ARIT-SCZ-RA-0198-2020 Fecha de emisión del acto administrativo no surte efectos al igual que la notificación

ARIT-SCZ-RA-0198-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0198/2020 

Recurrente 

: Frida Arze Gonzales. 

Administración Recurrida 

: Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Gonzalo Antonio Campero Ampuero. 

Acto Impugnado 

Resolución Administrativa No 231976001322, de 4 de diciembre de 

Expediente N° 

: ARIT-SCZ-1002/2019. 

Lugar y Fech

: Santa Cruz, 17 de marzo de 2020 

VISTOS

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0198/2020 de 17 de marzo de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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La Gerencia Distrital Santa Cruz || del SIN, emitió la Resolución Administrativa No 231976001322, de 4 de diciembre de 2019, mediante la cual resolvió: Primero: Rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en el 

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Sistema de Gestión 

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Pliego de Cargo Nro. 957/2000, presentada por la contribuyente Arze Gonzales Frida con RUC 7986041, al evidenciarse que no ha transcurrido el plazo necesario para su aplicación, puesto que se procedió a aplicar las correspondientes medidas coactivas en ejecución tributaria, encontrándose vigente el plazo que la Ley otorga para que se exija el pago de la obligación tributaria Segundo: Continuar con los procesos de 

ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios. 

  1. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

Frida Arze Gonzales, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 2019 (fs. 20-24 del expediente), se apersonó ante esta Autorida

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N° 231976001322, de 4 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz || del SIN, manifestando lo 

siguiente: 

II.1.1. Nulidad de Notificaciones con la Intimación y el Pliego de Cargo. 

La recurrente adujo la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, reconocidos por el art. 115-11 de la CPE, ya que recién a través del sistema bancario tomó conocimiento que la Administración Tributaria había solicitado la retención de fondos, por lo cual solicitó la revisión de la cronologia sobre las acciones que eran desconocidas para ella, es así que observó que se inició un cobro indebido con la emisión del Pliego de Cargo N° 957/2000 de 25 de julio de 2000, notificado con origen en la Intimación por “pago en defecto Form. 332″, respecto a la notificación con la intimación AR N° 425161-387-3 de 5 de agosto de 1998, origen de Pliego de Cargo, se evidenció que cursa una constancia de notificación que habría sido practicada por la oficina de Correos de Bolivia, el 25 de agosto de 1998, en dicha diligencia se evidencia una falsedad material de su firma, protestando de ser necesario iniciar las pericias que sean necesarias, por lo cual la falta de notificación idónea con la intimación le impidió en su momento presentar descargos que hagan su derecho, vulnerando lo dispuesto por los arts. 159 y siguientes de la Ley 1340 (CTb), ya que claramente este tipo de intimaciones denominadas por “Pago en Defecto”, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

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eran causadas por varios aspectos como ajuste de información aritmética, arrastre o uso indebido del saldo por mayor valor, disminución del saldo a favor del Fisco u otros que después de más de veinte años es imposible poder identificar su origen. 

Agregó que para la notificación del Pliego de Cargo N° 957/2000, se evidencia una representación de 27 de julio de 2000, firmada por Diego M. Patiño Gonzales, sin ningún tipo de formalidad y con aseveraciones falsas pues según se evidencia de la información proporcionada por el Sistema Padrón de Contribuyentes que fue impreso el 31 de julio de 2000, vale decir de forma posterior a la supuesta diligencia, aseguró que su domicilio comercial se encontraba ubicado en la Av. Cristóbal de Mendoza UV 2 Mza. 25 Zona del Segundo Anillo, donde permaneció con el negocio hasta el 11 de mayo de 2001 y como señala el Padrón luego se trasladó a la Av. Cristóbal de Mendoza N° 800, sin que se procure ningún otro tipo de notificación. 

II.1.2. Prescripción de las facultades de cobro de la deuda tributaria. 

La recurrente mencionó que conforme a los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos prescribe a los cinco años; y en este caso al tratarse del IUE de la gestión 1997, el cómputo inició el 1 de enero de 1999 y el tiempo de prescripción acaeció incuestionablemente el 31 de diciembre de 2003, sin haberse producido ninguna causal de suspensión ni interrupción del cómputo, aclaró que las medidas coercitivas tendientes a la recuperación de adeudos en mora, adoptadas por la Administración Tributaria, fueron ilegales y vulneraron su garantía a la seguridad jurídica ya que fueron realizadas en la gestión 2000; es decir, antes de la notificación con el Pliego de Cargo que se efectuó por Edicto el 16, 22 y 28 de mayo de 2004; vale decir seis años después de producido el hecho generador, cuando la facultad de cobro de la Administración Tributaria se encontraba prescrita conforme las previsiones de la Ley 1340 (CTb), motivo por el que no se constituyen en interrupciones y no corresponde la aplicación supletoria de otras normas. 

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Expresó que la ejecución tributaria también se encuentra superabundantemente vencida, toda vez que si se considera la notificación con el Pliego de Cargo, el plazo de cinco años para cobrar, conforme el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) se computó desde el 1 de junio de 2005 y concluyó el 30 de diciembre de 2010, fecha en la que la 

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III II 

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facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda prescribió; al respecto, citó las Sentencias Constitucionales 1606-2002R y 9922005-R en respaldo de su posición. 

Por lo expuesto, solicitó la nulidad de la Resolución Administrativa N° 231976001322, de 4 de diciembre de 2019, hasta el vicio más antiguo. 

11.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de Admisión de 6 de enero de 2020 (fs. 25 del expediente) se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Administrativa N° 231976001322, de 4 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 28 de enero de 2020 (fs. 36-39 vta. del expediente) contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negando totalmente los fundamentos de la impugnación y manifestando lo siguiente

II.3.1. Sobre la nulidad de Notificaciones con la Intimación y el Pliego de Cargo. 

La Administración Tributaria afirmó que conforme el art. 159 y 160 de la Ley 1340 (CTb), se encontraba facultada para expedir mediante sistemas de computación las intimaciones de pago y que podían ser notificadas por correo postal u otro medio escrito, resaltando que el aviso de retorno serviría de suficiente prueba de notificación, por lo que la Ley facultaba que terceros efectúen la notificación, quienes son responsables de sus actuaciones, las cuales son puestas a conocimiento de la Administración Tributaria, conforme consta por el Aviso de Recibo emitido por Correos de Bolivia de 25 de agosto de 1998, cursante a fs. 43 de antecedentes, evidenciándose la correcta notificación a la recurrente con el Auto Intimatorio A.R. No 4251613873 por concepto de impuesto omitido IUE del periodo fiscal 97/2012 Form. 50 por un importe de Bs. 128.273.; agregó que, con relación a la supuesta falsedad material de la firma de la recurrente, constituye en un delito tipificado en el Código 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

Penal, por lo cual no es competencia de esta Autoridad de Impugnación Tributaria, debiendo la recurrente acudir a la via legal correspondiente. 

Añadió que, con relación a la notificación con el Pliego de Cargo, al no haber sido posible la notificación personal, conforme consta en las representaciones circunstanciadas cursante a fs. 3 y 10 de antecedentes, se realizaron notificaciones por Edictos de prensa el 16, 22 y 28 de mayo de 2004, conforme prevé el inc. d) del art. 159 de la Ley 1340 (CTb), por lo cual se cumplió a cabalidad con el procedimiento previsto para la legal notificación a la recurrente, no existiendo nulidad alguna como se pretende, siendo la representación circunstanciada del funcionario actuante realizada el 27 de julio de 2000, se presume legitima salvo expresa declaración judicial, conforme lo establece el art. 65 de la Ley 2492 (CTB). 

II.3.2. Sobre la prescripción de las facultades de cobro de la deuda tributaria. 

La Administración Tributaria expresó que debido a que la controversia es la prescripción e interrupción de la misma, corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTb), en observación a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB); así como los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, en mérito a los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), posición concordante con el precedente administrativo contenido en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0202/2014 de 14 de febrero de 2014, al existir un vacío legal en la Ley 1340 (Ctb) respecto a la fase de ejecución tributaria, tal como señala la Sentencia Constitucional 1606/2002-R; y como el presente caso se encuentra en fase de cobro de Pliego de Cargo N° 957/2000, corresponde el análisis únicamente la prescripción de la ejecución tributaria, la misma que opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante los cinco años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (Ctb); es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho, por negligencia, descuido o desinterés de acuerdo a lo establecido en los arts. 1492 y 

1493 del Código Civil. 

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Añadió que el Pliego de Cargo N° 957/2000, se notificó por edicto el 28 de mayo de 2004, constituyéndose en mora, conforme lo establecido en los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (Ctb), por lo cual a efectos de realizar el cómputo de la prescripción, de acuerdo al art. 1494 del Código Civil, se cuenta por días enteros, cumpliéndose al expirar el último instante del día final, el término de la prescripción de cinco años para 

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II

ejercer el cobro del citado Pliego de Cargo fue interrumpido inicialmente el 17 de junio de 2004, mediante notas dirigidas a la entonces Superintendencia de Bancos, solicitando retención de fondos de la recurrente, a COTAS, Derechos Reales, Secretaría de Recaudaciones del GMSCZ y Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); así como las búsquedas en el módulo web de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura, por lo que estas actuaciones tendientes al cobro de la deuda tributaria, fueron efectuadas en el transcurso de las gestiones 2004 a 2019, lo que evidencia que la Administración Tributaria nunca dejó de ejercer su derecho al cobro, situación que impidió que tuviera lugar la prescripción, conforme al Código Civil. 

Por lo expuesto, solicitó se emita Resolución confirmando totalmente la Resolución Administrativa N° 231976001322, de 4 de diciembre de 2019. 

11.4. Apertura de Término probatorio. 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 29 de enero de 2020, se dispuso la 

apertura 

del 

plazo 

probato rio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practi, tanto a la recurrente, como a la entidad 

a la entidad 

recurrida el 29 de enero de 2020, tal como cursa en diligencias (fs. 40-41 del expediente) 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de febrero de 2020, la recurrente mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2020 (fs. 45-45 vta. del expediente), ofreció y ratificó como prueba los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria. 

Por su parte, la Administración Tributaria, dentro del referido plazo probatorio, no presentó ni ratificó las pruebas presentadas a momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 9 de marzo de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial 

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ILITI 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

presentado el 2 de marzo de 2020 (fs.49-51 vta. del expediente),formuló sus alegatos en conclusión en los mismos términos de la contestación al Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales. 

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

III.1 

El 5 de agosto de 1998, la Administración Tributaria emitió la Intimación N° 425161-387-3, Form. 332, contra la recurrente exponiendo que de la revisión de los cálculos de su Declaración Jurada Form. 50 del IUE correspondiente al periodo fiscal 97/12, presentada el 20 de marzo de 1998, se habían detectado diferencias que dieron origen a una reliquidación, estableciéndose un saldo definitivo a favor del Fisco de Bs128.273,00 (Ciento veintiocho mil doscientos setenta y tres 00/100 Bolivianos), importe que incluía mantenimiento de valor, intereses y multa por mora sobre intereses, así como la multa por incumplimiento de deberes formales, finalmente informó que el mencionado monto debía ser pagado con la boleta de pago adherida a este formulario dentro de los cinco días de recibida la intimación, bajo apercibimiento de que su incumplimiento daría lugar al cobro por la vía de la acción coactiva (fs. 1 de antecedentes). 

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El 25 de julio de 2000, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 957/2000 librado contra la recurrente, de acuerdo al A.R. N° 425161-387-3 por concepto de impuesto omitido al UE del periodo fiscal 97/12, debiéndose notificar a efectos de que al tercer día se pague la suma de Bs 128.273,00 (Ciento veintiocho mil doscientos setenta y tres 00/100 Bolivianos) (2-2 vta. de antecedentes). 

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AFNOR CERTIFICATION 

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III.3 

El 21 de agosto de 2000, la Administración Tributaria mediante nota DDSCIOCC/Nro. 506/00, dirigida al Director Departamental de Migración, 

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II

III 

solicitó disponer arraigo contra la recurrente en razón al Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000 (fs. 6 de antecedentes). 

III.4 

El 25 de agosto de 2000, la Administración Tributaria mediante nota DRGT/OCC/Nro. 542/00, dirigida al Superintendente Departamental de Bancos, solicitó la retención de fondos en los bancos del departamento que 

tuviera la recurrente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000. (fs. 5 de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante nota DDSCIOCC/Nro. 571/00, dirigida al Gerente General de la Cooperativa de Teléfonos COTAS, solicitó la anotación preventiva sobre la línea telefónica que pueda tener la recurrente, en favor de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Impuestos Internos, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000 (fs. 7 de antecedentes). 

111.

El 16, 22 y 28 de mayo de 2004, la Administración Tributaria notificó por Edicto a la recurrente con el “Pliego de Cargo N° 957”, con el cual citó, llamó 

y emplazó a la cancelación del adeudo tributario (fs. 15-17 de antecedentes). 

III.

El 25 de junio de 2004, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 355/2.004 de 17 de junio de 2004, dirigida a la Superintendencia de Bancos, solicitó la retención de fondos en las entidades financieras de la República que tuviera la recurrente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000; asimismo, solicitó la circularización de dicha disposición (fs. 18 de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 359/2.004 de 17 de junio de 2004, dirigida al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información y certificación sobre los vehículos registrados a nombre de la recurrente con el objeto de proceder a la anotación preventiva correspondiente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000 (fs. 19 de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/No 363/2.004 de 17 de junio de 2004, dirigida al Gerente 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

General de COTAS, solicitó la anotación preventiva sobre las líneas telefónicas a nombre de la recurrente, en favor del Servicio de Impuestos Nacionales – Distrital Santa Cruz, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000, la misma que fue respondida, señalando que no se registraban líneas telefónicas a nombre de la recurrente (fs. 20 y 22-23 de antecedentes). 

111.7 

El 28 de junio de 2004, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 367/2.004, dirigida al Juez Registrador de DDRR, solicitó información y certificación respecto a los bienes registrados a nombre de la recurrente (fs. 26 de antecedentes). 

III.8 

El 23 de agosto de 2004, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento 

de Embargo N° 00073, dentro de la acción coactiva iniciada con el Pliego de 

Cargo N° 957/2000 seguido contra la recurrente, ordenando se proceda a

embargo de los bienes propios de ésta (fs. 28 de antecedentes). 

111.9 

El 17 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 881/2.004 de 15 de noviembre, dirigida al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información y certificación sobre los vehículos registrados a nombre de la recurrente con el objeto de proceder a la anotación preventiva correspondiente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000, la misma que fue respondida indicando que no se tenía registrado ningún vehículo a nombre de la recurrente (fs. 29-30 de 

antecedentes). 

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III.10 El 10 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ-II/DJCC/UCC/NOT/3834/2015, dirigida a la Secretaría de Recaudación y Gestión Catastral del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información sobre los vehículos que se encuentren registrados a nombre de la recurrente, la misma que fue respondida señalando que la recurrente no registraba ningún vehículo a su nombre (fs. 66-74 y 75-77 de antecedentes). 

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III.11 El 20 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: 

SIN/GDSCZ-11/DJCC/UCC/NOT/04831/2019, dirigida a la Directora General Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en la cual se instruyó a las entidades de intermediación financiera a nivel nacional la retención de fondos en cuentas corrientes, cajas de ahorro ylo depósitos de 

la recurrente, hasta la cuantía suficiente para cubrir el importe de las deudas impagas, por lo que solicitó transmitir lo instruido a las entidades financieras, a efectos que ésta en el plazo de cinco días informen sobre las sumas retenidas (fs. 78 de antecedentes) 

111.12 El 11 de junio de 2019, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración 

Tributaria, copia simple del proceso N° 957/2000 a nombre suyo (fs. 86 de antecedentes). 

III.13 El 24 de junio de 2019, la recurrente mediante nota nuevamente solicitó copia 

simple de toda la carpeta con el proceso N° 957/2000 (fs. 88 de antecedentes). 

III.14 El 2 de julio de 2019, la recurrente mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria solicitó su desarraigo, manifestando que habiendo tomado conocimiento extraoficial que se habría dispuesto de su arraigo en la gestión 2000, dentro de un irregular proceso coactivo y que dicha medida coercitiva vulneraba su derecho a la libertad de circulación en todo el territorio nacional que incluye la salida e ingreso al país, según lo dispuesto por el art. 217 de la CPE, por lo cual sin que se constituya en reconocimiento absoluto de obligación alguna, solicitó se proceda a elevar oficio expreso ante oficinas de Migración a efecto del levantamiento inmediato del arraigo dispuesto (fs. 99 de antecedentes). 

III.15 El 8 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con el proveido No 241976000747, con el que respondió a la nota de 24 de junio de 2019, presentada por la recurrente, salando que sean franqueadas las fotocopias según lo solicitado (fs. 90 y 92 de antecedentes). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Proveido No 241976000713 de 17 de junio de 2019, con el que respondió a la nota de 11 de junio de 2019, presentada por la recurrente, señalando que sean 

franqueadas las fotocopias según lo solicitado (fs. 89 de antecedentes). 

111.16 El 17 de julio de 2019, la recurrente presentó memorial a la Administración 

Tributaria, solicitando la nulidad de notificación con la Intimación y el Pliego de Cargo, así como la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, bajo los mismos argumentos del presente Recurso de Alzada (fs. 127-130 de antecedentes

111.17 El 31 de julio de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ 11/DJCC/CC/NOT/8470/2019, solicitó a Migración el desarraigo de la recurrente conforme lo establecido en el art. 13 de la Ley 1602 y jurisprudencia sentada por la Sentencia Constitucional N° 823/01-R de 14 de agosto de 2001, no existiendo el arraigo como medida coactiva, obteniendo como respuesta la nota DIGEMIG/JNIA/UNA/181/2019 con la que se puso a conocimiento la cancelación de arraigo por parte de la Dirección General de Migración (fs. 101 de antecedentes). 

III.18 El 11 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la 

recurrente con la Resolución Administrativa N° 231976001322, de 4 de diciembre de 2019, mediante la cual resolvió: Primero: Rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en el Pliego de Cargo Nro. 957/2000, presentada por la contribuyente Arze Gonzales Frida con RUC 7986041, al evidenciarse que no ha transcurrido el plazo necesario para 

su aplicación, puesto que se procedió a aplicar las correspondientes medidas coactivas en ejecución tributaria, encontrándose vigente el plazo que la Ley otorga para que se exija el pago de la obligación tributaria Segundo: Continuar con los procesos de ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios. (fs. 132-136 de antecedentes). 

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  1. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO 

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La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada formuló sus agravios, los cuales versan sobre la nulidad de Notificaciones con la Intimación y el Pliego de Cargo y la prescripción de las facultades de cobro de la deuda tributaria

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IV.1. Cuestión previa. 

Con carácter previo, corresponde señalar que si bien la recurrente denunció, en su Recurso de Alzada, vicios de nulidad en las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria; sin embargo, también se advierte que invocó la prescripción; es decir, un análisis en el fondo; al respecto, es importante aclarar que 

en el marco de la previsión contenida en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB) y criterios 

establecidos por la máxima instancia administrativa, precautelando el derecho a la 

defensa para ambas partes, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se sustentará en los hechos, antecedentes, el derecho aplicable al caso y los precedentes administrativos, en el análisis de los puntos agraviados, considerando en primera instancia la procedencia o improcedencia de la prescripción solicitada y sólo en caso de no ser evidente la misma se ingresará al análisis de los otros aspectos planteados, pues no tendría sentido revisar primero los aspectos de forma, que pudieran originar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, de un proceso en el que posiblemente operó la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

IV.2. Respecto a la prescripción de las facultades de cobro de la deuda 

tributaria. 

La recurrente adujo que conforme los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos prescribe a los cinco años; y en este caso al tratarse del IUE de la gestión 1997, el cómputo inició el 1 de enero de 1999 y el tiempo de prescripción acaeció incuestionablemente el 31 de diciembre de 2003, sin haberse producido ninguna causal de suspensión ni interrupción del cómputo, aclaró que las medidas coercitivas tendientes a la recuperación de adeudos en mora, adoptadas por la Administración Tributaria, fueron ilegales y vulneraron su garantía a la seguridad jurídica ya que fueron realizadas en la gestión 2000; es decir, antes de la notificación con el Pliego de Cargo que se efectuó por Edicto el 16, 22 y 28 de mayo de 2004; vale decir seis años después de producido el hecho generador, cuando la facultad de cobro de la Administración Tributaria se encontraba prescrita conforme las previsiones de la Ley 1340 (CTb), motivo por el que no se constituyen en interrupciones y no corresponde la aplicación supletoria de otras normas. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Expresó que la ejecución tributaria también se encuentra superabundantemente vencida, toda vez que si se considera la notificación con el Pliego de Cargo, el plazo de cinco años para cobrar, conforme el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) se computo desde el 1 de junio de 2005 y concluyó el 30 de diciembre de 2010, fecha en la que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda prescribió; al respecto, citó las Sentencias Constitucionales 1606-2002-R y 992-2005-R en respaldo de su posición 

Por su parte, la Administración Tributaria expresó que debido a que la controversia es la prescripción e interrupción de la misma, corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTb), en observación a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB); así como los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, en mérito a los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), posición concordante con el precedente administrativo contenido en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0202/2014 de 14 de febrero de 2014, al existir un vacío legal en la Ley 1340 (Ctb) respecto a la fase de ejecución tributaria, tal como señala la Sentencia Constitucional 1606/2002-R; y como el presente caso se encuentra en fase de cobro de Pliego de Cargo N° 957/2000, corresponde el análisis únicamente la prescripción de la ejecución tributaria, la misma que opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante los cinco años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (Ctb); es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho, por negligencia, descuido o desinterés de acuerdo a lo establecido en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil. 

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Añadió que el Pliego de Cargo N° 957/2000, se notificó por edicto el 28 de mayo de 2004, constituyéndose en mora, conforme lo establecido en los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (Ctb), por lo cual a efectos de realizar el cómputo de la prescripción, de acuerdo al art. 1494 del Código Civil, se cuenta por días enteros, cumpliéndose al expirar el último instante del día final, el término de la prescripción de cinco años para ejercer el cobro del citado Pliego de Cargo fue interrumpido inicialmente el 17 de junio de 2004, mediante notas dirigidas a la entonces Superintendencia de Bancos, solicitando retención de fondos de la recurrente, a COTAS, Derechos Reales, Secretaría de Recaudaciones del GMSCZ y Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); acomo las búsquedas en el módulo web de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura, por lo que estas actuaciones tendientes al cobro de la deuda tributaria, fueron efectuadas en el transcurso de las gestiones 2004 a 2019, lo 

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que evidencia que la Administración Tributaria nunca dejó de ejercer su derecho al cobro, situación que impidió que tuviera lugar la prescripción, conforme al Código Civil. 

Para resolver la controversia planteada por las partes respecto a la prescripción, es imprescindible señalar que ésta es: “La consolidación de una situación jurídica por 

efecto del transcurso del tiempo, ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316); así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: “(...) la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia pues las razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones, pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240); por su parte, Héctor Villegas en cuanto a la suspensión del término de la prescripción señala que “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al transcurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 7a Edición. Buenos Aires – Argentina: Editorial Astrea, 2016. Pag. 299

Con el marco doctrinal anterior, se debe considerar que para este caso en particular, al tratarse del IUE del periodo 12/1997 en etapa de cobranza coactiva, es necesaria la aplicación de la Ley 1340 (CTb), conforme lo establece la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), la cual sala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el 

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hecho generador de la obligación; disposición declarada constitucional mediante la SSCC 0028/2005 de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional, con los efectos jurídicos previstos en el art. 44 de la ley 1836 (LTC); en este entendido, es pertinente considerar que en la Ley 1340 (CTb), el tema de la prescripción en etapa de determinación hasta la firmeza del acto se encontraba claramente contemplada en los arts. 52 a 57 y la etapa de cobranza coactiva, se encontraba regulada únicamente por el art. 52 de la mencionada Ley, que establecía el plazo de cinco años, entre otros, para exigir el pago de tributos, multas, intereses o recargos; por lo tanto, para la cobranza coactiva (hoy Ejecución Tributaria), existía un vacío legal en cuanto a la 

regulación de la prescripción. 

En efecto, la SSCC 1606/2002 R respecto a ese vacio legal estableció que: “(…) el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes” (resaltado propio). 

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Es así que la SSCC 99212005-R, de 19 de agosto de 2005, expresó que: “(…) el art. 307 del CTD, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 160612002-R, de 20 de diciembre, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código Civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (…) Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las 

autoridades tributarias.(resaltado propio). 

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De lo anterior, se colige que las Sentencias Constitucionales referidas anteriormente, definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb); lo cual es evidente, toda vez que en el art. 7 de la citada norma, se establece que en los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

les del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

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que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular; en este contexto, siendo evidente el vacío legal de la Ley 1340 (CTb), respecto a la forma de cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; corresponde la aplicación de las previsiones del Código Civil sobre prescripción, esto en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la propia Ley 1340 (CTb); en este sentido, el art. 1492 del Código Civil, determina que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece; por su parte, el art. 1493 del mismo cuerpo legal, sala que la prescripción se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo; de esta forma, se tiene que la prescripción de la ejecución tributaria bajo la Ley 1340 (CTb) opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante el término de cinco años, conforme lo previsto en el art. 52 de la citada Ley; es decir, que el Sujeto Activo hubiera dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme los arts. 1492 y 1493 del Código Civil. 

Dentro de este contexto legal, compulsados los antecedentes del caso, se observó que el 5 de agosto de 1998, la Administración Tributaria emitió la Intimación N° 425161-387-3, Form. 332, contra la recurrente exponiendo que de la revisión de los cálculos de su Declaración Jurada Form. 50 del IVE correspondiente al periodo fiscal 9712, presentada el 20 de marzo de 1998, se habían detectado diferencias que dieron origen a una reliquidación, estableciéndose un saldo definitivo a favor del Fisco de Bs. 128.273,00 (Ciento veintiocho mil doscientos setenta y tres 00/100 Bolivianos), importe que incluía mantenimiento de valor, intereses y multa por mora sobre intereses, así como la multa por incumplimiento de deberes formales, finalmente informó que el mencionado monto debía ser pagado con la boleta de pago 

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adherida a este formulario dentro de los cinco días de recibida la intimación, bajo 

apercibimiento de que su incumplimiento daría lugar al cobro por la via de la acción coactiva; posteriormente el 25 de julio de 2000, la Administración Tributaria emitió el Pliego de Cargo N° 957/2000 librado contra la recurrente, de acuerdo al A.R. No 425161-387-3 por concepto de impuesto omitido al IUE del periodo fiscal 97/12, debiéndose notificar a efectos de que al tercer día se pague la suma de Bs.128.273,00 (Ciento veintiocho mil doscientos setenta y tres 00/100 Bolivianos). 

De la misma compulsa de antecedentes, se comprobó que el 21 de agosto de 2000, la Administración Tributaria mediante nota DDSCIOCC/Nro. 506/00, dirigida al Director Departamental de Migración, solicitó disponer arraigo contra la recurrente en razón al Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000; del mismo modo el 25 de agosto de 2000, la Administración Tributaria mediante nota DRGTIOCC/Nro. 542/00, dirigida al Superintendente Departamental de Bancos, solicitó la retención de fondos en los bancos del departamento que tuviera la recurrente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000; y en la misma fecha, la Administración Tributaria mediante nota DDSCIOCC/Nro. 571/00, dirigida al Gerente General de la Cooperativa de Teléfonos COTAS, solicitó la anotación preventiva sobre la linea telefónica que pueda tener la recurrente, en favor de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Impuestos Internos, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000. 

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Continuando con los antecedentes del caso, se evidenció que el 16, 22 y 28 de mayo de 2004, la Administración Tributaria notificó por Edicto a la recurrente con el “Pliego de Cargo N° 957”, con el cual citó, llamó y emplazó a la cancelación del adeudo tributario; posteriormente, el 25 de junio de 2004, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 355/2.004 de 17 de junio de 2004, dirigida a la Superintendencia de Bancos, solicitó la retención de fondos en las entidades financieras de la República que tuviera la recurrente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000; asimismo, solicitó la circularización de dicha disposición; y en la misma fecha, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 359/2.004 de 17 de junio de 2004, dirigida al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información y certificación sobre los vehículos registrados a nombre de la recurrente con el objeto de proceder a la anotación preventiva correspondiente, al estar 

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ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000; de igual forma y en la misma fecha nota GDSC/DTJC/UCC/N° 363/2.004 de 17 de junio de 2004, dirigida al Gerente General de COTAS, solicitó la anotación preventiva sobre las líneas telefónicas a nombre de la recurrente, en favor del Servicio de Impuestos Nacionales – Distrital Santa Cruz, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000, la misma que fue respondida, señalando que no se registraban lineas telefónicas a nombre de la recurrente; y el 28 de junio de 2004, mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 367/2.004, dirigida al Juez Registrador de DDRR, solicitó información y certificación respecto a los bienes registrados a nombre de la 

recurrente 

Prosiguiendo con la revisión de los antecedentes, se extrajo que el 23 de agosto de 2004, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de Embargo N° 00073, dentro de la acción coactiva iniciada con el Pliego de Cargo N° 957/2000 seguido contra la recurrente, ordenando se proceda al embargo de los bienes propios de ésta; seguidamente, el 17 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota GDSC/DTJC/UCC/N° 881/2.004 de 15 de noviembre, dirigida al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información y certificación sobre los vehículos registrados a nombre de la recurrente con el objeto de proceder a la anotación preventiva correspondiente, al estar ejecutoriado el Pliego de Cargo Nro. 957 de 25 de julio de 2000, la misma que fue respondida indicando que no se tenía registrado ningún vehículo a nombre de la recurrente; el 10 de septiembre de 2015, también mediante nota CITE: SIN/GDSCZ 11/DJCC/UCC/NOT/3834/2015, dirigida a la Secretaria de Recaudación y Gestión Catastral del Gobierno Municipal de Santa Cruz, solicitó información sobre los vehículos que se encuentren registrados a nombre de la recurrente, la misma que fue respondida señalando que la recurrente no registraba ningún vehículo a su nombre; de la misma forma se observó que el 20 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ-II/DJCC/UCC/NOT/04831/2019, dirigida a la Directora General Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en la cual se instruyó a las entidades de intermediación financiera a nivel nacional la retención de fondos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la recurrente, hasta la cuantía suficiente para cubrir el importe de las deudas impagas, por lo que solicitó transmitir lo instruido a las entidades financieras, a efectos que ésta en el plazo de cinco días informen sobre las sumas retenidas. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

De los mismos antecedentes, se evidenció que el 11 de junio de 2019, la recurrente mediante nota solicitó a la Administración Tributaria, copia simple del proceso No 957/2000 a nombre suyo; del mismo modo, el 24 de junio de 2019, la recurrente mediante nota nuevamente solicitó copia simple de toda la carpeta con el proceso No 957/2000; y el 2 de julio de 2019, la recurrente mediante memorial presentado a la Administración Tributaria solicitó su desarraigo, manifestando que habiendo tomado conocimiento extraoficial que se habría dispuesto de su arraigo en la gestión 2000, dentro de un irregular proceso coactivo y que dicha medida coercitiva vulneraba su derecho a la libertad de circulación en todo el territorio nacional que incluye la salida 

e ingreso al país, según lo dispuesto por el art. 217 de la CPE, por lo cual sin que se 

constituya en reconocimiento absoluto de obligación alguna, solicitó se proceda a elevar oficio expreso ante oficinas de Migración a efecto del levantamiento inmediato 

del arraigo dispuesto. 

Con los mismos antecedentes, se pudo comprobar que el 8 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con el proveido No 241976000747, con el que respondió a la nota de 24 de junio de 2019, presentada por la recurrente, salando que sean franqueadas las fotocopias según lo solicitado; y en la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Proveído No 241976000713 de 17 de junio de 2019, con el que respondió a la nota de 11 de junio de 2019, presentada por la recurrente, señalando que sean franqueadas las fotocopias según lo solicitado; es así que el 17 de julio de 2019, la recurrente presentó memorial a la Administración Tributaria, solicitando la nulidad de notificación con la Intimación y el Pliego de Cargo, así como la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, bajo los mismos argumentos del presente Recurso d

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Finalizando la compulsa de antecedentes, se evidenció que el 31 de julio de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GDSCZ 11/DJCC/CC/NOT/8470/2019, solicitó a Migración el desarraigo de la recurrente conforme lo establecido en el art. 13 de la Ley 1602 y jurisprudencia sentada por la Sentencia Constitucional No 823/01R de 14 de agosto de 2001, no existiendo el arraigo como medida coactiva, obteniendo como respuesta la nota DIGEMIG/JNIA/UNA/181/2019 con la que se puso a conocimiento la cancelación de 

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arraigo por parte de la Dirección General de Migración; y el 11 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Resolución Administrativa 

231976001322, de 4 de diciembre de 2019, mediante la cual resolvió: Primero: Rechazar la solicitud de prescripción de los adeudos tributarios contenidos en el Pliego de Cargo Nro. 957/2000, presentada por la contribuyente Arze Gonzales Frida con RUC 7986041, al evidenciarse que no ha transcurrido el plazo necesario para su aplicación, puesto que se procedió a aplicar las correspondientes medidas coactivas en ejecución tributaria, encontrándose vigente el plazo que la Ley otorga para que se exija el pago de la obligación tributaria Segundo: Continuar con los procesos de ejecución tributaria hasta la total recuperación de los adeudos tributarios. 

De todo lo expuesto en los párrafos precedentes y considerando el argumento de la recurrente que básicamente versa sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos, ya que considera que al tratarse del IUE de la gestión 1997, el cómputo inició el 1 de enero de 1999 y el tiempo de prescripción acaeció incuestionablemente el 31 de diciembre de

| 31 de diciembre de 2003 y que las medidas coercitivas tendientes a la recuperación de adeudos en mora, no se constituyen en interrupciones, pues se realizaron antes de la notificación con el Pliego de Cargo, por lo que entiende que la ejecución tributaria también se encuentra superabundantemente vencida, toda vez que el Pliego de Cargo fue notificado por Edicto el 28 de mayo de 2004 y el plazo de cinco años para cobrar la deuda tributaria, conforme el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) se computó desde el 1 de junio de 2005 y concluyó el 30 de diciembre de 2010, fecha en la que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda prescribió. 

Ahora bien, a efectos de realizar el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, que la recurrente planteó en su agravio, sin limitar el análisis a la etapa de cobranza coactiva únicamente, tal como lo requiere la Administración Tributaria, pues en aplicación del Principio de Coherencia, esta Autoridad se encuentra obligada a dilucidar lo planteado por la parte recurrente de manera completa y cabal; de esta forma, es preciso tomar en cuenta que la recurrente el 20 de marzo de 1998, presentó su declaración jurada Form. 50 correspondiente al IUE del periodo fiscal 12/1997, empero de acuerdo a lo expuesto en la Intimación cursante a fs. 1 de antecedentes presentó la declaración jurada con diferencias, por lo que emitió la intimación el 05 de agosto de 1998, en tal sentido 

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para que la Administración Tributaria pudiera iniciar un proceso de determinación, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, contaba con el plazo de cinco años, esto conforme los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb); vale decir, que si la Administración Tributaria hubiera considerado necesario el inicio de un proceso de determinación para fiscalizar a la recurrente, tenía un plazo de cinco años lo que equivale a que si 

se toma en cuenta que el periodo de pago respectivo, en este caso, fue en la gestión 1998, vale decir cómo presentó su Declaración Jurada F-50 del UE el 20 de marzo de 1998, el cómputo se inició el 21 de marzo de 1998 y concluyó el 21 de marzo de 2003, siendo que a partir del 22 de marzo de 2003, conforme las previsiones contenidas en el art. 1493 del Código Civil, que señala que la prescripción se inicia desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, aplicable en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la propia Ley 1340 (CTb). 

Ahora bien, en el presente caso, conforme se observó en los antecedentes, mediante su sistema computarizado, la Administración Tributaria revisó los cálculos de la 

Declaración Jurada Form. 50 del periodo fiscal 12/1997 y controlado el import

pagado, detectó diferencias que dieron origen a un tributo omitido, por el que se 

realizó una reliquidación en base al saldo a favor del Fisco de Bs 121.163,00; consecuentemente, ante la existencia de un tributo omitido en base a la autodeterminación de la recurrente, evidentemente la Administración Tributaria debía 

iniciar un proceso de cobro de la referida deuda tributaria; por lo que la Administración Tributaria el 25 de julio de 2000 emitió el Pliego de Cargo No 957/2000, librado contra la recurrente para iniciar la etapa de ejecución de la deuda tributaria; empero, recién lo notificó por Edicto el 16, 22 y 28 de mayo de 2004; de modo que ésta notificación se produjo después de que operó el término de prescripción; consecuentemente, las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro de la deuda tributaria correspondiente al UE del periodo fiscal 12/1997, contenido en el mencionado Pliego de Cargo se encuentran prescritas a 

partir del 21 de marzo de 2003, de acuerdo a los arts. 1492 y 1493 del Código Civil aplicables por supletoriedad y los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb) por analogía. 

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Cabe hacer notar que si bien de acuerdo a la Ley 1340 (CTb) todas y cada una de las medidas tendientes al cobro de la deuda tributaria interrumpen el curso de la 

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NB/ISO 9001 

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Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N° 771/14 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 • www.ait.gob.bo . Santa Cruz, Bolivia 

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prescripción; no obstante, en este caso la Administración Tributaria realizó actuaciones anteriores a la notificación con el Pliego de Cargo; vale decir, en la gestión 2000 y 2004, que indiscutiblemente no correspondía hacerlas y las realizadas con posterioridad a la notificación con el Pliego de Cargo, tales como notas a la Superintendencia de Bancos, al Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, a COTAS y a Derechos Reales solicitando anotaciones preventivas de vehículos, líneas telefónicas, retención de fondos que pudiera tener la recurrente así como la solicitud de información y certificación de los bienes registrados a nombre de la recurrente, notas que incluso cuentan con el respectivo sello de recepción de las distintas entidades se encuentran fuera del término de la prescripción; del mismo modo emitió el Mandamiento de Embargo N° 00073, de las cuales la última fue presentada el 17 de noviembre de 2004 al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz, así como otras actuaciones similares iniciadas en la gestión 2015, mismas que en su ejecución conllevarían un efecto interruptivo del curso de la prescripción; empero al haberse realizado después del 21 de marzo de 2003, cuando sus facultades ya se encontraban prescritas, indiscutiblemente no surten efectos legales; es decir, no interrumpieron el cómputo de la prescripción, por lo cual no pueden ser analizadas ni consideradas, pues como se explicó, las facultades de cobro (Cobranza coactiva), de la Administración Tributaria se encontraban prescritas después del 21 de marzo de 2003. 

Consecuentemente, las facultades de cobro de la deuda tributaria para la Administración Tributaria, se encuentran prescritas, demostrándose de esta forma la 

inactividad de la Administración Tributaria por el término de cinco (5) años continuos, 

plazo previsto legalmente en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y que la realización de las actuaciones para efectivizar el cobro, tanto anteriores a la notificación del Pliego de Cargo como posteriores, claramente fueron extemporáneos, dando lugar a que opere la prescripción de la deuda tributaria por el IUE del período 12/1997, conforme 

con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan que los derechos se 

extinguen por prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; es decir cinco años; y que la prescripción comienza a correr desde que el titular ha dejado de ejercer su derecho

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria emergente de una diferencia 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

encontrada en la Declaración Jurada Form. 50 y el pago realizado por la recurrente respecto al IUE del periodo 12/1997; que dio origen al Pliego de Cargo N° 957/2000 de 25 de julio de 2000, precautelando la seguridad jurídica, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 231976001322, de 4 de diciembre de 2019, dejándola sin efecto, toda vez que las facultades de cobro coactivo de la Administración Tributaria se encuentran prescritas. 

Consiguientemente, habiéndose otorgado la razón a la recurrente en cuanto a la prescripción, no corresponde mayor pronunciamiento respecto a los demás aspectos de forma agraviados, toda vez que se encuentran subsumidos a este punto. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa No 231976001322, de 4 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de la deuda tributaria correspondiente al UE del periodo 12/1997 contenida en el Pliego de Cargo No 957/2000 de 25 de julio de 2000, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), han prescrito y, por tanto, dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas en contra del recurrente; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, conforme al art. 212, inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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de la Calidad Certificado N 771/14 

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NIMA

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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Abou. Dolly Karina Salazar Perez Directora Ejecutiva Regional a.

Autoridad Regional de orangrina Tributaria Santa Cruz 

DKSP/ccav/acq/cmmf/apib/nvro ARITSCZIRA 0198/2020 

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