ARIT-SCZ-RA-0238-2020 Falta de impugnación en plazo determinado extingue el derecho

ARIT-SCZ-RA-0238-2020

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0238/2020 

Erasmo Perales Guzmán. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Edwin 

Darleng Menacho Callaú. 

Resolución Administrativa N° 

231970003646, de 27 de septiembre 

de 2019. 

ARIT-SCZ-0883/2019. 

Santa Cruz, 12 de junio de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0238/2020 de 10 de junio de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa N° 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, que resolvió Primero: Declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, 

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hasta el Auto Administrativo N° 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública, de fecha 19 de noviembre de 2018, en virtud al art. 55 de la Ley 2341 (LPA) y en obediencia a la CPE, en su art. 56 parágrafo I que consagra el derecho a la propiedad. Segundo: Rechazar la solicitud de nulidad de Mandamiento de Embargo y Acta de Embargo, mismas que fueron inscritas en las oficinas de Derechos Reales en virtud del art. 1473 del Código Civil (Ce), de manera eficaz y preservando el derecho y acciones que le corresponden al contribuyente. Tercero: Rechazar la solicitud de nulidad del Acta de Selección del Perito Valuador, al haberse dispuesto de conformidad al art. 14 de la RND N° 101800000019 de 13 de agosto de 2018, habiéndose practicado las diligencias y notificaciones en apego al art. 84 de la Ley 2492 (LPA). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del recurrente 

Erasmo Perales Guzmán, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 11 y 24 de diciembre de 2019 (fs. 17-20 y 23-24 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Nulidad de actuados administrativos por vulneración de derechos constitucionales. 

El recurrente mencionó que a pesar de haber demostrado, mediante las pruebas presentadas y el análisis de antecedentes, la nulidad de los actos administrativos como ser el Acta de Embargo 5476, Mandamiento de Embargo 5476, Acta de Audiencia de selección de perito, inscripción en DDRR, avalúos periciales, Autos Administrativos 2518770001962 y 391970000073, mediante los cuales se dispuso el señalamiento de la Primera y Segunda Audiencia de Subasta y Remate, por no señalar a la totalidad de los propietarios del inmueble con matrícula computarizada 7011050017206 sujeto a subasta y remate, siendo que sólo le corresponde el 50%, la Administración Tributaria en vulneración de sus derechos 2 de 37

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constitucionales y sin argumento legal decidió anular sólo una parte de los actuados administrativos, sin considerar que al haber anulado parcialmente su procedimiento, no subsanó las observaciones y vicios expuestos, ocasionando dilaciones innecesarias y vulneración a derechos constitucionales como a la defensa y el debido proceso, en su elemento esencial de seguridad jurídica. Producto de estos ilegales actos administrativos se procedió a efectuar la anotación preventiva e hipoteca judicial por el 100% del inmueble, siendo lo correcto tomar las medidas coactivas sólo por la parte que le corresponde, empero, se dispuso que el perito seleccionado efectúe un avalúo del 100% del inmueble, lógicamente estableciendo un valor por el 100%, sin analizar que el inmueble no es totalmente de su propiedad, pues también le pertenece a María Esther Vásquez Menacho, tal como se demostró por las certificaciones otorgadas por DDRR y que fueron puestas a conocimiento de la Administración Tributaria por parte de la copropietaria, mediante memorial de 10 de diciembre de 2018, pero que no merecieron atención ni pronunciamiento alguno; no se logra entender que teniendo conocimiento de estos aspectos, se pretenda rematar la totalidad del inmueble, afectando derechos de terceros que nada tienen que ver con la obligación tributaria, incurriendo en vicios y vulneraciones que hacen nulo de pleno derecho el procedimiento y las actuaciones realizadas en el proceso. 

Añadió que la jurisprudencia constitucional en el Auto Constitucional 322/99-R de 12 de noviembre de 1999 y las Sentencias Constitucionales 103/01-R de 08 de febrero de 2001, 504/01-R de 29 de mayo de 2001, 845/2007-R de 12 de diciembre de 2007 y N° 533/2007-R de 28 de junio de 2007, establecen la posibilidad de anulación de la calidad de cosa juzgada, cuando la ejecutoria surge de un hecho ilegal que conculca un derecho fundamental o garantía constitucional, por ende, si bien los PIET’s están en ejecución, empero existe la comisión de vicios procedimentales que vulneraron sus derechos constitucionales y ocasionan nulidad. 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Administrativa N° 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Mandamiento de Embargo N° 5476, avalúos periciales, Auto Administrativo N° 251870001962 e inscripción de anotaciones preventivas e hipotecas judiciales en las oficinas de Derechos Reales, las cuales fueron efectuadas por el 100% del inmueble. 

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11.2 Auto de admisión. 

Mediante Auto de 30 de diciembre de 2019 (fs. 25 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Administrativa N° 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 20 de enero de 2020 (fs. 36-44 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz a objeto de contestar al Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la impugnación, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1. Sobre la admisibilidad del recurso 

La Administración Tributaria señaló que el acto impugnado no es un acto administrativo definitivo, siendo que no da fin al proceso realizado tendiente al remate del bien inmueble del cual el recurrente es dueño del 50%, toda vez que es una actuación de mero trámite, una medida interna, emitida a fin de subsanar un error del procedimiento realizado, al no haber especificado en el Auto Administrativo N° 251870001962 y posteriores actuaciones que el remate del inmueble con matrícula 7.01.1.05.0017206 es sobre el 50% de acciones y derechos que le corresponden al recurrente, por lo cual se dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Administrativo 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública, en consideración de lo dispuesto en el art. 55 del DS 27113 (RLPA); por esta razón, al no poner fin al proceso de subasta y remate, siendo que aún no se dispuso del bien inmueble, no se constituye en un acto administrativo de carácter definitivo o equivalente que sea recurrible; en suma, la Resolución impugnada no se enmarca dentro de los actosimpugnables a los que se refiere el art. 4 num. 4 de la Ley 3092, concordante con el art. 195de la Ley 2492 (CTB). En apoyo a sus argumentos, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1857/2015 de 03 de noviembre de 2015 y AGIT-RJ 0636/2018 de 26 de marzo de 2018, cuyo 4 de 37

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lineamiento es seguido por las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1858/2015, AGIT-RJ 1859/2015 y AGIT-RJ 1589/2017. 

II.3.2. Respecto a la nulidad de actuados administrativos por vulneración de derechos constitucionales 

La Administración Tributaria realizó un desglose de los antecedentes administrativos del proceso y manifestó que la norma no obliga a la Administración Tributaria a declarar la nulidad de actuados que fueron emitidos cumpliendo a cabalidad todo lo que la normativa indica, siendo evidente que en este caso no procede la nulidad del Acta de Embargo y su respectiva anotación, toda vez que de la simple lectura a la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/10482/2017 se observa que se solicitó la inscripción de la hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia sobre las acciones y derechos del bien inmueble que corresponden al recurrente; incluso la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05812/2018 estipuló que “(…) en ejercicio de las facultades conferidas por ley, ésta administración en fecha 28 de junio de 2018 procedió a la ejecución del MANDAMIENTO DE EMBARGO N° 5476, librado en fecha 28 de junio de 2018, sobre las acciones y derechos que le corresponden al contribuyente con relación al bien inmueble con matrícula 7011050017206.”, por esta razón el inmueble registra como gravámenes y restricciones en su asiento N° 2 “Hipoteca Legal, Prohibición de innovar y de transferencia sobre las acciones y derechos que le corresponden a Erasmo Perales Guzmán” y el asiento N° 4 estipula: “NOT/05812/ DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, INSC. DE MAND. DE EMBARGO. MAND. DE EMB. 5476 DE FECHA 28/06/2018, SOBRE EL %” DE PERALES GUZMÁN ERALDO. Esta situación demuestra que es falso el argumento del recurrente de que se realizó el embargo del bien inmueble sobre su totalidad, siendo únicamente afectado el porcentaje que le corresponde en derecho, respetando el derecho propietario de María Esther Vásquez Menacho, motivo por el cual carece de fundamento su solicitud de nulidad del Mandamiento de Embargo, Acta de Embargo y la inscripción del Embargo N° 5476. 

La entidad recurrida indicó que dio cumplimiento a lo establecido en el art. 14 y siguientes de la Resolución Normativa de Directorio 10-0008-14 de 21 de marzo de 2014, que especifica el procedimiento para la contratación del perito valuador y los requisitos mínimos que debe contener su informe de avalúo pericial, mismo que fue 5 de 37 

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aprobado mediante el Auto Administrativo N° 391870000065, obteniendo el precio base que será utilizado en la subasta y remate del bien, lo cual no genera ninguna vulneración a los derechos del recurrente, toda vez que la subasta y remate se efectuará sobre el valor del inmueble que le corresponde, por lo que no es pertinente la nulidad del Acta de elección del perito valuador, por no afectar en ninguna medida el proceso de ejecución contra el recurrente. Añadió que todas las actuaciones realizadas a objeto de llevar a cabo la Audiencia de Remate en Subasta Pública fueron notificadas al recurrente (Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, Acta de Audiencia de Selección de Perito Valuador, Informe de Avalúo Pericial 75/2018, Auto Administrativo N° 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate, Resolución Administrativa N° 391970000052 y Auto Administrativo N° 391970000073), por ello, al tener conocimiento de todas las actuaciones, tuvo la posibilidad de asumir defensa contra aquellos actos que consideró vulneratohos a sus derechos, sin embargo, recién mediante la nota de 03 de septiembre de 2019, solicitó la nulidad de actuados, obteniendo como respuesta la Resolución Administrativa impugnada, mediante la cual al advertirse el error en el Auto Administrativo N° 251870001962 de Adjudicación Directa previa al Remate, por disponerse el inicio sobre el 100% del precio base establecido en el avalúo pericial, vulnerando el derecho a la propiedad de la cónyuge del recurrente, anuló obrados hasta el referido Auto Administrativo, sin que exista fundamento válido para pretender la nulidad de todo el procedimiento de ejecución. 

Sobre las Sentencias Constitucionales citadas por el recurrente en relación a la habilitación de la vía constitucional cuando existan vulneraciones inexcusables a los derechos fundamentales, la Administración Tributaria refirió que no son aplicables en el presente caso, toda vez que con la emisión de la Resolución impugnada se dispuso la nulidad de los actuados que ocasionaron la vulneración del derecho a la I

propiedad privada de la cónyuge del recurrente, hasta el Auto Administrativo N° 251870001962, en búsqueda de subsanar el error cometido, garantizar el principio de legalidad y la defensa de los derechos vulnerados, siendo que dicha anulación no afecta en mayor medida a las demás actuaciones realizadas en búsqueda de la ejecución coactiva planteada contra el recurrente, las cuales fueron realizadas cumpliendo el debido proceso y la normativa legal vigente. Agregó que el recurrente no señaló en qué aspecto se aplica lo manifestado en las Sentencias Constitucionales, pues no se está discutiendo la calidad de ejecutoria adquirida por 6 de 37 

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los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria emitidos contra el recurrente, mismos que fueron elaborados respetando las normas legales vigentes y el procedimiento aplicable, considerando que el proceso se encuentra en ejecución, además que el recurrente reconoce la deuda tributaria al autorizar la transferencia del monto retenido para la Vista de Cargo (embargo) 00005476 en su nota de 12 de julio de 2018, con NUIT 9567/2018. 

Por lo expuesto, solicitó se rechace el Recurso de Alzada por no encontrarse dentro de los actos impugnables, o en su defecto, se confirme totalmente la Resolución Administrativa N° 231970003646, de 27 de septiembre de 2019. 

II.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, peritajes, testificales). 

Mediante Auto de 21 de enero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la Administración Tributaria, el 29 de enero de 2020, tal como consta en obrados (fs. 45-46 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de febrero de 2020, la Administración Tributaria el 07 de febrero de 2020, presentó memorial ratificando en calidad de prueba todo el expediente administrativo adjunto a su contestación al Recurso de Alzada, que contiene los antecedentes del proceso, mediante el cual se podrá evidenciar la legalidad de las actuaciones de la Administración Tributaria durante el proceso de ejecución tributaria (fs. 48 del expediente). 

Por su parte, el recurrente el 17 de febrero de 2020, presentó memorial ratificando toda la prueba presentada a momento de la interposición del Recurso de Alzada (fs. 51 del expediente). 

II.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 09 de marzo de 2020, el recurrente presentó memorial el 26 de febrero de 2020, de 7 de 37 

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alegatos bajo los mismos argumentos de su memorial de interposición de Recurso de Alzada (fs. 54-56 del expediente). 

Por otro lado, la Administración Tributaria el 05 de marzo de 2020, presentó memorial de alegatos en conclusiones reiterando los fundamentos expuestos en su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 59-62 del expediente). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

111.1. El 27 de mayo de 2015, la Administración Tributaria notificó por edicto al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nro. 703300078515 de 10 de marzo de 2015, por el monto total adeudado de Bs17.383 (fs. 20 y 22 de antecedentes c. I). 

111.2. El 03 de mayo de 2016 la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 33-0001347-1 (CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/UCC/PIET/00305/2016) de 03 de marzo de 2016, por facilidades de pago incumplidas el cual estableció un monto adeudado de Bs92.161.00 (fs. 3-4 de antecedentes c. I). 

111.3. El 31 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 33-0001802-16 (CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/UCC/PIET/00974/2016) de 28 de marzo de 2016, al estar firme la Resolución Administrativa 702000100215 de 22 de junio de 2015, por el monto de Bs4.733 (fs. 24-25de antecedentes c. I). 

111.4. El 21 de octubre de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nro. 703300481716 de 17 de agosto de 2016, que estipuló un monto total adeudado de Bs53.580,00 (fs. 5-6 de antecedentes c. I). 

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111.5. El 27 de marzo de 2017, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331770000831, al estar firme la Resolución Determinativa N° 295/2016 (17-0002146-16) de 24 de noviembre de 2016, correspondiente a crédito fiscal IVA de periodos de la gestión 2012, por el monto de Bs94.130,00 (fs. 7 de antecedentes c. I). 

111.6. El 16 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 331770006588 (CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/PIET/06557/2017) de 13 de octubre de 2017, por Declaraciones Juradas de periodos correspondientes a las gestiones 2016 y 2017, que estableció un monto adeudado de Bs111.673,00 (fs. 8 y 12 de antecedentes c. I). 

111.7. El 13 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/10482/2017 dirigida al Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, solicitando se proceda a la inscripción de la hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia sobre las acciones y derechos sobre el bien inmueble 7011050017206 registrado a nombre de Erasmo Perales Guzmán, en favor de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, toda vez que los PIET’s 6557/2017, 831/2017, 305/2016 y 703300481716, se encuentran en etapa de ejecución de medidas coactivas (fs. 16 de antecedentes c. I). 

1.8. El 28 de junio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de Embargo y Acta de Embargo N° 5476, para proceder al embargo de los bienes del sujeto pasivo y nombrar a Erasmo Perales Guzmán como depositario de los bienes embargados, ubicados en la zona Sud Este UV. 101, MZA 12, lotes 40 y 41, sup. 780 mts, matrícula 7011050017206 (fs. 18-19 de antecedentes c. I). 

1.9. El 09 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05777/2018 dirigida al Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, solicitando se proceda al registro de inscripción de la hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia de las acciones y derechos del bien inmueble con matrícula 9 de 37 

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computarizada 7011050017206 registrado a nombre del contribuyente Erasmo Perales Guzmán, en favor de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, debido a que los PIET’s 703300078515 y 33000180216 (974/2016), se encuentran en etapa de cobro coactivo (fs. 29-30 de antecedentes c. I). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05812/2018 también dirigida al Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, solicitando se proceda a la inscripción del embargo 5476 en los registros públicos a favor de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, sobre el bien inmueble con matrícula computarizada 7011050017206 registrado a nombre del contribuyente Erasmo Perales Guzmán (fs. 41 de antecedentes c. I). 

111.10. El 17 de julio de 2018 la Administración Tributaria presentó la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05779/2018 dirigida a la Secretaría de Recaudación y Gestión Catastral del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, solicitando se extienda certificación de la situación impositiva y avalúo fiscal del bien inmueble con matrícula computarizada 7011050017206 registrado a nombre de Erasmo Perales Guzmán, toda vez que los PIET’s 703300078515 y 33000180216 (974/2016) se encuentran en etapa de cobro coactivo (fs. 31-32 de antecedentes c. I). 

111.11. El 03 de agosto de 2018 la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Acta de Audiencia de selección de perito valuador de 02 de agosto de 2018, determinándose la adjudicación en favor de María del Carmen Veizaga Fagalde (fs. 62-63 de antecedentes c. I). 

111.12. El 03 de septiembre de 2018, la perito María del Carmen Veizaga Fagalde presentó carta s/n ante la Administración Tributaria haciendo entrega del avalúo del inmueble, mediante Informe 075/2018 de 03 de septiembre de 2018, y factura 117 para el pago de sus servicios (fs. 73 de antecedentes el). 

111.13. El 04 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Informe de Avalúo Pericial N° 075/2018 de 03 de septiembre de 2018 (fs. 99 de antecedentes c. I). 

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111.14. El 24 de octubre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo N° 391870000065 que resolvió aprobar el Informe de Avalúo Pericial N° 075/2018 de 03 de septiembre de 2018, del inmueble con matrícula 7011050017206 de propiedad del contribuyente Erasmo Perales Guzmán, por un valor comercial de $us. 127.711,05 equivalente a Bs888.868,91, precio base para la disposición de bienes (fs. 96-98 de antecedentes c. I). 

111.15. El 26 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto Administrativo 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública (CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/AUTA/00043/2018) de 19 de octubre de 2018, que dispuso el inicio de la adjudicación directa previa al remate en subasta pública sobre el 100% del precio base establecido en el informe de avalúo pericial respecto al bien inmueble de propiedad del contribuyente Erasmo Perales Guzmán; asimismo, dispuso se realice la invitación a potenciales interesados (fs. 103- 106 y 108 de antecedentes c. I). 

1.16. El 10 de diciembre de 2018, María Esther Vásquez Menacho, en su calidad de esposa del recurrente, presentó memorial ante la Administración Tributaria, solicitando se deje sin efecto el Auto Administrativo N° 251870001962, a objeto de poder ejercer su derecho a la igualdad de oportunidad establecido en el art. 119 de la CPE, al no haber sido incluida en la Resolución, estando afectado su derecho como copropietaria del bien común y ganancial; adjuntó folio real de la matrícula computarizada 7.01.1.05.0017206, formulario serie B OJ-DR-FDR-2017, fotocopias del Auto Administrativo 251870001962, certificado de matrimonio N° 017483 y fotocopia de cédula de identidad (fs. 183-184 de antecedentes c. I). 

1.17. El 28 de junio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto Administrativo 39197000052 Primera Audiencia de Remate en Subasta Pública (CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/AUTA/00014/2019) de 24 de junio de 2019, que resolvió disponer la primera audiencia de remate en subasta pública sobre el 100% del precio base establecido en el informe de avalúo pericial, por Bs888.868,91, respecto al bien inmueble de propiedad de Erasmo Perales Guzmán, con número de ll de 37 

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matrícula 7011050017206; y señaló la primera audiencia de remate para el día 17 de julio de 2019 a hrs. 11:00 A.M, conforme establecen los arts. 47 inc. f) de la RND 101800000019 y 419 del Código Procesal Civil (fs. 118-122 y 133 de antecedentes c. I). 

.18. El 17 de julio de 2019, se emitió Acta de Primera Audiencia de Remate, en la que indicó que al no existir postores, se declaró desierta la Audiencia de Remate, correspondiendo proseguirse con los trámites pertinentes a efecto de dar cumplimiento a la RND 101800000019, debiendo emitirse el Auto Administrativo para la Segunda Audiencia de Remate en Subasta Pública, de acuerdo al art. 56 de la RND antes mencionada (fs. 143-144 de antecedentes el). 

.19. El 24 de julio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/UCC/INF/469/2019, que concluyó que al no haber existido postores hasta el momento de instalada la audiencia en el día y hora señalado para el remate en subasta pública, esta fue declarada desierta de acuerdo al Acta de Audiencia de Remate en Subasta Pública de 17 de julio de 2019, por lo que corresponde proseguir con los trámites correspondientes, debiendo señalarse día y hora de segunda audiencia de remate mediante Auto Administrativo, conforme establece la RND 101800000019 (fs. 149-151 de antecedentes c. I). 

.20. El 21 de agosto de 2019, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la esposa del recurrente con el Auto Administrativo 391970000073 Segunda Audiencia de Remate en Subasta Pública (CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/AUTA/9/2019) de 24 de julio de 2019, que resolvió disponer la segunda audiencia de remate en subasta pública, respecto al bien inmueble de propiedad de Erasmo Perales Guzmán, con número de matrícula N° 7011050017206, con la rebaja del 15% sobre el precio base inicial del bien inmueble, estableciendo un precio de Bs755.537,80¡ y señaló la segunda audiencia de remate para el día 03 de septiembre de 2019 a hrs. 10:00 A.M, conforme establecen los arts. 47 inc. f) de la RND 101800000019 y 419 del Código Procesal Civil (fs. 159-162 y 173 de antecedentes c. I). 

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111.21. El 03 de septiembre de 2019, el recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria, solicitando se deje sin efecto el señalamiento de segunda audiencia de subasta y remate señalado para el 03 de septiembre de 2019, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el mandamiento y acta embargo, documentos donde se establece erróneamente que el inmueble sujeto a subasta es 100% de su propiedad; toda vez que no se consideraron los documentos adjuntos mediante memorial de 10 de diciembre de 2018, que establecen que María Esther Vásquez Menacho es copropietaria, afectando su derecho; adjuntó fotocopia del memorial presentado el 10 de diciembre de 2018 (fs. 194-195 de antecedentes c. I). 

En la misma fecha, se emitió Acta de Segunda Audiencia de Remate, en la que indicó que, al no existir postores, se declaró desierta la Audiencia de Remate, correspondiendo proseguirse con los trámites pertinentes a efecto de dar cumplimiento a la RND 101800000019, debiendo emitirse el Auto Administrativo para la Tercera Audiencia de Remate en Subasta Pública, de acuerdo al art. 56 de la RND antes mencionada (fs. 211-212 de antecedentes el). 

1.22. El 21 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, que resolvió Primero: Declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Administrativo N° 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública, de fecha 19 de noviembre de 2018, en virtud al art. 55 de la Ley 2341 (LPA) y en obediencia a la CPE, en su art. 56 parágrafo I que consagra el derecho a la propiedad. Segundo: Rechazar la solicitud de nulidad de Mandamiento de Embargo y Acta de Embargo, mismas que fueron inscritas en las oficinas de Derechos Reales en virtud del art. 1473 del Código Civil (Ce), de manera eficaz y preservando el derecho y acciones que le corresponden al contribuyente. Tercero: Rechazar la solicitud de nulidad del Acta de Selección del Perito Valuador, al haberse dispuesto de conformidad al art. 14 de la RND 101800000019 de 13 de agosto de 2018, habiéndose practicado las diligencias y notificaciones en apego al art. 84 de la Ley 2492 (LPA) (fs. 213-224 de antecedentes c. I). 

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  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA JURÍDICA 

El recurrente denunció como agravio la nulidad de actuados administrativos por vulneración de derechos constitucionales, cuyos argumentos serán analizados a continuación. 

IV.1. Cuestión previa sobre la admisibilidad del recurso. 

La Administración Tributaria señaló que el acto impugnado no es un acto administrativo definitivo, siendo que no da fin al proceso realizado tendiente al remate del bien inmueble del cual el recurrente es dueño del 50%, toda vez que es una actuación de mero trámite, una medida interna, emitida a fin de subsanar un error del procedimiento realizado, al no haber especificado en el Auto Administrativo N° 251870001962 y posteriores actuaciones que el remate del inmueble con matrícula N° 7.01.1.05.0017206 es sobre el 50% de acciones y derechos que le corresponden al recurrente, por lo cual se dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Administrativo 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública, en consideración de lo dispuesto en el art. 55 del DS 27113 (RLPA); por esta razón, al no poner fin al proceso de subasta y remate, siendo que aún no se dispuso del bien inmueble, no se constituye en un acto administrativo de carácter definitivo o equivalente que sea recurrible; en suma, la Resolución impugnada no se enmarca dentro de los actos impugnables a los que se refiere el art. 4 num. 4 de la Ley 3092, concordante con el art. 195 de la Ley 2492 (CTB). En apoyo a sus argumentos, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1857/2015 de 03 de noviembre de 2015 y AGIT-RJ 0636/2018 de 26 de marzo de 2018, cuyo lineamiento es seguido por las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1858/2015, AGIT-RJ 1859/2015 y AGIT-RJ 1589/2017. 

Al respecto, de acuerdo a la doctrina “El acto definitivo es el que resuelve sobre el fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por mismo al particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a 14 de 37

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condiciones o plazos suspensivos”. “El acto definitivo es el único normalmente impugnable por mismo, porque es el único capaz por para producirel agravio al derecho subjetivo y al interés del administrado”. (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 8a Edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2004, Tomo 3, Pág. 11-9). (resaltado propio). 

En ese contexto, cabe recordar que la CPE, en el art. 14 parágrafo IV, instituye que: “(…). En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de lo que éstas no prohiban. (…).”, y la misma CPE, en sus arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119, parágrafos I y II de la mencionada norma constitucional, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. En efecto, toda Autoridad pública en el orden administrativo está sujeta a resguardar los valores supremos y principios fundamentales de la Constitución Política del Estado Plurinacional señalados al inicio, así como a garantizar el respeto de los derechos a la defensa y debido proceso. 

En este sentido, el art. 132 de la Ley 2492 (CTB), crea la Autoridad de Impugnación Tributaria (antes Superintendencia Tributaria), como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, teniendo como objeto conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquico que se interponga contra los actos definitivos de la Administración Tributaria; vale decir, es la entidad administrativa competente por mandato legal, para admitir y tramitar los Recursos de Alzada y Recursos Jerárquicos, interpuestos contra los actos definitivos de alcance particular emitidos por la Administración Tributaria, para que en el marco de las atribuciones normativas definidas por el art. 140 inc. a) del mismo cuerpo legal, conocer y resolver de forma fundamentada todos los recursos puestos a su conocimiento; entendiendo que, conforme el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada será admisible sólo 15 de 37 

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contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas. 2. Las Resoluciones Sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo y el art. 4 de Ley 3092, señala que además de lo dispuesto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria (Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) será admisible también contra: 1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificadas. 2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago condonación. 4. Todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

Del mismo modo, el parágrafo II del art. 195 de la Ley 2492 (CTB), instituye que el Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren en la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el art. 108 del presente Código, ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del art. 109 de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la compensación opuesta por el deudor; de igual forma, el art. 198 parágrafos I y IV de la Ley 2492 (CTB), establece que los recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple y la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los arts. 195 y 197 de la presente Ley. 

Por otra parte, es menester precisar que los administrados pueden ejercer su derecho a la defensa de manera irrestricta; en efecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0799/2018-S1 de 28 de noviembre de 2018, se estableció que “la Constitución Política del Estado, sobre elprincipio pro actione, ensu art. 14.111, prevé: “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, 16de37

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el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las lees y los tratados internacionales de derechos humanos”. De igual forma, el art. 14.V establece: “Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o 

jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano”; disposiciones que a su vez se encuentran vinculadas y son concordantes con el art.. 115 de la norma constitucional (…) el principio pro actione se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, (…) prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones (…)”. 

Así también, cabe reflejar lo analizado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0973/2015-S3 de 12 de octubre de 2015 en cuanto a los actos emitidos en etapa o proceso de cobranza coactiva, como es este caso; en la cual se estableció “(…) Dicha determinación emitida en instancia administrativa, fue impugnada ante la autoridad ahora demandada, dictando en consecuencia la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1161/2014 de 5 de agosto, mediante la cual confirmó la Resolución objetada, y en consecuencia anuló obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de Admisión ARIT-CBA-0021/2014, disponiendo se emita un nuevo Auto que rechace la admisión del recurso de alzada (…) argumentando que: (…) 2) Al disponer el art. 195.IV del CTB -que regula el procedimiento aplicable ante la AIT-, que la interposición del recurso de alzada así como del jerárquico tienen efecto suspensivo, llevaría a la vulneración de lo previsto en el art. 307 del CTb. 1992; (…) 4) La ARIT no tiene competencia para conocer la impugnación de actos administrativos que emergen de trámites suscitados en un proceso de cobranza coactiva, conforme el art. 212 inc. c) del CTB, se decidió anular obrados. Ahora bien, bajo el nuevo entendimiento jurisprudencial (…) realizado en base a una interpretación favorable de la norma, se evidencia que la autoridad ahora demandada lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos a la defensa y la tutela judicial efectiva de los accionantes, entendida esta última como “…el derecho que tiene toda persona de acudir ante un juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas. A su vez, de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos (…)” (SC 1044/2003- R de 22 de julio); por cuanto lo que, correspondía (…) que esa instancia conozca, tramite y resuelva en la vía administrativa dicho recurso, así como el jerárquico si 17de37 

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correspondía, (…) Igualmente, es pertinente señalar que la Resolución impugnada en instancia administrativa, al constituir un acto definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria, puede ser cuestionado a través del recurso de alzada, conforme la previsión normativa prevista en el art. 4 de la Ley 3092; consecuentemente, la autoridad demandada realizó una interpretación restrictiva y contraria a los fundamentos y principios del nuevo orden constitucional, dado que impidió que los accionantes pudieran ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva, lesionando por ende, el derecho al debido proceso, (…)” (resaltado propio). 

Teniendo claro lo anterior; vale decir, el hecho de que la norma debe ser interpretada de manera amplia y que no puede ser restrictiva; pues la posibilidad que otorga el art. 4 de la Ley 3092, para la impugnación de actos administrativos es extensa debiendo cumplirse los requisitos que sea de carácter particular, tenga connotación tributaria, entendiéndose que en una etapa de ejecución lo que se persigue es el pago de una deuda tributaria y que finalmente se trate de un acto definitivo; es decir, que ponga fin a una solicitud del sujeto pasivo o un proceso llevado a cabo por la Administración Tributaria; y aclarando además que en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1857/2015 2015 y AGIT-RJ 0636/2018 citadas como precedentes por la Administración Tributaria, los actos impugnados fueron el Auto Motivado N° 25- 000264-15 y el Auto Administrativo Complementario AN-SCRZI-AA-15/2017, que no se consideraron como actos impugnables debido a que fueron medidas internas o preparatorias y no se constituían en actos definitivos que hubieran resuelto el fondo de la controversia en cuestión y que causaran agravio al recurrente, por lo que no son aplicables a la presente causa, al tratarse de situaciones diferentes a las dilucidadas en este caso; y siendo que las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1858/2015, AGIT-RJ 1859/2015 y AGIT-RJ 1589/2017, asumen el mismo lineamiento de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1857/2015 2015 y AGIT-RJ 0636/2018, tampoco corresponde su aplicación. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente a través de su memorial de interposición de Recurso de Alzada, impugnó la Resolución Administrativa 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, que resolvió por una parte, declarar la nulidad de obrados hasta el Auto Administrativo 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública, de fecha 19 de noviembre de 2018;

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por otra resolvió rechazar la solicitud de nulidad de Mandamiento de Embargo y Acta de Embargo, mismas que fueron inscritas en las oficinas de Derechos Reales en virtud del art. 1473 del Código Civil (Ce), de manera eficaz y preservando el derecho y acciones que le corresponden al contribuyente; y finalmente resolvió rechazar la solicitud de nulidad del Acta de Selección del Perito Valuador, al haberse dispuesto de conformidad al art. 14 de la RND N° 101800000019 de 13 de agosto de 2018; por lo tanto, es indiscutible el hecho de que la Administración Tributaria otorgó una respuesta final y definitiva a la pretensión del recurrente con relación a la nulidad planteada respecto al Mandamiento de Embargo, Acta de Embargo y Acta de Selección del Perito Valuador, no habiendo posibilidad alguna de que esta decisión sea modificada, lo que demuestra y hace evidente que no se trata de una actuación de mero trámite o una medida interna como entiende y asevera la Administración Tributaria. 

Consecuentemente, como se ha explicado en líneas ut supra, la Resolución Administrativa impugnada es un acto administrativo que asume una decisión definitiva al planteamiento del sujeto pasivo, es decir, pone fin a la vía de reclamo que tiene el recurrente para solicitar la nulidad de actuados que a su criterio le vulneran sus derechos y garantías constitucionales; por lo que, esta Autoridad se encuentra obligada a conocer y resolver de forma fundamentada este recurso, conforme los arts. 131 y 140 inc. a) de la misma Ley 2492 (CTB); vale decir, que en resguardo de las garantías que le asiste al recurrente, se analizará y se pronunciará sobre los agravios expresados por éste en su memorial de Recurso de Alzada a fin de darle respuesta; y en cumplimiento al parágrafo III del art. 211 de la Ley 2492 (CTB), la Resolución se sustentará en los hechos, antecedentes, el derecho aplicable al caso y los precedentes administrativos, consiguientemente corresponde ingresar al análisis del agravio expuesto por el recurrente. 

IV.2 Respecto a la nulidad de actuados administrativos por vulneración de derechos constitucionales. 

El recurrente mencionó que a pesar de haber demostrado, mediante las pruebas presentadas y el análisis de antecedentes, la nulidad de los actos administrativos como ser el Acta de Embargo N° 5476, Mandamiento de Embargo 5476, Acta de Audiencia de selección de perito, inscripción en DDRR, avalúos periciales, Autos 19 de 37 

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Administrativos N° 2518770001962 y N° 391970000073, mediante los cuales se dispuso el señalamiento de la Primera y Segunda Audiencia de Subasta y Remate, por no señalar a la totalidad de los propietarios del inmueble con matrícula computarizada 7011050017206 sujeto a subasta y remate, siendo que sólo le corresponde el 50%, la Administración Tributaria en vulneración de sus derechos constitucionales y sin argumento legal decidió anular sólo una parte de los actuados administrativos, sin considerar que al haber anulado parcialmente su procedimiento, no subsanó las observaciones y vicios expuestos, ocasionando dilaciones innecesarias y vulneración a derechos constitucionales como a la defensa y el debido proceso, en su elemento esencial de seguridad jurídica. Producto de estos ilegales actos administrativos se procedió a efectuar la anotación preventiva e hipoteca judicial por el 100% del inmueble, siendo lo correcto tomar las medidas coactivas sólo por la parte que le corresponde, empero, se dispuso que el perito seleccionado efectúe un avalúo del 100% del inmueble, lógicamente estableciendo un valor por el 100%, sin analizar que el inmueble no es totalmente de su propiedad, pues también le pertenece a María Esther Vásquez Menacho, tal como se demostró por las certificaciones otorgadas por DDRR y que fueron puestas a conocimiento de la Administración Tributaria por parte de la copropietaria, mediante memorial de 10 de diciembre de 2018, pero que no merecieron atención ni pronunciamiento alguno; no se logra entender que teniendo conocimiento de estos aspectos, se pretenda rematar la totalidad del inmueble, afectando derechos de terceros que nada tienen que ver con la obligación tributaria, incurriendo en vicios y vulneraciones que hacen nulo de pleno derecho el procedimiento y las actuaciones realizadas en el proceso. 

Añadió que la jurisprudencia constitucional en el Auto Constitucional N° 322/99-R de 12 de noviembre de 1999 y las Sentencias Constitucionales N° 103/01-R de 08 de febrero de 2001, 504/01-R de 29 de mayo de 2001, 845/2007-R de 12 de diciembre de 2007 y 533/2007-R de 28 de junio de 2007, establecen la posibilidad de anulación de la calidad de cosa juzgada, cuando la ejecutoria surge de un hecho ilegal que conculca un derecho fundamental o garantía constitucional, por ende, si bien los PIET’s están en ejecución, empero existe la comisión de vicios procedimentales que vulneraron sus derechos constitucionales y ocasionan nulidad. 

En contraparte, la Administración Tributaria realizó un desglose de los antecedentes administrativos del proceso y manifestó que la norma no obliga a la Administración 20 de 37

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Tributaria a declarar la nulidad de actuados que fueron emitidos cumpliendo a cabalidad todo lo que la normativa indica, siendo evidente que en este caso no procede la nulidad del Acta de Embargo y su respectiva anotación, toda vez que de la simple lectura a la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/10482/2017 se observa que se solicitó la inscripción de la hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia sobre las acciones y derechos del bien inmueble que corresponden al recurrente; incluso la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05812/2018 estipuló que “(…) en ejercicio de las facultades conferidas por ley, ésta administración en fecha 28 de junio de 2018 procedió a la ejecución del MANDAMIENTO DE EMBARGO N° 5476, librado en fecha 28 de junio de 2018, sobre las acciones y derechos que le corresponden al contribuyente con relación al bien inmueble con matrícula 7011050017206.”, por esta razón el inmueble registra como gravámenes y restricciones en su asiento N° 2 “Hipoteca Legal, Prohibición de innovar y de transferencia sobre las acciones y derechos que le corresponden a Erasmo Perales Guzmán” y el asiento N° 4 estipula: “NOT/05812/ DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, INSC. DE MAND. DE EMBARGO. MAND. DE EMB. N° 5476 DE FECHA 28/06/2018, SOBRE EL %” DE PERALES GUZMÁN ERALDO. Esta situación demuestra que es falso el argumento del recurrente de que se realizó el embargo del bien inmueble sobre su totalidad, siendo únicamente afectado el porcentaje que le corresponde en derecho, respetando el derecho propietario de María Esther Vásquez Menacho, motivo por el cual carece de fundamento su solicitud de nulidad del Mandamiento de Embargo, Acta de Embargo y la inscripción del Embargo N° 5476. 

La entidad recurrida en contraposición, indicó que dio cumplimiento a lo establecido en el art. 14 y siguientes de la RND 10-0008-14 de 21 de marzo de 2014, que especifica el procedimiento para la contratación del perito valuador y los requisitos mínimos que debe contener su informe de avalúo pericial, mismo que fue aprobado mediante el Auto Administrativo N° 391870000065, obteniendo el precio base que será utilizado en la subasta y remate del bien, lo cual no genera ninguna vulneración a los derechos del recurrente, toda vez que la subasta y remate se efectuará sobre el valor del inmueble que le corresponde, por lo que no es pertinente la nulidad del Acta de elección del perito valuador, por no afectar en ninguna medida el proceso de ejecución contra el recurrente. Añadió que todas las actuaciones realizadas a objeto de llevar a cabo la Audiencia de Remate en Subasta Pública fueron notificadas al recurrente (Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, Acta de Audiencia de 21 de 37 

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Selección de Perito Valuador, Informe de Avalúo Pericial N° 75/2018, Auto Administrativo N° 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate, Resolución Administrativa N° 391970000052 y Auto Administrativo N° 391970000073), por ello, al tener conocimiento de todas las actuaciones, tuvo la posibilidad de asumir defensa contra aquellos actos que consideró vulneratorios a sus derechos, sin embargo, recién mediante la nota de 03 de septiembre de 2019 solicitó la nulidad de actuados, obteniendo como respuesta la Resolución Administrativa impugnada, mediante la cual al advertirse el error en el Auto Administrativo N° 251870001962 de Adjudicación Directa previa al Remate, por disponerse el inicio sobre el 100% del precio base establecido en el avalúo pericial, vulnerando el derecho a la propiedad de la cónyuge del recurrente, anuló obrados hasta el referido Auto Administrativo, sin que exista fundamento válido para pretender la nulidad de todo el procedimiento de ejecución. 

Sobre las Sentencias Constitucionales citadas por el recurrente en relación a la habilitación de la vía constitucional cuando existan vulneraciones inexcusables a los derechos fundamentales, la Administración Tributaria refirió que no son aplicables en el presente caso, toda vez que con la emisión de la Resolución impugnada se dispuso la nulidad de los actuados que ocasionaron la vulneración del derecho a la propiedad privada de la cónyuge del recurrente, hasta el Auto Administrativo N° 251870001962, en búsqueda de subsanar el error cometido, garantizar el principio de legalidad y la defensa de los derechos vulnerados, siendo que dicha anulación no afecta en mayor medida a las demás actuaciones realizadas en búsqueda de la ejecución coactiva planteada contra el recurrente, las cuales fueron realizadas cumpliendo el debido proceso y la normativa legal vigente. Agregó que el recurrente no señaló en qué aspecto se aplica lo manifestado en las Sentencias Constitucionales, pues no se está discutiendo la calidad de ejecutoria adquirida por los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria emitidos contra el recurrente, mismos que fueron elaborados respetando las normas legales vigentes y el procedimiento aplicable, considerando que el proceso se encuentra en ejecución, además que el recurrente reconoce la deuda tributaria al autorizar la transferencia del monto retenido para la Vista de Cargo (embargo) 00005476 en su nota de 12 de julio de 2018, con NUIT 9567/2018. 

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En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

Sobre el mismo tema, también se tiene establecido que: “A fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”, en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

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Respecto al Derecho a la Defensa, la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio. “En cuanto al principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “…la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…” 

En efecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales determinan que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocerel estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada, así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, y a 24 de 37

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ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Por otro lado, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto, el art. 55 del DS 27113 (RLPA) establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados o lesione el interés público; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra; desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND 10-0008-14, de 21 de marzo de 2014, de “Procedimientos de Disposición de Bienes en Etapa de Ejecución Tributaria o Cobro Coactivo”, que en su art. 15 parágrafo II establece que: “El sujeto pasivo o tercero responsable deudor una vez notificado con el acta de elección del perito valuador podrá recusar al mismo por única vez y en el plazo de tres (3) días, por las mismas causales referidas en el Artículo 10 de la Ley N° 2341, solicitud que será resuelta en similar término.” 

Esta norma fue posteriormente actualizada por la RND 101800000019 de 13 de agosto de 2018, que en su art. 18 dispone que: “El informe de avalúo pericial según corresponda, deberá contener mínimamente los siguientes aspectos: 

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  1. Bienes inmuebles: 
  2. a) Nombres del o los propietarios y número de Cédula de Identidad. b) Ubicación (numeración, calle y zona) y demás características que permitan identificar al bien
  3. c) Número de partida computarizada o folio real del inmueble con el cual se encuentre registrado en las Oficinas de Derechos
  4. d) Superficie y valor del terreno. 
  5. e) Valor de la construcción del inmueble y el valor pericial
  6. f) Detalle de los medios técnicos, tablas, valores, etc., utilizados para realizar el avalúo. 
  7. g) Estado actual y condiciones del
  8. h) Otros datos que se consideren importantes de acuerdo a las características del
  9. i) Fecha y lugar del avalúo. 
  10. j) Firma y sello del profesional que suscribe.” 

Por su parte, el art. 20 parágrafos II y III de la referida RND 101800000019, determina que: “//. La Gerencia Distrital GRACO así como el sujeto pasivo o tercero responsable deudor, podrán solicitar enmiendas, complementaciones o aclaraciones al informe de avalúo pericial, en el plazo de cinco (5) días siguientes a su recepción y notificación, respectivamente, debiendo estas ser comunicadas al perito valuador dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado, a efecto de que se presente informe complementario en el plazo de cinco (5) días posteriores. III. De no existir observaciones al informe de avalúo pericial dentro del plazo establecido en el Parágrafo anterior, éste se tendrá por aceptado y aprobado mediante Auto Administrativo.” 

En ése marco doctrinal, de precedentes constitucionales, de la normativa citada, y el análisis de antecedentes administrativos, se tienen los siguientes actuados de relevancia jurídica que serán considerados para la resolución de la causa: El 13 de diciembre de 2017 la Administración Tributaria emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/10482/2017 dirigida al Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, solicitando se proceda a la inscripción de la hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia sobre las acciones y derechos sobre 26 de 37

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el bien inmueble 7011050017206 registrado a nombre de Erasmo Perales Guzmán, en favor de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, toda vez que los PIET’s 6557/2017, 831/2017, 305/2016 y 703300481716, se encuentran en etapa de ejecución de medidas coactivas. Posteriormente, el 28 de junio de 2018 la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de Embargo y Acta de Embargo 5476, para proceder al embargo de los bienes del sujeto pasivo y nombrar a Erasmo Perales Guzmán como depositario de los bienes embargados, ubicados en la zona Sud EsteUV. 101, MZA12, lotes 40 y 41, sup. 780 mts, matrícula 7011050017206. 

Seguidamente, el 09 de julio de 2018 la Administración Tributaria emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05777/2018 dirigida al Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, solicitando se proceda al registro de inscripción de la hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia de las acciones y derechos del bien inmueble con matrícula computarizada 7011050017206 registrado a nombre del contribuyente Erasmo Perales Guzmán, en favor de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, debido a que los PIET’s 703300078515 y 33000180216 (974/2016), se encuentran en etapa de cobro coactivo. Consecuentemente, en la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05812/2018 también dirigida al Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, solicitando se proceda a la inscripción del embargo N° 5476 en los registros públicos a favor de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, sobre el bien inmueble con matrícula computarizada 7011050017206 registrado a nombre del contribuyente Erasmo Perales Guzmán. 

Ulteriormente, el 03 de agosto de 2018 la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Acta de Audiencia de selección de perito valuador de 02 de agosto de 2018, determinándose la adjudicación en favor de María del Carmen Veizaga Fagalde. Consiguientemente, el 03 de septiembre de 2018 la perito María del Carmen Veizaga Fagalde presentó carta s/n ante la Administración Tributaria haciendo entrega del avalúo del inmueble, mediante Informe N° 075/2018 de 03 de septiembre de 2018, y factura N° 117 para el pago de sus servicios. Subsiguientemente, el 04 de septiembre de 2018 la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Informe de Avalúo Pericial 075/2018 de 03 de septiembre de 2018. 

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Continuando con la compulsa de antecedentes, se observó que el 24 de octubre de 2018 la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo N° 391870000065 que resolvió aprobar el Informe de Avalúo Pericial N° 075/2018 de 03 de septiembre de 2018, del inmueble con matrícula 7011050017206 de propiedad del contribuyente Erasmo Perales Guzmán, por un valor comercial de $us. 127.711,05 equivalente a Bs888.868,91, precio base para la disposición de bienes. Asimismo, se constató que el 26 de noviembre de 2018 la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto Administrativo N° 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública (CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/AUTA/00043/2018) de 19 de octubre de 2018, que dispuso el inicio de la adjudicación directa previa al remate en subasta pública sobre el 100% del precio base establecido en el informe de avalúo pericial respecto al bien inmueble de propiedad del contribuyente Erasmo Perales Guzmán; asimismo, dispuso se realice la invitación a potenciales interesados. 

Seguidamente, el 10 de diciembre de 2018 María Esther Vásquez Menacho, en su calidad de esposa del recurrente, presentó memorial ante la Administración Tributaria, solicitando se deje sin efecto el Auto Administrativo N° 251870001962, a objeto de poder ejercer su derecho a la igualdad de oportunidad establecido en el art. 119 de la CPE, al no haber sido incluida en la Resolución, estando afectado su derecho como copropietaria del bien común y ganancial; adjuntó folio real de la matrícula computarizada 7.01.1.05.0017206, formulario serie B-OJ-DR-FDR-2017, fotocopias del Auto Administrativo N° 251870001962, certificado de matrimonio N° 017483 y fotocopia de cédula de identidad. 

A posteriori, el 28 de junio de 2019 la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Auto Administrativo N° 39197000052 Primera Audiencia de Remate en Subasta Pública (CITE: SIN/GDSCZ s

l/DJCC/CC/AUTA/00014/2019) de 24 de junio de 2019, que resolvió disponer la primera audiencia de remate en subasta pública sobre el 100% del precio base establecido en el informe de avalúo pericial, por Bs888.868,91, respecto al bien inmueble de propiedad de Erasmo Perales Guzmán, con número de matrícula 7011050017206; y señaló la primera audiencia de remate para el día 17 de julio de 2019 a hrs. 11:00 A.M, conforme establecen los arts. 47 inc. f) de la RND 101800000019 y 419 del Código Procesal Civil. 

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Asimismo, el 17 de julio de 2019 se emitió Acta de Primera Audiencia de Remate, en la que indicó que, al no existir postores, se declaró desierta la Audiencia de Remate, correspondiendo proseguirse con los trámites pertinentes a efecto de dar cumplimiento a la RND 101800000019, debiendo emitirse el Auto Administrativo para la Segunda Audiencia de Remate en Subasta Pública, de acuerdo al art. 56 de la RND antes mencionada. En mérito a lo precedente, el 24 de julio de 2019 la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/UCC/INF/469/2019, que concluyó que al no haber existido postores hasta el momento de instalada la audiencia en el día y hora señalado para el remate en subasta pública, esta fue declarada desierta de acuerdo al Acta de Audiencia de Remate en Subasta Pública de 17 de julio de 2019, por lo que corresponde proseguir con los trámites correspondientes, debiendo señalarse día y hora de segunda audiencia de remate mediante Auto Administrativo, conforme establece la RND 101800000019. 

También se verificó que, el 21 de agosto de 2019 la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la esposa del recurrente con el Auto Administrativo 391970000073 Segunda Audiencia de Remate en Subasta Pública (CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/AUTA/9/2019) de 24 de julio de 2019 que resolvió disponer la segunda audiencia de remate en subasta pública, respecto al bien inmueble de propiedad de Erasmo Perales Guzmán, con número de matrícula N° 7011050017206, con la rebaja del 15% sobre el precio base inicial del bien inmueble, estableciendo un precio de Bs755.537,80; y señaló la segunda audiencia de remate para el día 03 de septiembre de 2019 a hrs. 10:00 A.M, conforme establecen los arts. 47 inc. f) de la RND 101800000019 y 419 del Código Procesal Civil. 

A su vez, el 03 de septiembre de 2019, el recurrente presentó memorial ante la Administración Tributaria, solicitando se deje sin efecto el señalamiento de segunda audiencia de subasta y remate señalado para el 03 de septiembre de 2019, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el mandamiento y acta embargo, documentos donde se establece erróneamente que el inmueble sujeto a subasta es 100% de su propiedad; toda vez que no se consideraron los documentos adjuntos mediante memorial de 10 de diciembre de 2018, que establecen que María Esther Vásquez Menacho es copropietaria, afectando su derecho; adjuntó fotocopia del memorial presentado el 10 de diciembre de 2018. En la misma fecha, se emitió Acta 29 de 37 

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de Segunda Audiencia de Remate, en la que indicó que, al no existir postores, se declaró desierta la Audiencia de Remate, correspondiendo proseguirse con los trámites pertinentes a efecto de dar cumplimiento a la RND 101800000019, debiendo emitirse el Auto Administrativo para la Tercera Audiencia de Remate en Subasta Pública, de acuerdo al art. 56 de la RND antes mencionada. 

Finalmente, el 21 de noviembre de 2019 la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, que resolvió Primero: Declarar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Administrativo N° 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública, de fecha 19 de noviembre de 2018, en virtud al art. 55 de la Ley 2341 (LPA) y en obediencia a la CPE, en su art. 56 parágrafo I que consagra el derecho a la propiedad. Segundo: Rechazar la solicitud de nulidad de Mandamiento de Embargo y Acta de Embargo, mismas que fueron inscritas en las oficinas de Derechos Reales en virtud del art. 1473 del Código Civil (Ce), de manera eficaz y preservando el derecho y acciones que le corresponden al contribuyente. Tercero: Rechazar la solicitud de nulidad del Acta de Selección del Perito Valuador, al haberse dispuesto de conformidad al art. 14 de la RND 101800000019 de 13 de agosto de 2018, habiéndose practicado las diligencias y notificaciones en apego al art. 84 de la Ley 2492 (LPA). 

Ahora bien, respecto a lo argumentado por el recurrente de que, a pesar de haber demostrado, mediante las pruebas presentadas y el análisis de antecedentes, la nulidad de los actos administrativos como ser el Acta de Embargo 5476, Mandamiento de Embargo 5476, Acta de Audiencia de selección de perito, inscripción en DDRR, avalúos periciales, Autos Administrativos 2518770001962 y 391970000073, mediante los cuales se dispuso el señalamiento de la Primera y Segunda Audiencia de Subasta y Remate, por no señalar a la totalidad de los propietarios del inmueble con matrícula computarizada 7011050017206 sujeto a subasta y remate, siendo que sólo le corresponde el 50%, la Administración Tributaria en vulneración de sus derechos constitucionales y sin argumento legal decidió anular sólo una parte de los actuados administrativos, sin considerar que al haber anulado parcialmente su procedimiento, no subsanó las observaciones y vicios expuestos, ocasionando dilaciones innecesarias y vulneración a derechos constitucionales como a la defensa y el debido proceso, en su elemento esencial de seguridad jurídica; que 30 de 37

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se procedió a efectuar la anotación preventiva e hipoteca judicial por el 100% del inmueble, siendo lo correcto tomar las medidas coactivas sólo por la parte que le corresponde, empero, se dispuso que el perito seleccionado efectúe un avalúo del 100% del inmueble, lógicamente estableciendo un valor por el 100%, sin analizar que el inmueble no es totalmente de su propiedad, pues también le pertenece a María Esther Vásquez Menacho, tal como se demostró por las certificaciones otorgadas por DDRR y que fueron puestas a conocimiento de la Administración Tributaria por parte de la copropietaria, mediante memorial de 10 de diciembre de 2018, pero que supuestamente no merecieron atención ni pronunciamiento alguno; en ese contexto, a fin de dilucidar lo agraviado en el recurso de alzada, se procederá al análisis del contenido del acto administrativo impugnado. 

En primera instancia, se observó que la Resolución Administrativa 231970003646 de 27 de septiembre de 2019, en su Considerando I, efectuó una relación de los antecedentes administrativos; seguidamente, en el Considerando II citó la normativa aplicable, y en el Considerando III realizó el análisis de los memoriales presentados el 10 de diciembre de 2018 por María Esther Vásquez Menacho y el 03 de septiembre de 2019 por el recurrente, concluyendo “Que, el error de la Administración Tributaria acaece en el AUTO ADMINISTRATIVO 251870001962 DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PREVIA AL REMATE EN SUBASTA PÚBLICA de fecha 19 de noviembre de 2018, que dispone el Inicio de Adjudicación Directa Previa al Remate sobre el cien por ciento (100%) del precio base establecido en el avalúo pericial, pues vulnera el derecho de propiedad inscrito de la cónyuge (…) Que, respecto del AUTO ADMINISTRATIVO N° 391970000073 DE SEGUNDA AUDIENCIA DE REMATE EN SUBASTA PÚBLICA, de fecha 24 de julio de 2019, que dispone el remate del cien por ciento (100%) del bien inmueble de propiedad del contribuyente, con una reducción del quince por ciento (15%) sobre el precio base inicial del mismo (del valor comercial), en tal sentido, se evidencia, que la Administración Tributaria incurre en error, al disponer en el mencionado auto sobre el total del bien inmueble, transgrediendo nuevamente el Derecho a la Propiedad consagrado en la Constitución Política del Estado en su art. 56, toda vez que la afectación patrimonial al sujeto pasivo debe recaer en él mismo, en virtud a sus derechos y acciones.” 

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Por otro lado, en relación al Mandamiento de Embargo N° 5476, Acta de Embargo 5476, Acta de Selección de Perito Valuador de 02 de agosto de 2018 y registro en Derechos Reales, la Administración Tributaria señaló: “(…) cabe precisar que el Mandamiento de Embargo y el Acta de Embargo por el cual el contribuyente invoca nulidad, fue realizado de forma legal, toda vez que el mismo para ser considerado válido, debe contener los datos posibles y necesarios que demuestren haberse cumplido con dicho mandato, al haberse trasladado hasta el predio, habiendo localizado el mismo, y en consecuencia a levantar el Acta de embargo circunstanciada, dejan constancia del hecho suscitado, siendo practicado por la administración tributaria en apego al artículo 110 de la Ley 2492. 

Que, para garantizar y asegurar el pago de la deuda tributaria, mediante CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/NOT/05812 de fecha 09/07/2018, según consta en Asiento N° 4 del folio real del inmueble, se evidencia que el Embargo ha sido inscrito en las oficinas de Derechos Reales, empero, sobre las Acciones y Derechos que le Corresponden al Contribuyente, en virtud del art. 1473 del Código Civil (…) De esta forma, se colige que desde su inscripción, el mismo adquirió carácter público y es oponible a terceros interesados, afectando únicamente el porcentaje de acciones y derechos que conciernen al contribuyente. (…) Que, respecto a la solicitud de nulidad del Acta de Selección de Perito Valuador de fecha 2 de agosto de 2018, se tiene que la misma fue practicada legalmente, habiendo sido notificada de forma personal al contribuyente, en fecha 3 de agosto de 2018, de conformidad al art. 14 (Elección del perito valuador) de la RND Resolución Normativa de Directorio N° 101800000019 de 13 de agosto de 2018 (…) De ello infiere, que la Administración Tributaria ha cumplido con el procedimiento legal establecido según reglamento para las medidas previas al remate y subastas públicasy su legal notificación.”; 

Por lo que, se colige que la Administración Tributaria consideró en su análisis los argumentos de los memoriales presentados el 10 de diciembre de 2018 por María Esther Vásquez Menacho y el 03 de septiembre de 2019 por el recurrente, y si bien no efectuó un pronunciamiento expreso respecto a la documentación adjunta al memorial de 10 de diciembre de 2018 (fs. 183-184 de antecedentes c. I), consistente en folio real de la matrícula computarizada 7.01.1.05.0017206, formulario serie B-OJ DR-FDR-2017, fotocopias del Auto Administrativo 251870001962, certificado de matrimonio 017483 y fotocopia de cédula de identidad, empero, reconoció el error 32 de 37

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en el cual incurrió al vulnerar el derecho propietario de la esposa del recurrente, motivo por el cual en su parte resolutiva Primera, declaró la nulidad de obrados hasta el Auto Administrativo 251870001962 de Adjudicación Directa Previa al Remate en Subasta Pública de 19 de noviembre de 2018, no siendo evidente lo agraviado por el recurrente de que la entidad recurrida no analizó que el inmueble no es totalmente de su propiedad y que no consideró el memorial presentado el 10 de diciembre de 2018 por María Esther Vásquez Menacho. 

Asimismo, de la revisión a los fundamentos de la Administración Tributaria se observó que sustentó legalmente su decisión de mantener firmes el Mandamiento de Embargo N° 5476, Acta de Embargo N° 5476, Acta de Selección de Perito Valuador de 02 de agosto de 2018 y registro en Derechos Reales, amparándose en que estos actuados fueron efectuados en cumplimiento a los arts. 110 de la Ley 2492 (CTB), 1473 del Código Civil y 14 de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000019 de 13 de agosto de 2018, no siendo evidente lo argüido por el recurrente de que sin argumento legal se decidió anular sólo una parte de los actuados administrativos, sin considerar que al haber anulado parcialmente su procedimiento, no subsanó las observaciones y vicios expuestos; siendo pertinente aclarar de que el hecho de que el acto impugnado no favorezca totalmente las pretensiones del recurrente no implica que carezca de fundamentación legal. 

En este contexto, sobre los argumentos del recurrente de que corresponde la nulidad de los actos administrativos como ser el Acta de Embargo, Mandamiento de Embargo 5476, Acta de Audiencia de selección de perito, inscripción en DDRR, avalúos periciales, Autos Administrativos N° 2518770001962 y N° 391970000073, por no señalar a la totalidad de los propietarios del inmueble con matrícula computarizada 7011050017206 sujeto a subasta y remate, siendo que sólo le corresponde el 50%, y que se procedió a efectuar la anotación preventiva e hipoteca judicial por el 100% del inmueble, siendo lo correcto tomar las medidas coactivas sólo por la parte que le corresponde, empero, se dispuso que el perito seleccionado efectúe un avalúo del 100% del inmueble, estableciendo un valor por el 100%; se efectuará la revisión de estos actuados administrativos a objeto de verificar lo agraviado. 

Verificados los antecedentes administrativos, se observó que el 13 de diciembre de 2017 y el 09 de julio de 2018 la Administración Tributaria mediante las notas CITE: 33 de 37 

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SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/10482/2017 (fs. 16 de antecedentes c. I) y CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05777/2018 (fs. 29-30 de antecedentes c. I) dirigidas al Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, solicitó se proceda a la inscripción de la hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia sobre las acciones y derechos del bien inmueble (7011050017206) registrado a nombre de Erasmo Perales Guzmán, en favor de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, toda vez que los PIET’s 6557/2017, 831/2017, 305/2016, 703300481716, 703300078515 y 33000180216 (974/2016), se encuentran en etapa de ejecución de medidas coactivas. Además, el 09 de julio de 2018 la Administración Tributaria mediante la nota CITE: SIN/GDSCZ l/DJCC/CC/NOT/05812/2018 (fs. 41 de antecedentes c. I) también dirigida al Registrador de Derechos Reales del Tribunal Departamental de Santa Cruz, solicitó se proceda a la inscripción del embargo 5476, librado el 28 de junio de 2018, sobre las acciones y derechos que le corresponden al contribuyente, en los registros públicos a favor de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, sobre el bien inmueble con matrícula computarizada 7011050017206. Conjuntamente, se verificó el Folio Real del inmueble con matrícula 7.01.1.05.0017206, emitido el 10 de diciembre de 2018 (fs. 188-189 de antecedentes c. I) y presentado adjunto al memorial de 10 de diciembre de 2018 por María Esther Vásquez Menacho, constatándose que; en la casilla B) Gravámenes y Restricciones en el Asiento N° 2 se registró la Hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia sobre las acciones y derechos que le corresponden a Erasmo Perales Guzmán; en el Asiento 3 se registró la inscripción de la Hipoteca legal, prohibición de innovar y de transferencia; y en el Asiento 4, como anotación preventiva de medidas precautorias se inscribió el Mandamiento de Embargo 5476 de 28 de junio de 2018, sobre el porcentaje (%) de Erasmo Perales Guzmán, estos en favor de laAdministración Tributaria, siendo evidente que el registro de las hipotecas y el Mandamiento de Embargo 5476 ante Derechos Reales se realizó solamente afectando a los derechos que le corresponden al recurrente sobre el bien inmueble con matrícula 7.01.1.05.0017206. 

Porotra parte, se observó que el Mandamiento de Embargo y el Acta de Embargo 5476 de 28 de junio de 2018, identificó a los PIET’s 0657/2017, 00831/2017, 000305/2016 y 703300481716, por los cuales se realiza la ejecución tributaria, en el proceso seguido contra Erasmo Perales Guzmán, señalando que en aplicación del art. 110 de la Ley 2492 (CTB) se efectuaría el embargo de los bienes propios del 34 de 37

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sujeto pasivo, identificando nuevamente al recurrente; de la misma forma, la citada Acta de Embargo, establece que en cumplimiento al Mandamiento de Embargo, se procedió al embargo de los bienes del sujeto pasivo, consistentes en los lotes 40 y 41 con una superficie de 780 mts, matrícula 7011050017206, ubicados en la Zona Sud Este, UV 101, MZA 12; observándose que estos actuados administrativos solamente informan al recurrente de que se realizaría el embargo del bien inmueble registrado con la matrícula 7011050017206 por las deudas tributarias en etapa de ejecución. 

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se advirtió que el 02 de agosto de 2018, se llevó a cabo el Acta de Audiencia de Selección de Perito Valuador, determinándose la adjudicación en favor de María del Carmen Veizaga Fagalde; acta con la cual el sujeto pasivo fue notificado personalmente el 03 de agosto de 2018 (fs. 62-63 de antecedentes administrativos), sin embargo, el recurrente dentro del plazo de 3 días otorgados por el art. 15 parágrafo II de la RND 10-0008-14 de 21 de marzo de 2014, normativa vigente en ésa fecha, no presentó excusa o recusación del perito valuador, o alguna disconformidad con el proceso de selección. Consiguientemente, el 04 de septiembre de 2018 la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con el Informe de Avalúo Pericial N° 075/2018 (fs. 77-90 y 99 de antecedentes c. I), empero, al igual que en el caso del Acta de Audiencia de Selección de Perito Valuador, el recurrente contaba con el plazo de 5 días para presentar su solicitud de enmienda, complementación o aclaraciones al Informe de Avalúo Pericial, esto conforme al art. 20 parágrafo II de la RND 101800000019 de 13 de agosto de 2018, sin embargo tampoco lo hizo, dejando de ejercer en ambos momentos su derecho a la recusación y a la complementación por un acto de su propia voluntad, y siendo que el parágrafo III del referido art. 20, señala que de no existir observaciones al informe de avalúo pericial dentro del plazo establecido, éste se tendrá por aceptado, por lo que no podría constituirse en una vulneración de sus derechos constitucionales por parte de la Administración Tributaria; asimismo, el art. 18 de la RND 101800000019 en su num. 1. Bienes Inmuebles, establece específicamente que el Informe de Avalúo Pericial deberá contener mínimamente: d) Superficie y valor del terreno; e) Valor de la construcción del inmueble y el valor pericial final; por lo que, se entiende que el informe debe proyectarse sobre la totalidad del bien inmueble sujeto a avalúo, y al haberse efectuado de esta forma el Informe de Avalúo Pericial 075/2018, dio cumplimiento 35 de 37 

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a la normativa prevista para este fin. Respecto a los Autos Administrativos N° 2518770001962 y N° 391970000073, de los cuales el recurrente también solicitó la nulidad por no señalar a todos los propietarios del inmueble, se aclara que estos actos administrativos fueron anulados por el Resuelve Primero de la Resolución Administrativa N° 231970003646 impugnada, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento. 

En suma, al no haberse evidenciado ninguno de los aspectos agraviados por el recurrente que vulneren sus derechos constitucionales al debido proceso o el derecho a la defensa, en su vertiente a la seguridad jurídica, menos errores en el procedimiento, no es pertinente analizar la aplicación del Auto Constitucional N° 322/99-R de 12 de noviembre de 1999 y las Sentencias Constitucionales 103/01-R de 08 de febrero de 2001, 504/01-R de 29 de mayo de 2001, 845/2007-R de 12 de diciembre de 2007 y N° 533/2007-R de 28 de junio de 2007, citados por el recurrente sobre la posibilidad de anulación de la calidad de cosa juzgada, cuando la ejecutoria surge de un hecho ilegal que conculca un derecho fundamental o garantía constitucional; por lo que, corresponde desestimar lo argumentado por el recurrente en todos sus puntos y confirmar la Resolución Administrativa N° 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa 231970003646, de 27 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los fundamentos técnico-jurídicos que anteceden, de conformidad al art. 212 parágrafo Iinc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Abog.DoltyKannaSalazarPe 

Directora Ejecutiva Regional a.i. 

Autoridad Regional de 

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DKSP/ccav/acq/cmmf/nvro/apib 

ARIT-SCZ/RA 0238/2020 

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