ARIT-SCZ-RA-0292-2020 El cómputo de la prescripción no inicia desde su solicitud

ARIT-SCZ-RA-0292-2020

Allí 

Autoridad de 

Impugnación! Tributaria 

Estado Plurinacional deResolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0292/2020 

Seguridad y Vigilancia S & V 

S.R.L., representada por Sergio 

Fernando Camacho Romay. 

Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz (GRACO) del Servicio 

de Impuestos Nacionales SIN, 

representada por Carlos Gonzalo 

Suarez Virreira. 

Resolución Determinativa 

171979001804, de 18 de 

noviembre de 2019. 

ARIT-SCZ-0913/2019. 

Santa Cruz, 26 de junio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio de 

Impuestos Nacionales SIN,, , el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0292/2020 de 

25 de junio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y 

todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171979001804, de 18 de noviembre de 2019; mediante la cual resolvió determinar de 

1 de 29 

usticia tributaria para vivir bien 

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y/lana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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IBNORCA 

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Certificado N°771/U 

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Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

oficio las obligaciones del contribuyente Segundad y Vigilancia S & V S.R.L., el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, que ascienden a Bs3.613.099.- equivalentes a 1.544.730.- UFV’s; correspondientes al total del adeudo tributario, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por Omisión de Pago. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del sujeto pasivo 

Seguridad y Vigilancia S & V S.R.L., representada por Sergio Fernando Camacho Romay, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 16 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020 (fs. 192-197 vta. y 214-214 vta. del expediente c. I y II), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 171979001804, de 18 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Prescripción de la facultad para determinar la deuda. 

La recurrente argumentó que se debe reconocer que desde todo punto de vista el derecho de accionar de la Administración Tributaria para determinar deuda, cobrar impuestos y sanciones se encuentra prescrito conforme lo expone el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ya que la notificación con la Resolución Determinativa fue efectuada en fecha 22 de noviembre de 2019; es decir, ocho (8) años después, cuando toda la facultad de la Administración Tributaria había prescrito; toda vez que, con relación a las obligaciones tributarias de la gestión 2011, las reglas de la prescripción establecen que dicha gestión prescribiría en cuatro (4) años a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, conforme lo establece el art. 60 de la ley 2492 (CTB), por lo que la ley sustantiva que rige es la del momento de cometerse el acto y la norma a aplicarse para los periodos de la gestión 2011, es el mencionado art. 59 de la Ley 2492 (CTB) del 2003, el cual indica fehacientemente que la prescripción es un mecanismo que requiere del transcurso del tiempo como forma de extinción de la obligación y haciendo aplicación específica de la mencionada norma, por lo que de acuerdo a la 2 de 29

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de BolivLa . …. misma las acciones de la Administración Tributaria prescribirían a los cuatro (4) años, por lo tanto precribió el derecho de la Administración Tributaria de ejercer las facultades que les fueron conferidas medante el art. 66 de la Ley 2492 (CTB). 

11.1.2. Inconsistencias, falta de fundamentación, incumplimiento de plazos y vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

La recurrente argüyó que, en ningún momento fue notificado con acta o auto inicial alguno que señala cuál es la normativa que respalda dichos cobros, cuál es el origen de los mismos, es decir cuál es la infracción que habría cometido, no se le indicó cuál de las facturas observadas no cumplían con las formalidades de validez para el crédito fiscal conducentes a una depuración, por lo que solicitó en tiempo oportuno se valoren cada uno de los documentos que en calidad de descargos presentó respecto a cada una de las facturas observadas, el proceso de verificación no fue realizado conforme al art. 43 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), no se le indicó de forma clara cual sería la observación de cada una de las facturas ni de ventas menos de compras, es decir que no argumentó de manera específica sobre cada factrua observada, por lo que al desconocer las observaciones, le imposibilitó y restringió el ejercicio a su derecho a la defensa al debiddo proceso,así como la seguridad jurídica contraviniendo los principios de transparencia y la fundamentación de este tipo de acto administrativo, sin observar que las facturas cumplen con todos los requisitos de ley. 

Indicó que la inconsistente Vista de Cargo indica que los descargos que se habría presentado son insuficientes, consignando incluso en un cuadro totalmente ilegible una depuración de las facturas, señalando que existiría un Anexo detallado con descripción de cada una de las facturas anexo que pese a que nos fue entregado solo se constituye en un cuadro con códigos de difícil visibilidad, vulnerando sus derechos y no se señala como fue depurado el crédito fiscal ya que no se les habría entregado ningún papel de trabajo, incumpliendo la Vista de Cargo lo establecido en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA). 

También manifestó que, la Resolución Determinativa impugnada indica que se habría efectuado la verificación sobre base cierta, cambiando los argumentos expuestos en 3 de 29 

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la Vista de Cargo y señalando que no se habría determinado el impuesto conforme a ley, consignando en las declaraciones juradas presentadas por el referido impuesto y periodos fiscalizados, datos que supuestamente difieren de los verificados por la fiscalización y/o inpección actuante, por lo que dicha Resolución Determinativa se limita a constituirse en un copy page de la Vista de Cargo, considerando que no contiene fundamentación legal adicional, no fundamenta ni sostiene la depuración de las facturas efectuadas, no realiza un análisis de la documentación contable presentada ni de las facturas que en original fueron adjuntadas, siendo que la Administración Tributaria debió efectuar una valoración clara y precisa de las pruebas aportadas conforme lo prevén los arts. 28 y 29 de la Ley 2341 (LPA), considerando que uno de los presupuestos del debido proceso es que las resoluciones cuenten con los fundamentos de hecho y de derecho respecto a la valoración de las pruebas aportadas ya que el contribuyente tiene derecho a conocer claramente las causas por las cuales la autoridad administrativa no otorgó valor probatorio; por lo que la Resolución Determinativa emitida por la Gerencia de GRACO del SIN, lo coloca en estado de indefensión vulnerando los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la CPE en relación al debido proceso y al derecho a la defensa. 

A su vez aclaró que, las actuaciones de la Administración Tributaria se ven forzadas, toda vez que de manera ¡comprensible notifican en fecha 8 de octubre de 2019, con la Vista de Cargo; es decir tres (3) años y nueve meses después de que se notificó con el inicio de la fiscalización, encontrándose vencidos todos los plazos procesales, pues como señala el art. 104 de la ley 2492 (CTB) la Administración Tributaria tenía un año desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, plazo vencido, siendo por tanto extemporáneas sus pretensiones, dicho plazo cobra relevancia cuando la misma norma establece la posibilidad de que la Administración Tributaria pueda autorizar una prórroga de seis meses adicionales para la conclusión de la fiscalización, eso implica que el espíritu de la norma es decir conceder mas 

tiempo a dicha administración para efectuar un trabajo concienzudo y minucioso y de J\

ninguna manera apresurado y sin valoración legal, esa ampliación a la que se hace referencia, debió hacerse mediante disposición expresa de la MAE, el no cumplimiento de dicho requisito se considerará vulneración de derechos contraviniendo el art. 16 incs. i), I) y m) de la Ley 2341 (LPA) y en la disposición adicional primera del D.S. 27113 (RLPA); por lo que el procedimiento de fiscalización iniciado en su contra en el plazo mayora un año es vulneratorio a sus derechos, pues 4 de 29 

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plunnacionali de,Bo üoiiyia 

se limita a efectuar sumatonas y diferencias y no a realizar un transparente proceso de fiscalización. 

11.1.3. Inexistencia de Omisión de Pago. 

La recurrente manifestó que, la clasificación de su conducta como Omisión de Pago es incorrecta, toda vez que su empresa, como se ha demostrado ampliamente, no verifica ningún pago de menos del tributo, ya que las observaciones son improcedentes, siendo importante que se tome en cuenta que esta calificación constituye un agravio a la recurrente ya que no subsume su conducta a la tipificación expresa de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la misma no ocurrió nunca. Es esencial en el derecho sancionatorio que el infractor debe adecuar su conducta al tipo, de lo contrario la calificación es arbitraria e ilegal y no se cumple el principio de “No hay pena sin ley” o “nadie podrá ser condenado sin un juicio previo”, y quien acusa tiene toda la carga de la prueba; independientemente del hecho irrefutable que la sanción establecida no existe, hizo notar que su conducta no se adecúa a lo previsto en el art 165 de la Ley 2492 (CTB), pues no ha efectuado pago de menos, ni pagos en defecto. 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa 171979001804, de 18 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales SIN. 

II.2 Auto de Admisión. 

Mediante Auto de Admisión de 16 de enero de 2020 (fs. 215 del expediente c. II), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa 171979001804, de 18 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales SIN. 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2020 (fs. 229-243 vta. del 5 de 29 

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expediente c. II), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando los siguientes argumentos: 

11.3.2 Sobre la prescripción invocada. 

La Administración Tributaria argumentó que los arts. 59 y 60 fueron modificados en una primer instancia por las leyes 291 y 317 y posteriormente por la ley 812, bajo dicho contexto se tiene que los artículos señalados a la fecha de oposición de la prescripción solicitada dentro del presente recurso de impugnación por parte del sujeto pasivo, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, pues es en esta fecha que el contribuyente recién opone dicho instituto jurídico; al respecto enunció las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de agosto de 2013, AGIT-RJ 1228/2013, de 29 de julio de 2013 y AGIT-RJ 1161/2013, de 23 de julio de 2013; por lo que, bajo este entendido se tiene claramente establecido que las acciones y/o facultades de la Adminsitración Tributaria para determinar la deuda tributaria de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, toda vez que en el año 2019, las facultades de dicha administración precriben a los 8 años, extendiéndose dichas acciones y/o facultades para fiscalizar y determinar la deuda tributaria por los periodos mencionados de indicada gestión 2011, asi como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad a lo previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones señaladas. 

Indicó que, dentro el precitado marco normativo, se establece el cómputo para los periodos enero a noviembre de la gestión 2011, por el IVA comienza el 1 de enero de 2012, feneciendo el 31 de diciembre de 2019, a su vez el cómputo para el periodo diciembre de 2011, para el IVA comenzó el 1 de enero de 2013, debiendo finalizar el 31 de diciembre de 2020, tienendo todos los periodos un término de 6 meses por suspensión; por lo que, bajo dicho detalle, es evidente que dentro del plazo otorogado por ley la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación de la deuda, tal como se evidencia de la revisión a los antecedentes administrativos, siendo que en fecha 22 de noviembre de 2019, dicha administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa a la contribuyente, por lo que se demuestra fehacientemente el cumplimiento de plazos establecidos para determinar la deuda tributaria correspondiente, demostrando que las facultades de indicada adminstración

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

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en e te caso no se encuentran prescritas; por tanto la determinación efecutada tiene toda la validez y eficacia establecida por ley; ademas de ello corresponde señalar que, conforme se registra en el detalle que antecede, al haberse notificado al sujeto pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses, conforme lo establece el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

11.3.2 Sobre las inconsistencias, falta de fundamentación, incumplimiento de plazos y vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

La Administración Tributaria aclaró que el procedimiento de verificación se inicia con la notificación de la Orden de Verificación, a objeto de que el sujeto pasivo presente toda la documentación que respalde la legalidad de las transacciones realizadas y el resultado u observaciones detectadas en esta verificación es plasmada en una Vista de Cargo, la cual se constituye en un documento preliminar sujeto a presentación de pruebas y/o descargos, conforme lo establecido en los arts. 96 y 98 de la Ley 2492 (CTB), documento que fue legalmente notificado al ahora recurrente; en ese sentido, queda claro que el sujeto pasivo, sí tuvo conocimiento en tiempo oportuno, de los cargos establecidos dentro del proceso de determinación con la notificación de la Vista de Cargo como acto preliminar, empero en ningún momento se ha omitido notificar ningún acto administrativo al contribuyente; a su vez el plazo para objetar, alegar o refutar a la Vista de Cargo precluye al finalizar los 30 días establecidos a partir de la notificación con dicho acto, en ese entendido no corresponde que en esta etapa del proceso se revise este acto preliminar, toda vez que la indicada Vista de Cargo no es susceptible de impugnación en la vía judicial ni administrativa conforme lo establece el art. 143 de la Ley 2492 (CTB). Además de que el proceso ya cuenta con un acto definitivo como es la Resolución Determinativa. 

Asimismo indicó que, de la revisión de antecedentes administrativos se puede evidenciar que tanto la vista de Cargo como el acto administrativo ahora impugnado, contienen de manera clara, puntual y precisa las observaciones de cada factura, señalando el motivo por el cual no corresponde la apropiación del crédito fiscal, detallando de igual manera los documentos presentados por el contribuyente, especificando el motivo por el cual dicho respaldo no es suficiente para la validez de 7 de 29 

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las notas fiscales y su respectivo crédito fiscal, por tanto esta afirmación carece de asidero legal; es así que tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada, claramente se señala que en el proceso de verificación se detectaron reparos a favor del fisco, los mismos que fueron notificados al contribuyente en fecha 8 de octubre de 2019, dejando sentado que el sujeto pasivo es quien debe demostrar que la transacción efectivamente se ha realizado, en el sentido de que debe contar con la documentación contable y/o financiera, medios probatorios de pago que demuestran la procedencia y cuantía del crédito fiscal declarado, como la efectiva realización de las transacciones por las notas fiscales observadas la vinculación de las compras con su actividad gravada, en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), situación que de ninguna manera ha ocurrido en el presente caso; ahora bien, es el sujeto pasivo quien se pone en indefensión por su propia voluntad, toda vez que dentro del plazo legal establecido para la presentación de descargos a la Vista de Cargo, el ahora recurrente no presentó ni una sola prueba o alegatos a su favor con la que pueda desvirtuar alguna observación de la suscrita Gerencia, por tanto a estas alturas del proceso no puede señalar falta de valoración de pruebas como lo hace, cuando este sabe y conoce que en todo el proceso determinativo no presentó ni una sola prueba que la Administración Tributaria pueda considerar. 

Recalcó que, como resultado de toda la verificación realizada en la determinación, se registraron las observaciones por cada nota fiscal, agrupándose las mismas en códigos de observación, teniendo en cada código una fundamentación técnica y legal para la improcedencia del crédito fiscal apropiado, conforme se demuestra y evidencia en los antecedentes administrativos que se remiten, demostrándose así que no existe en el procedimiento de determinación efectuado ninguna vulneración a los derechos constitucionales del sujeto pasivo y mucho menos letra ilegible como erradamente se alega, evidenciándose la claridad de todos los cargos establecidos en los actos administrativos que sustentan la determinación efectuada, máxime si el sujeto pasivo tuvo un plazo súper abundante para la presentación de su documentación de respaldo y que, el no haberlo efectuado es únicamente atribuible a la negligencia del ahora recurrente, quien no precisó ningún solo aspecto que pueda demostrar la nulidad o revocatoria de los cargos establecidos en el acto impugnado, limitándose a desarrollar conceptos generales sin explicar cómo estos se adecúan a los cargos establecidos por la Administración Tributaria; asimismo se limita a señalar 8 de 29

Allí 

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de manera general supuestas vulneraciones de derechos constitucionales sin explicar o detallar en qué parte del acto administrativo o qué situación vulneraría los mismos, es decir que el sujeto pasivo a efectos de demostrar sus afirmaciones que las debió explicar de manera clara, puntual y precisa, por lo que no se puede argumentar falta de valoración de pruebas, cuando la recurrente sabe y conoce que en todo el proceso determinativo no presentó ni una sola prueba que la Administración Tributaria pueda considerar. 

Expuso que, como resultado de toda la verificación realizada en la determinación se registraron las observaciones por cada nota fiscal, agrupándose las observaciones en códigos de observación, teniendo cada código una fundamentación técnica y legal para la improcedencia del crédito fiscal apropiado, conforme se demuestra y evidencia en los antecedentes administrativos que se remiten, demostrándose así que no existe en el procedimiento de determinación efectuado ninguna vulneración a los derechos constitucionales del sujeto pasivo, limitándose éste únicamente a señalar que dentro de la determinación efectuada no se ha realizado una correcta fundamentación y que de esta manera se vulneró el debido proceso, empero estas generales afirmaciones carecen de sustento técnico, legal y táctico, máxime si dentro del proceso de determinación claramente se han fundamentado los cargos realizados y los motivos por los cuales se han depurado las facturas verificadas, clasificándose dichas observaciones en códigos. 

Manifestó que conforme lo expone el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), en dicha normativa no se señala ninguna sanción o consecuencia en el caso de que no se cumpla el plazo otorgado, ni señala la nulidad de las actuaciones si se finaliza la fiscalización vencido el mismo, por tanto la observación del sujeto pasivo no tiene ningún asidero legal, mencionando como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1705/2016, de 20 de diciembre de 2016; por lo que en este contexto legal, se debe puntualizar que la consecuencia es para los funcionarios públicos de la Administración Tributaria y no determina perdida de competencia de está al dictar la Vista de Cargo después de los 12 meses desde la emisión de una orden de fiscalización, por lo que no corresponde lo aseverado por el sujeto pasivo 

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11.3.2 Sobre la inexistencia de Omisión de Pago. 

La Administración Tributaria, argüyó que por contravención se entiende a un ilícito tributario que se constituye por las acciones u omisiones que vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas por la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas tributarias; por tanto toda vez que los reparos notificados corresponden al no pago del IVA determinado conforme a ley, consignando en la declaración jurada presentada por el impuesto y periodo verificado una apropiación indebida del crédito fiscal en perjuicio del fisco, situación que fue detectada por la Administración Tributaria y que el sujeto pasivo no ha desvirtuado, por tanto se evidencia que la conducta del contribuyente al haberse apropiado de manera errónea de crédito fiscal que no le correspondía por no cumplir con los requisitos exigidos por ley para la validez del mismo, en consecuencia al pagar de menos el señalado impuesto del periodo y gestión verificada, se encuentra sancionada por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 171979001804, de 18 de noviembre de 2019. 

II.4 Apertura del término probatorio. 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 10 de febrero de 2020, se sujetó el presente proceso de Recurso de Alzada al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó el 12 de febrero de 2019, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida (fs. 245-246 del expediente c. II). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de marzo de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 27 de febrero de 2020, ofreció y ratificó en calidad de pruebas, los antecedentes administrativos presentados con la contestación al recurso de alzada (fs. 247 del expediente c. II). 

Por su parte, la recurrente, dentro el plazo antes señalado, mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2020, a través del cual ratificó las pruebas presentadas con su recurso de alzada y las que se adjuntaron por la Gerencia Grandes 10 de 29

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Estado PlurinacionaConfrífjuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales SIN durante la fase administrativa (fs. 251 del expediente c. II). 

II.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 8 de junio de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial de 1 de junio de 2020, presentó alegatos escritos bajo los mismos argumentos que su contestación al recurso de alzada (fs. 254-256 vta. del expediente). 

Por su parte, dentro del plazo antes descrito, la recurrente no presentó alegatos en conclusión orales o escritos. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 11 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Orden de Verificación 0014OVI06599 de 21 de enero de 2015, bajo la modalidad operativo especifico crédito fiscal, cuyo alcance comprendía el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente correspondientes a dicho impuesto por los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011 (fs. 7 y 43 c. I de antecedentes). 

.2 El 7 de enero de 2016, la Administración Tributaria labró el Acta de recepción de documentación, registrando la presentación de la documentación consistente en; facturas de compras, constancia y libros de compra, declaraciones juradas F-200v2 y f-400v2 y estados financieros de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 (fs. 44 c. I de antecedentes). 

1.3 El 8 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento 158463, de 19 de marzo de 2019, a efecto 

sVSCZ V 

de que presente la documentación correspondiente al periodo sujeto a 11 de 29 

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verificación misma que se contiene en anexo adjunto y consiste en: 1. Notas fiscales de compras originales y fotocopias; 2. Libro mayor de la gestión correspondiente a las cuentas contables de pago, respaldo de las asignaciones de fondos y manejo efectivo; 3. Libro mayor de cuenta de gastos y/o activos a la que se haya apropiado las compras observadas en la orden de verificación; 4. Fotocopia de cheques, transferencias, débitos u otros (en caso de pagos mediante entidades financieras), con sus extractos bancarios; 5. Registros contables de activación, detalle de activos y de corresponder documentos de propiedad; 6. Kardex de Inventarios de Almacén de material de escritorio, insumos, dotación de uniformes de trabajo, adquisiciones de equipos de computación, impresoras, adaptadores, entre otros; 7. Contratos suscritos con proveedores de bienes y/o servicios vigentes durante el periodo sujeto a revisión (de corresponder); 8. Planilla de sueldos y salarios de los funcionarios que asistieron a seminarios y/o eventos de capacitación y otra documentación que permita evidenciar la vinculación con la actividad gravada; 9. Planillas de asistencia a eventos de capacitación y/o certificados de participación; 10. Otra documentación que considere pertinente y necesaria para respaldar cada una de las transacciones (Vinculación con su actividad gravada y efectiva realización de la transacción) relacionadas a las notas fiscales observadas en la Orden de Verificación (fs. 7, 15, 21-25 y 26-29 c. I de antecedentes). 

.4 El 9 de mayo de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria memorial mediante el cual señaló que atendió a la solicitud realizada mediante la Orden de Verificación Interna 0014OVI06599, a través de la entrega de la documentación solicitada como se evidencia en el Acta de recepción de documentos; en ese entendido al haber transcurrido más de ocho años, se encontraría imposibilitado de presentar otro tipo de documentación debido a que durante la gestión 2014, la recurrente habría sufrido un incendio de proporciones importantes exactamente en el mes de diciembre de 2014, circunstancias que fueron probadas a través del informe emitido por el Departamento de Bomberos que prueba que se destruyó la parte administrativa donde se encontraba la mayor parte de su documentación contable entre otras, solicitando que la documentación que se encuentre en poder de la Administración en manos del encargado del proceso y los que se 12 de 29

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Estado Plurinacional de Bolivia . . . encuentren en el sistema integrado, se consideren como descargos; a su vez pidió se reconozca la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria en relación al art. 59 de la ley 2492 (CTB) por lo que el pretendido cobro de la determinación se encontraba prescrito al momento de la notificación con la Resolución Determinativa, ya que la Administración Tributaria contaba con 4 años para el pretendido cobro y el cómputo se inició el 1 de enero de 2012 y dichas facultades habrían prescrito el 1 de enero de 2016; finalmente sobre el tiempo para fiscalizar, la norma es clara, más específico el art 104 de la Ley 2492 (CTB), tiempo superabundantemente vencido en el presente caso, (fs. 60-61 c. I de antecedentes). 

1.5 El 20 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/599/2019, el cual concluyó que como resultado de la verificación se determinaron diferencias a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal; a su vez se califica la conducta de la contribuyente como Omisión de Pago sancionándose dicha conducta con el 100% del tributo omitido actualizado conforme lo establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que de conformidad a los arts. 96 parágrafo I y 104 de la Ley 2492 (CTB), en virtud al proceso de verificación impositiva realizada y considerando los reparos determinados a favor del fisco en el IVA correspondiente a los periodos sujetos a verificación, dentro del alcance establecido en la Orden de Verificación de referencia, la Administración Tributaria procedió a calcular la deuda tributaria sobre base cierta determinándose un adeudo tributario de Bs3.573.423.- equivalente a 1.543.252.- UFV’s, monto que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por Omisión de Pago; por lo que recomendó se emita la Vista de Cargo correspondiente.(fs. 5144-5200 de antecedentes c. XXVI y 5201-5375 de antecedentes c. XXVII). 

1.6 El 8 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000510, de 20 de septiembre de 2019, mediante el cual señaló que el proceso de determinación del adeudo tributario se realizó sobre base cierta, conforme establece el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 7 del D.S. 27310 (RCTB), concluyéndose que el contribuyente no ha demostrado con documentación 13 de 29 

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sustentable que la totalidad de las transacciones observadas han sido efectivamente realizadas, por lo que las facturas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, consiguientemente corresponde su depuración, por lo que consolidadas las observaciones detectadas en relación al IVA crédito fiscal se determinaron deferencias a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal, por lo que de conformidad a lo previsto en los arts. 96 parágrafo I y 104 de la Ley 2492 (CTB) se determina un adeudo tributario de Bs3.573.423.- equivalentes a 1.543.252.- UFV’s; por lo que conforme a lo previsto en el art. 98 parágrafo I de la ley 2492 (CTB) se le otorgó a la recurrente un plazo de 30 días para formular y presentar los descargos que estime convenientes, (fs. 5378-5400 de antecedentes c. XXVII, 5401-5600 de antecedentes c. XXVIII y 5601-5610 de antecedentes c. XXIX). 

.7 El 18 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el informe de conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/7946/2019, el cual concluyó que, considerando que el contribuyente, luego de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos establecido en el art. 98 de la ley 2492 (CTB), no presentó documentación de respaldo que pueda desvirtuar las observaciones inicialmente establecidas en la Vista de Cargo 291979000510; por lo tanto, la Administración Tributaria ratifica la deuda tributaria determinada sobre base cierta conforme lo previsto en el art. 43 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), la cual asciende a Bs3.613.099.- equivalentes a 1.544.730.- UFV’s, importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por Omisión de Pago, tributos correspondientes a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, por el Impuesto al Valor Agregado IVA, recomendando la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente, (fs. 5617-5789 de antecedentes c. XXIX). 

.8 El 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001804, de 18 de noviembre de 2019; mediante la cual resolvió determinar de oficio las obligaciones del contribuyente Seguridad y Vigilancia S & V S.R.L., el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, que ascienden a Bs3.613.099.- equivalentes a 1.544.730.- UFV’s; correspondientes al total del adeudo tributario, por 14 de 29

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concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por Omisión de Pago. (fs. 5791-5800 de antecedentes c. XXIX y 5801-5965 de antecedentes c. XXX). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

La recurrente denunció como agravios los siguientes: 1. Prescripción de la facultad para determinar la deuda. 2. Inconsistencias, falta de fundamentación, incumplimiento de plazos y vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. Y 3. Inexistencia de Omisión de Pago. 

IV.1. De la prescripción de la facultad para determinar la deuda. 

La recurrente argumentó que se debe reconocer que desde todo punto de vista el derecho de accionar de la Administración Tributaria para determinar deuda, cobrar impuestos y sanciones se encuentra prescrito conforme lo expone el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), ya que la notificación con la Resolución Determinativa fue efectuada en fecha 22 de noviembre de 2019; es decir, ocho (8) años después, cuando toda la facultad de la Administración Tributaria había prescrito; toda vez que, con relación a las obligaciones tributarias de la gestión 2011, las reglas de la prescripción establecen que dicha gestión prescribiría en cuatro (4) años a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del preiodo de pago respectivo, conforme lo establece el art. 60 de la ley 2492 (CTB), por lo que la ley sustantiva que rige es la del momento de cometerse el acto y la norma a aplicarse para los periodos de la gestión 2011, es el mencionado art. 59 de la Ley 2492 (CTB) del 2003, el cual indica fehacientemente que la prescripción es un mecanismo que requiere del transcurso del tiempo como forma de extinción de la obligación y haciendo aplicación específica de la mencionada norma, por lo que de acuerdo a la misma las acciones de la Administración Tributaria prescribirían a los cuatro (4) años para la gestión 2011, por lo tanto precribió el derecho de la Administración Tributaria de ejercer las facultades que les fueron conferidas medante el art. 66 de la Ley 2492 (CTB). 

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Por su parte, la Administración Tributaria argumentó que los arts. 59 y 60 fueron modificados en una primer instancia por las leyes 291 y 317 y posteriormente por la 15 de 29 

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ley 812, bajo dicho contexto se tiene que los artículos señalados a la fecha de oposición de la prescripción solicitada dentro del presente recurso de impuugnacion por parte del sujeto pasivo, son aplicables de acuerdo a sus modificaciones establecidas, pues es en esta fecha que el contribuyente recién opone dicho instituto jurídico; al respecto enunció las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013, de 13 de agosto de 2013, AGIT-RJ 1228/2013, de 29 de julio de 2013 y AGIT-RJ 1161/2013, de 23 de julio de 2013; por lo que, bajo este entendido se tiene claramente establecido que las acciones y/o facultades de la Adminsitración Tributaria para determinar la deuda tributaria de la gestión 2011, no se encuentran prescritas, toda vez que en el año 2019, las facultades de dicha administración precriben a los 8 años, extendiéndose dichas acciones y/o facultades para fiscalizar y determinar la deuda tributaria por los periodos mencionados de la indicada gestión 2011, así como para establecer las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad a lo previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones señaladas. 

Indicó que, dentro el precitado marco normativo, se establece el cómputo para los periodos enero a noviembre de la gestión 2011, por el IVA comienza el 1 de enero de 2012, feneciendo el 31 de diciembre de 2019, a su vez el cómputo para el periodo diciembre de 2011, para el IVA comenzó el 1 de enero de 2013, debiendo finalizar el 31 de diciembre de 2020, teniendo todos los periodos un término de 6 meses por suspensión; por lo que, bajo dicho detalle, es evidente que dentro del plazo otorogado por ley la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación de la deuda, tal como se evidencia de la revisión a los antecedentes administrativos, siendo que en fecha 22 de noviembre de 2019, dicha administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa a la contribuyente, por lo que se demuestra fehacientemente el cumplimiento de plazos establecidos para determinar la deuda tributaria correspondiente, demostrando que las facultades de la indicada administración en el presente caso no se encuentran prescritas; por tanto la y

determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia establecida por ley; además de ello corresponde señalar que, conforme se registra en el detalle que antecede, al haberse notificado al sujeto pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses, conforme lo establece el art. 62 de la Ley 2492 (CTB). 

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Para0 cíifucidar la controversia planteada por las partes es preciso recordar que la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los derechos a su eficacia procesal, porhaber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pág. 601), de igual forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; agrega que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. “Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240″. Asimismo, corresponde señalar que prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus nivelesjerárquicos), así lo 

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determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de 17 de 29 

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la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

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Estado PlurinacionaEn resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo Solivia 

de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o ratio decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019 y 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019. 

En ese contexto, el parágrafo I, del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), vigente a momento de cometida la supuesta contravención, señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo; en ese entendido, los arts. 59 y 60, de la referida norma legal sin modificaciones, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y que el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; de igual manera para la parte adjetiva o procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la precitada Ley. 

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Por consiguiente, toda vez que en la legislación nacional, los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), prevén que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo aquellas que eliminen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, se tiene que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado mediante Leyes 291 y 317, establece que las acciones de la Administración Tributaria para: Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018. 

Por su parte, el art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291 y 317, prevé que el término de la prescripción para los casos citados en el párrafo precedente, excepto sobre las acciones para imponer sanciones administrativas, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. Asimismo, el art. 60, parágrafo II de la referida disposición normativa modificado por las Leyes 291 y 317 prevé que el término de la prescripción, respecto a las acciones para imponer sanciones administrativas, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

A su vez los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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Arrespecto, de la compulsa de antecedentes, se establece que el 11 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Orden de Verificación 0014OVI06599 de 21 de enero de 2015, bajo la modalidad operativo especifico crédito fiscal, cuyo alcance comprendía el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente correspondientes a dicho impuesto por los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011 (fs. 7 y 43 c. I de antecedentes). Seguidamente, el 7 de enero de 2016, la Administración Tributaria labró el Acta de recepción de documentación, registrando la presentación de la documentación consistente en; facturas de compras, constancia y libros de compra, declaraciones juradas F-200v2 y f-400v2 y estados financieros de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011 (fs. 44 c. I de antecedentes). 

Posteriormente, el 8 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el Requerimiento N° 158463, de 19 de marzo de 2019, a efecto de que presente la documentación correspondiente al periodo sujeto a verificación misma que se contiene en anexo adjunto (fs. 7, 15, 21-25 y 26-29 c. I de antecedentes). En atención a ello, el 9 de mayo de 2019, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria memorial mediante el cual señaló que atendió a la solicitud realizada mediante la Orden de Verificación Interna 0014OVI06599, a través de la entrega de la documentación solicitada como se evidencia en el Acta de recepción de documentos; en ese entendido al haber transcurrido más de ocho años, se encontraría imposibilitado de presentar otro tipo de documentación debido a que durante la gestión 2014, la recurrente habría sufrido un incendio de proporciones importantes exactamente en el mes de diciembre de 2014, circunstancias que fueron probadas a través del informe emitido por el Departamento de Bomberos que prueba que se destruyó la parte administrativa donde se encontraba la mayor parte de su documentación contable entre otras, solicitando que la documentación que se encuentre en poder de la Administración en manos del encargado del proceso y los que se encuentren en el sistema integrado, se consideren como descargos; a su vez pidió se reconozca la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria en relación al art. 59 de la ley 2492 (CTB) por lo que el pretendido cobro de la determinación se encontraba prescrito al momento de la notificación con la Resolución Determinativa, ya que la Administración Tributaria contaba con 4 años para el pretendido cobro y el cómputo se inició el 1 de enero de 2012 y dichas 21 de 29 

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facultades habrían prescrito el 1 de enero de 2016; finalmente sobre el tiempo para fiscalizar, la norma es clara, más específico el art 104 de la Ley 2492 (CTB), tiempo superabundantemente vencido en el presente caso (fs. 60-61 c. I de antecedentes). 

Continuando con los antecedentes se tiene que, el 20 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/599/2019, el cual concluyó que como resultado de la verificación se determinaron diferencias a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal; a su vez se califica la conducta de la contribuyente como Omisión de Pago sancionándose dicha conducta con el 100% del tributo omitido actualizado conforme lo establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que de conformidad a los arts. 96 parágrafo I y 104 de la Ley 2492 (CTB), en virtud al proceso de verificación impositiva realizada y considerando los reparos determinados a favor del fisco en el IVA correspondiente a los periodos sujetos a verificación, dentro del alcance establecido en la Orden de Verificación de referencia, la Administración Tributaria procedió a calcular la deuda tributaria sobre base cierta determinándose un adeudo tributario de Bs3.573.423.- equivalente a 1.543.252.- UFV’s, monto que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por Omisión de Pago; por lo que recomendó se emita la Vista de Cargo correspondiente.(fs. 5144-5200 de antecedentes c. XXVI y 5201-5375 de antecedentes c. XXVII). 

Consecuentemente el 8 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291979000510, de 20 de septiembre de 2019, mediante el cual señaló que el proceso de determinación del adeudo tributario se realizó sobre base cierta, conforme establece el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 7 del D.S. 27310 (RCTB), concluyendo que el contribuyente no ha demostrado con documentación sustentable que la totalidad de \

las transacciones observadas han sido efectivamente realizadas, por lo que, las facturas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, consiguientemente corresponde su depuración, consolidadas las observaciones detectadas en relación al IVA crédito fiscal se determinaron diferencias a favor del fisco por compras no válidas para crédito fiscal, y de conformidad a lo previsto en los arts. 96 parágrafo Iy 104 de la Ley 2492 (CTB), se determina un adeudo tributario de Bs3.573.423.- equivalentes a 1.543.252.- UFV’s; por lo que conforme a lo previsto en el art. 98 parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB) se le otorgó a la recurrente un plazo de 30 días para 22 de 29 

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formular y presentar los descargos que estime convenientes, (fs. 5378-5400 de antecedentes c. XXVII, 5401-5600 de antecedentes c. XXVIII y 5601-5610 de antecedentes c. XXIX). 

Por lo que, el 18 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el informe de conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/UVI/INF/7946/2019, el cual concluyó que, considerando que el contribuyente, luego de transcurrido y vencido el plazo para la presentación de los descargos establecidos en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no presentó documentación de respaldo que pueda desvirtuar las observaciones inicialmente establecidas en la Vista de Cargo 291979000510; por lo tanto, la Administración Tributaria ratifica la deuda tributaria determinada sobre base cierta conforme lo previsto en el art. 43 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), la cual asciende a Bs3.613.099.- equivalentes a 1.544.730.- UFV’s, importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por Omisión de Pago, tributos correspondientes a los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, por el Impuesto al Valor Agregado IVA, recomendando la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente, (fs. 5617-5789 de antecedentes c. XXIX). 

Finalmente el 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001804 de 18 de noviembre de 2019; mediante la cual resolvió determinar de oficio las obligaciones del contribuyente Seguridad y Vigilancia S & V S.R.L., el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, que ascienden a Bs3.613.099.- equivalentes a 1.544.730.- UFV’s; correspondientes al total del adeudo tributario, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por Omisión de Pago. (fs. 5791-5800 de antecedentes c. XXIX y 5801-5965 de antecedentes c. XXX). 

Ahora bien, atendiendo al argumento de la recurrente referido a que el derecho de accionar de la Administración Tributaira para determinar deuda, cobrar impuestos y sanciones se encuentra prescrito, corresponde señalar que de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que en el presente caso la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden de Verificación N° 0014OVI06599 de 21 de enero de 2015, notificada mediante cédula 11 de diciembre de 2015, bajo la modalidad 

operativo especifico crédito fiscal, procedió a verificar el cumplimento de las scv. 

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obligaciones de la recurrente Seguridad y Vigilancia S & V S.R.L., relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2011; verificación que, previa emisión de la Vista de Cargo 291979000510, de 20 de septiembre de 2019, derivó con la emisión de la Resolución Determinativa 171979001804, de 18 de noviembre de 2019, la cual fue notificada a la recurrente el 22 de noviembre de 2019, acto que resolvió determinar de oficio las obligaciones del contribuyente Seguridad y Vigilancia S & V S.R.L., el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, que ascienden a Bs3.613.099.- equivalentes a 1.544.730.- UFV’s; correspondientes al total del adeudo tributario, por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por Omisión de Pago. 

Seguidamente, el 11 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Orden de Verificación 0014OVI06599 de 21 de enero de 2015, para los periodos enero a diciembre de 2011, notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa 171979001804 de 18 de noviembre de 2019, ahora impugnada; por cuanto, al tratarse de hechos generadores de los periodos enero a noviembre de 2011, con vencimiento en febrero a diciembre de la misma gestión, iniciándose el cómputo el primero de enero del año calendario siguiente, conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), esto es en la gestión 2012, corresponde se apliquen las disposiciones contenidas en la Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, norma vigente al momento del inicio del cómputo 

del plazo de prescripción, en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB) y la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019. 

En ese entendido, considerando que la Administración Tributaria el 22 de noviembre de 2019, notificó personalmente a la recurrente con el acto impugnado, y que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) sin modificaciones, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro -• •

(4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, toda vez que en el art. 60 parágrafo I de la misma disposición legal, dispone que el cómputo de la prescripción para el hecho generador de los periodos enero a noviembre de la gestión 2011, se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, por consiguiente, es evidente que al momento de la notificación 24 de 29 

Autoridad de 

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con la Resolución ahora impugnada efectuada el 22 de noviembre de 2019, las facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas ya se encontraban prescritas. 

Con relación al periodo diciembre de 2011, con vencimiento en enero de 2012, el cómputo de la prescripción, se inició el 1 de enero de 2013; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las Leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación, en ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años para la gestión 2012, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones indicadas, el cómputo de la prescripción del periodo diciembre 2011, se inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016; por consiguiente, es evidente que a momento de notificación de la Resolución ahora impugnada -22 de noviembre de 2019-, las facultades de la Administración Tributaria ya se encontraban prescritas. 

Por otra parte, en relación a lo señalado por la Administración Tributaria sobre que en el presente caso, al estar vigente las Leyes 291, 317 y 812, que modifican el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), y considerando que el cómputo de la prescripción conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones realizadas por la Ley 812, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 8 años extendiéndose dichas acciones y/o facultades para fiscalizar y determinar la deuda tributaria por los periodos mencionados de la indicada gestión 2011, por lo que la normativa aplicable sería la ley 812, enunciando también precedentes administrativos al respecto; corresponde señalar que en resguardo de los derechos y garantías constitucionales establecidos para las partes, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunció al respecto, a través de la Sentencia Constitucional SCP 0012/2019- S2, la cual, en su Acápite 111.4 estableció textualmente que:”(…) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma 25 de 29 

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regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos”, consecuentemente, toda vez que las modificaciones incorporadas por la Ley 812, recién entraron en vigencia el 30 de junio de 2016; no corresponde su aplicación al presente caso, que versa sobre obligaciones tributarias de la gestión 2011. 

Por otra parte, se tiene que la Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de alzada estableció que al haberse notificado al sujeto pasivo con una Orden de Verificación, el término para que opere el instituto jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), en ese entendido y siendo que el 22 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa impugnada, corresponde tomar en cuenta para el efecto lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

Conforme lo expuesto precedentemente, se advierte que existen diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo enfatizar que los proceso de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o 26 de 29

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolivia . , . . . . . . parciales son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o mas periodos y ven el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones y todos los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo, de lo cual, se infiere que el legislador al establecer en el art. 62, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que el inicio de una fiscalización determina la suspensión del término de prescripción, considera el alcance integral que implica este procedimiento, lo que repercute en un mayor análisis y tiempo para su conclusión, a diferencia del proceso de verificación puntual, y especificó que al abarcar solo ciertos elementos no amerita un tiempo adicional para su conclusión, aspecto que determina la suspensión del término de la prescripción en los casos de fiscalización. 

En ese contexto, conforme los antecedentes administrativos expuestos, se tiene que en el presente caso la Orden de Verificación N° 0014OVI06599 de 21 de enero de 2015 (fs. 7 c. I de antecedentes), tiene como alcance el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en un anexo adjunto a la Orden de Verificación, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de la gestión 2011, seguidamente, detalló como norma aplicable los arts. 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), el segundo establece: “(Procedimiento de verificación y control puntual). El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria”; procedimiento que se adecúa a lo determinado en el citado art. 29, inc. c) de la norma antes señalada, el mismo que regula la verificación y control puntual que se inicia con la notificación de una Orden de Verificación. 

En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada en puntos precedentes que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el 

ISO 9001| IV’-‘V \,.’)\,”i 

cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del sci-‘ 

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proceso de fiscalización para que efectúe el mismo, no siendo aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos. 

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización prevista en el art. 104, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado código. 

Consecuentemente, es evidente que, en el presente caso, la notificación con la Orden de Verificación N° 0014OVI06599 de 21 de enero de 2015, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de 2011, no se constituye en una causal de suspensión, como contrariamente afirmó la Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de alzada, análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018 de 19 de noviembre de 2018. 

Por todo lo expuesto, al haberse establecido que la facultad de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas se encuentra prescrita; y en vista que no existen causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); precautelando la seguridad jurídica, y el Principio de economía procesal, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa 171979001804 de 18 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos enero a diciembre de la gestión 2011. 

28.de 29

ÁITl 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado PlurinacionaPOR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa 171979001804, de 18 de noviembre de 2019 emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz; toda vez que, las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas para los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se encuentran prescritas, conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/acq/cmmf/faag/rsv 

jmbuC.

ARIT-SCZ/RA 0292/2020“WW^mSalazarPé «”rectora Eyecuíiva Regional U.V y 29de 29 Auloridad Regional de 

Justiíia tributaria paV 

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