ARIT-SCZ-RA-0277-2020 Los LCV no son validos para determinar el Crédito Fiscal

ARIT-SCZ-RA-0277-2020

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0277/2020 

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

T.C.B.Y. SHOPS BOLIVIA SRL, representada por Natty Ninoska Jenny Paiva Delgado. 

Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Llanos Salamanca. 

Resolución Determinativa 171971000270, de 29 de noviembre de 2019. 

ARIT-SCZ-0990/2019. 

Santa Cruz, 19 de junio de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Montero del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0277/2020 de 19 de junio de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Montero del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171971000270 de 29 de noviembre de 2019, mediante la cual resolvió, Primero: Determinar de oficio la deuda tributaria del contribuyente T.C.B.Y. SHOPS BOLIVIA SRL, con NIT 122591028 por un monto total de 495.430 UFV’s equivalente a Bs1.512.219 (Un millón quinientos doce mil doscientos diecinueve 00/100 bolivianos) 

de 27 

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Teléfonos: (591-3) 3391027 – 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

que incluyen Tributo Omitido Actualizado más intereses, Sanción por Omisión de Pago (100%) y Multas por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al IVA e IUE emergente de la Orden de Fiscalización 16990100230 que tiene incidencia en los periodos fiscales de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, deuda tributaria que fue calculada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión de la Resolución, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 y art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

T.C.B.Y. SHOPS BOLIVIA SRL, en adelante la recurrente, representada por Natty Ninoska Jenny Paiva Delgado, mediante cartas presentadas el 27 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020 (fs. 64 y 76-77 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 171971000270, de 29 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Falta de valoración de la documentación presentada. 

La recurrente adujo que la Administración Tributaria no analizó ni tomó en cuenta para la emisión del acto impugnado lasfacturas originales de los periodos de agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2014 observadas con el código 5; como tampoco valoró los LCV de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2014; agregó que los gastos se encuentran relacionados a su actividad y son válidos para el computo del crédito fiscal y la determinación del IUE. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 16 de enero de 2020 (fs. 78 del expediente) se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando 2 de 27

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolivia 

la Resolución Determinativa 171971000270, de 29 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Montero del SIN, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 10 de febrero de 2020 (fs. 90-93 vta. del expediente) contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando totalmente los fundamentos de la impugnación ymanifestando lo siguiente: 

11.3.1. Sobre la falta de valoración de la documentación presentada. 

La Administración Tributaria afirmó que la recurrente no presentó toda la documentación requerida por la Administración Tributaria, según consta en Acta de Recepción de Documentación adjunta al expediente y que tampoco presentó descargos a la Vista de Cargo, ni dejó expresa constancia de su existencia o compromiso de presentarlas posteriormente; y que toda la documentación presentada por la recurrente fue valorada, verificando todos los requisitos establecidos en los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530 así como Resoluciones Normativas de Directorio, considerando durante el proceso de fiscalización, los elementos relevantes vinculados al Principio de Verdad Material y que la resolución impugnada cuenta con la debida fundamentación y motivación. 

Agregó que ante la falta de presentación de los documentos a la Administración Tributaria, la recurrente presentó denuncia realizada ante la FELCC Santa Cruz “Acta de Denuncia Verbal” de 5 de enero de 2015, en la que denuncia el extravío de facturas de compras de los periodos de noviembre y diciembre de la gestión 2014; y que la oportunidad de presentar pruebas precluyó, no debiendo esta Autoridad tomar en cuenta las pruebas presentadas en etapa recursiva por estar fuera de plazo y no desvirtuar el proceso de determinación, citó como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0156/2018. 

Por lo expuesto, solicitó se emita Resolución confirmando totalmente la Resolución 

Cfc-iC. % Ant Vargas =¡ 

Determinativa 171971000270, de 29 de noviembre de 2019. 

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11.4. Apertura de Término probatorio. 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 11 de febrero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común yperentorio a las partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida el 12 de febrero de 2020, tal como cursa en diligencias (fs. 95-97 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de marzo de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2020 (fs. 98 del expediente), ofreció y ratificó como prueba los antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo probatorio, mediante carta presentada el 3 de marzo de 2020 (fs. 101 del expediente), ratificó los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 8 de junio de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 4 de junio de 2020 (fs. 104 del expediente), formuló sus alegatos en conclusión bajo los mismos argumentos de la contestación al Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo no presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA DETERMINATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

1.1 El 16 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente personalmente con la Orden de Fiscalización 16990100230 de 7 de marzo de 2017, mediante la cual le comunicó que sería objeto de un proceso de 4 de 27

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determinación bajo la modalidad fiscalización parcial cuyo alcance era el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2014, Impuesto al valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos enero a diciembre de la gestión 2014, así también notificó el Requerimiento N° 133092, requiriendo los siguientes documentos: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200 (Copia Contribuyente); 2. Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400 (Copia Contribuyente); 3. Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) Form. 500 (Copia Contribuyente); 4. Declaraciones Juradas Formulario 605 Presentación de EEFF o Memoria Anual (Copia Contribuyente); 5. Formulario 605 EEFF Digitalizado (Copia Contribuyente); 6. Libro de Ventas-IVA y en medio magnético, si corresponde; 7. Libro de Compras-IVA y en medio magnético, si corresponde; 8. Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA (copias); 9. Notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales); 10. Extractos Bancarios; 11. Formulario de Habilitación de notas fiscales; 12. Comprobante de los Ingresos y Egresos con respaldo; 13. Estados Financieros gestión 2013 y 2014; 14. Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2013 y 2014; 15. Plan Código de Cuentas Contables; 16. Libros de contabilidad (Diario, Mayor medio magnético si corresponde); 17. Kárdex; 18. Inventarios; 19. Otros, Ingresos financieros durante la gestión 2014 y Gastos financieros durante la gestión 2014 si corresponde (fs. 10 y 12 el de antecedentes). 

1.2 El 6 de julio de 2017, la recurrente mediante carta solicitó a la Administración Tributaria prórroga de 10 días adicionales para la presentación de la documentación (fs. 21 el de antecedentes). 

1.3 El 1 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Auto N° 251771000101 de 12 de julio de 2017, con el cual se resolvió ampliar el plazo de la presentación de los documentos solicitados por diez días hábiles, por única vez y computables a partir de la notificación con este Auto (fs. 23 y 27 el de antecedentes). 

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111.4 El 16 de agosto de 2017, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos R-0187, registrando la presentación de documentos consistentes en Declaraciones Juradas Form. 200 y 400 de los periodos enero a diciembre de 2014 en original y fotocopia; Libros de Ventas y Compras de enero a diciembre de la gestión 2014 en original y fotocopia; Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA de enero a octubre de la gestión 2014 en originales y fotocopias; Formulario de pago de contribuciones AFP Futuro, liquidación mensual de aportes CPS de los periodos enero a diciembre de 2014 en original y fotocopia; Comprobantes de Ingreso y Egreso de los periodos enero a diciembre de 2014 en original y fotocopia; Estados Financieros Form. 500 y 605 al 131 de diciembre de 2014 en original y fotocopias; Libros de Contabilidad Diarios y Mayores de los periodos enero a diciembre de 2014 en original y fotocopia; registrando además en observaciones que no presentó “notas fiscales de respaldo al crédito fiscal de los periodos Mayo (120, 121, 125, 126, 127); Junio (133, 134, 143, 137, 141, 146, 135, 148, 151, 153, 157); Septiembre (91031, 3757219, 4224178, 4224240, 1547)” y añadió que se presentó “1 CD con información magnética de los Libros Compras y Ventas de Enero a Diciembre de la gestión 2014″ (fs. 28 el de antecedentes). 

111.5 El 12 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 138966 contra la recurrente, por haber entregado parcialmente la información y documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, correspondiendo una multa de 1.000 UFV’s conforme a la RND 10-0033-16 (fs. 31 el de antecedentes). 

111.6 El 4 de julio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Inexistencia de Elementos R-0190-01, en la cual refiere que se solicitó documentación a la recurrente mediante Requerimiento 133092 y no habiéndose cumplido con su entrega, se preguntó las razones de su incumplimiento y la recurrente manifestó que los documentos solicitados no existen debido a que “la empresa no cuenta con extractos porque todo se maneja con caja, no cuenta con inventario, ni Kardex, en lo que respecta a las facturas de noviembre y diciembre no se cuenta con ellas por extravíos 

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así como se presenta la denuncia respectiva por dicho extravío” firmando además del funcionario de la Administración Tributaria la representante de la recurrente (fs. 30 el de antecedentes). 

111.7 El 5 de julio de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 139138 contra la recurrente, por no haber enviado los libros de compras y ventas IVA por el periodo fiscal o gestión anual de los periodos julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, correspondiendo una multa de 1.000 UFV’s por cada periodo conforme a la RND 10-0033-16 (fs. 32 el de antecedentes). 

111.8 El 19 de julio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDMTR/DF/FE-VE/INF/00985/2019, el cual luego de realizar el análisis de los impuestos fiscalizados, depuró parte del Crédito Fiscal declarado y concluyó señalando que la recurrente no conformó los reparos establecidos en el proceso, por lo tanto, recomendó emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 8910-8967 c.XLV de antecedentes). 

1.9 El 30 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291971000151 de 19 de julio de 2019, con la cual analizó, entre otros aspectos, el crédito fiscal declarado realizando la codificación V. para facturas válidas para el crédito fiscal; VP para facturas válidas parcialmente, debido a que en estos casos la recurrente registró en su Libro Compras un importe mayor a lo emitido, por lo que se determinó reparo por la diferencia y se validó el importe correcto registrado en la factura, las mismas que se encuentran vinculadas con la actividad gravada y cuentan con la documentación suficiente que demuestra la efectiva realización de la transacción; Código 1 Ausencia de Factura Original; Código 2 Facturas no vinculadas a la actividad gravada; Código 3 Transacción realizada efectivamente; Código 4 Verificación de otros requisitos establecidos, tales como dosificación autorizada, fecha de emisión, código de control, fecha límite de emisión y que no presenten enmiendas, tachaduras o borrones, requisitos que en ausencia de las notas fiscales no fueron posible ser verificadas; no obstante en el caso de tres facturas 3211, 1535 y 1604 de acuerdo al módulo GAUSS no se encuentran dosificadas por la 7 de 27 

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Administración Tributaria; Código 5 Crédito Fiscal apropiado en DDJJ Sin respaldo, toda vez que fueron declarados en la casilla 26 del Form. 200 en los meses de noviembre (parte del total) y diciembre (en su totalidad) de la gestión 2014; sin embargo al no haberse presentado las notas fiscales en físico, no se envió los libros de compras y ventas de dichos periodos, no se encuentran registrados en el libro compras presentado, ni tienen documentación contable de respaldo; consolidadas las observaciones establecidas para la depuración del Crédito Fiscal IVA signadas con los códigos 1, 2, 3, 4 y 5 cuyo importe total asciende a Bs294.174,49 (Doscientos noventa y cuatro mil ciento setenta y cuatro 49/100 bolivianos) al que aplicada la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 origina la omisión del IVA CF de Bs38.242,68 (Treinta y ocho mil doscientos cuarenta y dos 68/100 bolivianos), sin accesorios de Ley; liquidando preliminarmente la deuda tributaria por un total de Bs1.046.647,00 (Un millón cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete 00/100 bolivianos) EQUIVALENTE A 204.875,00 UFV’s, importes que incluyen Tributo Omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 2014; asimismo, se determinó el importe correspondiente a la sanción por Omisión de Pago el mismo que asciende a 204.332,00 UFV’s, así como la multa por Incumplimiento a Deberes Formales por un total de 5.000,00 UFV’s; finalmente otorgó el plazo legalmente establecido de 30 días para la presentación de descargos (fs.8968-9026 c.XLV y 9060 c.XLVI de antecedentes). 

.10 El 2 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDMTR/DJCC/INF/1541/2019, el cual observó un error en la determinación de la Base Imponible correspondiente al IVA por los periodos fiscales Febrero Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, reflejada en la Vista de Cargo 291971000151 de 19 de julio de 2019, habiéndose consignado el impuesto determinado y no así el valor de la Base imponible contenida en el cuadro 14, existiendo una diferencia de Bs85.181,00 (Ochenta y cinco mil ciento ochenta y uno 00/100 bolivianos) no considerada en la suma total del adeudo tributario, por lo cual se consideró pertinente recomendar la nulidad de la citada Vista de Cargo (fs. 9078-9082 c.XLVI de antecedentes). 

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111.11 El 4 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Administrativa 231971000207, mediante la cual se resolvió disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la emisión de la Vista de Cargo 291971000151, inclusive el Informe de Actuaciones, debiendo emitirse un nuevo Informe y Vista de Cargo, considerando los montos correctos en el importe de la base imponible (fs. 9083-9089 c.XLV de antecedentes). 

111.12 El 9 de “septiembre” de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDMTR/DF/INF/01527/2019, el cual, realizando las modificaciones a la Vista de Cargo inicial, concluyó señalando que la recurrente no conformó los reparos establecidos en el proceso; por lo tanto, recomendó emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 9091-9148 c.XLV de antecedentes). 

,13 El 14 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291971000202 de 9 de octubre de 2019 y Anexos I al X, con la cual analizó, entre otros aspectos, el crédito fiscal declarado realizando la codificación V. para facturas válidas para el crédito fiscal; VP para facturas válidas parcialmente, debido a que en estos casos la recurrente registró en su Libro Compras un importe mayor a lo emitido, por lo que se determinó reparo por la diferencia y se validó el importe correcto registrado en la factura, las mismas que se encuentran vinculadas con la actividad gravada y cuentan con la documentación suficiente que demuestra la efectiva realización de la transacción; Código 1 Ausencia de Factura Original; Código 2 Facturas no vinculadas a la actividad gravada; Código 3 Transacción realizada efectivamente; Código 4 Verificación de otros requisitos establecidos, tales como dosificación autorizada, fecha de emisión, código de control, fecha límite de emisión y que no presenten enmiendas, tachaduras o borrones, requisitos que en ausencia de las notas fiscales no fueron posible ser verificadas; no obstante en el caso de tres facturas 3211, 1535 y 1604 de acuerdo al módulo GAUSS no se encuentran dosificadas por la Administración Tributaria; Código 5 Crédito Fiscal apropiado en DDJJ – Sin respaldo, toda vez que fueron declarados en la casilla 26 del Form. 200 en los meses de noviembre (parte del total) y diciembre (en su totalidad) de la gestión 2014; sin embargo al no haberse 

I-arpas 

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presentado las notas fiscales en físico, no se envió los libros de compras y ventas de dichos periodos, no se encuentran registrados en el libro compras presentado, ni tienen documentación contable de respaldo; consolidadas las observaciones establecidas para la depuración del Crédito Fiscal IVA signadas con los códigos 1, 2, 3, 4 y 5 cuyo importe total asciende a Bs294.174,49 (Doscientos noventa y cuatro mil ciento setenta y cuatro 49/100 bolivianos) al que aplicada la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 origina la omisión del IVA CF de Bs38.242,68 (Treinta y ocho mil doscientos cuarenta y dos 68/100 Bolivianos), sin accesorios de Ley; determinando una base imponible sobre base cierta por un total de Bs617.843,00 (Seiscientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y tres 00/100 bolivianos) equivalente a 225.424,00 UFV’s; asimismo, se determinó la Sanción por Omisión de Pago por 220.965,00 UFV’s así como la multa por Incumplimiento a Deberes Formales por un total de 6.000,00 UFV’s; liquidando preliminarmente la deuda tributaria por el IVA e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 2014; por un total de Bs1.143.990,00 (Un millón ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa 00/100 bolivianos) equivalente a 493.487,00 UFV’s, importes que incluyen sanción por Omisión de Pago y multa por Incumplimiento a Deberes Formales; finalmente otorgó el plazo legalmente establecido de 30 días para la presentación de descargos (9149-9207 c.XLVI y 9208-9241 c.XLVIl de antecedentes). 

111.14 El 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDMTR/DJCC/INF/2278/2019, en el que se concluyó que vencido el plazo perentorio de 30 días para la presentación de descargos a la Vista de Cargo 291971000202 de 9 de octubre de 2019, se ratificaban los reparos determinados y la calificación de la conducta, recomendando emitir la respectiva Resolución Determinativa (fs.9249-9251 c.XLVIl de antecedentes). 

111.15 El 9 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171971000270 de 29 de noviembre de 2019, mediante la cual resolvió, Primero: Determinar de oficio la deuda tributaria del contribuyente T.C.B.Y. SHOPS BOLIVIA SRL, con NIT 122591028 por un monto total de 495.430 UFV’s equivalente a Bs1.512.219 (Un millón quinientos doce mil doscientos diecinueve 00/100 

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Impugnación Tributaria 

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bolivianos) que incluyen Tributo Omitido Actualizado más intereses, Sanción porOmisión de Pago (100%) y Multas por incumplimiento a deberes formales correspondientes al IVA e IUE emergente de la Orden de Fiscalización 16990100230 que tiene incidencia en los periodos fiscales de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, deuda tributaria que fue calculada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión de la Resolución, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 y art. 165 de la Ley 2492 (CTB); (fs. 9253-9315 y 9318 c.XLVIl de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO 

La recurrente en sus cartas de interposición de Recurso de Alzada formuló su agravio, el cual versa sobre la falta de valoración de la documentación presentada. 

IV.1. Respecto a la falta de valoración de la documentación presentada. 

La recurrente adujo que la Administración Tributaria no analizó, ni tomó en cuenta para la emisión del acto impugnado las facturas originales de los periodos de agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2014 observadas con el código 5; así como tampoco valoró los LCV de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2014; agregó que los gastos se encuentran relacionados a su actividad y son válidos para el computo del crédito fiscal y para la determinación del IUE. 

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que la recurrente no presentó toda la documentación requerida por la Administración Tributaria, según consta en Acta de Recepción de Documentación adjunta al expediente y que tampoco presentó descargos a la Vista de Cargo, ni dejó expresa constancia de su existencia o compromiso de presentarlas posteriormente; y que toda la documentación presentada por la recurrente fue valorada, verificando todos los requisitos establecidos en los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530, así como Resoluciones Normativas de Directorio, considerando durante el proceso de fiscalización, los elementos relevantes vinculados al Principio de Verdad Material y que la resolución impugnada cuenta con la debida fundamentación y motivación. 

(&ViB° f. ” 

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Agregó que ante la falta de.presentación de los documentos a la Administración Tributaria, la recurrente presentó denuncia realizada ante la FELCC Santa Cruz “Acta de Denuncia Verbal” de 5 de enero de 2015, en la que denuncia el extravío de facturas de compras de los periodos de noviembre y diciembre de la gestión 2014; y que la oportunidad de presentar pruebas precluyó, no debiendo esta Autoridad tomar en cuenta las pruebas presentadas en etapa recursiva por estar fuera de plazo y no desvirtuar el proceso de determinación, citó como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0156/2018. 

Para resolver la controversia planteada por las partes, es imprescindible recordar que la doctrina estableció que la averiguación de la verdad material implica que: “las actuaciones de los órganos resolutores y en particular, de la Administración Tributaria tiendan al esclarecimiento de los hechos controvertidos”, siendo que en materia tributaria “interesa encontrar la realidad de los hechos económicos acontecidos (…) a efectos de resolver la controversia existente y sometida a su conocimiento” (PACCI CÁRDENAS, Alberto. El Procedimiento Contencioso Tributario. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario Volumen 11. 1ra. Edición. Lima: Pacifico Editores, 2012. Pág. 615). 

Por otra parte, cabe recordar que a la Sentencia Constitucional 1157/2003-R, de 15 de agosto de 2003, la cual estableció que: “(…) básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalarque si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos (…)”; del mismo modo, la Sentencia Constitucional 0770/2003-R, de 6 de junio de 2003, señaló: “(…) principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección (…)”; de lo que se infiere que el Principio de Preclusión es la figura jurídica bajo la cual las diversas etapas de 12 de 27

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un proceso se desarrollan en forma sucesiva, clausurando definitivamente cada una de ellas e impidiendo el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados. Dentro de ese contexto, el art. 4 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: “Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios”. 

Dentro de este contexto de doctrina y jurisprudencia, es importante mencionar que la Constitución Política del Estado, en el Parágrafo 1, del art. 180, dispone que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los Principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; concordante con lo anterior, en el ámbito tributario, el art. 200 de la Ley 2492 (CTB), establece que los recursos administrativos, responderán además de los Principios descritos en el art. 4 de la Ley N° 2341 (LPA), al Principio de Oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de los recursos administrativos el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario; a su vez, el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), dispone que la actividad administrativa se regirá -entre otros- por el Principio de verdad material, según el cual, la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

En ese sentido, los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB), prevén que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa; 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 13 de 27 

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señalados en los Numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención; de lo que se infiere que la carga de la prueba recae en el sujeto que pretenda hacer valer sus derechos, siendo evidente que esa prueba debe otorgar de forma inmediata la certeza de la legitimidad y legalidad del derecho reclamado; vale decir, que no generan duda sobre los hechos acontecidos. 

Por su parte, los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), establecen que la Resolución Determinativa debe contener como requisitos esenciales: Lugar y fecha; nombre o razón social del sujeto pasivo; especificaciones sobre la deuda tributaria, referida al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, fundamentos de hecho y de derecho; calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como nombre y cargo de la autoridad competente, siendo causal de nulidad la ausencia de algunos de los requisitos previamente enunciados. 

Ahora, para este caso en particular es importante mencionar que la doctrina en referencia al IVA Crédito Fiscal e IUE, señala que: “Las disposiciones vigentes y los principios generales delderecho tributario nospermiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada porel Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 

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Al respecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas; entendiendo claramente que la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto y el hecho de que en el sistema impositivo Boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

Lo anterior perfectamente sustentado en el art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB), que establece entre las obligaciones del sujeto pasivo, respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan (…); y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes , decretos reglamentarios y demás disposiciones; y el art. 2 de la Ley 843, establece tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, que son: 1) la onerosidad, 2) la trasmisión de dominio de bien o la prestación del servicio y 3) los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la transmisión de dominio, debe respaldarse mediante factura o nota fiscal original, documentación contable 

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como Libros Diarios, mayor, comprobantes de egreso y otros que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción. 

En ese mismo sentido, el art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que: “Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden”; consiguientemente en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se deben llevar obligatoriamente, los siguientes libros: “Diario, 

Mayor, de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios.” ;(…) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos (…); “en el libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden (…).”. Asimismo, se debe recordar que el procedimiento del sistema contable tiene entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios), en base a los cuales se extraen los Estados Financieros. 

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Por último, es importante mencionar que la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, dispone en su art. 41 parágrafo I, que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea original del documento; 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización; 3) Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del Titular, consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal), excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones. 

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se observó que el 16 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente personalmente con la Orden de Fiscalización 16990100230 de 7 de marzo de 2017, mediante la cual le comunicó que sería objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad fiscalización parcial cuyo alcance era el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2014, Impuesto al valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos enero a diciembre de la gestión 2014, así también notificó el Requerimiento N° 133092, requiriendo los siguientes documentos: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200 (Copia Contribuyente); 2. Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400 (Copia Contribuyente); 3. Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) Form. 500 (Copia Contribuyente); 4. Declaraciones Juradas Formulario 605 Presentación de EEFF o Memoria Anual (Copia Contribuyente); 5. Formulario 605 EEFF Digitalizado (Copia Contribuyente); 6. Libro de Ventas-IVA y en medio magnético, si corresponde; 7. Libro de Compras-IVA y en medio magnético, si corresponde; 8. Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA (copias); 9. Notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales); 10. Extractos Bancarios; 11. Formulario de Habilitación de notas fiscales; 12. Comprobante de los Ingresos y Egresos con respaldo; 13. Estados 17 de 27 

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Financieros gestión 2013 y 2014; 14. Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2013 y 2014; 15. Plan Código de Cuentas Contables; 16. Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde); 17. Kárdex; 18. Inventarios; 19. Otros, Ingresos financieros durante la gestión 2014 y Gastos financieros durante la gestión 2014 si corresponde. 

De la misma compulsa, se evidenció que el 6 de julio de 2017, la recurrente mediante carta solicitó a la Administración Tributaria prórroga de 10 días adicionales para la presentación de la documentación; es así que el 1 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con el Auto 251771000101 de 12 de julio de 2017, con el cual se resolvió ampliar el plazo de la presentación de los documentos solicitados por diez días hábiles, por única vez y computables a partir de la notificación con este Auto; posteriormente, el 16 de agosto de 2017, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos R 0187, registrando la presentación de documentos consistentes en Declaraciones Juradas Form. 200 y 400 de los periodos enero a diciembre de 2014 en original y fotocopia; Libros de Ventas y Compras de enero a diciembre de la gestión 2014 en original y fotocopia; Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA de enero a octubre de la gestión 2014 en originales y fotocopias; Formulario de pago de contribuciones AFP Futuro, liquidación mensual de aportes CPS de los periodos enero a diciembre de 2014 en original y fotocopia; Comprobantes de Ingreso y Egreso de los periodos enero a diciembre de 2014 en original y fotocopia; Estados Financieros Form. 500 y 605 al 131 de diciembre de 2014 en original y fotocopias; Libros de Contabilidad Diarios y Mayores de los periodos enero a diciembre de 2014 en original y fotocopia; registrando además en observaciones que no presentó “notas fiscales de respaldo al crédito fiscal de los periodos Mayo (120, 121, 125, 126, 127); Junio (133, 134, 143, 137, 141, 146, 135, 148, 151, 153, 157); Septiembre (91031, 3757219, 4224178, 4224240, 1547)” y añadió que se presentó “1 CD con información magnética de los Libros Compras yVentas de Enero a Diciembre de la gestión 2014″. 

Continuando la compulsa de antecedentes, se comprobó que el 12 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 138966 contra la recurrente, por haber entregado parcialmente la información y documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, correspondiendo una multa de 1.000 18 de 27

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UFV’s conforme a la RND 10-0033-16; y el 4 de julio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta de Inexistencia de Elementos R-0190-01, en la cual refiere que se solicitó documentación a la recurrente mediante Requerimiento 133092 y no habiéndose cumplido con su entrega, se preguntó las razones de su incumplimiento y la recurrente manifestó que los documentos solicitados no existen debido a que “la empresa no cuenta con extractos porque todo se maneja con caja, no cuenta con inventario ni Kardex, en lo que respecta a lasfacturas de noviembre y diciembre no se cuenta con ellas por extravíos así como se presenta la denuncia respectiva por dicho extravío” firmando además del funcionario de la Administración Tributaria la representante de la recurrente. 

De los mismos antecedentes, se extrajo que el 5 de julio de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 139138 contra la recurrente, por haber no haber enviado los libros de compras y ventas IVA por el periodo fiscal o gestión anual de los periodos julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, correspondiendo una multa de 1.000 UFV’s por cada periodo conforme a la RND 10-0033-16; posteriormente, el 19 de julio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDMTR/DF/FE-VE/INF/00985/2019, el cual luego de realizar el análisis de los impuestos fiscalizados, depuró parte del Crédito Fiscal declarado y concluyó señalando que la recurrente no conformó los reparos establecidos en el proceso, por lo tanto recomendó emitir la Vista de Cargo correspondiente. 

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidenció que el 30 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291971000151 de 19 de julio de 2019, la cual fue anulada mediante el informe CITE: SIN/GDMTR/DJCC/INF/1541/2019 de 02 de octubre de 2019, el cual observó un error en la determinación de la Base Imponible correspondiente al IVA por los periodos fiscales Febrero Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, reflejada en la Vista de Cargo 291971000151 de 19 de julio de 2019, habiéndose consignado el impuesto determinado y no así el valor de la Base imponible contenida en el cuadro 14, existiendo una diferencia de Bs85.181.00 (Ochenta y cinco mil ciento ochenta y uno 00/100 bolivianos) no considerada en la suma total del adeudo tributario, por lo cual se consideró pertinente recomendar la nulidad de la citada Vista de Cargo; es así que 

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el 4 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Administrativa 231971000207, mediante la cual se resolvió disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la emisión de la Vista de Cargo 291971000151, inclusive el Informe de Actuaciones, debiendo emitirse un nuevo Informe y Vista de Cargo, considerando los montos correctos en el importe de la base imponible; y el 9 de “septiembre” de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDMTR/DF/INF/01527/2019, el cual, realizando las modificaciones a la Vista de Cargo inicial, concluyó señalando que la recurrente no conformó los reparos establecidos en el proceso; por lo tanto, recomendó emitir la Vista de Cargo correspondiente. 

Siguiendo la compulsa de antecedentes, se comprobó que el 14 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291971000202 de 9 de octubre de 2019 y Anexos I al X, con la cual analizó, entre otros aspectos, el crédito fiscal declarado realizando la codificación V. para facturas válidas para el crédito fiscal; VP para facturas válidas parcialmente, debido a que en estos casos la recurrente registró en su Libro Compras un importe mayor a lo emitido, por lo que se determinó reparo por la diferencia y se validó el importe correcto registrado en la factura, las mismas que se encuentran vinculadas con la actividad gravada y cuentan con la documentación suficiente que demuestra la efectiva realización de la transacción; Código 1 Ausencia de Factura Original; Código 2 Facturas no vinculadas a la actividad gravada; Código 3 Transacción realizada efectivamente; Código 4 Verificación de otros requisitos establecidos, tales como dosificación autorizada, fecha de emisión, código de control, fecha límite de emisión y que no presenten enmiendas, tachaduras o borrones, requisitos que en ausencia de las notas fiscales no fueron posibles verificadas; no obstante en el caso de tres facturas 3211, 1535 y 1604 de acuerdo al módulo GAUSS no se encuentran dosificadas por la Administración Tributaria; Código 5 Crédito Fiscal apropiado en DDJJ – Sin respaldo, toda vez que fueron declarados en la casilla 26 del Form. 200 en los meses de noviembre (parte del total) ydiciembre (en su totalidad) de la gestión i

2014; sin embargo al no haberse presentado las notasfiscales en físico, no se envió los libros de compras y ventas de dichos periodos, no se encuentran registrados en el libro compras presentado, ni tienen documentación contable de respaldo; consolidadas las observaciones establecidas para la depuración del Crédito Fiscal IVA signadas con los códigos 1, 2, 3, 4 y 5 cuyo importe total asciende a 20 de 27 

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Bs294.174,49 (Doscientos noventa y cuatro mil ciento setenta y cuatro 49/100 bolivianos) al que aplicada la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 origina la omisión del IVA CF de Bs38.242,68 (Treinta y ocho mil doscientos cuarenta y dos 68/100 bolivianos), sin accesorios de Ley; determinando una base imponible sobre base cierta por un total de Bs617.843,00 (Seiscientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y tres 00/100 bolivianos) equivalente a 225.424,00 UFV’s; asimismo, se determinó la Sanción por Omisión de Pago por 220.965,00 UFV’s así como la multa por Incumplimiento a Deberes Formales por un total de 6.000,00 UFV’s; liquidando preliminarmente la deuda tributaria por el IVA e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 2014; por un total de Bs1.143.990,00 (Un millón ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa 00/100 bolivianos) equivalente a 493.487,00 UFV’s, importes que incluyen sanción por Omisión de Pago y multa por Incumplimiento a Deberes Formales; finalmente otorgó el plazo legalmente establecido de 30 días para la presentación de descargos. 

Concluyendo con la compulsa de los antecedentes, se observó que el 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDMTR/DJCC/INF/2278/2019, en el que se concluyó que vencido el plazo perentorio de 30 días para la presentación de descargos a la Vista de Cargo 291971000202 de 9 de octubre de 2019, se ratificaban los reparos determinados y la calificación de la conducta, recomendando emitir la respectiva Resolución Determinativa; consecuentemente, el 9 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente con la Resolución Determinativa 171971000270 de 29 de noviembre de 2019, mediante la cual resolvió, Primero: Determinar de oficio la deuda tributaria del contribuyente T.C.B.Y. SHOPS BOLIVIA SRL, con NIT 122591028 por un monto total de 495.430,00 UFV’s equivalente a Bs1.512.219( Un millón quinientos doce mil doscientos diecinueve 00/100 bolivianos) que incluyen Tributo Omitido Actualizado más intereses, Sanción por Omisión de Pago (100%) y Multas por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al IVA e IUE emergente de la Orden de Fiscalización N° 16990100230 que tiene incidencia en los periodos fiscales de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014, deuda tributaria que fue calculada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del tributo omitido hasta la fecha de emisión de la Resolución, conforme lo dispuesto en el art. 47 de la 

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Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 de la Ley 812 y art. 165 de la Ley 2492 (CTB); 

Primeramente es preciso aclarar que de la lectura del recurso de alzada y la compulsa de antecedentes, se evidenció que la recurrente solo expuso agravios respecto a la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales observadas con el código 5 de los períodos agosto, noviembre y diciembre de 2014, que todos los gastos relacionados a la actividad son válidos para el cómputo del crédito fiscal y la determinación del IUE, por lo que se deduce que solicito una revocatoria parcial de la resolución impugnada y que está de acuerdo con las otras observaciones realizadas en la depuración del crédito fiscal y observaciones a los gastos realizados, por lo que esta instancia solo se pronunciara por los aspectos alegados en el recurso de alzada. 

En ese contexto, considerando la normativa anotada al inicio de esta fundamentación, los hechos reflejados, así como el agravio planteado por la recurrente y la posición de la Administración Tributaria al respecto, es menester hacer las siguientes puntualizaciones; si bien la recurrente manifestó que no se habría analizado ni tomado en cuenta para la emisión del acto impugnado las facturas originales de los periodos de agosto, noviembre y diciembre de 2014; no obstante, tal como se reflejó en los hechos, la recurrente presentó a la Administración Tributaria, el 16 de agosto de 2017, las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA de enero a octubre de la gestión 2014, conforme se observa en el Acta de Recepción de Documentos R-0187 (fs. 28 el de antecedentes); motivo por el cual, es evidente que en, en el Cuadro 2 “Análisis del Crédito Fiscal Declarado” páginas 12 a 42 del acto ahora impugnado, los periodos noviembre y diciembre de la gestión 2014, se encuentran con los códigos de depuración 1. Ausencia de Factura Original; 2. Facturas no vinculadas a la actividad gravada; 3. Transacción realizada efectivamente; 4. Verificación de otros requisitos establecidos y 5. Crédito Fiscal apropiado en DDJJ-sin respaldo. Asimismo, si bien registró en la columna “Documento de Respaldo”, que en todos los casos únicamente se presentó ¡

“Comprobante de Egreso” y en el caso del Código 5, la Administración Tributaria detectó que ese monto que estaba declarado en la Declaración Jurada del período no contaba con la identificación de las notasfiscales que sumaban ese importe, toda vez que de acuerdo al Cuadro 4 de la Resolución Determinativa, los importes observados no se encontraban declarados en el Libro de Compras físico; en este 22 de 27 

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entendido, es indiscutible que el argumento de la recurrente es incoherente a la verdad material de los hechos, pues no presentó las facturas originales correspondientes a los periodos noviembre y diciembre; es más, remitió el Acta de Denuncia Verbal (fs. 4132 de antecedentes c.) en la que se manifestó que estas facturas fueron extraviadas en inmediaciones de la empresa en circunstancias no determinadas; por lo tanto, las notas fiscales de compras de los periodos noviembre y diciembre, evidentemente debían ser depuradas con el código 1, 2, 3 y 4 por falta de presentación de la nota fiscal original, no vinculada a la actividad, no se evidenció la efectiva realización de la transacción y no se pudo verificar la dosificación, por lo que independientemente de haber presentado un comprobante de egreso, el incumplimiento al primer y esencial requisito, no existió posibilidad de otro resultado para dichas facturas y con relación a la observación del Código 5, la recurrente en etapa de descargos a la Vista de Cargo no presentó ninguna prueba que desvirtué las diferencias encontradas entre sus Libros de Compras y Declaraciones Juradas; con relación a las facturas del periodo agosto/2014, del mismo cuadro N° 2 de la Resolución impugnada se observa que la codificación de depuración en su mayoría es códigos 2 y 3; vale decir, no vinculadas a la actividad de la recurrente y que no se demostró que la transacción se hubiera realizado efectivamente; a excepción de las facturas N° 48811 de Hotel los Tajibos y N° 234702023 de Cinemark que también se encuentran depuradas con el código 1, que se entendería son a las que la recurrente haría referencia; sin embargo, al no haberse demostrado la vinculación a la actividad gravada ni la efectiva realización de la transacción y al no tener mayores elementos por parte de la recurrente para analizar sumado a que este período no tiene observaciones con relación al código 5, como entiende la recurrente, se concluye que la depuración fue correcta. 

Asimismo, se debe aclarar a la parte recurrente, que si bien dentro del plazo probatorio en esta instancia, presentó carta explicando que no tuvo el tiempo suficiente para poder hacer llegar los descargos a la Vista de Cargo 291971000202 de 9 de octubre de 2019, por lo que dicha documentación se encontraba adjuntada en una carpeta (fs. 1-199 según cargo de recepción de esta Autoridad), para su análisis y valoración; no obstante, como se expuso en párrafos precedentes correspondientes al marco jurídico de la presente fundamentación, de acuerdo art. 81 de la Ley 2492 (CTB), de manera excepcional la se admitirán las pruebas no 

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presentadas antes de la emisión de la Resolución Determinativa; siempre y cuando el 23 de 27 

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sujeto pasivo cumpla con los siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b) cumpla con el juramento “de reciente obtención”, que tienen por finalidad asegurar el Principio de preclusión y consagrar el Principio administrativo de eficacia reconocido por el art. 4 inc. j) de la Ley 2341 (LPA), principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede administrativa; empero, la recurrente no demostró, que la omisión de su presentación oportuna ante la Administración Tributaria (antes de la emisión de la Resolución Determinativa), no fue por causa propia; por lo cual no corresponde su análisis y valoración en esta instancia recursiva, por haber precluido el momento procesal para la presentación de esas pruebas de descargo, que claramente fueron posteriores a la notificación de la Vista de Cargo o inclusive hasta antes de la Resolución impugnada, cumpliendo las formalidades señaladas. 

De la misma forma, la recurrente aduce de manera general que la Administración Tributaria no valoró los LCV de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2014; agregó que los gastos se encuentran relacionados a su actividad y son válidos para el computo del crédito fiscal; sin embargo, se debe reiterar que para que una factura sea considerada válida para el crédito fiscal, debe cumplir de manera imperativa con los requisitos contenidos en la normativa anotada ut supra; es decir, ser presentada en original, para la verificación de los aspectos formales por parte de la Administración Tributaria, además de estar respaldada por toda la documentación que demuestre sin lugar a dudas que las transacciones reflejadas en ella, fueron efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando se pueda comprobar la consumación de la operación comercial, desde la entrega del bien e ingreso a almacén o la prestación de un servicio, hasta el respectivo pago al vendedor o prestador del servicio, debiendo registrarse contablemente todo este movimiento, acorde con lo establecido en el citado art. 36 del Código de Comercio; por lo cual, mal podría considerarse que los LCV, son la prueba irrefutable o los documentos suficientes para demostrar la legitimidad y legalidad del beneficio del crédito fiscal, máxime si se considera que en éstoslibros el sujeto pasivo registra cronológica ycorrectamente susfacturas de compras yventas; sin embargo, no respalda el hecho de que la transacción se encuentre vinculada a su actividad gravada y que la transacción se hubiera realizado efectivamente. 

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Cabe señalar además, que al no haberse identificado puntualmente las facturas que la recurrente considera fueron incorrectamente depuradas y la explicación cabal respecto a los documentos que ella considera desvirtuarían las observaciones, más aun cuando se observa que en el caso del periodo julio/2014, la mayor parte de sus notas fiscales fueron aceptadas por la Administración Tributaria para el beneficio del crédito fiscal; pero esta Autoridad no puede abstraerse del hecho de que según la codificación realizada por la Administración Tributaria y reflejados en el citado Cuadro N° 2 de la resolución impugnada, la depuración de las facturas de los periodos julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2014, también responden al hecho de no haberse presentado la documentación que demuestre fehacientemente la realización de la transacción y porque no se encontraban relacionadas a la actividad gravada de la recurrente, con lo cual se infiere que los LCV tampoco desvirtuarían por mismos la observación a estos dos requisitos. 

En consideración de lo antes señalado se advierte, que la recurrente pese a tener activados sus derechos constitucionales a la defensa y a un debido proceso, no logró demostrar, en los términos dispuestos en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que la Administración Tributaria no hubiera valorado la documentación presentada y mucho menos la legítima apropiación del crédito fiscal depurado por la Administración Tributaria, pues como se manifestó, era de interés absoluto de la recurrente el remitir la documentación de la que la Administración Tributaria pueda verificar el ciclo contable completo de cada operación comercial reflejada en las facturas declaradas e incluso una vez notificada con la Vista de Cargo, refutar las observaciones de manera pertinente y oportuna, explicando a cabalidad las operaciones comerciales y demostrando mediante la documentación contable la efectiva realización de estas transacciones, asimismo desvirtuar las diferencias detectadas entre sus libros físicos y declaraciones juradas, el no hacerlo claramente derivó en la depuración de parte del crédito fiscal declarado analizado por la Administración hoy recurrida. 

Finalmente, con relación al IUE aclarar a la parte recurrente que la determinación del gasto no deducible, originado en la incidencia que tiene la depuración del crédito fiscal, para esto, según lo instituido en el art. 15 del DS 24051, es deducible todo otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de la producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos 25 de 27 

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de promoción y publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y con el giro de la empresa debidamente documentado; por lo que el análisis realizado precedentemente y en vista de que la recurrente, al igual que para el crédito fiscal, no aclaró los motivos por los que considera que no existió valoración de su documentación y la forma en que ésta respaldaría el crédito fiscal y como gasto deducible del IUE, no corresponde realizar un análisis más profundo de este aspecto y por el contrario se comprobó que la Administración Tributaria no omitió valorar las facturas de los periodos agosto, noviembre y diciembre de 2014 como afirma la recurrente, pues por el contrario en el Cuadro N° 2 de la Resolución Determinativa se detalla la valoración de las facturas del período agosto y con relación a las notas fiscales de noviembre y diciembre 2014, éstas facturas no le fueron presentadas, por lo cual fueron correctamente depuradas. 

En conclusión, de acuerdo al análisis y a la fundamentación expuesta en los puntos precedentes, se advierte que la recurrente*desde el inicio de la fiscalización tuvo conocimiento pleno del proceso y las observaciones a cada una de las facturas declaradas para el crédito fiscal; sin embargo, una vez notificada con la Vista de Cargo, no asumió su defensa; y no presentó los descargos que considerara pudieran desvirtuar las observaciones realizadas; en consecuencia, contrariamente a lo aseverado por la recurrente no se evidenció la falta de valoración de documentación presentada como plantea en su carta de interposición de Recurso de Alzada, por lo que la Resolución Determinativa impugnada cumple con los requisitos establecidos para su validez, establecidos según el art. 99 por lo cual corresponde a esta Autoridad mantener firme la determinación efectuada por la Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa N° 171971000270 de 29 de noviembre de 2019. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 171971000270 de 29 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Montero del SIN; de acuerdo con los fundamentos técnico-jurídicos señalados precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Directora Ejecutiva Regional 

Autoridad Regional de 

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ARIT-SCZ/RA 0277/2020 

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