ARIT-SCZ-RA-0162-2020 Resolución Administrativa no puede ser subsanada a través de contestación a Recurso de Alzada

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0162/2020 

Recurrente 

Banco de Cochabamba S.A. en liquidación, representado por Franz Gonzalo Pericón Navia. 

Administración Recurrida: 

Gerencia Distrital Santa Cruz || del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Gonzalo Antonio Campero Ampuero. 

Acto Impugnado 

Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221976000020, de 20 de noviembre de 2019. 

Expediente No 

ARIT-SCZ-0918/2019. 

Lugar y Fecha 

Santa Cruz, 21 de febrero de 202

VISTOS : 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0162/2020 de 21 de febrero de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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La Gerencia Distrital Santa Cruz Il del SIN, emitió la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221976000020, de 20 de noviembre de 2019, la cual 

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resolvió en su artículo primero.– Declarar improcedente la solicitud de acción de repetición planteada por el contribuyente Banco de Cochabamba S.A. en Liquidación, en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y Il del art. 124 de la Ley 2492 (CTB)

  1. I TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente. 

Banco de Cochabamba S.A. en liquidación, representado por Mario Albar Derpic Linares, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2019 (fs. 26-31 vta. del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221976000020, de 20 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz || del SIN, manifestando lo siguiente: 

II.1.1 Falta de fundamentación y motivación de la Resolución Administrativa impugnada e incumplimiento de lo dispuesto mediante la Resolución d

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019. 

El recurrente luego de exponer el principio de verdad material, de seguridad jurídica y otros principios administrativos, procedió a describir antecedentes y señaló que sobre el trámite de rectificatoria, la Resolución impugnada no se pronunció y únicamente manifestó que la solicitud de acción de repetición fue presentada fuera de plazo, ya que la acción de repetición prescribe a los tres años, en ese sentido alegó que corresponde que el acto impugnado se pronuncie sobre todos los puntos invocados sin excluir cada uno de ellos, ya que no existe valoración, sino más bien omisión de mencionar las razones por las cuales no aplicó ni consideró el DS 29889 de 23 de enero de 2009, así como tampoco se indicó como declaran prescrita la acción de repetición siendo que se tardaron más de cuatro años en emitir una Resolución de aprobación de rectificatoria que era necesaria para demostrar el derecho. 

Y respecto de lo anterior agregó que de acuerdo a lo establecido en el DS 29889 de 23 de enero de 2009 y DS 23881 de 11 de octubre de 1994, todo plazo de prescripción ha sido interrumpido a favor de la entidad liquidada y, 

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consecuentemente, no se puede indicar que el término para que se solicite la acción de repetición ha prescrito si a luces claras se evidencia que en virtud a una norma especial no corresponde se compute término de prescripción alguno. 

Así también, alegó que no entendió las razones por las que se mencionó el parágrafo IV de la RND 10-0048-13, de 30 de diciembre de 2013, toda vez que la Resolución que aprueba la rectificatoria fue notificada el 10 de julio de 2017, es decir, casi cuatro años después de realizado el pago en exceso, el cual fue realizado el 18 de marzo de 

013 y el trámite de rectificatoria ingresado el 13 de noviembre de 2013, en ese sentido, si se analiza la normativa que es invocada en el acto impugnado, la misma es incongruente al resaltar que la Administración Tributaria tardó de manera dolosa un término mayor al de la prescripción, por lo que no puede alegar su propia negligencia en su beneficio, en ese entendido corresponde que se tome en cuenta la fecha de notificación de la resolución rectificatoria que es la fecha donde se consigna y demuestra la procedencia de la acción de repetición al establecerse la existencia de crédito fiscal a favor del recurrente, citó los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, las Sentencias Constitucionales 1684/2010-R, de 25 de octubre de 2010 y 0577/2004-R, de 15 de abril de 2004. 

Agregó que los argumentos de la Administración Tributaria son ajenos a la realidad y se basan en mentiras, toda vez que cursa en antecedentes la nota de solicitud de autorización de rectificatoria de DDJJ con cite: INT.LIQ 022-K/13, de 29 de enero de 2014 que supuestamente extraña el SIN y al parecer consideran que la solicitud debió ser realizada por memorial, lo cual no corresponde por el Principio de Informalidad y al ser una carta no significa que no se hubiese cumplido con el requisito, concluyó señalando que mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019, se conminó a la Administración Tributaria a emitir una Resolución debidamente fundamentada y en especial sobre la existencia del DS 29889 y repercusiones del mismo en el presente caso y la razón por la que no se toma en cuenta el art. 9 parágrafo IV de la RND 10-0048-13, sin embargo, nuevamente se emite una resolución que hace oídos sordos de las 

determinaciones de alzada. 

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Por lo expuesto, solicitó se anule o se revoque totalmente la Resolución Administrativa impugnada, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

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11.2. Auto de Admisión. 

Mediante Auto de 19 de diciembre de 2019, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Administrativa de acción de repetición N° 221976000020, de 20 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz Il del SIN (fs. 32 del expediente). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, el 7 de enero de 2020, mediante memorial (fs. 43-46 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negando totalmente todos los fundamentos de la impugnación, manifestando que

11.3.1 Respecto a la fundamentación y motivación del acto impugnado y la supuesta falta de pronunciamiento sobre el DS 29889 y la Resolución de aprobación de rectificatoria. 

La Administración Tributaria luego de describir antecedentes, señaló que de la lectura de la Resolución impugnada la misma cumple con los requisitos establecidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), toda vez que contiene los antecedentes que generaron el proceso, señalando todos los datos de la Declaración Jurada Rectificada del cual emerge el supuesto pago en exceso, señalando la fecha de pago en exceso, fecha de vencimiento y el tiempo transcurrido, los mismos que se constituyen en los fundamentos de hecho, asimismo, el referido acto impugnado establece la normativa legal en la cual fue sustentada la decisión de la Administración Tributaria para declarar la improcedencia por prescripción de la solicitud de Acción de Repetición presentada, siendo estos los elementos de derecho del Acto Administrativo; quedando demostrado en este sentido el fehaciente cumplimiento de la normativa tributaria vigente que respalda la correcta actuación de la Administración Tributaria en todo el proceso administrativo hasta la emisión de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición, en ese sentido se encuentra debidamente motivado y fundamentado dando cumplimiento a lo ordenado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019, en cuando a lo resuelto por el mismo, es decir, la improcedencia de la solicitud de Acción de Repetición 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

planteada por el recurrente al encontrarse prescrita su solicitud de conformidad con el art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

Con relación a la falta de pronunciamiento sobre el DS 29889, manifestó que el art. 6 parágrafo || del mencionado DS establece claramente que la interrupción de los 

plazos de prescripción, caducidad y términos procesales, son únicamente para los juicios que tengan por objeto la recuperación de la cartera de crédito o los que emerjan de los mismos, pero de ninguna manera dicha norma regula la interrupción de los plazos de prescripción en solicitudes de Acción de Repetición ante la Administración Tributaria, más aún si dicho trámite no tiene relación alguna con la recuperación de la cartera de crédito del Banco de Cochabamba S.A. “En Liquidación”. 

Agregó que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 124 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0048-13, la Acción de Repetición no prevé causales de interrupción del termino de prescripción, sino más bien solo se establece causales de suspensión del término de prescripción ante la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales de conformidad con el parágrafo II del art. 62 del mismo cuerpo legal citado, por lo que en base al principio de legalidad establecido en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB) no corresponde la aplicación del DS 29889, como erróneamente pretende el recurrente, finalmente, manifestó que la última parte del parágrafo II del art. 6 del DS mencionado; establece que los plazos volverán a correr automáticamente a partir del día hábil siguiente al que se perfeccionen las cesiones y transferencias previstas en el art. 3 de dicha norma, condición que sucedió y fue cumplida antes de ocurrido el pago en exceso el 18 de marzo de 2013 que menciona el recurrente, razón por la cual resulta inaplicable dicha normativa, que solo prevé la interrupción del plazo de prescripción de manera temporal, aspecto que fue fundamentado debidamente a fojas 6 del acto impugnado, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019 y respecto a las Sentencias Constitucionales 1684/2010-R, de 25 de octubre de 2010 y 0577/2004-R, de 15 de abril de 2004, las mismas versan sobre falta de motivación de las resoluciones situación totalmente diferente al presente caso, toda vez que se emitió un acto un acto debidamente motivado, por lo que resulta impertinente su mención y no corresponde mayor pronunciamiento. 

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Adicionalmente alegó que en relación a la supuesta falta de pronunciamiento sobre la Resolución de aprobación de rectificatoria, el acto impugnado se ha referido sobre este argumento resaltando lo establecido en el art. 124 de la Ley 2492 (CTB), que establece que la Acción de Repetición prescribe a los 3 años, computables a partir del momento en que se realizó el pago indebido o en exceso y que el curso de la prescripción se suspende por las mismas causales, formas y plazos señalados por la referida norma, asimismo se hace referencia a la RND 10-0048-13, que establece el procedimiento a seguir el cual señala en su art. 5 que la Acción de Repetición prescribe a los 3 años, computables a partir del momento en que se realizó el pago indebido o en exceso hasta la presentación de la solicitud, y que dicho cómputo será suspendido por las causales previstas en el parágrafo II del art. 62 de la Ley 2492 

(CTB), siempre que estén vinculadas al reclamo del pago indebido o en exceso, po

tanto, no existe normativa alguna que establezca la posibilidad de que el cómputo del 

término de prescripción para la Acción de Repetición empiece desde la notificación con la Resolución Administrativa que aprueba una rectificatoria de Declaración Jurada como erróneamente pretende el recurrente; sin embargo, y conforme el art. 10 

de la RND 10-0048-13, en el caso de que la Declaración Jurada de la cual emerge el 

pago en exceso requiera la rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, el contribuyente deberá presentar una fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y el proyecto de rectificatoria con el sello de recepción, adjuntado a su trámite de Acción de Repetición, documentos que deberán ser presentados dentro del término de prescripción establecidos por los arts. 124 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0048-13, y de esta manera se tendrá por bien recibida antes que haya operado la referida prescripción; asimismo, una vez sea notificada la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria, es que dicho trámite se tendrá formalmente recibido para realizar dentro de los plazos establecidos el informe respetivo y Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo conforme disponen el parágrafo IV del art. 9 y art. 13 de la RND citada, pero dichas normativas de ninguna manera establecen que el plazo de prescripción comience a computarse desde la notificación con la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria como erróneamente señala el recurrente. 

En este sentido, siendo que el pago en exceso se produjo el 18 de marzo de 2013, el plazo de prescripción de 3 años se cumplió el 18 de marzo de 2016 de conformidad con los arts. 124 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0048-13, fecha en la cual e

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contribuyente tenía el plazo para presentar su Acción de Repetición adjuntando la fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y el proyecto de rectificatoria con el sello de recepción, de conformidad con el num. 3) del parágrafo I del art. 10 de la RND 10-0048-13; sin embargo, el contribuyente no efectuó dicho procedimiento y al contario presentó su Acción de Repetición el 25 de julio de 2018, es decir, después de más de 2 años de haber prescrito, razón por la cual dando cumplimiento a lo ordenado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019, emitió la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221976000020, de 20 de noviembre de 2019, la cual resolvió declarar improcedente la solicitud de acción de repetición planteada por el 

contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. 

Mediante Auto de 8 de enero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la Administración 

Tributaria, en la misma fecha (fs. 47-48 del expediente). 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 28 de enero de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial de 24 de enero de 2020, ratificó como prueba toda la documentación y antecedentes administrativos adjuntados al memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 51 del expediente). 

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 30 de enero de 2020, 

ratificó como prueba toda la documentación presentada al momento de interponer su recurso de alzada (fs. 58-58 vta. del expediente). 

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11.5. Alegatos 

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Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo || de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 17 de febrero de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial de 

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17 de febrero de 2020 (fs. 61-63 del expediente), presentó alegatos reiterando los argumentos expuestos a momento de contestar su recurso de alzada. 

Por su parte, el recurrente no presentó alegatos escritos ni orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

III. 1 

El 29 de enero de 2014, el recurrente mediante nota CITE INT.LIQ 022-K/13, solicitó autorización de rectificatoria de DDJJ, señalando que en el mes de 

febrero de la gestión 2013 se declaró el IT con N° de orden 7938607923 por 

un monto de Bs3. 129 en el que se incluyó de manera equivocada el monto declarado y pagado en el periodo fiscal enero de 2013 que ascendía a la suma de Bs 1.697, debiendo haberse pagado por el periodo febrero 2013 el monto de Bs 1.433 y de igual manera señaló que respecto al UE Retenciones en el Form. 7938607755 en el periodo febrero 2013 se declaró y pago el monto de Bs 13.039 incluyendo a este monto lo declarado en el periodo enero de 2013 de Bs7.070, debiendo haberse declarado en el periodo febrero solamente el monto de Bs5.969, por lo que solicitó se emita la resolución correspondiente (fs. 14 de antecedentes). 

III.2 

El 10 de julio de 2017, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la 

Resolución Administrativa N° 231776000234. de 30 de junio de 2017, la cual 

aceptó la solicitud de aprobación de los proyectos de rectificatoria (F-521) correspondiente al F-410 y F-570 del periodo febrero 12013 (fs. 16-17 de antecedentes). 

111.3 

El 27 de julio de 2018, el recurrente mediante el F-576 V2, presentó a la Administración Tributaria, la Solicitud de Acción de Repetición – SAR, a la cual se adjuntó la siguiente documentación requerida: Declaración Jurada ylo Boleta de Pago en la cual realizó el pago indebido o en exceso, en fotocopia, documentación que respalde la inexistencia de la obligación tributaria cuando se trate de un pago indebido o la inexistencia del pago en exceso, original y 

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fotocopia del documento de identidad vigente del titular de la acción, su representante legal o apoderado, solicitud de autorización de rectificatoria de DDJ con CITE INT.LIQ 022-K/13, de 29 de enero de 2014, acta de recepción de documentos, Resolución Administrativa N° 231776000234, de 30 de junio de 2017, F-576 v2, en el Rubro 1. Detalla del pago efectuado en la Declaración Jurada o Boleta de Pago donde se generó el pago en exceso o indebido, y en el Rubro 2. Detalla el pago indebido o en exceso, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para apersonarse a la Administración Tributaria (fs. 1-17 de antecedentes)

111.4 

El 20 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ II/DJCC/TJ/INF/00921/2018, el cual concluyó que de la revisión y análisis de la solicitud más documentación de respaldo presentada por el contribuyente se establece que la solicitud de acción de repetición aplicada por pago en exceso con N° de trámite 7620180033 no se adecua a los requisitos establecidos por ley y norma, en ese sentido manifestó la improcedencia de la solicitud de acción de repetición, por lo que recomendó se emita la Resolución Administrativa de rechazo conforme a normativa (fs. 27-31 de antecedentes). 

111.

El 10 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, la cual resolvió en su artículo primero. – Declarar improcedente la solicitud de acción de repetición planteada por el contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos | y || del art. 124 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 32-35 de antecedentes). 

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El 28 de diciembre de 2018, el recurrente interpuso recurso de alzada e

contra de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, ante lo cual el 29 de marzo de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0093/2019, la cual en su parte resolutiva, dispuso: anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue hasta la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz li del 

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Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo la Administración Tributaria emitir 

actos que se ajusten a derecho a efectos de determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud de acción de repetición (fs. 41-46 vta. y 48-56 de antecedentes). 

111.7 

El 11 de junio de 2019, la máxima instancia administrativa emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, la cual confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0093/2019, de 29 de marzo de 2019, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue, hasta la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo la Administración Tributaria emitir 

un nuevo acto fundamentado en hecho y derecho considerando todos los 

elementos que fueron planteados por el sujeto pasivo en cumplimiento de los arts. 28, inciso e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 parágrafos 1 y ll de su Reglamento (fs. 62-70 vta. del expediente). 

III.

El 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221976000020, de 20 de noviembre de 2019, la cual resolvió en su artículo primero. – Declarar improcedente la solicitud de acción de repetición planteada por el contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 76-83 del expediente). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

El recurrente planteó como agravios: 1. Falta de fundamentación y motivación de la 

Resolución Administrativa impugnada e incumplimiento de lo dispuesto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019 de 11 de junio de 2019. 

IV.1. Falta de fundamentación y motivación de la Resolución Administrativa 

impugnada e incumplimiento de lo dispuesto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019

El recurrente luego de exponer el principio de verdad material, de seguridad jurídica y otros principios administrativos, procedió a describir antecedentes y señaló que sobre 

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el trámite de rectificatoria, la Resolución impugnada no se pronunció y únicamente manifestó que la solicitud de acción de repetición fue presentada fuera de plazo, ya que la acción de repetición prescribe a los tres años, en ese sentido alegó que 

esponde que el acto impugnado se pronuncie sobre todos los puntos invocados sin excluir cada uno de ellos, ya que no existe valoración, sino más bien omisión de mencionar las razones por las cuales no aplicó ni consideró el DS 29889 de 23 de enero de 2009, así como tampoco se indicó como declaran prescrita la acción de repetición siendo que se tardaron más de cuatro años en emitir una Resoluc aprobación de rectificatoria que era necesaria para demostrar el derecho

Y respecto de lo anterior agregó que de acuerdo a lo establecido en el DS 29889 de 23 de enero de 2009 y DS 23881 de 11 de octubre de 1994, todo plazo de prescripción ha sido interrumpido a favor de la entidad liquidada y, consecuentemente, no se puede indicar que el término para que se solicite la acción de repetición ha prescrito si a luces claras se evidencia que en virtud a una norma especial no corresponde se compute término de prescripción alguno

Así también, alegó que no entendió las razones por las que se mencionó el parágrafo IV de la RND 10-0048-13, de 30 de diciembre de 2013, toda vez que la Resolución que aprueba la rectificatoria fue notificada el 10 de julio de 2017, es decir, casi cuatro años después de realizado el pago en exceso, el cual fue realizado el 18 de marzo de 2013 y el trámite de rectificatoria ingresado el 13 de noviembre de 2013, en ese sentido, si se analiza la normativa que es invocada en el acto impugnado, la misma es incongruente al resaltar que la Administración Tributaria tardó de manera dolosa un término mayor al de la prescripción, por lo que no puede alegar su propia negligencia en su beneficio, en ese entendido corresponde que se tome en cuenta la fecha de notificación de la resolución rectificatoria que es la fecha donde se consigna y demuestra la procedencia de la acción de repetición al establecerse la existencia de crédito fiscal a favor del recurrente, citó los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo i de la Constitución Política del Estado, las Sentencias Constitucionales 1684/2010-R, de 25 de octubre de 2010 y 0577/2004-R, de 15 de abril de 2004. 

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Agregó que los argumentos de la Administración Tributaria son ajenos a la realidad y se basan en mentiras, toda vez que cursa en antecedentes la nota de solicitud de autorización de rectificatoria de DDJJ con cite: INT.LIQ 022K/13, de 29 de enero de 

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2014 que supuestamente extraña el SIN y al parecer consideran que la solicitud debió ser realizada por memorial, lo cual no corresponde por el Principio de Informalidad y al ser una carta no significa que no se hubiese cumplido con el requisito, concluyó señalando que mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019, se conminó a la Administración Tributaria a emitir una Resolución debidamente fundamentada y en especial sobre la existencia del DS 29889 y repercusiones del mismo en el presente caso y la razón por la que no se toma en cuenta el art. 9 parágrafo IV de la RND 10-0048-13, sin embargo, nuevamente se emite una resolución que hace oídos sordos de las 

determinaciones de alzada. 

Respecto a las objeciones del recurrente es importante en principio señalar, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 1044/2003-R, que instituye: “Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente.”. 

En cuanto al debido proceso la Sentencia Constitucional SC 0163/2011-R, de 21 de febrero de 2011, menciona: “(...) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.“, a su vez, refiriéndose a la fundamentación de las resoluciones, existe firme jurisprudencia al respecto, entre las cuales se encuentran las SSCC 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, señalando que: “(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que 

se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión (…).“. 

El art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone 

que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y el art. 119 parágrafo II de la indicada norma constitucional, prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Contexto en el que el debido proceso y derecho a la defensa, no puede ser ajeno al derecho a la petición reconocido en el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CTB), que dispone que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, ya la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa que cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 2, 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen; y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado

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Dentro de este contexto jurisprudencial y constitucional, es preciso realizar las siguientes puntualizaciones, de acuerdo al Título V de la Ley 2492 (CTB), incorporado por la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, que refiere al Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria, ahora Autoridad de Impugnación Tributaria; en su 

art. 212 instituye las clases de resoluciones que resuelven los Recursos de Alzada y 

Jerárquico; las cuales pueden ser confirmatorias, revocatorias totales o parciales y las anulatorias con reposición hasta el vicio más antiguo y el art. 214, refiere que 

las resoluciones dictadas resolviendo los Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria, conforme al art. 108 serán ejecutadas 

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por la Administración Tributaria, para lo cual deben iniciar los procesos y procedimientos que la norma establezca; de lo que se infiere que, cuando se emite una Resolución de Recurso de Alzada confirmatoria o revocatoria y ésta es confirmada o revocada parcialmente por la Resolución de Recurso Jerárquico, convierten a la resolución emitida por la Administración Tributaria en Título de Ejecución Tributaria; no obstante, si se trata de una Resolución de Recurso de Alzada anulatoria y confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico o al no haber sido impugnada adquiera firmeza; la Administración Tributaria debe dar cumplimiento a lo resuelto en instancia recursiva (en el caso de no haberse 

interpuesto demanda Contenciosa Administrativa, si se hubiera agotado la vía Administrativa a través de Recurso Jerárquico); pues es evidente que los tres tipos de resoluciones emanadas por esta Autoridad surten efectos para la Administración Tributaria y no pueden ser consideradas únicamente las que sean emitidas a favor de ésta. 

Por su parte, el art. 27 de la Ley (2341), se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo, y el art. 28 inc. e) de la misma norma prevé: “e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; (…)”. 

Ahora bien, es importante recordar que el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en instancia recursiva por disposición expresa del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de lo

administrados o lesione al interés público”; y los que hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. 

De la revisión y compulsa de antecedentes, se observó que el 10 de julio de 2017, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la Resolución Administrativa No 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

231776000234, de 30 de junio de 2017, la cual aceptó la solicitud de aprobación de los proyectos de rectificatoria (F-521) correspondiente al F-410 y F-570 del periodo febrero (2013 (fs. 16-17 de antecedentes). 

Posteriormente, 27 de julio de 2018, el recurrente mediante el F-576 V2, presentó a la Administración Tributaria, la Solicitud de Acción de Repetición – SAR, a la cual se adjuntó la siguiente documentación requerida: Declaración Jurada y/o Boleta de Pago en la cual realizó el pago indebido o en exceso, en fotocopia, documentación que respalde la inexistencia de la obligación tributaria cuando se trate de un pago indebido o la inexistencia del pago en exceso, original y fotocopia del documento de identidad vigente del titular de la acción, su representante legal o apoderado, solicitud de autorización de rectificatoria de DDJ con CITE INT.LIQ 022-K/13, de 29 de enero de 2014, acta de recepción de documentos, Resolución Administrativa No 231776000234, de 30 de junio de 2017, F-576 v2, en el Rubro 1. Detalla del pago efectuado en la Declaración Jurada o Boleta de Pago donde se generó el pago en exceso o indebido, y en el Rubro 2. Detalla el pago indebido o en exceso, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para apersonarse a la Administración Tributaria (fs. 1-17 de antecedentes). 

Continuando se tiene que 20 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDSCZ II/DJCC/TJ/INF/00921/2018, el cual concluyó que de la revisión y análisis de la solicitud más documentación de respaldo presentada por el contribuyente se establece que la solicitud de acción de repetición aplicada por pago en exceso con N° de trámite 7620180033 no se adecua a los requisitos establecidos por ley y norma, en ese sentido manifestó la improcedencia de la solicitud de acción de repetición, por lo que recomendó se emita la Resolución Administrativa de rechazo conforme a normativa (fs. 27-31 de antecedentes) y el 10 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, la cual resolvió en su artículo primero. – Declarar improcedente la solicitud de acción de repetición planteada por el contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 124 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 32-35 de antecedentes). 

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A tal efecto, el 28 de diciembre de 2018, el recurrente interpuso interpuso recurso de alzada en contra de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, ante lo cual el 29 de marzo de 2019, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0093/2019, la cual en su parte resolutiva, dispuso: anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue hasta la Resolución Administrativa de Acción de Repetición No 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo la Administración Tributaria emitir actos que se ajusten a derecho a efectos de determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud de acción de repetición (fs. 41-46 vta. y 48-56 de antecedentes). 

De manera posterior, el 11 de junio de 2019, la máxima instancia administrativa emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, la cual confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0093/2019, de 29 de marzo de 2019, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto fue, hasta la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto fundamentado en hecho y derecho considerando todos los elementos que fueron planteados por el sujeto pasivo en cumplimiento de los arts. 28, inciso e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 parágrafos I y ll de su Reglamento (fs. 62-70 vta. del expediente). 

Finalmente, el 27 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa de Acción de Repetición 221976000020, de 20 de noviembre de 2019, la cual resolvió en su artículo primero. Declarar improcedente la solicitud de acción de repetición planteada por el contribuyente en virtud a lo dispuesto en los parágrafos I y Il del art. 124 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 76-83 del expediente). 

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Ahora bien, ésta instancia de alzada, de conformidad a lo establecido en el parágrafo I, del art. 211 de la Ley 2492 (CTB) procederá a desarrollar el presente análisis de 

acuerdo a lo reclamado por el recurrente, y conforme a su reclamo ingresará a verificar si efectivamente la Administración Tributaria al momento de emitir su nuevo acto administrativo dio o no cumplimiento a su determinación, respecto a la falta de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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pronunciamiento sobre todos los aspectos observados, en ese sentido, se tiene que la acción de repetición encuentra su origen en los pagos efectuados por concepto de declaraciones juradas F410 (IT-RETENCIONES) correspondientes al periodo febrero 2013, y el exceso de dichos pagos generados a partir de las aprobaciones de los proyectos de rectificatoria, en ese contexto, se tiene que de la revisión de los antecedentes descritos por el recurrente adjunto a su Formulario de Solicitud de Acción de Repetición N° 576 presentó documentación, entre la cual fue presentada la Resolución Administrativa N° 231776000234, de 30 de junio de 2017, que en el Rubro 1. Detalló el pago efectuado en la Declaración Jurada o Boleta de Pago donde se generó el pago en exceso o indebido, y en el Rubro 2. Detalló el pago indebido o en exceso, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para apersonarse a la Administración Tributaria. 

Por consiguiente, la máxima instancia administrativa mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019, señaló en sus partes más relevantes señaló que: “(...) el único argumento de la Administración 

Tributaria para el rechazo de la Acción de repetición fue la presentación de la 

solicitud fuera de plazo de prescripción; no obstante no otorgo respuesta a todos los 

argumentos planteados por el sujeto pasivo en su memorial de 27 de octubre de 2017, en particular sobre la demora de más de cuatro años por parte del sujeto activo para la aprobación de proyectos de rectificatoria (F-521) correspondiente a los F-410 y F-570 del periodo fiscal febrero de 2013 con Nos. De orden 7941664107 y 7941667057, de donde devienen los pagos en exceso y por los que solicitó la acción de repetición, ni la consideración del Decreto Supremo N° 29889 de 23 de enero de 2009, que establece la interrupción y suspensión de plazos procesales en todas las materias hasta el perfeccionamiento de las transferencias que tiene la entidad en liquidación al Estado Boliviano”, continuó señalando que: “(...) la Resolución Administrativa que rechazó la acción de repetición, no otorgo respuesta expresa a los planteamientos del sujeto pasivo. Asimismo, cabe aclarar que el hecho de que el sujeto activo considere que operó la prescripción, no se constituye en razón suficiente para no dar respuesta a los aspectos expuestos expresamente por el Banco d

Cochabamba S.A. en Liquidación (…)“, razones principales por las cuales confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0093/2019, de 29 de marzo de 2019. 

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En ese entendido, de la revisión al contenido del acto impugnado en relación con lo que reclamó el recurrente, y lo determinado por la Resolución Jerárquica descrita precedentemente se observa que la resolución administrativa impugnada en su 

considerando I describió antecedentes y normativa, y en su considerando II describió 

los antecedentes referidos al trámite de rectificatoria y también normativa además de 

describir y transcribir en parte el razonamiento de una Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0577/2011 y transcribió textualmente el parágrafo IV del art. 9 y parte del parágrafo I del art. 10 de la RND 10-0048-13. 

Consiguientemente, expuso que tanto el art. 124 de la Ley 2492 (CTB), como el art. 5 de la RND 10-0048-13 establecen que la Acción de Repetición prescribe a los 3 años, computables a partir del momento en que se realizó el pago indebido o en exceso hasta la presentación de la solicitud y que no existe normativa alguna que establezca la posibilidad de que el cómputo del término de prescripción para la Acción de Repetición empiece desde la notificación con la Resolución Administrativa que aprueba una rectificatoria de Declaración Jurada; sin embargo, y conforme el art. 10 de la RND 10-0048-13, en el caso de que la Declaración Jurada de la cual emerge el pago en exceso requiera la rectificatoria con aprobación de la Administración Tributaria, el contribuyente deberá presentar una fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y el proyecto de rectificatoria con el sello de recepción, adjuntado a su trámite de Acción de Repetición, documentos que deberán ser presentados dentro del término de prescripción establecidos por los arts. 124 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0048-13, y de esta manera se tendrá por bien recibida antes que haya operado la referida prescripción; asimismo, una vez sea notificada la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria, es que dicho trámite se tendrá formalmente recibido para realizar dentro de los plazos establecidos el informe respetivo y Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo conforme disponen el parágrafo IV del art. 9 y art. 13 de la RND citada, pero dichas normativas 

de ninguna manera establecen que el plazo de prescripción comience a computarse desde la notificación con la Resolución Administrativa que aprueba la rectificatoria. 

Finalmente, señaló que el pago en exceso se produjo el 18 de marzo de 2013, el plazo de prescripción de 3 años se cumplía el 18 de marzo de 2016 de conformidad con los arts. 124 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0048-13, fecha en la cual el contribuyente tenía el plazo para presentar su Acción de Repetición adjuntando la 

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fotocopia del memorial de solicitud de rectificatoria con fines de Acción de Repetición y el proyecto de rectificatoria con el sello de recepción, de conformidad con el num. 3) del parágrafo 1 del art. 10 de la RND 10-0048-13; sin embargo, el contribuyente no 

efectuó dicho procedimiento y al contario presentó su Acción de Repetición el 25 de julio de 2018, es decir, después de más de 2 años de haber prescrito, sin embargo, la Administración Tributaria omitió en su análisis emitir un pronunciamiento referido al trámite de rectificatoria realizado por el recurrente ante dicha instancia, ni las razones por las cuales tardaron más de cuatro años en emitir una Resolución de aprobación de rectificatoria en la que recién se aprobó la disminución del “impuesto retenido” que generó una diferencia a favor del sujeto pasivo por la cual solicitó la Acción de Repetición, y a citar el art. 9 parágrafo IV de la RND 10-0048-13. Asimismo, d

manera contradictoria a la argumentación y defensa de la misma Administración Tributaria refiere que se debe tomar en cuenta la fecha de notificación de la resolución rectificatoria que es la fecha donde se consigna y demuestra la 

procedencia de la acción de repetición, lo cual evidentemente genera confusión en el 

recurrente, tal y como el mismo aseveró al plantear su agravio, adicionalmente, cabe 

señalar que el recurrente a momento de plantear sus recursos, sustentó en su

agravios la falta de pronunciamiento en el acto impugnado en cuanto a que el mismo no consideró en su contenido lo establecido en el DS 29889 de 23 de enero de 2009 y DS 23881 de 11 de octubre de 1994, aspecto que viene reclamando desde la impugnación efectuada a la alzada en contra de la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221876000015, de 20 de noviembre de 2018, la cual fue anulada por la instancia de alzada justamente porque en su contenido no existía un 

pronunciamiento al respecto, determinación fue confirmada por la mediante la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019

De lo anterior, se tiene que es evidente que de la revisión al contenido del acto 

impugnado no se advirtió pronunciamiento alguno sobre todas y cada una de la

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argumentaciones plasmadas por el recurrente que fueron objeto de una anulación en instancia de alzada y jerárquica, respecto al Decreto Supremo citado por e

recurrente, siendo necesario aclarar que el acto hoy impugnado emergió a consecuencia de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la RND 10-0048 

13, de 30 de diciembre de 2013, que en su art. 15 parágrafo | dispone la emisión de 

la Resolución Administrativa de aceptación o rechazo de la solicitud de acción de repetición, y que la entidad que hoy impugna se encuentra en una situación jurídica 

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especial denominada proceso liquidatorio que a afectos de su cierre definitivo debe enmarcarse en su normativa específica siendo evidente que la Administración Tributaria debe emitir un pronunciamiento explicando las razones por las cuales no considera la normativa específica aplicable al caso, a objeto de no generar incertidumbre en los contribuyentes, en ese sentido no se dio emitió un acto debidamente fundamentado conforme dispuso la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019, de 11 de junio de 2019

Así también cabe señalar que la Administración Tributaria a momento de contestar el 

recurso de alzada y plantear su defensa procuro argumentar las omisiones en las cuales incurrió, sin embargo, de ninguna manera tales argumentos pueden subsanar la carencia y falta de pronunciamiento evidenciada en el acto impugnado, toda vez que el recurrente tiene el derecho a obtener una respuesta debidamente fundamentada en el marco de un debido proceso, que le permita asumir una defensa efectiva al respecto. 

En ese orden, es de reiterar que el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), señala el fundamento y la causa entre los elementos esenciales del acto administrativo indispensables para alcanzar su fin; mientras que el art. 31 del DS 27113 (RLPA), amplía precisando que una correcta motivación de los actos administrativos comprenderá cuando menos una relación concreta, directa y completa de los 

hechos probados y relevantes para el caso (fundamento de hecho) y una exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada 

(fundamento de derecho). De lo expuesto se tiene que motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración sea parte o incluir los mismos en el supuesto de una norma jurídica; y en segundo lugar, a razonar como tal 

a impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto.(Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández; Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 556)

Por lo tanto, en razón a que la Administración Tributaria al momento de emitir la Resolución Administrativa de Acción de Repetición se limitó transcribir antecedentes sobre la prescripción y la rectificatoria y se circunscribió a declarar la improcedencia 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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de la acción de repetición por considerar que la misma se encontraba fuera del plazo sin realizar mayor análisis sobre el trámite de rectificatoria y su incidencia en cuanto a la procedencia o improcedencia de la prescripción, omitiendo los demás aspectos que fueron planteados por el recurrente, ésta falta de pronunciamiento ocasionó nulidad del acto impugnado, pues el mismo contiene omisiones en su fundamentación y motivación, por lo que generó incertidumbre al recurrente ocasionándole indefensión, lo cual vulneró el debido proceso, y en ese sentido, el acto impugnado no cumple con lo previsto en el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 LPA, por lo que, ésta instancia al tener previamente carácter garantista de los derechos al debido proceso y a la defensa no puede pasar por alto vulneración alguna a los mismos

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 221976000020, de 20 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo la Administración Tributaria emitir actos que se ajusten a derecho y dar cumplimiento a la disposición asumida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2019 de 11 de junio de 2019; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad con el art. 212 inc. c) de la Ley 2492 (CTB)

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la 

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administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cumplase 

joua copy Konra Plaza Perez Director: Ejecutiva Regional a.

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Autora 

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/acq/fmmb ARIT-SCZIRA 0162/2020 

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