ARIT-SCZ-RA-0147-2020 Medidas coactivas no interrumpen el término de la prescripción

ARIT-SCZ-RA-0147-2020

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1

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

SOL

Lorovsk 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0147/2020 

Recurrente 

Fanor Montenegro Zurita representado por Ana Chungara Cazon

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Edwin Darlen

Menacho Callaú. 

Acto Impugnado 

Resolución Administrativa No 231970003750, de 22 de noviembre de 2019. 

Expediente N° 

: ARIT-SCZ-0886/2019 

Lugar y Fecha 

: Santa Cruz, 21 de febrero de 2020 

VISTOS : 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0147/2020 de 21 de febrero de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

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Calida

  1. Acto Administrativo impugnado 

AFNOR CERTIFICATION 

CE

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MANAGE 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa No 231970003750, de 22 de noviembre de 2019, la cual rechazó la prescripción 

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Bad Oe 

Vég 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo. Santa Cruz, Bolivia 

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solicitada emergente del Pliego de Cargo No 268/2004 con incidencia en el impuesto IVA, IT e IUE periodos enero a diciembre de 1997 por ventas no declaradas. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente

Fanor Montenegro Zurita, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 12 de diciembre de 2019 (fs. 17-24 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 231970003750, de 22 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente

11.1.1. Prescripción de la facultad para ejercer el cobro coactivo. 

El recurrente en su recurso señaló que tanto la prescripción, como la seguridad jurídica son dos institutos íntimamente ligados que pretenden la protección del derecho del deudor cuando el acreedor no ejerce su facultad de cobro y en el presente caso la Administración Tributaria no ejerció el cobro por más de cinco años 

que es el tiempo regulado por ley, por lo que solicita la prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria y al respecto citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 2157/2013, señaló además que sobre el argumento de la Administración Tributaria cuando señala que cada cinco años habría interrumpido el cómputo por las medidas coactivas y que inclusive a la fecha la deuda no se encontraría prescrita demostrará que dichas medidas no tienen efecto interruptivo y a tal efecto citó las Sentencias 507/2017, de 28 de junio de 2017 y 031/2018, de 10 de abril de 2018, ambas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que señalan que para los casos en los que se aplica la Ley 1340 (CTb), y que se encuentran en ejecución tributaria o cobro coactivo las medidas coactivas no tienen carácter interruptivo de la prescripción, en tal sentido es evidente que la deuda tributaria que se pretende cobrar se encuentra prescrita desde el 31 de diciembre de 2009 considerando que el Pliego de Cargo se emitió en la gestión 2004 y que la emisión del mismo no viene a ser una medida, por lo que se computa la prescripción desde el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, citó la Sentencia 

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

-O-GALLER 

Constitucional 0566/2018-S1, de 1 de octubre de 2018 y señaló que la misma obliga 

a la Autoridad de impugnación Tributaria a cumplir con los lineamientos jurídicos 

establecidos por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. 

Agregó que a pesar del ilegal razonamiento de la Administración Tributaria respecto a la interrupción de la prescripción por las medidas, de igual forma la deuda esta prescrita, ya que dejó pasar más de cinco años teniéndose en cuenta que el 29 de abril de 2008 tomó medida de constituir hipoteca, por lo que el cómputo se interrumpió el 30 de abril de 2008 y computándose los cinco años que establece la Ley 1340 (CTb) se debió interrumpir nuevamente la prescripción máximo hasta el 30 de abril de 2013, sin embargo, se tomó medidas en fechas posteriores, cuando ya la prescripción había operado, de igual manera se solicitó hipoteca de vehículos el 11 de octubre de 2013 y la prescripción comenzó a computarse desde el 12 de octubre de 2013, debiendo interrumpirse máximo hasta el 12 de octubre de 2018, sobre la solicitud de certificación dirigida al Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de 27 de noviembre de 2013, la misma no puede ser interruptiva por que no es una medida coactiva. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa impugnada emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 16 de diciembre de 2019 (fs. 25 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Administrativa N° 231970003750, de 22 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

Cric 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

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Calida

AFNOR CERTIFICATION 

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La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, 

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mediante memorial de 3 de enero de 2020 (fs. 36-44 del expediente), contestó al 

MANAGE 

SYSTEM 

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes

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manifestando lo siguiente

* Mr

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani

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11.3.1. Sobre la fundamentación de la Resolución impugnada. 

Al respecto, señaló que la Resolución Administrativa N° 231970003750, de 22 de 

noviembre de 2019, al contener todos los elementos del acto administrativo y sobre todo respetar el elemento de fundamentación previsto en el art. 28 de la Ley 2492 (CTB), cumple con el requisito de formación, citó las Sentencias Constitucionales 107/2003, de 10 de noviembre de 2003, 0991/2015-S1, de 26 de octubre de 2015, Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1273, de 28 de mayo de 2018, y señaló que bajo este lineamiento se establece que no es necesario que las resoluciones sean ampulosas, reiterativas, siendo suficientes que sean concretas y claras, como lo es la Resolución Administrativa N° 231970003750, de 22 de noviembre de 2019. 

Por lo tanto, en cuanto a la supuesta vulneración de los Principios Constitucionales 

manifestados por el recurrente, se concluye que por los antecedentes expuestos y 

presupuestos legales descritos se demostró ampliamente que los actos realizados y emitidos por la Administración Tributaria, fueron desarrollados respetando en todo 

momento los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad, buena fe y seguridad jurídica, conforme lo establecido en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), además respetando en todo momento los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado; en consecuencia no ha existido vulneración al principio constitucional alguno. 

11.3.2. Sobre la hipotética prescripción de la facultad de ejecución de cobro. 

La Administración Tributaria en su contestación luego de exponer antecedentes, doctrina y Principios administrativos como el de Legalidad y Seguridad Jurídica, señaló que el país se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, así dispone la Constitución Política del 

Estado en sus arts. 1 y 9, concibiéndose el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de la Administración Publica. Por su parte, el art. 78 1 de la referida Constitución Política del Estado, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica emitió las Sentencias Constitucionales SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003; 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006 y 0096/2012-R, de 19 de abril de 2012. 

Agregó que en el presente caso al tratarse del IVA, IT e IUE de periodos de la gestión 1997 por ventas no declaradas al haberse generado la Resolución Determinativa No 26/2004, de 31 de mayo de 2004, misma que al no ser impugnada quedó ejecutoriada y por tanto se emitió y notificó el Pliego de Cargo N° 268/2004, por lo que conforme salan los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb) el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2005 y concluiría el 31 de diciembre de 2009, sin embargo, al existir medidas coactivas y solicitudes del contribuyente, señaló que las medidas de la gestión 2004 interrumpieron la prescripción desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, las medidas del 2008 interrumpieron desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2013, las medidas de la gestión 2013, interrumpieron la prescripción desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018, las medidas de la gestión 2018, interrumpieron la prescripción desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023 y las medidas de la gestión 2019 interrumpieron la prescripción desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024, citó al efecto el Auto Supremo N° 266/2015 y la Sentencia No 495/2013, de 26 de noviembre de 2013, señaló además que la prescripción fué suspendida por: 1.- Nota de 09 de septiembre de 2004, el contribuyente solicitó copia simple de antecedentes, 2.- El 27 de noviembre de 2018, Ana Chungara Cazón solicitó y suscribió liquidación de adeudo, 3.- Nota de 03 de diciembre de 2018, el contribuyente solicitó copias legalizadas de antecedentes. Entregada según acta de 21 de febrero de 2019, 4.- Memorial de 22 de abril de 2019, Ana Chungara Cazón, aduciendo interés legítimo solicitó liquidación de deuda, 5.- Memorial de 28 de junio de 2019, identificado con hoja de ruta N° 100555/2019 Ana Chungara Cazón solicitó prescripción, 6.- Memorial de 14 de agosto de 2019, Ana Chungara Cazón en calidad de apoderada del contribuyente solicitó prescripción, lo cual hizo que la prescripción se suspendiera por 18 meses, por lo que la facultad para la ejecución tributaria se encuentra vigente, no dejando de lado, señalar que por mandato del art. 324 de la 

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II

III 

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Constitución Política de Estado, acorde con el art. 3 parágrafo II de la Ley 154, las deudas al Estado no prescriben y que el pago de tributos es obligatorio

En este entendido, el Pliego de Cargo No 268/2004, en atención a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que “la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años”, y en consideración a que no se cuenta con un procedimiento para declarar la prescripción en etapa de ejecución de cobro coactivo, se presenta un vacío jurídico con relación al cómputo del plazo para la prescripción en fase de Cobranza Coactiva o Ejecución Tributaria; por lo que, de acuerdo a la analogía y supletoriedad prevista en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde aplicar los arts. 1492 y1493 del Código Civil, conforme lo ha admitido el recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, por tanto en virtud a la interpretación constitucional efectuada en la Sentencia Constitucional No 

1606/2002R, de 20 de diciembre de 2002, que define el alcance de la prescripción en materia tributaria, citó la Sentencia Constitucional 2786/2010R, de 10 de diciembre de 2010

Finalmente, señaló que es contradictorio lo manifestado por el recurrente cuando señaló que las medidas coactivas realizadas por la Administración Tributaria no deben ser consideradas para la interrupción y suspensión de la prescripción menciona además las Sentencia 507/2017, de 28 de junio de 2017 y la Sentencia 031/2018, de 10 de abril de 2018, que hacen referencia a las medidas que s

consideran en la interrupción y en la suspensión, pero sin embargo existe un reconocimiento de la aplicación del Código Civil, por parte del recurrente con respecto a la aplicación a las medidas aplicadas por la Administración Tributaria, el mismo en su demanda de recurso de alzada reconoce la hipoteca de Derechos Reales y Tránsito, como una medida interruptiva consiguientemente, alegó que a fin de establecer el inicio del cómputo de la prescripción en cuanto a la facultad de ejecución tributaria, se debe considerar que “en materia tributaria la obligación 

impositiva no prescribe de oficio”, y que lo que se extingue por prescripción son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de establecido por Ley o que el sujeto activo por negligencia o desinterés no hubiera realizado las 

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ITIT 

AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

CONGROSUR 

gestiones de cobro coactivo; por lo que, en el presente caso la deuda tributaria determinada se encuentra firme y ejecutoriada y en estado de cobro coactivo a la 

fecha. 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada. 

II.4 Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 06 de enero de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

de veinte (20) dias común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 8 de enero de 2020 (fs. 45-46 del expediente). 

Dentro del plazo probatorio, que fenecía el 28 de enero de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial de 17 de enero de 2020, ratificó todas las pruebas y antecedentes presentados al momento de contestar al Recurso de Alzada (fs. 48 del 

expediente). 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo presentó memorial el 28 de enero de 2020 en el cual ratificó las pruebas que cursan en el proceso (fs. 51 del expediente). 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 17 de febrero de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial de 13 de febrero de 2020 (fs. 55-59 vta. del expediente), presentó alegatos reiterando los argumentos expuestos a momento de contestar su recurso de alzada

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 17 de febrero de 2020 (fs. 62-64 vta. Ja

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

del expediente), presentó alegatos reiterando los argumentos expuestos a momento 

de interponer su recurso de alzada. 

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MANAGE 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

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Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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IIIIII 

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II.1. 

El 12 de agosto de 2004, la Administración Tributaria notificó por edictos al recurrente con la Resolución Determinativa No RD 26/2004, de 31 de mayo de 2004, la cual determinó de oficio y por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente citado, una deuda tributaria por los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero ni septiembre por el IVA y los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero ni septiembre por el IT, el IUE de la gestión 1997, enero IVA (BP) IT (BP) y gestión 1997 TUE (BP) por un importe total de Bs1.004.652.-, que incluyó tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa (fs. 106 120 de antecedentes c. I). 

111.2. 

El 25 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notificó por edicto al recurrente con el Pliego de Cargo N° 268/2004 por la Resolución Determinativa No RD 26/2004, de 31 de mayo de 2004, por concepto obligaciones impositivas del contribuyente citado, una deuda tributaria por los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero ni septiembre por el IVA y los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero ni septiembre por el IT, el IUE de la gestión 1997, enero IVA (BP) IT (BP) y gestión 1997 IUE (BP) por un importe total de Bs 1.609.424.-, asimismo le informó que tenía el plazo de tres (3) días a partir de su legal notificación para cancelar el importe mencionado, bajo conminatoria de aplicarle las medidas precautorias (fs. 132-138 de antecedentes c. I). 

III.3. El 21 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 994/2004 solicitó al Jefe del Departamento de Vehículos 

del Gobierno Municipal información sobre sobre vehículos registrados a nombre del ejecutado (fs. 144-147 de antecedentes c. I). 

III.4. 

El 23 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 995/2004, solicitó información al Juez Registrador de Derechos Reales sobre el derecho propietario de bienes inmuebles inscritos a nombre del ejecutado, entre otros, por el Pliego de Cargo No 268/2004 (fs. 139-142 de antecedentes c. I). 

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TIUNI 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

NEOBY. 

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111.5. 

El 2 de febrero de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota GDSC/DTJC/UCC/No 069/2005, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito, la anotación preventiva de vehiculos registrados a nombre del ejecutado (fs. 190-191 de antecedentes c. I). 

III.6. 

El 17 de febrero de 2005, la Administración Tributaria libró Mandamiento de 

Embargo N° 0088, en el cual dispuso se proceda al embargo de los bienes 

propios del ejecutado (fs. 157-158 de antecedentes c. I). 

III.7. 

El 23 de febrero de 2005, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0228/2005 solicitó al Gerente General de la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda. (COTAS LTDA), la anotación preventiva de las neas telefónicas de propiedad del ejecutado hoy recurrente, asimismo, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/229/2005, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos del ejecutado (fs. 160-167 de antecedentes c. 1). 

III.8. El 12 de marzo de 2005, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 0276/2005 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales la anotación preventiva del bien inmueble con matrícula No 7.01.1.06.0019961 (fs. 186 de antecedentes c. I). 

111.9. 

El 2 de mayo de 2008, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC No 538/2008 solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal de la parte correspondiente de propiedad de los inmuebles con matrículas N° 7.01.1.06.0019961 y N° 7.01.1.99.0028642 (fs. 218 de antecedentes c. 1). 

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III.10. El 30 de julio de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ I/DJCC/UCC/NOT/2402/2013, solicitó información al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal información sobre sobre vehículos registrados a nombre del ejecutado, el 7 de agosto de 2013, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ /DJCC/UCC/NOT/2394/2013, solicitó información al Registrador de Derechos Reales respecto a los bienes inmuebles registrados a nombre del ejecutado, el 10 de octubre de 2013, 

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MANAGER 

ANS 

NB/ISO 

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de la Calidad Certificado N° 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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IIIIIIIIII 

III 

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mediante nota CITE: SIN/GDSCZ /DJCC/UCC/NOT/3545/2013, solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal del bien inmueble con matrícula N° 7.01.1.99.0028642, el 14 de octubre de 2013 mediante nota CITE: SIN/GDSCZ /DJCC/UCC/NOT/3616/2013, solicitó hipoteca legal y certificado alodial de los vehículos registrados a nombre del ejecutado, y el 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ /DTJC/UCC/NOT/4201/2013, solicitó a la Secretaría de Recaudaciones del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz la certificación de la situación impositiva y avalúo fiscal del inmueble con matrícula N° 7.01.1.99.0028642 (fs. 222, 233, 236, 226 y 287 de antecedentes 

  1. II). 

III.11. El 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, emitió la nota CITE: 

SIN/GDSCZ 1/DJCC/NOT/12499/2018, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos pertenecientes al ejecutado (fs. 241-242 de 

antecedentes c. II). 

III. 12. El 29 de marzo de 2019, la Administración Tributaria libró Mandamiento de 

Embargo N° 5560, en el cual dispuso se proceda al embargo de los bienes propios del ejecutado (fs. 251 de antecedentes c. II). 

111.13. El 22 de abril de 2019, el contribuyente hoy recurrente solicitó a la 

Administración Tributaria liquidación previa de posibilidad de pago (fs. 261 de antecedentes c. II). 

III.14. El 31 de mayo de 2019, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ W/DJCC/NOT/6867/2019, solicitó al Registrador de Derechos Reales del Distrito Judicial de Santa Cruz la inscripción del Mandamiento de Embargo N° 5560 del inmueble con matrícula N° 7.01.1.99.0028642 y el 23 de septiembre de 2019, mediante nota CITE: SIN/GDSCZI/DJCC/UCC/NOT/2422/2019, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos pertenecientes al ejecutado (fs. 307-309 de antecedentes c. II)

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… 

.. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

III.15. El 28 de junio de 2019, Ana Chungara Cazón en su calidad de compradora del 

inmueble matrícula N° 7.01.1.99.0028642 mediante memorial se apersonó a la 

Administración Tributaria y solicitó la prescripción de la ejecución de la deuda 

tributaria por el Pliego de Cargo No 268/2004 en el marco de la Ley 1340 (CTb) (fs. 315-318 de antecedentes c. 11). 

III.16. El 14 de agosto de 2019, Ana Chungara Cazón en representación de

recurrente mediante memorial se apersonó a la Administración Tributaria y solicitó la prescripción de la ejecución de la deuda tributaria por el Pliego de Cargo No 268/2004 en el marco de la Ley 1340 (CTb) (fs. 325-328 de 

antecedentes c. 11)

III.17. El 21 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ W/DJCC/UCC/NOT/3625/2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito información de los vehículos registrados a nombre del ejecutado (fs. 286 de antecedentes c. II). 

III.18. El 26 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera 

personal al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231970003750, de 22 de noviembre de 2019, la cual rechazó la prescripción solicitada y emergente del Pliego de Cargo No 268/2004 con incidencia en el impuesto IVA, IT e IUE periodos enero a diciembre de 1997 por ventas no declaradas 

(fs. 336-346 de antecedentes c. II)

  1. FUNDAMENTACIÓN TECNICA Y JURIDICA. 

El agravio planteado por el recurrente fue: 1. Prescripción de la facultad para ejercer 

el cobro coactivo. 

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IV.1. Sobre la prescripción en la etapa de cobranza coactiva. 

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Roponala 

El recurrente en su recurso señaló que tanto la prescripción, como la seguridad jurídica son dos institutos íntimamente ligados que pretenden la protección del derecho del deudor cuando el acreedor no ejerce su facultad de cobro y en el presente caso la Administración Tributaria no ejerció el cobro por más de cinco año

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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que es el tiempo regulado por ley, por lo que solicita la prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria y al respecto citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013, señaló además que sobre el argumento de la Administración Tributaria cuando señala que cada cinco años habría interrumpido el cómputo por las medidas coactivas y que inclusive a la fecha la deuda no se encontraría prescrita demostrará que dichas medidas no tienen efecto interruptivo y a tal efecto citó las Sentencias 507/2017, de 28 de junio de 2017 y 031/2018, de 10 de abril de 2018, ambas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que señalan que para los casos en los que se aplica la Ley 1340 (CTb), y que se encuentran en ejecución tributaria o cobro coactivo las medidas coactivas no tienen carácter interruptivo de la prescripción, en tal sentido es evidente que la deuda tributaria que se pretende cobrar se encuentra prescrita desde el 31 de diciembre de 200

considerando que el Pliego de Cargo se emitió en la gestión 2004 y que la emisión del mismo no viene a ser una medida, por lo que se computa la prescripción desde el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, citó la Sentencia Constitucional 0566/2018-S1, de 1 de octubre de 2018 y señaló que la misma obliga a la Autoridad de Impugnación Tributaria a cumplir con los lineamientos jurídicos establecidos por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. 

Agregó que a pesar del ilegal razonamiento de la Administración Tributaria respecto a la interrupción de la prescripción por las medidas, de igual forma la deuda esta prescrita, ya que dejó pasar más de cinco años teniéndose en cuenta que el 29 de abril de 2008 tomó medida de constituir hipoteca, por lo que el cómputo se interrumpió el 30 de abril de 2008 y computándose los cinco años que establece la Ley 1340 (CTb) se debió interrumpir nuevamente la prescripción máximo hasta el 30 de abril de 2013, sin embargo, se tomó medidas en fechas posteriores, cuando ya la prescripción había operado, de igual manera se solicitó hipoteca de vehículos el 11 de octubre de 2013 y la prescripción comenzó a computarse desde el 12 de octubre de 2013, debiendo interrumpirse máximo hasta el 12 de octubre de 2018, sobre la solicitud de certificación dirigida al Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de 

27 de noviembre de 2013, la misma no puede ser interruptiva por que no es una 

medida coactiva. 

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria señala que: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2a edición, Pág. 189). También para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el presente caso su ente recaudador. 

De esta forma, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaino. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

Así también, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado.” De considerarse que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269). 

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En el caso que nos ocupa, tratándose de la Acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria contenida en el Pliego de Cargo por periodos e impuestos de la gestión 1997, el hecho imponible del impuesto ocurrió e

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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III 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb), dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional. 

En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional N° 1606/2002 

R: la misma expresa que: “En este sentido el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria. Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogia y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. Asimismo, el art. 7 de la Ley N° 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.”. 

(N 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “(…) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podia suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del tulo constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del digo civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (…). Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias.”. 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las 

que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTB). 

Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que: “En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley, determina que: “La acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años(las negrillas son nuestras). 

No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que: “7. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece...”

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Así también, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone 

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que: La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese sentido, se tiene que la 

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prescripción en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto 

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en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de 

ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados 

arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó la prescripción invocada 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 12 de agosto de 2004, la Administración Tributaria notificó por edictos a Fanor Montenegro Zurita con la Resolución Determinativa No RD 26/2004, de 31 de mayo de 2004, la cual determinó de oficio y por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones 

impositivas del contribuyente citado, una deuda tributaria por los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero ni septiembre por el IVA y los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero ni septiembre por el IT, el IUE de la gestión 1997, enero IVA (BP) IT (BP) y gestión 1997 LUE (BP) por un importe total de Bs 1.004.652.-, que incluyó tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa (fs. 106-120 de antecedentes c. I). 

Consiguientemente, el 25 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notifico por edicto al recurrente con el Pliego de Cargo No 268/2004 por la Resolución Determinativa No RD 26/2004, de 31 de mayo de 2004, por concepto obligaciones impositivas del contribuyente citado, una deuda tributaria por los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero ni septiembre por el IVA y los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero ni septiembre por el IT, el IUE de la gestión 1997, enero IVA (BP) IT (BP) y gestión 1997 IUE (BP) por un importe total de Bs 1.609.424.-, asimismo, le informó que tenía el plazo de tres (3) días a partir de su legal notificación para cancelar el importe mencionado, bajo conminatoria de aplicarle las medidas precautorias (fs. 132-138 de antecedentes c. I). 

A tal efecto, el 21 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 994/2004 solicitó al Jefe del Departamento de vehículos del Gobierno Municipal información sobre sobre vehículos registrados a nombre del ejecutado (fs. 144-147 de antecedentes c. I), y el 23 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 995/2004, solicitó información al Juez Registrador de Derechos Reales sobre el derech

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

oho 

propietario de bienes inmuebles inscritos a nombre del ejecutado, entre otros, por el Pliego de Cargo No 268/2004 (fs. 139-142 de antecedentes c. 1). 

Al siguiente año, el 2 de febrero de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota GDSC/DTJC/UCC/No 069/2005, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito, la anotación preventiva de vehículos registrados a nombre del ejecutado (fs. 190-191 de 

antecedentes c. 1) consiguientemente, el 17 de febrero de 2005, la Administración 

Tributaria libró Mandamiento de Embargo N° 0088, en el cual dispuso se proceda al 

embargo de los bienes propios del ejecutado (fs. 157-158 de antecedentes c. I), y el 23 de febrero de 2005, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0228/2005 solicitó al Gerente General de la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda. (COTAS LTDA) la anotación preventiva de las líneas telefónicas de propiedad del ejecutado hoy recurrente, asimismo, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 229/2005, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos del ejecutado (fs. 160-167 de antecedentes c. I). 

Continuando con la compulsa se tiene que el 12 de marzo de 2005, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0276/2005 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales la anotación preventiva del bien inmueble con matrícula N° 7.01.1.06.0019961 (fs. 186 de antecedentes c. 1), posteriormente, el 2 de mayo de 2008, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC No 538/2008 solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal de la parte 

correspondiente de propiedad de los inmuebles con matrículas N° 7.01.1.06.001996

y N° 7.01.1.99.0028642 (fs. 218 de antecedentes c. I). 

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Posteriormente, el 30 de julio de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ W/DJCC/UCC/NOT/2402/2013, solicitó información al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal información sobre sobre vehículos registrados a nombre del ejecutado, el 7 de agosto de 2013, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ /DJCC/UCC/NOT/2394/2013, solicitó información al Registrador de Derechos Reales respecto a los bienes inmuebles registrados a nombre del ejecutado, el 10 de octubre de 2013, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ /DJCC/UCC/NOT/3545/2013, solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal del bien inmueble con matrícula N° 7.01.1.99.0028642, el 14 de octubre de 2013 

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mediante nota CITE: SIN/GDSCZ /DJCC/UCC/NOT/3616/2013, solicitó hipoteca legal y certificado alodial de los vehículos registrados a nombre del ejecutado, y el 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ /DTJC/UCC/NOT/4201/2013, solicitó a la Secretaría de Recaudaciones del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz la certificación de la situación impositiva y avalúo fiscal del inmueble con matrícula N° 7.01.1.99.0028642 (fs. 222, 233, 236, 226 y 287 de antecedentes c. II). 

De manera ulterior, el 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ I/DJCC/NOT/12499/2018, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos pertenecientes al ejecutado (fs. 241-242 de 

antecedentes c. 11). y al siguiente año el 29 de marzo de 2019, la Administración Tributaria libró Mandamiento de Embargo N° 5560, en el cual dispuso se proceda al embargo de los bienes propios del ejecutado (fs. 251 de antecedentes c. II)

Así también se tiene que el 22 de abril de 2019, el contribuyente hoy recurrente solicitó a la Administración Tributaria liquidación previa de posibilidad 261 de antecedentes c. II), y el 31 de mayo de 2019, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ I/DJCC/NOT/6867/2019, solicitó al Registrador de Derechos Reales del Distrito Judicial de Santa Cruz la inscripción del Mandamiento de Embargo N° 5560 del inmueble con matrícula No 7.01.1.99.0028642 y el 23 de septiembre de 2019, mediante nota CITE: SIN/GDSCZI/DJCCIUCC/NOT/2422/2019, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos pertenecientes al ejecutado (fs. 307-309 de antecedentes c. II). 

Continuando se tiene que el 28 de junio de 2019, Ana Chungara Cazón en su calidad de compradora del inmueble matrícula N° 7.01.1.99.0028642 mediante memorial se apersonó a la Administración Tributaria y solicitó la prescripción de la ejecución de la deuda tributaria por el Pliego de Cargo No 268/2004 en el marco de la Ley 1340 (CTb) (fs. 315-318 de antecedentes c. II), y el 14 de agosto de 2019, Ana Chungara Cazón en representación del recurrente mediante memorial se apersonó a la Administración Tributaria y solicitó la prescripción de la ejecución de la deuda tributaria por el Pliego de Cargo No 268/2004 en el marco de la Ley 1340 (CTb) (fs. 325-328 de antecedentes c. 11). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

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Por su parte, el 21 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ 1/DJCC/UCC/NOT/3625/2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito información de los vehículos registrados a nombre del ejecutado (fs. 286 de 

antecedentes c. 11), y finalmente, el 26 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera personal al recurrente con la Resolución Administrativa 

N° 231970003750, de 22 de noviembre de 2019, la cual rechazó la prescripción 

solicitada y emergente del Pliego de Cargo No 268/2004 con incidencia en el impuesto IVA, IT e IUE periodos enero a diciembre de 1997 por ventas no declaradas (fs. 336-346 de antecedentes c. II). 

De lo descrito se advirtió que en el presente caso, el Pliego de Cargo N° 26/2004 emitido en contra del recurrente, contiene como título de ejecución a la Resolución 

Determinativa No RD 26/2004, de 31 de mayo de 2004 deudas tributarias por los 

periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero y septiembre por el IVA y los periodos fiscales enero a diciembre de 1997 menos febrero y septiembre por el IT, el IUE de la gestión 1997, enero IVA (BP) IT (BP) y gestión 1997 IUE (BP) por un importe total de Bs 1.004.652.-, que incluyó tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y multa, por lo que, corresponde efectuar el análisis respecto a la prescripción de la acción de la Administración Tributaria, para ejecutar las citadas 

deudas contenidas en el título, evidenciándose que el recurrente una vez notificada con la Resolución no la impugnó por lo que la Resolución Determinativa adquirió firmeza y se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, conforme al art. 108, parágrafo I, num. 1, de la Ley 2492 (CTB), en ese entendido considerando que la Resolución Determinativa adquirió firmeza corresponde por los periodos fiscales de la gestión 1997, efectuar el análisis en la etapa de cobranza coactiva en el marco de la Ley 1340 (CTb). 

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Ahora bien, a efectos de lo señalado anteriormente, de conformidad al lineamiento vertido por la máxima instancia administrativa en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1174/2015, de 14 de julio de 2015, que estableció que se debe tomar en cuenta para los periodos cuyas obligaciones tributarias quedaron firmes y ejecutoriadas, en vigencia de la Ley 1340 (Ctb), es importante establecer el plazo de prescripción para el presente caso, y al ser evidente que en la Ley 1340 (CTb), existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

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Etapa de Ejecución (Cobranza Coactiva), cuando la Obligación Tributaria ha quedado firme; en virtud de la analogia y supletoriedad prevista en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que “/. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece (…).. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción), dispone que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo.”(Las negrillas son nuestras). 

En consecuencia, la prescripción de la Ejecución Tributaria (Cobro Coactivo), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta Instancia Jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración, debiendo en tal sentido analizarse la fecha en la cual la Resolución Determinativa N° 26/2004, de 31 de mayo de 2004, adquirió firmeza, es decir, que si fue notificada el 12 de agosto de 2004, a efectos de considerar plazos para impugnar y ejercer el derecho a la defensa a la fecha de la notificación, ya se encontraba vigente la Ley 2492 (CTB), por lo que se tiene que el cómputo de la prescripción del Cobro Coactivo y/o Ejecución Tributaria de las deudas tributarias contenidas en la Resolución Determinativa mencionada, se inició vencidos los veinte días, para que el Sujeto Pasivo impugne, computables a partir de la notificación con dicho acto, que en este caso ocurrió el 13 de agosto de 2004, entonces, el plazo para su impugnación feneció el 1 de septiembre de 2004; consecuentemente, el plazo de cinco años para que la Administración Tributaria efectivice el cobro con todos los medios legales que la Ley le faculta, se inició una vez ejecutoriada la Resolución citada, es decir, el 2 de septiembre de 2004 y debió concluir el 2 de septiembre de 2009. 

Por consiguiente, se tiene que la Administración Tributaria el 25 de noviembre de 2004, notificó por edicto al recurrente con el Pliego de Cargo No 268/2004 por la Resolución Determinativa N° RD 26/2004, de 31 de mayo de 2004, lo cual 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

O-OSOIRES 

interrumpió el cómputo de la prescripción, de igual manera el 21 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/994/2004 solicitó al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal información sobre vehículos registrados a nombre del ejecutado (fs. 144-147 de antecedentes C. I), el 23 de diciembre de 2004, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 995/2004, solicitó información al Juez Registrador de Derechos Reales sobre el derecho propietario de bienes inmuebles inscritos a nombre del ejecutado, entre otros, por el Pliego de Cargo No 268/2004 (fs. 139-142 de antecedentes c. 1). Asimismo, el 2 de febrero de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/No 069/2005, solicitó la anotación preventiva de vehículos registrados a nombre del ejecutado (fs. 190-191 de antecedentes c. I), 

consiguientemente, el 17 de febrero de 2005, la Administración Tributaria libró 

Mandamiento de Embargo N° 0088, en el cual dispuso se proceda al embargo de los 

bienes propios del ejecutado (fs. 157-158 de antecedentes c. I), el 23 de febrero de 

2005, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/No 0228/2005 solicitó al Gerente General de la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda. (COTAS LTDA) la anotación preventiva de las líneas telefónicas de propiedad del ejecutado hoy recurrente, asimismo, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 229/2005, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos del ejecutado (fs. 160-167 de antecedentes C. 1), la Administración Tributaria el 12 de marzo de 2005, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0276/2005 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales la anotación preventiva del bien inmueble con matrícula N° 7.01.1.06.0019961 (fs. 186 de antecedentes c. I), y el 2 de mayo de 2008, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC No 538/2008 solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal de la parte correspondiente de propiedad de los inmuebles con matrículas N° 7.01.1.06.0019961 y N° 7.01.1.99.0028642 (fs. 218 de antecedentes c. I), por lo que nuevamente el cómputo fue interrumpido y se inició un nuevo cómputo el 3 de mayo de 2008 hasta el 3 de mayo de 2013, en concordancia con la línea doctrinal adoptada por la máxima instancia administrativa en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 150/2017, de 14 de febrero de 2017. 

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Sin embargo, siguiendo con la compulsa documental, se observa que la Administración Tributaria recién el 30 de julio de 2013, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ W/DJCC/UCC/NOT/2402/2013, solicitó información al Jefe del 

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III 

Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal sobre vehículos registrados a nombre del ejecutado, y el 28 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria, emitió la nota CITE: SIN/GDSCZ W/DJCC/NOT/12499/2018, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos pertenecientes al ejecutado (fs. 241-242 de antecedentes c. II). y al siguiente año el 29 de marzo de 2019, la Administración Tributaria libró Mandamiento de Embargo N° 5560, en el cual dispuso se proceda al embargo de los bienes propios del ejecutado (fs. 251 de antecedentes c. II). Así también se tiene que el 22 de abril de 2019, el contribuyente hoy recurrente 

Administración Tributaria liquidación previa de posibilidad de pago (fs. 261 de antecedentes c. II), y el 31 de mayo de 2019, mediante nota CITE: SIN/GDSCZ 1/DJCC/NOT/6867/2019, solicitó al Registrador de Derechos Reales del Distrito Judicial de Santa Cruz la inscripción del Mandamiento de Embargo N° 5560 del inmueble con matrícula No 7.01.1.99.0028642 y el 23 de septiembre de 2019, mediante nota CITE: SIN/GDSCZI/DJCC/UCC/NOT/2422/2019, solicitó a la Superintendencia de Bancos la retención de fondos pertenecientes al ejecutado (fs. 307-309 de antecedentes c. II), finalmente, el 21 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria, mediante nota CITE S IN/GDSCZ I/DJCC/UCC/NOT/3625/2019, solicitó a la Unidad Operativa de Tránsito información de los vehículos registrados a nombre del ejecutado (fs. 286 de antecedentes c. II), teniéndose que todas estas acciones posteriores al 3 de mayo de 2013, fueron realizadas fuera del plazo de prescripción de cinco años, iniciado el 03 de mayo de 2008. 

Por su parte, respecto a lo argumentado por la Administración Tributaria que la prescripción fue suspendida por: 1.- Nota de 09 de septiembre de 2004, el contribuyente solicitó copia simple de antecedentes, 2.- El 27 de noviembre de 2018, Ana Chungara Cazón solicitó y suscribió liquidación de adeudo, 3.- Nota de 03 de diciembre de 2018, el contribuyente solicitó copias legalizadas de antecedentes. Entregada según acta de 21 de febrero de 2019, 4.- Memorial de 22 de abril de 2019, Ana Chungara Cazón, aduciendo interés legítimo solicitó liquidación de deuda, corresponde aclarar, que si bien la nota de 9 de septiembre de 2004, tuvo efecto suspensivo del curso de la prescripción, conforme prevé el art. 55 de la Ley 1340 , dicho plazo, también fue interrumpido con las subsiguientes actuaciones, siendo la última, la medida efectuada el 2 de mayo de 2008, a partir de la cual, se inició nuevamente el cómputo, tal como se analizó en párrafos precedentes, plazo que 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

THI TAMA

venció el 3 de mayo de 2013, y en cuyo término no se realizaron actuaciones tendientes al cobro de la obligación tributaria, lo que generó que se configure la extinción de las obligaciones tributarias por prescripción de las facultades de la entidad recurrida, encontrándose ya fuera de plazo, las siguientes actuaciones referidas por la Administración Tributaria, por consiguiente, éstas no pudieron causar efecto suspensivo alguno. 

Ahora bien, con relación al efecto del Auto Supremo N° 266/2015 y la Sentencia No 495/2013 de 26 de noviembre de 2013, y las Sentencias Nos. 507/2017, de 28 de 

junio de 2017 y 031/2018, de 10 de abril de 2018, del Tribunal Supremo, identificadas por el recurrente, es necesario precisar que en cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto; consiguientemente, las citadas Sentencias, si bien son precedentes judiciales que emanan de un Tribunal Supremo 

las mismas no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; siendo sólo las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio razonamiento amparado en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado y 15 parágrafo 11 del Código Procesal Constitucional. Adicionalmente, el criterio anterior se ve reforzado por el Auto Constitucional 0008/2017, de 24 de febrero de 2017 en su parágrafo III.1 manifiesta lo siguiente: “El AC 0006/2012-0 de 5 de noviembre, estableció que: “El art. 15./ del CPCO, señala de manera expresa que: Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes 

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Sala:

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

intervinientes en un proceso constitucional...; asimismo, el segundo parágrafo de esta disposición establece que las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares! En mérito al tenor literal de la disposición antes señalada, se establece que la parte dispositiva de toda decisión 

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constitucional con calidad de cosa juzgada es de cumplimiento obligatorio para la

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partes procesales; constituyendo la razón jurídica de los fallos el precedente jurisprudencial vinculante a ser aplicado en casos futuros con identidad fáctica. (…).“. 

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No obstante ello, habiéndose advertido que desde el 3 de mayo de 2008 hasta el 3 de mayo de 2013, existió inactividad de la Administración Tributaria por el término de 5 años continuos, toda vez que la reactivación de medidas realizadas en julio, octubre, noviembre de 2013, noviembre y diciembre de 2018, abril, mayo, septiembre y noviembre de 2019 se realizaron después del término en que operó la prescripción por inactividad del sujeto activo; al no haberse demostrado la realización de algún acto efectuado tendiente al cobro de la deuda contenida en el Pliego de Cargo antes descrito, dentro del citado plazo, se llega a la firme convicción de que la Administración Tributaria dio lugar a que opere la prescripción de ejercer su facultad 

de cobro coactivo, por lo tanto, corresponde a esta instancia recursiva dar curso a la 

prescripción invocada por el recurrente. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo; en el marco de la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, en resguardo de la seguridad jurídica corresponde dar la razón al recurrente en este punto, por lo que, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa No 231970003750, de 22 de noviembre de 2019, quedando sin efecto todas las actuaciones de ejecución y medidas coactivas adoptadas. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del 

D.Ş. 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 231970003750, de 22 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

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III III INIL

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Cruz | del Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo del título de ejecución contenido en el Pliego de Cargo 268/2004, de 20 de septiembre de 2004, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), han prescrito y, por tanto, dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas en contra del recurrente; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Lo Ragione 

Clav

Dog. Durly hainz Salata Perei Directora Ejecutiva Regionsia… 

Autoridad Regional do impugnación tributaria Santa Cm 

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DKSP/ccav/cmmf/rihv/acq/fmmb. PARIT-SCZIRA 0147/2020 

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