ARIT-SCZ-RA-0321-2020 Falta de argumentación del calculo del importe de la deuda vician de nulidad el acto administrativo

ARIT-SCZ-RA-0321-2020

Alíi 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0321/2020 

Compañía de Productos para la Mujer 

AP LTDA, representada por Luis Enrique 

Pérez Reque. 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Gonzalo Antonio 

Campero Ampuero. 

Proveído 241976000956 de 28 de 

noviembre de 2019. 

ARIT-SCZ-0035/2020. 

Santa Cruz, 06 de julio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0321/2020 de 06 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió el Proveído 241976000956 de 28 de noviembre de 2019, el cual concluyó que el contribuyente Compañía de Productos para la Mujer AP LTDA con NIT 1028383023 al 26 de agosto de 2016, tendría un 

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saldo pendiente de pago a favor del Fisco, por concepto de la sanción y la contravención, por lo que no corresponde la devolución de algún pago en exceso que se hubiese realizado, asimismo al haber cancelado el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, en aplicación del art. 2 parágrafo III de la Ley 1105 y de conformidad al art. 51 de la Ley 2492 (CTB), corresponde emitir Auto de Conclusión, declarando extinguida la Ejecución Tributaria y proceder al levantamiento de las medidas coactivas que se hubiesen tomado en su contra. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

Compañía de Productos para la Mujer AP LTDA, en adelante la recurrente, representada por Luis Enrique Pérez Reque, mediante memorial presentado el 13 de enero de 2020 (fs. 21-25 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando el Proveído 241976000956, de 28 de noviembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital II del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Admisibilidad del Recurso de Alzada. 

La recurrente explicó que solicitó a la Administración Tributaria, la reliquidación de la deuda, devolución de cobros indebidos y levantamiento de medidas coactivas; no obstante, ante el silencio administrativo, interpuso Recurso de Revocatoria y posteriormente Recurso Jerárquico; y que el 28 de noviembre de 2019, se emitió el Proveído impugnado, que se constituye en un acto administrativo de carácter particular, que produce efectos jurídicos sobre la recurrente, pone fin a un procedimiento y determina una decisión final respecto a la solicitud planteada, por lo que en aplicación del art. 27 de la Ley 2341 (CTB) y art. 4.4 de la Ley 3092 es plenamente admisible y refirió como jurisprudencia la Sentencia Constitucional 1303/2011 -R de 26 de septiembre de 2011. 

11.1.2. Vulneración del Debido Proceso en su elemento de Fundamentación. 

La recurrente adujo que la Administración Tributaria, vulneró su derecho al debido proceso, pues de la revisión al Proveído impugnado, se puede evidenciar que se 2 de 36

AIT¡ív 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

incumplió con el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), al omitir exponer las razones jurídicas así como los motivos por los cuales decidió no atender la solicitud planteada, señaló que en la página 2 del Proveído, la Administración Tributaria realizó dos liquidaciones; sin embargo, no contienen una indicación de la Ley aplicada para realizarlas, no refleja una composición clara de los importes que se liquidan, no señalan los intereses aplicados, siendo que estos son el componente central del requerimiento realizado y concluye que no corresponde la devolución de cobros indebidos, sin motivar de manera clara las razones jurídicas por las cuales llegó a esa conclusión. 

11.1.3. Incorrecto cálculo en la liquidación. 

La recurrente señaló que de acuerdo a la Disposición Final Primera de la Ley 812, las deudas tributarias existentes a la fecha de vigencia de la Ley; es decir, el 1 de julio de 2016, que no se cumplan de acuerdo a lo señalado en la referida Disposición Transitoria Primera, deben ser calculadas y pagadas conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), bajo este artículo modificado por la Ley 812, el cómputo de intereses fue modificado, estableciéndose un interés escalonado de 4%, 6% y 10% anual que se aplica de acuerdo a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, agregó que esta tasa de interés resulta menor en relación a la Tasa Activa de Paridad Referencial en UFV’s que se encontraba vigente antes de la modificación efectuada mediante la Ley 812; en este sentido, entiende que mediante Sentencia 009/2016 se confirmó una deuda tributaria contra ella por 5.538.978,00 UFV’s equivalente a Bs10.210.776,00, razón por la que la Administración Tributaria inició un procedimiento de ejecución tributaria contra ella el 17 de agosto de 2016, liquidando la deuda tributaria, sin considerar lo establecido en la citada Disposición Final Primera de la Ley 812, pues el 26 de agosto de 2016 la Administración Tributaria ejecutó la Boleta de Garantía a primer requerimiento N° GPRC-1000097822, liquidó la deuda tributaria de la recurrente, equivalente a Bs15.180.665,00, constituyéndose en una liquidación ¡legal. 

f.’fcv* 

Asimismo, refirió que de haberse aplicado la Ley 812 y efectuado una reliquidación de la deuda tributaria, tal como lo solicitó, al 26 de agosto de 2016, la deuda tributaría ascendería a la suma de Bs11.982.554, lo que deja en evidencia que la# 3 de 36 \ nb/iso 

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Administración Tributaria habría ejecutado un importe superior al que correspondía y pretende la existencia de un saldo pendiente. 

Por lo expuesto solicitó se anule el Proveído hasta la emisión de un nuevo acto fundamentado o se revoque totalmente en caso de revisión de fondo. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 17 de enero de 2020 (fs. 26 del expediente) se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando el Proveído 241976000956, de 28 de noviembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 12 de febrero de 2020 (fs. 37-42 vta. del expediente) contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando totalmente los fundamentos de la impugnación y manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Respecto a la admisión del Recurso. 

La Administración Tributaria afirmó que se cometió una ilegalidad al haber admitido el presente Recurso de Alzada, pues el Proveído 241976000956 no es susceptible de impugnación por dos motivos primordiales, primero porque no se adecúa a ninguno de los actos establecidos en los arts. 143 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 3092; y segundo porque fue emitido en fase de ejecución tributaria para el consiguiente Auto de Conclusión; agregó que con relación al num. 4) del art. 4 de la Ley 3092, que hace referencia al acto administrativo de carácter particular, conforme al parágrafo II del art. 56 de la Ley 2341 (LPA), se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa y de acuerdo a la doctrina, un acto administrativo que no tiene carácter de definitivo es de “mero trámite”; es así que el Proveído impugnado sólo respondió a los requerimientos de la recurrente y explicó la imputación de los pagos efectuados y el saldo pendiente de pago, señalando además 4 de 36

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

los beneficios que obtuvo con la aplicación de la Ley 1105, aspecto que evidencia que no existe un acto administrativo definitivo más aún si se emitió de manera posterior el Auto de Conclusión, por lo que al haberse admitido la impugnación del referido acto administrativo y en consecuencia ordenar la suspensión de la ejecución tributaria, se estaría quebrantando y contraviniendo lo establecido por los arts. 107 y 109 de la Ley 2492 (CTB), además que si la recurrente considera haber realizado pagos indebidos o en exceso debió solicitar la Acción de Repetición, por lo que se tiene que anular obrados hasta el Auto de Admisión y en consecuencia rechazar el Recurso interpuesto, como respaldo a su posición invocó los Autos Supremos 156/2015-L de 29 de julio de 2015 y 157/2015-L de 25 de octubre de 2015, así como la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de diciembre de 2010. 

II.3.2. Respecto a la vulneración del Derecho al Debido Proceso en su elemento de Fundamentación. 

La Administración Tributaria respondió que dio cumplimiento a todos los requisitos procedimentales previos y posteriores enmarcados en las leyes y normas tributarias legalmente establecidas, custodiando su legal cumplimiento y protegiendo el derecho a la defensa a la que tiene tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo; en este sentido entiende que el Proveído impugnado señala como datos el nombre del contribuyente, el registro tributario, domicilio fiscal y referencia, señala todos hechos ocurridos durante el proceso desde el inicio de la ejecución tributaria, señalando claramente el Título de Ejecución Tributaria y la correspondiente ejecución de Boleta de Garantía Na GPRC-1000097822 y el detalle de la imputación a los adeudos tributarios, especificando el impuesto, el periodo, N° de Orden y el monto de las imputaciones efectuadas, asimismo se contempla las liquidaciones requeridas por la recurrente, señalando el monto faltante para cubrir la deuda tributaria y finalmente se establece los beneficios que le fueron otorgados por la Ley 1105 para el pago de la deuda tributaria, por lo cual se cumplió con todos los requisitos y procedimientos establecidos por Ley, quedando desvirtuado totalmente el argumento del incumplimiento con el Debido Proceso y vulneración del Derecho a la Defensa. 

II.3.3. Respecto al incorrecto cálculo en la liquidación. 

La Administración Tributaria expresó que de la revisión y análisis de antecedentes administrativos se puede advertir que el 28 de marzo de 2014, emitió el PIET 79- 5 de 36 

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33002057-16, emergente de la Sentencia 009/2016 con la que se mantuvo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, que revocó parcialmente la Resolución de Alzada interpuesta por AVON Bolivia Ltda., revocando un impuesto omitido de Bs38 y mantuvo subsistente Bs10.210.776 correspondiente a Tributo Omitido, intereses, sanción por la conducta y multas por IDF, paralelamente; sin embargo, la recurrente presentó una Boleta de Garantía a primer requerimiento, por Bs14.671.656, para suspender la ejecución de la citada Resolución de Recurso Jerárquico, vencido el plazo de suspensión se solicitó la Boleta de Garantía y se imputaron los adeudos tributarios quedando un saldo a favor del Fisco por la MIF; posteriormente, se emitió el Auto de Conclusión 282076000047, el cual considera todos los pagos imputados a la deuda tributaria y no así a la contravención tributaria de “omisión de pago”, aspecto observado por la recurrente, aplicando la liberación del pago de intereses y multas adeudados, en virtud a lo dispuesto en el art. 2 parágrafo III de la Ley 1105, por lo que se evidencia que la Administración Tributaria se apegó en todo momento a la normativa aplicable al presente caso. 

Por lo expuesto, solicitó se rechace el Recurso de Alzada o en caso de entrar al fondo se emita Resolución confirmando totalmente el Proveído 241976000956, de 28 de noviembre de 2019. 

II.4. Apertura de Término probatorio. 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 13 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida el 19 de febrero de 2020, tal como cursa en diligencias (fs. 43-44 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de marzo de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2020 (fs. 45 del expediente), ofreció y ratificó como prueba los antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo probatorio, mediante memorial presentado el 10 de marzo de 2020 (fs. 48 del expediente), ratificó las pruebas y los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 15 de junio de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 3 de junio de 2020 (fs. 51-53 del expediente), formuló sus alegatos en conclusión bajo los mismos argumentos de su contestación al presente Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo, mediante memorial presentado el 15 de junio de 2020 (fs. 60-64 vta. del expediente), presentó alegatos en conclusión bajo los mismos argumentos de su Recurso de Alzada. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA DETERMINATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

111.1 El 29 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa 17-00243-13 de 27 de junio de 2013, determinando sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 3.768.681,09 UFV’s, equivalentes a Bs6.947.337,47.- (Seis millones novecientos cuarenta y siete mil 

trescientos treinta y siete 47/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, vinculadas al proceso de determinación, conforme disponen los arts. 47; 160 num. 3; 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) (Extraído de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0487/2014). 

111.2 El 11 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente el Auto Motivado N° 25-01396-13, que rectifica y corrige el error aritmético determinando sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 5.539.047 UFV’s, equivalentes a Bs10.210.901.- (Diez millones doscientos diez mil novecientos uno 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, vinculadas al proceso de determinación, conforme disponen los arts. 47; 160 num. 3; 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del 

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DS 27310 (RCTB). (Extraído de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0487/2014). 

111.3 El 2 de diciembre de 2013, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0838/2013, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00044/2013 de 19 de abril de 2013, para que la Administración Tributaria emita una nueva vista de cargo en cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB) (Extraído de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0487/2014). 

111.4 El 14 de abril de 2014, como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico por parte de la Administración Tributaria, impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0838/2013, de 2 de diciembre de 2013, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0561/2014, que resolvió anular la citada Resolución del Recurso de Alzada, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue hasta la resolución de alzada para que la misma se pronuncie sobre todas las cuestiones de forma planteadas por el Sujeto Pasivo en su recurso de alzada y en caso de no ser evidentes se pronuncie sobre las cuestiones de fondo, conforme establece el art. 211 parágrafo I de la citada Ley 3092 (Título V del CTB), previa solicitud al sujeto pasivo de la documentación detallada en el Acta de Devolución de Documentación de 20 de agosto de 2013, en ejercicio de sus funciones conferidas en el Artículo 200 numeral 1 del citado código; de conformidad a lo establecido en el inc. c), parágrafo I, Artículo 212 I de la citada Ley 3092 (Título V del CTB) (Extraído de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0487/2014). 

111.5 El 4 de agosto de 2014, en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0561/2014, esta instancia emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0487/2014, que resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa 17-00243-13 de 27 de junio de 2013, en la parte referida a Crédito Fiscal por Bs128.577 equivalente a 92.473 UFV’s; mantener firmes y subsistentes las observaciones referidas a Crédito Fiscal por Bs2.546.210, Ingresos no Declarados por Bs366.247 e Impuesto a las 8 de 36

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Impugnación Tributaria 

Transacciones por Bs84.520, que suman un total de tributo omitido por Bs2.996.977,24 equivalente a 2.120.484 UFV’s, asimismo confirmar las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales por Bs84.430 equivalente a 45.800 UFV’s, debiendo la Administración Tributaria recalcular la deuda tributaria de acuerdo a lo establecido en los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 10 del DS 27310 (RCTB), incluyendo los accesorios y la sanción por omisión de pago, (fs. 89-130 vta. de antecedentes). 

.6 El 15 de diciembre de 2014, como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0487/2014 de 4 de agosto de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, que resolvió revocar parcialmente la referida Resolución del Recurso de Alzada, revocando un impuesto omitido de Bs38.- y se mantuvo firme y subsistente la deuda tributaria de Bs10.210.776.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multas por incumplimiento a los deberes formales, por IVA e IT de los periodos de enero a diciembre de 2008. (fs. 131-148 vta. de antecedentes). 

.7 El 28 de enero de 2015, la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo N° 25-000145-15, el cual resolvió suspender la Ejecución Tributaria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, hasta el 24 de marzo de 2015, plazo durante el cual el contribuyente deberá constituir las garantías suficientes ofrecidas al efecto, presentando una Boleta de Garantía a primer requerimiento, por el monto establecido en la citada Resolución de Recurso Jerárquico, monto que deberá ser actualizado a la fecha de constitución de garantía con una vigencia de 12 meses como mínimo (fs. 153 de antecedentes). 

.8 El 4 de mayo de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 23-00178-15, que resolvió aceptar la garantía constituida por la recurrente y suspender la ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, por el tiempo de vigencia de la Boleta de Garantía Bancaria CT-032837-0200 emitida por el Banco Bisa por el monto de Bs14.671.656,00 (fs. 154-155 de antecedentes). 

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111.9 El 10 de marzo de 2016, como resultado de la interposición de Demanda Contencioso Administrativa interpuesto por la recurrente contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, emitió la Sentencia 009/2016 que resolvió declarar improbada la demanda; en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la citada Resolución de Recurso Jerárquico, (fs. 149-152 vta. de antecedentes). 

111.10 El 14 de marzo de 2016, la Administración Tributaria emitió el Auto Motivado 79-23-000057-16, aceptando la renovación de la garantía constituida (fs. 156-157 de antecedentes). 

111.11 El 17 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el PIET 353/2016, con el que se le comunicó que estando firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014 de 15 de diciembre de 2014, se daría inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de la legal notificación con el Proveído, a partir del cual se adoptarían y ejecutarían las medidas coactivas correspondientes, hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 160 y 162 de antecedentes). 

111.12 El 6 de junio de 2017, la recurrente mediante nota ingresada con NUIT 3528, solicitó a la Administración Tributaria el levantamiento total de medidas precautorias toda vez que al haberse ejecutado la Boleta de Garantía que se presentó, se había cumplido con la totalidad del pago de la deuda tributaria, conforme lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 198 de antecedentes). 

111.13 El 30 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la recurrente con el Proveído 241779000531, el cual dio respuesta a la nota con NUIT 3528/2017, exponiendo que revisados los antecedentes y la verificación del SIRAT II, el 26 de agosto de 2016 se procedió a imputar la suma de Bs14.671.656.- emergente de la Boleta de Garantía Bancaria, habiéndose realizado a actualización de la deuda tributaria la cual ascendía a Bs15.180.665.-, por lo que a la fecha de la imputación realizada, la misma no cubre en su integridad la deuda tributaria del PIET 353/2016, existiendo así 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

diferencia a favor de la Administración Tributaria, por lo que no era posible 

atender la solicitud realizada (fs. 195-196 de antecedentes). 

.14 El 25 de julio de 2018, la recurrente mediante nota ingresada bajo NUIT 00006339-18, explicó a la Administración Tributaria que si bien en razón a la 

Sentencia 009/2016, se inició el procedimiento de ejecución tributaria 

emitiendo el respectivo PIET por el importe de la deuda confirmada en la 

suma de Bs10.210.776.- y que dentro del procedimiento se ejecutó la Boleta 

de Garantía a Primer Requerimiento en su integridad; vale decir, por 

Bs14.671.656.-; y que adicionalmente se dispuso la aplicación de medidas 

coactivas contra la recurrente por el importe de Bs509.930.- correspondientes 

a la falta de pago de saldos pendientes originados en la misma Resolución 

Determinativa que subsistirían, entendiéndose que para la Administración 

Tributaria la recurrente tenía una deuda tributaria de BS15.180.665.-; añadió 

que tras aplicar la Ley 812 y efectuar una reliquidación de la deuda tributaria 

se tenía que al 26 de agosto de 2016, fecha en la que se ejecutó la Boleta de 

Garantía, la deuda tributaria de la recurrente ascendía a la suma de 

Bs11.982.554.-, lo que implicaba que la Administración Tributaria ejecutó un 

importe superior al que legalmente correspondía, por lo que solicitó 

reliquidación de la deuda tributaria al 26 de agosto de 2016, considerando 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanciones por 

contravenciones y sea en aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 

812; se ordene la devolución de los importes indebidamente cobrados por la 

Administración Tributaria como consecuencia de una indebida liquidación de 

la deuda tributaria y se ordene el levantamiento inmediato de las medidas 

coactivas aplicadas y sea con notificación a la ASFI (fs. 63-64 y 82-84 del 

expediente). 

.15 El 24 de enero de 2019, la recurrente mediante nota ingresada bajo NUIT 0000709-19, reiteró a la Administración Tributaria su solicitud de 25 de julio de 

2018, expresando que estando seis meses sin respuesta para mayor 

referencia recapitulaba los antecedentes, entre los cuales refirió que luego de 

la Sentencia 009/2016, el 26 de agosto de 2016, se ejecutó la Boleta de 

Garantía en su integridad y que adicionalmente se dispuso la aplicación de 

medidas coactivas contra la recurrente por el importe de Bs509.930.- 

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correspondientes a la falta de pago de saldos pendientes originados en la misma Resolución Determinativa que subsistirían a la fecha; por lo que señaló que el objetivo de su nota era obtener una respuesta a la petición de reliquidación de la deuda tributaria que fue pagada en su integridad el 26 de agosto de 2016, mediante la ejecución de la boleta de garantía, solicitando que se realice la reliquidación para confirmar si se aplicaron las modificaciones al cómputo de los intereses (tasas del 4%, 6% y 10%) de la deuda tributaria, que entraron en vigencia a partir del 30 de junio de 2016, por mandato de la Ley 812, dejando de aplicarse la Tasa Activa de Paridad Referencial por tasas más beneficiosas; así también mencionó su imposibilidad de tomar una decisión respecto a acogerse a la Ley 1105, por desconocer el monto exacto de los saldos que refiere la Administración Tributaria, también quedaba sujeta al riesgo de perder los beneficios que existían hasta el 28 de febrero; finalmente, haciendo mención a su derecho de presentar un Recurso de Revocatoria ante la posibilidad del silencio administrativo negativo, nuevamente solicitó la respuesta a la nota de 25 de julio de 2018, la aplicación del art. 47 vigente en la reliquidación de la deuda conforme lo establece la Ley 812, se ordene la devolución de los importes a favor de la recurrente que hubiera como consecuencia de una indebida liquidación de la deuda tributaria (fs. 79-81 del expediente). 

111.16 El 8 de febrero de 2019, la recurrente mediante memorial ingresada bajo NUIT 0001061-19, interpuso Recurso de Revocatoria ante el Silencio Administrativo, manifestando que su solicitud de 25 de julio de 2018, respecto a la reliquidación de la deuda tributaria, devolución de cobros indebidos y levantamiento de medidas coactivas dentro de la ejecución tributaria, no se encuentran sujetas a un procedimiento o trámite especial, cuyos plazos de respuestas se encuentren expresamente establecidos por Ley, por lo que correspondía la aplicación supletoria de la Ley 2341 (LPA), que en su art. 17 establece que la Administración Tributaria se encuentra obligada a dictar resolución expresa, en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de la iniciación del procedimiento, que en este caso sería la solicitud realizada, transcurrido este plazo sin que se hubiera dictado la misma, se puede considerar la solicitud desestimada por el silencio administrativo negativo, motivo por el que se planteaba este Recurso señalando nuevamente que 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

mediante Sentencia 009/2016, se confirmó una deuda tributaria por 5.538.978 UFV’s, equivalentes a Bs10.210.776.- (Diez millones doscientos diez mil setecientos setenta y seis 00/100 Bolivianos), razón por la que se inició la ejecución tributaria; en ese entendido, solicitó la reliquidación de la deuda tributaria al 26 de agosto de 2016, considerando el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanciones por contravenciones y sea en aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 812, ordene la devolución de los importes indebidamente cobrados en ejecución, como consecuencia de una indebida liquidación de la deuda tributaria y se ordene el levantamiento inmediato de las medidas coactivas y sea con notificación a la ASFI (fs. 70-73 del expediente). 

.17 El 14 de marzo de 2019, la recurrente mediante memorial ingresado con NUIT 0002016-19, interpuso Recurso Jerárquico ante Silencio Administrativo Negativo, manifestando que bajo el contexto de la aplicación supletoria de la Ley 2341 (LPA), que en sus arts. 17, 56 y siguientes, establece la posibilidad del sujeto pasivo de impugnar la desestimación de su solicitud por silencio administrativo negativo; y siendo que en su caso, la Administración Tributaria no respondió en sentido positivo o negativo la solicitud de la recurrente dentro del plazo máximo razonable de seis meses; y posteriormente dentro del plazo establecido para la resolución del Recurso de Revocatoria dentro de los veinte días, vulneró los arts. 24 y 232 de la CPE, por lo cual correspondía la resolución de este Recurso por parte del Presidente Ejecutivo del SIN, conforme dispone el art. 65 de la Ley 2341 (LPA), solicitándole que se emita Resolución de Recurso Jerárquico, disponiendo la reliquidación de la deuda tributaria al 26 de agosto de 2016, considerando el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanciones por contravenciones y sea en aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 812, ordene la devolución de los importes indebidamente cobrados en ejecución, como consecuencia de una indebida liquidación de la deuda tributaria y se ordene el levantamiento inmediato de las medidas coactivas y sea con notificación a la ASFI (fs. 74-77 del expediente). 

.18 El 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Proveído 241976000956 de 28 de noviembre de 2019, el 

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cual concluyó que el contribuyente Compañía de Productos para la Mujer AP LTDA. Con NIT 1028383023 al 26 de agosto de 2016, tendría un saldo pendiente de pago a favor del Fisco, por concepto de la sanción y la contravención, por lo que no corresponde la devolución de algún pago en exceso que se hubiese realizado, asimismo al haber cancelado el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, en aplicación del art. 2 parágrafo III de la Ley 1105 y de conformidad al art. 51 de la Ley 2492 (CTB), corresponde emitir Auto de Conclusión, declarando extinguida la Ejecución Tributaria y proceder al levantamiento de las medidas coactivas que se hubieren tomado en su contra, (fs. 16-19 del expediente). 

  1. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO 

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, alegando previamente la admisibilidad del Recurso de Alzada, formuló sus agravios que versan sobre la Vulneración del Derecho al Debido Proceso en su elemento de Fundamentación y como agravio de fondo el incorrecto cálculo en la liquidación realizada. 

IV.1. Respecto a la admisibilidad del Recurso de Alzada. 

La recurrente explicó que solicitó a la Administración Tributaria, la reliquidación de la deuda, devolución de cobros indebidos y levantamiento de medidas coactivas; no obstante, ante el silencio administrativo, interpuso Recurso de Revocatoria y posteriormente Recurso Jerárquico; y que el 28 de noviembre de 2019, se emitió el Proveído impugnado, que se constituye en un acto administrativo de carácter particular, que produce efectos jurídicos sobre la recurrente, pone fin a un procedimiento y determina una decisión final respecto a la solicitud planteada, por lo que en aplicación del art. 27 de la Ley 2341 (CTB) y art. 4.4 de la Ley 3092 es plenamente admisible y refirió como jurisprudencia la Sentencia Constitucional 1303/2011 -R de 26 de septiembre de 2011. 

En contraparte, la Administración Tributaria afirmó que se cometió una ilegalidad al haber admitido el presente Recurso de Alzada, pues el Proveído 241976000956 no es susceptible de impugnación por dos motivos primordiales, primero porque no se 14 de 36

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Impugnación Tributaria 

adecúa a ninguno de los actos establecidos en los arts. 143 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 3092; y segundo porque fue emitido en fase de ejecución tributaria para el consiguiente Auto de Conclusión; agregó que con relación al num. 4) del art. 4 de la Ley 3092, que hace referencia al acto administrativo de carácter particular, conforme al parágrafo II del art. 56 de la Ley 2341 (LPA), se entenderán por resoluciones definitivas o actos administrativos que tengan carácter equivalente a aquellos actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa y de acuerdo a la doctrina, un acto administrativo que no tiene carácter de definitivo es de “mero trámite”; es así que manifestó que el Proveído impugnado solo respondió a los requerimientos de la recurrente y explicó la imputación de los pagos efectuados y el saldo pendiente de pago, señalando además los beneficios que obtuvo con la aplicación de la Ley 1105, aspecto que evidencia que no existe un acto administrativo definitivo más aún si se emitió de manera posterior el Auto de Conclusión, por lo que al haberse admitido la impugnación del referido acto administrativo y en consecuencia ordenar la suspensión de la ejecución tributaria, se estaría quebrantando y contraviniendo lo establecido por los arts. 107 y 109 de la Ley 2492 (CTB), además que si la recurrente considera haber realizado pagos indebidos o en exceso debió solicitar la Acción de Repetición, por lo que se debería anular obrados hasta el Auto de Admisión y en consecuencia rechazar el Recurso interpuesto, como respaldo a su posición invocó los Autos Supremos N° 156/2015-L de 29 de julio de 2015 y 157/2015-L de 25 de octubre de 2015, así como la Sentencia Constitucional 1648/2010-R de 25 de diciembre de 2010. 

Al respecto, la doctrina indica que “El acto definitivo es el que resuelve sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por mismo al particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones o plazos suspensivos”. “El acto definitivo es el único normalmente impugnable por mismo, porque es el único capaz por para producir el agravio al derecho subjetivo y al interés del administrado”. (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 8a Edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2004, Tomo 3, Pág. II-9). 

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En ese contexto, cabe recordar que la CPE, en el art. 14 IV, instituye que: “(…) En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de lo que éstas no prohiban. (…).”, y la misma CPE, en sus arts. 115 II y 117 I, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119, parágrafos I y II de la mencionada norma constitucional, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. En efecto, toda Autoridad pública en el orden administrativo está sujeta a resguardar los valores supremos y principios fundamentales de la Constitución Política del Estado Plurinacional señalados al inicio, así como a garantizar el respeto de los derechos a la defensa y debido proceso. 

En este sentido el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Autoridad de Impugnación Tributaria (antes Superintendencia Tributaria), es la entidad administrativa competente por mandato legal, para admitir y tramitar los Recursos de Alzada y Recursos Jerárquicos, interpuestos contra los actos definitivos de alcance particular emitidos por la Administración Tributaria, para que en el marco de las atribuciones normativas definidas por el art. 140 inc. a) del mismo cuerpo legal, debe conocer y resolver de forma fundamentada todos los recursos puestos a su conocimiento; entendiendo que conforme el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), indica que el Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas. 2. Las Resoluciones Sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo y el art. 4 de Ley 3092, señala que además de lo dispuesto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) será admisible también contra: 1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificadas. 2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto Administrativo que 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago condonación. 4. Todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. Del mismo modo, el art. 198.1-IV de la Ley 2492 (CTB), establece que los recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple y la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los arts. 195 y 197 de la presente Ley. 

En el caso concreto, se tiene que la recurrente a través de su interposición de Recurso de Alzada, impugnó el Proveído 241976000956 de 28 de noviembre de 2019, mediante el cual se determinó que no correspondía la devolución de algún pago en exceso que se hubiese realizado, en cuanto al pago del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, y correspondía emitir Auto de Conclusión y proceder al levantamiento de medidas coactivas que se hubiesen tomado en su contra, entendiéndose el rechazo de parte de lo solicitado por la parte recurrente; siendo evidente que al existir un rechazo fehaciente a la devolución de “algún pago en exceso que se hubiese realizado”, como textualmente lo menciona la Administración Tributaria, éste se constituye en un acto definitivo y no sólo un acto “de mero trámite” como se califica en la Contestación al presente Recurso de Alzada, pues contrario a lo aseverado por ella, la decisión a la que arriba en el Proveído impugnado, afecta derechos de la recurrente de manera directa y definitiva, ya que puso fin a la solicitud realizada; en efecto, el acto impugnado es de carácter particular, al haberse emitido en rechazo a la solicitud de la recurrente y evidentemente tiene connotación tributaria, toda vez que trata de un posible pago en exceso por una deuda tributaria que hubiera realizado el sujeto pasivo; vale decir, se trata de un acto impugnable ante esta instancia recursiva, conforme el art. 4 de la Ley 3092, y al respecto sobre la admisibilidad de actos administrativos la máxima instancia administrativa ha emitido criterio y pronunciamiento en varios de sus fallos entre los cuales es pertinente citar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1267/2019, de 18 de noviembre de 2019, teniendo esta Autoridad la obligación, 

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conforme los arts. 131, 140 inc. a) y 143 d) de la Ley 2492 (CTB), de conocer y resolver de forma fundamentada este recurso. 

Del mismo modo, es preciso aclarar a la Administración Tributaria que los Autos Supremos citados como jurisprudencia, no se constituyen en fuente de derecho 17 de 36 

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tributario que pudiera ser considerado para el análisis de este caso, esto conforme al entendimiento de la Máxima instancia administrativa que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1167/2015 que señaló textualmente lo que sigue: “(…) Por otro lado, con relación a la cita del Auto Supremo N° 130/2013, de 17 de abril de 2013; es necesario precisar que en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto; consiguientemente, los Autos Supremos no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes 

jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; asimismo, cabe señalar que la jurisprudencia se encuentra conformada por un conjunto de Sentencias dictadas por el Poder Judicial sobre una materia determinada; en consecuencia, siendo que el criterio vertido en el referido Auto Supremo, requiere de otros fallos con similar pronunciamiento para constituirse en 

jurisprudencia; no corresponde emitir mayor criterio al respecto (…)” (Resaltado propio). 

Con relación a la Sentencia Constitucional 1648/2010-R, mencionada por la Administración Tributaria como jurisprudencia a considerar, ésta señala textualmente lo que sigue: “(…) la RA GGSC- DTJC 183/2007 de 3 de septiembre, que concedió facilidades de pago al contribuyente ahora accionante, ipso jure, se convirtió en título de ejecución tributaría. En este contexto, debemos establecer que la RA GGSC/DJCC/No.054/2007 de 07 de noviembre, al ser un acto administrativo emitido en ejecución tributaria, no es susceptible de impugnación, toda vez que el Código Tributario, establece como únicas causales de oposición a la ejecución fiscal, las establecidas en el art. 109.11 comenzando con: 1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por el CTb (pago, compensación, confusión, condonación, prescripción); 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda; 3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. Además, establece que estas causales, solo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución tributaria, cerrando de esta manera la posibilidad de impugnación a los títulos que adquirieron firmeza; en consecuencia, el Tribunal de garantías realizó un equivocado análisis de los 18 de 36

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Impugnación Tributaria 

antecedentes, dejando abierta la posibilidad que los contribuyentes puedan utilizar recursos administrativos como si se encontrasen en fase recursiva, soslayando el hecho de que se encuentran en fase de ejecución, impidiendo a la Administración Tributaria cobrar adeudos -en este caso- autodeterminados con calidad de cosa 

juzgada (…)”; como se puede apreciar los elementos facticos de ambos casos son totalmente distintos, pues en el caso analizado por el Tribunal Constitucional, se impugnó un título que adquirió firmeza y consecuentemente su revisión implicaría el impedimento a la Administración Tributaria de cobrar los adeudos, lo que en este caso no ocurre, pues se trata de la solicitud de una reliquidación para establecer el monto real de la deuda tributaria ejecutada y la posible devolución de pagos en exceso, que para la parte recurrente existiría por la aplicación de la Ley 812, así como la solicitud de levantamiento de medidas, que es evidente puesto que el mismo Proveído impugnado, acepta que hubo el pago total de la deuda tributaria e inclusive establece la emisión del Auto de Conclusión respectivo; por lo que, en este caso, no afecta de ninguna forma el cobro de adeudos ni se admitió ningún título de ejecución tributaria, por lo que la jurisprudencia citada por la Administración Tributaria no es pertinente al caso. 

De esta.forma, en resguardo del derecho a la defensa que le asiste a la recurrente, esta Autoridad considera que lo alegado por la Administración Tributaria, no se constituye en una causal por la que esta instancia se encuentre impedida de conocer y resolver el Recurso de Alzada, máxime si el Proveído impugnado, es un acto definitivo, de carácter particular y por tanto impugnable, por lo que no corresponde otorgar la razón a la Administración Tributaria en este aspecto, debiendo ingresar a resolver cada uno de los agravios presentados por la parte recurrente en su memorial de Recurso de Alzada. 

IV.2. Sobre la vulneración del Debido Proceso en su elemento de Fundamentación. 

La recurrente adujo que la Administración Tributaria, vulneró su derecho al debido proceso, pues de la revisión al Proveído impugnado, se puede evidenciar que se incumplió con el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), al omitir exponer las razones jurídicas así como los motivos por los cuales decidió no atender la solicitud planteada, señaló que en la página 2 del Proveído, la Administración Tributaria realizó dos 19 de 36 

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liquidaciones; sin embargo, no contienen una indicación de la Ley aplicada para realizarlas, no refleja una composición clara de los importes que se liquidan, no señalan los intereses aplicados, siendo que estos son el componente central del requerimiento realizado y concluye que no corresponde la devolución de cobros indebidos, sin motivar de manera clara las razones jurídicas por las cuales llegó a esa conclusión. 

La Administración Tributaria respondió que dio cumplimiento a todos los requisitos procedimentales previos y posteriores enmarcados en las leyes y normas tributarias legalmente establecidas, custodiando su legal cumplimiento y protegiendo el derecho a la defensa a la que tiene tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo; en este sentido entiende que el Proveído impugnado señala como datos el nombre del contribuyente, el registro tributario, domicilio fiscal y referencia, señala todos hechos ocurridos durante el proceso desde el inicio de la ejecución tributaria, señalando claramente el Título de Ejecución Tributaria y la correspondiente ejecución de Boleta de Garantía Na GPRC-1000097822 y el detalle de la imputación a los adeudos tributarios, especificando el impuesto, el periodo, N° de Orden y el monto de las imputaciones efectuadas, asimismo se contempla las liquidaciones requeridas por la recurrente, señalando el monto faltante para cubrir la deuda tributaria y finalmente se establece los beneficios que le fueron otorgados por la Ley 1105 para el pago de la deuda tributaria, por lo cual se cumplió con todos los requisitos y procedimientos establecidos por Ley, quedando desvirtuado totalmente el argumento del incumplimiento con el Debido Proceso y vulneración del Derecho a la Defensa. 

Para dilucidar la controversia planteada por las partes, es necesario recordar que, entre los componentes de la garantía del debido proceso y derecho a la defensa, se encuentra el derecho del contribuyente a obtener una resolución fundada y motivada en derecho, es decir “debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo Tomo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. II-36 y II-37,). De esta manera, en cuanto a la fundamentación o 20 de 36

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Impugnación Tributaria 

motivación del acto, la doctrina sostiene que ésta es imprescindible “(…) para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (…)” (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen I., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). (resaltado propio). 

Del mismo modo, la doctrina entiende que “el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). Sobre el mismo tema, también se tiene establecido que: “A fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265) (resaltado propio). 

De la misma manera, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1369/2001-R, manifestó lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que 

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dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido (…)”. De igual modo lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013 que estableció: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”, (resaltado propio). 

Por otra parte, es pertinente mencionar que el ejercicio del Derecho a la Petición supone que, una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución; estando la Administración Pública obligada a resolver, positiva o negativamente la petición. En la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 566/2012, de 20 de julio de 2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al referirse a la naturaleza jurídica del derecho de petición, ha señalado que conforme el art. 24 de la CPE, ese derecho puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la formulación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario y cuya respuesta por parte de la Administración Pública debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables; cabe complementar que de acuerdo al art. 16 de la Ley 2341 (LPA) determina el derecho que tiene todo administrado de obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen. En cuanto a la vulneración de referido derecho, en la Sentencia Constitucional 1068/2010-R de 23 de agosto de 2010, se estableció que: “(…) las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo 22 de 36

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Impugnación Tributaria 

razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado (…)” (resaltado propio). En ese sentido, en la SC 195/2010-R de 24 de mayo de 2010, se determina que: “(…) el núcleo esencial de este derecho radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado (…)” y que la respuesta no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada. Es así que, la efectividad de la tutela del derecho de petición reside en la posibilidad de que el administrado obtenga una respuesta a su solicitud, lo que no implica que la entidad pública esté comprometida a pronunciarse según los intereses del peticionario, pero evidentemente de hacerlo en contrario, necesariamente el ente público debe fundamentar la negativa o rechazo, en resguardo además del derecho a la defensa y al debido proceso, (resaltado propio). 

En el ámbito nacional, la CPE en los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa; en ese contexto constitucional, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el Principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados (resaltado propio). 

Asimismo, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 23 de 36 

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2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados”. 

Por otro lado, señalar que de acuerdo al art. 2 de la Ley 812, que modifica el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Deuda Tributaria, es el tributo omitido expresado en Unidades de Fomento de Vivienda más intereses, que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la Administración Tributaria; y que la tasa de interés podrá variar de acuerdo a los días de mora y será: 1. Del cuatro por ciento (4%) anual, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, hasta el último día del cuarto año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo, según corresponda; 2. Del seis por ciento (6%) anual, desde el primer día del quinto año de mora, hasta el último día del séptimo año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo, según corresponda; y 3. Del diez por ciento (10%) anual, desde el primer día del octavo año de mora, hasta la fecha de pago. El total de la deuda tributaria estará constituido por el Tributo Omitido actualizado en Unidades de Fomento de Vivienda, más los intereses aplicados en cada uno de los períodos de tiempo de mora descritos precedentemente, hasta el día de pago. Del mismo modo, la Disposición Final Primera de la citada Ley 812, establece que los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del nivel central del Estado a la fecha de publicación de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre del presente año podrán pagar o solicitar un plan de pagos de acuerdo al Código Tributario Boliviano y sus disposiciones reglamentarias, con el interés único del cuatro por ciento (4%) anual aplicable a todo el período de la mora, detallando los incentivos correspondientes. 

Dentro de este contexto doctrinal, de jurisprudencia y de normativa, de la compulsa de antecedentes del caso, se observó que el 29 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa 17-00243-13 de 27 de junio de 2013, determinando sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 24 de 36

AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

3.768.681,09 UFV’s, equivalentes a Bs6.947.337,47.- (Seis millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y siete 47/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, vinculadas al proceso de determinación, conforme disponen los arts. 47; 160 num. 3; 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB); posteriormente, el 11 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente el Auto Motivado N° 25-01396-13, que rectifica y corrige el error aritmético determinando sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 5.539.047 UFV’s, equivalentes a Bs10.210.901.- (Diez millones doscientos diez mil novecientos uno 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, vinculadas al proceso de determinación, conforme disponen los arts. 47; 160 num. 3; 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB). 

De la misma compulsa de antecedentes, se evidenció que el 2 de diciembre de 2013, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0838/2013, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FEA/C/00044/2013 de 19 de abril de 2013, para que la Administración Tributaria emita una nueva vista de cargo en cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB); y el 14 de abril de 2014, como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico por parte de la Administración Tributaria, impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0838/2013, de 2 de diciembre de 2013, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0561/2014, que anuló la citada Resolución del Recurso de Alzada, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue hasta la resolución de alzada para que la misma se pronuncie sobre todas las cuestiones de forma planteadas por el Sujeto Pasivo en su recurso de alzada y en caso de no ser evidentes se pronuncie sobre las cuestiones de fondo, conforme establece el art. 211 parágrafo I de la citada Ley 3092 

(Título V del CTB), previa solicitud al sujeto pasivo de la documentación detallada en hhi 

el Acta de Devolución de Documentación de 20 de agosto de 2013, en ejercicio de 

í/fo, 

vi 

sus funciones conferidas en el artículo 200 num. 1 del citado código; de conformidad a lo establecido en el inc. c), parágrafo I, art. 212 I de la citada Ley 3092 (Título V del CTB). De esta forma, el 4 de agosto de 2014, en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0561/2014, esta instancia emitió la Resolución del 25 de 36 

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Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0487/2014, que resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00243-13 de 27 de junio de 2013, en la parte referida a Crédito Fiscal por Bs128.577 equivalente a 92.473 UFV’s; mantener firme y subsistente las observaciones referidas a Crédito Fiscal por Bs2.546.210, Ingresos no Declarados por Bs366.247 e Impuesto a las Transacciones por Bs84.520, que suman un total de tributo omitido por Bs2.996.977,24 equivalente a 2.120.484 UFV’s, asimismo confirmar las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales por Bs84.430 equivalente a 45.800 UFV’s, debiendo la Administración Tributaria recalcular la deuda tributaria de acuerdo a lo establecido en los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 10 del DS 27310 (RCTB), incluyendo los accesorios y la sanción por omisión de pago. 

Continuando con la compulsa, se extrajo que el 15 de diciembre de 2014, como resultado de la interposición de Recurso Jerárquico impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0487/2014 de 4 de agosto de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1667/2014, que revocó parcialmente la referida Resolución del Recurso de Alzada, revocando un impuesto omitido de Bs38.- y se mantuvo firme y subsistente la deuda tributaria de Bs10.210.776.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multas por incumplimiento a los deberes formales, por IVA e IT de los periodos de enero a diciembre de 2008; es así que el 28 de enero de 2015, la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo N° 25-000145-15, el cual resolvió suspender la Ejecución Tributaria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, hasta el 24 de marzo de 2015, plazo durante el cual el contribuyente deberá constituir las garantías suficientes ofrecidas al efecto, presentando una Boleta de Garantía a primer requerimiento, por el monto establecido en la citada Resolución de Recurso Jerárquico, monto que deberá ser actualizado a la fecha de constitución de garantía con una vigencia de 12 meses como mínimo; de este modo, el 4 de mayo de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa 23-00178-15, que resolvió aceptar la garantía constituida por la recurrente y suspender la ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, por el tiempo de vigencia de la Boleta de Garantía Bancaria CT 032837-0200 emitida por el Banco Bisa por el monto de Bs14.671.656,00. 

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ait\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Permaneciendo en la compulsa de antecedentes, se comprobó que el 10 de marzo de 2016, como resultado de la interposición de Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la recurrente contra la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, emitió la Sentencia N° 009/2016 que resolvió declarar improbada la demanda; en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la citada Resolución de Recurso Jerárquico; de esta forma, el 14 de marzo de 2016, la Administración Tributaria emitió el Auto Motivado N° 79-23-000057-16, aceptando la renovación de la garantía constituida; posteriormente, vale decir, el 17 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el PIET 353/2016, con el que se le comunicó que estando firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014 de 15 de diciembre de 2014, se daría inicio a la Ejecución Tributaria al tercer día de la legal notificación con este Proveído, a partir del cual se adoptarían y ejecutarían las medidas coactivas correspondientes, hasta el pago total de la deuda tributaria. 

De los mismos antecedentes, se observó que el 6 de junio de 2017, la recurrente mediante nota ingresada con NUIT 3528, solicitó a la Administración Tributaria el levantamiento total de medidas precautorias toda vez que al haberse ejecutado la Boleta de Garantía que se presentó, se había cumplido con la totalidad del pago de la deuda tributaria, conforme lo establecido en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB); por su parte, la Administración Tributaria el 30 de agosto de 2017, notificó en Secretaría a la recurrente con el Proveído 241779000531, el cual dio respuesta a la nota con NUIT 3528/2017, exponiendo que revisados los antecedentes y la verificación del SIRAT II, el 26 de agosto de 2016 se procedió a imputar la suma de Bs14.671.656.- emergente de la Boleta de Garantía Bancaria, habiéndose realizado a actualización de la deuda tributaria la cual ascendía a Bs15.180.665.-, por lo que a la fecha de la imputación realizada, la misma no cubre en su integridad la deuda tributaria del PIET 353/2016, existiendo así diferencia a favor de la Administración Tributaria, por lo que no era posible atender la solicitud realizada. 

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Wi‘J’B’j’j/ 

Continuando con la revisión de antecedentes, se extrajo que el 25 de julio de 2018, la recurrente mediante nota ingresada bajo NUIT 00006339-18, explicó a la Administración Tributaria que si bien en razón a la Sentencia 009/2016, se inició el procedimiento de ejecución tributaria emitiendo el respectivo PIET por el importe de 27 de 36 

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la deuda confirmada en la suma de Bs10.210.776.- y que dentro del procedimiento se ejecutó la Boleta de Garantía a Primer Requerimiento en su integridad; vale decir, por Bs14.671.656.-; y que adicionalmente se dispuso la aplicación de medidas coactivas contra la recurrente por el importe de Bs509.930.- correspondientes a la falta de pago de saldos pendientes originados en la misma Resolución Determinativa que subsistirían, entendiéndose que para la Administración Tributaria la recurrente tenía una deuda tributaria de Bs15.180.665.-; añadió que tras aplicar la Ley 812 y efectuar una reliquidación de la deuda tributaria se tenía que al 26 de agosto de 2016, fecha en la que se ejecutó la Boleta de Garantía, la deuda tributaria de la recurrente ascendía a la suma de Bs11.982.554.-, lo que implicaba que la Administración Tributaria ejecutó un importe superior al que legalmente correspondía, por lo que solicitó reliquidación de la deuda tributaria al 26 de agosto de 2016, considerando tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanciones por contravenciones y sea en aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 812; se ordene la devolución de los importes indebidamente cobrados por la Administración Tributaria como consecuencia de una indebida liquidación de la deuda tributaria y se ordene el levantamiento inmediato de las medidas coactivas aplicadas y sea con notificación a la ASFI. 

Del mismo modo, el 24 de enero de 2019, la recurrente mediante nota ingresada bajo NUIT 0000709-19, reiteró a la Administración Tributaria su solicitud de 25 de julio de 2018, expresando que estando seis meses sin respuesta para mayor referencia recapitulaba los antecedentes, entre los cuales refirió que luego de la Sentencia 009/2016, el 26 de agosto de 2016, se ejecutó la Boleta de Garantía en su integridad y que adicionalmente se dispuso la aplicación de medidas coactivas contra la recurrente por el importe de Bs509.930.- correspondientes a la falta de pago de saldos pendientes originados en la misma Resolución Determinativa que subsistirían a la fecha; por lo que señaló que el objetivo de su nota era obtener una respuesta a la petición de reliquidación de la deuda tributaria que fue pagada en su integridad el 26 de agosto de 2016, mediante la ejecución de la boleta de garantía, solicitando que se realice la reliquidación para confirmar si se aplicaron las modificaciones al cómputo de los interese (tasas del 4%, 6% y 10%) de la deuda tributaria, que entraron en vigencia a partir del 30 de junio de 2016, por mandato de la Ley 812, dejando de aplicarse la Tasa Activa de Paridad Referencial por tasas más beneficiosas; así también mencionó su imposibilidad de tomar una decisión respecto 28 de 36

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a acogerse a la Ley 1105, por desconocer el monto exacto de los saldos que refiere la Administración Tributaria, también quedaba sujeta al riesgo de perder os beneficios que existían hasta el 28 de febrero; finalmente, haciendo mención a su derecho de presentar un Recurso de Revocatoria ante la posibilidad del silencio administrativo negativo, nuevamente solicitó la respuesta a la nota de 25 de julio de 2018, la aplicación del art. 47 vigente en la reliquidación de la deuda conforme lo establece la Ley 812, se ordene la devolución de los importes a favor de la recurrente que hubiera como consecuencia de una indebida liquidación de la deuda tributaria. 

Posteriormente, el 8 de febrero de 2019, la recurrente mediante memorial ingresada bajo NUIT 0001061-19, interpuso Recurso de Revocatoria ante el Silencio Administrativo, manifestando que su solicitud de 25 de julio de 2018, respecto a la reliquidación de la deuda tributaria, devolución de cobros indebidos y levantamiento de medidas coactivas dentro de la ejecución tributaria, no se encuentran sujetas a un procedimiento o trámite especial, cuyos plazos de respuestas se encuentren expresamente establecidos por Ley, por lo que correspondía la aplicación supletoria de la Ley 2341 (LPA), que en su art. 17 establece que la Administración Tributaria se encuentra obligada a dictar resolución expresa, en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de la iniciación del procedimiento, que en este caso sería la solicitud realizada, transcurrido este plazo sin que se hubiera dictado la misma, se puede considerar la solicitud desestimada por el silencio administrativo negativo, motivo por el que se planteaba este Recurso señalando nuevamente que mediante Sentencia 009/2016, se confirmó una deuda tributaria por 5.538.978 UFV’s, equivalentes a Bs10.210.776.- (Diez millones doscientos diez mil setecientos setenta y seis 00/100 Bolivianos), razón por la que se inició la ejecución tributaria; en ese entendido, solicitó la reliquidación de la deuda tributaria al 26 de agosto de 2016, considerando el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanciones por contravenciones y sea en aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 812, ordene la devolución de los importes indebidamente cobrados en ejecución, como consecuencia de una indebida liquidación de la deuda tributaria y se ordene el levantamiento inmediato de las medidas coactivas y sea con notificación a la ASFI. 

Así también el 14 de marzo de 2019, la recurrente mediante memorial ingresado con NUIT 0002016-19, interpuso Recurso Jerárquico ante Silencio Administrativo Negativo, manifestando que bajo el contexto de la aplicación supletoria de la Ley 

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2341 (LPA), que en sus arts. 17, 56 y siguientes, establece la posibilidad del sujeto pasivo de impugnar la desestimación de su solicitud por silencio administrativo negativo; y siendo que en su caso, la Administración Tributaria no respondió en sentido positivo o negativo la solicitud de la recurrente dentro del plazo máximo razonable de seis meses; y posteriormente dentro del plazo establecido para la resolución del Recurso de Revocatoria dentro de los veinte días, vulneró los arts. 24 y 232 de la CPE, por lo cual correspondía la resolución de este Recurso por parte del Presidente Ejecutivo del SIN, conforme dispone el art. 65 de la Ley 2341 (LPA), solicitándole que se emita Resolución de Recurso Jerárquico, disponiendo la reliquidación de la deuda tributaria al 26 de agosto de 2016, considerando el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanciones por contravenciones y sea en aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 812, ordene la devolución de los importes indebidamente cobrados en ejecución, como consecuencia de una indebida liquidación de la deuda tributaria y se ordene el levantamiento inmediato de las medidas coactivas y sea con notificación a la ASFI. 

Finalmente, y concluyendo con los antecedentes, se evidenció que el 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con el Proveído 241976000956 de 28 de noviembre de 2019, el cual concluyó que el contribuyente Compañía de Productos para la Mujer AP LTDA. Con NIT 1028383023 al 26 de agosto de 2016, tendría un saldo pendiente de pago a favor del Fisco, por concepto de la sanción y la contravención, por lo que no corresponde la devolución de algún pago en exceso que se hubiere realizado, asimismo al haber cancelado el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, en aplicación del art. 2 parágrafo III de la Ley 1105 y de conformidad al art. 51 de la Ley 2492 (CTB), corresponde emitir Auto de Conclusión, declarando extinguida la Ejecución Tributaria y proceder al levantamiento de las medidas coactivas que se hubieren tomado en su contra. 

Expuestos los hechos del presente caso, recordando que la recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, aseguró que la Administración Tributaria vulneró su derecho al debido proceso, pues de la revisión al Proveído impugnado, se puede evidenciar que omitió exponer las razones jurídicas así como los motivos por los cuales decidió no atender la solicitud planteada; del mismo modo, explicó que en la página 2 del Proveído, la Administración Tributaria realizó dos liquidaciones; sin embargo, no contienen una indicación de la Ley aplicada para 30 de 36

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realizarlas, no refleja una composición clara de los importes que se liquidan, no señalan los intereses aplicados, siendo que estos son el componente central del requerimiento realizado y concluye que no corresponde la devolución de cobros indebidos, sin motivar de manera clara las razones jurídicas por las cuales llegó a esa conclusión. 

Al respecto, considerando que la Administración Tributaria incumplió con su obligación de remitir la totalidad de los antecedentes del caso al momento de contestar la presente causa; esta Autoridad en ejercicio de sus atribuciones y funciones conferidas por el inc. j) del art. 140 y num. 1) del art. 200 de la Ley 2492 (CTB), mediante nota ARIT-SCZ-0050/2020 (fs. 56 del expediente), le solicitó en primera instancia a la Administración Tributaria la remisión de la siguiente documentación: 1. Nota con NUIT 00006339-18 de 25 de julio de 2018; 2.Nota con NUIT 00007009-19 de 24 de enero de 2019 y 3.Memorial con NUIT 2016/2019 de 14 de marzo de 2019; no obstante, la Administración Tributaria mediante Cite: SIN/GDSCZ ll/DJCC/UTC/NOT/77/2020 (fs. 57 del expediente), respondió que se remitía las NUIT 6339-18 y 7009/2019, pero que la NUIT 2016/2019, no cursaba en los archivos de la Administración Tributaria; sin embargo, la misma había sido respondida al contribuyente mediante el proveído ahora impugnado; de esta forma, bajo el Principio de Verdad Material esta Autoridad, mediante nota ARIT-SCZ 0057/2020 (fs. 67 del expediente), solicitó a la parte recurrente, la remisión del memorial que había sido presentado ante la Administración Tributaria signado con NUIT 2016/2019 y que dio origen al acto impugnado; recibiendo como respuesta el memorial presentado el 25 de junio de 2020 (fs.78-79 del expediente), adjuntando la documentación requerida. 

Ahora bien, el Proveído impugnado referenciado como “Respuesta a Silencio Administrativo”, inicia señalando “En atención al memorial presentado en fecha 14/03/2019 (NUIT2016/2019) (…)”, lo que obliga la revisión detallada tanto del citado memorial como del acto impugnado, a fin de establecer de manera fehaciente si la Administración Tributaria respondió de manera fundamentada a todo lo planteado por la parte recurrente, aspecto que se constituye en la controversia de forma de este caso; en este entendido, cabe resaltar que dentro del memorial presentado el 14 de marzo de 2019 que se encuentra con el sello correspondiente a NUIT 2016-19, la recurrente presentó un Recurso Jerárquico ante el Silencio Administrativo Negativo, 31 de 36 

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tal como se describió en antecedentes, en el que básicamente señaló “(…) en el caso presente, el SIN no ha sometido sus actuaciones al art. 17 de la Ley 2341, que establece el plazo máximo de seis meses para responder las solicitudes presentadas por contribuyentes y tampoco al art. 65 de la Ley 2341, que establece un plazo de 20 días para resolver el recurso de revocatoria, violentando así el art. 232 de la CPE (…) En mérito de lo expuesto, es evidente que, ante la ausencia absoluta de pronunciamiento por parte del SIN, corresponde que el presente recurso se resuelva por parte del Presidente Ejecutivo del SIN conforme dispone el art. 65 de la Ley 2341 (…) que a través del silencio administrativo del SIN, se ha ocasionado los siguientes agravios a la empresa: Violación del art. 24 de la CPE, respecto al derecho de petición. Violación del art. 232 de la CPE, Principio de legalidad; Violación a la Disposición Final Primera de la Ley 812. Violación del art. 65 de la Ley 2341 que establece un plazo de respuesta por parte de la Administración Pública (…) En mérito de lo expuesto, se solicita a su autoridad que admita a trámite el presente recurso, y se solicita al Presidente Ejecutivo del Sen/icio de Impuestos Nacionales que emita una resolución de recurso jerárquico disponiendo lo siguiente: Reliquide la deuda tributaria al 26 de agosto de 2016, considerando el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanciones por contravenciones y sea en aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 812; Ordene la devolución de los importes indebidamente cobrados (en ejecución) por el SIN como consecuencia de una indebida liquidación de la deuda tributaria. Diferido lo anterior, se solicita a su autoridad ordene el levantamiento inmediato de las medidas coactivas aplicadas contra la empresa y sea con notificación a la ASFI (…)”. 

Por otra parte, de la revisión del acto impugnado se tiene que la Administración Tributaria en su primera parte, únicamente hace referencia al inicio de las acciones de cobro respecto al PIET 79-33-002057-16 emergente de la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 009/2016; y que la parte recurrente presentó Boleta de Garantía a primer requerimiento para suspender la ejecución de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1667/2014, procesos y actos detallados en la Relación de Hechos de esta fundamentación; del mismo modo, se observó que la Administración Tributaria refiere que vencido el plazo de suspensión, solicitó la ejecución de la boleta de garantía y reflejó un cuadro de imputación a los adeudos tributarios de la recurrente; posteriormente, manifestó que de la verificación del SIRAT II y la reliquidación solicitada el 26 de agosto de 2016, se informaba que procediendo a la 32 de 36

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misma, evidenció que a la fecha de imputación de los pagos respecto al Tributo Omitido, la deuda tributaria había sido cubierta, según el cuadro que insertó a continuación, del cual concluyó que existía un saldo a favor del Fisco de Bs191.344, correspondiente a la sanción por Omisión de Pago y por concepto de MIDF un saldo de Bs98.306, haciendo un total de Bs289.650 y exponiendo un nuevo cuadro, señaló “(…) de la reliquidación efectuada en fecha solicitada 26/08/2016 y con la verificación en contraste en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRATII), se evidencia que no existen cobros indebidos. Toda vez que los pagos emergentes a la ejecución de la Boleta de Garantía que fueron imputados a la deuda tributaria contenidas en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (…) en el cual se encuentran firmes y ejecutoriados por lo que no corresponde el levantamiento de las medidas coactivas que se hubieran adoptado, por existir saldo pendiente de pago o favor del Fisco.”; luego, expuso textualmente el art. 2 de la Ley 1105 y concluyó que la recurrente tendría un saldo pendiente de pago a favor del Fisco, por lo que no corresponde la devolución de algún pago en exceso que se hubiese realizado; asimismo, al haber cancelado el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses de conformidad al art. 2 parágrafo III de la Ley 1105 y art. 51 de la Ley 2492 (CTB), correspondía emitir un Auto de Conclusión y proceder al levantamiento de medidas que se hubiesen tomado en su contra. 

De lo ampliamente expuesto en los párrafos precedentes, es evidente y en consecuencia innegable que la Administración Tributaria no otorgó una respuesta fundamentada a todas las cuestiones planteadas por la parte recurrente en varias oportunidades, toda vez que se extraña una explicación clara respecto a la composición de los importes, los intereses y el sustento legal respecto a las liquidaciones contenidas en la página 2 del acto impugnado, en referencia a que al existir nuevas tasas de interés ( 4%, 6% y 10%), que entraron en vigencia a partir del 30 de junio de 2016, que son más beneficiosas para los contribuyentes su deuda tributaria se modificaría, liquidaciones que han sido expuestas en el acto impugnado, 

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empero no satisfacen la solicitud del sujeto pasivo, como tampoco expone de manera fehaciente las razones por las que no correspondería la devolución de cobros indebidos a los que hace referencia la recurrente, siendo que es indispensable que la recurrente tome conocimiento, de los motivos por los que no sería posible o no correspondería la aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 812 para la reliquidación de la deuda tributaria; así como la forma y mecanismos técnicos y 33 de 36 

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legales utilizados por la Administración Tributaria para efectuar y sustentar la liquidación de la deuda tributaria realizada como respuesta a lo solicitado, toda vez que, la liquidación debe considerar los elementos previstos en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), consecuentemente, se podrá determinar de manera indubitable la existencia o no de saldos a favor de la recurrente; empero, inicialmente es la Administración Tributaria la que debe de manera imperativa responder todos los aspectos reclamados en el memorial de fecha 14 de marzo de 2019 (NUIT 2016-19). 

Consecuentemente, en virtud al análisis expuesto, se comprobó la falta de fundamentación de hecho y de derecho que permita a la recurrente conocer las razones que justifican la decisión adoptada por parte de la Administración Tributaria, pues únicamente exponer cuadros sin un sustento legal y sin realizar un análisis de los aspectos planteados y solicitados por la recurrente, hacen evidente la falta de fundamentación y motivación del acto administrativo impugnado; en efecto, la Administración Tributaria de ninguna forma expuso los motivos por los que considera que no correspondía la aplicación de la Disposición Final Primera de la Ley 812 o si considerara lo contrario, en aplicación de ésta, efectuar la reliquídación de la deuda tributaría solicitada; del mismo modo, exponer de manera coherente su respuesta al levantamiento de las medidas coactivas, exponiendo con claridad si corresponde o no, sustentando su decisión en los hechos y en la normativa pertinente, sumado a esto la falta de respuesta a todas las cuestiones planteadas en el memorial de fecha 14 de marzo de 2019 (NUIT 2016-19), hacen que el contenido del acto impugnado carezca de motivación expresa. 

Por consiguiente, la falta de motivación y fundamentación del Proveído 241976000956 de 28 de noviembre de 2019, incumple lo previsto en los arts. 28 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), causándole indefensión a la recurrente, pues desconoce con certeza las razones o motivaciones que le llevaron a la decisión de la Administración Tributaria; por tanto, conforme lo dispuesto por el parágrafo II, del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde anular el Proveído 241976000956 de 28 de noviembre de 2019, emitido por la Administración Tributaria, hasta que la citada Administración emita un nuevo acto administrativo que contemple una respuesta específica, motivada y fundamentada sobre los planteamientos realizados en el memorial de fecha 14 de marzo de 2019 (NUIT 2016-19), conforme a todos los 34 de 36

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

antecedentes del caso y el derecho aplicable, estableciendo si procede o no las solicitudes de la recurrente. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Proveído 241976000956 de 28 de noviembre de 2019, emitido por la Administración Tributaria, hasta que la citada Administración emita un nuevo acto administrativo que contemple una respuesta específica, motivada y fundamentada sobre los planteamientos realizados en el memorial de fecha 14 de marzo de 2019 (NUIT 2016-19), conforme a todos los antecedentes del caso y el derecho aplicable, estableciendo si procede o no las solicitudes de la recurrente, de acuerdo a los argumentos sostenidos a lo largo de los fundamentos técnicos jurídicos que anteceden, se recomienda de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

KSP/ccav/acq/cmmf/apib/nvro 

^ARIT-SCZ/RA 0321/2020 Ditect ^^er-iwñw^”^ 

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