ARIT-SCZ-RA-0307-2020 Suspensión del computo de la prescripción por interposición de recursos

ARIT-SCZ-RA-0307-2020

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional deResolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0307/2020 

Recurrente : Valerio Becerra Villarroel. 

Administración Recurrida : Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Juan Carlos Llanos Salamanca. 

Acto Impugnado Resolución Determinativa N° 171971000274, de 6 de diciembre de 2019. 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS 

ARIT-SCZ-0993/2019. 

Santa Cruz, 26 de junio de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0307/2020 de 26 de junio de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Montero del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171971000274, de 6 de diciembre de 2019, contra Valerio Becerra Villarroel, C.l. 5935143 Cbba., emergente de la Orden de Fiscalización 0014OFE00078 modalidad fiscalización parcial con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2011, obligaciones impositivas en la suma de 1.072.725 UFV’s equivalente a Bs2.496.026.- (Dos 1 de 42 

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millones cuatrocientos noventa y seis mil veintiséis 00/100 bolivianos) importe que incluye tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento de deberes formales, monto que será actualizado a la fecha de pago, conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812, la multa por omisión de pago conforme el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0033-16. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

Valerio Becerra Villarroel, en adelante el recurrente, el 30 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 171971000274, de 6 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN (fs. 62-82 y 85-86 del expediente), manifestando los siguientes aspectos: 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

Valerio Becerra Villarroel, en adelante el recurrente, el 30 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171971000274, de 6 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN (fs. 62-82 y 85-86 del expediente), manifestando los siguientes aspectos: 

1.1 Falta de fundamentación en la determinación sobre Base Presunta. 

El recurrente señaló que la Administración Tributaria conforme el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) una vez agotados los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable la base imponible para determinar el tributo sobre base cierta, podrá aplicar la determinación sobre 2 de 42

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

onalBla&)llPñesunta en la parte que corresponda y de acuerdo a las circunstancias que señala el art. 44 de la citada Ley y el art. 4 de la RND 10-0017-13. La misma RND establece que para la determinación sobre Base presunta se puede aplicar los siguientes métodos: deducción, inducción estimación. Por lo que para la determinación sobre Base Presunta la Administración Tributaria debe fundamentar la Vista de Cargo conforme establece el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), respaldando el método y procedimiento aplicado conforme al procedimiento establecido, tal como establece el art. 45 de la Ley 2492 (CTB). 

En el presente caso, la Administración Tributaria solo citó que la determinación presunta fue en base a la información proporcionada por la central de cómputo, sin embargo, debe referir el procedimiento aplicado, así como los datos o antecedentes empleados. Toda vez que determinó el Margen de Utilidad Presunto, estableciendo que al precio de costo se le añadirá el Margen de Utilidad Presunto, ya que en este caso no se contó con el estado de pérdidas, se aplicara la relación Costo-Venta de acuerdo a la siguiente fórmula MUP=(Pv-Pc)/Pv*100¡ utilizando la misma fórmula para cada ítem sin embargo, la Administración Tributaria para llegar al ingreso presunto, si bien consideró el margen de utilidad señalado por el recurrente adicionó el total facturado por Kimberly, contradiciendo la propia fórmula aplicada puesto que no deduce del precio de venta el precio de costo, como sucede en cualquier actividad comercial. En tal sentido añadió: “(…) el fiscalizador pretende asumir que el monto facturado por la empresa Kimberly Bolivia SA no es un costo, aspecto que es totalmente absurdo ya que de esta manera se estaría asumiendo que Kimberly Bolivia SA obsequia los productos a los comerciantes para que estos a su vez obtengan toda la utilidad, aspecto totalmente contradictorio (…)”. Por lo que se advierte que la determinación realizada en la fórmula empleada reconoce la deducción de los costos de venta, la misma adiciona el margen/ganancia obtenido por la actividad informal del recurrente, incrementando la ganancia por encima de lo percibido por Kimberly Bolivia. 

De lo descrito precedentemente se establece que la forma de determinación empleada por la Administración Tributaria es Mixta, toda vez que ha llegado a su convicción a través de información del proveedor que es fehaciente y que le ha 

u&A 

servido como base para llegar a la supuesta pretensión tributaria plasmada en el acto administrativo; por lo que no corresponde la aplicación de la Base presunta, puesto 3 de 42 

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que la normativa y la RND 10-0017-13 establecen que esta reglamentación alcanza a los procesos de determinación practicados por la Administración Tributaria y en los que se haya detectado que el contribuyente no esté inscrito o no presente libros y registros de contabilidad o no presente declaración jurada o no emita datos e información completa, según lo establecido en el Código Tributario. 

Por tanto, se advierte que la Vista de Cargo debe fijar la base imponible sobre la cual se efectuó la liquidación, base cierta o presunta, lo cual implica respaldar fundadamente cuál fue el método y procedimiento empleado para efectuar la determinación sobre base presunta, caso contrario incumple lo establecido en el art. 

36 de la Ley 2341 (LPA). Citó como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0740/2007. 

1.2 Prescripción e irretroactividad de la Ley. 

El recurrente argumentó que la Vista de Cargo surge de un proceso de fiscalización iniciado en el año 2015 sobre el periodo fiscal de 2011, momento en el cual se encontraba vigente el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin ningún tipo de modificaciones, por medio del cual se establecía la prescripción de 4 años las acciones de la administración tributaria para fiscalizar tributos. Computándose desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, conforme el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), considerando la suspensión establecida en el art. 62 de la misma Ley, por la notificación con la Orden de Fiscalización. 

En el presente caso, corresponde reiterar que en fecha 31 de diciembre de 2015, junto con la con la Orden de Fiscalización N° 00140FE00078 y el Requerimiento N° 00132952, se inició el proceso de fiscalización, que venía computándose desde el 1 de enero de 2012, para los periodos enero a noviembre de 2011 para el caso de los impuestos IVA e IT y; desde el 1 de enero de 2012 para el caso del impuesto IUE, considerando que la fecha de cierre y vencimiento del impuesto. Considerando la suspensión el computo concluyo el 30 de junio de 2016, sin que hasta ese momento se hubiera puesto a conocimiento ninguna Resolución Determinativa. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

iaÉH ^’entendido, recalcó que las modificaciones a la prescripción realizadas por las Leyes 291, 317 no pueden ser aplicadas en virtud al Principio de irretroactividad de la Ley, al haberse dado el hecho generador en forma anterior a estas modificaciones, al igual que sostiene la Ley 812 que modifica nuevamente el término de la prescripción y ratifica la irretroactividad de la norma. Citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 770/2012 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0174/2009. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa N° 171971000274 de 6 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 16 de enero de 2020 (fs. 87 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 171971000274 de 6 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Montero del SIN el 10 de febrero de 2020 (fs. 96-108 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Respecto a la falta de fundamentación en la determinación sobre Base Presunta. 

La Administración Tributaria manifestó que producto de la fiscalización realizada al contribuyente, ahora recurrente, evidenció y demostró que no se encuentra inscrito en el padrón de contribuyentes, omitió declarar las ventas provenientes de las compras directas efectuadas a la Empresa Kimberly SA., para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y para el Impuesto a las Transacciones (IT), obteniendo ingresos, que no fueron declarados y evadiendo cumplir con sus obligaciones tributarias causando un daño económico al Estado. Por lo que determinó la base imponible usando el método sobre base presunta al haberse verificado la omisión del registro de operaciones de ingresos, los mismos que fueron determinados a través de la 5 de 42 

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técnica de compras no registradas y la técnica de cruce de información y cuestionarios para el caso de ingresos no declarados, en concordancia con lo estipulado en el parágrafo II del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), con base en la información que cursa en el Sistema de Información de la Administración Tributaria – 

SIRAT II y la Información y documentación proporcionada por agentes de información. 

Por lo que el 26 de febrero de 2016, Valerio Becerra Villarroel, presentó una nota de descargo registrado mediante Hoja de Ruta 1018/2016, a la orden de Verificación 0014OFE00078, (debió decir Orden de Fiscalización), donde “Adjunta un detalle de los precios de comercialización de los productos de la empresa Kimberly Bolivia S.A., para cada uno de los ítems”; vale decir, tomó conocimiento del precio de comercialización de cada uno de los ítems, con respecto a las compras, identificó la existencia de compras no declaradas, por lo que en ejercicio de las facultades previstas en los arts. 95 y 100 de la Ley 2492 (CTB), procedió a realizar la verificación de las facturas, a efectos de confirmar que las transacciones hayan sido efectivamente realizadas y poder conformar la verdad material de las mismas, aplicando en la Vista de Cargo, el inc. b) Técnica de compras no registradas, prevista en el art. 7 (medios por deducción) capitulo III (Medios para estimar la Base Presunta) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, que establece: “Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el inciso anterior”, es decir establece la presunción de venta de todo lo comprado y no registrado, indicando que al precio de costo no registrado se debe adicionar un margen de utilidad presunto desarrollado en el inciso a) del mismo artículo, no 

solamente considerar el precio unitario o costo de compra, más aún cuando hace í

referencia al inc. anterior a) para determinar la base imponible del ingreso no facturado ni declarado, siendo estos datos ciertos y verificados obtenidos de la propia información del contribuyente facturas adjunta un detalle de los precios de comercialización de los productos de la empresa Kimberly Bolivia SA., para cada uno de los ítems. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

ialFta§ftYteTite, indicó que la determinación preliminar de la deuda establecida en la Vista de Cargo 29-000027-16 de 28 de abril de 2016, la realizó aplicando todos los requisitos y formas señaladas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13 de 01 de marzo de 2013, en su capítulo III (Contenido mínimo de los principales documentos emitidos durante el proceso de fiscalización), en el inc. k) parágrafo I art. 6, establece que la Vista de Cargo debe contener, k) Liquidación previa del adeudo tributario conforme los Sistemas Informáticos Desarrollados por la Administración a la fecha de emisión, por impuesto, periodo y/o gestión fiscal. 

II.3.2 Sobre la prescripción invocada y la irretroactividad de la Ley. 

La Administración Tributaria argüyó que con referencia a la vigencia de la Ley en el tiempo, el 22 de septiembre de 2012, se publicó y se puso en vigencia la Ley 291, la cual en su Disposición Adicional Quinta, modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) de 02 de agosto de 2003, en cuya disposición abrogatoria y derogatoria Única, abroga y deroga todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía, contrarias a dicha Ley, siendo posteriormente por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los diez (10) años, en la gestión 2018; por lo que, a la fecha de notificación al contribuyente con la Resolución Determinativa 171971000274 de 06 de diciembre de 2019, las facultades de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria por los periodos de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2011, se encontraban plenamente vigentes, sin que haya operado la prescripción. Adicionalmente aclaró que la Ley 291 referente a la prescripción no es retroactiva en su aplicación, ya que la Ley modificó el art. 59 de la Ley 2492, estableciendo un término de prescripción bajo una dinámica temporal creciente a partir de la gestión 2008, para que dentro de dicho tiempo la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación e imposición de sanciones. 

Agregó que la Resolución Determinativa fue notificada el 11 de diciembre de 2019, es decir en vigencia de la Ley 812, que dispuso un término de prescripción de 8 años, más 2 años por no estar inscrito en los registros pertinentes, de conformidad con el art. 60 parágrafo I y II de la Ley 2492 (CTB), el termino de prescripción para determinar la deuda tributaria por los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de la gestión 2011, se inició el 1 de enero de 7 de 42 

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2012 el cual concluiría el 31 de diciembre de 2021 y del periodo de diciembre de 2011, inició el 1 de enero de 2013 el cual concluiría el 31 de diciembre de 2022, quedando claro que las actuaciones de la Administración tributaria no están prescritas de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificada por la Ley 291, posteriormente por la Ley 317 y finalmente por la Ley 812, aclarando que conforme establece el art. 3 de la norma sustantiva tributaria, a partir de las modificaciones establecidas en la Ley 291 y posterior Ley 317, aplicó de manera imperativa la norma vigente al momento de la aplicación de su facultad determinativa, asimismo en ningún momento se fue en contra de la prelación normativa de la CPE, establecido por el art. 5 de la misma norma, pues no se contravino lo establecido en el art. 116 y 164 de la Norma Suprema. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Resolución Determinativa 171971000274. 

II.4. Apertura de Término probatorio 

Mediante Auto de 11 de febrero de 2020, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 12 de febrero de 2020, al recurrente y a la entidad recurrida, según consta en las diligencias, (fs. 109-110 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 03 de marzo de 2020, el recurrente el 18 de febrero de 2020, ratificó las pruebas aportadas dentro del proceso de fiscalización, de la misma manera ratificó la documentación adjunta al recurso de alzada y solicitó valorarlas al momento de la emisión de la resolución (fs. 111 del expediente). 

Por su parte, la entidad recurrida el 23 de marzo de 2020, ofreció y ratificó en calidad de prueba todos el expediente administrativo presentado adjunto a la contestación al recurso de alzada, que contiene todos los antecedentes y pruebas que demuestran que no se procedió al pago de la totalidad de la deuda tributaria (fs. 114 del expediente). 

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Estado Plurinacional11.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) la presentación de alegatos fenecía el 23 de marzo de 2020, empero considerando el efecto suspensivo según del DS 4198 de 18 de marzo de 2020 y la reactivación de plazos del DS 4245 de 28 de mayo de 2020, el plazo para la presentación de alegatos se amplió hasta el 8 de junio de 2020, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusiones escritos el 4 de junio de 2020. (fs. 117 del expediente). 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos escritos y orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 31 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Valerio Becerra Villarroel con la Orden de Fiscalización 0014OFE00078 para verificar todos los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de enero a diciembre de la gestión 2011 (fs. 87 de antecedentes, c. I). 

En la misma fecha , la Administración Tributaria notificó personalmente a Valerio Becerra Villarroel con el Requerimiento F-4003 N°132852, solicitando los siguientes documentos correspondiente a las gestiones de enero a diciembre de 2011: DDJJ del impuesto IVA e IT, Libro de Compras y Ventas IVA, notas de respaldo de débito fiscal IVA, notas de respaldo de crédito fiscal IVA relacionada con el proveedor Kimberly SA., extractos bancarios, comprobantes de ingresos y egresos, kardex, inventarios, cualquier documento adicional relacionado con las ventas de los productos Kimberly Bolivia SA. (fs. 88 de antecedentes, c. I). 

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111.2 El 7 de enero de 2016, el recurrente presentó nota s/n ante la Administración Tributaria solicitando prórroga para la presentación de documentación en razón a que parte de la documentación solicitada por la Administración Tributaria se encuentra en poder de la empresa Kimberly Bolivia SA (fs. 92 de antecedentes, c. I). 

111.3 El 13 de enero de 2016, la Administración Tributaria notificó por Secretaria al recurrente con el Proveído 24-000011-16 de 12 de enero de 2016, concediéndole tres (3) días hábiles para la presentación del requerimiento solicitado (fs. 93 de antecedentes, c. I). 

111.4 El 18 de enero de 2016, el recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria solicitando prórroga para la presentación de documentación en razón a que parte de la documentación solicitada por la Administración Tributaria se encuentra en poder de la empresa Kimberly Bolivia SA y entregando copias simples de documentación, a su vez aclaró que como contribuyente no empadronado, no cuenta con algunos documentos solicitados, toda vez que la normativa no le obliga a tener ciertos documentos como ser los Libros de Compras y Ventas IVA, asimismo, señalo que cualquier actividad económica considera los gastos e ingresos de los cuales resulta una ganancia efectiva, siendo aplicable el IVA, sólo sobre el valor agregado y no sobre el monto total de las ventas, finalmente, invocó la prescripción conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 95-96 de antecedentes, c. I). 

El 27 de enero de 2016, la Administración Tributaria notificó por secretaria al 

.•

recurrente con el proveído 24-000048-16, que concede el plazo de 1 día hábil para la presentación de documentación solicitada por medio del requerimiento 132952 (fs. 106 de antecedentes, c. I). 

.6 El 1 de febrero de 2016, el recurrente presentó carta ante la Administración Tributaria entregando información solicitada, asimismo solicitó un plazo para la entrega de detalle del margen de utilidad de aquellos productos de primera necesidad que se encuentra bajo revisión y fiscalización, tomando 10 de 42 

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Impugnación Tributaria 

“«en cuenta que es preciso recopilar esa información de Kimberly Bolivia SA 

(fs. 108 de antecedentes, c. I). 

III.7 El 26 de febrero de 2016, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria carta cumpliendo con información requerida, recalcando que como 

sujeto pasivo no inscrito en el padrón de contribuyente, él no tiene obligación 

de registrar operaciones en los libros compras y ventas o presentación de 

declaraciones juradas, por otro lado, adjuntó detalles de precios

proveedores y consumidores finales proporcionados por la empresa 

Kimberly Bolivia SA (fs. 112-124 de antecedentes, c. I). 

IM.8 El 4 de marzo de 2016, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria carta remitiendo información solicitada referente a los márgenes 

de compra y venta de productos adquiridos por la empresa Kimberly Bolivia 

SA., asimismo, aclara que durante los meses de octubre y noviembre no 

compró ningún producto a la empresa Kimberly Bolivia SA (fs. 126 de 

antecedentes, c. I). 

1.9 El 15 de abril de 2016, la Administración Tributaria remitió la nota CITE: 

SIN/GDMTR/DF/NOT/00143/2016 a la empresa Kimberly Bolivia SA, 

solicitado información y/o documentación sobre las Factura 2413, 2414, 

2511, asimismo solicitó explicación sobre el importe de Bs6.175,29 en la 

factura N°. 11802 y el descuento de Bs988.- encontrado en la factura N° 

10151 (fs. 138 de antecedentes, c. I). 

1.10 El 20 de abril de 2016, la empresa Kimberly Bolivia SA. presentó ante la 

Administración Tributaria nota solicitando ampliación de plazo de 

presentación de documentación (fs. 140 de antecedentes, c. I). 

1.11 El 26 de abril de 2016, la empresa Kimberly Bolivia SA emitió nota en 

respuesta a la solicitud de información por medio de la nota CITE: 

SIN/GDMTR/DF/NOT/00143/2016 (fs. 142-145 de antecedentes, c. I). 

1.12 El 27 de abril de 2016, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributaria 138286 que sanciona al contribuyente Valerio 

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Becerra Villarroel con una multa de 1.500 UFV’s por no entregar documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización en los plazos, formas y lugares establecidos por la Orden de Fiscalización 0014OFE0078 (fs. 1196 de antecedentes, c. VI). 

.13 El 28 de abril de 2016, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GDMTR/DF/INF/00348/2016, que determina en el Cuadro 1 Ventas Reportadas por el Contribuyente Kimberly, determinando un total de ventas facturadas por dicho contribuyente en los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2011 de Bs4.319.438,85.-. De forma posterior estableció en base a los arts. 43 y 44 num. 1 de la Ley 2492 (CTB) que al no estar inscrito en los registros tributarios correspondientes y no haber realizado la declaración de las ventas correspondientes a la mercancía importada, por lo que en aplicación del art. 7 inc. b) de a RND 10-0017-13 que establece que cuando el contribuyente no registre en su contabilidad y/o Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Por lo que procedió a establecer el Margen de Utilidad Presunto en base a la siguiente formula MUP=(Pv Pc)/Pv*100, determinando dicho margen por cada ítem (50 ítems), procediendo posteriormente a determinar los Ingresos no Declarados los cuales se encuentran detallados en el Cuadro N° 2, estableciendo una base imponible de Bs4.362.050.- y determinado un tributo omitido IVA de Bs567.066.- conforme el cuadro N° 3 y Bs130.861.- para el Impuesto a las Transacciones, cuadro N° 4. Concluyendo y recomendando la emisión de la correspondiente Vista de Cargo, (fs. 1197-1230 de antecedentes, c. VI). 

1.14 El 4 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente a Valerio Becerra Villarroel con la Vista de Cargo N° 29-000027-16, de 28 de abril de 2016, la cual confirmó las observaciones del informe detallado en el punto 111.13 de la relación de hechos estableciendo una liquidación preliminar “/”

de la deuda tributaria de 1.088.720,40 UFV’s, equivalentes a 12 de 42 

AITl 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurmacional de Bolivia Qeo intz. qqr m /rv««-> ,^,;ii«««-. i j. • -i bs2.305.986,02.- (Dos millones trescientos cinco mil novecientos ochenta y seis 02/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y actas por contravenciones tributarias, y otorgó un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1231-1261 y 1273 de antecedentes, c. Vil). 

111.15 El 3 de junio de 2016, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria descargos a la Vista de Cargo 29-000027-16, expresando que como contribuyente no empadronado no podía cumplir con el requerimiento 

documental solicitado, el cual es propio y exclusivo de los contribuyentes 

empadronados, de igual manera observando la fórmula utilizada por la Administración Tributaria al momento de obtener la base presunta toda vez que no deduce el costo de venta, sino que suma el margen de utilidad 

incrementado la ganancia por encima de lo percibido, (fs. 1267-1272 de antecedentes, c. Vil). 

111.16 El 28 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió informe de conclusiones CITE: SIN/GDMTR/DJCC/UTJ/INF-C/0039/2016, el cual 

concluye que los descargos presentados por el contribuyente son 

insuficientes para desvirtuar las observaciones de la Vista de Cargo 29- 000027-16, por lo que recomienda la emisión del dictamen de calificación de 

conducta y la correspondiente Resolución Determinativa (fs. 1313-1321 de 

antecedentes, c. Vil). 

.17 El 30 de junio de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a Valerio Becerra Villarroel con la Resolución Determinativa N° 17-000092-16, 

de 28 de junio de 2016, que resuelve determinar de oficio la obligación impositiva de Valerio Becerra Villarroel con Cl. 5935143 CBBA (no inscrito) por un monto total de 1.099.186,28 UFV’s, equivalente a Bs2.344.234,58 

(Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro 

58/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, 

sanción por la contravención tributaria de omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales correspondiente al IVA e IT resultante 

de la verificación de los periodos de enero, febrero, marzo, abril , mayo, 

13 de 42 

Justicia tributaria para vivir bien 

kn mit’ayir jach’a kamani(Aymara) 

Uaná tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Iburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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Certificado 771/14 

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Teléfonos: (591-3) 3391027 – 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

junio, julio, agosto, septiembre ydiciembre de la gestión 2011 (fs. 1278-1312 y 1325 de antecedentes, c. Vil). 

111.18 El 31 de octubre de 2016, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0662/2016 que resolvió ANULAR la Resolución Determinativa 17-000092-16 de 28 de junio de 2016, a fin que la Administración Tributaria emita nueva Resolución en la que valore de manera fundamentada y motivada todos los argumentos de descargos presentados por el recurrente (fs. 280-297 de antecedentes c. II). 

111.19 El 19 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GG/GJNT/DCS/INF/01168/2016 donde establece que se analicen todos los descargos presentados por el recurrente emitiendo una nueva Resolución Determinativa que valore de forma fundamentada y motivada los argumentos de descargo, (fs. 1347-1351 de antecedentes, c. Vil) 

1.20 El 3 de febrero de 2017, el recurrente presentó la nota s/n donde manifiesta haber apersonado varias veces para la entrega de la documentación que contaba toda vez que al no encontrase inscrito no se encontraba en la obligación de cumplir con los registros contables, Libros de compras y ventas, ni declaraciones juradas, señalando además que por dicha situación no le corresponde la sanción impuesta mediante Acta de Contravención 00138286. De igual manera observa que se le realizó la determinación sobre base presunta toda vez que no realizó la declaración de las ventas de las importaciones realizadas, sin que hubiera demostrado la Administración Tributaria que se realizaron importaciones. Por otra parte observó la determinación del margen de utilidad señalando que en el ítem 1) Bath Tiss Scott Gold 2 Plp 4×12 Expo, en la fecha 19/05/2011 registra un total facturado de Bs872,82 y cantidad de 15, la cual dividida da Bs58,188 y en la Vista de Cargo señala un importe de Bs104.238, por lo que se encuentran sobreprecios; en el caso del ítem 2) Dia Lotex Days dúo 24×15 de 24/01/2011 registra un total facturado de Bs2.082,94 y cantidad de 25, la cual dividida da Bs83,317 y en la Vista de Cargo señala un importe de Bs82.296, dicha situación se advierte en todos los ítems elevando el costo unitario. De igual forma manifiesta porque no se redujo el precio de costo. 14 de 42

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bol¡v,aTamb¡én seña|a que e| 22 de nov¡embre de 2Q16 |e entregaron

liquidaciones donde la deuda es inferior a la determinada en la Vista de 

Cargo lo que le ha generado confusión toda vez que no sabe cuál es el importe correcto, (fs. 1366-1368 de antecedentes, c. Vil) 

111.21 El 5 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDMTR/DJCC/INF/2320/2019, donde establece que conforme a las ventas reportadas por Kimberly Bolivia S.A se estableció que realiza 

actividades de comercio de forma habitual, por lo que se demuestra su 

condición de sujeto pasivo conforme a los arts. 3 y 4 de la Ley 843, por lo 

que la falta de registro no lo libera de su condición de sujeto pasivo, por lo 

que de igual manera corresponde la sanción impuesta en el Acta de 

Contravención 00138286. Prosiguió señalando que la falta de inscripción 

en losregistros tributarios por parte del contribuyente impidió al sujeto pasivo 

declarar las compras, lo que también implica la pérdida del derecho a 

computar a su favor el Crédito Fiscal contenido en las notas fiscales de 

compra realizadas, implicando un renunciamiento tácito lo establecido en los 

art. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530. Por tanto, en aplicación de la normativa vigente conforme el art. 12 de la Ley 843, la deuda tributaria sobre 

base presunta debe ser liquidada y pagada sin derecho al cómputo del 

crédito fiscal derivado de las compras realizadas. Se aplicó la determinación 

de la Base presunta toda vez que el contribuyente no se encuentra inscrito 

en los registros correspondientes conforme el art. 44 parágrafo II nums. 1 y 2 

de la Ley 2492 (CTB), utilizando lo establecido en el art. 7 inc. b) de la RND 

10-0017-13 “Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el 

Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, 

presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Al precio de 

costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el Inciso 

anterior. Es decir, que establece la presunción de venta de todo lo comprado 

y no registrado, indicando que al precio de costo se debe adicionar un 

margen de utilidad presunto desarrollado en el inciso anterior del mismo 

artículo, los cuales fueron verificados con la información proporcionada por 

Kimberly Bolivia, y la propia información brindada por el contribuyente. 

15 de 42 

/usticia tributaria para vivir bien 

Jan miíayvr \ach’a kamani (Aymara) 

/Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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Sistema de Gestión delaCaltííd Certificado 771/14 

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Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Respecto a las observaciones realizadas por el contribuyente con relación al margen de Utilidad presunto determinado se tiene que en el ítem 1) Bath Tiss Scott Gold 2 Plp 4×12 Expo, en la fecha 19/05/2011 registra un importe de Bs1.563,57 y tiene un descuento de Bs690,75 por lo que se consideró como base imponible Bs872,82¡ en el caso del ítem 2) Dia Lotex Days dúo 24×15 de 24/01/2011 registra un importe de Bs2.232,40 y tiene un descuento de Bs149,46 por lo que se consideró como Base imponible de Bs2.082,94.- por lo que la Base Imponible determinada en el cuadro 1 de la Vista de Cargo es correcta. Por lo que las pruebas aportadas no son suficientes para desvirtuar las observaciones, recomendando la emisión de la Resolución Determinativa, (fs. 1372-1395 de antecedentes, c. Vil) 

III.22 El 11 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula la Resolución Determinativa 171971000274, de 6 de diciembre de 2019, contra Valerio Becerra Villarroel, C.l. 5935143 Cbba., emergente de la Orden de Fiscalización 0014OFE00078 modalidad fiscalización parcial con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y diciembre de la gestión 2011, obligaciones impositivas en la suma de 1.072.725 UFV’s equivalente a Bs2.496.026.- (Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil veintiséis 00/100 bolivianos) importe que incluye tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor, sanción por Omisión de Pago y multa por.incumplimiento de deberes formales, monto que será actualizado a la fecha de pago, conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812, la multa por omisión de pago conforme el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0033-16 (fs. 1396-1455 de antecedentes, c. Vil). 

  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA JURÍDICA 

El recurrente citó como agravios: 1. Falta de fundamentacion en la determinación sobre Base Presunta; así como también la 2. Prescripción invocada e irretroactividad de la Ley. Observaciones que serán analizadas a continuación. 

IV.1. Falta de fundamentacion en la determinación sobre Base Presunta. 16 de 42

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plunnacional de Bolivia 

El recurrente señaló que la Administración Tributaria conforme el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) una vez agotados los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable la base imponible para determinar el tributo sobre base cierta, podrá aplicar la determinación sobre Base Presunta en la parte que corresponda y de acuerdo a las circunstancias que señala el art. 44 de la citada Ley y el art. 4 de la RND 10-0017-13. La misma RND establece que para la determinación sobre Base presunta se puede aplicar los siguientes métodos: deducción, inducción estimación. Por lo que para la determinación sobre Base Presunta la Administración Tributaria debe fundamentar la Vista de Cargo conforme establece el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), respaldando el método y procedimiento aplicado conforme al procedimiento establecido, tal como establece el art. 45 de la Ley 2492 (CTB). 

En el presente caso, la Administración Tributaria solo citó que la determinación presunta fue en base a la información proporcionada por la central de cómputo, sin embargo, debe referir el procedimiento aplicado, así como los datos o antecedentes empleados. Toda vez que determinó el Margen de Utilidad Presunto, estableciendo que al precio de costo se le añadirá el Margen de Utilidad Presunto, ya que en este caso no se contó con el estado de pérdidas, se aplicara la relación Costo-Venta de acuerdo a la siguiente fórmula MUP=(Pv-Pc)/Pv*100; utilizando la misma fórmula para cada ítem sin embargo, la Administración Tributaria para llegar al ingreso presunto, si bien consideró el margen de utilidad señalado por el recurrente adicionó el total facturado por Kimberly, contradiciendo la propia fórmula aplicada puesto que no deduce del precio de venta el precio de costo, como sucede en cualquier actividad comercial. En tal sentido añadió: “(…) el fiscalizador pretende asumir que el monto facturado por la empresa Kimberly Bolivia SA no es un costo, aspecto que es totalmente absurdo ya que de esta manera se estaría asumiendo que Kimberly Bolivia SA obsequia los productos a los comerciantes para que estos a su vez obtenga toda la utilidad, aspecto totalmente contradictorio (…)”. Por lo que se advierte que la determinación realizada en la fórmula empleada reconoce la deducción de los costos de venta, la misma adiciona el margen/ganancia obtenido por la actividad informal del recurrente, incrementando la ganancia por encima de lo percibido por Kimberly Bolivia. 

17 de 42 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir ¡ach’a kamani (Aymara) 

iManatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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Sstenv.1 de Gt-.l: ^ delaCaltíad CerificadoW77V14 

mbaerepi Vae (Guaraní) 

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De lo descrito precedentemente se establece que la forma de determinación empleada por la Administración Tributaria es Mixta, toda vez que ha llegado a su convicción a través de información del proveedor que es fehaciente y que le ha servido como base para llegar a la supuesta pretensión tributaria plasmada en el acto administrativo; por lo que no corresponde la aplicación de la Base presunta, puesto que normativa y la RND 10-0017-13 establece que esta reglamentación alcanza a los procesos de determinación practicados por la Administración Tributaria y en los que se haya detectado que el contribuyente no esté inscrito o no presente libros y registros de contabilidad o no presente declaración jurada o no emita datos e información completa, según lo establecido en el Código Tributario. 

Por tanto, se advierte que la Vista de Cargo debe fijar la base imponible sobre la cual se efectuó la liquidación, base cierta o presunta, lo cual implica respaldar fundadamente cuál fue el método y procedimiento empleado para efectuar la determinación sobre base presunta, caso contrario incumple lo establecido en el art. 36 de la Ley 2341 (LPA). Citó como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0740/2007. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que producto de la fiscalización realizada al contribuyente, ahora recurrente, evidenció y demostró que no se encuentra inscrito en el padrón de contribuyentes, omitió declarar las ventas provenientes de las compras directas efectuadas a la Empresa Kimberly SA., para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y para el Impuesto a las Transacciones (IT), obteniendo ingresos, que no fueron declarados y evadiendo cumplir con sus obligaciones tributarias causando un daño económico al Estado. Por lo que determinó la base imponible usando el método sobre base presunta al haberse verificado la omisión del registro de operaciones de ingresos, los mismos que fueron 

determinados a través de la técnica de compras no registradas y la técnica de cruce

de información y cuestionarios para el caso de ingresos no declarados, en concordancia con lo estipulado en el parágrafo II del art. 43 de la Ley 2492 (CTB), con base en la información que cursa en el Sistema de Información de la Administración Tributaria – SIRAT II y la Información y documentación proporcionada por agentes de información. 

c

8 de 42 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plunnac.ona^r^e e, 2q óq febrerQ de 2Q^ y^^ ^^ y,^^ presentó ung notg de 

descargo registrado mediante Hoja de Ruta 1018/2016, a la orden de Verificación 0014OFE00078, (debió decir Orden de Fiscalización), donde “Adjunta un detalle de los precios de comercialización de los productos de la empresa Kimberly Bolivia S.A., para cada uno de los ítems”; vale decir, tomó conocimiento del precio de comercialización de cada uno de los ítems, con respecto a las compras, identificó la existencia de compras no declaradas, por lo que en ejercicio de las facultades previstas en los arts. 95 y 100 de la Ley 2492 (CTB), procedió a realizar la verificación de las facturas, a efectos de confirmar que las transacciones hayan sido efectivamente realizadas y poder conformar la verdad material de las mismas, aplicando en la Vista de Cargo, el inc. b) Técnica de compras no registradas, prevista en el art. 7 (medios por deducción) capitulo III (Medios para estimar la Base Presunta) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, que establece: “Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el inciso anterior”, es decir establece la presunción de venta de todo lo comprado y no registrado, indicando que al precio de costo no registrado se debe adicionar un margen de utilidad presunto desarrollado en el inciso a) del mismo artículo, no solamente considerar el precio unitario o costo de compra, más aún cuando hace referencia al inc. anterior a) para determinar la base imponible del ingreso no facturado ni declarado, siendo estos datos ciertos y verificados obtenidos de la propia información del contribuyente facturas adjunta un detalle de los precios de comercialización de los productos de la empresa Kimberly Bolivia SA., para cada uno de los ítems. 

Finalmente, indicó que la determinación preliminar de la deuda establecida en la Vista de Cargo N° 29-000027-16 de 28 de abril de 2016, lo realizó aplicando todos los requisitos y formas señaladas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13 de 01 de marzo de 2013, en su capítulo III (Contenido mínimo de los principales documentos emitidos durante el proceso de fiscalización), en el inc. k) parágrafo I art. 

6, establece que la Vista de Cargo debe contener, k) Liquidación previa del adeudo be» 

19 de 42 

Justicia tributaria para vivir bien /Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) ‘Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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SiMmidtGMlfá 

de la Calidad 

CartAadoN TTVU 

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tributario conforme los Sistemas Informáticos Desarrollados por la Administración a la fecha de emisión, por impuesto, periodo y/o gestión fiscal. 

Con relación al tema en cuestión, es importante entender que el procedimiento de determinación es íntegramente reglado y no discrecional, por lo que se debe seguir las reglas establecidas hasta obtener un resultado, porlo tanto, según la doctrina: “La determinación tributaria es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an debeatur), quien es el obligado a pagar el tributo alfisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda (quantum debeatur). La determinación tributaria puede estar integrada sólo por un acto del obligado o de la Administración. …Como puede observarse, la Administración o el administrado no hacen otra cosa que verificar o reconocer que un hecho imponible ocurrió y en base a ello se debe pagarla cuantía fijada en la ley.”Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, Editorial Astrea, 2003, pág. 395. 

Al respecto, nuestra legislación en el art. 42 de la Ley 2492 (CTB), establece que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la citada Ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre base presunta que se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

.

Por su parte el art. 44 del marco legal citado, estipula que se realizará la determinación sobre base presunta cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento 20 de 42 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

^ÓétMhíhativo en casos especiales previsto por este Código. 3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. 5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias a) omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración delprecio y costo. (…).6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta 

Respecto a los medios para la determinación sobre base presunta, el parágrafo I del art. 45 de la Ley 2492 (CTB), indica que cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

Por su parte, el art. 4. II de la RND 10-0017-13, de 8 de mayo de 2013, establece “(…) que para realizarla determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta, se considerará lo siguiente: 1. La determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta es aplicable cuando no se conozcan de forma directa e indubitable uno o más de los siguientes componentes de la obligación Tributaria: a) Hecho Generador, b) Periodo Fiscal, c) Base Imponible (Importe, cantidad, volumen, precios, etc.). 2. En la determinación deberá aplicarse todo dato o antecedente del sujeto pasivo de periodos anteriores o diferentes, inclusive bases imponibles de impuestos relacionados, teniendo éstos prioridad sobre la información de contribuyentes 

similares o cualquier otro (…)” 

sctó¡ 

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Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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De igual forma el art. 6 de la citada RND establece los medios para determinar la base presunta conforme el art. 45 de la Ley 2492 (CTB), pudiendo ser por: deducción, inducción o estimación. Por lo que en la misma RND el art. 7, inc. b) establece dentro del método de deducción la Técnica de Compras No Registradas: Cuando el sujeto pasivo no registre en su contabilidad y/o en el Libro de Compras IVA, compras locales y/o importaciones, detectadas por información de terceros u otros medios de investigación, se presumirá la realización de ventas no facturadas ni 

declaradas de esos productos, presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido. Al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad presunto desarrollado en el Inciso anterior. 

Ahora bien de la compulsa de antecedentes se puede verificar que el 31 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente a Valerio Becerra Villarroel con la Orden de Fiscalización 0014OFE00078 para verificar todos los hechos y/o elementos correspondiente al IVA e IT correspondientes de enero a diciembre de la gestión 2011 (fs. 87 de antecedentes, c. I), en la misma fecha, la Administración Tributaria notificó personalmente a Valerio Becerra Villarroel con el Requerimiento F-4003 N°132852, solicitando los siguientes documentos correspondiente al a gestión enero a diciembre de 2011: DDJJ del impuesto IVA e IT, Libro de compras y ventas IVA, notas de respaldo de débito fiscal IVA, notas de respaldo de crédito fiscal IVA relacionada con el proveedor Kimberly SA., extractos bancarios, comprobantes de ingresos y egresos, kardex, inventarios , cualquier documento adicional relacionado con las ventas de los productos Kimberly Bolivia SA. (fs. 88 de antecedentes, el). 

Seguidamente, el 7 de enero de 2016, el recurrente presentó carta ante la Administración Tributaria solicitando prórroga para la presentación de documentación en razón a que parte de la documentación solicitada por la Administración Tributaria se encuentra en poder de la empresa Kimberly Bolivia SA (fs. 92 de antecedentes, el), y el 13 de enero de 2016, la Administración Tributaria notificó por secretaria al recurrente con el proveído 24-000011-16 concediéndole 3 días hábiles para la presentación del requerimiento solicitado (fs. 93 de antecedentes, el), luego , el 18 de enero de 2016, el recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria solicitando prórroga para la presentación de documentación en razón a que parte de la documentación solicitada por la Administración Tributaria se encuentra en poder de 22 de 42

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

^lá^tiésa Kimberly Bolivia SA. yentregando copias simples de documentación, a su vez aclaró que como contribuyente no empadronado, no cuenta con algunos documentos solicitados, toda vez que la normativa no le obliga a tener ciertos documentos como ser los libros de compras y ventas IVA, asimismo señalo que cualquier actividad económica considera los gastos e ingresos de los cuales resulta una ganancia efectiva, siendo aplicable el impuesto al valor agregado solo sobre el valor agregado y no sobre el monto total de las ventas, finalmente invocó la prescripción conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 95-96 de antecedentes, el). 

Continuando, el 27 de enero de 2016, la Administración Tributaria notificó por secretaria al recurrente con el proveído 24-000048-16 que concede el plazo de 1 día hábil para la presentación de documentación solicitada por medio del requerimiento 132952. (fs. 106 de antecedentes, c. I), seguidamente, el 1 de febrero de 2016, el recurrente presentó carta ante la Administración Tributaria entregando información solicitada, asimismo pidió un plazo para la entrega de detalle del margen de utilidad de aquellos productos de primera necesidad que se encuentra bajo revisión y fiscalización, tomando en cuenta que es preciso recopilar esa información de Kimberly Bolivia SA (fs. 108 de antecedentes, c. I) y el 26 de febrero de 2016, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria carta cumpliendo con información requerida, recalcando que como sujeto pasivo no inscrito en el padrón de contribuyente, él no tiene obligación de registrar operaciones en los libros compras y ventas o presentación de declaraciones juradas, por otro lado adjunto detalles de precios a proveedores y consumidores finales proporcionados por la empresa Kimberly Bolivia SA (fs. 112-113 de antecedentes, c. I), luego, el 4 de marzo de 2016, el recurrente presentó ante la Administración Tributaria carta remitiendo información solicitada referente a los márgenes de compra y venta de productos adquiridos por la empresa Kimberly Bolivia SA, asimismo, aclara que durante los meses de octubre y noviembre no compró ningún producto a la empresa Kimberly Bolivia SA (fs. 126 de antecedentes, c. I), como resultado, el 15 de abril de 2016, la Administración Tributaria remitió la nota CITE: SIN/GDMTR/DF/NOT/00143/2016 a la empresa Kimberly Bolivia SA, solicitado información y/o documentación sobre las Facturas 2413, 2414, 2511, asimismo, solicitó explicación sobre referente al importe de Bs6.175,29 en la factura N° 11802 y el descuento de Bs988.-, encontrado en la factura N° 10151 (fs. 138 de antecedentes, c. I). 

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La empresa Kimberly Bolivia SA. emitió nota en respuesta a solicitud de información por medio de la nota CITE: SIN/GDMTR/DF/NOT/00143/2016 (fs. 142-145 de antecedentes, c. I), luego el 27 de abril de 2016, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributaria 138286, que sanciona al contribuyente Valerio Becerra Villarroel con una multa de 1.500 UFV’s, por no entregar documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización en los plazos, formas y lugares establecidos por la Orden de Fiscalización 0014OFE0078. (fs. 1196 de antecedentes, c. VI), seguidamente, el 28 de abril de 2016, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GDMTR/DF/INF/00348/2016, que concluye y recomienda emitir la correspondienteVista de Cargo por haber detectado la omisión de pago por parte del contribuyente Valerio Becerra Villarroel (fs. 1197-1230 de antecedentes, c. VI). 

Posteriormente, el 4 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente a Valerio Becerra Villarroel con la Vista de Cargo 29-000027-16, de 28 de abril de 2016 (fs. 1231-1261 y 1273 de antecedentes, c. Vil), como resultado, el 3 de junio de 2016, el recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo 29-000027-16, expresando que como contribuyente no empadronado no podía cumplir con los requerimientos documentales solicitados propios y exclusivos de los contribuyente empadronados, de igual manera observando la fórmula utilizada por la Administración Tributaria al momento de obtener la base presunta (fs. 1267-1272 de antecedentes, c. Vil), luego, el 28 de junio de 2016, la Administración Tributaria emitió el informe de conclusiones CITE: SIN/GDMTR/DJCC/UTJ/INF-C/0039/2016, que concluye que los descargos presentados por el contribuyente son insuficientes para desvirtuar las observaciones de la Vista de Cargo N° 29-000027-16, por lo que recomienda la emisión de la correspondiente Resolución Determinativa, (fs. 1313- 1321 de antecedentes, c. Vil). 

Ulteriormente, el 30 de junio de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a Valerio Becerra Villarroel con la Resolución Determinativa 17-000092-16, de 28 de junio de 2016, que resuelve determinar de oficio la obligación impositiva de Valerio Becerra Villarroel con Cl. 5935143 CBBA (no inscrito) por un monto total de 1.099.186,28 UFV’s, equivalente a Bs2.344.234,58 (Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro 58/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por la contravención tributaria 24 de 42

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plunnaciona^ Btíi1ftte¡ón de pagQ y mu|tas pof incump|¡miento de debefes fQrma|es 

correspondiente al IVA e IT, resultante de la verificación de los periodos de enero, febrero, marzo, abril , mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2011 (fs. 1278-1312 y 1325 de antecedentes, c. Vil). 

Dicha resolución determinativa fue impugnada por el contribuyente por lo que el 31 de octubre de 2016, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0662/2016 que resolvió ANULAR la Resolución Determinativa 17-000092-16 de 28 de junio de 2016, a fin que la Administración Tributaria emita nueva Resolución en la que valore de manera fundamentada y motivada todos los argumentos de descargos presentados por el recurrente, (fs. 280-297 de antecedentes c. II). 

Por su parte, el recurrente el 3 de febrero de 2017, presentó la nota s/n donde manifestó haberse apersonado varias veces para la entrega de la documentación con la que contaba, y que al no encontrase inscrito no se encontraba en la obligación de cumplir con los registros contables, Libros de compras y ventas, ni declaraciones juradas, señalando además que por dicha situación no le corresponde la sanción impuesta mediante Acta de Contravención 00138286. De igual manera observó que se le realizó la determinación sobre base presunta, toda vez que no realizó la declaración de las ventas de las importaciones realizadas, sin que hubiera demostrado la Administración Tributaria que se realizaron importaciones. Por otra parte observó la determinación del margen de utilidad señalando que en el ítem 1) Bath Tiss Scott Gold 2 Plp 4×12 Expo, en la fecha 19/05/2011 registra un total facturado de Bs872,82 y cantidad de 15, la cual dividida da Bs58,188 y en la Vista de Cargo señala un importe de Bs104.238, por lo que se encuentran sobreprecios; en el caso del ítem 2) Dia Lotex Days dúo 24×15 de 24/01/2011 registra un total facturado de Bs2.082,94 y cantidad de 25, la cual dividida da Bs83,317 y en la Vista de Cargo señala un importe de Bs82.296, dicha situación se advierte en todos los ítems elevando el costo unitario. De igual forma manifestó porque no se redujo el precio de costo. También señaló que el 22 de noviembre de 2016 le entregaron 2 liquidaciones donde la deuda es inferior a la determinada en la Vista de Cargo lo que le ha generado confusión toda vez que no sabe cuál es el importe correcto, (fs. 1366-1368 de antecedentes, c. Vil) 

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Finalmente, la Administración Tributaria el 11 de diciembre de 2019, notificó por cédula la Resolución Determinativa N° 171971000274, de 6 de diciembre de 2019, contra Valerio Becerra Villarroel, con C.l. 5935143 Cbba., emergente de la Orden de Fiscalización 0014OFE00078 modalidad fiscalización parcial con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2011, obligaciones impositivas en la suma de 1.072.725 UFV’s equivalente a Bs2.496.026.- (Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil veintiséis 00/100 bolivianos) importe que incluye tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento de deberes formales, monto que será actualizado a la fecha de pago, conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812, la multa por omisión de pago conforme el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0033-16 (fs. 1396-1455 de antecedentes, c. Vil). 

De lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta el agravio del recurrente referido a la falta de fundamentacion del método de base presunta utilizado por no detallar el procedimiento aplicado, así como los datos o antecedentes empleados; al igual que la utilización de la formula MUP=(Pv-Pc)/Pv*100 para determinar los ingresos presuntos sin considerar el costo de la mercancía, esta instancia recursiva procederá al análisis de los argumentos antes expuestos. 

Con relación al método de determinación utilizado por la Administración Tributaria referido a la determinación sobre Base Presunta, se tiene que la Administración recurrida habiendo realizado requerimiento de información y documentación al contribuyente mediante la Orden de Fiscalización 0014OFE00078 y Requerimiento F 4003 N°132852 donde solicitó: DDJJ del impuesto IVA e IT, Libro de Compras y Ventas IVA, notas de respaldo de débito fiscal IVA, notas de respaldo de crédito fiscal «

IVA relacionada con el proveedor Kimberly SA., extractos bancarios, comprobantes de ingresos y egresos, kardex, inventarios, cualquier documento adicional relacionado con las ventas de los productos Kimberly Bolivia SA, el contribuyente señaló que no contaba con la documentación requerida por no ser un contribuyente empadronado, por lo que solo presentó un detalle del precio de compra y precio de venta, y el margen de ganancia por cada ítem para los periodos enero, febrero, 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

^htafcWübril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre (fs. 88, 95-96, 112- 124 de antecedentes, c. I). 

Ante dicha situación, la Administración Tributaria determinó tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada que habiendo requerido la información al contribuyente no posee los datos necesarios para la determinación sobre Base Cierta, menos aun cuando verificó conforme al art. 44 de la Ley 2492 (CTB) que el contribuyente no se encuentra inscrito en el Padrón de Contribuyentes, no presentó declaración de los tributos (IVA e IT), no cuenta con libros y registros de contabilidad, o documentación respaldatoria de sus actividades de compra, venta y demás, que imposibilitan el conocimiento cierto de sus operaciones para la determinación sobre Base Cierta. Por lo que en aplicación del art. 45, parágrafo I, nums. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB) y el inc. b) del art. 7 de la RND 10-0017-13, consideró la documentación solicitada y presentada por Kimberly Bolivia, donde detalla las compras realizadas por el ahora recurrente, mediante las facturas de venta donde registra el ítem vendido, cantidad y precio de venta por cada uno de los periodos observados, para determinar las ventas no facturadas (fs. 148-1155 de antecedentes c. II al VI) 

En base a dicha documentación, la Administración Tributaria determinó el Margen de Utilidad Presunto en base a la siguiente formula MUP=(Pv-Pc)/Pv*100, determinando dicho margen por cada ítem (50 ítems), tomando el precio de costo y adicionando margen de utilidad reportada por el propio contribuyente, para determinar el precio de venta y así determinar los Ingresos no declarados (fs. 1235-1246 y 1400-1415 de antecedentes c. Vil). Cabe aclarar que el art. 7 inc. b) de la RND 10-0017-13 establece de forma precisa que cuando el contribuyente no registre las compras realizadas, se presume la ventas de todos los productos comprados y no registrados, por lo que al precio de costo, se adicionará el margen de utilidad, el cual fue detallado por el propio contribuyente. Dicha situación surge, toda vez que uno de los requisitos esenciales para que se perfeccione el hecho generador es la emisión de la factura de venta por parte del contribuyente, dicha omisión conllevó a la aplicación del art. 12 de la Ley 843, referido a que una de las consecuencias de la no emisión de factura, que lógicamente genera un débito fiscal, es la pérdida del crédito fiscal obtenido por las compras realizadas, lo que generó que de la fórmula utilizada no se deduzca el precio de compra o costo de los productos. 

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Conforme a los fundamentos antes expuestos, la Vista de Cargo que sustenta la Resolución Determinativa impugnada sí contiene una debida fundamentacion de hecho y derecho para la Determinación sobre Base Presunta, toda vez que los ingresos no declarados y la correspondiente base imponible fueron establecidas conforme señalan los arts. 43 al 45 del CTB y el art. 7 inc. b) de la RND 10-0017-13, además que utilizó información presentada por el propio sujeto pasivo para determinar el precio de venta de los productos comercializados y su margen de utilidad, cálculos con los cuales determino el débito fiscal por las ventas efectuadas, empero no considero las compras realizadas en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 843 que establece que el incumplimiento de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, porlo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, en tal sentido no existiría contradicción en la fórmula utilizada por la Administración Tributaria, toda vez que la misma se utilizó para determinar la cuantía de la base imponible para el débito fiscal, consecuentemente, no corresponde otorgar la razón al sujeto pasivo en este punto, puesto que la entidad recurrida fundamento las razones para la determinación de la Base Presunta respecto a los ingresos no declarados. 

Con relación al precedente citado por la recurrente referido a la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0740/2007, de 13 de diciembre de 2007, no aplica al presente caso toda vez que la misma se refiere a la determinación del IPBI sobre base presunta, y en el presente caso como se detalló líneas arriba se refiere a la aplicación sobre base presunta por no inscripción en el registro tributario correspondiente. 

IV.2. Prescripción e irretroactividad de la Ley. 

El recurrente argumentó que la Vista de Cargo surge de un proceso de fiscalización 

)

iniciado en el año 2015, sobre el periodo fiscal de 2011, momento en el cual se encontraba vigente el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) sin ningún tipo de modificaciones, por medio del cual se establecía la prescripción de 4 años; las acciones de la administración tributaria para fiscalizar tributes. Computándose desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, conforme el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), considerando la 28 de 42 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

“ast&geMón establecida en el art. 62 de la misma Ley, por la notificación con la Orden de Fiscalización. 

En el presente caso, corresponde reiterar que en fecha 31 de diciembre de 2015, junto con la con la Orden de Fiscalización 00140FE00078 y el Requerimiento 00132952, se inició el proceso de fiscalización, que venía computándose desde el 1 de enero de 2012 para los periodos enero a noviembre de 2011 para el caso de los impuestos IVA e IT y; desde el 1 de enero de 2012 para el caso del impuesto IUE, considerando que la fecha de cierre y vencimiento del impuesto. Considerando la suspensión el computo concluyo el 30 de junio de 2016, sin que hasta ese momento se hubiera puesto a conocimiento ninguna Resolución Determinativa. 

En ese entendido, recalcó que las modificaciones a la prescripción realizadas por las Leyes 291, 317 no pueden ser aplicadas en virtud al Principio de irretroactividad de la ley, al haberse dado el hecho generador en forma anterior a estas modificaciones, al igual que sostiene la Ley 812 que modifica nuevamente el término de la prescripción y ratifica la irretroactividad de la norma. Citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 770/2012 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0174/2009. 

En contraposición, la Administración Tributaria en su contestación al memorial de recurso de alzada, argüyó que con referencia a la vigencia de la Ley en el tiempo, el 22 de septiembre de 2012, se publicó y se puso en vigencia la Ley 291, la cual en su Disposición Adicional Quinta, modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) de 02 de agosto de 2003, en cuya disposición abrogatoria y derogatoria Única, abroga y deroga todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía, contrarias a dicha Ley, siendo posteriormente por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los diez (10) años, en la gestión 2018; por lo que, a la fecha de notificación al contribuyente con la Resolución Determinativa N° 171971000274 de 06 de diciembre de 2019, las facultades de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria por los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2011, se encontraban plenamente vigentes, sin que haya operado la prescripción. Adicionalmente aclaró que la Ley 291 referente a la prescripción no es retroactiva en su aplicación, ya que la Ley modificó el art. 59 de la Ley 2492, estableciendo un término de prescripción bajo una dinámica temporal creciente a partir de la gestión 29 de 42 

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2008, para que dentro de dicho tiempo la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación e imposición de sanciones. 

Agregó que la Resolución Determinativa fue notificada el 11 de diciembre de 2019, es decir en vigencia de la Ley 812, que dispuso un término de prescripción de 8 años, más 2 años por no estar inscrito en los registros pertinentes, de conformidad con el art. 60 parágrafo I y II de la Ley 2492 (CTB), el termino de prescripción para 

determinar la deuda tributaria por los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de la gestión 2011, se inició el 1 de enero de 2012, el cual concluiría el 31 de diciembre de 2021 y del periodo de diciembre de 2011, inició el 1 de enero de 2013 el cual concluiría el 31 de diciembre de 2022, quedando claro que las actuaciones de la Administración tributaria no están prescritas de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificada por la Ley 291, posteriormente por la Ley 317 y finalmente por la Ley 812, aclarando que conforme establece el art. 3 de la norma sustantiva tributaria, a partir de las modificaciones establecidas en la Ley 291 y posterior Ley 

317, aplicó de manera imperativa la norma vigente al momento de la aplicación de su facultad determinativa, asimismo en ningún momento se fue en contra de la prelación normativa de la CPE, establecida por el art. 5 de la misma norma, pues no se contravino lo establecido en el art. 116 y 164 de la Norma Suprema. 

Al respecto, el diccionario enciclopédico refirió a la prescripción como: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividado impotencia”(CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2000, Pág. 316). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 30 de 42

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

1a^ faldamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales yjueces (en todos sus nivelesjerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentacion de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de segundad del Estado a favor de 

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los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien alsujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las 32 de 42 

V

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

“^fíála^faciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 que por ser de recientes criterios emitidos en cumplimiento a una sentencia vinculante y de cumplimiento obligatorio desvirtúan anteriores posiciones asumidas citadas por la Administración Tributaria cuando cita las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 2052/2015 y AGIT-RJ 1732/2015 respecto a la aplicación e interpretación de la norma. 

Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable y el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la contravención que se atribuye, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas; asimismo el num. II del art. 59, señaló: el término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda; además el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 33 de 42 

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y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”. 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 34 de 42

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

stado Plunnacion^^i^g^ Qtercero responsab|e QpQr |g so|JCJtud de fad|jdades de pag0) estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Bajo ese análisis, se ingresará a analizar la prescripción invocada por el recurrente, y para una adecuada comprensión es necesario realizar una previa contextualización de las principales actuaciones realizadas por la Administración Tributaria, al efecto de la revisión de antecedentes, se evidenció que el procedimiento, inició con la notificación personal, el 31 de diciembre 2015, de la Orden de Fiscalización N° 0014OFE00078, cuyo alcance es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones, declarados en los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2011 (fs. 87 de antecedentes, c. I). Se emitió la Vista de Cargo 29-000027-16, de 28 de abril de 2016, la cual confirmó las observaciones del informe detallado en el punto 111.13 de la relación de hechos estableciendo una liquidación preliminar de la deuda tributaria de 1.088.720,40 UFV’s, equivalentes a Bs2.305.986,02.- (Dos millones trescientos cinco mil novecientos ochenta y seis 02/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y actas por contravenciones tributarias, y otorgó un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1231-1261 y 1273 de antecedentes, c. Vil). De forma Posterior, concluyó el proceso de determinación el 30 de junio de 2016, notificando mediante cédula al recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-000092-16, de 28 de junio de 2016, que resuelve determinar de oficio la obligación impositiva de Valerio Becerra Villarroel con Cl. 5935143 CBBA (no inscrito) por un monto total de 1.099.186,28 UFV’s, equivalente a Bs2.344.234,58 (Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro 58/100 bolivianos), importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por la contravención tributaria de omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales correspondiente al IVA e IT resultante de la verificación de los periodos de enero, 35 de 42 

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febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2011 (fs. 1278-1312 y 1325 de antecedentes, c. Vil). 

Continuando, se tiene que la citada Resolución Determinativa fue impugnada por el sujeto pasivo mediante Recurso de Alzada, al efecto, ésta instancia recursiva emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0662/2016 de 31 de octubre de 2016 (fs. 280-297 de antecedentes c. II), en el cual, anuló la Resolución Determinativa 17-000092-16 de 28 de junio de 2016, a fin que la Administración Tributaria emita nueva Resolución en la que valore de manera fundamentada y motivada todos los argumentos de descargos presentados por el recurrente; en consecuencia, la Administración Tributaria con la finalidad de dar cumplimiento a lo resuelto por la instancia recursiva, notificó por cédula, el 11 de diciembre de 2019, la Resolución Determinativa N° 171971000274, de 6 de diciembre de 2019, contra Valerio Becerra Villarroel, con C.l. 5935143 Cbba., emergente de la Orden de Fiscalización 0014OFE00078 modalidad fiscalización parcial con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2011, determinando de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la suma de 1.072.725 UFV’s equivalente a Bs2.496.026.- (Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil veintiséis 00/100 bolivianos) importe que incluye tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento de deberes formales, monto que será actualizado a la fecha de pago, conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812, la multa por omisión de pago conforme el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0033-16. 

Con carácter previo, es preciso mencionar que la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades previstas en la norma, evidenció que durante la gestión 2011, el recurrente Valerio Becerra Villarroel con C.l. 5935143 Cbba., no estando inscrito en el Padrón de Contribuyentes, el mismo que ejerció actividad comercial de adquisición de productos Kimberly Bolivia S.A., por lo que presumió la realización de ventas no facturadas ni declaradas de los productos adquiridos de Kimberly Bolivia SA., presumiendo que todo lo que compró y/o importó fue vendido; vale decir que el 

sujeto pasivo no cumplió con la obligación de inscribirse en los registros habilitados

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ÁITl 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

nat^-^hAílministración Tributaria, conforme describe el art. 70 num. 2 de la Ley 2492 (CTB). 

En función a lo señalado, se tiene que para los periodos fiscales de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre de 2011; de los cuales se tiene que el cómputo de la prescripción para determinar los periodos de enero a septiembre 2011 se inició el 1 de enero de 2012, y para el periodo de diciembre 2011, se inició el 1 enero de 2013, correspondiendo en consecuencia aplicar la disposición normativa vigente al momento del inicio de los referidos cómputos, en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

Ahora bien, para determinar la deuda tributaria de los los periodos Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de la gestión 2011, el término de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, fue ampliado a siete (7) años, conforme prevé el parágrafo II, de la Ley 2492 (CTB), sin modificaciones, puesto que el sujeto pasivo no había cumplido con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; por lo que ante la falta de inscripción del recurrente Valerio Becerra Villarroel con C.l. 5935143 SC, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, el plazo de prescripción aplicable al caso corresponde a siete (7) años; en aplicación de la sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019; por lo que para esos periodos fiscales inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, en lo que respecta al periodo diciembre 2011; cuyo vencimiento fue en enero de 2012; el cómputo de la prescripción inició el 01 de enero de 2013, debiendo aplicarse la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones incorporadas; conforme lo establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula 

para lo venidero y no para hechos pasados; vale decir; la Ley 291 y 317, donde Lr sci-

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dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescribe a los cuatro (4) años para la gestión 2012, término que fue ampliado a tres (3) años adicionales, pues el sujeto pasivo no cumplió con la obligación de inscribirse en los registros del Servicio de Impuestos Nacionales, tal cual prevé la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que señala: “Los términos de prescripción precedentes se ampliaran en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde”; por lo tanto, el término de la prescripción para el periodo diciembre 2011, concluiría el 31 de diciembre de 2019. 

Adicionalmente, conforme fue descrito en antecedentes, el proceso determinativo emergió de una Orden de Fiscalización 0014OFE00078 (fs. 87 de antecedentes, c. I), en el marco del art. 62 num. I de la Ley 2492 (CTB) el cual dispone que el curso de la prescripción se suspende con: “I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Ésta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses”, por consiguiente, vale decir, el término de la prescripción antes descrito, se suspendió por seis (6) meses, debiendo concluir, el 30 de junio de 2019, en el caso de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011 y el 30 de junio de 2020, para el periodo diciembre de 2011. 

Continuando, y con relación a la causal de suspensión del cómputo del plazo de la prescripción, prevista en el parágrafo II art. 62 de la Ley 2492 (CTB), corresponde mencionar que el 30 de junio de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Valerio Becerra Villarroel, con la Resolución Determinativa 17-000092- 16, de 28 de junio de 2016 (fs. 1278-1312 y 1325 de antecedentes, c. Vil), que dentro del plazo perentorio de veinte (20) días, fue impugnada por Valerio Becerra Villarroel, mediante Recurso de Alzada, el 20 de julio de 2016, al efecto la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0662/2016 de 31 de octubre de 2016 (fs. 280-297 de antecedentes, c. II), que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la citada Resolución Determinativa N° 17-000092-16 de 28 de junio de 2016, por tanto, el acto administrativo al contener vicios en su contenido y al ser anulado es un acto 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

^IrfeMBñte y no se considera como nacido a la vida jurídica, por tanto no surtió ningún efecto interruptivo. 

No obstante, de lo anterior, se debe considerar que la previsión legal contenida en el art. 62 parágrafos II de la Ley 2492 (CTB), que regula las causales de suspensión del curso de prescripción, en cuya parte pertinente dispone: “//. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo”, conforme se puede apreciar, desde la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 17- 000092-16, de 28 de junio de 2016, suscitada el 20 de julio de 2016 (cuyo dato se extracta de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0662/2016), hasta la devolución formal del expediente efectuada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, el 01 de diciembre de 2016, según consta en el Acta de Devolución de Antecedentes Administrativos (dato registrado en los archivos de la Secretaría de Cámara de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz), se suspendió el curso de la prescripción, por un lapso de 134 días. 

En ese sentido, con la suspensión a consecuencia de la impugnación presentada por Valerio Becerra Villarroel, por un lapso de 134 días, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), el término de la prescripción para los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre, octubre y noviembre de 2011, concluyó el 11 de noviembre de 2019 y para el período diciembre 2011, concluiría recién el 11 de noviembre de 2020, por consiguiente, la notificación de la Resolución Determinativa 171971000274 de 6 de diciembre de 2019, efectuada el 11 de diciembre de 2019, fue realizada para los periodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2011, cuando sus facultades de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones ya se encontraban prescritas, empero, para el periodo diciembre de 2011, sus facultades de la Administración Tributaria, se encontraban vigentes. 

  1.  

CUi 

11*** 

Con relación a la Multa por Incumplimiento de Deber Formal, corresponde señalar que la misma no fue objeto de impugnación por parte del recurrente, por lo que la 

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IBNORCA Justfcia tributaria para vivir bien 

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misma queda confirmada a favor de la Administración Tributaria, por un importe de 1.500 UFV’s. 

Por lo expuesto precedentemente y en resguardo de la seguridad jurídica, corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa 171971000274 de 06 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la deuda tributaria determinada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2011, por un importe de Bs615.855.- equivalente a 376.274 UFV’s; toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar las mismas se encuentran prescritas, y se mantiene firme y subsistente la determinación efectuada por el IVA e IT, respecto al periodo diciembre 2011 por el importe de Bs82.074.- equivalente a 47.609 UFV’s, al encontrarse vigente la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por dicho periodo, como se muestra en el siguiente detalle: 

RESOLUCIÓN DETERMINATIVA TRIBUTO OMITIDO Bs TRIBUTO OMITIDO UFV’s 

PERIODO IMPUESTO 

TRIBUTO 

OMITIDO (Bs) 

TRIBUTO 

OMITIDO 

(UFV’s) CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

ene-11 IVA 71.018 44.939 71.018 44.939 feb-11 IVA 38.869 24.451 38.869 24.451 mar-11 IVA 25.982 16.209 25.982 16.209 abr-11 IVA 55.755 34.504 55.755 34.504 may-11 IVA 42.846 26.281 42.846 26.281 jun-11 IVA 53.768 32.665 53.768 32.665 

jul-11 IVA 53.516 32.253 53.516 32.253 ago-11 IVA 89.087 53.219 89.087 53.219 sep-11 IVA 69.540 41.199 69.540 41.199 dic-11 IVA 66.685 38.682 66.685 38.682 

TOTAL IVA 567.066,00 344.402,00 66.685,00 500.381,00 38.682,00 305.720,00 ene-11 IT 16.389 10.371 16.389 10.371 feb-11 IT 8.970 5.643 8.970 5.643 mar-11 IT 5.996 3.741 5.996 3.741 abr-11 IT 12.867 7.963 12.867 7.963 may-11 IT 9.887 6.065 9.887 6.065 jun-11 IT 12.408 7.538 12.408 7.538 jul-11 IT 12.350 7.443 12.350 7.443 ago-11 IT 20.559 12.282 20.559 12.282 sep-11 IT 16.048 9.508 16.048 9.508 

dic-11 IT 15.389 8.927 15.389 8.927 TOTAL IT 130.863,00 79.481,00 15.389,00 115.474,00 8.927,00 70.554,00 TOTAL 697.929,00 423.883,00 82.074,00 615.855,00 47.609,00 376.274,00 40 de 42

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado PlurinacionaptQf^dfy^yQ 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 171971000274 de 06 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la deuda tributaria determinada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la gestión 2011, por un importe de Bs615.855.- equivalente a 376.274 UFV’s; toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para determinar las mismas se encuentran prescritas, y se mantiene firme y subsistente la determinación efectuada por el IVA e IT, respecto al periodo diciembre 2011 por el importe de Bs82.074.- equivalente a 47.609 UFV’s, al encontrarse vigente la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por dicho periodo, y la Multa por Incumplimiento de Deber Formal por 1.500 UFV’s equivalente a Bs3.490.-, debiendo la Administración Tributaria proceder a la reliquidación de la Deuda Tributaria a la fecha de pago, conforme lo establece los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB); conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) y parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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IBNORCA 

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Autoridad Regional de 

impugnación Tributaria Santa 

DKSP/ccav/acq/cmmf/omap/ymc 

IT-SCZ/RA 0307/2020 

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