ARIT-SCZ-RA-0326-2020 Falta de reconocimiento de la prescripción como derecho no la invalidan

ARIT-SCZ-RA-0326-2020

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0326/2020 

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

Kimberly Bolivia S.A., representada por Laura Amelia Perdomo Rodríguez. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Carlos Gonzalo Suárez Virreira. 

Resolución Determinativa 171979001978, de 30 de diciembre de 2019. 

ARIT-SCZ-0082/2020. 

Santa Cruz, 06 de julio de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0326/2020 de 06 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa 171979001978, 

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de 30 de diciembre de 2019, que resolvió, Primero: Determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Kimberly Bolivia S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 752.262 UFV’s equivalentes a Bs1.754,014, a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). Segundo: Calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, sancionándose con 298.801 UFV’s equivalentes a Bs696.700. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la recurrente 

Kimberly Bolivia S.A., representada por Laura Amelia Perdomo Rodríguez, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 17 de enero de 2020 (fs. 116-129 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 171979001978, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Nulidad de la Resolución Determinativa por vulneración de derechos constitucionales. 

La recurrente señaló que el 27 de noviembre de 2019, más de cuatro años después de presentada la documentación requerida en la Orden de Verificación Interna 0014OVI06911, se la notificó con la Vista de Cargo 291979000647 con CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/VC/98/2019 de 22 de noviembre de 2019, conteniendo las observaciones preliminares de la verificación. Posteriormente, dentro del plazo dispuesto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), presentó los descargos respectivos, manifestando la extralimitación en el plazo para el ejercicio de las facultades de 2 de 44

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determinación y sanción que dispone la ley al emitir la vista de cargo; no obstante, el 31 de diciembre de 2019 fue notificada con la Resolución Determinativa impugnada, es decir, cuatro días después del 27 de diciembre, fecha en que se venció el plazo de descargos a la Vista de Cargo, incumpliendo así con el plazo de 60 días que dispone el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), para emitir y notificar la Resolución Determinativa, lo que significa que la Administración Tributaria debió emitir su Resolución el 25 de febrero de 2020. Por este motivo, la Resolución Determinativa impugnada incumple con la correcta aplicación del procedimiento determinativo, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales respecto al derecho a la defensa y debido proceso en sus vertientes: seguridad jurídica, congruencia, motivación y fundamentación, lo que ocasiona su nulidad, conforme a los arts. 35 incs. c) y d) de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), concordante con lo dispuesto en el considerando II del Auto Supremo 430 de 25 de julio de 2013. 

Por otro lado, la recurrente refirió que la Administración Tributaria rechazó los argumentos de derecho presentados a la Vista de Cargo, bajo conceptos inaplicables a los hechos suscitados en el presente caso y refutando de manera infundada e ilegal los preceptos instituidos por la CPE, como por el Tribunal Constitucional en las diferentes Sentencias emitidas por este, toda vez que de forma incongruente, carente de sustento legal y sin motivación suficiente, argumentó que bajo la teoría de los derechos adquiridos, las modificaciones respecto al cómputo de la prescripción establecidas por leyes ulteriores, como ser las leyes 291, 317 y 812, son de aplicación inmediata a hechos generados y perfeccionados de forma anterior a la puesta en vigencia de dichas leyes, debido a que la prescripción no es un derecho no perfeccionado, sino un derecho expectaticio. 

Añadió que la Resolución Determinativa impugnada carece de elementos legales suficientes que faculten a la Administración Tributaria a determinar tributos sobre hechos generadores suscitados en la gestión 2011, amparando su validez en la retroactividad de leyes que no son aplicables al caso, razón por la cual se encuentra viciada de nulidad, considerando que la interpretación y aplicación del concepto de retrospectividad expuesta por la Administración Tributaria no guarda relación con lo instituido por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales N° 1717/2012 de 01 de octubre de 2012, 0812 de 20 de agosto de 2012 y 0401/2017-S2 de 02 de mayo de 2017, donde se evidencia que la retrospectividad tiene la finalidad 3 de 44 

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de regular un hecho en la actualidad y no a situaciones o hechos pasados y debidamente consolidados, mucho menos a derechos adquiridos; portal razón, el art. 123 de la CPE, dispone que un acto administrativo para su validez y eficacia rige para lo venidero y no así de manera retroactiva, en el entendido de que uno de los principios sobre los que se sustenta la actividad administrativa, es el sometimiento pleno a la ley. 

11.1.2. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones. 

La recurrente indicó que la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa impugnada, corresponde a hechos generadores acaecidos en la gestión 2011, sobre los cuales regulaba el cómputo de la prescripción instituido por el art. 59 de la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003, que disponía que prescribirán en cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, debiendo iniciarse el cómputo el primer día del año siguiente al que se produjo el vencimiento, de lo cual se infiere que el plazo para la prescripción inició el 01 de enero de 2012 y feneció el 31 de diciembre de 2015, constatándose que al momento de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, las facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas tributarias e imponer sanciones, se encontraban prescritas; además, si bien dentro de la vigencia del referido plazo se emitieron las leyes 291 y 317, no es menos cierto que el plazo que instituyeron las mismas ratifica la prescripción de cuatro años para hechos generadores de la gestión 2012; lo que confirma que la prescripción se configuró como un derecho adquirido a favor del sujeto pasivo antes de la puesta en vigencia de la Ley 812, el 30 de junio de 2016, dejando de ser un derecho expectaticio, como argumenta la Administración Tributaria, por lo cual la referida ley no puede modificar o afectar los derechos perfeccionados con anterioridad a su emisión, y en consecuencia no puede pretender el cobro de una deuda tributaria cuando sus facultades de determinación e imposición de sanciones se encuentran prescritas. 

Sobre el cómputo de la prescripción, citó a la Sentencia Constitucional 012/2019, e indicó que conforme a lo establecido en ella y de acuerdo a los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, 4 de 44

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salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, por lo que la norma vigente al inicio del cómputo del plazo de la prescripción para la gestión 2011, es la norma con la que debe efectuarse el cálculo, es decir, la ley 2492 (CTB), sin considerar normas posteriores que hubieran cambiado dicho plazo, entendiendo que todas las normas promulgadas de forma posterior, regulan para lo venidero y no para hechos pasados, salvo cuando instituyan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o beneficiosos para los administrados, situación que en el presente caso no se configura. 

Sobre la teoría de los derechos adquiridos y expectaticios, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017, que dispone que las leyes 291 y 317 no pueden afectar derechos adquiridos y consolidados por los contribuyentes, puesto que significaría efectuar una aplicación retroactiva de la ley, pero pueden afectar a las situaciones expectativas o llamados “derechos expectaticios” que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento, ya sea porque les falta algún requisito de forma, de fondo o no se cumplió un plazo o una condición señalada por ley para consolidar el derecho; en este sentido, la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectaticia, si se cumplió el término de la prescripción y ya operó ésta bajo la legislación anterior, por tanto, se considera un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden modificar ni afectar. Asimismo, citó las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia 0048/2017-S2 de 06 de febrero de 2017 y N° 153 de 20 de noviembre de 2017, las cuales disponen que no se puede aplicar las Leyes 291 y 317 a periodos anteriores al año 2012, toda vez que ello implicaría afectar las consecuencias jurídicas de las acciones efectuadas en la gestión 2009 y la aplicación retroactiva de la norma, siendo que la seguridad jurídica y la certeza del derecho tributario son requisitos esenciales para la realización de las personas y que los principios de legalidad, jerarquía e irretroactividad son indispensables para despejar la incertidumbre de los contribuyentes. 

La recurrente aludió que la Administración Tributaria confunde al Tribunal Supremo 

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con el Tribunal Constitucional, pretendiendo desconocer los fallos emitidos por ambos tribunales, señalando que los criterios vertidos por las Sentencias Constitucionales 5 de 44 

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carecen de vinculatoriedad y obligatoriedad, además que se desconoce el carácter jerárquico que tiene la CPE por sobre las leyes y códigos, más aún sobre aquellos que tienen carácter especial o específico como es la Ley 2492 (CTB), que la Administración Tributaria pretende superponer por sobre todas las normas de mayor jerarquía, desconociendo lo estipulado en el art. 410 de la CPE, que dispone que la CPE es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1787/2014 de 19 de septiembre de 2014, determinó que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; advirtiéndose que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional es la ratio decidendi, que es la pieza relevante de la fundamentación de la Sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicados por los jueces y tribunales que forman parte del Órgano Judicial, en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme a la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación. 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa N° 171979001978, o en caso de ingresar a fondo, se revoque totalmente la referida Resolución Determinativa, por efecto de la prescripción. 

11.2 Auto de admisión. 

Mediante Auto de 24 de enero de 2020 (fs. 130 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa 171979001978, de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2020 (fs. 141-150 vta. del expediente), se 6 de 44

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apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz a objeto de contestar al Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la impugnación, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1. Sobre la inadmisibilidad del Recurso de Alzada por incumplimiento del inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB). 

La Administración Tributaria señaló que de la lectura al memorial de interposición del Recurso de Alzada, evidenció que se incumplió con los requisitos formales establecidos en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que manifiesta una serie de vulneraciones genéricas sin indicar qué puntos en específico de la Resolución impugnada hacen viable la nulidad por afectación al derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, seguridad jurídica, congruencia, fundamentación y motivación, pretendiendo delegar a la instancia de Alzada la labor de revisar la Resolución e identificar los puntos resueltos por la Administración Tributaria, siendo que la carga argumentativa le corresponde a la parte recurrente, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo I del inc. c) (debió decir inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB), debiendo exponer los hechos fácticos, identificando qué parte de la Resolución carece de fundamentación, motivación y congruencia, y especificando los derechos vulnerados, en resguardo al derecho a la tutela judicial y a los Principios de seguridad jurídica y eficacia de las resoluciones. Por tal motivo, en caso de incumplirse con estas exigencias, se debe desestimar los incorrectos fundamentos y dilatorias alegaciones del contribuyente y emitir Resolución del Recurso de Alzada que confirme la Resolución Determinativa impugnada. 

Añadió que, es necesario tener presente que la imposición de los requisitos mencionados no vulnera ni afecta el derecho a la justicia que tiene todo contribuyente, puesto que no niega ni impide la presentación del Recurso de Alzada, si no que se exige a la recurrente la carga procesal de identificar de manera adecuada y precisa los supuestos actos lesivos de derechos, los argumentos fácticos y jurídicos que le conducen a observar e impugnar el acto administrativo que recurre, al tenor del referido inc. e), parágrafo I del art. 198 de la Ley 2492 (CPE); carga argumentativa que no debería revestir complejidad alguna en su cumplimiento; en 

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apoyo a sus argumentos, citó la Sentencia 229/2014 de 15 de septiembre de 2014, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 

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11.3.2. Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa por vulneración de derechos constitucionales. 

La Administración Tributaria realizó un desglose de los antecedentes administrativos de la causa; y sobre la vulneración del debido proceso en su cauce del derecho a la defensa, refirió que puso en conocimiento real y efectivo el inicio de la verificación con la notificación de la Orden de Verificación N° 0014OVI06911, a partir del cual la recurrente realizó todas las actuaciones legales en ejercicio de sus derechos que implican el debido proceso y la defensa, ya que se evidencia que ejerció la facultad de ser escuchado en el proceso de determinación, presentando la documentación requerida en la Orden de Verificación; asimismo, ante la notificación de la Vista de Cargo, la recurrente se limitó a presentar un memorial de alegatos sin adjuntar documentación alguna; además de que hizo uso efectivo de recurrir, que la ley le otorga, por lo que no se evidencia vulneración al debido proceso, pues conforme a los antecedentes, se observó que la recurrente ejerció su derecho a la defensa técnica y material desde el inicio del proceso de verificación. Respecto a la vulneración de la seguridad jurídica, congruencia, motivación y fundamentación, y a la nulidad invocada por la recurrente, la Administración Tributaria aludió que no se expuso fundadamente cómo se incurrió en dichas vulneraciones, situación que evidencia la carencia de carga argumentativa y confirma la correspondiente depuración de crédito fiscal, demostrando la mala fe de la recurrente al recurrir actos administrativos sin la debida fundamentación legal, con el simple objetivo de suspender una ejecución tributaria y evadir el pago de tributos a favor del Estado. Por otro lado, señaló que enmarcó sus actuaciones en la normativa tributaria vigente, por lo que sus actuaciones no pueden ser tachadas como erróneas y/o ilegales, considerando que por mandato de lo dispuesto en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la ley, se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario, emergente de los procesos establecidos en la Ley 2492 (CTB); situación que evidencia que se dio cumplimiento con el principio de seguridad jurídica. 

Agregó que se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el parágrafo I del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por efectos del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), en el cual se puede apreciar que no es posible declarar la nulidad de un acto administrativo, si la misma no se encuentra expresamente 8 de 44

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formulada en la ley, lo cual implica un reconocimiento al principio de especificidad o taxatividad, entendido según la doctrina como una regla procesal en materia de nulidades, que permite inhibir un acto de sus efectos jurídicos únicamente si la causal de nulidad ha sido formal y legalmente establecida en la norma; en este sentido, la recurrente determinó de manera errónea y discrecional una nulidad inexistente, pues la norma establece que para que un acto sea declarado nulo debe incumplir con los requisitos establecidos en el referido art. 35 de la Ley 2341 (LPA); de esta forma, se evidencia que todos los actos administrativos emitidos y que son objeto de controversia, cumplen con los requisitos exigidos para su validez, instituidos en los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA), 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), lo que desvirtúa lo alegado por la recurrente, al no haber vulnerado derecho ni principio alguno determinado en la normativa nacional; por esta razón, se debe mantener incólume la Resolución Determinativa impugnada y descartar los genéricos y errados argumentos de la recurrente, carentes de respaldo legal, pues no se demostró los presupuestos necesarios para que opere la nulidad procesal, que conforme dispone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1380/2013 de 16 de agosto de 2013, son: a) Principio de especificidad o legalidad, referido a que el acto procesal se hubiera realizado en vulneración a prescripciones legales, sancionadas con nulidad; b) Principio de finalidad del acto, por el cual, la nulidad no se podrá declarar si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; y, c) Principio de trascendencia, en el entendido de que la recurrente no probó que la Resolución impugnada ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que sólo podrá subsanarse mediante la declaración de nulidad. 

II.3.3. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones. 

La Administración Tributaria argüyó que se limitó a la aplicación de la ley, conforme se encuentra establecida a momento de su publicación, habiendo enmarcado sus actuaciones a la normativa vigente, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), por lo que si la recurrente considera que la normativa en la cual se sustentaron sus actuaciones es ilegal y contraviene la CPE y la normativa tributaria, debe presentar el recurso de inconstitucionalidad correspondiente, no siendo la vía prejudicial la idónea para la exposición de dichas denuncias, pues la instancia de Alzada no posee las facultades para establecer la constitucionalidad o 9 de 44 

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inconstitucionalidad de una norma, por lo que las alegaciones de la recurrente son completamente irrelevantes dentro del presente proceso. Ahora bien, considerando lo expuesto, se debe aclarar a la recurrente que dentro del régimen de la prescripción tributaria, se debe tomar en cuenta la teoría de los derechos adquiridos y expectaticios, por la cual las leyes 291, 317 y 812, no pueden afectar derechos adquiridos y consolidados por los contribuyentes, pues implicaría efectuar una aplicación retroactiva de la norma, pero pueden afectar a las situaciones expectativas o llamados “derechos expectaticios”, que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento, ya sea porque les falta algún requisito de forma, de fondo o no se cumplió un plazo o una condición señalada por ley para consolidar el derecho. En este entendido, la prescripción puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectacia, si se cumplió el término de la prescripción, y ya operó ésta bajo la legislación anterior, considerándose un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden modificar ni afectar, pues el monto del tributo o sanción prescrito pasaron a formar parte de patrimonio del sujeto pasivo, al haberse producido jurídica y contablemente la extinción de la obligación tributaria; en cambio, si a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas, la prescripción aún no operó, se constituye tan solo en una situación expectaticia, en la que aún no se consolidó ni adquirió ningún derecho, por tanto, la misma puede ser modificada por el legislador a través de nuevas leyes, en pleno ejercicio de su potestad legislativa; bajo este lineamiento, considerando que el término de la prescripción establecido para el presente proceso fue afectado por las modificaciones de las leyes 291, 317 y 812, corresponde su aplicación, máxime si el momento en que el contribuyente solicitó la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, fue en plena vigencia de la Ley 812. Respecto a los conceptos de retrospectividad y retroactividad, citó las Sentencias Constitucionales 0401/2017- S2 de 02 de mayo de 2017, 11/2002 de 05 de febrero de 2002 y 1421/2004-R de 06 de septiembre de 2004, y la Sentencia SU649/17 de 19 de octubre de 2017, emitida por la Corte Constitucional de la República de Colombia. 

Por otra parte, aludió que el texto original de la Ley 2492 (CTB), señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, prescribía a los cuatro años, computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; norma que estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por las leyes 291 de 10 de 44

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22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, fechas en las que entraron en vigencia las mismas, siendo de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el parágrafo II del art. 164 de la CPE; por lo expuesto, se evidencia que el cómputo de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria no se completó por la entrada en vigor de las leyes 291 y 317, antes de que el cómputo del plazo finalice, afectando el término de la prescripción, aspecto que demuestra que ambas leyes tienen carácter retrospectivo; bajo el mismo tenor, se tiene la Ley 812 de 30 de junio de 2016, cuyo espíritu también está dirigido a afectar los términos de prescripción inconclusos. Bajo ese contexto legal, se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, dentro del alcance de la Ley 291, y al haber sido notificada la Resolución Determinativa impugnada el 31 de diciembre de 2019, bajo la Ley 812, norma vigente que dispone un término de prescripción de ocho años, de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción para los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011, inició el 01 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019, empero, añadiendo los seis meses de suspensión a consecuencia de la notificación con la Orden de Verificación, el plazo de prescripción se configuraría el 30 de junio de 2020; asimismo, para el periodo diciembre de 2011, el cómputo inició el 01 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020, no obstante, añadiendo los seis meses de suspensión, el plazo fenecería el 30 de junio de 2021; por tanto, se evidencia que se ejerció las facultades de determinación dentro del plazo establecido por la normativa tributaria, sin que se advierta la configuración de la prescripción. 

Por otro lado, respecto a la Sentencia Constitucional N° 48/2017-S2, indicó que se encuentra con la interposición de una queja, toda vez que ha momento de emitir la Sentencia 153/2017, se evidenció que la misma no cuenta con una debida fundamentación y motivación sobre las razones que respaldan su posición, no deja convencimiento claro y preciso de la norma aplicable a la prescripción y no indica cómo debe efectuarse el cómputo de los plazos en el caso concreto, por lo que al no haber dado cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional de fundamentar y motivar sobre la norma aplicable a la prescripción, no se debe considerar la Sentencia 153/2017. Además, respecto a la Sentencia emitida por el 

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Tribunal Supremo de Justicia, citada por la recurrente, corresponde aclarar que de acuerdo al art. 5 de la Ley 2492 (CTB), las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen fuente del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales, pero no son vinculantes ni obligatorios, por lo que no corresponde se emita mayor pronunciamiento al respecto. A su vez, indicó que al no haber efectuado reclamo la recurrente sobre los reparos establecidos en la Resolución Determinativa impugnada, demostró su conformidad con los códigos de observación, por lo que se deben confirmar todos los códigos de observación realizados. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 171979001978, de 30 de diciembre de 2019. 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, peritajes, testificales). 

Mediante Auto de 18 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la Administración Tributaria, el 19 de febrero de 2020, tal como consta en obrados (fs. 152-153 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de marzo de 2020, la Administración Tributaria el 05 de marzo de 2020, presentó memorial ratificando en calidad de prueba los antecedentes administrativos adjuntos a su memorial de contestación al Recurso de Alzada; así también los extremos expuestos en el referido memorial, donde se podrá verificar la legalidad de sus actuaciones al momento de la emisión de la Resolución impugnada (fs. 154 del expediente). 

Por su parte, la recurrente el 09 de marzo de 2020, presentó memorial ratificando todas las pruebas presentadas junto a su memorial de interposición del Recurso de Alzada, los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria con la contestación del Recurso, donde se demuestra que la Resolución impugnada que determina la presunta deuda tributaria de 752.262 UFV’s, es incongruente, carente motivación y fundamentación, además de encontrarse prescritas las 

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Impugnación Tributaria 

facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios correspondientes a la gestión 2011. Por otro lado, señaló que el acto impugnado es incongruente y que le falta fundamentación legal, debido a que carece de sustento normativo al resguardarse en la teoría de los derechos adquiridos, para así intentar aplicar las modificaciones establecidas por las leyes 291, 317 y 812 para el cómputo de la prescripción, argumentando que la prescripción no es un derecho no perfeccionado sino un derecho expectativo; con ello la Administración Tributaria obvia el espíritu de la entrada en vigencia de las normas, toda vez que las normas posteriores no pueden ser de aplicación a hechos generados perfeccionados anteriormente, a excepción de aquellas normas que benefician al administrado. En razón a ello, la norma que regulaba el cómputo de la prescripción para hechos generadores de la gestión 2011, es el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) de 02 de agosto de 2003, iniciando el cómputo el 01 de enero de 2012 y concluyendo el 31 de diciembre de 2015. Añadió que, el plazo para el perfeccionamiento de la prescripción no podría ampliarse, aun cuando dentro de dicho plazo se emitan leyes que modifiquen el cómputo, ya que con ello se constituiría en una afectación de los derechos del sujeto pasivo. Portal motivo, pretenderse la aplicación de la Ley 812, es inadmisible, debido a que la misma tiene la calidad de retroactividad y no de retrospectividad, como intentó hacer valer la Administración Tributaria. Sobre los argumentos vertidos por la Administración Tributaria en lo que refiere a la vinculatoriedad de los fallos constitucionales y sentencias emitidas por el Tribunal Supremo, así como el carácter limitativo de la CPE, se evidencia el desconocimiento del carácter jerárquico que tiene la CPE por sobre las leyes y códigos, al ser la norma madre; pretender desconocer que la jurisprudencia emitida por los máximos tribunales del país no es vinculatoria, resulta aberrante; siendo que el Tribunal Constitucional señaló que las decisiones y sentencias emitidas por éste, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, por lo cual la Administración Tributaria debió enmarcar sus actos administrativos en dichos preceptos legales. Por lo expuesto, solicitó se disponga la nulidad del acto impugnado, o en caso de ingresar a fondo, se declare la revocatoria total de la Resolución Determinativa 171979001978, por efecto de la prescripción (fs. 157-159 del expediente). 

II.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 15 de junio de 2020, la Administración Tributaria el 01 de junio de 2020, presentó memorial 

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de alegatos en conclusiones reiterando los fundamentos expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 162-166 del expediente). 

Por otro lado, la recurrente presentó memorial de alegatos el 04 de junio de 2020, argumentando entre otras cosas, que respecto al incumplimiento a los requisitos formales en la Admisión del Recurso de Alzada aludido por la Administración Tributaria, se puede verificar que el recurso cumple con cada uno de los requisitos legales dispuestos en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo, la Administración Tributaria pretende poner en tela de juicio dicha omisión, con una pobre y desacertada argumentación, que deja entrever la carencia de fundamentos legales en su respuesta, al buscar irregularidades e incumplimientos inexistentes. Añadió que tal como lo manifestó en su Recurso de Alzada y de la lectura e interpretación a lo manifestado por el Tribunal Constitucional, se evidencia que la retrospectiva refiere a una aplicación de naturaleza procesal y no sustantiva, que será aplicable a aquellas situaciones que regulan procesos o procedimientos que se inicien o que están pendientes al tiempo en que entran en vigor; con lo cual la puesta en vigencia de las leyes 291 y 317 a la prescripción instituida por la Ley 2492 (CTB), se configuró como un derecho adquirido en su favor antes de la vigencia de la Ley 812 el 30 de junio de 2016, dejando de ser un derecho expectaticio, como argumenta la Administración Tributaria. Portal razón, no se puede pretender la aplicación de una normativa que modifica los cómputos de derechos ya adquiridos, bajo el supuesto de la aplicación retrospectiva, menos aun cuando la prescripción es un derecho subjetivo y consolidado a favor del contribuyente, que bajo ningún concepto puede quedar a merced de modificaciones eternas que eviten su perfeccionamiento. No se puede negar que la aplicación de las leyes 291 y 317 tiene la calidad de retroactividad y no de retrospectividad como pretende hacer creer la Administración Tributaria, puesto que se trata de una regulación que establece una nueva disposición a una existente situación jurídica, que tiene efectos en el tiempo pasado, sustituyendo el lugar de un orden jurídico vigente en periodos anteriores. En razón a lo expuesto, la Resolución Determinativa impugnada, carece de elementos legales suficientes que faculten a la Administración Tributaria la posibilidad de determinar tributos sobre hechos generados en la gestión 2011, máxime si se trata de derechos adquiridos y consolidados a favor del sujeto pasivo, que bajo ninguna forma legal podrían ser modificados por normas emitidas de forma posterior al perfeccionamiento de los mismos, porque implicaría una vulneración del derecho a la defensa y debido 14 de 44

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proceso. Sobre la queja efectuada por la Administración Tributaria a la Sentencia Constitucional 48/2017-S2, indicó que el ordenamiento jurídico no reconoce la misma como una acción de oposición frente a una Sentencia Constitucional, por lo cual, la presentación de la queja no interrumpe, restringe o evita la aplicación de la misma; por lo que se debe desestimar el argumento planteado. 

Por lo expuesto, solicitó se disponga la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada hasta el vicio más antiguo, o en su caso, si se ingresa al fondo del proceso, se resuelva la revocatoria total de la Resolución Determinativa 171979001978, por efecto de la prescripción (fs. 169-174 vta. del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

El 09 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06911 (Form. 7520) de 11 

de mayo de 2015, a objeto de comunicar a la recurrente que conforme a las 

facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y 29, 32 

y 33 del DS 27310 (RCTB), sería objeto de un “Proceso de Determinación”, 

para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

correspondiente al IVA de todos los periodos de la gestión 2011. Asimismo, 

comunicó que en el Anexo adjunto detalló las diferencias detectadas a través 

de cruces de información y la documentación que debe presentar a efecto de 

descargar las observaciones efectuadas. En tal sentido, conminó a presentar 

la documentación requerida en el término de 5 días hábiles a partir de su 

notificación. A su vez, en el Detalle de Diferencias adjunto a la Orden de 

Verificación solicitó se presente la siguiente documentación: a) Declaraciones 

Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210); b) Libro de Compras 

de los periodos observados; c) Facturas de compras originales detalladas en 

el Anexo; d) Documento que respalde el pago realizado; e) Otra 

documentación que el fiscalizador asignado le solicite durante el proceso para 

verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo 

(fs. 05-13 y 34 c. I de antecedentes). 

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111.2 El 16 de junio de 2015, la recurrente mediante carta s/n, solicitó a la Administración Tributaria una prórroga hasta el 06 de julio de 2015 para efectuar la presentación de toda la documentación solicitada, toda vez que, al ser la documentación de una gestión antigua, se encuentra en los almacenes de archivo (fs. 36 c. I de antecedentes). 

111.3 El 24 de junio de 2015, la Administración Tributaria en respuesta al requerimiento de la recurrente, la notificó por secretaría con el Proveído 24-001817-15 (CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/PROV/00349/2015), de 24 de junio de 2015, mediante el cual le comunicó que su solicitud fue aceptada parcialmente, otorgando el plazo de 08 días para presentar la documentación impostergablemente, hasta el día 06 de julio de 2015 (fs. 37 c. I de antecedentes). 

111.4 El 06 de julio de 2015, la recurrente mediante carta s/n, solicitó a la Administración Tributaria una segunda prórroga hasta el 13 de julio de 2015 para efectuar la presentación de la documentación solicitada, debido a que, al ser la documentación de una gestión antigua, se encuentra en los almacenes de archivo (fs. 40 c. I de antecedentes). 

111.5 El 15 de julio de 2015, la Administración Tributaria en respuesta al requerimiento de la recurrente, la notificó por secretaría con el Proveído N° 24-002057-15 (CITE: SIN/GGSCZ/DFA/l/PROV/00432/2015), de 15 de julio de 2015, mediante el cual le informó que su solicitud fue aceptada parcialmente, otorgando el plazo de 01 día para presentar la documentación impostergablemente, hasta el día 16 de julio de 2015 (fs. 41 c. I de antecedentes). 

111.6 El 13 de julio de 2015, la recurrente mediante carta s/n, solicitó a la Administración Tributaria una tercera prórroga hasta el 20 de julio de 2015 para efectuar la presentación de la documentación solicitada, considerando que la documentación es de una gestión antigua y se encuentra en los almacenes de archivo; además que paralelamente estuvo liquidando 3 VC (150 151 152/2015), lo que divide sus esfuerzos por presentar la 

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Impugnación Tributaria 

documentación requerida y motiva a solicitar una nueva prórroga (fs. 44 c. I de 

antecedentes). 

.7 El 22 de julio de 2015, la Administración Tributaria en respuesta al requerimiento de la recurrente, la notificó por secretaría con el Proveído N° 

24-002178-15 (CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/PROV/00457/2015), de 22 de julio de 

2015, mediante el cual le anunció que su solicitud fue aceptada parcialmente, 

otorgando el término de 01 día para presentar la documentación 

impostergablemente, hasta el día 23 de julio de 2015 (fs. 45-45 vta. c. I de 

antecedentes). 

.8 El 17 de julio de 2015, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentación de la Orden de Verificación N° 0014OVI06911, 

por los documentos presentados por la recurrente para los periodos 

observados de enero a diciembre de la gestión 2011, en fotocopias cotejados 

con los originales (fs. 49-58 c. I de antecedentes). 

1.9 El 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/835/2019, mediante el cual determinó una 

deuda tributaria de 748.679 UFV’s equivalentes a Bs1.740.368, que incluye el 

tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por omisión de pago, 

conforme al art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), 

modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993; por lo que recomendó 

emitir y notificar la Vista de Cargo, de acuerdo a lo previsto en los arts. 96 

parágrafo I, 104 parágrafo IV y 83 de la Ley 2492 (CTB), debiendo 

considerarse el art. 11 de la R.N.D 101700000005; asimismo, recomendó la 

remisión de la documentación a la jurisdicción correspondiente respecto a los 

proveedores Ricardo Alfredo Ripa, Mantilla Rodríguez Lenny Mariela, 

Martínez Claros Cinthia, Martínez Claros Johnny y Radio móvil Tiluchi S.R.L., 

para el inicio del proceso pertinente (fs. 7627-7705 c. XXXIX de 

antecedentes). 

1.10 El 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000647 (CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/UVI/VC/98/2019), de 22 de noviembre de 2019, con la cual 

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estableció observaciones con relación a facturas del proveedor COMSER declaradas por un importe superior al correspondiente para el crédito fiscal, también observó notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, al no contar con respaldo de factura original, no vinculadas a la actividad gravada, sin 

documentación que respalde la efectiva realización de la transacción, no dosificadas, declaradas en periodos distintos al de su emisión, y de régimen de tasa cero; por tanto, estas acciones y omisiones constituyen indicios de omisión de pago, sancionándose esta conducta con el 100% del tributo omitido actualizado, de conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB); por lo que determinó preliminarmente un adeudo tributario de 748.679 UFV’s equivalentes a Bs1.740.368, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago; también, otorgó el plazo de 30 días para formular descargos (fs. 7707-7786 y 7793 c. XXXIX de antecedentes). 

.11 El 20 de diciembre de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria memorial de descargos a la Vista de Cargo N° 291979000647, argumentando entre otras cosas que, el cómputo del plazo para la prescripción para hechos acaecidos entre los periodos enero y noviembre de la gestión 2011, se inició el 01 de enero de 2012 y concluyó el 30 de junio de 2016, mientras que para el periodo de diciembre de 2011, el cómputo de la prescripción inició el 01 de enero de 2013, concluyendo el 30 de junio de 2017, de acuerdo a lo señalado en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) de 02 agosto de 2003; por lo cual, la Administración Tributaria está completamente fuera de término para realizar observaciones a la documentación presentada de forma oportuna, y no cuenta con las facultades para exigir la presentación de descargos a las mismas, mucho menos para determinar deudas y menos aún para imponer sanciones. En virtud a ello, y sin aceptar las observaciones plasmadas en la referida Vista de Cargo, rechazando el adeudo que se le pretende imponer, no presentará documentación ni respaldará las observaciones, toda vez que el acto administrativo fue emitido y notificado de forma extemporánea e incumpliendo con los plazos legales, sumado al hecho de que a la fecha de emisión de la Vista de Cargo, las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales para determinar adeudos tributarios e imponer sanciones, se encuentran prescritas; por este motivo, solicitó se deje sin 

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efecto la deuda tributaria y sanción por omisión de pago contenidas en la Vista 

de Cargo 291979000647 (fs. 7795-7798 c. XXXIX de antecedentes). 

.12 El 30 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/1021/2019, el cual concluyó que luego de 

transcurrido el plazo para la presentación de los descargos, establecido en el 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB), sin que el contribuyente presente descargos ni 

hubiera conformado el adeudo tributario inicialmente establecido en la Vista 

de Cargo, por tanto, ratificó la calificación preliminar de la conducta como 

omisión de pago y las observaciones efectuadas por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) para los periodos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, y 

estableció un adeudo tributario que asciende a 752.262 UFV’s equivalentes

Bs1.754,014, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción 

por omisión de pago; por lo expuesto, de conformidad al art. 11 de la R.N.D 

10-0032-16, recomendó la emisión y notificación al contribuyente de la 

Resolución Determinativa respectiva (fs. 7877-7957 c. XL de antecedentes). 

.13 El 31 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001978 

(CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/RD/434/2019), de 30 de diciembre de 2019, que 

resolvió, Primero: Determinar de oficio, por conocimiento de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable 

Kimberly Bolivia S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 752.262 UFV’s 

equivalentes a Bs1.754,014, a la fecha de emisión de la Resolución, por 

concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago, cálculo 

efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). Segundo: Calificar la conducta 

del contribuyente como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en 

los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por 

el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, 

sancionándose con 298.801 UFV’s equivalentes a Bs696.700 (fs. 7959-8039

8046 c. XL y XLI de antecedentes). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios: 1.- Nulidad de la Resolución Determinativa por vulneración de derechos constitucionales, y 2.- Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones; cuyos argumentos serán analizados a continuación. 

IV.1. Cuestión previa sobre la inadmisibilidad del Recurso de Alzada por incumplimiento del inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB). 

La Administración Tributaria señaló que de la lectura al memorial de interposición del Recurso de Alzada, evidenció que se incumplió con los requisitos formales establecidos en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que manifiesta una serie de vulneraciones genéricas sin indicar qué puntos en específico de la Resolución impugnada hacen viable la nulidad por afectación al derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, seguridad jurídica, congruencia, fundamentación y motivación, pretendiendo delegar a la instancia de Alzada la labor de revisar la Resolución e identificar los puntos resueltos por la Administración Tributaria, siendo que la carga argumentativa le corresponde a la parte recurrente, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo I del inc. c) (debió decir inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB), debiendo exponer los hechos fácticos, identificando qué parte de la Resolución carece de fundamentación, motivación y congruencia, y especificando los derechos vulnerados, en resguardo al derecho a la tutela judicial y a los Principios de seguridad jurídica y eficacia de las resoluciones. Por tal motivo, en caso de incumplirse con estas exigencias, se debe desestimar los incorrectos fundamentos y dilatorias alegaciones del contribuyente y emitir Resolución del Recurso de Alzada que confirme la Resolución Determinativa impugnada. 

Añadió que, es necesario tener presente que la imposición de los requisitos mencionados no vulnera ni afecta el derecho a la justicia que tiene todo contribuyente, puesto que no niega ni impide la presentación del Recurso de Alzada, si no que se exige a la recurrente la carga procesal de identificar de manera adecuada y precisa los supuestos actos lesivos de derechos, los argumentos fácticos yjurídicos que le conducen a observar e impugnar el acto administrativo que recurre, al tenor del referido inc. e), parágrafo I del art. 198 de la Ley 2492 (CPE); carga 

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argumentativa que no debería revestir complejidad alguna en su cumplimiento; en apoyo a sus argumentos, citó la Sentencia 229/2014 de 15 de septiembre de 2014, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 

De manera previa, considerando que la Administración Tributaria ha señalado la improcedencia en la admisión del presente recurso, toda vez que a su entender no se habría cumplido con el requisito establecido en el inc. e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB), es importante señalar que esta instancia de alzada realizará un análisis inicial de forma, para verificar la existencia o inexistencia de omisiones en las que se pudiera haber incurrido en la admisión y tramitación del Recurso de Alzada, con la finalidad de evitar nulidades posteriores; y si no correspondiere la anulación, se procederá a la revisión y análisis de los demás aspectos planteados. 

Al respecto, cabe recordar que el art. 132 de la Ley 2492 (CTB), crea la Autoridad de Impugnación Tributaria (antes Superintendencia Tributaria), como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, teniendo como objeto conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria; vale decir, es la entidad administrativa competente por mandato legal, para admitir y tramitar los Recursos de Alzada y Recursos Jerárquicos, interpuestos contra los actos definitivos de alcance particular emitidos por la Administración Tributaria, para que en el marco de las atribuciones normativas definidas por el art. 140 inc. a) del mismo cuerpo legal, conocer y resolver de forma fundamentada todos los recursos puestos a su conocimiento; entendiendo que, conforme el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas. 2. Las Resoluciones Sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo; y el art. 4 de Ley 3092, señala que además de lo dispuesto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) será 

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admisible también contra: 1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificadas. 2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago condonación. 4. Todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

Del mismo modo, el art. 198 parágrafos I, III y IV de la Ley 2492 (CTB), establecen que: I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo interpone; b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente; c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto; d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre; e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide; f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación con la Resolución que lo resuelva; g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo II de este Artículo. IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando 22 de 44

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Impugnación Tributaria 

se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los arts. 195 y 197 de la presente Ley. 

Ahora bien, de acuerdo a la normativa expuesta y en el caso concreto se tiene que de la revisión al memorial de interposición de Recurso de Alzada presentado por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa N° 171979001978, de 30 de diciembre de 2019, se observó que sus argumentos versan sobre la nulidad del acto impugnado por la vulneración de sus derechos constitucionales en el incumplimiento de plazos al emitir la Resolución Determinativa, y por la falta de motivación y fundamentación legal que sustente la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos, y aplicación de las leyes 291, 317 y 812, a hechos generados y perfeccionados de forma anterior a la puesta en vigencia de dichas leyes; y como aspecto de fondo, agravió la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones; acusaciones que son precisas y claras contra el proceso determinativo; los cuales se constituyen en los fundamentos de hecho y/o de derecho en los que se apoya la impugnación, es decir se estableció con claridad la razón de su impugnación, en este entendido, al no ser evidente lo argüido por la Administración Tributaria de que el memorial de interposición del Recurso de Alzada, hubiera incumplido con el inc. e) del parágrafo I del art. 198 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde analizar la aplicación de la Sentencia 229/2014 de 15 de septiembre de 2014, que versa sobre la fundamentación de la demanda contencioso administrativa; así también se tiene que la Administración recurrida si bien observa la admisión del recurso de alzada, sin embargo solicita se emita Resolución de Alzada confirmando la Resolución Determinativa lo cual es incongruente a momento de plantear la inadmisibilidad del presente recurso, en consecuencia, en resguardo de las garantías que le asisten a la recurrente, esta Autoridad se encuentra obligada a conocer y resolver de forma fundamentada este recurso, conforme los arts. 131 y 140 inc. a) de la Ley 2492 (CTB); vale decir, que en resguardo de las garantías que le asisten a la recurrente, se analizará y se pronunciará sobre los agravios expresados por ésta en su memorial de Recurso de CE 

Alzada a fin de darle respuesta; y en cumplimiento al parágrafo III del art. 211 de la Ley 2492 (CTB), la Resolución se sustentará en los hechos, antecedentes, el derecho aplicable al caso y los precedentes administrativos; consiguientemente corresponde 

señalar que la recurrente ha invocado la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones por lo que se ingresará a revisar si la 

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misma es procedente y solo en el caso de evidenciarse lo contrario se ingresará al análisis de los demás agravios expuestos por la recurrente. 

IV.2 Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones. 

La recurrente indicó que la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa impugnada, corresponde a hechos generadores acaecidos en la gestión 2011, sobre los cuales regulaba el cómputo de la prescripción instituido por el art. 59 de la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003, que disponía que prescribirán en cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, debiendo iniciarse el cómputo el primer día del año siguiente al que se produjo el vencimiento, de lo cual se infiere que el plazo para la prescripción inició el 01 de enero de 2012 y feneció el 31 de diciembre de 2015, constatándose que al momento de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, las facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas tributarias e imponer sanciones, se encontraban prescritas; además, si bien dentro de la vigencia del referido plazo se emitieron las leyes 291 y 317, no es menos cierto que el plazo que instituyeron las mismas ratifica la prescripción de cuatro años para hechos generadores de la gestión 2012; lo que confirma que la prescripción se configuró como un derecho adquirido a favor del sujeto pasivo antes de la puesta en vigencia de la Ley 812, el 30 de junio de 2016, dejando de ser un derecho expectaticio, como argumenta la Administración Tributaria, por lo cual la referida ley no puede modificar o afectar los derechos perfeccionados con anterioridad a su emisión, y en consecuencia no puede pretender el cobro de una deuda tributaria cuando sus facultades de determinación e imposición de sanciones se encuentran prescritas. 

Sobre el cómputo de la prescripción, citó a la Sentencia Constitucional 012/2019, e indicó que conforme a lo establecido en ella y de acuerdo a los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, por lo que la norma vigente al inicio del cómputo del plazo de la prescripción para la gestión 2011, es la norma con la que debe efectuarse el cálculo, 24 de 44

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es decir, la ley 2492 (CTB), sin considerar normas posteriores que hubieran cambiado dicho plazo, entendiendo que todas las normas promulgadas de forma posterior, regulan para lo venidero y no para hechos pasados, salvo cuando instituyan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o beneficiosos para los administrados, situación que en el presente caso no se configura. 

Sobre la teoría de los derechos adquiridos y expectaticios, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017, que dispone que las leyes 291 y 317 no pueden afectar derechos adquiridos y consolidados por los contribuyentes, puesto que significaría efectuar una aplicación retroactiva de la ley, pero pueden afectar a las situaciones expectativas o llamados “derechos expectaticios” que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento, ya sea porque les falta algún requisito de forma, de fondo o no se cumplió un plazo o una condición señalada por ley para consolidar el derecho; en este sentido, la prescripción tributaria puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectaticia, si se cumplió el término de la prescripción y ya operó ésta bajo la legislación anterior, por tanto, se considera un derecho adquirido que las nuevas leyes no pueden modificar ni afectar. Asimismo, citó las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia N° 0048/2017-S2 de 06 de febrero de 2017 y N° 153 de 20 de noviembre de 2017, las cuales disponen que no se puede aplicar las Leyes 291 y 317 a periodos anteriores al año 2012, toda vez que ello implicaría afectar las consecuencias jurídicas de las acciones efectuadas en la gestión 2009 y la aplicación retroactiva de la norma, siendo que la seguridad jurídica y la certeza del derecho tributario son requisitos esenciales para la realización de las personas y que los principios de legalidad, jerarquía e irretroactividad son indispensables para despejar la incertidumbre de los contribuyentes. 

La recurrente aludió que la Administración Tributaria confunde al Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional, pretendiendo desconocer los fallos emitidos por ambos tribunales, señalando que los criterios vertidos por las Sentencias Constitucionales carecen de vinculatoriedad y obligatoriedad, además que se desconoce el carácter jerárquico que tiene la CPE por sobre las leyes y códigos, más aún sobre aquellos que tienen carácter especial o específico como es la Ley 2492 (CTB), que la Administración Tributaria pretende superponer por sobre todas las normas de mayor 

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jerarquía, desconociendo lo estipulado en el art. 410 de la CPE, que dispone que la CPE es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primada frente a cualquier otra disposición normativa. Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1787/2014 de 19 de septiembre de 2014, determinó que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; advirtiéndose que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional es la ratio decidendi, que es la pieza relevante de la fundamentación de la Sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicados por los jueces y tribunales que forman parte del Órgano Judicial, en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme a la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación. 

En contraparte, la Administración Tributaria argüyó que se limitó a la aplicación de la ley, conforme se encuentra establecida a momento de su publicación, habiendo enmarcado sus actuaciones a la normativa vigente, de acuerdo a lo establecido en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), por lo que si la recurrente considera que la normativa en la cual se sustentaron sus actuaciones es ilegal y contraviene la CPE y la normativa tributaria, debe presentar el recurso de inconstitucionalidad correspondiente, no siendo la vía prejudicial la idónea para la exposición de dichas denuncias, pues la instancia de Alzada no posee las facultades para establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, por lo que las alegaciones de la recurrente son completamente irrelevantes dentro del presente proceso. Ahora bien, considerando lo expuesto, se debe aclarar a la recurrente que dentro del régimen de la prescripción tributaria, se debe tomar en cuenta la teoría de los derechos adquiridos y expectaticios, por la cual las leyes 291, 317 y 812, no pueden afectar derechos adquiridos y consolidados por los contribuyentes, pues implicaría efectuar una aplicación retroactiva de la norma, pero pueden afectar a las situaciones expectativas o llamados “derechos expectaticios”, que aún no se consolidaron por estar pendientes de cumplimiento, ya sea porque les falta algún requisito de forma, de fondo o no se cumplió un plazo o una condición señalada por ley para consolidar el derecho. En este entendido, la prescripción puede en determinado momento ser un derecho adquirido o una situación expectacia, si se cumplió el término de la prescripción, y ya operó ésta bajo la legislación anterior, considerándose un derecho 26 de 44

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Autoridad de 

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adquirido que las nuevas leyes no pueden modificar ni afectar, pues el monto del tributo o sanción prescrito pasaron a formar parte de patrimonio del sujeto pasivo, al haberse producido jurídica y contablemente la extinción de la obligación tributaria; en cambio, si a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas, la prescripción aún no operó, se constituye tan solo en una situación expectaticia, en la que aún no se consolidó ni adquirió ningún derecho, por tanto, la misma puede ser modificada por el legislador a través de nuevas leyes, en pleno ejercicio de su potestad legislativa; bajo este lineamiento, considerando que el término de la prescripción establecido para el presente proceso fue afectado por las modificaciones de las leyes 291, 317 y 812, corresponde su aplicación, máxime si el momento en que el contribuyente solicitó la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, fue en plena vigencia de la Ley 812. Respecto a los conceptos de retrospectividad y retroactividad, citó las Sentencias Constitucionales 0401/2017- S2 de 02 de mayo de 2017, 11/2002 de 05 de febrero de 2002 y 1421/2004-R de 06 de septiembre de 2004, y la Sentencia SU649/17 de 19 de octubre de 2017, emitida por la Corte Constitucional de la República de Colombia. 

Por otra parte, aludió que el texto original de la Ley 2492 (CTB), señalaba que las acciones de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, prescribía a los cuatro años, computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; norma que estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por las leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, fechas en las que entraron en vigencia las mismas, siendo de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el parágrafo II del art. 164 de la CPE; por lo expuesto, se evidencia que el cómputo de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria no se completó por la entrada en vigor de las leyes 291 y 317, antes de que el cómputo del plazo finalice, afectando el término de la prescripción, aspecto que demuestra que ambas leyes tienen carácter retrospectivo; bajo el mismo tenor, se tiene la Ley 812 de 30 de junio de 2016, cuyo espíritu también está dirigido a afectar los términos de prescripción inconclusos. Bajo ese contexto legal, se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación vinculadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, dentro del alcance de 

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la Ley 291, y al haber sido notificada la Resolución Determinativa impugnada el 31 de 27 de 44 

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diciembre de 2019, bajo la Ley 812, norma vigente que dispone un término de prescripción de ocho años, de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción para los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011, inició el 01 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019, empero, añadiendo los seis meses de suspensión a consecuencia de la notificación con la Orden de Verificación, el plazo de prescripción se configuraría el 30 de junio de 2020; asimismo, para el periodo diciembre de 2011, el cómputo inició el 01 de enero de 2013 y concluiría el 31 de diciembre de 2020, no obstante, añadiendo los seis meses de suspensión, el plazo fenecería el 30 de junio de 2021; por tanto, se evidencia que se ejerció las facultades de determinación dentro del plazo establecido por la normativa tributaria, sin que se advierta la configuración de la prescripción. 

Por otro lado, respecto a la Sentencia Constitucional N° 48/2017-S2, indicó que se encuentra con la interposición de una queja, toda vez que ha momento de emitir la Sentencia N° 153/2017, se evidenció que la misma no cuenta con una debida fundamentación y motivación sobre las razones que respaldan su posición, no deja convencimiento claro y preciso de la norma aplicable a la prescripción y no indica cómo debe efectuarse el cómputo de los plazos en el caso concreto, por lo que al no haber dado cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional de fundamentar y motivar sobre la norma aplicable a la prescripción, no se debe considerar la Sentencia 153/2017. Además, respecto a la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, citada por la recurrente, corresponde aclarar que de acuerdo al art. 5 de la Ley 2492 (CTB), las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen fuente del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales, pero no son vinculantes ni obligatorios, por lo que no corresponde se emita mayor pronunciamiento al respecto. Asu vez, indicó que al no haber efectuado reclamo la recurrente sobre los reparos establecidos en la Resolución Determinativa impugnada, demostró su conformidad con los códigos de observación, por lo que se deben confirmar todos los códigos de observación realizados. 

Así expuestos los argumentos de las partes planteados ante esta Autoridad, para resolver la presente controversia, es necesario considerar que en cuanto a la prescripción, la doctrina la define como: “La consolidación de una situación jurídica 28 de 44

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por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia'” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2 manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas Corpus, tiene efectos Ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), asilo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

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Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer ¡a prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

En suma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el 30 de 44

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mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019, 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la 

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Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos Iy II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por elsiguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En elsupuesto 3 del Parágrafo Idel Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria yAbrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el 

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AHÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

último párrafo del Parágrafo IdelArtículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado porla Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: I) La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y por: II) La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

En ése marco doctrinal, de precedentes constitucionales, de la normativa citada, y el análisis de antecedentes administrativos, se tienen los siguientes actuados de relevancia jurídica que serán considerados para la resolución de la causa: El 09 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación N° 0014OVI06911 (Form. 7520) de 11 de mayo de 2015, a objeto de comunicar a la recurrente que conforme a las facultades conferidas por los arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), sería objeto de un “Proceso de Determinación”, para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente al IVA de todos los periodos de la gestión 2011. Asimismo, comunicó que en el Anexo adjunto detalló las diferencias detectadas a través de cruces de información y la documentación que debe presentar a efecto de descargar las observaciones efectuadas. En tal sentido, conminó a presentar la documentación requerida en el término de 5 días hábiles a partir de su notificación. A su vez, en el Detalle de Diferencias adjunto a la Orden de Verificación solicitó se presente la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210); b) Libro de Compras de los periodos observados; c) Facturas de compras originales detalladas en el Anexo; d) Documento que respalde el pago realizado; e) Otra documentación que el fiscalizador asignado le solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo. Posteriormente, el 17 de julio de 2015 la Administración 33 de 44 

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Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentación de la Orden de Verificación 0014OVI06911, por los documentos presentados por la recurrente para los periodos observados de enero a diciembre de la gestión 2011, en fotocopias cotejados con los originales. 

Consiguientemente, el 22 de noviembre de 2019 la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/835/2019, mediante el cual determinó una deuda tributaria de 748.679 UFV’s equivalentes a Bs1.740.368, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por omisión de pago, conforme al art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993; por lo que recomendó emitir y notificar la Vista de Cargo, de acuerdo a lo previsto en los arts. 96 parágrafo I, 104 parágrafo IV y 83 de la Ley 2492 (CTB), debiendo considerarse el art. 11 de la R.N.D 101700000005; asimismo, recomendó la remisión de la documentación a la jurisdicción correspondiente respecto a los proveedores Ricardo Alfredo Ripa, Mantilla Rodríguez Lenny Mariela, Martínez Claros Cinthia, Martínez Claros Johnny y Radio móvil Tiluchi S.R.L., para el inicio del proceso pertinente. 

Asimismo, se observó que el 27 de noviembre de 2019 la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000647 (CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVIA/C/98/2019), de 22 de noviembre de 2019, con la cual estableció observaciones con relación a facturas del proveedor COMSER declaradas por un importe superior al correspondiente para el crédito fiscal, también observó notas fiscales no válidas para el crédito fiscal, al no contar con respaldo de factura original, no vinculadas a la actividad gravada, sin documentación que respalde la efectiva realización de la transacción, no dosificadas, declaradas en periodos distintos al de su emisión, y de régimen de tasa cero; por tanto, estas acciones y omisiones constituyen indicios de omisión de pago, sancionándose esta conducta con el 100% del tributo omitido actualizado, de conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB); por lo que determinó preliminarmente un adeudo tributario de 748.679 UFV’s equivalentes a Bs1.740.368, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago; también, otorgó el plazo de 30 días para formular descargos. 

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\rii 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Consecuentemente, el 20 de diciembre de 2019 la recurrente presentó ante la Administración Tributaria memorial de descargos a la Vista de Cargo 291979000647, argumentando entre otras cosas que, el cómputo del plazo para la prescripción para hechos acaecidos entre los periodos enero y noviembre de la gestión 2011, se inició el 01 de enero de 2012 y concluyó el 30 de junio de 2016, mientras que para el periodo de diciembre de 2011, el cómputo de la prescripción inició el 01 de enero de 2013, concluyendo el 30 de junio de 2017, de acuerdo a lo señalado en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) de 02 agosto de 2003; por lo cual, la Administración Tributaria está completamente fuera de término para realizar observaciones a la documentación presentada de forma oportuna, y no cuenta con las facultades para exigir la presentación de descargos a las mismas, mucho menos para determinar deudas y menos aún para imponersanciones. En virtud a ello, y sin aceptar las observaciones plasmadas en la referida Vista de Cargo, rechazando el adeudo que se le pretende imponer, no presentará documentación ni respaldará las observaciones, toda vez que el acto administrativo fue emitido y notificado de forma extemporánea e incumpliendo con los plazos legales, sumado al hecho de que a la fecha de emisión de la Vista de Cargo, las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales para determinar adeudos tributarios e imponer sanciones, se encuentran prescritas; por este motivo, solicitó se deje sin efecto la deuda tributaria y sanción por omisión de pago contenidas en la Vista de Cargo 291979000647. 

Ulteriormente, el 30 de diciembre de 2019 la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/1021/2019, el cual concluyó que luego de transcurrido el plazo para la presentación de los descargos, establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), sin que el contribuyente presente descargos ni hubiera conformado el adeudo tributario inicialmente establecido en la Vista de Cargo, por tanto, ratificó la calificación preliminar de la conducta como omisión de pago y las observaciones efectuadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los periodos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, y estableció un adeudo tributario que asciende a 752.262 UFV’s equivalentes a Bs1.754,014, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago; por lo expuesto, de conformidad al art. 11 de la R.N.D 10-0032-16, recomendó la emisión y notificación al contribuyente de la Resolución Determinativa respectiva. 

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Finalmente, el 31 de diciembre de 2019 la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001978 (CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/RD/434/2019), de 30 de diciembre de 2019, que resolvió, Primero: Determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Kimberly Bolivia S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 752.262 UFV’s equivalentes a Bs1.754,014, a la fecha de emisión de la Resolución, por concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago, cálculo efectuado en aplicación de la Ley 2492 (CTB). Segundo: Calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago, por adecuarse a lo establecido en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, sancionándose con 298.801 UFV’s equivalentes a Bs696.700. 

Expuestos los antecedentes del proceso, se advierte que en el presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de Verificación N° 0014OVI06911 de 11 de mayo de 2015, notificada mediante cédula a la recurrente el 09 de junio de 2015, inició el proceso de determinación para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la recurrente, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la gestión 2011, de los periodos de enero a diciembre; verificación que, previa emisión de la Vista de Cargo 291979000647, de 22 de noviembre de 2019, concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa 171979001978, de 30 de diciembre de 2019, la cual fue notificada por cédula a la recurrente el 31 de diciembre de 2019, acto que resolvió determinar de oficio, por conocimiento de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente y/o responsable Kimberly Bolivia S.A., por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011, que ascienden a 752.262 UFV’s equivalentes a Bs1.754,014, por concepto de tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago; por esta razón, tratándose la presente causa de la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones, respecto al IVA, para los periodos fiscales de enero a noviembre del 2011, corresponde aplicar la normativa vigente a objeto del cómputo de la prescripción, esta es la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; no obstante, para el periodo diciembre de 2011, se deben aplicar 36 de 44

Alíi 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB); esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

En este contexto, considerando lo dispuesto en el art. 154, parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB), que prevé que la acción de la Administración Tributaria para sancionar contravenciones, prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria; y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, normativa que se encontraba vigente a momento del inicio del cómputo de la prescripción, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; por lo que para los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2011, comenzó el cómputo de la prescripción a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, de acuerdo a lo establecido en el art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones; vale decir, el cómputo de la prescripción para determinar la deuda tributaria e imponer la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago, comenzó a partir del 01 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015. 

Ahora bien, en relación al periodo diciembre de 2011, el periodo de pago corresponde a enero de 2012; por consiguiente el cómputo de la prescripción se inició el 01 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las leyes 291 y 317, prevé que el término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y 

determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente •/• 

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a aquel en que se produjo el vencimiento el periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención; en consecuencia, el cómputo de la prescripción para el periodo diciembre de 2011, se inició el 01 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; conforme lo establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en suma, se evidencia que cuando la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente el 31 de diciembre de 2019, con la Resolución Determinativa 171979001978 de 30 de diciembre de 2019, sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se encontraban prescritas; no habiéndose evidenciado la concurrencia de las causales de suspensión ni interrupción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

Por otra parte, respecto a lo argüido por la Administración Tributaria en su memorial de contestación al Recurso de Alzada, de que al haberse notificado al sujeto pasivo con una Orden de Verificación, el término para que opere la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses; corresponde tomar en cuenta lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

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AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los proceso de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, de lo cual, se infiere que el legislador al establecer en el art. 62, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del término de prescripción, considera el alcance integral que implica este procedimiento, lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión, a diferencia del proceso de verificación puntual, que al abarcar solo ciertos elementos no amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspecto que determina la suspensión del término de la prescripción en los casos de fiscalización. 

En ése contexto, conforme los antecedentes administrativos expuestos, se observa que en el presente caso la Orden de Verificación N° 0014OVI06911 de 11 de mayo de 2015, tiene como alcance el Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en el Anexo adjunto a la Orden de Verificación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011; asimismo, detalló como norma aplicable los arts. 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), y siendo que el referido art. 32 establece: “(Procedimientos de verificación y control puntual). El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

n los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria”; este procedimiento se adecúa a lo determinado en el citado art. 29, inc. c) de la norma antes señalada, el mismo que regula la verificación y control puntual que se inicia con la notificación de una Orden de Verificación. En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción es 39 de 44 

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íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada en puntos precedentes que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que efectúe el mismo, no siendo aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos. 

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización, prevista en el art. 104, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado Código. 

Consecuentemente, es evidente que, en el presente caso, la notificación con la Orden de Verificación 0014OVI06911 de 11 de mayo de 2015, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de 2011, no se constituye en una causal de suspensión, como afirmó la Administración Tributaria, en su memorial de contestación al Recurso de Alzada; análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018. 

Por otra parte, en relación a lo señalado por la Administración Tributaria sobre que el término de la prescripción establecido para el presente proceso fue afectado por las modificaciones de las leyes 291, 317 y 812, por lo que corresponde su aplicación, máxime si el momento en que el contribuyente solicitó la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, fue en plena vigencia de la Ley 812; además, de haber sido notificada la Resolución Determinativa impugnada el 31 de diciembre de 2019, bajo la Ley 812, norma vigente que dispone un término de prescripción de ocho años, de acuerdo al art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB); en este contexto, es 40 de 44

AIT;* 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

imperante aclarar que, es indistinto si la solicitud de prescripción se presentó durante la vigencia de la Ley 812, o si la notificación con el acto impugnado fue efectuada en vigencia de la referida ley, toda vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunció al respecto, a través de la Sentencia Constitucional SCP 0012/2019-S2, la cual, en su Acápite III.4 estableció textualmente que: “(…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos”. Bajo este lineamiento, se entiende que, en el marco de los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, aspectos que no se presentan en la Ley 812; por lo que se debe de aplicar las normas vigentes a momento del inicio del cómputo de la prescripción; tomando en cuenta que la referida Sentencia Constitucional tiene carácter vinculante conforme establecen los arts. 203 de la CPE y 15 parágrafo II de la Ley 254 (CPC). Por lo expuesto, considerando que, para los periodos observados de enero a noviembre de la gestión 2011, de conformidad con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, inició su computo el 01 de enero de 2012, fecha en la cual aún no se encontraba en vigencia las Leyes 291 y 317; empero, para el periodo diciembre de 2011, cuyo cómputo se inició el 01 de enero de 2013, si se aplicó las modificaciones efectuadas por las leyes 291 y 317 a la Ley 2492 (CTB), se tiene que, en relación a las modificaciones de la Ley 812, esta normativa entró en vigencia desde el momento de su emisión, es decir, desde el 30 de junio de 2016; por lo que, no corresponde su aplicación al presente caso. 

Por otro lado, respecto a lo sostenido por la Administración Tributaria en su contestación, de que se debe tomar en cuenta la teoría de los derechos adquiridos y expectaticios, considerando que si a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas, la prescripción aún no operó, se constituye tan solo en una 41 de 44 

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situación expectaticia, en la que aún no se consolidó ni adquirió ningún derecho, por tanto, la misma puede ser modificada por el legislador a través de nuevas leyes, en pleno ejercicio de su potestad legislativa; y sobre las Sentencias Constitucionales N° 0401/2017-S2 de 02 de mayo de 2017, 11/2002 de 05 de febrero de 2002 y 1421/2004-R de 06 de septiembre de 2004, y la Sentencia SU649/17 de 19 de octubre de 2017, emitida por la Corte Constitucional de la República de Colombia, que establecieron los conceptos de retrospectividad y retroactividad; es preciso mencionar que dicha teoría carece de fundamentación legal, toda vez que no se encuentra incorporada en ninguna disposición normativa de carácter general, por ende, al no tener respaldo normativo, no se constituye en un fundamento suficiente a efectos de respaldar el rechazo de la prescripción planteada por la recurrente, consecuentemente, corresponde desestimar tal argumento; asimismo, sobre la Sentencia SU649/17 de 19 de octubre de 2017, emitida por la Corte Constitucional de la República de Colombia, cabe señalar que conforme a lo establecido en el art. 5, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), esta no constituye fuente directa del derecho tributario, enumerando con carácter limitativo aquellas normas y disposiciones legales que si se consideran fuente; de modo que, la mencionada Sentencia únicamente tiene efecto vinculante entre partes, y resulta inaplicable a la presente causa; además, sobre las Sentencias Constitucionales 0401/2017-S2, 11/2002 y 1421/2004-R, citadas como precedentes, es menester aclarar que no son aplicables a la causa, pues no corresponden a casos análogos, menos están relacionados al ámbito de la prescripción; siendo pertinente hacer notar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, moduló la jurisprudencia respecto a la aplicación de la normativa vigente para el cómputo de la prescripción, como se explicó en líneas ut supra. 

Finalmente, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que lo resuelto por esta Autoridad de ninguna manera constituye un pronunciamiento respecto a la inconstitucionalidad de ninguna norma, pues es evidente que la recurrente no presentó ningún Recurso de Inconstitucionalidad ante esta instancia, en cuyo caso indiscutiblemente no podría ser admitido y menos resuelto en esta vía; asimismo, cabe recordar que esta Autoridad resuelve los Recursos interpuestos observando las garantías constitucionales que les asisten a los recurrentes y en aplicación del parágrafo III del art. 211 de la Ley 2492 (CTB), la Resolución se sustenta en los 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

hechos, antecedentes y en el derecho aplicable a cada caso particular y conforme a las facultades otorgadas por la Ley 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, al haberse evidenciado que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se encuentran prescritas; y en vista de que no existen causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción, conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), precautelando la seguridad jurídica, corresponde dar la razón a la recurrente; en consecuencia, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa 171979001978 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, se encuentran prescritas. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del DS. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa 171979001978 de 30 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero a diciembre de la gestión 

2011, se encuentran prescritas; de acuerdo a los fundamentos técnicos-jurídicos •w 

señalados precedentemente, de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

SP/ccav/acq/cmmf/nvro/apib 

IT-SCZ/RA 0326/2020 

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