ARIT-SCZ-RA-0329-2020 Proceso de determinación no va unido al de ejecución

ARIT-SCZ-RA-0329-2020

Am. 

Autoridad de 

impugnación! tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0329/2020 

Jaime López Montero. 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada por Gonzalo Antonio 

Campero Ampuero. 

Resolución Administrativa N° 

231976001525 de 30 de diciembre de 

ARIT-SCZ-0060/2020. 

Santa Cruz, 06 de julio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0329/2020 de 06 de julio de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Administrativa 231976001525, de 30 de diciembre de 2019, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria presentada por Jaime López Montero, con NIT 4614737013, por los adeudos tributarios contenidos en los 

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Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 2483/2011, 2484/2011, 526/2011, 2277/2013 y 991/2016, habiendo evidenciado que no operó la prescripción, toda vez que los mismos fueron notificados dentro de plazo, encontrándose la facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria plenamente vigente y enmarcada en función al procedimiento establecido conforme lo dispuesto en el art. 59 parágrafo I num. 4 de la Ley 2492 (CTB) y art. 2 de la Ley 812 que modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

Jaime López Montero, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 16 de enero de 2020 (fs. 11-15 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 231976001525, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. 

El recurrente argumentó que se encuentra prescrita la facultad de ejecución de la deuda tributaria y la facultad de ejecución de sanciones por contravenciones establecidas en los Títulos de Ejecución detallados en la Resolución impugnada, considerando que a la fecha no se efectivizó ningún cobro por parte de la 

Administración Tributaria, que debió realizarse conforme los plazos establecidos en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB). 

Señaló que las obligaciones tributarias datan del 2006 al 2010, por lo que habiendo transcurrido más de cuatro años y toda vez que los hechos generadores a la fecha de vencimiento de pago de la obligación impositiva datan de más de nueve años atrás, las obligaciones tributarias se encuentran prescritas, conforme lo establecido en los arts. 59 al 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que sostuvo que la Administración Tributaria ya no puede ejercer su facultad de ejecución y debe dejar sin efecto la ejecución de los títulos detallados en la Resolución impugnada. 

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Así también, manifestó que la norma tributaria de manera expresa y específica señala cuales son las causales de suspensión e interrupción del curso de la prescripción y que la labor efectuada por la Administración Tributaria en la vía administrativa obedece a un procedimiento de carácter administrativo y no judicial. En ese sentido, habiendo transcurrido más de 9 años sin que la Administración Tributaria hubiese ejercitado sus actuaciones de ejecución tributaria, manifestó que considerar que la pretensión de cobro interrumpe el cómputo de la prescripción carece de sustento legal y resulta improcedente. 

Consideró importante señalar que al momento de materializarse el hecho generador se hallaba vigente en cuanto a la prescripción la Ley 2492, de 3 de agosto de 2003, sin las modificaciones efectuadas mediante las Leyes 291 y 812. Asimismo, citó doctrina respecto a la prescripción y los arts. 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, respecto al término, cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción con relación a la facultad de la ejecución tributaria y ejecución de sanciones. 

Argumentó que en lo que se refiere a la prescripción de las obligaciones tributarias debe aplicarse íntegramente lo dispuesto en la Ley 2492 (CTB), no siendo necesaria la aplicación de ninguna normativa supletoria conforme señala el parágrafo II del art. 5 y los nums. 1 y 2 del art 74 de la citada norma. Señaló que según la doctrina “las normas que establecen exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser 

interpretadas en forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía analógica” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p.256), por lo que consideró que la Ley 1503 ni ninguna otra normativa son aplicables en tema de prescripción tributaria, que sólo es aplicable el Código Tributario y sus Reglamentos. 

Por otra parte, señaló que el reconocimiento de deuda de la obligación viene a ser cualquier manifestación que demuestre que el deudor admite y acepta una deuda tributaria, situación que considera que no sucedió en su caso y que no se han configurado ninguno de los presupuestos jurídicos señalados en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) para que exista interrupción o suspensión de la prescripción, por lo que la Administración Tributaria perdió su facultad para proseguir con la ejecución tributaria tanto de la deuda como de las sanciones. 

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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa N° 231976001525, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 17 de enero de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Administrativa N° 231976001525, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN (fs. 16 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 12 de febrero de 2020 (fs. 27-29 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria explicó que el 26 de junio de 2019, el contribuyente, presentó solicitud de prescripción de la facultad de ejcución tributaria argumentando que las facultades de la Adminsitración Tributria para ejercer el cobro de la deuda tributaria se encontraban prescritas por el transcurso del tiempo, por lo que luego de una evaluación de los antecedentes administrativos se emitió la Resolución Administrativa 231976001525, hoy impugnada, la cual resolvió rechazar la oposición a la ejecución tributaria por prescripción, al encontrarse determinada la deuda tributaria en los títulos de ejecución tributaria iniciados a través de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 2483/2011, 2484/2011, 526/2011, 2277/2013 y 991/2016, debido a que el cómputo de la prescripción se inicia a partir de la notificación con los títulos de ejecución tributaria y el mismo fue interrumpido con las acciones de la Administración Tributaria para efectivizar el cobro de los adeudos tributarios, por lo que el término de la prescripción no ha operado, 4 de 24

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encontrándose vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución de conformidad a lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

Manifestó que de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años y el mismo se computará desde el primer día del mes siguiente a la notificación de los títulos de ejecución tributaria contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 2483/2011, 2484/2011, 526/2011, 2277/2013 y 991/2016. Asimismo, señaló que el art. 3 parágrafo II de la Ley 154 establece que “los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible”, por lo que cabe señalar que lo que prescribe son las acciones y facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, e imponer sanciones, no así el tributo como lo establece el citado artículo. 

En ese entendido, señaló que la norma citada adolece de un vacío legal toda vez que no hace mención a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, por lo que consideró que es procedente aplicar el Código Civil respeto a los efectos de la constitución en mora del deudor, que por analogía será admitida para llenar vacíos legales, que el art. 1503 establece que “/. La prescripción se interrumpe por un (…) decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, (…). II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor” y el art. 1493 señala que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titularha dejada de ejercerlo”. 

Argumentó que de los antecedentes del proceso se evidencia que la Administración Tributaria nunca dejó de ejercer sus facultades de ejecución, que de acuerdo a lo previsto en los nums. 2 y 5 del art. 110 la Ley 2492 (CTB) y a efectos de recuperar los adeudos tributarios se procedió a aplicar medidas de cobro coactivo, se solicitó información sobre la existencia de bienes inmuebles a nombre del contribuyente y se solicitó la retención de fondos a la ASFI y posterior remisión de dineros que pudiera tener, hasta cubrir el total de lo adeudado, interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción, debiendo computarse nuevamente a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción. 

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Manifestó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con la modificaciones previstas en las Leyes 291 y 317, establece que “III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible”. Explicó que emergente de la Resolución Determinativa N° 17-0001643-12 (803/2012) fue emitido el PIET 2277/2013 notificado el 28 de noviembre de 2013, en este sentido de conformidad a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por las Leyes 291, 317 y 812, la Administración Tributaria ejerció sus facultades de ejecutar la deuda tributaria determinada toda vez que la misma es imprescriptible ante la emisión de un Título de 

Ejecución tributaria notificado el 31 de diciembre de 2012, es decir de manera posterior a la promulgación de las Leyes 291 y 317 sin que hubiera operado prescripción alguna. 

En cuanto al término de prescripción para imponer sanciones por contravenciones tributarias, señaló que el recurrente fue legalmente notificado el 18 de mayo de 2016 con la RS 196/2016 que dio origen al Título de Ejecución Tributaria N° 991/2016 notificado el 26 de julio de 2016, iniciando el término de prescripción el 7 de junio de 2016, fecha en la que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza y se constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria, finalizando el cómputo el 7 de junio de 2021, por lo que las facultades de ejecutar sanciones se encuentran dentro del plazo de 5 años sin que hubiera operado prescripción alguna. 

Señaló que se evidencia que la prescripción de los adeudos tributarios, solicitada por el recurrente no ha operado, encontrándose plenamente vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, análisis coincidente con lo manifestado en las Resoluciones Jerárquica AGIT-RJ 53/2012, 72/2012 y 1118/2012. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa 231976001525 de 30 de diciembre de 2019. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 13 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal 

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notificación, las mismas que se practicaron, tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria el 19 de febrero de 2020 (fs. 30-31 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 10 de marzo de 2020, la Administración Tributaria, el 28 de febrero de 2020, ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 32 del expediente). 

II.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 15 de junio de 2020, la Administración Tributaria el 3 de junio de 2020 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al Recurso de Alzada (fs. 32 del expediente). 

Por otro lado, el recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

El 24 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Determinativa 17-0001347-10 (243/2010), de 22 de diciembre de 2010, mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del recurrente por un monto total de 210.920.- UFV’s, equivalentes a Bs329.550.-, que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al IVA, resultante de la verificación puntual de notas fiscales que fueron declaradas en los periodos fiscales de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2006 consignadas en la Orden de Verificación 0009OVI11206 (fs. 57-65 y 74 de antecedentes c. I). 

El 9 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó por edicto al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC/526/2011 (24-0002665-11), de 5 de mayo de 2011, mediante el cual le 7 de 24 

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comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 17- 0001347-10 (243/2010), de 22 de diciembre de 2010, por el monto de Bs329.550.-, respecto al IVA de los periodos de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2006, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 82-86 de antecedentes c. I). 

III.3 El 29 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó por edicto al recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0002499- 11 (2483/2011) y 24-0002500-11 (2484/2011), todos de 3 de mayo de 2011, mediante los cuales le comunicó que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas con de Orden 7032421155 y 7032421174, por los montos de Bs4.359.- y Bs1.689.- y los periodos de diciembre/2006 y octubre/2006, respectivamente, dará inicio a la Ejecución Tributaria de mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago, reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 115 y 120-123 de antecedentes c. I). 

El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por edicto al recurrente con la Resolución Determinativa 17-0001643-12 (803/2012), de 24 de diciembre de 2012, mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del recurrente por un monto total de 92.903,41 UFV’s, equivalentes a Bs167.162.-, que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al IVA, resultante de la verificación puntual de notas fiscales que fueron declaradas en los periodos fiscales de febrero, 

mayo, junio, julio, agosto y noviembre de 2008 consignadas en la Orden de Verificación 00110VI04037 (fs. 150-156 y 160 de antecedentes c. I). 

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1.5 El 2 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por edicto al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 33-0002480-13 (2277/2013), de 12 de junio de 2013, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 17-0001643-12 (803/2012), de 24 de diciembre de 2012, por el monto de Bs167.162.-, respecto al IVA de los periodos de febrero, mayo, junio, julio, agosto y noviembre de 2008, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 244-245 de antecedentes c. II). 

1.6 El 18 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-000221-16 (197/2016), de 21 de abril de 2016, mediante la cual resolvió sancionar al recurrente con una multa de 200 UFV’s, por el incumplimiento del deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través de módulo Da Vinci – LCV por el periodo fiscal de febrero de 2010, en aplicación al sub num 4.2 num. 4 del inc. A del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 (fs. 278-280 y 285 de antecedentes c. II). 

1.7 El 26 de julio de 2016, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 33-001269-16 (991/2016), de 30 de junio de 2016, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria N° 18-000221-16 (197/2016), de 21 de abril de 2016, por el monto de 200.- UFV’s por concepto de multa por incumplimiento de deberes formales del periodo de febrero 2011, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 292 y 294 de antecedentes c. II). 

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III.8 El 26 de junio de 2019, el recurrente presentó memorial con NUIT 6166-19, mediante el cual solicitó a la Administración Tributaria declare la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria y ejecución de sanciones establecidas en los PIET’s que detalló en documento adjunto y se pronuncie de manera positiva o negativa al respecto; asimismo, solicitó se levanten o suspendan de las medidas coactivas iniciadas en su contra (fs. 313-314 de antecedentes c. II). 

III-3 El 12 de septiembre de 2019, el recurrente presentó memorial con NUIT 8747- 19, mediante el cual reiteró a la Administración Tributaria su solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria de los PIET’s que se encuentran en mora, al haber transcurrido casi tres meses sin tener una respuesta oportuna a su petición (fs. 323-324 de antecedentes c. II). 

111.10 El 9 de enero de 2020, la Administración Tributaria notificó al recurrente de forma personal con la Resolución Administrativa 231976001525, de 30 de diciembre de 2019, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria presentada por Jaime López Montero, con NIT 4614737013, por los adeudos tributarios contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 2483/2011, 2484/2011, 526/2011, 2277/2013 y 991/2016, habiendo evidenciado que no operó la prescripción, toda vez que los mismos fueron notificados dentro de plazo, encontrándose la facultad de cobro coactivo de la Administración Tributaria plenamente vigente y enmarcada en función al procedimiento establecido conforme lo dispuesto en el art. 59 parágrafo I num. 4 de la Ley 2492 (CTB) y art. 2 de la Ley 812 que modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 338-343 de antecedentes c. II). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente expuso como único agravio la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. 

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IV.1 Sobre la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. 

El recurrente argumentó que se encuentra prescrita la facultad de ejecución de la deuda tributaria y la facultad de ejecución de sanciones por contravenciones establecidas en los Títulos de Ejecución detallados en la Resolución impugnada, considerando que a la fecha no se efectivizó ningún cobro por parte de la Administración Tributaria, que debió realizarse conforme los plazos establecidos en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB). 

Señaló que las obligaciones tributarias datan del 2006 al 2010, por lo que habiendo transcurrido más de cuatro años y toda vez que los hechos generadores a la fecha de vencimiento de pago de la obligación impositiva datan de más de nueve años atrás, las obligaciones tributarias se encuentran prescritas, conforme lo establecido en los arts. 59 al 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que sostuvo que la Administración Tributaria ya no puede ejercer su facultad de ejecución y se debe dejar sin efecto la ejecución de los títulos detallados en la Resolución impugnada. 

Así también, manifestó que la norma tributaria de manera expresa y específica señala cuales son las causales de suspensión e interrupción del curso de la prescripción y que la labor efectuada por la Administración Tributaria en la vía administrativa obedece a un procedimiento de carácter administrativo y no judicial. En ese sentido, habiendo transcurrido más de 9 años sin que la Administración Tributaria hubiere ejercitado sus actuaciones de ejecución tributaria, manifestó que considerar que la pretensión de cobro interrumpe el cómputo de la prescripción carece de sustento legal y resulta improcedente. 

Consideró importante señalar que al momento de materializarse el hecho generador se hallaba vigente en cuanto a la prescripción la Ley 2492, de 3 de agosto de 2003, sin las modificaciones efectuadas mediante las Leyes 291 y 812. Asimismo, citó doctrina respecto a la prescripción y los arts. 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, respecto al término, cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción con relación a la facultad de la ejecución tributaria y ejecución de sanciones. 

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Argumentó que en lo que se refiere a la prescripción de las obligaciones tributarias debe aplicarse íntegramente lo dispuesto en la Ley 2492 (CTB), no siendo necesaria la aplicación de ninguna normativa supletoria conforme señala el parágrafo II del art. 5 y los nums. 1 y 2 del art 74 de la citada norma. Señaló que según la doctrina “las normas que establecen exenciones y beneficios tributariosson taxativas y deben ser interpretadas en forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía analógica” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p.256), por lo que consideró que la Ley 1503 ni ninguna otra normativa son aplicables en tema de prescripción tributaria, que sólo es aplicable el Código Tributario y sus Reglamentos. 

Por otra parte, señaló que el reconocimiento de deuda de la obligación viene a ser cualquier manifestación que demuestre que el deudor admite y acepta una deuda tributaria, situación que considera que no sucedió en su caso y que no se han configurado ninguno de los presupuestos jurídicos señalados en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) para que exista interrupción o suspensión de la prescripción, por lo que la Administración Tributaria perdió su facultad para proseguir con la ejecución tributaria tanto de la deuda como de las sanciones. 

Por su parte, la Administración Tributaria explicó que el 26 de junio de 2019, el contribuyente, presentó solicitud de prescripción de la facultad de ejcución tributaria argumentando que las facultades de la Adminsitración Tributría para ejercer el cobro de la deuda tributaria se encontraban prescritas por el transcurso del tiempo, por lo que luego de una evaluación de los antecedentes administrativos se emitió la Resolución Administrativa 231976001525, hoy impugnada, la cual resolvió rechazar la oposición a la ejecución tributaria por prescripción, al encontrarse determinada la deuda tributaria en lostítulos de ejecución tributaria iniciados a través de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 2483/2011, 2484/2011, 526/2011, 2277/2013 y 991/2016, debido a que el cómputo de la prescripción se inicia a partir de la notificación con los títulos de ejecución tributaria y el mismo fue interrumpido con las acciones de la Administración Tributaria para efectivizar el cobro de los adeudos tributarios, por lo que el término de la prescripción no ha operado, encontrándose vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución de conformidad a lo dispuesto en los arts. 59 parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

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Manifestó que de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), las facultades de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, prescribirán a los cuatro años y el mismo se computará desde el primer día del mes siguiente a la notificación de los títulos de ejecución tributaria contenidos en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 2483/2011, 2484/2011, 526/2011, 2277/2013 y 991/2016. Asimismo, señaló que el art. 3 parágrafo II de la Ley 154 establece que “los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible”, por lo que cabe señalar que lo que prescribe son las acciones y facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, e imponer sanciones, no así el tributo como lo establece el citado artículo. 

En ese entendido, señaló que la norma citada adolece de un vacío legal toda vez que no hace mención a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, por lo que consideró que es procedente aplicar el Código Civil respeto a los efectos de la constitución en mora del deudor, que por analogía será admitida para llenar vacíos legales, que el art. 1503 establece que “I. La prescripción se interrumpe por un (…) decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, (…). II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor” y el art. 1493 señala que “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titularha dejada de ejercerlo”. 

Argumentó que de los antecedentes del proceso se evidencio que la Administración Tributaria nunca dejó de ejercer sus facultades de ejecución, que de acuerdo a lo previsto en los nums. 2 y 5 del art. 110 la Ley 2492 (CTB) y a efectos de recuperar los adeudos tributarios se procedió a aplicar medidas de cobro coactivo, se solicitó información sobre la existencia de bienes inmuebles a nombre del contribuyente y se solicitó la retención de fondos a la ASFI y posterior remisión de dineros que pudiera tener, hasta cubrir el total de lo adeudado, interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción, debiendo computarse nuevamente a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción. 

Manifestó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con la modificaciones previstas en las Leyes 291 y 317, establece que “///. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar 13 de 24 

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la deuda tributaria determinada es imprescriptible”. Explicó que emergente de la Resolución Determinativa 17-0001643-12 (803/2012) fue emitido el PIET 2277/2013 notificado el 28 de noviembre de 2013, en este sentido de conformidad a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por las Leyes 291, 317 y 812, la Administración Tributaria ejerció sus facultades de ejecutar la deuda tributaria determinada toda vez que la misma es imprescriptible ante la emisión de un Título de Ejecución tributaria notificado el 31 de diciembre de 2012, es decir de manera posterior a la promulgación de las Leyes 291 y 317 sin que hubiera operado prescripción alguna. 

En cuanto al término de prescripción para imponer sanciones por contravenciones tributarias, señaló que el recurrente fue legalmente notificado el 18 de mayo de 2016 con la RS 196/2016 que dio origen al Título de Ejecución Tributaria 991/2016 notificado el 26 de julio de 2016, iniciando el término de prescripción el 7 de junio de 2016 fecha en la que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza y se constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria, finalizando el cómputo el 7 de junio de 2021 por lo que las facultades de ejecutar sanciones se encuentran dentro del plazo de 5 años sin que hubiera operado prescripción alguna. 

Señaló que se evidencia que la prescripción de los adeudos tributarios, solicitada por el recurrente no ha operado, encontrándose plenamente vigente la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la ejecución tributaria, análisis coincidente con lo manifestado en las Resoluciones Jerárquica AGIT-RJ 53/2012, 72/2012 y 1118/2012. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que para la doctrina la prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 14 de 24

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embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilídad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. Buenos Aires -Argentina: Editorial “Depalma”, 1995. Pág. 189). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, se manifestó-señalando que: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica”. 

En el mismo orden, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, estableció que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano 15 de 24 

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y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el Principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

Por consiguiente, en efecto, la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. En ese orden, los arts. 59 y 60 del Código Tributario Boliviano (CTB) sin modificaciones, vigente hasta septiembre de la gestión 2012, establecía que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, asimismo, que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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Asimismo, en el caso de las contravenciones, el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso la modificación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” (resaltado propio). 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 17 de 24 

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la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 24 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-0001347-10 (243/2010), de 22 de diciembre de 2010, mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del recurrente por un monto total de 210.920.- UFV’s, equivalentes a Bs329.550-, que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al IVA, resultante de la verificación puntual de notas fiscales que fueron declaradas en los periodos fiscales de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2006 consignadas en la Orden de Verificación 0009OVI11206 (fs. 57-65 y 74 de antecedentes c. I), por lo que el 9 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó por edicto al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria DTJCC/526/2011 (24-0002665- 11), de 5 de mayo de 2011, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 17-0001347-10 (243/2010), de 22 de diciembre de 2010, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído (fs. 82-86 de antecedentes c. I). 

Continuando con la compulsa de antecedentes, el 29 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó por edicto al recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 24-0002499-11 (2483/2011) y 24-0002500-11 (2484/2011), todos de 3 de mayo de 2011, mediante los cuales le comunicó que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas con de Orden 7032421155 y 7032421174, por los montos de Bs4.359.- y Bs1.689.- y los periodos de diciembre/2006 y octubre/2006, respectivamente, dará inicio a la Ejecución Tributaria de mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el Proveído (fs. 115 y 120-123 de antecedentes c. I). 

Por otra parte, el 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por edicto al recurrente con la Resolución Determinativa 17-0001643-12 (803/2012), de 24 de diciembre de 2012, mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del recurrente por un monto total de 92.903,41 UFV’s, 

equivalentes a Bs167.162.-, que incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la 18 de 24

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calificación de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al IVA, resultante de la verificación puntual de notas fiscales que fueron declaradas en los periodos fiscales de febrero, mayo, junio, julio, agosto y noviembre de 2008 consignadas en la Orden de Verificación 0011OVI04037 (fs. 150- 156 y 160 de antecedentes c. I), lo cual conllevo a que el 2 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notifique por edicto al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 33-0002480-13 (2277/2013), de 12 de junio de 2013, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 17-0001643-12 (803/2012), de 24 de diciembre de 2012, por el monto de Bs167.162.-, respecto al IVA de los periodos de febrero, mayo, junio, julio, agosto y noviembre de 2008, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído (fs. 244-245 de antecedentes c. II). 

Continuando con la compulsa, el 18 de mayo de 2016, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Sancionatoria 18-000221- 16 (197/2016), de 21 de abril de 2016, mediante la cual resolvió sancionar al recurrente con una multa de 200 UFV’s, por el incumplimiento del deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través de módulo Da Vinci – LCV por el periodo fiscal de febrero de 2010, en aplicación al sub num 4.2 num. 4 del inc. A del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 (fs. 278-280 y 285 de antecedentes c. II), y el 26 de julio de 2016, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 33- 001269-16 (991/2016), de 30 de junio de 2016, mediante el cual le comunicó que estando firme y ejecutoriada la Resolución Sancionatoria N° 18-000221-16 (197/2016), de 21 de abril de 2016, por el monto de 200.- UFV’s por concepto de multa por incumplimiento de deberes formales del periodo de febrero 2011, dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, al tercer día de su legal notificación con el Proveído (fs. 292 y 294 de antecedentes c. II). 

Por su parte, el recurrente, el 26 de junio de 2019 presentó memorial con NUIT 6166- 19, medíante el cual solicitó a la Administración Tributaria declare la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria y ejecución de sanciones establecidas en los PIET’s que detalló en documento adjunto y se pronuncie de manera positiva o negativa al respecto; asimismo, solicitó se levanten o suspendan de las medidas 19 de 24 

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coactivas iniciadas en su contra (fs. 313-314 de antecedentes c. II), solicitud que reiteró el 12 de septiembre de 2019 mediante memorial con NUIT 8747-19, por lo que, el 9 de enero de 2020, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la Resolución Administrativa 231976001525 de 30 de diciembre de 2019, la cual resolvió rechazar su solicitud de prescripción de la facultad de ejecución tributaria. 

Ahora bien, a efectos de verificar la configuración de la prescripción de la facultad de ejecución de la sanción de la Administración Tributaria, corresponde identificar las gestiones y títulos contenidos en los diferentes PIET y en virtud a ello, considerar la norma vigente al inicio del cómputo de la prescripción, conforme fue analizado y expuesto en la Sentencia Constitucional 1169/2016- S3, de 26 de octubre de 2016; consiguientemente, en el presente caso, siendo que la Resolución Sancionatoria N° 18-000221-16 (197/2016), de 21 de abril de 2016, fue notificada el 18 de mayo de 2016, en consecuencia al no haber sido impugnada después del día veinte (20), adquirió firmeza el 8 de junio de 2016, fecha a partir de la cual se inicia el cómputo para la ejecución de sanción que a tal efecto es de 5 años, conforme lo establecido en los arts. 59 parágrafo III y 60 parágrafo III de Ley 2492 (CTB), considerando las modificaciones introducidas por la Ley 291, norma que se encontraba vigente a la fecha del inicio del cómputo de prescripción, es así que dicho cómputo se inició el 8 de junio de 2016 y concluirá el 8 de junio de 2021, por consiguiente, se tiene que en el presente caso, el 26 de julio de 2016, la Administración Tributaria, inició la ejecución notificando mediante cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 33-001269-16 (991/2016), de 30 de junio de 2016, por lo que la Administración Tributaria inició su facultad de ejecución de sanción antes de que opere la prescripción y se encuentra en plazo para ejecutarla… 

Respecto a la Resolución Determinativa 17-0001643-12 (803/2012), de 24 de diciembre de 2012, la misma que fue notificada al recurrente por edicto el 31 de diciembre de 2012, y se evidencia que la Administración Tributaria, el 2 de diciembre de 2013, notificó al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 33- 0002480-13 (2277/2013), de 12 de junio de 2013, comunicando que se daría inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día siguiente de su legal notificación corresponde realizar un análisis en cuanto a la facultad de ejecutar el título de determinación y a tal efecto, considerando que de acuerdo al criterio de 20 de 24

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aplicabilidad de la Ley expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, que establece que a efectos de verificar la prescripción la Ley aplicable: debe ser por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, y que el PIET 33-0002480-13 (2277/2013), de 12 de junio de 2013, fue notificado el 2 de diciembre de 2013, conforme a lo dispuesto por el art. 59 parágrafo IV de Ley 2492 (CTB) con las modificaciones previstas en la Ley 291 vigente a momento de la notificación con el PIET citado, el cual establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, por consiguiente, en el presente caso, en el entendido que la ejecución de la deuda tributaria, se inició en vigencia de la citada norma, en el marco de las disposiciones de la Ley 2492 (CTB) y sus modificaciones mencionadas precedentemente, la facultad de ejecución tributaria se encuentra vigente. 

Por otra parte, respecto a la facultad de ejecución tributaria de las deudas tributarias autodeterminadas, para las Declaraciones Juradas con de Orden 7032421155 y 7032421174 de los periodos de diciembre/2006 y octubre/2006, corresponde señalar que la Administración Tributaria, estando facultada para ejecutar las deudas autodeterminadas, conforme establece el art. 94 parágrafo II de la Ley 2496 (CTB), emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0002499-11 (2483/2011) y 24-0002500-11 (2484/2011), todos de 3 de mayo de 2011, los mismos que notificó al recurrente por edicto el 29 de noviembre de 2011, comunicando que se daría inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos al tercer día siguiente de su legal notificación, a partir del cual se ejecutarían las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley 2492 (CTB); por lo que, conforme a lo dispuesto por los arts. 59 parágrafo I num.4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, aplicable al presente caso, el cual establece que las acciones para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años, el cómputo se inició el 30 de noviembre de 2011 y concluyó el 30 de noviembre de 2015, sin que durante este tiempo hubiere existido alguna causal de interrupción o suspensión de dicho cómputo, se tiene que operó la prescripción de la facultad de ejecución de los referidos PIET’s, debiendo otorgar la razón al recurrente sobre este punto. 

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Respecto a la prescripción de la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa 17-0001347-10 (243/2010), de 22 de diciembre de 2010, de la revisión de antecedentes se evidencia que el 9 de agosto de 2011 la Administración Tributaria notificó al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC/526/2011 (24-0002665-11), de 5 de mayo de 2011, comunicando que se daría inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día siguiente de su legal notificación, por lo que conforme a lo dispuesto por los arts. 59 parágrafo I num.4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, aplicable al presente caso, el cual establece que las acciones para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años, por consiguiente, el cómputo se inició el 10 de agosto de 2011, y concluyó el 10 de agosto de 2015, es así que en el marco de las disposiciones de la Ley 2492 (CTB) mencionadas precedentemente, la facultad de ejecución tributaria se encuentra prescrita, por lo que corresponde otorgar la razón al recurrente sobre este punto. 

Con relación a lo señalado por la Administración Tributaria, respecto a que la norma adolece de un vacío legal, toda vez que no hace mención a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución tributaria, la aplicación del Código Civil respeto a los efectos de la constitución en mora del deudor, que por analogía será admitida para llenar vacíos legales y que la aplicación de medidas de cobro coactivo interrumpió el cómputo de la prescripción, corresponde señalar que a diferencia de la aplicación de la norma en la Ley 1340 (CTB derogado) para el cobro coactivo, no es evidente que exista un vacío legal en la Ley 2492 (CTB) vigente en cuanto a la interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción en ejecución tributaria, por tanto no corresponde la aplicación supletoria de otra normativa, siendo que el cómputo y las causales de interrupción y suspensión de la prescripción deben realizarse dentro del marco de lo dispuesto en los arts. 61 y 62 de Ley 2492 (CTB), causales que la Administración Tributaria no demostró se hayan configurado oportunamente, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

Por otra parte, con relación a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 53/2012, 72/2012 y 1118/2012 citadas por la Administración como precedentes, cabe señalar que el análisis realizado en las citadas Resoluciones se basa en la aplicación de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, en consecuencia, no es evidente que exista 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

coincidencia con los argumentos expresados por la Administración Tributaria en su contestación del Recurso de Alzada. 

Consecuentemente, de lo descrito y analizado precedentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa 231976001525 de 30 de diciembre de 2019, declarando sin efecto la ejecución tributaria de los títulos contenidos en los PIET 24-0002499-11 (2483/2011) y 24-0002500-11 (2484/2011), ambos de 3 de mayo de 2011 así como del título contenido en el PIET DTJCC/526/2011 (24-0002665-11) de 5 de mayo de 2011, al encontrarse prescrita la facultad de ejecución y cobro de la Administración Tributaria y mantener vigente la ejecución iniciada mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaría N° 33- 0002480-13 (2277/2013) y 33-001269-16 (991/2016), al encontrarse plenamente vigentes las facultades de ejecución tributaría y de ejecución de sanciones 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa 231976001525 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, declarando prescrita la facultad de ejecución tributaria iniciada mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 526/2011 (24-0002665- 11) , 24-0002499-11 (2483/2011) y 24-0002500-11 (2484/2011) y mantener vigente la ejecución de las sanciones y la ejecución tributaria iniciadas mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 33-0002480-13 (2277/2013) y 33- 001269-16 (991/2016), de acuerdo a los fundamentos técnico -jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 23 de 24 

Justjcia tributaria para vivir bien 

Jan [nit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manbtasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/acq/mirb/adcv ARIT-SCZ/RA 0329/2020 

Autoridad Regional , ,.¡¿„ Tr*-.liria Sj”.;> C’ 

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