ARIT-SCZ-RA-0120-2020 No detallar la pertinencia de la prueba vician de nulidad el acto

ARIT-SCZ-RA-0120-2020

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0120/2020 

Industria de Madera y Derivados 

“IMADE S.R.L”, representada por 

Francisco Roberto Montoya Rivera. 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Gonzalo Campero 

Ampuero. 

Resolución Determinativa N° 

171976002132, de 9 de octubre de 

ARIT-SCZ-0826/2019. 

Santa Cruz, 10 de febrero de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0120/2020 de 10 de febrero de 

2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se 

tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171976002132, de 9 de octubre de 2019, mediante la cual resolvió determinar de 

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oficio el adeudo tributario del contribuyente Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L, con NIT 145168020, por un monto total de 94.890,00 UFV’s, equivalentes a Bs219.971,00 (Doscientos diecinueve mil novecientos setenta y uno 00/100 Bolivianos), por el Impuesto al Valor Agregado – Débito Fiscal, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago; y calificó la conducta del contribuyente como contravención tributaria de Omisión de Pago, por adecuarse a lo establecido por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el DS 2993, por lo que impuso la sanción igual al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s por tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 41.788,00 UFV’s, equivalente a Bs96.872,00 (Noventa y seis mil ochocientos setenta y dos 00/100 Bolivianos) a la fecha de emisión de la Resolución. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la recurrente. 

Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L, en adelante la recurrente, representada por Francisco Roberto Montoya Rivera, mediante memoriales presentados el 4 y 19 de noviembre de 2019 (fs. 121-141 vta. y 147 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 171976002132, de 9 de octubre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Incumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019. 

La recurrente aseguró que la Administración Tributaria vulneró sus derechos y principios constitucionales, ya que incumplió e hizo caso omiso a lo dispuesto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ 0200/2019, pues pese a que se le hicieron muchas observaciones y cuestionamientos, volvió a emitir el mismo documento ya anulado, únicamente cambiando la fecha y agregando una hoja y 2 de 61

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

media (fs. 102 y 103), sin poner atención a lo observado por la ARIT, tanto en aspectos de forma, asimismo, omitió analizar, valorar y pronunciarse sobre las pruebas y argumentos presentados como descargo, careciendo nuevamente de la debida motivación y fundamentación. 

Añadió que es indudable que la Administración Tributaria no intentó solucionar las observaciones de la ARIT, aspecto que del simple análisis de la resolución impugnada se puede apreciar, ya que ni siquiera tomó en cuenta dentro de los antecedentes y fundamentos, la emisión de la citada Resolución de Recurso de Alzada, pareciendo que los funcionarios que emitieron el nuevo acto administrativo desconocen los antecedentes del presente proceso, habiéndose incurrido nuevamente en los vicios procedimentales, atentando contra sus derechos constitucionales. 

Asimismo, señaló que a fs. 46 y 47 de la Resolución Determinativa impugnada, se determinó una supuesta deuda tributaria en el Impuesto a las Transacciones, sobre base presunta, basándose en un simple cuadro, en el que no se establece una explicación sobre el origen de la observación, cómo se llegó a dicha conclusión y el por qué se obtuvo una diferencia; realizando una simple transcripción de normativa prevista para el impuesto en la Ley 843, que no puede reemplazar a la fundamentación y motivación exigible para todo acto administrativo y que ya fue observada por la Resolución de Recurso de Alzada. 

11.1.2. Nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución impugnada por vulneración de derechos constitucionales. 

11.1.2.1. Por falta de valoración de descargos. 

La recurrente señaló que los actos administrativos incumplen las previsiones contenidas en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y art. 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA), porque presentó toda la documentación requerida pero desconoce los motivos por los que no fue tomada en cuenta por la Administración Tributaria y mucho menos valorada; situación idéntica paso con los alegatos y/o explicación que se hizo como descargo a la vista de cargo, motivo por el cual la resolución determinativa que hoy se impugna es nula, tomando en cuenta que uno de los 

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requisitos fundamentales que debe contener un acto administrativo es la valoración y fundamentación de todas las pruebas o descargos presentados por el sujeto pasivo, refirió que la Administración Tributaria desconoce la presentación de pruebas y argumentos presentados en tiempo y forma y consecuentemente no se realiza un análisis, motivación y respuesta adecuada en contra de los alegatos expuestos, pues simplemente se hacen constar en la relación de antecedentes en la página 3 de la resolución impugnada pero en ningún otro lugar se valora o analiza dicha situación, ni establece el razonamiento por el que resulta insuficiente la prueba presentada para respaldar sus operaciones y transacciones y el motivo por el cual se rechaza la nulidad invocada en contra de la vista de cargo, situación que origina la nulidad tanto de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa emitida. 

Añadió que se puede evidenciar que la Administración Tributaria no emite pronunciamiento específico respecto a la documentación presentada por la recurrente, consistente en: Formulario 6 “Base de datos de despacho de productos forestales”, trimestre 111-2013, Formulario 6 “Base de datos de despacho de productos forestales”, trimestre 1-2014, Cuadro 2 Nota detallada por CFO, que establece las discrepancias entre el Cuadro 18 de la Vista de Cargo y la Información de los Certificados Forestales de Origen, correspondiente a los CFO DDSC-B1200833, DDSC-B1301147, DDSC-B1301237, DDSC-B1302632, DDSC B1303613, DDSC-B1306405, DDSC-B1307033, DDSCB1307972, DDSC-B1400064, SC-B1308161, SC-B1309238, SJC-B1200355, SJCB1200469, SJC-B1200531, SJC B1200545, SJC-B1300127, SJC-B1300551, SJCB1300372, SJC-B1300565, SJC B1300726, SJC-B1300727, SJC-B1300729, SJCB1300808, SJCB1300815, SJC B1300817, SJC-B1300896 y SJC-B1400003, Certificados Forestales de Origen para Madera Aserrada DDSC-B1200833, DDSCB1301147, DDSC-B1301237, DDSC B1302632, DDSCB1303613, DDSC-B1306405, DDSC-B1307033, DDSC-B1307972, DDSC-B1400064, SC-B1308161, SCB1309238, SJC-B1200355, SJC-B1200469, SJC-B1200531, SJC-B1200545, SJC-B1300127, SJCB1300551, SJC-B1300372, SJC-B1300565, SJC-B1300726, SJC-B1300727, SJC-B1300729, SJCB1300808, SJC-B1300815, SJC-B1300817, SJC-B1300896 y SJC-B1400003; toda vez que de manera generalizada señaló que, las explicaciones dadas por el sujeto pasivo no son respaldadas con documentación fehaciente y que lo documentos presentados no demuestran que las cantidades observadas correspondan a una merma o residuo, además que contienen la misma información remitida por la ABT, resultando 4 de 61

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Impugnación Tributaria 

insuficientes para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, omitiendo analizar si la prueba precedentemente detallada es pertinente o no; tampoco explicó los motivos para que dichos documentos y argumentos de descargo sean válidos o la razón para su rechazo; por lo que los mencionados descargos no fueron valorados ni analizados conforme a la sana crítica, prevista en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), resultando evidente que no se fundamentaron las razones para prescindir de los mismos, ocasionando con esta omisión, desconocimiento en el sujeto pasivo del razonamiento que motivó a la Autoridad Tributaria a desestimar sus pruebas y argumentos, cuando éstos y la documentación que no fueron valorados, trataban de desvirtuar la existencia de ingresos no declarados por supuestas ventas al raleo, afirmando que son mermas o residuos del proceso productivo, mediante la explicación del proceso productivo de la empresa en el periodo fiscalizado, el detalle de la forma de presentación de los reportes trimestrales a la ABT, de uso de los CFOs y la utilización que se le daba al desperdicio de madera, denunciando una mala interpretación del Formulario 6 – Despacho del Informe Trimestral e incoherencias en el Cuadro N° 18 de la Vista de Cargo. 

En respaldo de su posición, invocó las Sentencias Constitucionales SC 831/2017, de 10 de diciembre de 2007; 1644/2004, de 11 de octubre de 2004; 0170/2005-R, de 28 de febrero de 2005; 1439-2013-AAC (19-08); 831/2007, de 10 de diciembre de 2007; 1644/2004, de 11 de octubre de 2004 y 871/2010, de 10 de agosto de 2010. También mencionó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012, de 07 de agosto de 2012, 0645/2013, 2064/2015 y 1655/2018. 

11.1.2.2. Por falta de motivación, congruencia, fundamentación y seguridad jurídica. 

La recurrente manifestó que en las páginas 20 a 23 se señaló que se habría contrastado la información con las facturas de ventas emitidas por el contribuyente durante los periodos fiscalizados, donde se hubiera evidenciado diferencias por venta de madera no facturada y se presenta el Cuadro N° 18 donde se concluye, sin ningún 

y\ tipo de fundamentación técnica ni legal, que de los resultados obtenidos se 5.-jj evidenciaría que el contribuyente hubiera realizado ventas no declaradas, situación y que hace nulo de pleno derecho el acto impugnado, máxime si el referido cuadro no 

contiene, información aclarativa, ni indica la fuente de información, razón por la que 

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no se tiene la certeza de si es un papel de trabajo o un cuadro resumen de otras fuentes; del mismo modo, la información consignada en las columnas Fecha de Despacho, Tipo de CFO y N° de CFO del citado Cuadro N° 18, que se hubiera utilizado para realizar la comparación con las facturas de ventas emitidas en los periodos sujetos a fiscalización y de esta manera determinar las supuestas ventas comercializadas no declaradas, es inexistente y/o ficticia, toda vez que no está registrada en los Informes Trimestrales de Movimiento de Madera en los periodos abril 2013 a marzo 2014, imposibilitando a la recurrente a presentar descargos que desvirtúen las conclusiones alcanzadas en la Resolución Determinativa, situación que vicia de nulidad la Resolución impugnada, toda vez que uno de los requisitos fundamentales que debe contener un acto administrativo, es la valoración y fundamentación de las pruebas o descargos presentados por el sujeto pasivo. 

Agregó que a fojas 49 de la resolución impugnada, indicó que la supuesta observaciones por el IVA e IT ha sido desarrollado y analizado en el punto donde se detalla ingresos no declarados, Cuadro 19 de la Vista de Cargo; es decir que pretende remitir a otro documento para obtener la fuente de su fundamento, olvidando que el acto definitivo en el que se debe contar con todos los actos y elementos es la Resolución Determinativa y no la Vista de Cargo, peor aun señalando “por lo expuesto ampliamente”, cuando no efectúa ninguna explicación sobre el origen y fundamento que los llevó a dicha conclusión, siendo imposible asumir defensa sobre situaciones que desconoce; lo mismo ocurre en fojas 102 de la resolución impugnada, en la que de forma insólita pretende señalar sólo algunas de las observaciones, pero se mantiene todo lo apuntado en la Vista de Cargo, cuando al señalar que únicamente se expondría algunas consideraciones, limita su derecho a la defensa de todas las observaciones que tuviera la Administración Tributaria, las mismas que deben encontrarse plasmadas en la Resolución Determinativa 

Finalmente, argüyó que la Administración Tributaria infringió la Ley 2341 (LPA), así como sus derechos y principios constitucionales tributarios y administrativos, toda vez que vulneró el derecho a la defensa, el debido proceso, seguridad jurídica, legalidad, igualdad jurídica, aplicación objetiva de la ley, principio de no confiscatoriedad, de capacidad contributiva, de sometimiento pleno a la ley, de buena fe y principio de legalidad y presunción de legitimidad. 

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Impugnación Tributaria 

11.1.2.3. Nulidad de la resolución determinativa por falta de fundamentación en relación a la información y documentación obtenida en inspección ocular. 

La recurrente manifestó que a fs. 28 de la resolución impugnada la Administración Tributaria copió las preguntas y un resumen de las respuestas entregados por funcionarios de la recurrente en el momento que se realizó la inspección ocular en sus instalaciones; sin embargo, no se señala nada más y no se valora de ninguna forma la explicación realizada y la entrega de documentación proporcionada producto de la inspección ocular, por lo que no entiende cual es el justificativo o motivación para omitir esta valoración, vulnerando de esta forma sus derechos constitucionales. 

11.1.2.4. Por falta de fundamentación respecto a la aplicación del método de Base Presunta en la determinación de ingresos. 

La recurrente argüyó que la Administración Tributaria no fundamentó de forma clara y precisa la aplicación del método de determinación, pues solo citó normativa la cual no puede reemplazar la fundamentación y motivación exigible, máxime cuando los fiscalizadores refieren que la recurrente presentó toda la documentación requerida en la Orden de Fiscalización, según consta en Acta de Recepción de Documentos de 19 de julio de 2017, por lo que resulta necesario que se establezca los datos que no fueron proporcionados o las circunstancias que justifican la aplicación de base presunta. 

Asimismo, manifestó que, si bien los fiscalizadores explican los procedimientos aplicados para la determinación de la cantidad de productos que consideran como vendidos y supuestamente no declarados, aplica sobre estos un precio promedio unitario, cuya cuantía no se encuentra explicada y no permite tener certeza sobre los valores considerados al efecto, ni los medios aplicados para la determinación de la base presunta conforme el art. 45 de la Ley 2492 (CTB), ya que mediante un supuesto análisis, revisión y verificación de la Información de los Informes Trimestrales del Movimiento de Madera de la Gestión 2013-2014, lo que evidenció verdaderamente fueron cantidades y/o volúmenes de residuos del proceso de 

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producción de los productos madera aserrada, decking machimbre, entre otros, que fueran reportados en los informes arriba indicados, puesto que así lo exige la 

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normativa emitida por la ABT, y no así como pretende el SIN, dichos residuos fueran vendidos localmente al raleo. 

No obstante, con dicha información, es decir las Cantidades y/o Volúmenes de Residuos del proceso de producción, la Administración Tributaria, sin indicar cómo, procedió a cuantificar estas diferencias, estableció primeramente un Precio Promedio Unitario para cada producto Madera Aserrada, Decking, Machimbre, entre otros; para luego mediante una simple multiplicación aritmética, entre este Precio Promedio Unitario y Volumen (cantidades), establecer sobre base presunta, el Total de supuestos Ingresos No Declarados por las Ventas Comercializadas No Declaradas, por un monto de Bs259.112.94; tal cual se puede verificar en el citado Cuadro No. 18 Ventas Comercializadas No Declaradas, con lo cual se demuestra que la fiscalización actuante, incurrió en errores graves e insalvables, al no aplicar correctamente los medios establecidos en el inc. 2) del art. 45 de la Lev 2492 (CTB), para determinar los costos de los inventarios finales, tan solo se limitó a establecer irreales ingresos en base a un deficiente análisis de la información proporcionada por el contribuyente y la ABT; es decir, en aplicación de la normativa citada y del art. 6 de la RND 10.0017.13, los fiscalizadores debieron esencialmente, e imprescindiblemente bajo pena de nulidad acreditar, confirmar y certificar la existencia de costos, pero no lo hicieron, pues tan solo se limitaron a establecer supuestos e irreales Ingresos. 

11.1.3. Incorrecta aplicación del Método de Determinación sobre Base Presunta. 

La recurrente, aseveró que la Administración Tributaria incumplió con lo establecido en el art. 7 del DS 24051 Reglamentario del IUE, que indica que para establecer la Utilidad Neta sujeta al Impuesto se restará de la Utilidad Neta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, lo cual implica determinar una utilidad o ganancia neta presunta que se acerque lo más posible a la realidad económica de la actividad sujeta a fiscalización, considerando tanto la existencia de Ingresos como de elementos esenciales como son los costos de los bienes vendidos, realizando una Valuación de Existencias en Inventarios asociados a los presuntos Ingresos No Declarados, de manera que se llegue a establecer el tributo exacto que debe pagar el sujeto pasivo, esto es la Utilidad Neta, real y disponible de la recurrente en la Gestión finalizada a Marzo de 2014, agregó que a efectos de comprobar la 8 de 61

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exactitud de los movimientos de Inventario de maderas, debió realizar dos análisis principales: uno, confirmar la existencia de un Inventario y dos, determinar la correcta valuación de los mismos. La confirmación de la existencia de un inventario pudo realizarla a través de un recuento de inventarios, supervisando al personal de la empresa para el conteo, o hacerlos por sí mismos. Dado que es necesario calcular el valor de los inventarios al final el año y en caso de no haber podido efectuar la Administración Tributaria el conteo físico, pudo realizar el procedimiento de auditoria conocido como rollback en inventario (Retraer y/o retroceder el inventario a una fecha establecida) para determinar el valor correcto del inventario de maderas al final de la gestión; añadió que si la Administración Tributaria consideraba que correspondía determinar Ingresos No Declarados sobre base presunta, debería haber determinado una utilidad neta imponible presunta. 

De esa forma consideró que el haberse incumplido la normativa en relación a la determinación sobre base presunta, todas las observaciones efectuadas de manera preliminar en la Vista de cargo y la Resolución Determinativa en los impuestos IUE, IVA, IT carecen de validez, en virtud a que el acto mediante el cual han sido determinadas, es nulo de pleno derecho, motivo por el cual debía ser dejado sin efecto; por último, requirió se aplique el Principio de Verdad Material previsto en el ordenamiento jurídico boliviano, para garantizar la realización y cumplimiento del contenido axiológico de lo que se espera como justicia en esta instancia. En apoyo a sus argumentos, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1556/2016, de 05 de diciembre de 2016; 1602/2014, de 24 de noviembre de 2014, 0178/2006; la Sentencia 128A/2013 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional SC No.1198/2014, de 10 de junio de 2014. 

Por lo expuesto, solicitó se anule hasta la Vista de Cargo 291876001062 o en su defecto, se revoque totalmente la Resolución Determinativa 171976002132. 

II.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 20 de noviembre de 2019 (fs. 148 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L, representada por Francisco Roberto Montoya Rivera, contra la 

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Resolución Determinativa N° 171976002132, de 9 de octubre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN. 

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 11 de diciembre de 2019 (fs. 159-171 del expediente), contestó al Recurso de Alzada en forma negativa, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Respecto al incumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0200/2019. 

La Administración Tributaria aseguró que la resolución impugnada cumple con los requisitos contenidos en la Ley 2341 (LPA); asimismo, contiene los antecedentes que generaron el proceso y la valoración de los datos y elementos, los mismos que se constituyen en los fundamentos de hecho, de la misma forma contiene la normativa que sustenta las observaciones realizadas, que son los elementos de derecho del acto administrativo, quedando demostrado en este sentido el fehaciente cumplimiento de la normativa tributaria vigente que respalda la correcta actuación de la Administración Tributaria en todo el proceso de fiscalización hasta la emisión de la resolución impugnada. 

Respecto a que se trata del mismo documento anulado por la ARIT, señaló que falta totalmente a la verdad, toda vez que la Resolución ahora impugnada dio estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019, que ordenó claramente se emita un nuevo acto administrativo que se pronuncie y analice todos los argumentos y pruebas presentadas por el sujeto pasivo; es así que para subsanar la observación respecto al proceso productivo de fabricación de los productos finales, procedió nuevamente a la revisión del formulario 6 de “Despacho”, Inventarios de los CFOs, entre otros documentos proporcionados por la ABT en forma digital, los cuales fueron contrastados con los CFOs presentados por el contribuyente en la etapa de descargo, habiéndose encontrado observaciones que desvirtúan lo expresado por el contribuyente, tales como que en el CFO DDSC B1400064, presentado por el contribuyente, se registra un saldo en Stock de 48.053 

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PT de madera, cantidad que coincide con los inventarios digitales de CFO del trimestre 1/2014, proporcionados por la ABT, teniéndose en la columna “Volumen (pt) en STOCK al 31/03/2014″ de esta planilla, un saldo de 32.486 PT de madera, es decir esta cantidad de madera es el saldo restante del CFO DDSCB1400064, por lo que tomando en cuenta el supuesto de que las ventas consideradas como no declaradas por la Administración Tributaria, serían según el contribuyente únicamente mermas o desperdicios del proceso productivo, que fueron registrados en el Form. 6 de “Despacho”, con la glosa venta al raleo y residuos del proceso de transformación, se tiene que de la sumatoria de los pies tablares que se encuentran dentro de esta glosa y que corresponden a este CFO, se tendría una merma o desperdicio de 14.913 PT de madera que representaría el 31,03% del total del Saldo en Stock del CFO DDSC-B1400064 y un 45,91% del saldo al 31/03/2014 reflejado en los inventarios digitales de la ABT, aspecto que es contradictorio con el proceso productivo explicado por el contribuyente en su descargos, ya que este porcentaje excede el margen que el propio sujeto pasivo indica tener como desperdicio o merma para el acabado de sus productos, por ende se desestima los argumentos expuestos sobre este punto, toda vez que la documentación presentada no respalda, ni justifica el supuesto proceso productivo y que estas cantidades de pies tablares registradas en el formulario 6 de despacho, sean únicamente mermas o desperdicio de este proceso. 

Del mismo modo, refirió que para subsanar la observación sobre las diferencias en el cuadro 18, la Resolución Determinativa 171976002132 establece que el sujeto pasivo es quien declara y presenta los Informes Trimestrales ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, siendo el contribuyente quien proporciona los datos referente a la recepción, despacho, inventario y detalle de los Certificados Forestales de Origen, por lo que de acuerdo a esta información la ABT remite Cuatro Informes Trimestrales digitales, de la revisión de los mismos, se encontraron observaciones en el formulario 6 de Despacho, evidenciándose la salida de cantidades de madera en PT en los Trimestres 111/2013 y 1/2014, que según el Formulario 27 de resumen de detalle de productos, específicamente en la columna de “Detalle Egreso”, la recurrente habría registrado la comercialización de dichas cantidades de madera, en virtud a ello la Administración Tributaria tomó estos datos para determinar Ventas no declaradas, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el num. II de los arts. 43 y 45 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, aclaró que en el proceso 

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de determinación, las observaciones detectadas en sus ventas no se centran en la tramitación y obtención de los Certificados Forestales de Origen (CFOs), como erróneamente lo interpreta la recurrente en su carta de descargos, habiendo tomado la Administración Tributaria como referencia la información contenida en los formularios anexos a los informes trimestrales 111/2013 y 1/2014, teniendo estos plena validez probatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del DS 27310 (RCTB). 

Por otro lado, en lo que se refiere a la observación de las fechas de despacho observado por la recurrente, la Administración Tributaria señaló que para determinar estas fechas consideró los datos proporcionados en las facturas de ventas que se detallan en el cuadro N° 17 de la Vista Cargo, ventas facturadas que fueron informadas por el contribuyente en el “Formulario 6 de despacho” ante la ABT, presumiéndose que las ventas fueron ciento sesenta y dos, realizadas durante el mismo trimestre en el que el contribuyente percibió ingresos por la comercialización de madera, por lo que en el presente caso se aplicó lo dispuesto en el num.1, párrafo I del art. 45 de la Ley 2492 (CTB), al haberse obtenido datos y elementos que permitieron deducir la existencia de los hechos imponibles. 

Con relación a la observación realizada en instancia recursiva, sobre la omisión de pronunciamiento respecto a la documentación presentada por la recurrente, la resolución impugnada subsana dicha observación respondiendo de manera detallada y fundamentada a los descargos presentados por la recurrente y plasmados en el acto impugnado de fojas 101 a 103, resaltándose de ello nuevamente que es el sujeto pasivo es quien declara y presenta los Informes Trimestrales ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, siendo el contribuyente quien proporciona los datos referente a la recepción, despacho, inventario y detalle de los Certificados Forestales de Origen, por lo que de acuerdo a esta información la ABT remite Cuatro Informes Trimestrales digitales y de la revisión de los mismos, se encontraron observaciones. 

Del mismo modo, para subsanar la observación de diferencias encontradas en el IT, en la resolución ahora impugnada se analizó técnica y legalmente las razones que avalan su posición, aclarando que al haberse evidenciado durante la fiscalización que el contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos percibidos y siendo que durante el proceso de determinación se establecieron ventas no declaradas de 12 de 61

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

madera sobre base presunta, conforme se tiene expresado en el Cuadro N° 18 de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, los cuales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 843 concordante con el art. 7 del DS 21530, originaron un débito fiscal, por lo que estos ingresos en virtud a lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 843, se encuentran gravados por el Impuesto a las Transacciones, estableciéndose una alícuota del 3% en aplicación a lo previsto en el art. 75 del mismo cuerpo legal, sobre el total de los ingresos no declarados por el contribuyente, conforme consta a fojas 47 del acto impugnado. 

Con relación a que no se había explicado la cuantía de los precios promedio utilizados para establecer las ventas no declaradas, en el acto ahora impugnado se subsana dicha observación aclarando detalladamente que para el cálculo del precio promedio de los ingresos no declarados, se consideró la información del Cuadro 17 de la Vista de Cargo, en el que se establece un detalle de las ventas facturadas por el contribuyente durante el primer, segundo y tercer trimestre de la gestión 2013 y primer trimestre del 2014, teniéndose los datos del N° de Factura, precio unitario por producto y especie de madera, facturas que cursan en antecedentes administrativos, es así que en base a esta información se estableció el precio promedio para el Cuadro N° 18 “Ventas Comercializadas no declaradas”, información que puede evidenciarse en fojas 102 a 103 de la Resolución Determinativa impugnada. 

Así también, con relación a la observación contenida en las páginas 46 y 47 de la resolución impugnada, la Administración Tributaria manifestó que de la lectura de la Resolución Determinativa N° 171976002132 se puede evidenciar que la misma explica de manera didáctica y fundamentada los hechos, actos, datos, elementos y valorizaciones realizadas en virtud a la documentación proporcionada por el contribuyente dentro del proceso de fiscalización, la información que cursa en el sistema de información de la Administración Tributaria – SIRAT II y la información proporcionada por terceros, de la que se obtuvo como resultado las diferencias a favor del fisco por concepto de IT en un importe de Bs. 7.773,00 (Siete mil setecientos setenta y tres 00/100 Bolivianos) que se encuentra detallado en el cuadro N° 22 del acto impugnado, el mismo que demuestra que el contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos percibidos, considerando que durante el proceso de determinación se establecieron ventas no declaradas de madera sobre base presunta, conforme se tiene expresado en el cuadro N° 18 de la Vista de Cargo

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Resolución Determinativa, los cuales de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 de la Ley N° 843 concordante con el art. 7 del DS 21530, originaron un débito fiscal, por lo que estos ingresos en virtud a lo dispuesto en el art. 74 de la Ley N° 843 se encuentran gravados por el Impuesto a las Transacciones, estableciéndose una alícuota del 3% en aplicación a lo previsto en el art. 75 del mismo cuerpo legal, sobre el total de los ingresos no declarados por el contribuyente, quedando desvirtuado lo manifestado por el sujeto pasivo en este punto. 

De igual forma, explicó que a fojas 102 del acto impugnado, observada por la recurrente, justamente en la parte final del análisis y valoración de los descargos presentados a la Vista de Cargo, señala que las observaciones expuestas previamente desvirtúan lo argumentado por el contribuyente y posteriormente explica las más relevantes, situación que su autoridad podrá evidenciar que de ninguna manera causa violación al Derecho a la Defensa del sujeto pasivo, todo lo contrario, el único fin de la misma es otorgar una respuesta motivada y fundamentada a los descargos presentados, velando por el cumplimiento de las garantías constitucionales previstas por Ley. 

Finalmente, la recurrente observó que los cuadros 16, 17 y 18 no coincidían entre si, por lo que se subsanó tal observación, estableciendo claramente a fojas 103, que dichas fechas fueron deducidas de las facturas de ventas presentadas por la recurrente y no así de la información de sus Certificados Forestales, por lo que la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo, no desvirtúa de ninguna manera las ventas no declaradas determinadas por la Administración Tributaria, por lo cual la Administración Tributaria afirmó que la Resolución ahora impugnada expone ampliamente y con claridad el análisis y valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas por la recurrente de fojas 99 a 103 del acto impugnado; asimismo, subsana las observaciones establecidas en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019 y se pronuncia sobre todos los argumentos vertidos por la recurrente; y aclaró que la valoración de prueba y argumentos no significa la aceptación de los mismos, por lo que entiende que no existen causales de nulidad en el acto impugnado, como erróneamente señala la recurrente. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.3.2 Sobre la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución impugnada por vulneración de derechos constitucionales. 

La Administración Tributaria aseguró que la Vista de Cargo ya fue objeto de análisis sobre su motivación y fundamentación, no pudiendo efectuarse un nuevo análisis en aplicación del principio non bis in ídem, quedando demostrado que los citados actos no sólo cumplen a cabalidad los requisitos señalados por los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), sino que también cuentan con una motivación, fundamentación y valoración de toda la documentación e información aportada en el proceso de determinación, no habiéndose vulnerado bajo ningún punto de vista los derechos constitucionales alegados, prueba de ello es la gran cantidad de documentación adjunta al expediente o antecedentes del caso y que se encuentran valoradas en los informes que cursan en los antecedentes de la verificación y en el contexto de la sana critica han sido valoradas en su totalidad, como se puede evidenciar en los antecedentes del caso, por tanto no existió ninguna violación de los derechos como arguye la recurrente de manera errada. 

11.3.2.1 Por falta de valoración de descargos. 

La Administración Tributaria señaló que ante la supuesta falta de pronunciamiento de la documentación presentada por la recurrente consistente en: Formulario 6 “Base de datos de despacho de productos forestales”, trimestre 111-2013, Formulario 6 “Base de datos de despacho de productos forestales” .trimestre 1-2014, Cuadro 2 Nota detallada por CFO, que establece las discrepancias entre el Cuadro N° 18 de la Vista de Cargo y la información de los Certificados Forestales de Origen, correspondiente a los CFO DDSC-B1200833, DDSC-B1301147, DDSCB1301237, DDSC-B1302632, DDSC-B1303613, DDSC-B1306405, DDSC-B1307033, DDSCB1307972, DDSC B1400064, SC-B1308161, SC-B1309238, SJC-B1200355, SJCB1200469, SJC B1200531, SJC-B1200545, SJC-B1300127, SJC-B1300551, SJCB1300372, SJCB1300565, SJC-B1300726, SJC-B1300727, SJC-B1300729, SJCB1300808, SJC-B1300815, SJC-B1300817, SJC-B1300896 y SJC-B1400003, Certificados Forestales de Origen para Madera Aserrada DDSC-B1200833, DDSCB1301147, DDSC-B1301237, DDSC-B1302632, DDSC-B1303613, DDSC-B1306405, DDSC B1307033, DDSC-B1307972, DDSC-B1400064, SC-B1308161, SC-B1309238, SJC B1200355, SJC-B1200469, SJC-B1200531, SJCB1200545, SJC-B1300127, SJC 

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B1300551, SJC-B1300372, SJC-B1300565, SJC-B1300726, SJC-B1300727, SJC B1300729, SJC-B1300808, SJC-B1300815, SJC-B1300817, SJCB1300896 y SJC B1400003; se puede comprobar la falsedad de estas alegaciones toda vez que de fojas 101 a 103 del acto impugnado la Administración Tributaria analiza, valora y explica ampliamente sobre las supuestas discrepancias existentes entre el cuadro 18 de la Vista de Cargo y la información expuesta precedentemente, concluyéndose que tales manifestaciones no son respaldadas con documentación pertinente que demuestren que las cantidades observadas declaradas como ventas, corresponden a una merma o residuo del proceso de producción, conforme afirma el contribuyente; todo en virtud a lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; es decir, no lo hace y ahora argumenta que la Administración Tributaria no valoró las pruebas aportadas en el proceso de fiscalización y en la etapa de descargos, siendo evidente que en todo el proceso de determinación la Administración Tributaria valoró cada uno de los descargos presentados, cumpliendo y respetando en todo momento el Derecho a la Defensa y al Debido proceso de la contribuyente consagrado en el art. 115 de la CPE. 

II.3.2.2 Por falta de motivación, congruencia, fundamentación y seguridad jurídica. 

La Administración Tributaria aseguró que revisada la Resolución Determinativa impugnada, a fojas 49 se puede constatar que lo referido por la recurrente se trata un evidente de error de transcripción, toda vez que en lugar de señalar correctamente el Cuadro N° 19 de la presente “Resolución Determinativa” se colocó erróneamente “Vista de Cargo”; error que resulta un defecto de forma y que de la lectura del cuadro 19 del acto administrativo impugnado, explica con claridad los Ingresos no declarados relacionados con el IVA Débito Fiscal e Impuestos a las Transacciones (IT); por lo que el mencionado defecto de forma no incide en que el acto administrativo carezca de un requisito formal indispensable para alcanzar su fin y tampoco da lugar a la indefensión del contribuyente, por lo que dicho error obviamente involuntario por parte del transcriptor, no es considerado legalmente como una causal de anulabilidad del acto administrativo, aspecto que también fue analizado acertadamente en Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Agregó que el Cuadro N° 18 del acto impugnado referido a las Ventas Comercializadas No Declaradas por el contribuyente, describe específicamente la fuente de información señalando: Fuente: formulario 6 de despacho, información digital proporcionado por la ABT, Vista de Cargo (paginas 18, 19, 20, 21) del acto impugnado; asimismo, explica que se observaron Ventas Locales al Raleo comercializadas durante el tercer trimestre de la gestión 2013 y el primer trimestre de la gestión 2014, omitiendo un total de Bs. 259.112,94 (Doscientos cincuenta y nueve mil doscientos doce con 94/100 Bolivianos), cuya determinación se basó en el promedio de los precios unitarios de las facturas de ventas y los precios unitarios expuestos en el Inventario proporcionado por la propia recurrente, por lo tanto el argumento de que el didáctico y claro Cuadro N° 18 de Ventas Comercializadas No Declaradas causa indefensión al sujeto pasivo queda totalmente desvirtuado. 

II.3.2.3. Sobre la nulidad de la resolución determinativa por falta de fundamentación en relación a la información y documentación obtenida en inspección ocular. 

La Administración Tributaria señaló que en uso de sus amplias facultades de investigación establecidas en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), a efectos de obtener más información sobre los gastos declarados en la gestión 2013-2014 por la recurrente, el 12 de junio de 2018, sus funcionarías se constituyeron en el domicilio fiscal del contribuyente a realizar la inspección ocular de sus instalaciones y poder formular preguntas con respecto a la actividad que realiza, las mismas que se encuentran plasmadas de fojas 28 del acto impugnado; posteriormente dicha información es tomada en cuenta por la Administración Tributaria para la verificación de gastos deducibies analizados a fojas 72 de la Resolución Determinativa impugnada y ampliamente detallados en el cuadro 38 del referido acto administrativo, información que demuestra la falta de veracidad de los argumentos esgrimidos por la recurrente en este punto, no habiéndose vulnerado bajo ningún punto de vista los derechos constitucionales alegados, aspecto que además no fue objeto de observación en la Resolución de Recurso de Alzada. 

II.3.2.4 Por falta de fundamentación respecto a la aplicación del método de Base Presunta en la determinación de ingresos. 

La Administración Tributaria expresó que respecto al Impuesto al Valor Agregado Débito Fiscal, Impuesto a las Transacciones – IT de Impuesto sobre las Utilidades de 

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las Empresas – IUE, por ingresos no declarados en base a información de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, procedió de acuerdo a Ley a ajustar las Bases Imponibles, reliquidándose el tributo aplicando el método de determinación sobre base presunta, de conformidad con lo establecido en el art. 43 parágrafo II, arts. 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB), hecho que se encuentra debidamente justificado exponiendo las circunstancias que motivaron la aplicación de la base presunta de fojas 94 a 96 del acto impugnado, observándose que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) presentó documentación e información, evidenciándose que el contribuyente comercializa, sin la emisión de la Nota Fiscal de decking, losetas, machimbre, madera aserrada, madera cepillada, minidecking, parquet y parqueton, durante los periodos de octubre, noviembre, diciembre de la gestión 2013 y enero, febrero, marzo de la gestión 2014, asimismo la documentación presentada por la recurrente (Facturas de Venta y Compras) no reflejan información suficiente, situación que dificulta conocer el precio venta y costo de la mercadería vendida sobre base cierta, tomando en cuenta los datos e información proporcionados por el agente de información; por lo tanto, al no contar con la documentación suficiente que permita conocer de forma directa e indubitable las operaciones realizadas sobre base cierta, la Administración Tributaria procede correctamente con la determinación de la Base Imponible sobre base presunta. 

Añadió que a fojas 23 el acto impugnado se explica claramente que la Administración Tributaria para la determinación de los ingresos no declarados por la recurrente, se basó en el promedio de los precios unitarios de las facturas de ventas y los precios unitarios expuestos en el Inventario proporcionado por el contribuyente, que puede ser verificado en fojas 6.625 a 6.649 de antecedentes administrativos, quedando demostrado que lo argumentado por la recurrente carece totalmente de veracidad; de la misma forma a fojas 102 del acto impugnado, justamente en la parte final del análisis y valoración de los descargos presentados a la Vista de Cargo, se estableció que las observaciones expuestas previamente desvirtúan lo argumentado por el contribuyente y posteriormente explica las más relevantes, situación que su se podrá evidenciar que de ninguna manera causa violación al Derecho a la Defensa del sujeto pasivo, todo lo contrario, el único fin de la misma es otorgar una respuesta motivada y fundamentada a los descargos presentados por la recurrente velando por el cumplimiento de las garantías constitucionales previstas por Ley. 

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AIT;s\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.3.3. Sobre la incorrecta aplicación del método de Base Presunta en la determinación de ingresos. 

La parte recurrida manifestó que durante el proceso de verificación, consideró elementos relevantes vinculados al principio de verdad material, conforme establece el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA); en ese sentido y con todos los elementos de convicción recolectados en el proceso de determinación, se corroboró que los reparos correspondientes a las observaciones de los periodos fiscales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de la gestión 2013; enero, febrero, marzo de la gestión 2014 correspondiente a la verificación de los impuestos IVA, IT, IUE, son correctos y prueba de ello es que la misma recurrente el 14 de diciembre de 2018, canceló la deuda tributaria correspondiente al crédito fiscal determinado sobre base cierta de los periodos abril a diciembre de 2013 y enero a marzo de 2014, por el monto de Bs. 26.046,00 (Veintiséis mil cuarenta y seis 00/100 Bolivianos) mediante boletas de pago F-1000 Nros. 7683324361, 7683324563, 7683324764, 7683324998, 7683325242, 7683325382, 7683325561, 7683325727, 7683326248, 7683326531, 7683326714, 7683326825, importe que fue pagado en virtud al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Ley 812 y los beneficios contemplados en la Ley 1105. 

Finalmente, respecto a la jurisprudencia aludida por la recurrente, con relación a la Sentencia 128A/2013, mencionada por la recurrente, la misma trata de falta de requisitos de forma en la documentación contable, y en el presente proceso de fiscalización, se demostró la existencia de ingresos no declarados por el contribuyente que generan diferencias a favor del fisco, por lo que se trata de situaciones diferentes. 

Por lo expuesto solicitó se confirme totalmente la Resolución Determinativa 171976002132 de 9 de octubre de 2019. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba 

Mediante Auto de 12 de diciembre de 2019, se dispuso la apertura del plazo .A»/:>;/ probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, computables

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partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 18 de diciembre del 2019 (fs. 173-174 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 7 de enero de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial con cargo de recepción de 3 de enero de 2020 (fs. 175 del expediente), ratificó todas las pruebas preconstituidas presentadas mediante memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

Por su parte, la recurrente presentó memorial el 6 de enero de 2020 (fs. 178 del expediente), mediante el cual ratificó toda la prueba y argumentos presentados al momento de la interposición del Recurso de Alzada. 

II.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que finalizó el 27 de enero de 2020, la recurrente mediante memorial presentado el 23 de enero de 2020 (fs. 181-200 del expediente), formuló sus alegatos en conclusión bajo los mismos términos de su Recurso de Alzada. 

Por otra parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 24 de enero de 2020 (fs. 205-213 vta. del expediente) formuló sus alegatos en conclusión, bajo los mismos argumentos presentados en su contestación al Recurso de Alzada. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 14 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente, firmando en constancia el testigo de actuación, con la Orden de Fiscalización 17990100065, de 30 de mayo de 2017 y el Requerimiento 129955 (Form. 4003), de 09 de junio de 2017, a objeto de comunicar a la recurrente que sería objeto de un “Proceso de Determinación”, para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuyo alcance es el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y sus incidencias 20 de 61

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

(IUE), Impuesto al valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), 

de la gestión 2013, para los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y, gestión 2014, para los 

periodos enero, febrero y marzo; requiriendo los siguientes documentos: 1. 

Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 210 

(Copia Contribuyente); 2. Declaraciones Juradas del Impuesto a las 

Transacciones (IT) Form. 400 (Copia Contribuyente); 3. Declaraciones 

Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) Form. 500 

(Copia Contribuyente); 4. Declaraciones Juradas Formulario 605 Presentación 

de EEFF o Memoria Anual (Copia Contribuyente); 5. Formulario 605 EEFF 

Digitalizado (Copia Contribuyente) (si corresponde); 6. Libro de Ventas-IVA

en medio magnético, si corresponde; 7. Libro de Compras-IVA y en medio 

magnético, si corresponde; 8. Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA 

(copias); 9. Notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales); 10. 

Extractos Bancarios; 11. Planilla de Sueldos, Plantilla Tributaria y 

Cotizaciones Sociales; 12. Comprobante de los Ingresos y Egresos con 

respaldo; 13. Estados Financieros gestión 2013 y 2014; 14. Dictamen y EEFF 

de Auditoría Gestión 2013 y 2014; 15. Plan Código de Cuentas Contables; 16. 

Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde); 17. 

Kárdex; 18. Inventarios; 19. Otros, Contratos celebrados con clientes y 

proveedores, detalle de activos fijos, contratos de servicios prestados y las 

bancarizaciones efectuadas en el 2013 y 2014 (fs. 11 y 16-17 el de 

antecedentes). 

1.2 El 28 de junio de 2017, la recurrente mediante carta s/n, solicitó a la Administración Tributaria, prórroga de 15 días hábiles para la presentación de 

la documentación requerida en la Orden de Fiscalización 17990100065, 

debido a que el plazo le era insuficiente para recabar la documentación 

completa (fs. 20 el de antecedentes). 

1.3 El 05 de julio de 2017, la Administración Tributaria en respuesta al requerimiento de la recurrente, la notificó personalmente con el Auto N° 

251776000410, de 30 de junio de 2017, mediante el cual otorgó el plazo de 15 

días corridos, computables a partir de su legal notificación con el Auto, para la 

presentación de la documentación solicitada con la Orden de Fiscalización N° 

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de la Laudad 

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jmbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

17990100065 y Requerimiento 129955 (Form. N° 4003) (fs. 22-23 el de antecedentes). 

.4 El 19 de julio de 2014 (debió decir 19 de julio de 2017), la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos Número de Orden de Fiscalización 17990100065, Requerimiento de Información F-4003 129955 por los documentos presentados por la recurrente, consistentes en: 1. Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado IVA, Form. 210, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 2. Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones IT, Form. 400, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 3. Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE, Form. 500, periodos 2013 y 2014; 4. Declaración Jurada Formulario 605, presentación de EEFF o memoria anual, periodos 2013 y 2014; 5. Formulario 605 EEFF Digitalizado, periodos 2013 y 2014; 6. Libro de Ventas-IVA y en medio magnético si corresponde, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 7. Libro de Compras-IVA y en medio magnético si corresponde, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 8.Notas Fiscales de Respaldo al Débito Fiscal IVA, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 9. Notas Fiscales de Respaldo al Crédito Fiscal IVA, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 9. Extractos Bancarios, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 10. Planilla de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 11. Comprobante de los Egresos con respaldo, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 12. Comprobante de los ingresos con respaldo, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 13. Comprobantes diarios, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 14. Estados Financieros, gestión 2014; 15. Dictamen y EEFF de Auditoría, gestión 2014; 16. Plan de Código de Cuentas Contables, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 17. Libros de Contabilidad (Diario, Mayor, medio magnético si corresponde), periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 18. Kardex, no maneja; 19. Inventarios, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014; 20. Otros, detalle de activo fijo, periodos abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014 (fs. 24-25 el de antecedentes). 

22 de 61

AIT. ,”í\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

111.5 El 04 de agosto de 2017, la recurrente presentó nota s/n ante la Administración Tributaria, informando que durante el requerimiento de información con Orden de Fiscalización N° 17990100065, en la cual se solicitó Kardex de Inventario Físico, la empresa no lo empleaba durante la gestión 2013-2014, por lo cual presentó el detalle de los inventarios con el costeo de los productos, toda vez que se manejaba mediante sistema contable (fs. 27 el de antecedentes). 

111.6 El 12 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con Acta de Autorización para Inspección Ocular, accediendo el contribuyente a lo solicitado, por lo que se llevó a cabo en la misma fecha, a horas 16:30, en el domicilio ubicado en la Zona Este, Parque Industrial, a media cuadra de la laguna de oxidación, conforme consta en el Acta de Inspección Ocular (fs. 32-34 el de antecedentes). 

El 22 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/GDSCZ ll/DF/FE/INF/08109/2018 de Actuación Orden de Fiscalización Parcial N° 17990100065 contribuyente Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L., el cual determinó una deuda tributaria de 118.164,00 UFV’s, equivalentes a Bs270.291,00, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, de acuerdo al art. 2 de la Ley 812. Por lo que recomendó se emita y notifique la Vista de Cargo, de conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96, parágrafo I del art. 169 y parágrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), y conforme a lo establecido al Caso 3, parágrafo I del art. 11 de la RND N° 10.0032.16, de 25 de noviembre de 2016 (fs. 6869-6970 c. XXXV de antecedentes). 

El 30 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo 291876001062, de 22 de noviembre de 2018, mediante la cual evidenció diferencias por venta de madera no facturada, producto de contrastar la información remitida por la 

afaQ DUMI 

CBSB3 

I •-——

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), relativa a los informes trimestrales del movimiento de madera realizado por el 23 de 61 

NB/ISO 9001 

Justicia tributaria para vivir bien 

/Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

/ Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

contribuyente en las gestiones fiscalizadas, y las facturas de ventas emitidas por el sujeto pasivo. Señalando que la determinación de ingresos no declarados, se basó en el promedio de los precios unitarios de las facturas de ventas y los precios unitarios expuestos en el Inventario presentado por la recurrente. A su vez, determinó sobre base cierta el Impuesto al Valor Agregado IVA – Crédito Fiscal, en mérito a lo establecido en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y art. 7 del DS 27310 (RCTB); y determinó sobre base presunta el Impuesto al Valor Agregado IVA- Débito Fiscal, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, de conformidad a lo dispuesto en el art. 43 parágrafo II, 44, num. 5, inc. a), c) y d) y 45, parágrafo I, num. 1 y 2, de la Ley 2492, al no contar con documentación suficiente que permita conocer de forma directa e indubitable las operaciones realizadas sobre base cierta. 

Asimismo, estableció que las omisiones detectadas en la conducta del contribuyente se adecuarían al ilícito tributario de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV’s de conformidad al art. 42 del DS 27310 (RCTB), con base en el análisis realizado durante la verificación efectuada. Asimismo, determinó un reparo total de 118.164,00 UFV’s, equivalentes a Bs270.291,00, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses y sanción por omisión de pago, de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la Ley 812; también, otorgó el plazo de 30 días para formular sus descargos (fs. 6971- 7072 y 7129 e XXXV y e XXXVI de antecedentes). 

.9 El 28 de diciembre de 2018, la recurrente mediante carta s/n presentó descargos a la Vista de Cargo 291876001062, argumentando entre otras cosas que, la inspección ocular, llevada a cabo por la Administración Tributaria, fue realizada más de 5 años después del periodo fiscalizado, en una localización diferente a la que ocupaba la empresa en el 2013-2014, lugar que contaba con cámaras de secado de madera, que funcionaban con un caldero alimentado con desperdicios o residuos de madera procedentes 24 de 61

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

del proceso productivo; en la referida inspección se realizaron preguntas y 

obtuvieron respuestas plasmadas en la Vista de Cargo, empero en ningún 

momento se informa del proceso productivo de la empresa en ése entonces, 

lo cual es importante para entender el Valor de los Certificados Forestales de 

Origen, su funcionamiento y utilidad. Mencionó que en todo el proceso 

productivo existe una gran merma de madera imposible de cuantificar con 

certeza, debido a que todo depende de la calidad de las tablas recibidas y del 

comportamiento de éstas durante el proceso de secado. Añadió que el 

responsable de la elaboración y presentación del informe trimestral a la ABT, 

es un ingeniero forestal, quien en nombre de la empresa ante la ABT puede 

tramitar la obtención de CFO’s, realizando todo tipo de trámites que la 

empresa requiera para el desenvolvimiento de sus actividades forestales; en 

el llenado de los cuadros Excel que se adjuntan a cada informe trimestral, en 

la 18va columna “Observaciones”, se detalla como observación “Venta local al 

raleo y residuos del proceso de transformación con cargo a CFO N° xxx. Este 

detalle debe ser escrito de esta manera, porque la finalidad es que la ABT 

pueda luego obtener información estadística de las diferentes unidades 

productivas, y esto le permite filtrar la información del desperdicio generado 

por el proceso productivo, en este caso, se trata de residuos de proceso de 

transformación y no de venta local al raleo. 

Agregó que la Administración Tributaria aplicó el método de determinación 

sobre base presunta sin tomar en cuenta los procedimientos de producción de 

la empresa, ni la información que proporcionan los CFOs, interpretando de 

manera errónea los cuadros de los informes trimestrales entregados por la 

ABT; finalmente, solicitó se anulen los montos considerados como ventas no 

declaradas, según cuadro N° 18 (págs. 21, 22, 23 y 24) de la Vista de Cargo, 

por corresponder a mermas o residuos del proceso productivo de la empresa. 

A su vez, adjuntó en copia simple: Formulario 6 “Base de datos de despacho 

de productos forestales”, trimestre 111-2013, Formulario 6 “Base de datos de 

despacho de productos forestales”, trimestre 1-2014, Cuadro 2 Nota detallada 

por CFO, correspondiente a los CFO DDSC-B1200833, DDSC-B1301147, 

DDSC-B1301237, DDSC-B1302632, DDSC-B1303613, DDSC-B1306405, 

DDSC-B1307033, DDSC-B1307972, DDSC-B1400064, SC-B1308161, SC 

B1309238, SJC-B1200355, SJC-B1200469, SJC-B1200531, SJC-B1200545, 

25 de 61 NB/ISO 

9001 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

SJC-B1300127, SJC-B1300551, SJC-B1300372, SJC-B1300565, SJC B1300726, SJC-B1300727, SJC-B1300729, SJC-B1300808, SJC-B1300815, SJC-B1300817, SJC-B1300896 y SJC-B1400003, Certificados Forestales de Origen para Madera Aserrada DDSC-B1200833, DDSC-B1301147, DDSC B1301237, DDSC-B1302632, DDSC-B1303613, DDSC-B1306405, DDSC B1307033, DDSC-B1307972, DDSC-B1400064, SC-B1308161, SC B1309238, SJC-B1200355, SJC-B1200469, SJC-B1200531, SJC-B1200545, SJC-B1300127, SJC-B1300551, SJC-B1300372, SJC-B1300565, SJC B1300726, SJC-B1300727, SJC-B1300729, SJC-B1300808, SJC-B1300815, SJC-B1300817, SJC-B1300896 y SJC-B1400003, y copia a colores de la Cédula de Identidad de Francisco Roberto Montoya Rivera (fs. 7168-7243 c. XXXVI y e XXXVII de antecedentes). 

.10 El 01 de marzo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/TJ/INF/00099/2019, el cual indicó que los documentos presentados por el contribuyente en calidad de descargo contienen la misma información que fue proporcionada por el agente información ABT, por lo que los dichos documentos resultan insuficientes para desvirtuar los reparos establecidos en la Vista de Cargo; por lo que ratificó la calificación preliminar de la conducta, que se adecúa al ilícito tributario de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), y la sanción impuesta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 11, caso 2 de la R.N.D 10-0032-16, de 25 de noviembre de 2016 (fs. 7244-7251 c. XXXVII de antecedentes). 

.11 El 06 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 171976000156, de 01 de marzo de 2019, mediante la cual concluyó que los argumentos de descargo presentados por el contribuyente no fueron respaldados con documentación que demuestre que las cantidades observadas declaradas como ventas, correspondan a una merma o residuo del proceso de producción, por lo que dichos documentos fueron insuficientes para desvirtuar las observaciones de la Vista de Cargo. Ulteriormente, resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del contribuyente Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L, por un monto total de 92.911,00 UFV’s, equivalentes a Bs212.140,00, por el 26 de 61

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago, sobre base presunta; y calificó la conducta del contribuyente como contravención tributaria de Omisión de Pago, por adecuarse a lo establecido por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el DS 2993, por lo que impuso la sanción igual al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s por tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 41.789,00 UFV’s, equivalentes a Bs95.665,00 a la fecha de emisión de la Resolución (fs. 7252-7357 c. XXXVII de antecedentes). 

.12 El 19 de junio de 2019, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada, realizado por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa N° 171976000156, de 01 de marzo de 2019, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019, que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa 171976000156, de 01 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo en el que se pronuncie y analice todos los argumentos y pruebas presentadas por el sujeto pasivo, conforme prevén los arts. 68 num. 7 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y fundamente su determinación (fs. 7364-7388 de antecedentes e XXXVII). 

.13 El 09 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/UTJ/INF/1194/2019, el cual indicó que los descargos presentados por el contribuyente no son suficientes para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo que al no haberse efectuado tampoco el pago correspondiente a la deuda tributaria, corresponde mantener los reparos establecidos en la Vista de Cargo y ratificar la sanción impuesta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 11 caso 2 de la R.N.D 10-0032-16 de 25 de noviembre de 2016 (fs. 7394-7402 e XXXVII y c. XXXVIII de antecedentes). 

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Justicia tributaria para vivir bien 

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Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

míiwmm 

NB/ISO 

9001 

de la Lddaad 

Certificado N’77 VI4 

mbaerepí Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

111.14 El 15 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa 171976002132, de 09 de octubre de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del contribuyente Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L, por un monto total de 94.890,00 UFV’s, equivalentes a Bs219.971,00, por el Impuesto al Valor Agregado (Débito Fiscal), Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago; y calificó la conducta del contribuyente como contravención tributaria de Omisión de Pago, por adecuarse a lo establecido por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el DS 2993, por lo que impuso la sanción igual al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s por tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 41.788,00 UFV’s, equivalentes a Bs96.872,00 a la fecha de emisión de la Resolución (fs. 7403-7509 e XXXVIII de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente expuso como agravios los siguientes: 1. Incumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019; 2. Nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución impugnada por vulneración de derechos constitucionales, 2.1. Por falta de valoración de descargos; 2.2. Por falta de motivación, congruencia, fundamentación y seguridad jurídica; 2.3. Nulidad de la resolución determinativa por falta de fundamentación en relación a la información y documentación obtenida en inspección ocular; 2.4. Por falta de fundamentación respecto a la aplicación del método de Base Presunta en la determinación de ingresos; y 3. Incorrecta aplicación del Método de Determinación sobre Base Presunta, observaciones que serán analizadas a continuación. 

IV.1. Sobre el incumplimiento de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT SCZ/RA 0200/2019. 

La recurrente aseguró que la Administración Tributaria vulneró sus derechos y principios constitucionales, ya que incumplió e hizo caso omiso a lo dispuesto por la 

28 de 61

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ 0200/2019, pues pese a que se le hicieron muchas observaciones y cuestionamientos, volvió a emitir el mismo documento ya anulado, únicamente cambiando la fecha y agregando una hoja y media (fs. 102 y 103), sin poner atención a lo observado por la ARIT en los aspectos de forma, asimismo, omitió analizar, valorar y pronunciarse sobre las pruebas y argumentos presentados como descargo, careciendo nuevamente de la debida motivación y fundamentación. 

Añadió que es indudable que la Administración Tributaria no intentó solucionar las observaciones de la ARIT, aspecto que del simple análisis de la resolución impugnada se puede apreciar, ya que ni siquiera tomó en cuenta dentro de los antecedentes y fundamentos, la emisión de la citada Resolución del Recurso de Alzada, pareciendo que los funcionarios que emitieron el nuevo acto administrativo desconocen los antecedentes del presente proceso, habiéndose incurrido nuevamente en los vicios procedimentales, atentando contra sus derechos constitucionales. 

Asimismo, señaló que a fs. 46 y 47 de la Resolución Determinativa impugnada, se determinó una supuesta deuda tributaria en el Impuesto a las Transacciones, sobre base presunta, basándose en un simple cuadro, en el que no se establece una explicación sobre el origen de la observación, cómo se llegó a dicha conclusión y el por qué se obtuvo una diferencia; realizando una simple transcripción de normativa prevista para el impuesto en la Ley 843, que no puede reemplazar a la fundamentación y motivación exigible para todo acto administrativo y que ya fue observada por la Resolución del Recurso de Alzada. 

En contraparte, la parte recurrida, aseguró que la resolución impugnada cumple con los requisitos contenidos en la Ley 2341 (LPA); asimismo, contiene los antecedentes que generaron el proceso y la valoración de los datos y elementos, los mismos que se constituyen en los fundamentos de hecho, de la misma forma contiene la normativa que sustenta las observaciones realizadas, que son los elementos de derecho del acto administrativo, quedando demostrado en este sentido el fehaciente cumplimiento de la normativa tributaria vigente que respalda la correcta actuación de la Administración Tributaria en todo el proceso de fiscalización hasta la emisión de la resolución impugnada. 

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9001 

/Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaerj oñomita 

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Respecto a que se trata del mismo documento anulado por la ARIT, señaló que falta totalmente a la verdad, toda vez que la Resolución ahora impugnada dio estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019, que ordenó claramente se emita un nuevo acto administrativo que se pronuncie y analice todos los argumentos y pruebas presentadas por el sujeto pasivo; es así que para subsanar la observación respecto al proceso productivo de fabricación de los productos finales, procedió nuevamente a la revisión del formulario 6 de “Despacho”, Inventarios de los CFOs, entre otros documentos proporcionados por la ABT en forma digital, los cuales fueron contrastados con los CFOs presentados por el contribuyente en la etapa de descargo, habiéndose encontrado observaciones que desvirtúan lo expresado por el contribuyente, tales como que en el CFO DDSC B1400064, presentado por el contribuyente, se registra un saldo en Stock de 48.053 PT de madera, cantidad que coincide con los inventarios digitales de CFO del trimestre 1/2014, proporcionados por la ABT, teniéndose en la columna “Volumen (pt) en STOCK al 31/03/2014″ de esta planilla, un saldo de 32.486 PT de madera, es decir, esta cantidad de madera es el saldo restante del CFO DDSCB1400064, por lo que tomando en cuenta el supuesto de que las ventas consideradas como no declaradas por la Administración Tributaria, serían según el contribuyente únicamente mermas o desperdicios del proceso productivo, que fueron registrados en el Form. 6 de “Despacho”, con la glosa venta al raleo y residuos del proceso de transformación, se tiene que de la sumatoria de los pies tablares que se encuentran dentro de esta glosa y que corresponden a este CFO, se tendría una merma o desperdicio de 14.913 PT de madera que representaría el 31,03% del total del Saldo en Stock del CFO DDSC-B1400064 y un 45,91% del saldo al 31/03/2014 reflejado en los inventarios digitales de la ABT, aspecto que es contradictorio con el proceso productivo explicado por el contribuyente en su descargos, ya que este porcentaje excede el margen que el propio sujeto pasivo indica tener como desperdicio o merma para el acabado de sus productos, por ende se desestima los argumentos expuestos sobre este punto, toda vez que la documentación presentada no respalda, ni justifica el supuesto proceso productivo y que estas cantidades de pies tablares registradas en el formulario 6 de despacho, sean únicamente mermas o desperdicio de este proceso. 

Del mismo modo, refirió que para subsanar la observación sobre las diferencias en el cuadro 18, la Resolución Determinativa 171976002132 establece que el sujeto 30 de 61

Áni 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

pasivo es quien declara y presenta los Informes Trimestrales ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, siendo el contribuyente quien proporciona los datos referente a la recepción, despacho, inventario y detalle de los Certificados Forestales de Origen, por lo que de acuerdo a esta información la ABT remite Cuatro Informes Trimestrales digitales, de la revisión de los mismos, se encontraron observaciones en el formulario 6 de Despacho, evidenciándose la salida de cantidades de madera en PT en los Trimestres 111/2013 y 1/2014, que según el Formulario 27 de resumen de detalle de productos, específicamente en la columna de “Detalle Egreso”, la recurrente habría registrado la comercialización de dichas cantidades de madera, en virtud a ello la Administración Tributaria tomó estos datos para determinar Ventas no declaradas, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el num. II de los arts. 43 y 45 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, aclaró que en el proceso de determinación, las observaciones detectadas en sus ventas no se centran en la tramitación y obtención de los Certificados Forestales de Origen (CFOs), como erróneamente lo interpreta la recurrente en su carta de descargos, habiendo tomado la Administración Tributaria como referencia la información contenida en los formularios anexos a los informes trimestrales 111/2013 y 1/2014, teniendo estos plena validez probatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del DS 27310 (RCTB). 

Por otro lado, en lo que se refiere a la observación de las fechas de despacho observado por la recurrente, la Administración Tributaria señaló que para determinar estas fechas consideró los datos proporcionados en las facturas de ventas que se detallan en el cuadro N° 17 de la Vista Cargo, ventas facturadas que fueron informadas por el contribuyente en el “Formulario 6 de despacho” ante la ABT, presumiéndose que las ventas fueron ciento sesenta y dos, realizadas durante el mismo trimestre en el que el contribuyente percibió ingresos por la comercialización de madera, por lo que en el presente caso se aplicó lo dispuesto en el num.1, párrafo I del art. 45 de la Ley 2492 (CTB), al haberse obtenido datos y elementos que permitieron deducir la existencia de los hechos imponibles. 

Con relación a la observación realizada en instancia recursiva, sobre la omisión de pronunciamiento respecto a la documentación presentada por la recurrente, la resolución impugnada subsana dicha observación respondiendo de manera detallada y fundamentada a los descargos presentados por la recurrente y plasmados en el acto impugnado de fojas 101 a 103, resaltándose de ello nuevamente que es el 

31 de61 NB/ISO 

9001 

/Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

íATTladio-Uun dp]<3 (“¿liad 

“ertificdd N “1 14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

sujeto pasivo es quien declara y presenta los Informes Trimestrales ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, siendo el contribuyente quien proporciona los datos referente a la recepción, despacho, inventario y detalle de los Certificados Forestales de Origen, por lo que de acuerdo a esta información la ABT remite Cuatro Informes Trimestrales digitales y de la revisión de los mismos, se encontraron observaciones. 

Del mismo modo, para subsanar la observación de diferencias encontradas en el IT, en la resolución ahora impugnada se analizó técnica y legalmente las razones que avalan su posición, aclarando que al haberse evidenciado durante la fiscalización que el contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos percibidos y siendo que durante el proceso de determinación se establecieron ventas no declaradas de madera sobre base presunta, conforme se tiene expresado en el Cuadro N° 18 de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, los cuales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 843 concordante con el art. 7 del DS 21530, originaron un débito fiscal, por lo que estos ingresos en virtud a lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 843, se encuentran gravados por el Impuesto a las Transacciones, estableciéndose una alícuota del 3% en aplicación a lo previsto en el art. 75 del mismo cuerpo legal, sobre el total de los ingresos no declarados por el contribuyente, conforme consta a fojas 47 del acto impugnado. 

Con relación a que no se había explicado la cuantía de los precios promedio utilizados para establecer las ventas no declaradas, en el acto ahora impugnado se subsana dicha observación aclarando detalladamente que para el cálculo del precio promedio de los ingresos no declarados, se consideró la información del Cuadro 17 de la Vista de Cargo, en el que se establece un detalle de las ventas facturadas por el contribuyente durante el primer, segundo y tercer trimestre de la gestión 2013 y primer trimestre del 2014, teniéndose los datos del de Factura, precio unitario por producto y especie de madera, facturas que cursan en antecedentes administrativos, es así que en base a esta información se estableció el precio promedio para el Cuadro 18 “Ventas Comercializadas no declaradas”, información que puede evidenciarse en fojas 102 a 103 de la Resolución Determinativa impugnada. 

Así también, con relación a la observación contenida en las páginas 46 y 47 de la resolución impugnada, la Administración Tributaria manifestó que de la lectura de la 32 de 61

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución Determinativa 171976002132 se puede evidenciar que la misma explica de manera didáctica y fundamentada los hechos, actos, datos, elementos y valorizaciones realizadas en virtud a la documentación proporcionada por el contribuyente dentro del proceso de fiscalización, la información que cursa en el sistema de información de la Administración Tributaria – SIRAT II y la información proporcionada por terceros, de la que se obtuvo como resultado las diferencias a favor del fisco por concepto del IT en un importe de Bs7.773,00 (Siete mil setecientos setenta y tres 00/100 Bolivianos) que se encuentra detallado en el cuadro N° 22 del acto impugnado, el mismo que demuestra que el contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos percibidos, considerando que durante el proceso de determinación se establecieron ventas no declaradas de madera sobre base presunta, conforme se tiene expresado en el cuadro 18 de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, los cuales de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 843 concordante con el art. 7 del DS 21530, originaron un débito fiscal, por lo que estos ingresos en virtud a lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 843 se encuentran gravados por el Impuesto a las Transacciones, estableciéndose una alícuota del 3% en aplicación a lo previsto en el art. 75 del mismo cuerpo legal, sobre el total de los ingresos no declarados por el contribuyente, quedando desvirtuado lo manifestado por el sujeto pasivo en este punto. 

De igual forma, explicó que a fojas 102 del acto impugnado, observada por la recurrente, justamente en la parte final del análisis y valoración de los descargos presentados a la Vista de Cargo, señala que las observaciones expuestas previamente desvirtúan lo argumentado por el contribuyente y posteriormente explica las más relevantes, situación que su autoridad podrá evidenciar que de ninguna manera causa violación al Derecho a la Defensa del sujeto pasivo, todo lo contrario, el único fin de la misma es otorgar una respuesta motivada y fundamentada a los descargos presentados, velando por el cumplimiento de las garantías constitucionales previstas por Ley. 

Finalmente, la recurrente observó que los cuadros 16, 17 y 18 no coincidían entre sí, por lo que se subsanó tal observación, estableciendo claramente a fojas 103, que dichas fechas fueron deducidas de las facturas de ventas presentadas por la recurrente y no así de la información de sus Certificados Forestales, por lo que la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo, no desvirtúa de 

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de la Calidad 

Certificado N” 771/14 

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ninguna manera las ventas no declaradas determinadas por la Administración Tributaria, por lo cual la Administración Tributaria afirmó que la Resolución ahora impugnada expone ampliamente y con claridad el análisis y valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas por la recurrente de fojas 99 a 103 del acto impugnado; asimismo, subsana las observaciones establecidas en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019 y se pronuncia sobre todos los argumentos vertidos por la recurrente; y aclaró que la valoración de prueba y argumentos no significa la aceptación de los mismos, por lo que entiende que no existen causales de nulidad en el acto impugnado, como erróneamente señala la recurrente. 

Para resolver la controversia planteada precedentemente; es menester, en principio, recordar que de acuerdo al Título V de la Ley 2492 (CTB), incorporado por la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, que refiere al Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria, ahora Autoridad de Impugnación Tributaria; en su art. 212 instituye las clases de resoluciones que resuelven los Recursos de Alzada y Jerárquico; las cuales pueden ser confirmatorias, revocatorias totales o parciales y las anulatorias con reposición hasta el vicio más antiguo y el art. 214, refiere que las resoluciones dictadas resolviendo los Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria, conforme al art. 108 serán ejecutadas por la Administración Tributaria, para lo cual deben iniciar los procesos y procedimientos que la norma establezca; de lo que se infiere que cuando se emite una Resolución de Recurso de Alzada confirmatoria o revocatoria y ésta es confirmada o revocada parcialmente por la Resolución de Recurso Jerárquico, convierten a la resolución emitida por la Administración Tributaria en Título de Ejecución Tributaria; no obstante, si se trata de una Resolución de Recurso de Alzada anulatoria y confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico o al no haber sido impugnada adquiera firmeza; la Administración Tributaria debe dar cumplimiento a lo resuelto en instancia recursiva (en el caso de no haberse interpuesto demanda Contenciosa Administrativa, si se hubiera agotado la vía Administrativa a través de Recurso Jerárquico); pues es evidente que los tres tipos de resoluciones emanadas por esta Autoridad surten efectos para la Administración Tributaria y no pueden ser consideradas y cumplidas únicamente las que sean emitidas a favor de ésta. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En éste contexto, cabe referirse a que la doctrina sostiene que para establecer invalidez de un acto administrativo, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005J y que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe ser tanto de los hechos y antecedentes del caso, 

como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV); en efecto, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el Principio de Legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, (resaltado propio). 

Sobre el mismo tema, también se tiene establecido que: “A fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”, en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras 

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para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los 

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procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

En este sentido, la necesidad de que toda resolución emitida por una autoridad esté fundamentada, fue motivo de análisis por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional SC 1369/2001-R, en la que manifestó lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido”. 

Asimismo, corresponde expresar que la Sentencia Constitucional 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, e) Debe describirde manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes reflejados”. 

De la misma manera, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1369/2001-R, manifestó lo siguiente: “el derecho al debido proceso (…) exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que 36 de 61

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido (…)”. De igual modo lo expone la Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, que establece: “(…) la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollarcon claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda además esa situación”, (las negrillas son nuestras). 

Dentro de este marco, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 

Por otra parte, en cuanto a la anulabilidad de los actos administrativos, los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan expresamente que: “Serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y (…) cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados”; y será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. Es así, que el defecto de forma sólo determinará la Anulabilidad cuando el acto administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 

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delaLdlidad 

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interesados, en este sentido los actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. 

Una vez establecido el contexto de garantías constitucionales, es imprescindible recordar, nuevamente, que en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

Por otro lado, el art. 28 de la LPA aplicable supletoriamente al caso por mandato del art. 201 del CTB, establece los elementos esenciales de un acto administrativo entre los cuales están la: “b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta fas razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente Artículo (…)”. Del mismo modo, los arts. 35 inc. c) y 36-I y II de la misma LPA y 55 del RLPA, señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (…)”. 

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se advierte que, el 14 de junio de 2017, la Administración Tributaria notificó a la recurrente, firmando en constancia el testigo de actuación, con la Orden de Fiscalización 17990100065, de 30 de mayo de 2017 y el Requerimiento 129955 (Form. 4003), de 09 de junio de 2017, a objeto de comunicar a la recurrente que sería objeto de un “Proceso de Determinación”, para establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, cuyo alcance es el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y sus incidencias (IUE), Impuesto al valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 38 de 61

AT, 3t 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

(IT), de gestión 2013, para los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y, gestión 2014, para los periodos enero, febrero y marzo; requiriendo los siguientes documentos: 1. Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 210 (Copia Contribuyente); 2. Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400 (Copia Contribuyente); 3. Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) Form. 500 (Copia Contribuyente); 4. Declaraciones Juradas Formulario 605 Presentación de EEFF o Memoria Anual (Copia Contribuyente); 5. Formulario 605 EEFF Digitalizado (Copia Contribuyente) (si corresponde); 6. Libro de Ventas-IVA y en medio magnético, si corresponde; 7. Libro de Compras-IVA y en medio magnético, si corresponde; 8. Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA (copias); 9. Notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales); 10. Extractos Bancarios; 11. Planilla de Sueldos, Plantilla Tributaria y Cotizaciones Sociales; 12. Comprobante de los Ingresos y Egresos con respaldo; 13. Estados Financieros Gestión 2013 y 2014; 14. Dictamen y EEFF de Auditoría Gestión 2013 y 2014; 15. Plan Código de Cuentas Contables; 16. Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde); 17. Kárdex; 18. Inventarios; 19. Otros, Contratos celebrados con clientes y proveedores, detalle de activos fijos, contratos de servicios prestados y las bancarizaciones efectuadas en el 2013 y 2014. 

Posteriormente, el 28 de junio de 2017, la recurrente mediante carta s/n, solicitó a la Administración Tributaria, prórroga de 15 días hábiles para la presentación de la documentación requerida en la Orden de Fiscalización N° 17990100065, debido a que el plazo le era insuficiente para recabar la documentación completa. La Administración Tributaria en respuesta al requerimiento de la recurrente, el 05 de julio de 2017 la notificó personalmente con el Auto N° 251776000410, de 30 de junio de 2017, mediante el cual otorgó el plazo de 15 días corridos, computables a partir de su legal notificación con el Auto, para la presentación de la documentación solicitada con la Orden de Fiscalización N° 17990100065 y Requerimiento 129955 (Form. N° 4003). 

Consiguientemente, el 19 de julio de 2014 (debió decir 19 de julio de 2017), la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos Número de Orden de Fiscalización 17990100065, Requerimiento de Información F-4003 129955 por los documentos presentados por la recurrente. Seguidamente, el 04 de 39 de 61 

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agosto de 2017, la recurrente presentó nota s/n ante la Administración Tributaria, informando que durante el requerimiento de información con Orden de Fiscalización 17990100065, en la cual se solicitó Kardex de Inventario Físico, la empresa no lo empleaba durante la gestión 2013-2014, por lo cual presentó el detalle de los inventarios con el costeo de los productos, toda vez que se manejaba mediante sistema contable. Ulteriormente, el 12 de junio de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con Acta de Autorización para Inspección Ocular, accediendo el contribuyente a lo solicitado, por lo que se llevó a cabo en la misma fecha, a horas 16:30, en el domicilio ubicado en la Zona Este, Parque Industrial, a media cuadra de la laguna de oxidación, conforme consta en el Acta de Inspección. 

Continuando con la compulsa, el 22 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/GDSCZ ll/DF/FE/INF/08109/2018 de Actuación Orden de Fiscalización Parcial N° 17990100065 contribuyente Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L., el cual determinó una deuda tributaria de 118.164,00 UFV’s, equivalentes a Bs270.291,00, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, de acuerdo al art. 2 de la Ley 812. Por lo que recomendó se emita y notifique la Vista de Cargo, de conformidad a lo previsto en el parágrafo I del art. 96, parágrafo I del art. 169 y parágrafo IV del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), y conforme a lo establecido al Caso 3, parágrafo I del art. 11 de la RND N° 10.0032.16, de 25 de noviembre de 2016. 

Es así que, el 30 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo N° 291876001062, de 22 de noviembre de 2018, mediante la cual evidenció diferencias por venta de madera no facturada, producto de contrastar la información remitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), relativa a los informes trimestrales del movimiento de madera realizado por el contribuyente en las gestiones fiscalizadas, y las facturas de ventas emitidas por el sujeto pasivo. Señalando que la determinación de ingresos no declarados, se basó en el promedio de los precios unitarios de las facturas de ventas y los precios unitarios expuestos en el Inventario presentado por la recurrente. A su vez, determinó sobre base cierta el Impuesto al 40 de 61

AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Valor Agregado IVA- Crédito Fiscal, en mérito a lo establecido en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y art. 7 del DS 27310; y determinó sobre base presunta el Impuesto al Valor Agregado IVA- Débito Fiscal, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, de conformidad a lo dispuesto en el art. 43 parágrafo II, 44, num. 5, inc. a), c) y d) y 45, parágrafo I, num. 1 y 2, de la Ley 2492 (CTB), al no contar con documentación suficiente que permita conocer de forma directa e indubitable las operaciones realizadas sobre base cierta. Asimismo, estableció que las omisiones detectadas en la conducta del contribuyente se adecuarían al ilícito tributario de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose dicha conducta con el 100% del impuesto omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV’s de conformidad al art. 42 del DS 27310 (RCTB), con base en el análisis realizado durante la verificación efectuada. Asimismo, determinó un reparo total de 118.164,00 UFV’s, equivalentes a Bs270.291,00, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses y sanción por omisión de pago, de acuerdo a lo establecido en el art. 2 de la Ley 812; también, otorgó el plazo de 30 días para formular sus descargos. 

En respuesta a lo anterior, el 28 de diciembre de 2018, la recurrente mediante carta s/n presentó descargos a la Vista de Cargo 291876001062, solicitando se anulen los montos considerados como ventas no declaradas, según cuadro N° 18 (págs. 21, 22, 23 y 24) de la Vista de Cargo, por corresponder a mermas o residuos del proceso productivo de la empresa. A su vez, adjuntó en copia simple: Formulario 6 “Base de datos de despacho de productos forestales”, trimestre 111-2013, Formulario 6 “Base de datos de despacho de productos forestales”, trimestre 1-2014, Cuadro 2 Nota detallada por CFO, correspondiente a los CFO DDSC-B1200833, DDSC B1301147, DDSC-B1301237, DDSC-B1302632, DDSC-B1303613, DDSC-B1306405, DDSC-B1307033, DDSC-B1307972, DDSC-B1400064, SC-B1308161, SC B1309238, SJC-B1200355, SJC-B1200469, SJC-B1200531, SJC-B1200545, SJC B1300127, SJC-B1300551, SJC-B1300372, SJC-B1300565, SJC-B1300726, SJC B1300727, SJC-B1300729, SJC-B1300808, SJC-B1300815, SJC-B1300817, SJC B1300896 y SJC-B1400003, Certificados Forestales de Origen para Madera Aserrada DDSC-B1200833, DDSC-B1301147, DDSC-B1301237, DDSC-B1302632, DDSC B1303613, DDSC-B1306405, DDSC-B1307033, DDSC-B1307972, DDSC-B1400064, 41 de 61 

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SC-B1308161, SC-B1309238, SJC-B1200355, SJC-B1200469, SJC-B1200531, SJC B1200545, SJC-B1300127, SJC-B1300551, SJC-B1300372, SJC-B1300565, SJC B1300726, SJC-B1300727, SJC-B1300729, SJC-B1300808, SJC-B1300815, SJC B1300817, SJC-B1300896 y SJC-B1400003, y copia a colores de la Cédula de Identidad de Francisco Roberto Montoya Rivera. 

Subsiguientemente, el 01 de marzo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/TJ/INF/00099/2019, el cual indicó que, los documentos presentados por el contribuyente en calidad de descargo contienen la misma información que fue proporcionada por el agente información ABT, por lo que los dichos documentos resultan insuficientes para desvirtuar los reparos establecidos en la Vista de Cargo; por lo que ratificó la calificación preliminar de la conducta, que se adecúa al ilícito tributario de Omisión de Pago, en el marco de lo previsto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), y la sanción impuesta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 11, caso 2 de la RND 10-0032-16, de 25 de noviembre de 2016. 

Seguidamente, el 06 de marzo de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa 171976000156 de 01 de marzo de 2019, mediante la cual concluyó que los argumentos de descargo presentados por el contribuyente no fueron respaldados con documentación que demuestre que las cantidades observadas declaradas como ventas, correspondan a una merma o residuo del proceso de producción, por lo que dichos documentos fueron insuficientes para desvirtuar las observaciones de la Vista de Cargo. Ulteriormente, resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del contribuyente Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L, por un monto total de 92.911,00 UFV’s, equivalentes a Bs212.140,00, por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago, sobre base presunta; y calificó la conducta del contribuyente como contravención tributaria de Omisión de Pago, por adecuarse a lo establecido por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el DS 2993, por lo que impuso la sanción igual al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s por tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, 42 de 61

Aiñ. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

cuyo importe asciende a 41.789,00 UFV’s, equivalentes a Bs95.665,00 a la fecha de emisión de la Resolución. 

Retomando la compulsa de antecedentes, se observó que el 19 de junio de 2019, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada, por parte de la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 171976000156, de 01 de marzo de 2019, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019, que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa N° 171976000156, de 01 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales, inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo en el que se pronuncie y analice todos los argumentos y pruebas presentadas por el sujeto pasivo, conforme prevén los arts. 68 num. 7 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y fundamente su determinación. 

Asimismo, se constató que el 09 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ ll/DJCC/UTJ/INF/1194/2019, el cual indicó que los descargos presentados por el contribuyente no son suficientes para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, por lo que al no haberse efectuado tampoco el pago correspondiente a la deuda tributaria, corresponde mantener los reparos establecidos en la Vista de Cargo y ratificar la sanción impuesta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 11 caso 2 de la R.N.D 10- 0032-16 de 25 de noviembre de 2016. 

Finalmente, el 15 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa 171976002132, de 09 de octubre de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio el adeudo tributario del contribuyente Industria de Madera y Derivados IMADE S.R.L, por un monto total de 94.890,00 UFV’s, equivalentes a Bs219.971,00, por el Impuesto al Valor Agregado (Débito Fiscal), Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, mismos que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago; y calificó la conducta del contribuyente como contravención tributaria de Omisión de Pago, por adecuarse a lo establecido por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), modificado por el DS 2993, por lo que impuso la sanción igual al 100% del monto 43 de 61 

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calculado para la deuda tributaria, equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s por tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 41.788,00 UFV’s, equivalentes a Bs96.872,00 a la fecha de emisión de la Resolución. 

Ahora bien, en principio es imprescindible señalar que de acuerdo a los antecedentes del caso y considerando el primer agravio presentado por la recurrente en el presente Recurso de Alzada, esta instancia revisó a detalle la Resolución Determinativa ahora impugnada y la contrastó con la que fue motivó de anulación, comprobándose que claramente se trata de un acto definitivo en el que se mantuvo el contenido de las páginas 1 a 46; en la página 47 luego de exponer el Cuadro 22 se agregó la fuente, identificando “Información de la Vista de Cargo Pag. 48″ y el párrafo siguiente que señala “Al haberse evidenciado durante la fiscalización que el contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos percibidos y siendo que durante el proceso de determinación se establecieron ventas no declaradas de madera sobre base presunta, conforme se tiene expresado en el cuadro N° 18 de la Vista de Cargo y la presente resolución, los cuales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 843 concordante con el artículo 7 del Decreto Supremo N° 21530, originaron un débito fiscal, por lo que estos ingresos en virtud a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 843 se encuentran gravados por el Impuesto a las Transacciones, estableciéndose una alícuota del 3% en aplicación a lo previsto en el artículo 75 del mismo cuerpo legal, sobre el total de los ingresos no declarados por el contribuyente.”; posteriormente, en la página 100 de la Resolución Determinativa impugnada, se observó la unión de los agravios que en la anterior se encontraban divididos, mas no se evidencia que se hubiera añadido ningún otro elemento; a partir del último párrafo de la página 101 hasta la página 103 en sus primeros dos párrafos, la Administración Tributaria habría subsanado las observaciones que esta Autoridad plasmó en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019; por lo cual, a efectos de comprobar el cumplimiento o no de lo resuelto por esta Autoridad, se procederá a la revisión completa, tanto de la Resolución del Recurso de Alzada, como de la Resolución Determinativa 171976002132 ahora impugnada, tanto en las partes que fueron agregadas por la Administración Tributaria, que conforme a la contestación al presente Recurso sería el contenido con el cual habría modificado la fundamentación y motivación de su acto definitivo, como los cuadros observados en instancia de Alzada. 

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Ánl 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En ese entendido, se observó que la Administración Tributaria a fs. 49 del acto impugnado plasmó lo siguiente: “Por tanto se evidencia que el contribuyente INDUSTRIA DE MADERA Y DERIVADOS S.R.L. IMADE S.R.L. con NIT 145168020, mismo que GENERÓ INGRESOS DE FUENTE BOLIVIANA, los cuales son considerados INGRESOS IMPONIBLES a efecto de la determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (I.U.E) los cuales están compuesto de la siguiente forma: ° Ingresos No declarados relacionados con el IVA-Débito Fiscal e Impuestos a las Transacciones (IT): Determinado y Analizado ampliamente en el punto donde se detalla INGRESOS NO DECLARADOS Cuadro N° 19 de la presente Vista de Cargo.”, respecto a la alusión al Cuadro 19 de la Vista de Cargo realizada en la anterior Resolución Determinativa N° 171976000156, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0200/2019, en su pág. 35, último párrafo, indicó que: “si bien se hizo alusión al Cuadro N” 19 de la Vista de Cargo, no obstante, es menester señalar que afs. 31 de la Resolución Determinativa se encuentra detallado el Cuadro N” 19 “Resumen de Ingresos No Declarados”, mismo que cursa en la Vista de Cargo en su pág. 32 (fs. 7002 c. XXXVI de antecedentes), el cual describe los ingresos no declarados, correspondientes a los informes de venta al raleo presentados a la ABTy el cálculo de los ingresos netos, el débito fiscal y el Impuesto a las Transacciones, por los periodos fiscalizados; por lo que resulta evidente que lo descrito en el acto administrativo impugnado, emerge de una incorrecta transcripción de datos, debiendo consignar “Cuadro N° 19 de la presente Resolución Determinativa” en lugar de Cuadro N” 19 de la presente Vista de Cargo”; por consiguiente, si bien el error de reproducción detectada en la página 49 indujo a la recurrente a asumir que para fundamentar los ingresos no declarados se pretendía remitir al Cuadro de la Vista de Cargo, dicho error no causa indefensión, pues no modifica ni altera la decisión asumida por la entidad recurrida, expresada en sus fundamentos. 

De lo que se extrae que, aunque la Administración Tributaria no subsanó este aspecto, y en lugar de hacer referencia en su fundamento al Cuadro N° 19 de la Resolución Determinativa 171976002132, continúa remitiéndose a la Vista de Cargo 291876001062, empero, este error no recae en un elemento sustancial dentro del presente proceso, y no provoca la indefensión ni vulnera el debido proceso, razón por la cual no corresponde la nulidad por un error material que no reviste relevancia jurídica, pues no se configuran las causales previstas en los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA) y 56 del DS 27113 (RLGA), aplicables al caso por 45 de 61 

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disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que, los vicios de forma únicamente determinarán la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados o lesione el interés público. 

Por otra parte, con relación al análisis de los descargos presentados por la recurrente a la Vista de Cargo 291876001062, se observa que la entidad recurrida, al igual que en la anterior Resolución Determinativa anulada, en el punto “Descargos del Contribuyente” (pág. 99 de la Resolución Determinativa), mencionó que el 28 de diciembre de 2018, dentro del plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente presentó carta de descargos adjuntando la siguiente documentación en fotocopia simple: Formulario N° 6 Despacho de Productos Forestales Trimestre III 2013, Formulario N° 6 Despacho de Productos Forestales Trimestre 1-2014, CFO DDSC-B1200833, Cuadro N° 2 Nota de Detalle por CFO (fs. 27), CFO DDSC B1301147, CFO DDSC-B1301237, CFO DDSC-B1302632, CFO DDSC B1303613, CFO DDSC-B1306405, CFO DDSC-B1307033, CFO DDSC B1307972, CFO DDSC-B1400064, CFO SC-B1308161, CFO SC B1309238, CFO SJC-B1200355, CFO SJC-B1200469, CFO SJC B1200531, CFO SJC-B1200545, CFO SJC-B1300127, CFO SJC B1300551, CFO SJC-B1300372, CFO SJC-B1300565, CFO SJC B1300726, CFO SJC-B1300727, CFO SJC-B1300729, CFO SJC B1300808, CFO SJC-B1300815, CFO SJC-B1300817, CFO SJC B1300896, CFO N° SJC-B1400003 y fotocopia de carnet del sujeto pasivo. Seguidamente, en el acápite “Argumentos del Contribuyente” (pág. 99-101 de la Resolución Determinativa), realizó una transcripción sesgada de parte de los alegatos expuestos en el memorial de 28 de diciembre de 2018, que como se explicó en los párrafos precedentes se limitó a unir los argumentos anteriormente identificados en la Resolución Determinativa anulada; y en el punto “Posición de la Administración Tributaria” (fs. 101-103 de la Resolución Determinativa), procedió a analizar los descargos presentados, señalando que: 

“Con respecto a lo anterior, cabe señalar que si bien es cierto que la Administración Tributaria solicitó cierta información a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, porlo que en virtud a ello, la referida autoridad remite en digital bases de los Informes Trimestrales y Certificados Forestales de Origen de los 46 de 61

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

periodos de abril a diciembre 2013 y enero a marzo 2014, por lo que una vez obtenida dicha información se procedió al análisis de la misma, evidenciándose que en los informes trimestrales se establece un detalle de ventas que no fueron informadas ni declaradas por el contribuyente ante la Administración Tributaria en los periodos de abril a diciembre de 2013 y enero a marzo 2014. 

Referente a ello, resulta importante mencionar que elsujeto pasivo es quien declara y presenta los Informes Trimestrales ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, siendo el contribuyente quien proporciona los datos referentes a la recepción, despacho, inventario y detalle de los Certificados Forestales de Origen, por lo que de acuerdo a esta información la ABT remite Cuatro Informes Trimestrales digitales, de la revisión de los mismos, se encontraron observaciones en el formulario 6 de Despacho, evidenciándose la salida de cantidades de madera en PT en los Trimestres 111/2013 y 1/2014, que según el Formulario 27 de resumen de detalle de productos, específicamente en la columna de “Detalle Egreso”, el contribuyente habría registrado la comercialización de dichas cantidades de madera, en virtud a ello la Administración Tributaria tomó estos datos para determinar Ventas no declaradas, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el numeral II del artículo 43 y 45 de la Ley 2492. 

Asimismo corresponde aclarar al contribuyente que en el presente proceso de determinación las observaciones detectadas en sus ventas no se centran en la tramitación y obtención de los Certificados Forestales de Origen (CFOs), como erróneamente lo interpreta el contribuyente en su carta de descargos, habiendo tomado la Administración Tributaria como referencia la información contenida en los formularios anexos a los informes trimestrales 111/2013 y 1/2014, teniendo estos plena validez probatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del Decreto Supremo 27310. 

En lo que se refiere a la observación de las fechas de despacho observado por el contribuyente, cabe señalar que para determinar estas fechas se consideró los datos proporcionados en las facturas de ventas que se detallan en el cuadro 17 de la Vista Cargo, ventas facturadas que fueron informadas por el contribuyente en el “Formulario 6 de despacho” ante la ABT, presumiéndose que las ventas fueron realizadas durante el mismo trimestre en el que el contribuyente percibió ingresos por 

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la comercialización de madera, por lo que en el presente caso se aplicó lo dispuesto en el numeral 1, párrafo I del artículo 45 de la Ley N° 2492, al haberse obtenido datos y elementos que permitieron deducir la existencia de los hechos imponibles. 

Asimismo, corresponde aclarar que los datos que se registran en el cuadro 18 de la Vista de Cargo, referente al tipo y N° de CFOs, fueron extraídos de la columna de observaciones del “Formulario 6 de Despacho”, información digital declarada por el contribuyente ante la ABT. 

Entre otros de los aspectos cuestionados por el contribuyente, en el que observa que las mermas de los pies tablares se multiplican por los precios de ventas de productos de primera y de la lectura del proceso productivo explicado por el contribuyente, se tiene como resumen que para la comercialización de la madera, antes estas ingresan por un proceso que consiste en extracción de humedad, secado, cepillado, para recién obtener el producto terminado de acuerdo las especificaciones de cada cliente, por lo que se tendría una pérdida del 5% en el proceso realizado, en relación a ello, el contribuyente también señala que las cantidades de madera descritas en el cuadro N° 18, serían por las mermas o residuos del proceso productivo y no así ventas no declaradas, es así que a efectos de corroborar este argumento se procedió nuevamente a la revisión del formulario 6 de “Despacho”, Inventarios de los CFOs, entre otros documentos proporcionados por la ABT en forma digital, los cuales fueron contrastados con los CFOs presentados por el contribuyente en la etapa de descargo, habiéndose encontrado observaciones que desvirtúan lo expresado por el contribuyente, por lo que a continuación mencionamos las más relevantes: 

– En el CFO DDSC-B1400064, presentado por el contribuyente, se registra un saldo en Stockde 48.053 PT de madera, cantidad que coincide con los inventarios digitales de CFO del trimestre 1/2014, proporcionados por la ABT, teniéndose en la columna “Volumen (pt) en STOCK al 31/03/2014″ de esta planilla, un saldo de 32.486 PT de madera, es decir esta cantidad de madera es el saldo restante del CFO DDSC B1400064, por lo que tomando en cuenta el supuesto de que las ventas consideradas como no declaradas por la Administración Tributaria, serían según el contribuyente únicamente mermas o desperdicios delproceso productivo, que fueron registrados en el Form. 6 de “Despacho”, con la glosa venta al raleo y residuos del proceso de transformación, se tiene que de la sumatoria de los pies tablares que se encuentran 48 de 61

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

dentro de esta glosa y que corresponden a este CFO, se tendría una merma o desperdicio de 14.913 PT de madera que representaría el 31,03% del total del Saldo en Stock del CFO DDSC-B1400064 y un 45,91% del saldo al 31/03/2014 reflejado en los inventarios digitales de la ABT, aspecto que es contradictorio con el proceso productivo explicado por el contribuyente en su descargos, ya que este porcentaje excede el margen que el propio sujeto pasivo indica tener como desperdicio o merma para el acabado de sus productos, por ende se desestima los argumentos expuestos sobre este punto, toda vez que la documentación presentada no respalda, nijustifica el supuesto proceso productivo y que estas cantidades de pies tablares registradas en el formulario 6 de despacho, sean únicamente mermas o desperdicio de este proceso. 

Así también corresponde señalar que para el cálculo del precio promedio de los ingresos no declarados, se consideró la información del cuadró 17 de la Vista de Cargo, en el que se establece un detalle de las ventas facturadas por el contribuyente durante el primer, segundo y tercer trimestre de la gestión 2013 y primer trimestre del 2014, teniéndose los datos del N” de Factura, precio unitario por producto y especie de madera, facturas que cursan e antecedentes administrativos, es así que en base a esta información se estableció el precio promedio para el cuadro N” 18 “Ventas Comercializadas no declaradas”, por lo que señalamos como ejemplo el precio promedio para la madera aserrada tajibo (…)” Y posteriormente insertó un cuadro con las columnas Número de Factura, Precio Unitario y Precio Promedio, registrando un total de 4 facturas, estableciendo un precio promedio de 5,5 sin especificar la moneda. 

Continuó el análisis señalando: “Ahora bien, el contribuyente durante la etapa de descargos también presenta planillas de referencia cuadro 2 en el que se realiza una comparación entre los datos del cuadro 18 de la Vista de Cargo y la información contenida en los certificados forestales de origen, resaltándose diferencias de las fechas de despacho, sobre ello cabe mencionar que en párrafos anteriores se explicó de forma detallada que las fechas fueron deducidas de las facturas de ventas presentadas por el contribuyente y no así de la información de sus Certificados Forestales, por lo que dicha documentación no desvirtúa de ninguna manera las ventas no declaradas determinadas por la Administración Tributaria. 

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Por todo lo expuesto anteriormente, se evidencia que el contribuyente describe una serie de argumentos en su carta de descargos sin embargo tales manifestaciones no son respaldadas con documentación pertinente que demuestren que las cantidades observadas declaradas como ventas correspondan a una merma o residuo del proceso de producción, toda vez que los documentos que se presentan en calidad de descargo contienen la misma información que fue proporcionada por el agente de información ABT, por lo que dichos documentos resultan insuficientes para desvirtuar los reparos establecidos en la Vista de Cargo, siendo que en los procedimientos tributarios administrativos, la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda probar los hechos consecutivos de los mismos, en virtud a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 2492.”. 

Con relación a los descargos que no fueron valorados la Resolución del Recurso de Alzada en su pág. 43-44, estableció que la Administración Tributaria valoró parcialmente los argumentos esgrimidos en el memorial de descargo, extrañando el pronunciamiento expreso y preciso respecto al proceso productivo de fabricación de los productos finales, en los que por el perfeccionamiento, descarte, proceso de secado y los cortes especiales, existe una gran merma de madera imposible de cuantificar con certeza, debido a que depende de la calidad de las tablas recibidas y del comportamiento de estas durante el secado; proceso que está ligado a la elaboración y presentación del Informe Trimestral a la ABT, a cargo del Ing. Forestal en representación de la recurrente, que elabora los cuadros en Excel que se adjuntan a cada Informe Trimestral, partiendo de los saldos finales del último informe trimestral presentado, que pasan a ser los saldos iniciales del siguiente informe, llenando el form. 8 de recepción con los datos de los CFOs recibidos y el form. 6 despacho, con los datos de los CFOs emitidos (12va columna) o datos de la factura emitida, si son ventas menores a 2.000 pies tablares, que no precisan el trámite de CFOs, pero que son siempre cargados a CFOs de saldos (18va columna “Observaciones”), además que, en este cuadro el Ing. Forestal estima la merma o deterioro de producto que se ha tenido en el proceso productivo y da de baja volúmenes diferentes de madera, escribiendo como observación “Venta al raleo y residuos del proceso de transformación, con cargo a CFO N° XXX”, este detalle debe ser escrito de esta manera para que la ABT pueda obtener la información estadística de las diferentes unidades productivas, y que pueda filtrar la información del desperdicio generado; además, que la ABT no quiere que queden volúmenes muy elevados de madera en 50 de 61

Ain. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

saldos de CFOs que puedan ser utilizados para respaldar madera de origen irregular o pirata y que en su caso, se trata de residuos del proceso de transformación y no de venta local al raleo. 

Asimismo, en la pág. 44 de la citada Resolución de Recurso de Alzada, esta Autoridad extrañó el análisis de la Administración Tributaria, respecto a los argumentos de la recurrente que refieren que la Vista de Cargo en sus páginas 21 a 24, registraba el Cuadro N° 18 “Ventas no declaradas”, en el cual se hace referencia a CFOs que no corresponden a ventas, debido a que son CFOs de saldos en stock o CFOs de transporte de materia prima a la empresa, ubicada en el km 7.5 Carretera al Norte de la ciudad de Santa Cruz. Insertó el Cuadro 1, señalando diferencias entre el Cuadro 18 de la Vista de Cargo y el Formulario 6 Despacho del Informe Trimestral, indicando que las fechas del Cuadro 18 de la Vista de Cargo, fueron deducidas, porque el Informe Trimestral no proporciona fechas de despacho, debido a que no es posible conocer el día exacto en que se tuvo esa merma. También introdujo el Cuadro 2, estableciendo diferencias entre el Cuadro N° 18 de la Vista de Cargo y la información de los Certificados Forestales de Origen, y señalando que los CFOs citados son de dos tipos, CFOs de saldo, que corresponden a stock de la empresa, de meses o años anteriores, o CFOs de transporte de madera aserrada a Santa Cruz, siendo por esto que no coinciden los montos del producto, los del Cuadro N° 18 son siempre menores a los CFOs, ya que corresponden a mermas o deterioros de materia prima y/o productos terminados que son cargados a la existencia de estos CFOs. De igual manera, mencionó que se aplicó el método de determinación sobre base presunta, sin tomar en cuenta los procedimientos de producción de la empresa, ni la información que proporcionan los CFOs, interpretando de manera errónea los cuadros de informes trimestrales entregados por la ABT, no encontrándose debidamente motivada, al tener como único respaldo de las supuestas ventas no facturadas, lo reportado por el Ing. Forestal en la columna Observaciones del Formulario 6. Señaló que, se multiplicó los pies tablares correspondientes a las mermas o deterioros por los precios de la madera de otras ventas de productos de primera, siendo totalmente erróneo, puesto que, la madera resultante del desperdicio o la merma obtenida, no tiene un valor comercial, siendo que la mayoría de esos desperdicios fueron utilizados como leña para alimentar el caldero que secaba la madera, argumentos y cuadros demostrativos que no tuvieron una valoración por parte de la entidad recurrida 

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Al respecto, la entidad recurrida en la valoración realizada en la pág. 101 de la Resolución Determinativa concluyó que el contribuyente es quien declara y presenta los Informes Trimestrales ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, y de acuerdo a esta información se emiten los cuatro informes trimestrales digitales, observando que en el formulario 6 de despacho, se registró la salida de cantidades de madera en pies tablares en los trimestres 111/2013 y 1/2014, que según el formulario 27, columna “Detalle de Egreso”, se registró la comercialización de estas cantidades de madera, datos en los que se basó para presumir las ventas no declaradas, sin embargo, no consideró que en sus argumentos la recurrente explicó que el Ing. Forestal en representación de la recurrente es la persona que elabora los cuadros que se adjuntan a cada informe trimestral, partiendo de los saldos finales del último informe trimestral presentado, que pasan a ser los saldos iniciales del siguiente informe, llenando el form. 8 de recepción con los datos de los CFOs recibidos y el form. 6 despacho, con los datos de los CFOs emitidos o datos de la factura emitida, si son ventas menores a 2.000 pies tablares, que no precisan el trámite de CFOs, pero que son siempre cargados a CFOs de saldos, además que, en este cuadro el Ing. Forestal estima la merma o deterioro de producto que se ha tenido en el proceso productivo y da de baja volúmenes diferentes de madera, escribiendo como observación “Venta al raleo y residuos del proceso de transformación, con cargo a CFO N° XXX”, que debe ser escrito de esta manera para que la ABT pueda obtener la información estadística de las diferentes unidades productivas, y pueda filtrar la información del desperdicio generado, esto con el objetivo . 

Por otro lado, si bien la Administración Tributaria hizo referencia al proceso de obtención del producto terminado y a las mermas o residuos de este proceso, se limitó a señalar que habiendo revisado el Formulario 6 de despacho, inventarios de los CFOs, entre otros documentos proporcionados por la ABT en formato digital, y que contrastados con los CFOs, encontró observaciones que desvirtúan los argumentos del sujeto pasivo, utilizando como ejemplo únicamente el CFO DDSC B1400064, presentado como descargo por el sujeto pasivo, respecto al cual señaló que, se tendría una merma o desperdicio de 14.913 PT de madera que representaría el 31,03% del total del saldo en stock del referido CFO y un 45,91% del saldo al 31 de marzo de 2014 reflejado en los inventarios digitales de la ABT, que resultaría contradictorio con el proceso productivo explicado por el contribuyente en sus 52 de 61

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descargos, desestimando sus argumentos porque la documentación presentada no respaldaría este proceso productivo y que las cantidades de pies tablares registradas en el formulario 6 de despacho sean merma o desperdicio; por lo que se extraña incluso la revisión del proceso de producción, puntualmente respecto al método de secado de la madera, de tal forma de establecer si estos desperdicios que genera, pudieron haber sido utilizados para alimentar el caldero o en definitiva el método utilizado no requería de aquello. 

Además, la entidad recurrida para justificar el cálculo del precio promedio de los ingresos no declarados, consideró la información del cuadro N° 17 de la Vista de Cargo y estableció un promedio para el cuadro N° 18 “Ventas Comercializadas no Declaradas”, utilizando como ejemplo el precio promedio para madera aserrada tajibo, en las facturas 653, 679, 729, 673, obteniendo un precio promedio de Bs5,5; empero, no consideró que este “ejemplo” es completamente limitativo, cuando del propio cuadro 18 de la Resolución Determinativa, se extrae que entre los productos considerados como ventas no declaradas se tiene madera aserrada de curupaú, cuchi, sirari, verdolago, roble, soto, tajibo, madera cepillada de sirari, verdolago, momoqui, cuchi, roble, minidecking de curupaú, decking de curupaú, sirari, machimbre de momoqui, curupaú, parquet de morado, parqueton de curupaú, losetas de morado; cada uno con precio unitario distinto y con un proceso de obtención con su particularidad, de acuerdo al producto requerido, por consiguiente con su merma propia del proceso, de dimensionado, cepillado, secado, etc. En tal sentido, la entidad recurrida conforme a sus amplias facultades de investigación, debió explicar y justificar los motivos por los que considera que la madera registrada como “venta local al raleo y residuos del proceso de transformación” en los informes trimestrales presentados a la ABT, tiene un valor comercial y no es resultante del desperdicio o merma, toda vez que se limitó a considerar todos los datos, incluyendo importes mínimos (3,04; 3,21; 4.27 pies tablares) y máximos (2.379,39 7.893 pies tablares) registrados, sin considerar que necesariamente la comercialización de 2.000 pies tablares de madera tiene que ser realizada con el respectivo Certificado Forestal, por tanto, ésta determinación no se encuentra claramente motivada y denota la falta de fundamentación e investigación por parte de la Administración Tributaria, que vulneran el derecho a la defensa de la recurrente. 

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Por otra parte, la entidad recurrida en relación a las planillas de referencia cuadro 2, presentadas por el contribuyente, mencionó que las fechas fueron deducidas de las facturas de ventas presentadas por el sujeto pasivo y no así de los Certificados Forestales, por lo que dicha documentación no desvirtúa de ninguna manera las ventas no declaradas determinadas por la Administración Tributaria; al respecto, se observó que la Administración Tributaria no verificó el detalle de los cuadros N° 2 que acompañaban a cada CFO presentado como descargo por la recurrente, ni las características de estos, debido a que se restringe a contestar únicamente la observación sobre las diferencias en las fechas asignadas a los CFOs en la Vista de Cargo. De lo que se concluye que la Administración Tributaria no analizó toda la documentación en su integridad, utilizando únicamente ejemplos sin considerar que los datos y la información de cada uno de los productos, así como de los CFOs analizados en el párrafo en el punto anterior, son totalmente distintos, vale decir, contiene información que no es uniforme u homogénea por lo que no correspondía analizar únicamente uno y pretender la aplicación de ése análisis a toda la documentación e información, máxime si es obligación de la Administración de la Tributaria, reflejar todos los datos y cálculos y analizarlos de manera fundamentada y motivada, en cumplimiento de los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 28 incs. b) y e) de la 2341 (LPA). 

Consiguientemente, se constató que la entidad recurrida no dio cumplimiento a lo instruido en la Resolución de Recurso de Alzada, respecto a que se debía emitir pronunciamiento específico sobre la documentación presentada por la recurrente, consistente en: Formulario 6 “Base de datos de despacho de productos forestales”, trimestre 111-2013, Formulario 6 “Base de datos de despacho de productos forestales”, trimestre 1-2014, Cuadro 2 Nota detallada por CFO, que establece las discrepancias entre el Cuadro 18 de la Vista de Cargo y la Información de los Certificados Forestales de Origen, correspondiente a los CFO DDSC-B1200833, DDSC B1301147, DDSC-B1301237, DDSC-B1302632, DDSC-B1303613, DDSC-B1306405, DDSC-B1307033, DDSC-B1307972, SC-B1308161, SC-B1309238, SJC-B1200355, SJC-B1200469, SJC-B1200531, SJC-B1200545, SJC-B1300127, SJC-B1300551, SJC-B1300372, SJC-B1300565, SJC-B1300726, SJC-B1300727, SJC-B1300729, SJC-B1300808, SJC-B1300815, SJC-B1300817, SJC-B1300896 y SJC-B1400003, con los respectivos Certificados Forestales de Origen para Madera Aserrada. 

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Impugnación Tributaria 

Asimismo, se observa que la Administración Tributaria concluyó de manera similar su análisis que en la Resolución Determinativa anulada, con la modificación de algunas palabras, señalando que el contribuyente describe una serie de argumentos en su carta de descargos, sin embargo, tales manifestaciones no son respaldadas con documentación pertinente y que demuestren que las cantidades observadas como ventas no declaradas correspondan a una merma o residuo del proceso de producción, puesto que no ha ejercido sus amplias facultades previstas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que los documentos que se presentan en calidad de descargo, contienen la misma información proporcionada por el agente de información ABT, por lo que dichos documentos resultan insuficientes para desvirtuar los reparos establecidos en la Vista de Cargo, siendo que en los procedimientos tributarios administrativos, la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda probar los hechos constitutivos de los mismos, en virtud a lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); no obstante, corresponde aclarar una vez más a la Administración Tributaria, que si bien la recurrente tiene la carga de la prueba, asimismo el fundamento para desvirtuar los descargos, debe estar sustentado y considerar toda la prueba y alegatos presentados por la recurrente, toda vez que el sujeto pasivo tiene el derecho a formular y aportar todo tipo de descargos que deben ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución, conforme prevé el art. 68, num. 7 de la Ley 2492 (CTB), en ejercicio de su derecho a la defensa, como pilar fundamental de la garantía del debido proceso, reconocido constitucionalmente. 

Continuando con la revisión del cumplimiento a lo instruido por la Resolución del Recurso de Alzada, se observó que la Resolución Determinativa impugnada en su pág. 47 en el punto “IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES BASE PRESUNTA”, realizó una transcripción de los arts. 72, 74 y 75 de la Ley 843, insertando el Cuadro N° 22 Revisión del Impuesto a las Transacciones, evidenciando diferencias en Ingresos no declarados por valor de Bs259.113,00 (Doscientos cincuenta y nueve mil ciento trece 00/100 Bolivianos) y por concepto del IT, un importe de Bs7.773,00 (Siete mil setecientos setenta y tres 00/100 Bolivianos), argumentando que habría evidenciado durante la fiscalización que el contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ingresos percibidos y siendo que durante el proceso de determinación, estableció ventas no declaradas de madera sobre base presunta, conforme a lo expresado en el cuadro N° 18 de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, lo 

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cual de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 843 concordante con el art. 7 del DS 21530, originaron un débito fiscal, por lo que estos ingresos en virtud a lo dispuesto en el art. 74 de la Ley 843 se encuentran gravados por el Impuesto a las Transacciones, estableciéndose una alícuota del 3% en aplicación a lo previsto en el art. 75 del mismo cuerpo legal, sobre el total de los ingresos no declarados por el contribuyente; si bien se observó que la Administración Tributaria justificó la obtención de los ingresos gravados por el IT, sin embargo, debe considerarse que los datos provienen de una determinación en la que no se valoraron los descargos ni se fundamentó el origen de las diferencias encontradas ni el detalle de los ingresos no declarados correctamente, extrañándose el análisis técnico y legal respaldado en cuanto a las razones que avalan su posición, como se tiene analizado en los párrafos anteriores. 

En relación a la observación del Recurso de Alzada sobre los precios promedio unitario utilizados por la Administración Tributaria para establecer las ventas no declaradas, cuya cuantía no se encuentra explicada y que no permite tener certeza sobre los valores considerados al efecto, verificada la Resolución Determinativa impugnada, se constató que en el punto AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT) (Pág. 23 de la Resolución Determinativa), la Administración Tributaria como ya se reflejó al inicio de esta fundamentación, no modificó su análisis respecto a este punto; sin embargo, se entendería que en la pág. 102-103 de la Resolución Determinativa impugnada, estaría subsanando tal observación, al señalar que se habría considerado la información del cuadro N° 17 de la Vista de Cargo, en el que se establece un detalle de las ventas facturadas por el contribuyente, en las cuales se basó para establecer el precio promedio para el cuadro 18, no obstante este aspecto ya se analizó en líneas ut supra, extrañándose el detalle total de las facturas y la información que refleja cada una para cada tipo de producto por especie de madera, de manera que la recurrente pueda tener certero conocimiento de todos los valores tomados como base para realizar el cálculo de la determinación, y no sólo un ejemplo que claramente no puede determinarse como fundamento técnico de la referida determinación, cuando es evidente que la especie de madera, tipos de productos y sus precios no son homogéneos. 

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Finalmente, concluyendo con la revisión del acto impugnado, se evidenció que el cuadro 18, cursante en las págs. 20-23 de la Resolución Determinativa, es el mismo que el observado anteriormente por esta instancia, no habiéndose modificado, constatándose que la Administración Tributaria una vez más no estableció el origen de los datos relativos a la fecha de despacho, tipo de CFO y de CFO y su incidencia en el cálculo de las ventas comercializadas y no declaradas que existirían, toda vez que estos datos no concuerdan con la información plasmada en los cuadros anteriores, 16 y 17, debido a que los números de CFOs no coinciden y no identifican con precisión si se trata de CFOs de saldo o de transporte y en qué medida o cuáles las características de éstos, reafirmarían la posición de la Administración Tributaria que se tratarían de ventas no declaradas; vale decir, realizar el análisis minucioso de cada uno de los CFOs y establecer de manera indubitable que se trata de venta de productos sin declarar o corresponden a un desperdicio registrado; pues si bien, a decir de la Administración Tributaria, fueron elaborados según la información digital proporcionada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra ABT, de los informes trimestrales del movimiento de madera realizado por el contribuyente durante las gestiones fiscalizadas, empero, se extraña el cumplimiento a lo determinado en la Resolución del Recurso de Alzada por carecer de la fundamentación adecuada respecto al origen de las ventas no declaradas y al contenido del Cuadro N° 18, toda vez como se expuso ut supra existen importes mayores a 2.000 pies tablares que necesariamente para su comercialización tienen que con contar con el Certificado Forestal. 

En suma, cabe indicar que la parte recurrida omitió analizar si la prueba precedentemente detallada es pertinente o no; tampoco explicó los motivos para que dichos documentos y argumentos de descargo sean válidos o la razón para su rechazo; por lo que los mencionados descargos no fueron valorados ni analizados conforme a la sana crítica, prevista en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), resultando evidente que no se fundamentaron las razones para prescindir de los mismos, ocasionando con esta omisión, desconocimiento en el sujeto pasivo del razonamiento que motivó a la Autoridad Tributaria a desestimar sus pruebas y argumentos, y confirmar la contravención tributaria por omisión de pago. Siendo imprescindible que el acto administrativo analice y valore los documentos ofrecidos, sea claro y responda a todos los argumentos expuestos como descargo, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, aspecto 

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que no se evidencia en la referida Resolución, puesto que se debió establecer puntualmente los argumentos técnicos y jurídicos con los que se analizó la prueba y los alegatos presentados por la recurrente punto por punto, además de la justificación del rechazo de los mismos, así como las observaciones precisas que pudiera tener respecto a la documentación de descargo; más aún cuando los argumentos y documentación que no fueron valorados, trataban de desvirtuar la existencia de ingresos no declarados por supuestas ventas al raleo, afirmando que son mermas o residuos del proceso productivo, mediante la explicación del proceso productivo de la empresa en el periodo fiscalizado, el detalle de la forma de presentación de los reportes trimestrales a la ABT, de uso de los CFOs y la utilización que se le daba al desperdicio de madera, denunciando una mala interpretación del Formulario 6 – Despacho del Informe Trimestral e incoherencias en el Cuadro N° 18 de la Vista de Cargo. 

Así también remitiendo como documentación probatoria, los CFOs observados, Formulario 6 de base de datos de despacho de productos forestales y Cuadro 2, que consigna las diferencias existentes entre el Cuadro N° 18 y la información de los CFOs; y siendo que en el cuadro N° 18 “Ventas comercializadas no declaradas gestión abril 2013 a marzo 2014″ de la Resolución Determinativa, en el recuadro “Operación”, se puede evidenciar que se declaró Venta local al raleo y Residuos del proceso de transformación, de lo que se extrae que la Administración Tributaria no realizó la discriminación de lo que pudo considerarse residuos del proceso de transformación, puesto que la recurrente según el mismo cuadro comercializa: madera aserrada, decking, machimbre, parquet, entre otros, que al tener un proceso de transformación tiene pérdidas por el dimensionamiento de la madera en los tamaños requeridos para los productos, mermas o residuos que inciden en el cálculo de la determinación de los supuestos ingresos no declarados por el contribuyente. 

Por lo que, se evidencia que, no se desarrolló con precisión y claridad el sustento respecto a los motivos por los cuales la documentación presentada como descargo por la recurrente, no resulta suficiente para desvirtuar la comisión de la contravención; situación que denota la ausencia de fundamentación del acto administrativo, careciendo de un análisis técnico y legal respaldado en cuanto a las razones que avalan su posición, pues siendo que la valoración de la prueba es la actividad que busca el convencimiento o el rechazo de la misma, el Sujeto Activo se 58 de 61

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encuentra constreñido por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), a respaldar sus observaciones en correlación con la normativa aplicable, realizando una minuciosa fundamentación de hechos y de derecho, lo contrario significa lesionar el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable de que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo, y por ende su derecho a la defensa se encuentre afectado, omisión cometida por la entidad recurrida, incumpliendo lo determinado por el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), incs. b) y e) en cuanto a los requisitos de fundamentación y causa, como elementos esenciales del acto administrativo; asimismo, lo dispuesto por el art. 31 del DS 27113 (RLPA), que en relación a la motivación del acto, señala que debe expresar sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan del expediente, consignar las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto, individualizar la norma aplicada, y valorar las pruebas determinantes para la decisión; artículos aplicables supletoriamente a la causa por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB). 

En el referido contexto, la Administración Tributaria no sustentó los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten sus pretensiones y que se reflejen en la motivación que debe contener todo acto administrativo que sanciona una conducta contraventora, se generaron vicios de nulidad; es decir, que debió cumplir 

con los requisitos formales para lograr su fin, que en el caso de la Resolución Determinativa, es poner a conocimiento del contribuyente las causas que llevaron a la Administración Tributaria a establecer ingresos no declarados, con la finalidad de que la recurrente pueda asumir una defensa concreta sobre las pretensiones del sujeto activo; en efecto, considerando que a la base presunta la recurrente presentó descargos, la Administración Tributaria al no haber tomado en cuenta ni valorado estos argumentos y documentos presentados como descargo a la Vista de Cargo, incurre en vulneración de los derechos constitucionales reclamados por la recurrente, por lo que es evidente que la Administración Tributaria, no se pronunció de forma específica y fundada sobre cada uno de los elementos presentados como prueba, argumentos y documentos, de modo que no los valoró de manera concreta y explícita, tampoco les asignó un valor probatorio en forma motivada, ni explicó por qué los mismos no desvirtúan la comisión de la contravención tributaria atribuida a la recurrente, descartándolos sin el sustento adecuado. 

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Es así que la Resolución Determinativa no se encuentra debidamente fundamentada ni motivada, al incumplir los requisitos establecidos en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), arts. 19 del DS 27310 (RCTB), 7 inc. k) de la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0032-16, 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA), y 31 parágrafo II del DS 27113 (RLPA), dejando en incertidumbre a la recurrente, vulnerando el derecho al debido proceso, la defensa, y a la valoración de la prueba, derechos consagrados en los arts. 115 y parágrafo I del art. 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), y 68 num. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB); por lo que, siendo que un acto es anulable cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, en virtud de lo dispuesto en los arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al presente caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB); corresponde a ésta instancia recursiva anular la Resolución Determinativa 171976002132, de 09 de octubre de 2019, a fin de que la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emita un nuevo acto administrativo en el que se pronuncie y analice todos los argumentos y pruebas presentadas por el sujeto pasivo, conforme prevén los arts. 68 num. 7 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y fundamente su determinación. 

Asimismo, al comprobarse los vicios de nulidad agraviados por la recurrente, ésta instancia de alzada se ve imposibilitada de pronunciarse respecto a los demás aspectos agraviados en el Recurso de Alzada, toda vez que previamente la Administración Tributaria deberá subsanar los vicios procedimentales incurridos. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa 171976002132, de 09 de octubre de 2019, emitida por 60 de 61

Ám. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

la Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir un nuevo acto administrativo en el que se pronuncie y analice todos los argumentos y pruebas presentadas por elsujeto pasivo, conforme prevén los arts. 68 num. 7 y 81 de la Ley 2492 (CTB), y fundamente su determinación, de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden, de conformidad al art. 212 parágrafo Iinc. c) de la Ley 2492 ( CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/nvro/apíb 

ARIT-SCZ/RA 0120/2020 Directora E/ecutiva Regional ajT 

Autoridad Regional de 

Impugnación Tnbutaria Santa Cruz 

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