ARIT-SCZ-RA-0328-2020 Facultad de ejecución de la deuda determinada no prescribe desde septiembre de 2012

ARIT-SCZ-RA-0328-2020

aití 

AUTORIDAD DE 

iMPtGNACióN Tribuaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0328/2020 

Heriberto Mercado Peña. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) representada por Edwin 

Darling Menacho Callaú. 

Resolución Administrativa N° 

231970004061 de 18 de diciembre 

de 2019. 

ARIT-SCZ-0083/2020. 

Santa Cruz, 06 de julio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0328/2020 de 06 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa 231970004061, de 18 de diciembre de 2019, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de sanción de la obligación fiscal por declaraciones juradas por el impuesto IT de los periodos de enero, marzo, abril, 

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9001 

Justicia tributaria para vivir bien Jan rrjit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana|tasaq kuraq kamachiq (Quechua) MburiWisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Certificado 771/14 

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mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005; e impuesto IVA de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012, por Bs158.326, contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524214, Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595714 y Resolución Sancionatoria 701800389115, debidamente notificados. Así también, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de imponer sanción de la obligación fiscal emergente de declaraciones juradas por el impuesto IVA de los periodos de abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012, por Bs32.254, contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524314, Auto Inicial de Sumario Contravencional N°703100595814 y Resolución Sancionatoria N°701800389315 (último acto administrativo no notificado), asimismo denegó la solicitud de levantamiento de medidas coactivas. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

Heriberto Mercado Peña, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 17 de enero de 2020 (fs. 13-19 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 231970004061, de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción de la facultad de imposición de sanción y de ejecución de la Administración Tributaria. 

El recurrente señaló que la Resolución impugnada es gravosa y lesiva a sus derechos, garantías e intereses, al lesionar normas legales que regulan la materia Administrativa y Derechos y Garantías Constitucionales, porque no aplica la normativa vigente en el tiempo. 

Con relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524214, Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595714 y Resolución Sancionatoria 2 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

N°701800389115, debidamente notificados, así como el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524314, Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595814 y Resolución Sancionatoria 701800389315 (último acto administrativo no notificado), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de las gestiones 2005, 2007, 2011 y 2012, de los cuales solicitó la prescripción de la ejecución tributaria, señaló que es pertinente destacar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), vigente hasta el año 2012, determina que prescriben a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para: “(…) 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria” y que en este contexto el art. 60 de la citada norma aclara que dicho término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

En ese contexto, manifestó que corresponde dejar establecido que la prescripción de imponer sanciones y ejercer la facultad de ejecución tributaria opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante el término de cuatro años para el tributo omitido y dos años para ejecutar las sanciones por contravenciones, por lo que el periodo de 4 años de prescripción previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), para la gestión 2005, ha comenzado a correr las obligaciones tributarias cuyo vencimiento de periodo de pago hubiera iniciado a partir de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y así sucesivamente para las otras gestiones, motivo por el cual no es procedente la prosecución de la referida ejecución coactiva medíante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214, Resolución Sancionatoria N°701800389115, Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524314 y Resolución Sancionatoria 701800389315, por haber precluido el derecho de la Administración Tributaria y facultad tanto para emitirlas y notificarlas por el transcurso del tiempo que le otorga la Ley a ese fin, por lo que corresponde declarar la prescripción de los citados actos relativos a los impuestos IVA e IT de las gestiones 2005, 2007, 2011 y 2012. 

Señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 317 recién se aplica a tributos cuyo vencimiento es a partir del 11 de diciembre de 2012 y que los plazos extensivos dispuestos por la Ley 291 se aplican a los tributos cuyo vencimiento es a partir de enero de 2013. Asimismo, citó como jurisprudencia la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, en lo relativo a la irretroactividad de la 3 de 28 

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Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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Ley, se refirió al instituto jurídico de la prescripción y señaló como prueba las Sentencias 30/2016 y 47/2016 respecto a que no es posible la aplicación retroactiva de la normativa, específicamente de las Leyes 291 y 317. 

Por otra parte, explicó que si bien la Administración Tributaria efectivizó medidas tendientes al cobro, sin embargo la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones no reconoce las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción, por lo que considera que no corresponde mayor análisis de las mismas. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa N° 231970004061, de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 24 de enero de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Administrativa N° 231970004061, de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 20 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 12 de febrero de 2020 (fs. 30-35 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la prescripción de la facultad de imposición de sanción y de ejecución de la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria, luego de citar doctrina tributaria respecto a la prescripción, señaló que no obstante el instituto de la prescripción tiene excepciones como la suspención o la interrupción, siempre que exista una acción de la Adminísración Tributaria destinada al cobro del adeudo tributario frente al 4 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

contribuyente, dicho aspecto será considerado como el uso de sus facultades establecidas por Ley en cuento a la relación jurídica tributaria del Estado como sujeto activo frente a las deudas tributarias. 

Manifestó que se debe considerar que los parámetros legales establecidos en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) han sufrido modificaciones por las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y posteriormente por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, de lo cual se tiene que habiendo notificado los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria el 14 de noviembre de 2014, fecha en la cual se inicia el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se debe considerar que la notificación con la Resolución Sancionatoria interrumpe este cómputo, de acuerdo a lo establecido en el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), considerando lo señalado en en el parágrafo IV del art. 59 de la citada norma, la cual indica “La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”, por ello sostiene que la deuda tributaria contenida en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524214 y 703300524314 no se encuentra prescrita. 

Respecto a la facultad de ejecución de sanción de la Resolución Sancionatoria 701800389115, indicó que ésta se encuentra vigente ya que la misma fue notificada el 12 de abril de 2016, habiendo adquirido firmeza y encontrándose en etapa de ejecución, para lo cual se considera lo contenido en el parágrafo III del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el término para ejecutar sanciones prescribe a los cinco años, iniciando el computo el 3 de mayo de 2016 y concluirá el 21 de mayo de 2021, es decir que la facultad de ejecución de sanción de la Administración Tributaria respecto a la Resolución Sancionatoria 701800389115 se encuentra vigente, posición ratificada en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1274/2018. 

Con relación a la facultad de imponer sanción de la deuda por omisión de pago, argumentó que según el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°703100595814 notificado el 30 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), considerando que la prescripción no opera de oficio y en atención a la solicitud de prescripción realizada el 13 de enero de 2017, el cómputo de la prescripción para los periodos de abril y noviembre de 2011 inicio el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019, sin embargo, este cómputo se ha 5 de 28 

Justicja tributariapara vivir bien 

Jan mlt’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manaiasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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suspendido con la notificación de la Resolución Administrativa 231970004061 el 30 de diciembre de 2019 y la presente impugnación. 

Asimismo, señaló que para los periodos de julio y agosto de 2012, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020, encontrándose igualmente suspendido el cómputo por la interposición del presente recurso de alzada, por lo cual se encuentra vigente la facultad de imponer sanción de la Administración Tributaria, criterio adoptado por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0957/2017. 

Señaló que la prescripción pretendida por la facultad de ejecución de la deuda tributaria de las gestiones 2005, 2007, 2011 y 2012, conforme lo señalado, no es procedente por no haber operado el término establecido en el art. 59 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291 y 317, estableciendo que la facultad de determinar prescribe a los ocho años considerando que la prescripción no procede de oficio. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa 231970004061 de 18 de diciembre de 2019. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 18 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria el 19 de febrero de 2020 (fs. 36-37 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 10 de marzo de 2020, la Administración Tributaria, el 27 de febrero de 2020, ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 38 del expediente). 

Por su parte, el recurrente, el 9 de marzo de 2020, ratificó como prueba la documentación que acompañó a su memorial de Recurso de Alzada, así como las pruebas presentadas por la Administración Tributaria (fs. 41 de antecedentes). 

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Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 15 de junio de 2020, la Administración Tributaria el 4 de junio de 2020 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente Recurso de Alzada (fs. 44-45 del expediente). 

Por otro lado, el recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

III.1 El 14 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214, de 23 de octubre de 2014, mediante el cual le comunicó al recurrente que estando firme y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005 y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012, por el monto de Bs158.326.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492, hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 62-63 de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524314, de 23 de octubre de 2014, mediante el cual le comunicó al recurrente que estando firme y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas correspondientes al 7 de 28 

Justicia tributaria para vivir bien 

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Manatasab kuraq kamachiq (Quechua) 

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ana 

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Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012, por el monto de Bs32.254.-, dará inicio a la Ejecución Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarán y ejecutarán las medidas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de Ley 2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria, cuyo monto será actualizado a la fecha de pago reconociendo justos y legales los pagos a cuenta que se hubiesen efectuado (fs. 65-68 de antecedentes). 

El 30 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595714, de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual instruyó el Inicio del Sumario Contravencional en contra del recurrente por la existencia de suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por el importe no pagado de Bs158.326.- de las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005 y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012, asimismo, concedió el plazo de 20 días para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas (fs. 69-72 de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 703100595814, de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual instruyó el Inicio del Sumario Contravencional en contra del recurrente por la existencia de suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por el importe no pagado de Bs32.254.- de las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012, asimismo, concedió el plazo de 20 días para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas (fs. 73-75 de antecedentes). 

8 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

111.3 El 27 de octubre de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 701800389315, la cual resolvió sancionar al recurrente con 

una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los 

impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional 703100595814, por la contravención de omisión de pago, 

en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 

(RCTB) (fs. 90-92 y 123 de antecedentes). 

111.4 El 12 de abril de 2016, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 701800389115, de 27 de 

octubre de 2015, la cual resolvió sancionar al recurrente con una multa igual al 

100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y 

periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

703100595714, por la contravención de omisión de pago, en aplicación de los 

arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 86-89 de 

antecedentes). 

111.5 El 13 de enero de 2017, el recurrente presentó memoriales con NUIT 1171/17 y 1172/17 mediante los cuales solicitó se declare prescrita la facultad de 

ejecución tributaria de las obligaciones tributarias por las que se emitieron los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524314

703300524214 y se levante cualquier medida coactiva ejecutada en su contra 

(fs. 136-141 y 150-156 de antecedentes). 

El 5 de junio y 29 de agosto de 2018, el recurrente presentó memoriales con 

NUIT N° 7614/18 y 12539/18 mediante los cuales reiteró sus solicitudes de 

prescripción la facultad de ejecución de las gestiones 2005, 2006, 2007, 2011 

y 2012 (fs. 162-165 y 238-239 de antecedentes). 

.7 El 25 de abril de 2019, el recurrente presentó memorial con NUIT N° 053/19 iijiiuijiijuii.i mediante el cual reiteró sus solicitudes de prescripción de la facultad de 

ejecución de las gestiones 2005, 2006, 2007, 2011 y 2012 (fs.238-239 de 

antecedentes). 

9 de 28 NB/ISO 

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Justicja tributaria para vivir bien Janrr|t’ayir jach’a kamani (Aymara) Manafesaq kuraq kamachiq (Quechua) MburuVisa tendodegua mbaeti oñomita 

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111.8 El 27 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Administrativa 231870000717, de 15 de noviembre de 2018, la cual resolvió rechazar la solicitud de rectificatoria de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales de octubre de 2007; febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2012 (fs. 234-236 de antecedentes). 

111.9 El 26 de noviembre de 2019, el recurrente presentó memorial con NUIT 17142/19, mediante el cual reiteró a la Administración Tributaria las solicitudes de prescripción presentadas respecto a la facultad de ejecución tributaria de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524314 y 703300524214, ya que había trascurrido bastante tiempo desde su solicitud inicial; asimismo, solicitó se acepten sus descargos ya que se trataba de un error por mal llenado de formularios (fs. 245-246 de antecedentes). 

111.10 El 30 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Administrativa 231970004061, de 18 de diciembre de 2019, la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de ejecución de sanción de la obligación fiscal por declaraciones juradas por el impuesto IT de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005; e impuesto IVA de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012, por Bs158.326, contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214, Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595714 y Resolución Sancionatoria 701800389115, debidamente notificados. Así también, resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la facultad de imponer sanción de la obligación fiscal emergente de declaraciones juradas por el impuesto IVA de los periodos de abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012, por Bs32.254, contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaría 703300524314, Auto Inicial de Sumario Contravencional N°703100595814 y Resolución Sancionatoria N°701800389315 (último acto administrativo no notificado), asimismo denegó 

I0de28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

la solicitud de levantamiento de medidas coactivas (fs. 248-257 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente expuso como único agravio la prescripción de la facultad de imposición de sanción y de ejecución de la Administración Tributaria. 

IV.1 Sobre la prescripción de la facultad de imposición de sanción y de ejecución de la Administración Tributaria. 

El recurrente señaló que la Resolución impugnada es gravosa y lesiva a sus derechos, garantías e intereses, al lesionar normas legales que regulan la materia Administrativa y Derechos y Garantías Constitucionales, porque no aplica la normativa vigente en el tiempo. 

Con relación al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214, Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 703100595714 y Resolución Sancionatoria N°701800389115, debidamente notificados, así como el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524314, Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595814 y Resolución Sancionatoria 701800389315 (último acto administrativo no notificado), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de las gestiones 2005, 2007, 2011 y 2012, de los cuales solicitó la prescripción de la ejecución tributaria, señaló que es pertinente destacar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), vigente hasta el año 2012, determina que prescriben a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para: “(…) 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria” y que en este contexto el art. 60 de la citada norma aclara que dicho término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

En ese contexto, manifestó que corresponde dejar establecido que la prescripción de imponer sanciones y ejercer la facultad de ejecución tributaria opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante el término de cuatro años para el tributo omitido y dos años para ejecutar las sanciones por contravenciones, por lo que ll de 28 

Justicia tributaria para vivir bien 

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Mbliruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mrn 

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el periodo de 4 años de prescripción previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), para la gestión 2005 ha comenzado a correr las obligaciones tributarias cuyo vencimiento de periodo de pago hubiera iniciado a partir de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y así sucesivamente para las otras gestiones, motivo por el cual no es procedente la prosecución de la referida ejecución coactiva mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214, Resolución Sancionatoria N°701800389115, Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N” 703300524314 y Resolución Sancionatoria N° 701800389315, por haber precluido el derecho de la Administración Tributaria y facultad tanto para emitirlas y notificarlas por el transcurso del tiempo que le otorga la Ley a ese fin, por lo que corresponde declarar la prescripción de los citados actos relativos a los impuestos IVA e IT de las gestiones 2005, 2007, 2011 y 2012. 

Señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 317 recién se aplica a tributos cuyo vencimiento es a partir del 11 de diciembre de 2012 y que los plazos extensivos dispuestos por la Ley 291 se aplican a los tributos cuyo vencimiento es a partir de enero de 2013. Asimismo, citó como jurisprudencia la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3, en lo relativo a la irretroactividad de la Ley, se refirió al instituto jurídico de la prescripción y señaló como prueba las Sentencias 30/2016 y 47/2016 respecto a que no es posible la aplicación retroactiva de la normativa, específicamente de las Leyes 291 y 317. 

Por otra parte, explicó que si bien la Administración Tributaria efectivizó medidas tendientes al cobro, sin embargo la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones no reconoce las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción, por lo que considera que no corresponde mayor análisis de las mismas. 

Por su parte, la Administración Tributaria, luego de citar doctrina tributaria respecto a la prescripción, señaló que no obstante el instituto de la prescripción tiene excepciones como la suspención o la interrupción, siempre que exista una acción de la Administración Tributaria destinada al cobro del adeudo tributario frente al contribuyente, dicho aspecto será considerado como el uso de sus facultades establecidas por Ley en cuento a la relación jurídica tributaria del Estado como sujeto activo frente a las deudas tributarias. 

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Manifestó que se debe considerar que los parámetros legales establecidos en los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) han sufrido modificaciones por las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y posteriormente por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, de lo cual se tiene que habiendo notificado los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria el 14 de noviembre de 2014, fecha en la cual se inicia el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se debe considerar que la notificación con la Resolución Sancionatoria interrumple este cómputo, de acuerdo a lo establecido en el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), considerando lo señalado en en el parágrafo IV del art. 59 de la citada norma, la cual indica “La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”, por ello sostiene que la deuda tributaria contenida en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524214 y 703300524314 no se encuentra prescrita. 

Respecto a la facultad de ejecución de sanción de la Resolución Sancionatoria 701800389115, indicó que ésta se encuentra vigente ya que la misma fue notificada el 12 de abril de 2016, habiendo adquirido firmeza y encontrándose en etapa de ejecución, para lo cual se considera lo contenido en el parágrafo III del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el término para ejecutar sanciones prescribe a los cinco años, iniciando el computo el 3 de mayo de 2016 y concluirá el 21 de mayo de 2021, es decir que la facultad de ejecución de sanción de la Administración Tributaria respecto a la Resolución Sancionatoria N° 701800389115 se encuentra vigente, posición ratificada en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1274/2018. 

Con relación a la facultad de imponer sanción de la deuda por omisión de pago, argumentó que según el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°703100595814 notificado el 30 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), considerando que la prescripción no opera de oficio y en atención a la solicitud de prescripción realizada el 13 de enero de 2017, el cómputo de la prescripción para los periodos de abril y noviembre de 2011 inicio el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019, sin embargo, este cómputo se ha suspendido con la notificación de la Resolución Administrativa N° 231970004061 el 30 de diciembre de 2019 y la presente impugnación. 

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Asimismo, señaló que para los periodos de julio y agosto de 2012, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2013 y concluirá el 31 de diciembre de 2020, encontrándose igualmente suspendido el cómputo por la interposición del presente recurso de alzada, por lo cual se encuentra vigente la facultad de imponer sanción de la Administración Tributaria, criterio adoptado por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0957/2017. 

Señaló que la prescripción pretendida por la facultad de ejecución de la deuda tributaria de las gestiones 2005, 2007, 2011 y 2012, conforme lo señalado, no es procedente por no haber operado el término establecido en el art. 59 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291 y 317, estableciendo que la facultad de determinar prescribe a los ocho años considerando que la prescripción no procede de oficio. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que para la doctrina la prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. BuenosAires -Argentina: Editorial “Depalma”, 1995. Pág. 189). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 14 de 28

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de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2 manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos inter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunalesy jueces (en todos sus nivelesjerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la 15 de 28 

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interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica” (las negrillas son añadidas). 

En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el Principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes 16 de 28

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del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019- S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019. 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, en efecto, en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. En ese orden, los arts. 59 y 60 del Código Tributario Boliviano (CTB) sin modificaciones, vigente hasta septiembre de la gestión 2012, establecía que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, asimismo, que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, para la ejecución tributaria el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria y el término para ejecutar las sanciones se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Asimismo, en el caso de las contravenciones, el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

Por otra parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso la modificación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, 17 de 28 

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comprobar y fiscalizar tributos.2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.”. 

De igual forma, en la Disposición Sexta de la citada Ley 291, se estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

Posteriormente, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo Idel Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley291, de 22 de septiembre de 2012.” 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 18 de 28

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Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Asimismo, es pertinente considerar que la Ley 3092, de 7 de julio de 2005, en su art. 4 dispone: “Además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. 2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria.”. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 14 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214 y 703300524314, mediante los cuales se comunicó al recurrente que estando firmes y ejecutoriadas las Declaraciones Juradas, por los impuestos y periodos detallados, dará inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación con el Proveído (fs. 62-63 y 65-68 de antecedentes). 

Posteriormente, el 30 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó al recurrente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 703100595714 y 703100595814, ambos de 3 de diciembre de 2014, mediante los cuales instruyó el Inicio del Sumario Contravencional en contra del recurrente por la existencia de 19 de 28 

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suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), de las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005 y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012; abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012, asimismo, concedió el plazo de 20 días para presentar descargos escritos u ofrecer pruebas (fs. 69-75 de antecedentes). 

Continuando con la compulsa de antecedentes, el 27 de octubre de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 701800389315, la cual resolvió sancionar al recurrente con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595814, por la contravención de omisión de pago, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 90-92 de antecedentes); asimismo, el 12 de abril de 2016, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al recurrente con la Resolución Sancionatoria 701800389115, de 27 de octubre de 2015, la cual resolvió sancionar al recurrente con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595714, por la contravención de omisión de pago, en aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 86- 89 de antecedentes). 

Por su parte, el recurrente, el 13 de enero de 2017 presentó memoriales con NUIT 1171/17 y 1172/17 mediante los cuales solicitó se declare prescrita la facultad de ejecución tributaria de las obligaciones tributarias por las que se emitieron los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524314 y 703300524214 y se levante cualquier medida coactiva ejecutada en su contra (fs. 136-141 y 150-156 de antecedentes), solicitud que reiteró el 5 de junio, 29 de agosto de 2018; el 25 de abril y 26 de noviembre de 2019 mediante memoriales con NUIT 7614/18, 12539/18, 053/19 y 17142/19, a través de los cuales reiteró sus solicitudes de prescripción de la facultad de ejecución de las gestiones 2005, 2006, 2007, 2011 y 2012 (fs. 162-165, 238-239 y de antecedentes); en consecuencia, la Administración Tributaria emitió y 20 de 28

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notificó al recurrente la Resolución Administrativa 231970004061, de 18 de diciembre de 2019, hoy impugnada. 

Ahora bien, a efectos de verificar la procedencia o improcedencia de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda tributaria correspondiente a los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214 y 703300524314, los cuales corresponden a Declaraciones Juradas por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005; y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012; abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012, es preciso señalar que en el marco de lo previsto en los arts. 94, parágrafo II y 108, parágrafo I, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), se establece que el Sujeto Pasivo al determinar deuda tributaria mediante la presentación de una Declaración Jurada que no es pagada o es pagada parcialmente, surge el procedimiento de Ejecución Tributaria a efectos de cobrar el impuesto que fue autodeterminado, empero no pagado, mismo que se inicia con la notificación del Proveído de Ejecución Tributaria; en ese contexto, se tiene que en el caso de Declaraciones Juradas impagas o pagadas parcialmente, el cómputo del término de prescripción para ejecutar la deuda tributaria se inicia desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, en virtud a lo dispuesto en el art. 60, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

En ese contexto, y aclarado lo anterior se tiene que para las Declaraciones Juradas por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005; y por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2012; abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012; conforme a lo dispuesto por los arts. 59 parágrafo I num.4 y 60 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, las acciones para ejercer su facultad de ejecución tributaria prescribe a los 4 años, y considerando que el 14 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al recurrente Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214 y 703300524314, el cómputo de la prescripción se inició el 15 de noviembre de 2014 y concluyó el 15 de 21 de 28 

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noviembre de 2018, sin que durante este tiempo hubiere existido alguna causal de interrupción o suspensión de dicho cómputo, ni se efectivizó el cobro de las obligaciones tributarias referidas, por lo que, operó la prescripción de la facultad de ejecución de los referidos PIET’s para los periodos detallados. 

Con relación a la Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de septiembre de 2012, incluido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214, presentada el 15 de octubre de 2012, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria suficiente para iniciar la etapa de ejecución ante el no pago o pago parcial de la deuda declarada, en vigencia del art. 59 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 291, el cual, en su disposición adicional quinta, señala “La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.”, norma que al estar vigente al inicio de la etapa de ejecución, corresponde su aplicación, consecuentemente, se entiende que la facultad de ejecución de la Administración Tributaria con relación a la Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de septiembre de 2012, contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214, es imprescriptible, encontrándose la entidad recurrida con sus facultades vigentes para ejercer el cobro de la obligación tributaria auto determinada en la referida Declaración Jurada. 

Por otra parte, respecto a la facultad de ejecución de sanción de la Resolución Sancionatoria 701800389115, la Administración Tributaria, indicó que ésta se encuentra vigente, toda vez que la misma fue notificada el 12 de abril de 2016, habiendo adquirido firmeza y encontrándose en etapa de ejecución, en ese sentido, corresponde señalar que no obstante, la Resolución Sancionatoria habría adquirido firmeza y el proceso sancionatorio estaría en etapa de ejecución tributaria, el art. 5 del DS 27310 (RCTB), prevé que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria, por cuanto, en el marco de la previsión contenida en el num. 3 del art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que permite a esta instancia recursiva analizar la prescripción invocada por el recurrente, se procederá a verificar si la facultades de imposición de sanción y de su ejecución se encontraban o no vigentes. 

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AIT.”í\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por consiguiente, al tratarse la Resolución Sancionatoria N° 701800389115 de un proceso de imposición de sanciones por Omisión de Pago emergente de Declaraciones Juradas de las gestiones 2005, 2007, 2011 y 2012, presentadas y no pagadas, corresponde aplicar la disposición normativa vigente al momento del inicio del referido cómputo, es decir para las gestiones 2005, 2007 y 2011, la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, y para la gestión 2012 la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317, todo en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019, de 16 de diciembre de 2019. 

En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB), que señala que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; vale decir, el cómputo de la prescripción para sancionar la conducta atribuida referente a la Omisión de Pago por las declaraciones juradas de los periodos fiscales de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005, comenzó a partir del 1 de enero de 2006 y finalizó el 31 de diciembre de 2009, de la declaración jurada del octubre de 2007 comenzó a partir del 1 de enero de 2008 y finalizó el 31 de diciembre de 2011 y de las declaraciones juradas de los periodos fiscales de febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2011, comenzó a partir del 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015, por su parte el periodo fiscal diciembre 2011, vencía en el mes de enero de 2012, por lo que su computo inició el 1 de enero de 2013, es decir que, para todos los periodos citados, excepto diciembre de 2011, cuando se notificó la Resolución Sancionatoria 701800389115, el 12 de abril de 2016, la facultad de la entidad recurrida para imponer sanciones se encontraba prescrita, empero, para el periodo fiscal de diciembre 2011, la notificación de la Resolución Sancionatoria, realizada el 12 de abril de 2016, se constituyó en una causal de interrupción de dicho cómputo, toda vez que sus facultades de imponer sanciones se encontraban vigentes, no siendo necesario realizar análisis alguno, con relación a la facultad de ejecución de la Resolución Sancionatoria, respecto a los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005, octubre de 2007, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2011 puesto que la facultad de imposición de 23 de 28 

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la Administración Tributaria en referencia a los mismos, ya estaba prescrita con anterioridad a la emisión y notificación del citado acto administrativo. 

Ahora bien, respecto a la conducta de Omisión de Pago por las declaraciones juradas de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012, considerando que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2013, corresponde se aplique la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones incorporadas mediante las Leyes 291 y 317, donde se dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cinco (4) años para la gestión 2012, por tanto, el plazo de prescripción para la imposición de sanciones concluiría el 31 de diciembre de 2016, es decir, cuando se notificó la Resolución Sancionatoria 701800389115, el 12 de abril de 2016, las facultades de la Administración Tributaria se encontraban vigentes. 

En tal sentido, la prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones de la Administración Tributaria, impuesta a través de la Resolución Sancionatoria 701800389115 respecto a las declaraciones juradas de los periodos de diciembre de 2011, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012, corresponde considerar la norma vigente al inicio del cómputo de la prescripción, conforme fue analizado en la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016; consiguientemente, en el presente caso, siendo que la Resolución Sancionatoria N° 701800389115, de 27 de octubre de 2015, fue notificada el 12 de abril de 2016, en consecuencia adquirió firmeza el 2 de mayo de 2016, fecha a partir de la cual adquirió firmeza e inicia el cómputo para la ejecución de sanción de 5 años, conforme lo establecido en los arts. 59 parágrafo III y 60 parágrafo III de Ley 2492 (CTB), considerando las modificaciones introducidas por la Ley 291, norma que se encontraba vigente a la fecha del inicio del cómputo de prescripción, es así que dicho cómputo se inició el 3 de mayo de 2016 y concluirá el 03 de mayo de 2021, por lo que, la facultad de ejecución de sanción de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita respecto a las declaraciones juradas de los periodos de diciembre de 2011, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012. 

Continuando con la revisión de la facultad imposición de sanción de la Administración Tributaria, se tiene que el 27 de octubre de 2015, la Administración 24 de 28

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Impugnación Tributaria 

Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 701800389315, la cual resolvió sancionar al recurrente con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 703100595814, por la contravención de omisión de pago, de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por el importe no pagado de Bs32.254.- correspondiente a las Declaraciones Juradas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de abril y noviembre de 2011; y julio y agosto de 2012, sin embargo, dicha Resolución no fue notificada al recurrente, tal como afirmó la misma Administración recurrida, en el acto administrativo impugnado, en consecuencia no produjo los efectos legales de acuerdo a lo establecido en el art. 32 parágrafo I de la Ley 2341 ( LPA). 

En ese entendido, conforme a lo dispuesto por los arts. 59 parágrafo I num. 4 y 60 parágrafo I de Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, la Administración Tributaria tenía el plazo de cuatro (4) años para ejercer su facultad de imponer sanciones administrativas, iniciándose el cómputo para establecer la contravención tributaria de omisión de pago para los períodos fiscales de abril y noviembre de 2011, al año siguiente de la gestión en la que se habría cometido el ilícito, es decir, para las Declaraciones Juradas cuyo hecho generador se perfeccionó en la gestión 2011, el término para la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó 31 de diciembre de 2015; asimismo para los períodos fiscales de julio y agosto de 2012, cuyo hecho generador se perfeccionó en la gestión 2012, el término para la prescripción se inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016, en consecuencia, no habiéndose notificado la Resolución Sancionatoria 701800389315 antes de la conclusión del término de la prescripción, las facultades de la entidad recurrida para imponer sanciones se encuentran prescritas. 

Consecuentemente, de lo descrito y analizado precedentemente, es evidente que las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria respecto a las Declaraciones Juradas por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005; y por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2012; abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012 y la facultad de imponer sanciones por 25 de 28 

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Omisión de Pago por las Declaraciones Juradas de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre octubre, y noviembre de 2005; octubre de 2007 y febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2011 contenidas en la Resolución Sancionatoria 701800389115, se encuentran prescritas; empero, la facultad de ejecución tributaría con relación a la Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de septiembre de 2012, contenida en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524214 y la facultad de imposición y de ejecución de sanciones respecto a la Declaraciones Juradas de los periodos de diciembre de 2011, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012 contenidos en la Resolución Sancionatoria 701800389115, se encuentran vigentes. 

Por consiguiente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa 231970004061, de 18 de diciembre de 2019, dejando sin efecto la ejecución tributaria iniciada mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524214 y 703300524314, con relación al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005; y por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2012; abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012; y mantener vigente la ejecución tributaria iniciada mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524214 con relación a la Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de septiembre de 2012; asimismo, declarar prescrita la facultad de imposición y ejecución de sanción de Omisión de Pago por las Declaraciones Juradas de los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre octubre, y noviembre de 2005; octubre de 2007 y febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2011 contenidos en la Resolución Sancionatoria 701800389115 y la facultad de imponer sanciones por las Declaraciones Juradas contenidas en la Resolución Sancionatoria N° 701800389315 del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2011 (al no haber sido notificada al sujeto pasivo), y se declara vigente la facultad de imposición y de ejecución de sanciones por Omisión de Pago respecto a la Declaraciones Juradas de los periodos de diciembre de 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

2011, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012 contenidos en la Resolución Sancionatoria N° 701800389115 de 27 de octubre de 2015. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa 231970004061 de 18 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, dejando sin efecto la ejecución tributaria iniciada mediante los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria N° 703300524214 y 703300524314, con relación al Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005; y por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de octubre de 2007; febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2012; abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2012, por encontrarse prescritas sus facultades de ejecución tributaria; y mantener vigente la ejecución tributaria iniciada mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 703300524214 con relación a la Declaración Jurada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de septiembre de 2012; asimismo, se declara prescrita la facultad de imposición y ejecución de sanción por Omisión de Pago por las Declaraciones Juradas de los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre octubre, y noviembre de 2005; octubre de 2007 y febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2011 contenidos en la Resolución Sancionatoria 701800389115 y la facultad de imponer y ejecutar sanciones por las Declaraciones Juradas contenidas en la Resolución Sancionatoria 701800389315 del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de abril y noviembre de 2011; julio y agosto de 2011 (al no haber sido notificada al sujeto pasivo); manteniéndose vigente la facultad de imposición y de ejecución de sanciones respecto a la Declaraciones Juradas de los periodos diciembre de 2011, 27 de 28 

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de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2012 contenidas en la Resolución Sancionatoria 701800389115 de 27 de octubre de 2015, de acuerdo a los fundamentos técnico -jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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DirectasEjecutiva Regioní 

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AutonoaoRegional de 

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