ARIT-SCZ-RA-0327-2020 Computo de la prescripción no inicia desde la solicitud de la misma

ARIT-SCZ-RA-0327-2020

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0327/2020 

YANBAL DE BOLIVIA SA representada 

por Juan Carlos Zambrano Céspedes. 

Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) representada 

por Carlos Gonzalo Suarez Virreira. 

Resolución Determinativa N° 

171979001993 de 30 de diciembre de 

ARIT-SCZ-0098/2020. 

Santa Cruz, 06 de julio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0327/2020 de 

06 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y 

todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171979001993, de 30 de diciembre de 2019, la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente 

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y/o responsable YANBAL DE BOLIVIA SA con NIT 1028663025, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 501.277.- UFV’s, que equivalen a Bs1.168.808.- (Un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos ocho 00/100 bolivianos), a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento al deber formal, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente 

YANBAL DE BOLIVIA SA, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 20 de enero de 2020 (fs. 249-260 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 171979001993, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción. 

La recurrente manifestó que todos los cargos determinados en la Resolución impugnada han sido establecidos con facultades prescritas, por cuanto han transcurrido más de ocho años para la gestión 2011, contando desde el 1ro de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha de notificación de la Resolución impugnada, es decir que las referidas facultades prescribieron hace más de cuatro años y medio antes de la emisión de la Resolución impugnada. Argumentó que la Administración Tributaria pretende una evidente aplicación retroactiva de la Ley 812, en total menoscabo de los principios y garantías jurídicas resguardadas por el art. 123 de la CPE, pues lo correcto es aplicar la Ley que estaba vigente al inicio del cómputo del plazo de prescripción y no la nueva Ley que modificó el plazo. 

Señaló que la Administración Tributaria no puede determinar cargos sobre periodos prescritos, tal cual lo establece el art. 70 num. 5 de la Ley 2492 (CTB), que prevé: 2 de 34

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

“Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo.- Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (…) “5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieren a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado”; vale decir, el art. 70 num. 5 de la norma antes señalada, es específico para verificaciones de crédito fiscal, asimismo prohibe expresamente que la Administración Tributaria determine y pretenda cargos sobre periodos prescritos. 

Explicó que la normativa tributaria es muy clara cuando determina la obligación del contribuyente “en tanto no prescriba el tributo” a presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera, a pesar de ello mantuvo y presentó documentación para su verificación, sin embargo, la Administración Tributaria sin ninguna justificación ha dejado trascurrir el tiempo de su trabajo de campo por casi medía década. 

Señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), vigente en el momento del hecho imponible (en lo que respecta al tributo pretendido) y vigente en el momento de la comisión de la supuesta infracción (en lo que respecta a la sanción pretendida), señala a la letra que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: (1) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. (2) Determinar la deuda tributaria. (3) Imponer sanciones administrativas”; por su parte el art. 60 de la misma norma, señala: “El término de la prescripción se computará desde el 1ro de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”; por tanto, independientemente de que su empresa no tenga ningún adeudo tributario, toda vez que el crédito fiscal observado es totalmente válido, de todas maneras, el tiempo de 4 años se cumplió superabundantemente para los periodos verificados (gestión 2011), ya que por disposición del num. 1 punto 1 del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), han transcurrido más de 4 años previstos en la norma. 

Explicó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ha sufrido varias modificaciones, sin embargo, las mismas no serían aplicables, como la Ley 291, ni tampoco la Ley 317, ambas promulgadas y publicadas en la gestión 2012 y mucho menos la Ley 812, publicada en el año 2016, que implicaría la pretensión de aplicar retroactivamente 3 de 34 

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dichas leyes, desconociendo la Ley que estaba vigente en los periodos fiscalizados; citó al respecto las Sentencias Constitucionales 1169/2016, 1362/2004-R, 21/2017 y 269/2019. 

11.1.2 Improcedencia de la deuda tributaria determinada. 

Código 1: Sin respaldo de factura original. 

Señaló que la Resolución impugnada observó erradamente la ausencia de algunas notas fiscales indicando que la factura original no fue presentada, al respectó aclaró que todas las facturas originales se encuentran presentadas conforme el Acta de entrega de documentos labrada a tiempo de la presentación de los documentos requeridos. 

Código 2: No vinculada a la actividad gravada. 

Manifestó que el motivo de la observación no es congruente con el código en sí, ya que la observación no se limita a la vinculación de la compra con sus ingresos gravados, sino que también pretende en éste código que “el contribuyente debe demostrar que estas compras son propias y se han pagado por ellas”, así se ratifica y reitera más adelante, empero también observó en éste mismo código “al no haber presentado documentación que demuestre fehacientemente que el contribuyente propiamente es quien intervino en estas operaciones y que además en efecto la transacción existió”; y a fin de justificar ésta incongruencia señaló que se debe observar el Cuadro N° 2 donde se encuentran todas las observaciones de cada factura. 

Explicó que la Resolución impugnada reconoce que los gastos observados tiene relación con su actividad pero no acepta su vinculación porque no se hubiera demostrado que esas compras son propia y se han pagado por ellas, argumentó por el que rechazó las observaciones de vinculación e invocó que en aplicación de los arts. 69 y 76 de la Ley 2492 (CTB), es evidente que la Administración Tributaria debe presumir a favor del contribuyente y que debe probarlo contrario si pone en duda que los gastos no son para la empresa, dado que no existe en toda la documentación 

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ningún indicio respecto a que los beneficiarios sean personas ajenas a la actividad comercial. 

Finalmente, sostuvo que la Administración Tributaria tiene que demostrar que las compras observadas como “no vinculadas” corresponden a servicios y/o contrataciones ajenas a su actividad comercial, mínimamente tendría que haberse explicado en la Resolución impugnada los indicios y hechos específicos que den lugar a que se cumpla con la obligación de presunción en favor del sujeto pasivo. Citó al respecto la Sentencia 209/2016 del Tribunal Supremo de Justicia. 

Código 3: No demuestra la efectiva realización de la transacción y Código 3a: No demuestra la efectiva realización de la transacción proveedores sin actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado en prensa. 

Con relación a la observación respecto a que “en algunos casos el comprobante por trasferencia bancaria es por importes diferentes a las notas fiscales”, explicó que existen anticipos por lo que corresponde que se relacione correctamente los desembolsos con las liquidaciones de anticipos, asimismo, aclaró que realiza descuentos (compensaciones) por compras que hacen los distribuidores/revendedores por adquisición de catálogos, sachets y otros que están debidamente facturados y por tanto la transferencia es por el importe neto. 

Así también, explicó que la lista de transacciones corresponde al comprobante contable en el que se expone de manera conjunta los diferentes asientos contables de pago a cada proveedor; y los “estados de cuenta” que cursan en el expediente corresponden a sus extractos bancarios de sus cuentas corrientes, por lo que en todos los casos se tiene los medios de pago fehacientes al proveedor. 

Respecto a las facturas observadas por concepto de “asesoramiento en ventas”, señaló que corresponden a retribuciones a su fuerza de ventas, ya que son las personas que promueven y difunden sus promociones y estrategas de ventas hacia todas las demás revendedoras, que compran los productos y lo venden directamente a los usuarios. Asimismo, señalo que, por los demás conceptos, cursa en el expediente los medios de pago, así como las órdenes de compra que detallan los 5 de 34 

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conceptos de la compra y la efectiva realización del servicio y/o entrega de los bienes adquiridos, también se adjuntaron los comprobantes de pago y sus respaldos sobre la contratación y el pago de los mismos. 

Código 4: Facturas no autorizadas por la Administración Tributaria. 

Explicó que la dosificación de las facturas es un error atribuible expresamente al emisor (proveedor), sin que su empresa tenga la posibilidad de controlar y fiscalizar este requisito, pues es atribución de la Administración Tributaria, por lo que consideró incorrecto que se establezca a la dosificación como un requisito indispensable para la validez del crédito fiscal. Al respecto, citó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0376/2015/2013 la cual fue ratificada por la Sentencia N°39/2017 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Código 6: Facturas de transporte internacional tasa cero. 

Manifestó que se observaron facturas porque son de transporte internacional, entendiendo que todas las facturas de transporte internacional de carga están bajo el régimen de tasa cero, lo cual consideró incorrecto debido a que la aplicación de la tasa cero al transporte no es automático y no se aplica a todos los transportistas, sino que, conforme el art. 3 del DS 28656 para hacerse acreedores al tratamiento definido por la Ley 3249 las empresas deben cumplir con ciertos requisitos de lo contrario su facturación está sujeta al IVA, por lo que la Administración Tributaria debe presentar como prueba el registro y dosificación de los transportistas observados bajo el régimen de tasa cero. 

11.1.3 Incorrecta calificación de la conducta de omisión de pago. 

Señaló que la calificación de la conducta como Omisión de Pago es incorrecta, toda vez que no se habría incurrido en ningún pago de menos del tributo, por tanto, al pretender aplicar el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en ningún momento puede fundamentar la adecuación de la conducta como Omisión de Pago, pues en todo caso se trata de la conducta de terceros (vendedores/emisores/proveedores) quienes habrían incumplido, por tanto, señaló que al no haber cometido ningún ilícito y menos 

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haber omitido algún pago de impuestos, no se ha configurado la contravención calificada. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa 171979001993, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 24 de enero de 2020, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa 171979001993, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 261 del expediente). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 17 de febrero de 2020 (fs. 272-288 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaría Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la prescripción. 

La Administración Tributaria, sostuvo que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) fueron modificados en una primera instancia por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, quedando redactado a partir de dichas modificaciones de la siguiente manera: “ARTICULO 59.- (PRESCRIPCIÓN). I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018″ (…). Posteriormente la Ley 812 de fecha 30 de junio de 2016 y publicada en julio/2016, señala en su parágrafo II: “I. Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los ocho 

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(8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria.”. 

Bajo dicha normativa legal, advierte que los artículos señalados a la fecha de oposición de la prescripción solicitada dentro del memorial de presentación a descargos a la Vista de Cargo por parte del sujeto pasivo, que data de fecha 27 de diciembre 2019, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, al respecto expuso parte del fundamento de las Resoluciones Nos. AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y 1161/2013 de 23 de julio de 2013 y 957/2015 de 26 de mayo de 2015. 

En ese contexto, estableció que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la Deuda Tributaria de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, toda vez que en el año 2019 las facultades de la Administración Tributaria prescriben a los 8 años y por efecto de la suspensión acaecida en este proceso por la notificación con la Orden de Verificación N° 0014OVI06918 en fecha 13 de julio de 2015 al contribuyente, la facultad de la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria por los períodos mencionados de la gestión 2011, así como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, aún se encuentran plenamente vigentes de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con modificaciones señaladas, y el art. 62 del mismo cuerpo legal. 

Agregó que dentro del plazo otorgado por Ley ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria, toda vez que al haberse notificado al sujeto pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses, y tomando en cuenta que en fecha 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa al contribuyente, por lo que se demuestra que cumplieron con los plazos establecidos para determinar la deuda tributaria, en consecuencia, las facultades de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas. 

Citó las Sentencias 380/2015, 463/2015, 164/2016, 183/2017 y 137/2017, señalando que el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, ha establecido en sus resoluciones que tanto una Orden de Fiscalización como un Orden de Verificación por tener iguales fines y concluir con un procedimiento similar como es la emisión de 8 de 34

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una Resolución Determinativa, tienen el efecto establecido por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), es decir, la notificación con cualquiera de ellos conlleva la suspensión del cómputo de la prescripción por un plazo de seis meses, situación acaecida en el presente caso, con lo que se demuestra fehacientemente que las facultades de la Administración Tributaria se encuentran plenamente vigentes. 

Respecto a la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3, señaló que de la verificación y análisis de la misma evidenció que en la ratio decidendi se hace referencia a la Sentencia Suprema N° 39, la cual a la fecha no tiene ningún efecto legal, toda vez que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional 231/2017, de 24 de marzo de 2017, ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia emita nueva resolución que se enmarque dentro de la normativa legalmente vigente en el país y respetando todos los derechos constitucionales de las partes intervínientes en el proceso judicial, por tanto, resulta ser irrelevante e inaplicable para la resolución de la presente causa, máxime si el caso resuelto refiere a un proceso de la Administración Tributaria Aduanera, y no se está analizando, ni se dispone un lineamiento vinculante referente al instituto de la prescripción, al contrario establece la debida fundamentación y motivación para la emisión de los actos jurídicos. 

En cuanto al argumento de la retroactividad señalada por la recurrente, explicó que no se está usando retroactivamente la Ley, sino por el contrario, en el presente caso se está aplicando la Ley vigente al momento de resolver la solicitud del contribuyente, por lo que consideró que se desvirtúan las alegaciones del sujeto pasivo. 

II.3.2 Sobre la improcedencia de la deuda tributaria determinada. 

Código 1: Sin respaldo de factura original. 

Señaló que en los antecedentes administrativos se evidencia que se recibieron documentos por parte del contribuyente a efectos de respaldar los créditos fiscales objeto de la verificación, que el 13 de agosto de 2015, 27 de septiembre y 4 de octubre de 2019 presentó parcialmente la documentación detallada en las actas de recepción de documentos adjunta al expediente donde se menciona claramente las facturas que no fueron presentadas en original y se señala que algunas notas solo 9 de 34 

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fueron presentadas en fotocopias. En ese sentido contrariamente a lo manifestado por el contribuyente, el mismo no logró presentar la totalidad de la documentación necesaria para validar por completo el crédito fiscal observado y no logró desvirtuar la observación de la Administración Tributaria conforme exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) por lo que no se evidencia la existencia de la totalidad de las facturas originales que acrediten la apropiación del crédito fiscal. 

Código 2: No vinculada a la actividad gravada. 

Manifestó que las facturas fueron observadas porque no se tiene documentación suficiente que demuestre el uso y/o destino de las mismas, o que estén relacionadas con la actividad gravada, de acuerdo a lo establecido en el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y el art. 8 del DS 21530. Asimismo, señaló que de acuerdo a la consulta del padrón de contribuyentes durante los periodos sujetos a verificación, el mismo registra como actividad principal venta al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador, siendo ésta su principal fuente de ingresos. De la revisión se observaron facturas por las que el contribuyente no presentó la factura original y en consecuencia no se identificó el concepto de la transacción, ni documentación contable financiera que vinculen estas transacciones con la actividad de la empresa o habiendo presentado las facturas originales pero con documentación de respaldo parcial, por lo que no se pudo establecer la naturaleza del gasto y la relación con la actividad gravada. 

Argumentó que sí bien los conceptos de las notas fiscales pudieran tener relación con la actividad del contribuyente, no obstante, el contribuyente debe demostrar que estas compras son propias y se han pagado por ellas, por lo que tanto al no haber presentado documentación que demuestre fehacientemente que el contribuyente es propiamente quien intervino en estas operaciones, sus notas fiscales no son válidas para beneficio del crédito fiscal computado. 

Señaló que es erróneo calificar como incongruente la observación bajo el código 2, toda vez que la misma es clara, habiéndose establecido que todas las facturas fueron observadas porque no se encuentran vinculadas a la actividad del sujeto pasivo, debiendo dar una lectura completa a la descripción de las observaciones realizadas a las notas fiscales a objeto de comprender el concepto a cabalidad, siendo el 10 de 34

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contribuyente quien debe demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. 

Código 3: No demuestra la efectiva realización de la transacción y Código 3a: No demuestra la efectiva realización de la transacción proveedores sin actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado en prensa. 

Señaló que no todas las transacciones sujetas a verificación contenían información y/o documentación donde se evidencie la salida de dinero de las cuentas del mismo, asimismo, explicó que realizó la verificación factura por factura de acuerdo al respaldo presentado, resultado que fue plasmado en el Cuadro de “Análisis de las notas fiscales observadas” de la Vista de Cargo, prueba de ello es la validación efectuada de 274 facturas, las demás facturas no tenían respaldo necesario que demuestre la efectiva realización de la transacción y el medio de pago al proveedor, por ello no se levantaron las observaciones, en muchos casos las facturas no contaban con el medio de pago apropiado (CREDINET, extracto bancario, depósito bancario). Señaló que con la presentación de un simple comprobante que detalle si el pago ha sido efectuado a través de un cheque o una transferencia no se puede determinar que el pago hubiese sido efectivamente desembolsado de las cuentas del contribuyente hacia el proveedor, tal como se expuso en el análisis de las facturas observadas bajo el código 3. 

Para el caso particular de pago de comisiones, explicó que la observación del código 3 se refiere a la falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, aclaró que para la emisión de la Vista de Cargo, en su mayoría, no se contaba con un documento que respalde la salidas efectiva del dinero hacia el proveedor por el servicio adquirido y que justifique y respalde la apropiación del crédito fiscal; aclaró que en el cuadro de “Análisis de las notas fiscales observadas” de la Vista de Cargo tiene el único objetivo de plasmar de manera clara todas las inconsistencias encontradas de aquellas transacciones observadas, para que el sujeto pasivo en la etapa de presentación e descargo presente toda la documentación que crea conveniente a fin de respaldar cada observación. 

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Señaló que toda la documentación presentada posterior a la notificación con la Vista de Cargo, ha sido sujeta a análisis el que se encuentra plasmado en el cuadro “Análisis realizado después de la Vista de Cargo”en el cual se detalla la observación final de éste tipo de transacción, concluyendo que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal debe contar con el respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal, son cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuesta por las leyes y los reglamentos específicos, de manera que no quede duda de que las operaciones originaron la emisión de la factura, que hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación del servicio o la venta del producto sea efectivamente consignado en la factura y que consiguientemente el que reciba el pago por la transacción registrando contablemente todo este movimiento conforme lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. En el presente caso, siendo que el contribuyente pretendió hacer valer su derecho al cómputo del crédito fiscal, es quien debió aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción efectivamente se realizó, situación que no fue demostrada para el total de facturas observada en al Vista de Cargo con el código 3, consecuentemente, para dichas transacciones no corresponde el cómputo del crédito fiscal. 

Código 4: Facturas no autorizadas por la Administración Tributaria. 

Señaló que se debe considerar que las facturas con observación preliminar “no dosificadas”, no se pudieron verificar que se encuentran debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, en vista de la no presentación de las facturas origínales por parte del contribuyente como corresponde, para poder desvirtuar esta observación y que demuestre la ocurrencia del hecho generador, situación que contraviene lo establecido en el num.2 del parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016- 07, el cual indica que: “Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA (…); en los términos dispuestos en la Ley 843…(…); siempre que contemplan o cumplan los siguientes requisitos (…); 5) haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria”, por lo que corresponde la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales observadas con este código. 

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Asimismo, manifestó que la Administración Tributaria en virtud a las facultades otorgadas por los arts. 66 num. 1 y 100 de la Ley 2492 (CTB), cuenta con diferentes mecanismos de control para establecer la validez de las facturas declaradas por los contribuyentes, dichos controles los realiza a través de cruces de información con los proveedores, en el presente caso, las facturas declaradas por el contribuyente se verificaron con la información de la base de datos, de donde obtuvo los reportes de consultas de dosificación de los proveedores observados, estableciendo que dicha factura no fue dosificada por la Administración Tributaria, información que cuenta con pleno valor probatorio de acuerdo a lo previsto en el art. 79 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 7delDS27310(RCTB). 

Finalizó señalando que las facturas observadas bajo este código no cumplen con el requisito de validez, dispuesto en el num. 2, parágrafo I, del art. 41 de la RND 10- 0016-07, que es fuente del derecho tributario según dispone el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), se establece que dichos documentos si bien están materialmente en posesión del contribuyente, los mismos carecen de valor y eficacia jurídica, debiendo tener presente que la Autoridad General de Impugnación Tributaria estableció de manera clara e incuestionable, entre otras, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1872/2018. 

Código 6: Facturas de transporte internacional tasa cero. 

Manifestó que del análisis efectuado a la documentación presentada para las facturas N° 708, 752, 11 y 79 se evidenció que el servicio de transporte adquirido corresponde a tramo internacional, lo que se plasmó de manera didáctica en la Resolución impugnada con un ejemplo de la documentación presentada, por lo que consideró que las notas fiscales observadas con el Código 6 no son válidas para el cómputo del crédito fiscal. 

Explicó que la factura registra que el servicio corresponde al tramo Tambo Quemado – La Paz registrando un importe de Bs4.703.- sin embargo la nota de contabilidad que respalda es servicio adquirido registra el tramo de transporte terrestre Arica – Tambo Quemado por un importe global de $us. 5.842, por su parte la nota de débito registra la primera parte del tramo terrestre, es decir, Arica -Tambo, lo cual denota que corresponde a servicio de transporte internacional, más allá de la existencia de 13 de 34 

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pago individual por cada tramo. Al respecto, la Ley N° 3249, referida al tratamiento impositivo para el transporte internacional de carga por carretera, señala en su artículo único que el servicio de transporte internacional de empresas bolivianas de carga por carretera, incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, estará sujeto al régimen de tasa cero en el IVA, por su parte el DS 28656 tiene por objeto establecer los procedimientos de aplicación de la citada Ley, defiendo en su art. 2 el transporte internacional de carga por carretera, en su art. 4 establece que la prestación del servicio internacional de carga por carretera se facturará con IVA tasa cero, no repercutiendo el impuesto citado en el precio consignado en la factura. En ese sentido la RND 10-0012-06 determinó el procedimiento operativo y los mecanismos de control administrativos para la aplicación del régimen tasa cero en el IVA, disponiendo en su art. 3 que: “el Servicio de transporte internacional de carga por carretera sujeto al beneficio fiscal, es aquél originado en el país con destino final el exterior o aquel originado en el exterior con destino final en el país, sin perjuicio del lugar en el que se realice la contratación o pago. En ambos casos corresponde emitir una sola factura gravada a tasa cero en el IVA, considerando el tramo nacional e internacionaf1. 

Concluyó señalando que por argumentos señalados y dando a ésta operación el carácter indivisible, desde origen a destino, y como se demuestra en las notas fiscales y la documentación contable presentada, se trata de mercadería con origen en el exterior con destino el territorio nacional, incumpliendo el proveedor la obligación de emitir una sola factura en algunos casos, por tanto no corresponde mayor consideración al argumento errado por parte del contribuyente, debiendo confirmarse este código de observación. 

11.3.3 Sobre la incorrecta calificación de la conducta de omisión de pago. 

LaAdministración Tributaria manifestó que los reparos notificados corresponden al no pago del Impuesto al Valor Agregado determinado conforme a Ley, consignando en la declaración jurada presentada por el impuesto y periodo, verificando una apropiación indebida del crédito fiscal en perjuicio del fisco, situación que fue detectada por la Administración Tributaria y que el sujeto pasivo no desvirtuó, por tanto, se evidencia que la conducta del contribuyente Yanbal de Bolívia SA, al haberse apropiado de manera errónea de crédito fiscal que no le correspondía por no 14 de 34

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

cumplir con los requisitos exigidos por Ley para la validez del mismo, en consecuencia al pagar de menos el impuesto que le correspondía por el IVA del periodo y gestión verificado, se encuentra sancionada por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), no habiendo de ninguna manera calificado arbitraria o ilegal la conducta. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 171979001993 de 30 de diciembre de 2019. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 18 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria el 19 de febrero de 2020 (fs. 293-294 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 10 de marzo de 2020, la Administración Tributaria, el 27 de febrero de 2020 ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 295 del expediente). 

Por su parte, la recurrente, el 10 de marzo de 2020 ratificó toda la prueba que fue entregada a la Administración Tributaria durante la sustanciación de la fiscalización, misma que cursa en el expediente administrativo (fs. 298 del expediente) 

11.5. Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 15 de junio de 2020, la Administración Tributaria el 10 de junio de 2020 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su contestación al presente Recurso de Alzada (fs. 301-303 del expediente). 

Por otra parte, la recurrente no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes antecedentes de hecho: 

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111.1 El 13 de julio de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante de forma personal al representante legal de la recurrente con la Orden de Verificación N° 0014OVI06918, de 11 de mayo de 2015, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo “Detalle de Diferencias” Form. 7520 adjunto a la orden, de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, solicitando la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libros de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo, d) Medio de pago de las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 7-48 de antecedentes c. I). 

111.2 El 15 de julio de 2015, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria una prórroga de 20 días hábiles adicionales para la presentación de la información solicitada mediante Orden de Verificación 0014OVI06918, por lo cual la Administración Tributaria, mediante Proveído 24-002138-15, de 20 de julio de 2015, aceptó la solicitud señalando que la documentación solicitada deberá ser presentada de manera improrrogable hasta el día lunes 19 de agosto de 2015 (fs. 53 y 55 de antecedentes c. I). 

111.3 El 13 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió Acta de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada y sus observaciones, (fs. 60 de antecedentes c. I). 

111.4 El 27 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al representante legal de la recurrente con el Requerimiento 164943 y Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 61-75 de antecedentes c. I). 

III.5 El 4 de octubre de 2019, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria una prórroga de 20 días hábiles para la presentación 16 de 34

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de la información solicitada mediante Requerimiento 164943, por lo cual la 

Administración Tributaria, mediante Auto 251979000974, de 8 de octubre 

de 2019, determinó ampliar el plazo de manera parcial y otorgó a la recurrente 

el plazo para la entrega de toda la documentación requerida por tres días 

hábiles a partir de su legal notificación con el citado Auto (fs. 77 y 82-87 de 

antecedentes c. I). 

111.6 El 11 y 16 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió Actas de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación 

presentada y sus observaciones (fs. 88-118 de antecedentes c. I). 

111.7 El 18 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

171347, por Incumplimiento al Deber Formal de entrega parcial de la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

solicitada durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, control

investigación, en los plazos, formas y lugares establecidos, contraviniendo el 

art. 70 num. 6, 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 

3.000 UFV’s, según el num. 4, subnum. 4.1 del anexo de la RND 10-0033- 

16, para persona jurídica (fs. 13455 de antecedentes c. LXVIII). 

III.8 El 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/834/2019, el cual señaló que de la verificación 

efectuada a la documentación presentada por el contribuyente, las ventas 

informadas por los proveedores mediante el software Da-Vinci, la información 

existente en el SIRAT-2 y el módulo informático GAUSS, estableció 

observaciones a las facturas de compras informadas por el contribuyente que 

no fueron debidamente respaldadas en los periodos de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2011, por lo cual se generaron reparos a favor del fisco por concepto del IVA 

por Bs789.358.- ; finalmente, recomendó se emita y notifique la Vista de 

Cargo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo I del art. 96 y parágrafo 

IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 13701-14002 de antecedentes c. 

LXIX, LXX y LXXI). 

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111.9 El 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000646, de 22 de noviembre de 2019, la cual determinó de manera preliminar reparos a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal que originaron la omisión del IVA en sus declaraciones juradas Form. 200 de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, con un importe de la deuda tributaria sobre base cierta por un total de 1.254.804.- UFV’s, equivalentes a Bs2.916.888.- que incluye tributo omitido actualizado, intereses que incluyó tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y sanción por incumplimiento a deberes formales, asimismo otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 14004-14310 de antecedentes c. LXXI y LXXII). 

111.10 El 20 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió Acta de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada y sus observaciones (fs. 14311-14315 de antecedentes c. LXXII). 

111.11 El 30 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/1053/2019, el cual concluyó señalando que luego de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), presentó argumentos y documentación de descargo que permitieron levantar parcialmente las observaciones en algunas notas fiscales referidas, inicialmente establecidas en la Vista de Cargo 291979000646, por lo que ratificó la deuda tributaria determinada sobre base cierta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que asciende a 501.277.- UFV’s, importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 19326-19513 de antecedentes c. XCVII). 

111.12 El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la contribuyente con la Resolución Determinativa N° 171979001993, de 30 de diciembre de 2019, la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o 18 de 34

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

responsable YANBAL DE BOLIVIA SA con NIT 1028663025, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 501.277.- UFV’s, que equivalen a Bs1.168.808.- (Un millón ciento sesenta y ocho mil ochocientos ocho 00/100 bolivianos), a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento al deber formal, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB) (fs. 19516-19737 y 19744 de antecedentes c. XCIX). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

La recurrente expuso como agravios los siguientes: 1. Prescripción, 2. Improcedencia de la deuda tributaria determinada: Código 1: Sin respaldo de la factura original; Código 2: No vinculada a la actividad gravada; Código 3: No demuestra la efectiva realización de la transacción y Código 3a: No demuestra la efectiva realización de la transacción – proveedores sin actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado en prensa; Código 4: Facturas no dosificadas por la Administración Tributaría; Código 6: Facturas de transporte internacional tasa cero; y 3. Incorrecta calificación de la conducta de omisión de pago, observaciones que serán desglosadas a continuación. 

IV.1 Sobre la prescripción. 

La recurrente manifestó que todos los cargos determinados en la Resolución impugnada han sido establecidos con facultades prescritas, por cuanto han transcurrido más de ocho años para la gestión 2011, contando desde el 1ro de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha de notificación de la Resolución impugnada, es decir que las referidas facultades prescribieron hace más de cuatro años y medio antes de la emisión de la Resolución impugnada. Argumentó que la Administración Tributaria pretende una evidente aplicación retroactiva de la Ley 812, en total menoscabo de los principios y garantías jurídicas resguardadas por el art. 123 de la CPE, pues lo correcto es aplicar la Ley que estaba vigente al inicio del cómputo del plazo de prescripción y no la nueva Ley que modificó el plazo. 

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Señaló que la Administración Tributaria no puede determinar cargos sobre periodos prescritos, tal cual lo establece el art. 70 num. 5 de la Ley 2492 (CTB), que prevé: “Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo.- Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (…) “5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieren a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado”; vale decir, el art. 70 num. 5 de la norma antes señalada, es específico para verificaciones de crédito fiscal, asimismo prohibe expresamente que la Administración Tributaria determine y pretenda cargos sobre periodos prescritos. 

Explicó que la normativa tributaria es muy clara cuando determina la obligación del contribuyente “en tanto no prescriba el tributo” a presentar, exhibir y poner a disponen de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera, a pesar de ello mantuvo y presentó documentación para su verificación, sin embargo, la Administración Tributaria sin ninguna justificación ha dejado trascurrir el tiempo de su trabajo de campo por casi media década. 

Señaló que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), vigente en el momento del hecho imponible (en lo que respecta al tributo pretendido) y vigente en el momento de la comisión de la supuesta infracción (en lo que respecta a la sanción pretendida), señala a la letra que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: (1) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. (2) Determinar la deuda tributaria. (3) Imponer sanciones administrativas”; por su parte el art. 60 de la misma norma, señala: “El término de la prescripción se computará desde el 1ro de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”; por tanto, independientemente de que su empresa no tenga ningún adeudo tributario, toda vez que el crédito fiscal observado es totalmente válido, de todas maneras, el tiempo de 4 años se cumplió superabundantemente para los periodos verificados (gestión 2010), ya que por disposición del num. 1 punto 1 del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), han transcurrido más de 4 años previstos en la norma. 

Explicó que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ha sufrido varias modificaciones, sin embargo, las mismas no serían aplicables, como la Ley 291, ni tampoco la Ley 317, 20 de 34

AIT¿\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

ambas promulgadas y publicadas en la gestión 2012 y mucho menos la Ley 812, publicada en el año 2016, que implicaría la pretensión de aplicar retroactivamente dichas leyes, desconociendo la Ley que estaba vigente en los periodos fiscalizados; citó al respecto las Sentencias Constitucionales 1169/2016, 1362/2004-R, 21/2017 y 

269/2019. 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) fueron modificados en una primera instancia por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, quedando redactado a partir de dichas modificaciones de la siguiente manera: “ARTÍCULO 59.- (PRESCRIPCIÓN). I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018″ (…). Posteriormente la Ley 812 de fecha 30 de junio de 2016 y publicada en julio/2016, señala en su parágrafo II: “I. Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria.”. 

Bajo dicha normativa legal, advierte que los artículos señalados a la fecha de oposición de la prescripción solicitada dentro del memorial de presentación a descargos a la Vista de Cargo por parte del sujeto pasivo, que data de fecha 27 de diciembre 2019, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, al respecto expuso parte del fundamento de las Resoluciones Nos. AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y 1161/2013 de 23 de julio de 2013 y 957/2015 de 26 de mayo de 2015. 

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En ese contexto, estableció que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la Deuda Tributaria de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, toda vez que en el año 2019 las facultades de la Administración Tributaria prescriben a los 8 años y por efecto de la suspensión acaecida en este proceso por la notificación con la Orden de Verificación N° 0014OVI06918 en fecha 13 de julio de 2015 al contribuyente, la facultad de la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria por los períodos mencionados de la gestión 2011, así como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, aún se 

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II 

encuentran plenamente vigentes de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con modificaciones señaladas, y el art. 62 del mismo cuerpo legal. 

Agregó que dentro del plazo otorgado por Ley ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria, toda vez que al haberse notificado al sujeto pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses, y tomando en cuenta que en fecha 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa al contribuyente, por lo que se demuestra que cumplieron con los plazos establecidos para determinar la deuda tributaria, en consecuencia, las facultades de la Administración Tributaria no se encuentran prescritas. 

Citó las Sentencias 380/2015, 463/2015, 164/2016, 183/2017 y 137/2017, señalando que el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, ha establecido en sus resoluciones que tanto una Orden de Fiscalización como un Orden de Verificación por tener iguales fines y concluir con un procedimiento similar como es la emisión de una Resolución Determinativa, tienen el efecto establecido por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), es decir, la notificación con cualquiera de ellos conlleva la suspensión del cómputo de la prescripción por un plazo de seis meses, situación acaecida en el presente caso, con lo que se demuestra fehacientemente que las facultades de la Administración Tributaria se encuentran plenamente vigentes. 

Respecto a la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3, señaló que de la verificación y análisis de la misma evidencio que en la ratio decidendi se hace referencia a la Sentencia Suprema 39, la cual a la fecha no tiene ningún efecto legal, toda vez que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional 231/2017, de 24 de marzo de 2017, ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia emita nueva resolución que se enmarque dentro de la normativa legalmente vigente en el país y respetando todos los derechos constitucionales de las partes intervínientes en el proceso judicial, por tanto, resulta ser irrelevante e inaplicable para la resolución de la presente causa, máxime si el caso resuelto refiere a un proceso de la Administración Tributaria Aduanera, y no se está analizando, ni se dispone un lineamiento vinculante referente al instituto de la prescripción, al contrario establece la debida fundamentación y motivación para la emisión de los actos jurídicos. 

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Impugnación Tributaria 

En cuanto al argumento de la retroactividad señalada por la recurrente, explicó que no se está usando retroactivamente la Ley, sino por el contrario, en el presente caso se está aplicando la Ley vigente al momento de resolver la solicitud del contribuyente, por lo que consideró que se desvirtúan las alegaciones del sujeto pasivo. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente controversia indicando que para la doctrina la prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial “Depalma”, 1995. Pág. 189). 

En el mismo contexto, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

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En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2 manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos Ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus nivelesjerárquicos), asilo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (. .) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien alsujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal 24 de 34

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Impugnación Tributaria 

Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica” (las negrillas son añadidas). 

En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019, 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

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Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

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la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Por otra parte, también es preciso señalar lo previsto en el art. 28 del DS 27310 (RCTB), dispone que la Deuda Tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 13 de julio de 2015, la Administración Tributaria, notificó a la recurrente con la Orden de Verificación N° 0014OVI06918, de 11 de mayo de 2015, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas detalladas en el anexo “Detalle de Diferencias” Form. 7520 adjunto a la orden, de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, solicitando la presentación de la siguiente documentación a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 7-48 de antecedentes c. I). 

Posteriormente, el 13 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió Acta de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada y sus observaciones, (fs. 60 de antecedentes c. I). 

Continuando con la compulsa de antecedentes, el 27 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al representante legal de la recurrente con el Requerimiento 164943 y Anexo, para dicho efecto otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles (fs. 61-75 de antecedentes c. I); y el 11 y 16 de 28 de 34

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Impugnación Tributaria 

octubre de 2019, emitió Actas de Recepción de Documentos, registrando a detalle la documentación presentada por la contribuyente y sus observaciones (fs. 88-118 de antecedentes c. I). 

De manera posterior, el 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291979000646, de 22 de noviembre de 2019, la cual determinó preliminarmente reparos a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal que originaron la omisión del IVA en sus declaraciones juradas Form. 200 de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, con un importe de la deuda tributaria sobre base cierta por un total de 1.254.804.- UFV’s, equivalentes a Bs2.916.888.- que incluye tributo omitido actualizado, intereses que incluyó tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y sanción por incumplimiento a deberes formales, asimismo otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 14004-14310 de antecedentes c. LXXI y LXXII). 

Por su parte, la recurrente, presentó documentación la misma que fue registrada por la Admisnitración Tributaria mediante Acta de Recepción de Documentos de 20 de diciembre de 2019 (fs. 14311-14315 de antecedentes c. LXXII); a continuación la Administración Tributaria emitió el Informe de SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/1053/2019, el cual concluyó señalando que la contribuyente presentó argumentos y documentación de descargo que permitieron levantar parcialmente las observaciones en algunas notas fiscales inicialmente establecidas en la Vista de Cargo 291979000646, por lo que ratificó la deuda tributaria determinada sobre base cierta conforme a lo previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), que asciende a 501.277.- UFV’s, importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 19326-19513 de antecedentes c. XCVII); en consecuencia, la Administración Tributaria emitió y notificó a la recurrente Resolución Determinativa 171979001993, de 30 de diciembre de 2019, hoy impugnada. 

Ahora bien, respecto a la prescripción para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones invocada por la recurrente, tratándose la presente causa de la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones, respecto 29 de 34 

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al IVA, para los periodos fiscales de enero a noviembre del 2011, corresponde aplicar la normativa vigente a objeto del cómputo de la prescripción, esta es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; no obstante, para el periodo diciembre de 2011, se deben aplicar las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB); esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

En consecuencia, haciendo el análisis de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que señala que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, es decir el cómputo de la prescripción para la determinación de la deuda tributaria e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor Agregado de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011, comenzó el 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, en relación al periodo diciembre de 2011, el periodo de pago corresponde a enero de 2012; por consiguiente el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291 y 317, prevé que el término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento el periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención; en consecuencia, el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre de 2011, se inició el 01 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; conforme lo 30 de 34

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados. 

Por consiguiente, es evidente que, cuando se notificó la Resolución Determinativa 171979001993, el 31 de diciembre de 2019, las facultades de la entidad recurrida, para determinar deudas tributarias e imponer sanciones por los periodos enero a diciembre de 2011, se encontraban prescritas. 

De igual manera, cabe señalar a la Administración Tributaria que, en relación a las modificaciones de la Ley 812, esta normativa entró en vigencia desde el momento de su emisión, es decir, desde el 30 de junio de 2016; por lo que, la misma entró en vigor cuando los periodos de enero a noviembre de la gestión 2011, ya habían prescrito, y cuando el cómputo de la prescripción para la gestión diciembre de 2011, estaba feneciendo, por lo que, no corresponde su aplicación al presente caso. 

Ahora bien, con relación a la suspensión de la prescripción alegada por la Administración Tributaria en el entendido que la notificación con la Orden de Verificación N° 0014OVI06918 en fecha 13 de julio de 2015, hubiera producido una suspensión por seis meses de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), corresponde tomar en cuenta para el efecto lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

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En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada precedentemente que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que efectué el mismo, no siendo aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos. 

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización prevista en el art. 104, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado código. 

Consecuentemente, en el presente caso, la Orden de Verificación 0014OVI06918, de 11 de mayo de 2015, correspondiente a la verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, no se constituye en una causal de suspensión, como afirmó la Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de alzada, análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018. 

Asimismo, con relación a la Sentencias 380/2015, 463/2015, 164/2016, 183/2017 y 137/2017 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, citadas por la Administración Tributaria respecto a que la Orden de Fiscalización como la Orden de Verificación tienen el mismo efecto de suspender del cómputo de prescripción de acuerdo a lo 32 de 34

aÍtí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

establecido por el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), cabe señalar que las citadas Sentencias al ser emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, si bien son fallos emitidos en la vía jurisdiccional que podrían constituirse en variaciones de la jurisprudencia a lo largo del tiempo no es menos cierto que cuando el derecho está claramente plasmado en la norma, en algunos casos no llegan a aplicarse realmente a pesar de su promulgación oficial y puede que en ningún supuesto resulten obligatorios para el resto de los tribunales, aunque suelen ostentar importante fuerza dogmática a la hora de predecir futuras decisiones y establecer los fundamentos de una petición determinada frente a otros tribunales. En todo caso, tampoco el estudio de las sentencias da la medida exacta de la realidad del Derecho porque ocurre que en ocasiones y por diversas razones, las sentencias dejan de cumplirse o aplicarse, teniéndose claro que únicamente los fallos vinculantes deberán ser cumplidos por ésta instancia de alzada. 

Por todo lo expuesto, al haberse establecido que las facultades de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones administrativas se encuentran prescritas; y en vista que no existieron causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente, en consecuencia, revocar totalmente la Resolución Determinativa 171979001993 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2011. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaría Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa 171979001993 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, al evidenciarse que la acción de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones respecto al Impuesto al Valor Agregado de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2011 han prescrito, de acuerdo a los fundamentos técnico -jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Directora Ejecutiva Regional s.i. 

Autoridad Regional de 

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KSP/ccav/cmmf/acq/mirb/adcv 

RIT-SCZ/RA 0327/2020 

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