ARIT-SCZ-RA-0306-2020 Duplicidad de cobros debe ser respondido de manera fundamentada

ARIT-SCZ-RA-0306-2020

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0306/2020 

Santos Iver Cuellar Ribera. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I -del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Edwin Darleng 

Menacho Callaú. 

Auto Motivado 541970000063, de 20 

de diciembre de 2019. 

ARIT-SCZ-0044/2020. 

Santa Cruz, 26 de junio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N{ 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0306/2020 de 26 de junio de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió el Auto Motivado 541970000063, de 20 de diciembre de 2019, mediante el cual dio respuesta a las Notas presentadas por Santos Iver Cuellar Ribera el 23 de septiembre de 2019 con NUIT 14919 y de 3 de diciembre de 2019 con NUIT 17543, determinando rechazar la nulidad de la Orden de Verificación 0016OVI0847 (debió 

l de 18 

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decir 0016OVI08470), Vista de Cargo 291870001275, Resolución Determinativa 171870003053 y PIET 331970003292. Asimismo denegó la suspensión de las medidas coactivas. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del recurrente 

Santos Iver Cuellar Ribera, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 13 de enero de 2020 (fs. 15-18 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada impugnando el Auto Motivado N° 541970000063, de 20 de diciembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Vicios de nulidad por falta de fundamentación y motivación en el Auto Motivado por no dar respuesta a lo solicitado respecto al doble cobro. 

El recurrente argüyó que el Auto Motivado ahora impugnado lesiona sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que el 23 de septiembre de 2019, solicitó la nulidad de la Orden de Verificación N° 0016OVI08470 de 12 de octubre de 2018, Vista de Cargo 291870001275 de 18 de julio de 2018, Resolución Determinativa N° 171870003053 de 14 de noviembre de 2018 y PIET 331970003292 de 13 de junio de 2019, por duplicidad de cobro, toda vez que incluye el periodo Enero 2014 que ya fue pagado en otro proceso, adjuntando el Auto de Conclusión de Pago PIET 1851/2019 que emerge de la Resolución Determinativa N° 171870003689 de 10 de diciembre de 2018 y el PIET 331970001871 de 15 de junio de 2019, el cual procedió al pago del PIET el 26 de junio de 2019 y se emitió el Informe 08589/2019 y el Auto de Conclusión 281970003873 de 9 de julio de 2019, donde señala que la deuda del PIET 331970001871 del periodo Enero 2014, se encuentra cancelado. 

Pese a lo antes expuesto, la Administración Tributaria emitió el Auto Motivado ahora impugnado el cual carece de fundamentación y motivación incumpliendo lo establecido en los arts. 24, 115.11 y 117.1 de la CPE, 4 incs. d) y e) 16 inc. h) de la Ley 2 de 18

Autoridad de 

Impugnación Tributaría 

Estado Plurmacional de Bolivia 

2341 (LPA) y 4, 31 y 32 del DS 27113 (RLPA) toda vez que no dio una respuesta a lo peticionado. 

Por lo expuesto, solicitó se anule el Auto Motivado N° 541970000063, de 20 de diciembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 17 de enero de 2020 (fs. 19 del expediente), se dispuso la Admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando el Auto Motivado N° 541970000063, de 20 de diciembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante Administración Tributaria, el 11 de febrero de 2020, contestó al Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 29-33 vta. del expediente), manifestando lo siguiente: 

II.3.1.- Sobre los vicios de nulidad alegados por falta de fundamentación y motivación en el acto administrativo impugnado. 

La Administración Tributaria indicó que el Auto Motivado impugnado cumple con todos los elementos constitutivos de un acto administrativo conforme lo establece el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), toda vez que la Administración Tributaria no puede anular un acto administrativo que se encuentra firme, como la Resolución Determinativa 171870003053 de 14 de noviembre de 2018 y PIET 331970003292 de 13 de junio de 2019 que se encuentra ejecutoriado, razón por la cual las medidas coactivas tiene como objetivo realizar el cobro e del deuda tributaria conforme a procedimiento, más aún cuando se evidencia que el pago es parcial y no total porque solo habría cancelado 10 de las 17 facturas fiscalizadas correspondientes a enero 2014, toda vez que la orden de verificación incluye los periodos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014 y se encuentran 3 de 18 

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insertos en la Resolución Determinativa antes citada, por lo que las medidas coactivas se mantienen porque la liquidación fue realizada por todos los periodos fiscalizados. 

Respecto a la nulidad señaló que la misma procede solo cuando no se han cumplido los procedimientos establecidos ocasionando perjuicio o daño al recurrente conforme el art. 35. parágrafo I de la Ley 2341 (LPA) y en el presente caso la Orden de Verificación N° 0016OVI08470 de 12 de octubre de 2018 otorgó cinco (5) días para la presentación de descargos, la Vista de Cargo 291870001275 de 18 de julio de 2018, otorgó treinta (30) días y la Resolución Determinativa N° 171870003053 de 14 de noviembre de 2018 quince (15) o veinte (20) días para interponer el recurso correspondiente, adquiriendo firmeza de forma posterior para proceder a su ejecución, tal como establece el procedimiento. Citó como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0257/2015 de 20 de febrero de 2015. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme el Auto Motivado N° 541970000063, de 20 de diciembre de 2019. 

II.4 Apertura del término probatorio. 

Mediante Auto de 12 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 12 de febrero de 2020 (fs. 34-35 del expediente). 

La Administración Tributaria, durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de marzo de 2020, mediante memorial de 21 de febrero de 2020, ratificó inextenso todas y cada una de las pruebas presentadas, asimismo los antecedentes y argumentos esgrimidos en la contestación al recurso de Alzada (fs. 37 del expediente). 

Por su parte, el recurrente, dentro del plazo señalado, no presentó ni ratificó pruebas. 4 de 18

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11.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) la presentación de alegatos fenecía el 23 de marzo de 2020, empero considerando el efecto suspensivo según del DS 4198 de 18 de marzo de 2020 y la reactivación de plazos del DS 4245 de 28 de mayo de 2020, el plazo para la presentación de alegatos se amplió hasta el 8 de junio de 2020, la Administración Tributaria Aduanera presentó alegatos en conclusiones escritos el 20 de marzo de 2020. (fs. 40-40 vta. del expediente) 

Por su parte el recurrente, dentro del referido plazo el 5 de junio de 2020 presentó alegatos en conclusión escritos, (fs. 43-46 del expediente) 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

1.1 El 29 de mayo de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al recurrente con la Orden de Verificación 0016OVI08470, de 12 de octubre de 2018, cuyo alcance fue la verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se describen en el “Detalle de Diferencias”, de la misma orden, correspondiente a los periodos enero, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, asimismo, se requirió documentación en original, consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210); Libro de Compras de los periodos observados; Extractos bancarios, comprobantes de egresos; Estados Financieros, Libro Mayor, Contrato de trabajo, Constancias de envió de bancarización y Libro de Bancarización si corresponde (fs. 10-12 y 21 de antecedentes). 

1.2 El 17 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00171847, por el incumplimiento al deber formal de no entrega de ninguna 5 de 18 

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documentación requerida por la Administración Tributaria solicitada durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, control e investigación, a la Orden de Requerimiento F-4003, contraviniendo el art. 70 num. 4, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 1.500 UFV’s, según el num. 4, subnum. 4.1 del anexo de la RND 10-0033-16, de 25 de noviembre de 2016 para persona jurídica (fs. 24 de antecedentes). 

El 18 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DF/SVI/INF/08372/2018, en el cual señaló en el punto IX. Conclusiones, que el reparo determinado a favor del fisco se originó de la información obtenida en el GAUSS estableciendo que el contribuyente se benefició indebidamente de crédito fiscal, de la misma manera estableció que la conducta del contribuyente contiene indicios de omisión de pago, adecuándose a las previsiones de los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB); asimismo labraron un (1) acta por contravenciones tributaria por no entregar la documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, control e investigación (fs. 63-72 de antecedentes). 

El 18 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó personalmente al recurrente, con la Vista de Cargo 291870001275, de 12 de julio de 2018, que establece como resultado de la revisión, evaluación, valoración e información extraída del SIRAT-2 reportada por el contribuyente, una liquidación preliminar de la deuda tributaria de 44.756 UFV’s, equivalentes a Bs101.703.- (Ciento un mil setecientos tres 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y acta por contravenciones tributarias, y otorgó un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 73-84 y 89 de antecedentes). 

El 14 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DF/SVI/INF/15918/2018, según el cual manifestó que el recurrente no presentó descargos en el plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), recomendando la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 93-95 de antecedentes). 

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III.6 El 16 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171870003053, de 14 de noviembre de 2018, la cual resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Santos Iver Cuellar Ribera, con NIT 3903350017 que ascienden a 45.104 UFV’s, equivalentes a Bs103.143.- (Ciento tres mil ciento cuarenta y tres 00/100 bolivianos) (fs. 96-105 y 110 de antecedentes). 

.7 El 17 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó electrónicamente al recurrente con el PIET 331970003292 de 13 de junio de 2019, que dispuso la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa 171870003053, de 14 de noviembre de 2018 (fs. 119 y 121 de antecedentes) 

.8 El 12 de agosto de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/11029/2019, instruyó la retención de fondos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósito del contribuyente Santos Iver Cuellar Ribera, con Cl 3903350. (fs. 122 de antecedentes) 

1.9 El 23 de septiembre de 2019, el recurrente mediante nota s/n solicitó la nulidad de la Orden de Verificación N° 0016OVI08470, Vista de Cargo 291870001275, Resolución Determinativa N° 171870003053 y PIET 331970003292, por duplicidad de cobro toda vez que incluye el periodo Enero 2014, por lo que no puede ser fiscalizado dos veces por el mismo periodo siendo que se cobró el mismo periodo y facturas, adjuntando el Auto de Conclusión de Pago PIET N° 1851/2019, donde señala que el periodo enero 2014 se encuentra cancelado (fs. 130-138 de antecedentes) 

1.10 El 3 de diciembre de 2019, el recurrente mediante nota s/n solicitó el levantamiento de las medidas precautorias, toda vez que no se le ha dado respuesta a su nota anterior de hace dos meses y señaló que se le está perjudicando (fs. 141-148 de antecedentes) 

1.11 El 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó 

SCI!* 

personalmente al recurrente con el Auto Motivado N° 541970000063, de 20 de diciembre de 2019, mediante el cual dio respuesta a las Notas presentadas 7 de 18 

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por Santos Iver Cuellar Ribera en fecha 23 de septiembre de 2019 NUIT 14919 y de 3 de diciembre de 2019 NUIT 17543, determinando rechazar la nulidad de la Orden de Verificación N° 0016OVI0847 (debió decir 0016OVI08470), Vista de Cargo 291870001275, Resolución Determinativa 171870003053 y PIET 331970003292. Asimismo, denegó la suspensión de las medidas coactivas, (fs. 149-151 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

El recurrente denunció como único agravio: Vicios de nulidad por falta de fundamentación y motivación en del Auto Motivado por no dar respuesta a lo solicitado. 

  1. 1. Vulneración del debido proceso y la defensa por vicios de nulidad por falta de fundamentación y motivación del Auto Motivado al no dar respuesta a lo solicitado respecto al doble cobro. 

El recurrente argüyó que el Auto Motivado ahora impugnado lesiona sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que el 23 de septiembre de 2019, solicitó la nulidad de la Orden de Verificación 0016OVI08470 de 12 de octubre de 2018, Vista de Cargo 291870001275 de 18 de julio de 2018, Resolución Determinativa 171870003053 de 14 de noviembre de 2018 y PIET 331970003292 de 13 de junio de 2019, por duplicidad de cobro, toda vez que incluye el periodo Enero 2014 que ya fue pagado en otro proceso, adjuntando el Auto de Conclusión de Pago PIET 1851/2019 que emerge de la Resolución Determinativa 171870003689 de 10 de diciembre de 2018 y el PIET 331970001871 de 15 de junio de 2019, el cual procedió a pago del PIET el 26 de junio de 2019 y se emitió el Informe 08589/2019 y el Auto de Conclusión 281970003873 de 9 de julio de 2019, donde 

señala que la deuda del PIET 331970001871 del periodo Enero 2014, se encuentra •>

cancelada. 

Pese a lo antes expuesto, la Administración Tributaria emitió el Auto Motivado ahora impugnado el cual carece de fundamentación y motivación incumpliendo lo establecido en los arts. 24, 115.11 y 117.1 de laCPE, 4 incs. d) y e) 16 ¡nc. h) de la Ley 

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2341 (LPA) y 4, 31 y 32 del DS 27113 (RLPA) toda vez que no da una respuesta a lo peticionado. 

En contraposición,, la Administración Tributaria señaló que el Auto Motivado impugnado cumple con todos los elementos constitutivos de un acto administrativo conforme lo establece el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), toda vez que la Administración Tributaria no puede anular un acto administrativo que se encuentra firme, como la Resolución Determinativa 171870003053 de 14 de noviembre de 2018 y PIET 331970003292 de 13 de junio de 2019, que se encuentra ejecutoriado, razón por la cual las medidas coactivas tienen como objetivo realizar el cobro de la deuda tributaria conforme a procedimiento, más aún cuando se evidencia que el pago es parcial y no total porque solo habría cancelado 10 de las 17 facturas fiscalizadas correspondientes a enero 2014, toda vez que la orden de verificación incluye los periodos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014 y se encuentran insertos en la Resolución Determinativa antes citada, por lo que las medidas coactivas se mantienen porque la liquidación fue realizada por todos los periodos fiscalizados. De igual forma manifestó que la nulidad señaló que la misma procede solo cuando no se han cumplido los procedimientos establecidos ocasionando perjuicio o daño al recurrente conforme el art. 35.1 de la Ley 2341 (LPA) y en el presente caso la Orden de Verificación N° 0016OVI08470 de 12 de octubre de 2018 otorgó cinco (5) días para la presentación de descargos, la Vista de Cargo 291870001275 de 18 de julio de 2018, otorgó treinta (30) días y la Resolución Determinativa N° 171870003053 de 14 de noviembre de 2018 quince (15) o veinte (20) días para interponer el recurso correspondiente, adquiriendo firmeza de forma posterior para proceder a su ejecución, tal como establece el procedimiento. Citó como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0257/2015 de 20 de febrero de 2015. 

En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho 

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  • :• Mina si sci-L. 

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, 9 de 18 

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máxime en nuestro país, donde la Constitución Política del Estado Plurinacional es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su num. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa, éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. EditorialHeliasta LTDA, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional N° 0551/2012, de 20 de julio de 2012, la cual señala que: “…el debido proceso como una garantía jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la manera siguiente: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales”. 

De igual modo, lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y 10 de 18 

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precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”. 

En cuanto al derecho a la defensa, la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio”. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

En cuanto al principio de seguridad jurídica, el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 11 de 18 

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de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “(…) la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…”. 

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia. 

Al respecto, es preciso considerar en el presente caso, lo previsto en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), que establece como elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá 

cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico; En consecuencia, todo acto administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, expresando claramente los hechos y el derecho aplicable, aspectos que tienen relevancia porque se refieren a una explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del contribuyente, los cuales en contraste con la norma positiva condujeron a 12 de 18 

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a Administración a la emisión de la decisión, constituyendo la valoración de las pruebas de descargo, parte sustancial de la fundamentación. 

De la misma manera, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso, por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que 

. hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

En ese contexto normativo, y de revisión a los antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación 0016OVI08470 de 12 de octubre de 2018, inició la verificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se describen en el “Detalle de Diferencias”, de la misma orden, correspondiente a los periodos enero, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014 (fs. 10-12 y 21 de antecedentes). 

Seguidamente el 18 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria, notificó personalmente al recurrente, con la Vista de Cargo 291870001275, de 12 de julio de 2018, que establece como resultado de la revisión, evaluación, valoración e información extraída del SIRAT-2 reportada por el contribuyente, una liquidación preliminar de la deuda tributaria de 44.756 UFV’s, equivalentes a Bs101.703.- (Ciento un mil setecientos tres 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y acta por 13 de 18 

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contravenciones tributarias, y otorgó un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 73-84 y 89 de antecedentes). Dentro del plazo probatorio no habiendo presentado descargos el recurrente, la Administración recurrida emitió la Resolución Determinativa N° 171870003053, de 14 de noviembre de 2018 que confirma las observaciones establecidas en la Vista de Cargo precitada (fs. 96-105 y 110 de antecedentes). 

Finalmente, la Administración Tributaria notificó electrónicamente el 17 de junio de 2019, el PIET N° 331970003292 de 13 de junio de 2019, que dispuso la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa 171870003053, de 14 de noviembre de 2018, procediendo a la retención de fondos mediante nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/NOT/11029/2019 (fs. 119,121 y 122 de antecedentes) 

Por su parte, el recurrente el 23 de septiembre y 3 de diciembre de 2019, mediante notas solicitó la nulidad de la Orden de Verificación 0016OVI08470, Vista de Cargo 291870001275, Resolución Determinativa N° 171870003053 y PIET 331970003292, por duplicidad de cobro toda vez que incluye el periodo Enero 2014, por lo que, no puede ser fiscalizado dos veces por el mismo periodo siendo que se cobró por el referido periodo y facturas, adjuntando el Auto de Conclusión de Pago PIET 1851/2019, donde señala que el periodo enero 2014, se encuentra cancelado y el levantamiento de las medidas precautorias, toda vez, que no se le ha dado respuesta a su nota anterior de hace dos meses y se le está perjudicando (fs. 130-138 y 141-148 de antecedentes). 

El 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto Motivado 541970000063 de 20 de diciembre de 2019, mediante el cual, dio respuesta a las Notas presentadas por Santos Iver Cuellar Ribera el 23 de septiembre de 2019 NUIT 14919 y el 3 de diciembre de 2019 NUIT 

17543, determinando rechazar la nulidad de la Orden de Verificación 0016OVI0847 (debió decir 0016OVI08470), Vista de Cargo 291870001275, Resolución Determinativa 171870003053 y PIET 331970003292. Asimismo, denegar la suspensión de las medidas coactivas, (fs. 149-151 de antecedentes). 

Ahora bien, el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, reclamó la falta de fundamentación en el acto impugnado por incumplimiento de requisitos establecidos 14 de 18

Allí 

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en los arts. 24, 115.11 y 117.1 de la CPE, 4 incs. d) y e) 16 inc. h) de la Ley 2341 (LPA) y 4, 31 y 32 del DS 27113 (RLPA), toda vez que no da una respuesta a lo peticionado, en ese contexto, la Administración Tributaria emitió y notificó el Auto Motivado 541970000063, de 20 de diciembre de 2019, que al ser una disposición expresa, emitida en ejercicio de la potestad administrativa que produce efectos jurídicos sobre el administrado, se adecúa a la definición de acto administrativo en el marco de la definición que establece el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), que a su vez está sujeto al cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos en el art. 28 del mismo cuerpo legal, en ese entendido, se tiene que el acto administrativo hoy impugnado, en efecto, fue dictado por autoridad competente y puso fin a un procedimiento causando efectos en el administrado, empero, de la revisión a su contenido, se observa que en sus considerandos I, II y III, se limitó a describir antecedentes de manera cronológica y citar normativa, así como a citar la Sentencia Constitucional 615/2012, de 23 de julio de 2012 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0257/2015 de 20 de febrero de 2015, referida a que la Resolución Determinativa al no ser impugnada quedó ejecutoriada, y respecto a la suspensión de las medidas coactivas señaló que el art. 109 de la Ley 2492 (CTB), establece que dichas medidas solo se suspenderán con el pago total de la deuda tributaria o autorización de un plan de pago, determinando resolver el rechazo de la nulidad de la Orden de Verificación 0016OVI0847 (debió decir 0016OVI08470), Vista de Cargo 291870001275, Resolución Determinativa 171870003053 y PIET 331970003292. Asimismo, denegó la suspensión de las medidas coactivas. 

Empero en relación a lo reclamado por el recurrente, omitió en su contenido otorgar respuesta fundamentada, que surja de un análisis técnico legal, sustentado en los hechos que sirven de causa y la normativa aplicable que respalden la decisión asumida sobre la pertinencia o impertinencia de los argumentos planteados y documentos presentados mediante nota de 23 de septiembre de 2019, donde solicitó la nulidad de la Orden de Verificación N° 0016OVI08470, Vista de Cargo 291870001275, Resolución Determinativa N° 171870003053 y PIET 331970003292, por duplicidad de cobro toda vez que incluye el periodo Enero 2014, por lo que no puede ser fiscalizado dos veces por el mismo periodo siendo que se cobró el mismo periodo y facturas, adjuntando el Auto de Conclusión de Pago PIET N° 1851/2019, donde señala que el periodo enero 2014 se encuentra cancelado, aun cuando el acto administrativo impugnado refiere que da respuesta a ambas notas 15 de 18 

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presentadas por el recurrente, omisión que resulta aún más evidente, cuando recién en la contestación al recurso de alzada, la entidad recurrida manifestó que la Administración Tributaria no puede anular un acto administrativo que se encuentra firme, como la Resolución Determinativa 171870003053 de 14 de noviembre de 2018 y PIET 331970003292 de 13 de junio de 2019, por encontrarse ejecutoriado, razón por la cual, afirma que las medidas coactivas tienen como objetivo realizar el cobro de la deuda tributaria conforme a procedimiento y que incluso, el pago al que hace referencia, es parcial y no total, porque habría cancelado 10, de las 17 facturas fiscalizadas correspondientes a enero 2014, y que la orden de verificación 0016OVI08470 incluye los periodos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, concluyendo que las medidas coactivas se mantienen, puesto que la liquidación fue realizada por todos los periodos fiscalizados. 

Bajo ese entendido, es evidente que un acto administrativo definitivo, debe contener una debida fundamentación para que el sujeto pasivo asuma defensa adecuada en estricta aplicación del art. 28, inc. e) de la Ley 2341 (LPA), por lo que, considerando que el Auto Motivado N° 541970000063 de 20 de diciembre de 2019, carece de motivación, al no haberse pronunciado de manera fundamentada sobre las razones y sustento técnico legal, por las cuales, considera que la solicitud incoada es improcedente, que los argumentos vertidos no corresponden y que la documentación probatoria presentada por el recurrente con la finalidad de sustentar el doble cobro por el periodo de enero de 2014 y el Auto de Conclusión de Pago PIET N° 1851/2019, resultan insuficientes para respaldar su pretensión, razones por las que el acto administrativo impugnado incumple con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, y deja en indefensión al actual recurrente. 

Por lo expuesto, el acto administrativo hoy impugnado, al omitir pronunciarse sobre 

todos los aspectos reclamados, generó incertidumbre y confusión en el administrado, Sí 

ocasionándole indefensión, al carecer de fundamentación, vulnerar el derecho a la petición y afectar al Principio de Congruencia que debe existir entre lo solicitado y lo

resuelto por la Administración recurrida e incumplir los requisitos establecidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), viciando de nulidad el acto impugnado, por lo que, no puede ser validado en el marco de un debido proceso, en ese entendido, ésta instancia no puede pasar por alto los vicios que son causal de nulidad justamente precautelando las garantías constitucionales y velando también que las mismas se 16de 18 

Allí 

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desarrollen en el marco de un debido proceso, considerando además que la fundamentación en los actos administrativos tiene carácter imprescindible, criterio concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0950/2015, de 26 de mayo de 2015 y AGIT-RJ-0269/2016, de 15 de marzo de 2016. 

En ese contexto, siendo evidente que el auto motivado hoy impugnado, vulneró los derechos del sujeto pasivo a la petición, a un debido proceso y a la defensa, consagrados en los arts. 24 y 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado; 68, nums. 2 y 6 de la Ley 2492 (CTB), en virtud de lo previsto en los arts. 36, parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al presente caso por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia de Alzada, anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Motivado 541970000063 de 20 de diciembre de 2019, debiendo la Administración Tributaria emitir pronunciamiento expreso, respecto a todos y cada uno de los argumentos vertidos en las notas citadas. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el Auto Motivado 541970000063, de 20 de diciembre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN debiendo la Administración Tributaria emitir pronunciamiento expreso y congruente, respecto a todos y cada uno de los argumentos solicitados mediante las notas de 23 de septiembre y 03 de diciembre de 2019, acorde a los fundamentos técnicos-jurídicos expresados en esta instancia, de conformidad con el art. 212 inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 17de 18 

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conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

KSP/ccav/acq/cmmf/omap/ymc 

IT-SCZ/RA 0306/2020 Directora Ejecutiva Re 

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