ARIT-SCZ-RA-0123-2020 Inicio de medidas coactivas no interrumpe termino de la prescripción

ARIT-SCZ-RA-0123-2020

aití 

Autoridad de 

Impugnacióm Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0123/2020 

Leovigilda Rosales Sahonero 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Edwin 

Darleng Menacho Callad. 

Resolución Administrativa N° 

231970003717, de 19 de noviembre 

de 2019. 

ARIT-SCZ 0849/2019. 

Santa Cruz, 11 de febrero de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0123/2020 de 10 de febrero de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. Acto Administrativo impugnado 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa 231970003717, de 19 de noviembre de 2019, la cual rechazó la prescripción -// solicitada y emergente del Pliego de Cargo 79-39/2003 por concepto de intimación por pago en defecto con incidencia en el IVA, periodo agosto 2002, IT periodos 

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Jutticia tributaria para vivir bien 

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Certificado N” 771/14 

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Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

agosto y diciembre 2001, y periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio y agosto del 2002. Asimismo, del Pliego de Cargo 79-40/2003 por concepto de intimación por pago en defecto con incidencia en el IVA, periodo noviembre de 2000 e IT periodos abril y octubre del 2002. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del Recurrente. 

Leovigilda Rosales Sahonero, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2019 (fs. 12-15 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 231970003717, de 19 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1. Prescripción de la facultad para ejercer el cobro coactivo. 

La recurrente en su recurso señaló que la deuda tributaria por su naturaleza, ya no comprende ningún tipo de acción legal para su exigencia, puesto que de acuerdo a lo establecido en el art. 53 de la extinta Ley 1340, el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo y han pasado diecisiete años desde la gestión 2002, por lo que no es legítima la pretensión de la Administración Tributaria al actuar fuera del marco de la Constitución Política del Estado y de la Ley 2341 (LPA), agregó que la misma Administración reconoce la aplicación de los Principios Tempus Regis Actum y Tempus Comissi Delicti, sin embargo, no es la toma de medidas efectuadas por la Gerencia, sino el paso del tiempo y desde el 2006 hasta julio de 2019, desde la fecha de la interrupción que argumenta la Administración ya no eran válidas las medidas tomadas, y señaló que no es procedente la ejecución coactiva al amparo de la Ley 2492 (CTB) que establece un término de cuatro años para la prescripción, agregó que la inacción de la Administración Tributaria para imponer sanciones de una deuda y el cobro de la misma no puede atribuírsele al contribuyente como una causal de interrupción, 2 de 20

A¡TÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que se efectivice la determinación y cobro en un determinado tiempo, por lo que la acción de la Administración para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas e intereses y recargos respecto al IVA e IT de las gestiones 2000, 2001 y 2002 a la fecha se encuentran prescritas, citó al efecto las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT RJ 11/89/2012, AGIT-RJ 1059/2012, AGIT-RJ 246/2015, AGIT-RJ 1098/2015, AGIT RJ 1694/2017 y también la Sentencia 565/2015 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, el Auto Supremo 097/2014 y la Sentencia Constitucional 0232/2017-S3. 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa impugnada emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 26 de noviembre de 2019 (fs. 16 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa 231970003717, de 19 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial de 16 de diciembre de 2019 (fs. 26-30 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Sobre la hipotética prescripción de la facultad de ejecución de cobro. 

La Administración Tributaria en su contestación luego de exponer antecedentes y doctrina señaló que se debe considerar la interrupción de la prescripción por reconocimiento del contribuyente, citó el Auto Supremo 266/2015, así como el lineamiento compartido por diferentes precedentes administrativos emitidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ0505/2008, 

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Miaña tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional 1606/2002- R, agregó que en el presente caso al tratarse de periodos y gestiones 2001 y 2002 conforme señalan los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 en lo que se refiere al Pliego de Cargo 79-39/2003 para el IVA de la gestión 2002 el término de la prescripción inicio el 1 de enero de 2003 y concluiría el 31 de diciembre de 2007, para el IT de la gestión 2001 el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2002, y concluiría el 31 de diciembre de 2006, para el IT de la gestión 2002 la prescripción inició el 1 de enero de 2003 y concluiría el 31 de diciembre de 2007, sin embargo, al existir medidas coactivas, respecto al Pliego de Cargo 79-40/2003 para el IVA de la gestión 2000 e IT de la gestión 2002 conforme señalan los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2001 y concluiría el 31 de diciembre de 2005 y para el impuesto IT de la gestión 2002 inició el 1 de enero de 2003 y concluiría el 31 de diciembre de 2007, al existir las medidas coactivas efectuadas mediante nota CITE: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N0 4-336/2003 el 24 de junio de 2003, nota CITE: GDSC/GRAC07DTJC/OF/N° 4-367/2003 el 2 de julio de 2003, nota CITE: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N° 4-500/2003 el 18 de agosto, nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 1791/2006 el 26 de septiembre de 2006, nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 1788/2006, nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1787/2006 el 27 de septiembre de 2006, nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 1790/2006, además que el 6 de octubre de 2006, la contribuyente mediante nota señaló presentar descargos y el 26 de junio de 2019 por solicitud de la contribuyente se realizó liquidación, asimismo, el 14 de noviembre de 2006, el 18 de julio de 2019, la Administración Tributaría medíante nota CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/10714/2019 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la ejecutada por las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo 79-39/2003 y N° 79-40/2003 y el 9 de septiembre de 2019 mediante notas CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/2109/2019 y CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/2110/2019 solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal y prohibición de innovar y de transferencia sobre el bien inmueble. 

De lo anterior se demuestra que la facultad de la ejecución tributaria emergente de los Pliegos de Cargo citados se encuentra vigente y hasta que no exista el pago total de la deuda con su respectiva constancia no corresponde dejar sin efecto las medidas coactivas, asimismo estando en curso el cómputo de la prescripción el 28 de junio de 2019 se entregó a la hija de la recurrente la liquidación de la deuda, la cual 4 de 20

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

fue a solicitud y no es emitida de oficio, por lo que conforme al art. 54 num. 2 de la Ley 1340 es un reconocimiento expreso de la obligación, por lo que inició un nuevo cómputo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 2025, además se suspendió por la impugnación de acuerdo a lo establecido en el art. 55 de la Ley 1340, por lo que no ha existido inactividad y no ha operado la prescripción, citó los arts. 324 de la Constitución Política del Estado y el 3 parágrafo II de la Ley 154, y en cuanto a la aplicación del TEMPUS COMISSI DELICTI citó las Sentencias Nos. 128/2013, de 13 de abril de 2013 y 1055/2006, de 23 de octubre de 2006, entre otras. 

Porlo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada. 

II.4 Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 17 de diciembre de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto la recurrente, como a la entidad recurrida el 18 de diciembre de 2019 (fs. 31-32 del expediente). 

Dentro del plazo probatorio, que fenecía el 7 de enero de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial de 07 de enero de 2020, ratificó todas las pruebas y antecedentes presentados al momento de contestar al Recurso de Alzada (fs. 35 del expediente). 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo no ratificó ni presentó pruebas. 

II.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 27 de enero de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial de 17 de enero de 2020 (fs.39-41 vta. del expediente) presentó alegatos, en conclusión, »ISO9001i reiterando los argumentos expuestos a momento de contestar el recurso de alzada. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

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Justicia tributaria para vivir bien 

J¿nmit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

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111.1. El 8 de mayo de 2003, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el Pliego de Cargo 79-39/2003, de 11 de abril de 20013, donde se establecen adeudos tributarios de Bs39.530.-, correspondientes a tributos omitidos (IVA e IT) de los periodos fiscales agosto IVA 2002, IT enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto todos de 2002, e IT agosto y 

diciembre de 2001, y con el Pliego de Cargo 79-40/2003, de 11 de abril de 2003, donde se establecen adeudos tributarios de Bs3.363.-, correspondientes a tributos omitidos (IVA e IT) de los periodos fiscales noviembre IVA 2000, abril y octubre IT 2002, informándole que se le concede el plazo de tres (3) días a partir de su legal notificación para que cancele el importe mencionado, bajo conminatoria de aplicarle las medidas precautorias (fs. 22-22 vta. y 125-125 vta. de antecedentes). 

111.2. El 24 de junio de 2003, la Administración Tributaria medíante nota Cite: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N0 4-336/2003 solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de la ejecutada (fs. 31 de antecedentes). 

111.3. El 2 de julio de 2003, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N” 4-367/2003 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales certifique si la ejecutada tiene bienes registrados a su nombre y el 18 de agosto mediante nota Cite: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N0 4- 500/2003 solicitó al mismo Juez la anotación preventiva de los bienes de propiedad de la ejecutada con matrículas 7011990038123 y N° 010374185 (fs. 35 y 39 de antecedentes). 

111.4. El 26 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1791/2006 solicitó al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal información sobre vehículos registrados a nombre de la ejecutada, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1788/2006 solicitó al Gerente General de la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda. (COTAS LTDA) la hipoteca de las líneas telefónicas de propiedad de la ejecutada hoy recurrente, asimismo, el 27 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1787/2006, solicitó al 

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AIT.^ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos 

de la ejecutada (fs. 51-53 de antecedentes). 

1.5. El 6 de octubre de 2006, la contribuyente hoy recurrente mediante nota presentó descargos y adjuntó fotocopias del reporte de aceptación del 

Programa Transitorio con número de Resolución Administrativa GDGSC 

DTJC 56/2005, de 10 de junio de 2005, mediante la cual se formaliza su 

acogimiento a dicho programa y regulariza sus obligaciones tributarías (fs. 65- 

69 de antecedentes). 

.6. El 14 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 1790/2006 solicitó al Registrador Departamental de 

Derechos Reales la hipoteca legal del bien inmueble con matrícula N° 

7011990038123 por las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo 79- 

39/2003 y 79-40/2003, entre otros (fs. 79 de antecedentes). 

.7. El 27 de junio de 2019, la recurrente mediante memorial se apersonó y denunció ilegal vigencia de tributos prescritos y resoluciones contrarias a la 

Constitución Política del Estado y las leyes, por lo que alegó la improcedencia 

de la deuda tributaria y sanciones por periodos y gestiones prescritas (fs. 221- 

224 de antecedentes). 

1.8. El 18 de julio de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/10714/2019 solicitó a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de 

ahorro y/o depósitos de la ejecutada por las deudas contenidas en los Pliegos 

de Cargo 79-39/2003 y N° 79-40/2003 y el 9 de septiembre de 2019 

mediante notas CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/2109/2019 y CITE: GDSCZ 

l/DJCC/NOT/2110/2019 solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca 

legal y prohibición de innovar y de transferencia sobre los bienes inmuebles 

7.01.1.99.0061474 y N° 7.01.1.06.0081654 por las deudas contenidas en 

los Pliegos de Cargo citados (fs. 106-107, 112 y 209 de antecedentes). 

1.9. El 21 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Resolución Administrativa 231970003717, 

7 de 20 NB/ISO 

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pusticia tributaria para vivir bien 

Lian mit’ayir jach’a kamani (Aymara) ¡Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

<Ttf luN 1 1? 

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de 19 de noviembre de 2019, la cual rechazó la prescripción solicitada y emergente del Pliego de Cargo 79-39/2003 por concepto de intimación por pago en defecto con incidencia en el IVA, periodo agosto 2002, IT periodos agosto y diciembre 2001, y periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio y agosto del 2002. Asimismo, del Pliego de Cargo 79-40/2003 por concepto de intimación por pago en defecto con incidencia en el IVA, período noviembre de 2000 e IT periodos abril y octubre del 2002 (fs. 228-236 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

El agravio planteado por la recurrente fue: 1. Prescripción de la facultad para ejercer el cobro coactivo. 

IV.1. Sobre la prescripción en la etapa de cobranza coactiva. 

La recurrente en su recurso señaló que la deuda tributaria por su naturaleza ya no comprende ningún tipo de acción legal para su exigencia, puesto que de acuerdo a lo establecido en el art. 53 de la extinta Ley 1340 el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo y han pasado diecisiete años desde la gestión 2002, por lo que no es legítima la pretensión de la Administración Tributaria, al actuar fuera del marco de la Constitución Política del Estado y de la Ley 2341 (LPA), agregó que la misma Administración reconoce la aplicación de los Principios Tempus Regis Actum y Tempus Comissi Delicti, sin embargo, no es la toma de medidas efectuadas por la Gerencia, sino el paso del tiempo y desde el 2006 hasta julio de 2019, desde la fecha de la interrupción que argumenta la Administración ya no eran válidas las medidas tomadas, y señaló que no es procedente la ejecución coactiva al amparo de la Ley 2492 (CTB) que establece un término de cuatro años para la prescripción, agregó que la inacción de la Administración Tributaria para imponer sanciones de una deuda y el cobro de la misma no puede atribuírsele al contribuyente como una causal de interrupción, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que se efectivice la determinación y cobro en un determinado tiempo, por lo que la acción de la Administración para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 8 de 20

Aiñ. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas e intereses y recargos respecto al IVA e IT de las gestiones 2000, 2001 y 2002 la fecha se encuentran prescritas, citó al efecto las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT RJ 11/89/2012, AGIT-RJ 1059/2012, AGIT-RJ 246/2015, AGIT-RJ 1098/2015, AGIT RJ 1694/2017 y también la Sentencia 565/2015 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, el Auto Supremo 097/2014 y la Sentencia Constitucional 0232/2017-S3. 

Por su parte, la Administración Tributaria en su contestación luego de exponer antecedentes y doctrina señaló que se debe considerar la interrupción de la prescripción por reconocimiento del contribuyente, citó el Auto Supremo 266/2015, así como el lineamiento compartido por diferentes precedentes administrativos emitidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional 1606/2002-R, agregó que en el presente caso al tratarse de periodos y gestiones 2001 y 2002 conforme señalan los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb), en lo que se refiere al Pliego de Cargo 79-39/2003 para el IVA de la gestión 2002 el término de la prescripción inicio el 1 de enero de 2003 y concluiría el 31 de diciembre de 2007, para el IT de la gestión 2001 el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2002, y concluiría el 31 de diciembre de 2006, para el IT de la gestión 2002 la prescripción inició el 1 de enero de 2003 y concluiría el 31 de diciembre de 2007, sin embargo, al existir medidas coactivas, respecto al Pliego de Cargo 79-40/2003 para el IVA de la gestión 2000 e IT de la gestión 2002 conforme señalan los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (Ctb), el término de la prescripción inició el 1 de enero de 2001 y concluiría el 31 de diciembre de 2005 y para el impuesto IT de la gestión 2002 inició el 1 de enero de 2003 y concluiría el 31 de diciembre de 2007, al existir las medidas coactivas efectuadas mediante nota CITE: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N° 4-336/2003 el 24 de junio de 2003, nota CITE: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N° 4-367/2003 el 2 de julio de 2003, nota CITE: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N° 4-500/2003 el 18 de agosto, nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1791/2006 el 26 de septiembre de 2006, nota CITE: 

GDSC/DTJC/UCC/N° 1788/2006, nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1787/2006 el 27 de septiembre de 2006, nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1790/2006, además que el 6 de octubre de 2006, la contribuyente mediante nota señaló presentar descargos y el 26 de junio de 2019 por solicitud de la contribuyente se realizó liquidación, asimismo, 9 de 20 

Jukicia tributaria paravivir bien 

J^ln mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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NB/ISO 

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rhbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 – 3391030 • www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

el 14 de noviembre de 2006, el 18 de julio de 2019, la Administración Tributaría mediante nota CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/10714/2019 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la ejecutada por las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo 79-39/2003 y 79-40/2003 y el 9 de septiembre de 2019 mediante notas CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/2109/2019 y CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/2110/2019 solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal y prohibición de innovar y de transferencia sobre el bien inmueble. 

De lo anterior se demuestra que la facultad de la ejecución tributaria emergente de los Pliegos de Cargo citados se encuentra vigente y hasta que no exista el pago total de la deuda con su respectiva constancia no corresponde dejar sin efecto las medidas coactivas, asimismo estando en curso el cómputo de la prescripción el 28 de junio de 2019 se entregó a la hija de la recurrente la liquidación de la deuda, la cual fue a solicitud y no es emitida de oficio, por lo que conforme al art. 54 num. 2 de la Ley 1340 es un reconocimiento expreso de la obligación, por lo que inició un nuevo cómputo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 2025, además se suspendió por la impugnación de acuerdo a lo establecido en el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), por lo que no ha existido inactividad y no ha operado la prescripción, citó los arts. 324 de la Constitución Política del Estado y el 3 parágrafo II de la Ley 154, y en cuanto a la aplicación del TEMPUS COMISSI DELICTI citó las Sentencias Nos. 128/2013, de 13 de abril de 2013 y 1055/2006, de 23 de octubre de 2006, entre otras. 

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaría señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2a edición, Pág.189). También para la doctrina tributaría, el instituto de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el presente caso su ente recaudador. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

De esta forma, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

Así también, cabe citar a Carlos M. Giulíani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinarcada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado.” De considerarse que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269) 

En el caso que nos ocupa, tratándose de la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria contenida en los Pliegos de Cargo por el IVA e IT de las gestiones 2000, 2001 y 2002, el hecho imponible del impuesto ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación del último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente de cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb), dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional. 

En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones 11 de 20 

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Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional N° 1606/2002- R: la misma expresa que: “En este sentido el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogía será admitida para llenarlos vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes”. Asimismo, el art. 7 de la Ley N° 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.”. 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “(…) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (…). Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias.”. 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

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Impugnación Tributaria 

Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que: “En los casos que nopuedan resolverse por este Código o de las leyes expresassobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley, determina que: “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años” (las negrillas son nuestras). 

No obstante, al evidenciarse que en la Ley 1340 (CTb) existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada yfirme, porlo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los arts. 6 y 7 de la referida Ley, corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que: 7. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Así también, el art. 1493 del citado Código (Comienzo de la prescripción) dispone que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. En ese sentido, se tiene que la prescripción en la cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó la prescripción invocada. 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que el 8 de mayo de 2003, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con el Pliego de Cargo 79-39/2003, de 11 de abril de 2003, donde se establecen adeudos tributarios de Bs39.530.-, correspondientes a tributos omitidos (IVA e IT) de los periodos fiscales agosto IVA 2002, IT enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto todos de 2002, e 

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IT agosto y diciembre de 2001, y con el Pliego de Cargo 79-40/2003, de 11 de abril de 2003, donde se establecen adeudos tributarios de Bs3.363.-, correspondientes a tributos omitidos (IVA e IT) de los periodos fiscales noviembre IVA 2000, abril y octubre IT 2002, informándole que se le concede el plazo de tres (3) días a partir de su legal notificación para que cancele el importe mencionado, bajo conminatoria de aplicarle las medidas precautorias (fs. 22-22 vta. y 125-125 vta. de antecedentes). 

Consiguientemente, el 24 de junio de 2003, la Administración Tributaria mediante nota Cite: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N° 4-336/2003 solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de la ejecutada (fs. 31 de antecedentes); y el 2 de julio de 2003, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N° 4-367/2003 solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales certifique si la ejecutada tiene bienes registrados a su nombre y el 18 de agosto mediante nota Cite: GDSC/GRACO/DTJC/OF/N° 4-500/2003 solicitó al mismo Juez la anotación preventiva de los bienes de propiedad de la ejecutada con matrículas N° 7011990038123 y N° 010374185 (fs. 35 y 39 de antecedentes). 

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2006, la Administración Tributaría mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 1791/2006 solicitó al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal información sobre vehículos registrados a nombre de la ejecutada, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1788/2006 solicitó al Gerente General de la Cooperativa de Telecomunicaciones Ltda. (COTAS LTDA) la hipoteca de las líneas telefónicas de propiedad de la ejecutada hoy recurrente, asimismo, el 27 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1787/2006, solicitó al Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de la ejecutada (fs. 51-53 de antecedentes). 

Continuando con la compulsa se tiene que el 6 de octubre de 2006, la contribuyente hoy recurrente mediante nota presentó descargos y adjuntó fotocopias del reporte de aceptación del Programa Transitorio con número de Resolución Administrativa GDGSC-DTJC 56/2005, de 10 de junio de 2005, mediante la cual se formaliza su acogimiento a dicho programa y regulariza sus obligaciones tributarias (fs. 65-69 de antecedentes); y el 14 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1790/2006 solicitó al Registrador Departamental de 14 de 20

aití 

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Impugnación Tributaria 

Derechos Reales la hipoteca legal del bien inmueble con matrícula 7011990038123 por las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo 79-39/2003 y 79-40/2003, entre otros (fs. 79 de antecedentes). 

De manera ulterior, el 27 de junio de 2019, la recurrente mediante memorial se apersonó y denunció ilegal vigencia de tributos prescritos y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado ylas leyes, por lo que alegó la improcedencia de la deuda tributaria y sanciones por periodos y gestiones prescritas (fs. 221-224 de antecedentes). 

Por su parte, el 18 de julio de 2019, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/10714/2019 solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retención de fondos de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos de la ejecutada por las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo 79- 39/2003 y 79-40/2003 y el 9 de septiembre de 2019 mediante notas CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/2109/2019 y CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/2110/2019 solicitó al Registrador de Derechos Reales la hipoteca legal y prohibición de innovar y de transferencia sobre los bienes inmuebles 7.01.1.99.0061474 y 7.01.1.06.0081654 por las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo citados (fs. 106-107, 112 y 209 de antecedentes). 

Finalmente, el 21 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera personal a la recurrente con la Resolución Administrativa N° 231970003717, de 19 de noviembre de 2019, la cual rechazó la prescripción solicitada y emergente del Pliego de Cargo 79-39/2003 por concepto de intimación por pago en defecto con incidencia en el IVA, periodo agosto 2002, IT periodos agosto y diciembre 2001, y periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio y agosto del 2002. Asimismo, del Pliego de Cargo N° 79-40/2003 por concepto de intimación por pago en defecto con incidencia en el IVA, periodo noviembre de 2000 e IT periodos abril y octubre del 2002 (fs. 228-236 de antecedentes). 

De lo descrito, se advierte que en el presente caso, la entidad recurrida, pretende ejecutar los adeudos tributarios, contenidos en los Pliegos de Cargo 79-39/2003, y N° 79-40/2003, correspondientes a tributos omitidos (IVA e IT) de los periodos fiscales agosto IVA 2002, IT enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto todos de 

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2002, e IT agosto y diciembre de 2001,y tributos omitidos (IVA e IT) de los periodos fiscales noviembre IVA 2000, abril y octubre 2002 respectivamente, ahora bien, a efectos de analizar la pertinencia de la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejecutar las citadas deudas agraviada por la recurrente; cabe señalar que como ya se explicó de manera anterior, la norma aplicable en este caso es la Ley 1340 (CTb) y en ese contexto, conforme establecen los arts. 1493 y 1494 del Código Civil, aplicables supletoriamente, por analogía, que señalan:” La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, se tiene que el cómputo de la prescripción para ejecutar las mencionadas deudas tributarias, considerando los periodos fiscales de la gestión 2000 inició desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de pago, es decir, que en el presente caso de acuerdo al DS 25619 de 17 de diciembre de 1999 y considerando el número de RUC 7610050 y el último dígito 0 las fechas de vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas era hasta cada 13 del próximo mes, por lo que el periodo noviembre de 2000 inició el 14 de diciembre de 2000, extendiéndose hasta cinco (5) años, es decir, hasta el 14 de diciembre de 2005, para los periodos de la gestión 2001 agosto y diciembre en el primer caso inició el 14 de septiembre de 2001 y concluyó el 14 de septiembre de 2006 y para el segundo periodo inició el 14 de enero de 2002 y concluyó el 14 de enero de 2007, para los periodos de la gestión 2002 enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y octubre el cómputo de la prescripción inicio el día 14 del siguiente mes del 2002 y concluyó el 14 de cada mes de la gestión 2007, lapso en el que la Administración Tributaria debió hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta, de acuerdo al cómputo efectuado conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), en concordancia con lo expuesto sobre periodos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2544/2018, de 10 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, considerando el lapso expuesto en el párrafo precedente, la Administración Tnbutaria tenía hasta las siguientes fechas: hasta el 14 de diciembre de 2005 para el periodo noviembre 2000; hasta el 14 de septiembre de 2006 para agosto 2001 y para diciembre 2001 hasta el 14 de enero de 2007; y hasta el 14 de febrero, 14 de marzo, 14 de abril, 14 de mayo, 14 de junio, 14 de julio, 14 de agosto, 14 de septiembre, 14 de noviembre de 2007 para los periodos de la gestión 2002 respectivamente, para realizar todas las acciones tendientes al cobro de dicha deuda 16 de 20

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Impugnación Tributaria 

en virtud a lo establecido en los arts. 304 y308 de la Ley 1340 (CTb), es así que de la revisión ycompulsa de los antecedentes se evidenció que los Pliegos de Cargo 79-39/2003 y 79-40/2003 fueron notificados el 8 de mayo de 2003, actuación que interrumpió el cómputo y se volvió a contar desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es decir, desde el 1 de enero de 2004, por lo que el nuevo cómputo inició en dicha fecha yconcluyó el 1 de enero de 2008, sin embargo, la Administración Tributaría reactivó medidas el 26 de septiembre de 2006, mediante las notas CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 1791/2006 y CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1788/2006; teniéndose como última medida la efectuada el 27 de septiembre de 2006, mediante la nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 1787/2006, a través de la cual solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos de la ejecutada (fs. 51-53 de antecedentes), las cuales volvieron a interrumpir el cómputo de la prescripción, asimismo, se tiene que el 6 de octubre de 2006, la contribuyente hoy recurrente mediante nota señaló presentar descargos y adjuntar fotocopias del reporte de aceptación del Programa Transitorio con Resolución Administrativa GDGSC-DTJC 56/2005, de 10 de junio de 2005, mediante la cual se formalizó su acogimiento a dicho programa y declaró regularizadas sus obligaciones tributarias (fs. 65-69 de antecedentes), lo cual se constituye en un reconocimiento de la obligación y es una causal de interrupción, 

continuando se tiene que, el 14 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria mediante nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 1790/2006 solicitó al Registrador Departamental de Derechos Reales la hipoteca legal del bien inmueble con matrícula 7011990038123 por las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo 79- 39/2003 y 79-40/2003, entre otros (fs. 79 de antecedentes), siendo ésta la última medida tendiente al cobro que realizó la entidad recurrida, por lo que el cómputo se reinició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 1 de enero de 2011, siendo cierto y evidente que el plazo de los cinco años feneció después del 1 de enero de 2011 en virtud a las interrupciones por las medidas tendientes al cobro, por tanto, las actuaciones posteriores a la fecha señalada que fueron realizadas recién en la gestión 2019 mediante las notas CITE: GDSCZ l/DJCC/NOT/10714/2019,GDSCZ l/DJCC/NOT/2109/2019 y GDSCZ l/DJCC/NOT/2110/2019, quedaron fuera del plazo previsto por Ley para surtir efecto alguno en el curso del cómputo de la prescripción, en consecuencia, teniéndose claro cuál es la Ley aplicable al presente caso, es evidente que operó la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de las deudas tributarias contenidas en los Pliegos de Cargo 

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79-39/2003 y 79-40/2003, en consecuencia, corresponde a esta instancia recursíva atender de manera positiva la prescripción invocada por la recurrente de las obligaciones tributarias contenidas en los Pliegos de Cargo citados. 

Con relación a las causales de interrupción del curso de la prescripción argüida por la Administración Tributaria, tales como la liquidación de la deuda actualizada el 28 de junio de 2019, que se habría entregado a la hija de la recurrente, cabe señalar, que no existe ni cursa en antecedentes una solicitud para su emisión, ni diligencia que demuestre que la misma hubiere sido notificada, además que dicha liquidación se constituye en un acto unilateral de la Administración Tributaria que fue emitida de manera ulterior al vencimiento del plazo para que opere la prescripción (fs. 225-226 de antecedentes), por lo que no corresponde su consideración ni de los precedentes citados por la Administración Tributaría. 

Finalmente, cabe aclarar que ésta instancia de Alzada a efectos de resolver la controversia suscitada, se circunscribe a lo planteado y solicitado por la parte recurrente y en relación a la etapa del proceso en el cual se encontraba que es en fase de cobro coactivo de declaraciones juradas como deudas tributarias auto determinadas, ante lo cual se emite el presente pronunciamiento y análisis sobre el agravio de prescripción invocado. 

Consiguientemente, habiéndose advertido que, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 1 de enero de 2011, existió inactividad de la Administración Tributaria por el término de 5 años continuos; al no haberse demostrado la realización de algún acto efectuado tendiente al cobro de las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo antes descritos, se llega a la firme convicción de que la Administración Tributaría dio lugar a que opere la prescripción de ejercer su facultad de cobro coactivo. Por lo tanto, considerando que la Administración recurrida no ejerció su facultad de cobro coactivo dentro de los plazos establecidos por Ley, corresponde a esta instancia recursiva dar curso a la prescripción invocada por la recurrente. 

Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de cobro coactivo; en el marco de la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), refrendada por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, en 18 de 20

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

resguardo de la seguridad jurídica, corresponde dar la razón la recurrente y revocar totalmente la Resolución Administrativa 231970003717, de 19 de noviembre de 2019. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa 231970003717, de 19 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria para ejercer el cobro coactivo de las deudas contenidas en los Pliegos de Cargo N° 79-39/2003 y N° 79-40/2003, de 11 de abril de 2003, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 (CTb) por disposición de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), han prescrito y, por tanto, dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas en contra de la recurrente; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la fisoVoVii 

administración tributaría recurrida y la parte recurrente. 

Hiffi 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Directora Ejecutiva Regional a.i. 

Autoridad Regional de 

Impugnación Tnbutaria SantaCruz 

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/acq/fmmb. 

RIT-SCZ/RA 0123/2020 

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