluiría el 31 de diciembre de 2022, así también para los periodos octubre y noviembre del 2011 la devolución fue realizada en la gestión 2014, el computo inicia a partir del 01 de enero de 2015 y concluiría el 31 de diciembre de 2023, en ese entendido y considerando la vigencia de las modificaciones efectuadas al art. 59 por la Ley 812, la Administración Tributaria tiene ocho (8) años para ejercer sus 20 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

facultades de verificación y determinación de lo indebidamente devuelto, además se debe aplicar el plazo de suspensión por efectos de la notificación con la orden de verificación conforme establece el parágrafo I del art. 62 de la Ley 2492 (CTB), consecutivamente, no corresponde determinar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, 21 de 28 

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legisladores, autoridades, tribunales yjueces (en todos sus nivelesjerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato 22 de 28

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

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constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el ordenpúblico, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el Principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese Sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

Por su parte, el art. 125 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la devolución es el acto en virtud del cual el Estado por mandato de Ley, restituye en forma parcial o total los impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución; así también el art. 128 del mismo cuerpo legal, establece que, cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde 

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el día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente código. 

En ese contexto, los arts. 59 y 60, de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; de igual manera para la parte adjetiva o procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la precitada Ley. 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a las Órdenes de Verificación – CEDEIM Form. 7531 13990200304 de 27 de marzo de 2017, N°. 13990200687, 14990200098 y 14990200269 de 22 de marzo de 2017, notificadas mediante cédula el 28 de abril de 2017, bajo la modalidad de verificación POSTERIOR-CEDEIM, procedió a verificar el cumplimento de las obligaciones de la recurrente GRAVETAL BOLIVIA SA, relacionadas con el crédito fiscal comprometido en los periodos de verificación de las formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos de enero, marzo, octubre y noviembre de 2011; verificación que, previa emisión de los Informes CITE: 24 de 28

Árü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/06061/2017, de 29 de diciembre de 2017, y CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVE/INF/1292/2019 de 23 de diciembre de 2019, concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228, de 30 de diciembre de 2019, la cual fue notificada a la recurrente el 31 de diciembre de 2019, acto que establece un importe indebidamente devuelto al contribuyente GRAVETAL BOLIVIA S.A. de Bs237.997.- yel monto de Bs32.647.- por concepto de mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al crédito fiscal comprometido y observado en la presente verificación. 

Bajo ese entendido, se evidenció que el 28 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente, con las Órdenes de Verificación CEDEIM Form. 7531 13990200304 de 27 de marzo de 2017, 13990200687, 14990200098 y 14990200269 de 22 de marzo de 2017, para la verificación de los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de 2011, posteriormente la entidad recurrida, notificó mediante cédula a la recurrente el 31 de diciembre de 2019, con la Resolución Administrativa impugnada; por cuanto cabe señalar que al tratarse de hechos generadores de los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de la gestión 2011, con vencimiento en los periodos febrero, abril, noviembre y diciembre de 2011, respectivamente, el cómputo de la prescripción, conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), para todos los periodos se inició el 01 de enero de 2012, por lo que, corresponde la aplicación de las disposiciones contenidas en el art. 59 de la citada norma legal, sin modificación alguna, esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

Es así que, considerando que la Administración Tributaria el 31 de diciembre de 2019 notificó mediante cédula el acto impugnado y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; vale decir, que de acuerdo a lo previsto en el art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) el cómputo de la prescripción para el hecho generador de los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de 2011, con vencimiento en los periodos febrero, abril, noviembre y diciembre de 2011 

25 de 28 NB/ISO 

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respectivamente, se inició el 01 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, por consiguiente, es evidente que a momento de notificación de la Resolución ahora impugnada -31 de diciembre de 2019-, las facultades de verificación y determinación de la Administración Tributaria ya se encontraban prescritas. 

Por otra parte, respecto a lo sostenido por la Administración Tributaria, que lo alegado por la recurrente está dirigido a desconocer que la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 59 y 60 fueron legalmente modificados por las Leyes 291, 317 y 812; corresponde hacer hincapié que en el marco de los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos que no se presentan en las Leyes 291, 317 y 812, criterio concordante con el emitido por la máxima Autoridad administrativa en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Asimismo, respecto a lo señalado por la Administración Tributaria en la contestación al recurso de alzada, de que en las devoluciones impositivas el cómputo de la prescripción se realiza a partir del primer día del año calendario siguiente al que se produjo la devolución indebida; corresponde manifestar que conforme a lo establecido en el art. 125 de la Ley 2492 (CTB) la devolución es el acto en virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, y el art. 128 del mismo cuerpo legal dispone que: cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente código, es decir que no se debe confundir la restitución de lo indebidamente devuelto cuya fecha si reviste relevancia, con el computo de la prescripción de los periodos fiscales de enero, 26 de 28

Árh. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

III 

marzo, octubre y noviembre de la gestión 2011 que fueron verificados bajo la modalidad de verificación POSTERIOR-CEDEIM recién en la gestión 2017, siendo evidente que los periodos fiscales señalados independientemente de su verificación relacionada con el crédito fiscal comprometido y formalidades del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el vencimiento de pago es en los periodos febrero, abril, noviembre y diciembre de 2011 respectivamente, y a tal efecto se aplica el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo 

Con relación a las Resoluciones de Recurso Jerárquico citadas por la Administración Tributaría AGIT-RJ 0033/2019 de 14 de enero de 2019, AGIT-RJ 0308/2019 de 25 de marzo de 2019 y AGIT-RJ 0369/2019 de 15 de abril de 2019, cabe mencionar que se analizaron la prescripción de la facultad de imposición de sanción y de determinación de la deuda tributaria del IPBI y no así de devolución Indebida Posterior. En tal sentido, toda vez que los antecedentes tácticos son distintos al análisis de esta causa, no corresponde su consideración. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar lo indebidamente devuelto a la recurrente de los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de 2011; precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente, en consecuencia, revocar totalmente la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar lo indebidamente devuelto a la recurrente por los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de la gestión 2011. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior 211979000228, de 30 de diciembre de 2019, dejando sin efecto la determinación de lo indebidamente devuelto a la recurrente por los periodos enero, marzo, octubre y noviembre de la gestión 2011, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria se encuentran prescritas, conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden de conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

SP/ccav/cmmf/acq/rsv/faag T-SCZ/RA 0336/2020 

Directora Ejecutiva Regional ajT 

Autoridad R«gtonal

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