ARIT-SCZ-RA-0118-2020 Ordenes de verificación no contemplan en su procedimiento la ampliación de plazos

ARIT-SCZ-RA-0118-2020

aití 

autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0118/2020 

Hugo Augusto Ribera Ayub. 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ernesto Natusch 

Serrano. 

Resolución Determinativa N° 

171980000364, de 02 de septiembre 

de 2019. 

ARIT-BEN-0009/2019. 

Santa Cruz, 07 de febrero de 2020 

VISTOS

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe 

Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0118/2020 de 07 de febrero de 2020, 

emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo 

presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, emitió la Resolución Determinativa 171980000364, de 02 de septiembre de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio y por conocimiento cierto las obligaciones impositivas del contribuyente Hugo Augusto Ribera Ayub, por Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016, importe que asciende a 1 de 21 

Justicia tributaria para vivir bien 

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mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

II 

Bs1.206.551.- (Un millón doscientos seis mil quinientos cincuenta y uno 00/100 Bolivianos) equivalentes a 521.602.- UFV’s, mismo que incluye tributo omitido, sanción por omisión de pago, mantenimiento de valor, interés e incumplimiento al deber formal. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo 

Hugo Augusto Ribera Ayub, en adelante el recurrente, mediante memoriales de 22 de octubre y 06 de noviembre de 2019, se apersonó ante la responsable departamental de Beni, dependiente de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 171980000364, de 02 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN (fs. 14-28 y 32-39 del expediente), manifestando los siguientes aspectos: 

11.1.1 Vulneración de plazos. 

El recurrente manifestó que, según el tiempo que demoro la ejecución del mencionado proceso, debió ser notificado con la Resolución de ampliación de plazo, esto en aplicación del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que: “Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir 

más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria, podrá autorizar una prorroga hasta por seis (6) meses más”, vulnerando así la Seguridad Jurídica. 

11.1.2 Incorrecto método de determinación utilizado sobre Base Cierta. 

El recurrente sostuvo que los argumentos de la Administración Tributaria no tienen respaldo documental que haya sido logrado u obtenido en el ejercicio de fiscalización e investigación, conforme las facultades otorgadas por el art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido, el recurrente cuestionó la Base Cierta que refiere la Resolución Determinativa impugnada, siendo que no existe documentación obtenida 

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Ara, 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

o presentada ya sea por el sujeto pasivo o el proveedor de este, sino que solamente existen indicios y referencias la cuales no respaldan el resultado obtenido. 

Por lo que el análisis técnico realizado por la Administración Tributaria solamente se apoya en reportes de sistema generados por la misma entidad recurrida, sin embargo, los referidos reportes solo se constituyen en meros indicios o referencias, por lo que, el hecho de considerarlos para conformar una deuda tributaria, se constituye en un acto discrecional, parcializado y atentatorio al debido proceso y derecho a la defensa, consagrado en el art. 115 de la CPE; además, indicó que la información que reporta el sistema, debe ser valorada con igual equivalencia, entre las partes que las remitieron o aportaron, considerando su origen y la identificación de diferencias observables debe ser necesariamente confirmada y respaldad documentalmente, antes de emitir el acto definitivo. En el presente caso, la Administración Tributaria emitió un fallo sin requerir ni reunir físicamente los documentos que respalden la determinación. 

Citó los Autos Supremos N° 430/2013, de 25 de julio de 2013 y N° 00/2014, de 04 de febrero de 2014; así como la Sentencia Constitucional 1756/2011-R, de 07 de noviembre de 2011. 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa 171980000364, de 02 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 13 de noviembre de 2019 (fs. 40 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 171980000364, de 02 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, representada por Ernesto Natusch Serrano, conforme acredita el Memorándum CITE: SIN/PE/GG/GRH/DAP/MEM/002316/2017, de 31 de marzo de 2017, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial 3 de 21 

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Mrtrf adoN “1 14 

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Teléfonos: (591-3) 3391027 

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

de 04 de diciembre de 2019 (fs. 49-51 del expediente), se apersonó ante la responsable departamental de Beni, dependiente de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

11.3.1 Sobre la contestación al Recurso de Alzada. 

La Administración Tributaria sostuvo que el sujeto pasivo no presentó ninguna documentación requerida, por lo que determinó el tributo a pagar sobre la información obtenida de la base de datos del SIRAT-II de la Administración Tributaria. Dentro de dicho análisis a las declaraciones del contribuyente, se verificó que las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal correspondiente por los periodos verificados no pudieron ser verificadas debido a que no fueron presentadas por el contribuyente, por lo que de acuerdo al art. 41 parágrafo I num. I de la RND N° 10-0016-07, procedió a invalidar el crédito fiscal establecido en la casilla 26 de la declaración jurada (F 200), aclarándose en todos los casos, que el total depurado, constituye la base imponible para determinar el impuesto omitido a favor del fisco, además de considerarse los arts. 47 y 165 de la Ley 2492, art. 8 de la Ley 843, y arts. 8, 9 y 42 del DS 27310. 

De igual forma indicó que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada, cumplen a cabalidad con todos los requisitos esenciales establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492; por lo tanto, resulta imaginario que se alegue que no se ha determinado el hecho generador y la base imponible en los actos de la administración al verificar al contribuyente; resulta que el contribuyente hoy recurrente no presenta los originales de las facturas depuradas, por lo tanto el contribuyente olvida lo señalado la normativa vigente, la cual establece que para beneficiarse con el crédito fiscal, se debe de presentar la factura original de la compra, esta debe de estar correctamente dosificada y debe de estar relacionada con la actividad gravada; al respecto, el contribuyente no demuestra de ninguna forma su buena fe en la adquisición de la factura ni mucho menos los medios fehacientes de pago, que respaldarían la transacción; en consecuencia, el trabajo de la Administración Tributaria se conforme a normativa legal vigente. 

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AITÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 171980000364, de 02 de septiembre de 2019. 

II.4. Apertura de término probatorio 

Mediante Auto de 04 de diciembre de 2019, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se practicó en secretaria el 11 de diciembre de 2019, tanto al recurrente como a la entidad recurrida (fs. 52-53 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 31 de diciembre de 2019, el recurrente ni la Administración Tributaria presentaron o ratificaron prueba alguna que haga a su derecho. 

II.5 Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 21 de enero de 2020, ninguna de las partes presentó alegatos, escritos u orales. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1 El 27 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó de forma personal al recurrente con la Orden de Verificación N° 17990316124, de 18 de septiembre de 2018, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivados de la verificación del Crédito Fiscal de las facturas detalladas en el F-7531 de los periodos fiscales enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016, solicitando la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de Compras IVA, facturas de compra originales, medios de pago y cualquier otra documentación que se requiera (fs. 07-12 y 16 de antecedentes c. I). 

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mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

III.2 El 09 de abril de 2019, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00180558, por el incumplimiento al deber formal de: No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, contraviniendo los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con 1.500 UFV’s según el sub num. 4.1 num. 4 de la RND 10- 0033-16 (fs. 17 de antecedentes c. I). 

111.3 El 10 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00623/2019, el cual concluyó con reparos a favor del fisco, correspondiente a los periodos fiscales de enero, abril, mayo y diciembre de 2016; razón por la cual recomendó la emisión de la Vista de Cargo (fs. 461-471 de antecedentes c. I). 

111.4 El 30 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con la Vista de Cargo 29180000191, de 10 de junio de 2019, mediante la cual comunicó que en virtud del proceso de verificación impositiva realizado al contribuyente Hugo Augusto Ribera Ayub, iniciado mediante Orden de Verificación N° 17990316124, procedió a ajustar la base imponible sobre base cierta indicando que el recurrente se benefició de un crédito fiscal indebido, por lo que determinó una deuda tributaria de Bs1.195.754.- (Un millón ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro 00/100 Bolivianos) equivalentes a 519.038.- UFV’s; asimismo, en caso de haber objeción, otorgo el plazo de treinta (30) días para la formulación de descargos (fs. 472-485 y 489 de antecedentes c. III). 

111.5 El 22 de agosto de 2019, el recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo, razón por la cual la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar la presentación de: Facturas 93, 269, 1905, 1949, 1910, 1913, 279, 1919, 283, 1940, 87, 288, 1926, 1929, 300, 1934, 1937, 1942, 188, 193, 197, 166, 171, 174, 185, 182 y 205, todas del periodo de abril/2016 (fs. 492-493 de antecedentes c. III). 

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Mlí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

111.6 El 02 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/1284/2019, el cual concluyó que, en virtud al 

proceso de verificación impositiva realizado, determinó un adeudo tributario 

a favor del fisco de Bs1.206.551.- (Un millón doscientos seis mil quinientos 

cincuenta y uno 00/100 Bolivianos) equivalentes a 521.602.- UFV’s; razón 

por la cual recomendó la emisión de la Resolución Determinativa de acuerdo 

a lo establecido en el art. 11 (caso 3) de la RND 10-0032-16 (fs. 510-518 de 

antecedentes c. III). 

111.7 El 02 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171980000364, de 02 de 

septiembre de 2019, mediante la cual resolvió determinar de oficio y por 

conocimiento cierto las obligaciones impositivas del contribuyente Hugo 

Agusto Ribera Ayub, por Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos 

de enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016, importe que asciende

Bs1.206.551.- (Un millón doscientos seis mil quinientos cincuenta y uno 

00/100 Bolivianos) equivalente a 521.602.- UFV’s, mismo que incluye tributo 

omitido, sanción por omisión de pago, mantenimiento de valor, interés

incumplimiento al deber formal (fs. 519-529 y 533 de antecedentes c. III). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA. 

El recurrente señaló como agravios: 1. Vulneración de plazos, y 2. Método de determinación sobre Base Cierta. Observación que será analizada a continuación. 

IV.1. Vulneración de plazos. 

El recurrente manifestó que, según el tiempo que demoró la ejecución del mencionado proceso, debió ser notificado con la Resolución de ampliación de plazo, esto en aplicación del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que dispone: “Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria, podrá autorizar una prorroga hasta por seis (6) meses más.”, vulnerando así la Seguridad Jurídica. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) M,buruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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d^laUlidad 

Certificado N^771/14 

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Por su parte, la Administración Tributaria no emitió pronunciamiento alguno sobre este agravio planteado por el sujeto pasivo. 

Al respecto, el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), establece que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis meses más. Añade que, si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. 

Asimismo, es preciso señalar que los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), otorgan a la Administración Tributaria las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; por su parte los arts. 95, parágrafo I y 96 parágrafo I de la misma Ley, establecen los requisitos que deben contener los actos de la Administración Tributaria dentro de los procedimientos que realice; en concordancia, el art. 29 del DS 27310 (RCTB) dispone que la deuda tributaria puede ser determinada mediante los procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, aclarando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, independientemente de cómo la Administración Tributaria los denomine; clasificando los procesos de fiscalización y/o verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más períodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

De igual manera, el art. 32 el DS 27310 (RCTB), establece: “Procedimientos De Verificación y Control Puntual. El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero 8 de 21

AmL 

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Impugnación Tributaria 

responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria.”. 

Por su parte, el art. 35 de la misma disposición legal prevé: 7. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.”. 

A su vez, el art. 36, dispone que: “/. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamientojurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.”. Asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que “serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados (…)”. 

De lo descrito, se colige que evidentemente existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, ya que los procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos; en cambio, el 9 de 21 

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alcance de los procesos de fiscalización totales o parciales es integral, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más tributos y períodos, pudiendo revisar los ingresos, beneficios obtenidos, declaraciones presentadas y en general, los datos relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo. 

Además de lo anterior, es importante recordar que el incumplimiento de plazos no está expresamente establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el acto administrativo emitido o notificado tardíamente; en efecto, se corrobora que en la Ley 2492 (CTB) ni en la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable a la materia tributaria en virtud al art. 201 de la Ley 2492 (CTB), se ha establecido que el incumplimiento de plazos por parte de la Administración Tributaria, se constituya en un vicio de nulidad que amerite un saneamiento procesal; ya que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo previsto para ellas, sólo dan lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, el cual no es el caso; más aún si se considera que todos los actos se consideran válidos y producen efecto legal únicamente a partir de su notificación, según lo previsto en el art. 32 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), el cual señala que los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación; ahora, lo anterior no implica que la Administración Tributaria incumpla con lo establecido en la norma, por el hecho de no estar sancionado con la nulidad, lo cual se entendería como cierta impunidad para la Administración Tributaria, que evidentemente no ocurre, pues el incumplimiento de plazos conlleva otro tipo de sanción en el ámbito disciplinario, conforme a la Ley 1178 (SAFCO) para los funcionarios responsables de tal incumplimiento, aspecto que de manera imperativa debe ser observado por las autoridades de la Administración Tributaria. 

Ahora bien, siendo que el sujeto pasivo alegó el incumplimiento del plazo establecido en el parágrafo V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), de lo antes expuesto se puede advertir que el recurrente fue notificado el 27 de septiembre de 2018 con la Orden de Verificación 17990316124, de 18 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria notificó por cédula el 30 de julio de 2019 al recurrente con la Vista de Cargo 29180000191, de 10 de junio de 2019; en este caso es importante puntualizar que la Administración Tributaria realizó un procedimiento de verificación 10 de 21

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Impugnación Tributaria 

puntual de ciertas transacciones al recurrente a través de una Orden de Verificación enmarcada dentro del art. 32 del DS 27310 (RLPA), y no un proceso de fiscalización, por lo que se infiere que el legislador al redactar el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) estableció el plazo máximo para una fiscalización de 12 meses y la posibilidad de su ampliación por un plazo de seis meses adicionales, en el entendido que es el proceso de mayor alcance que realiza la entidad recurrida y que le demora mayor tiempo por la revisión de varios impuestos, en tal sentido, en efecto, la verificación y control puntual tendría que ser concluida en un plazo menor al plazo máximo establecido para una fiscalización de 12 meses y la norma no prevé la ampliación de las verificaciones puntuales mediante Resolución Administrativa; empero en el presente caso desde la notificación de la Orden de Verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo solo transcurrieron 8 meses y 10 días, es decir que fue concluida en un plazo menor al establecido para una fiscalización, por lo que el proceso se ajustó a los plazos previstos en la normativa, por lo que no es evidente la causal de nulidad o anulabilidad alegada, corresponde desestimar el presente agravio e ingresar al siguiente punto. 

IV.2. Incorrecto método de determinación utilizado sobre Base Cierta. 

El recurrente sostuvo que los argumentos de la Administración Tributaria no tienen respaldo documental que haya sido logrado u obtenido por el ejercicio de fiscalización e investigación, conforme las facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido, el recurrente cuestionó la Base Cierta que refiere la Resolución Determinativa impugnada, siendo que no existe documentación obtenida o presentada, ya sea por el sujeto pasivo o el proveedor de este, sino que solamente existen indicios y referencias la cuales no respaldan el resultado obtenido. 

Por lo que el análisis técnico realizado por la Administración Tributaria solamente se apoya en reportes de sistema generados por la misma entidad recurrida, sin embargo, los referidos reportes solo se constituyen en meros indicios o referencias, por lo que, el hecho de considerarlos para conformar una deuda tributaria, se constituye en un acto discrecional, parcializado y atentatorio al debido proceso y derecho a la defensa, consagrado en el art. 115 de la CPE; además, indicó que la información que reporta el sistema, debe ser valorada con igual equivalencia, entre las partes que las remitieron o aportaron, considerando su origen y la identificación 

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delaTalidad 

TertrfiLadrN ^1 14 

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de diferencias observables debe ser necesariamente confirmada y respaldad documentalmente, antes de emitir el acto definitivo. En el presente caso, la Administración Tributaria emitió un fallo sin requerir ni reunir físicamente los documentos que respalden la determinación. 

Citó los Autos Supremos 430/2013, de 25 de julio de 2013 y N° 00/2014, de 04 de febrero de 2014; así como la Sentencia Constitucional 1756/2011-R, de 07 de noviembre de 2011. 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que el sujeto pasivo no presentó ninguna documentación requerida, por lo que determinó el tributo a pagar sobre la información obtenida de la base de datos del SIRAT-II de la Administración Tributaria. Dentro de dicho análisis a las declaraciones del contribuyente, se verificó que las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal correspondiente por los periodos verificados no pudieron ser verificadas debido a que no fueron presentadas por el contribuyente, por lo que de acuerdo al art. 41 parágrafo I num. I de la RND 10-0016- 07, procedió a invalidar el crédito fiscal establecido en el casillero 26 de la declaración jurada (F-200), aclarándose en todos los casos, que el total depurado, constituye la base imponible para determinar el impuesto omitido a favor del fisco, además de considerarse los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB); 8 de la Ley 843, y 8, 9 y 42 del DS 27310 (RCTB). 

De igual forma indicó que, tanto la Vista de Cargo, como la Resolución Determinativa impugnada, cumplen a cabalidad con todos los requisitos esenciales establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB); por lo tanto, resulta imaginario que se alegue que no se ha determinado el hecho generador y la base imponible en los actos de la administración al verificar al contribuyente; resulta que el contribuyente hoy recurrente no presenta los originales de las facturas depuradas, por lo tanto, el contribuyente olvida lo señalado la normativa vigente, la cual establece que para beneficiarse con el crédito fiscal, se debe de presentar la factura original de la compra, esta debe de estar correctamente dosificada y debe de estar relacionada con la actividad gravada; al respecto, el contribuyente no demuestra de ninguna forma su buena fe en la adquisición de la factura ni mucho menos los medios fehacientes de pago, que respaldarían la transacción; en consecuencia, el trabajo de la Administración Tributaria se conforme a normativa legal vigente. 

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Al respecto, sobre los Métodos de Determinación, Carlos M. Giuliani Fonrouge, enseña: “Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles”. Respecto a los elementos informativos indica: “pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva”. 

El citado autor añade: “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base presunta.” Añade que en las suposiciones: “(…) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los (…), previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación”; asimismo, indica: “Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida en actividades de la misma naturaleza” (GIULIANI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero, Volumen J. 58 Edición. 1993, Págs. 507-510). 

En ese contexto, queda claro que la fuente de información, obtenida puede provenir del sujeto pasivo, de los archivos de la propia Administración Tributaria o de terceros, ya que no es ésta, la que establece el método de determinación empleado (base cierta o base presunta); en todo caso, se debe considerar si se cuenta con elementos que permitan conocer con certeza e indubitablemente la existencia y cuantía de la obligación, entonces la determinación es sobre base cierta. En contrario, cuando la Administración Tributaria no obtiene del sujeto pasivo de otras fuentes los elementos certeros para efectuar la determinación y emplea hechos y sucesos que por su vinculación y conexión con las circunstancias tácticas que las Leyes Tributarias 13 de 21 

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prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación, en ese caso, la determinación es sobre base presunta. 

En nuestra legislación, el art. 42 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenida de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la misma Ley, establece los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, a saber: sobre base cierta y sobre base presunta; sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB). 

De la doctrina y normativa citadas se desprende que la determinación sobre base cierta se funda en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar los resultados de la determinación; si bien, esta información puede ser obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o agentes de información, e inclusive de la propia labor investigativa de la Administración Tributaria, con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos; pero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la realización de los hechos generadores y permitan establecer su cuantía; es decir, que cada conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

Asimismo, se colige que en forma general en la etapa de la verificación y/o fiscalización, el fisco debe intentar llegar a la verdad de los hechos, procurando obtener todos los datos y la información necesaria para llegar a una precisa, clara y circunstanciada atribución de la deuda tributaria que será comunicada al Sujeto Pasivo a través de la Vista de Cargo, siendo sólo a partir de ese momento que la carga de prueba le corresponde al Sujeto Pasivo. 

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Adicionalmente es preciso citar, que el art. 7 del DS 27310 (RCTB), establece que las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. 

Del mismo modo, el Código de Comercio dispone en los arts. 36, 37 y 40, que existe la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven los Libros Diario, Mayor, de Inventarios y Balances, encuadernados y notariados; asimismo, sobre la forma de presentación de dichos libros contables, el referido art. 37 indica que podrá llevarse registros auxiliares a fin de exponer de forma clara la contabilidad debiendo legalizar estos registros auxiliares, para ser considerados como prueba. 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria, el 27 de septiembre de 2018 notificó de forma personal al recurrente con la Orden de Verificación N° 17990316124, de 18 de septiembre de 2018, teniendo como alcance la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivados de la verificación del Crédito Fiscal de las facturas detalladas en el F-7531 de los periodos fiscales enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016, solicitando la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de Compras IVA, facturas de compra originales, medios de pago y cualquier otra documentación que se requiera (fs. 07-12 y 16 de antecedentes c. I). 

Seguidamente, el 09 de abril de 2019 la Administración Tributaria elaboró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 00180558, por el incumplimiento al deber formal de: No entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, contraviniendo los nums. 4, 6 y 8 del art. 70 de la 

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Ley 2492 (CTB), sancionando con 1.500 UFV’s según el sub num. 4.1 num. 4 de la RND 10-0033-16 (fs. 17 de antecedentes c. I). 

Posteriormente, el 30 de julio de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con la Vista de Cargo N° 29180000191, de 10 de junio de 2019, la cual en base al Informe de Actuación CITE: SIN/GDBN/DF/INF/00623/2019, estableció que, en virtud del proceso de verificación impositiva realizado al contribuyente Hugo Augusto Ribera Ayub, iniciado mediante Orden de Verificación N° 17990316124, procedió a ajusfar la base imponible sobre base cierta indicando que el recurrente se benefició de un crédito fiscal indebido, por lo que determinó una deuda tributaria de Bs1.195.754.- (Un millón ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro 00/100 Bolivianos) equivalentes a 519.038.- UFV’s; asimismo, en caso de haber objeción, otorgo el plazo de treinta (30) días para la formulación de descargos (fs. 472-485 y 489 de antecedentes c. III). 

Por su parte, el 22 de agosto de 2019, el recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo, razón por la cual la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar la presentación de: Facturas 93, 269, 1905, 1949, 1910, 1913, 279, 1919, 283, 1940, 87, 288, 1926, 1929, 300, 1934, 1937, 1942, 188, 193, 197, 166, 171, 174, 185, 182 y 205, todas del periodo de abril/2016 (fs. 492-493 de antecedentes c. III). 

Finalmente, el 02 de octubre de 2019, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con la Resolución Determinativa N° 171980000364, de 02 de septiembre de 2019, la cual en base al Informe CITE: SIN/GDBN/DF/INF/1284/2019, resolvió determinar de oficio y por conocimiento cierto las obligaciones impositivas del contribuyente Hugo Augusto Ribera Ayub, por Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016, importe que asciende a Bs1.206.551, equivalentes a 521.602.- UFV’s, mismo que incluye tributo omitido, sanción por omisión de pago, mantenimiento de valor, interés e incumplimiento al deber formal (fs. 519-529 y 533 de antecedentes c. III). 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por el recurrente, respecto a que, la Administración Tributaria emitió fallo sin reunir físicamente, los documentos que respalden su determinación, tomando en cuenta que no existe documentación 16 de 2)

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obtenida o presentada, ni por parte del sujeto pasivo ni de los proveedores, por lo que los resultados deben ser tomados simplemente como indicios y referencias, además el análisis técnico objetivo, solamente se apoyó en reportes de sistema, generados por la misma Administración Tributaria; corresponde señalar que la Administración Tributaria en mérito a lo dispuesto en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); 29 y 32 del DS 27310 (RCTB) inició el proceso de determinación con la notificación de la Orden de Verificación 17990316124, de 18 de septiembre de 2018, para la verificación puntual de las facturas detalladas en el “Cuadro de diferencias”, solicitando la presentación de documentación e información, otorgando a tal efecto un plazo definido, dentro del cual el sujeto pasivo hizo caso omiso y no realizó presentación alguna, razón por la cual la entidad recurrida labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas a Procedimientos de Determinación 00180558, en la que sancionó al recurrente con una multa de 1.500 UFV’s, por no entregar ninguna documentación e información requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, control e investigación. 

De igual manera, también se pudo evidenciar que al no haber presentado la documentación solicitada por parte del recurrente, la Administración Tributaria al amparo de lo dispuesto en el art. 7 del DS 27310 (RCTB), utilizó la información de sus sistemas informáticos, según consta en los reportes impresos (fs. 25-452 de antecedentes c. I, II y III), consistente en Declaración Jurada del IVA F-200 de los periodos de enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016 presentadas por el contribuyente; Compras Estándar Reportadas por el Contribuyente Ribera Ayub Hugo Augusto como usuario autorizado (fs.25-54 c I de antecedentes), información que fue contrastada con la Consulta de Dosificación e información de terceros informantes extraídas del Libro de Ventas de los proveedores, información que le permitió conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, conforme dispone el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB); reportes que tienen validez probatoria, para la determinación, toda vez que fueron enviadas por los usuarios autorizados (proveedores y recurrente), estos resultados fueron comunicados mediante la Vista de Cargo 29180000191, de 10 de junio de 2019 (fs. 472-485 de antecedentes c. III), pues la Administración Tributaria elaboró un cuadro: “ANÁLISIS DE FACTURAS OBSERVADAS” (págs. 5 a 9 de 14 de la Vista de Cargo), en el que detalló 176 facturas de compras observadas y su crédito fiscal (N° 13470, 4662, 17 de 21 

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11856, 4647, 14400, 11862, 4666, 6434, 2876, 13478, 14302, 14406, 11868, 14314, 4671, 4653, 2880, 1883, 14416, 4659, 13482, 6439, 2886, 2889, 4665, 14421, 14426, 11873, 6444, 14321, 13486, 2892, 4670, 4678, 14431, 11883, 13496, 11889, 6471 13490, 6450, 14328, 4683, 2896, 4689, 6455, 4694, 13493, 14341, 6460, 14347 14438, 13500, 11895, 6476, 14353, 11899, 14442, 14359, 6482, 2869, 13466, 6430, 14395, 2872, 14293, 93, 269, 1905, 1949, 1910, 1913, 279, 1919, 283, 1189, 1940, 87, 288, 1926, 1929, 300, 1934, 1937, 1942, 212, 188, 216, 244, 193, 225, 229, 197, 236, 166, 171, 240, 174, 185, 248, 182, 205, 757, 753, 773, 778, 655, 784, 664, 790, 794, 669, 1955, 675, 800, 1972, 681, 1965, 1454, 692, 699, 1467, 1985, 1987, 1472, 1994, 1478, 1487, 1494, 579, 951, 782, 963, 806, 690, 884, 547, 535, 559, 571, 703, 896, 583, 908, 715, 595, 619, 607, 795, 921, 727, 520, 933, 819, 631, 643, 739, 946 803, 815, 1019, 679, 655, 752, 958, 827, 839, 568, 855, 851, 863, 879, 887, 1163 875, 544, 691, 703, 807, 764, 971, 776, 715, 727, 890, 899, 904, 794, 556, 983, 751 788, 739, 831, 801, 995, 763, 775, 813, 799, 1007, 843, 787, 928, 902, 709, 916 1151, 721, 915, 927, 733 y 939), que corresponden a distintos NIT, por los periodos de enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016, cuyas observaciones son: “A. El contribuyente no presentó la factura original, B. N° de factura fuera de rango de dosificación, C. No existe información en el LV SIT-SIRAT, D Factura no emitida por el proveedor, E. Factura anulada por el proveedor, F. N° de Autorización no proporcionado por la Administración Tributaria”. 

Con relación a lo anterior, se tiene que según lo dispuesto por el Código Tributario Boliviano y Código de Comercio, el sujeto pasivo debió respaldar sus operaciones económicas con la documentación suficiente y necesaria adecuada a su naturaleza e importancia de su organización; pues, además de sus Facturas originales (solo presentó como descargo a la Vista de Cargo las facturas originales N°. 93, 269, 1905, 1949, 1910, 1913, 279, 1919, 283, 1940, 87, 288, 1926, 1929, 300, 1934, 1937, 1942, 188, 193, 197, 166, 171, 174, 185, 182 y 205 del periodo de abril/2016), debió presentar la documentación respaldatoria de sus transacciones, vale decir, sus registros contables, toda vez que, de acuerdo a los reportes del SIRAT el recurrente declaró compras LCV- DA Vinci y F-200 en los períodos de enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016 (fs. 30-54 de antecedentes c. I), por lo que se encontraba en la obligación de demostrar que las facturas apropiadas como Crédito Fiscal se encontraban vinculadas a su actividad, estaban dosificadas, así como acreditar los medios fehacientes de pago o documentación contable y/o financiera 18 de 21

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por lo que, al no haber sustentado la efectiva realización de la transacción por los gastos en los que habría incurrido, la Administración Tributaria de forma correcta depuró el Crédito Fiscal de las facturas de compras observadas, tomando en cuenta que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, para hacer valer su derecho al Crédito Fiscal debió probar los hechos constitutivos de los mismos, máxime cuando es su obligación, conforme lo señalan los nums. 4, 5 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, contrariamente a lo señalado por el recurrente, las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las Leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda que las operaciones que originaron la emisión de la factura hubieren sido efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y, consiguientemente, el que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento conforme lo establecen los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, que indica que el contribuyente, además de los registros obligatorios, mediante los que debe demostrar con claridad la naturaleza de sus operaciones, podrá llevar libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y podrán legalizarse para servir de medio de prueba; empero, en el presente caso, se advierte que el sujeto pasivo, tanto en el proceso de verificación, como en el de determinación, no presentó ningún documento de respaldo sobre los gastos incurridos que permita conocer o tomar convicción de la forma y el medio de pago, el registro del ingreso y utilización de las compras, o servicios que fueron adquiridos, entre otros. 

Respecto, a los precedentes citados por el sujeto pasivo, Autos Supremos 430/2013, de 25 de julio de 2013 y N° 00/2014, de 04 de febrero de 2014, emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es necesario aclarar que, en cumplimiento del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), sólo son fuentes de Derecho Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de 19 de 21 

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carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto; consiguientemente, los citados Autos Supremos, no constituyen fuentes del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; siendo sólo las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, razonamiento amparado en los arts. 203 de la Constitución Política del Estado y 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional; en ese entendido, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

Finalmente, en relación a la Sentencia Constitucional 1756/2011-R, de 07 de noviembre de 2011, referida al debido como derecho fundamental, de acuerdo a lo descrito precedentemente en los puntos que anteceden, se tiene que, al encontrase todos los actos de la Administración Tributaria conforme a derecho, no es evidente la vulneración a los preceptos contenidos en la citada Sentencia Constitucional, más al contrario, ésta Autoridad advierte que la Administración Tributaria dio cabal cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1756/2011-R, no habiéndose vulnerado ninguno de los derechos que le asisten al administrado. 

Por todo lo señalado, y siendo evidente que la Administración Tributaria aplicó correctamente los términos para la depuración del Crédito Fiscal y determinación de la Deuda Tributaria, toda vez que para la determinación de esta última, el Método de Determinación aplicado fue el método sobre Base Cierta establecido en el art. 43 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), pues utilizó los medios e instrumentos tecnológicos habilitados por la Administración Tributaria plenamente válidos, como prevé el art. 7 del DS 27310 (RCTB) y tomando en cuenta que el Sujeto Pasivo no respaldó fehacientemente el crédito fiscal de las facturas observadas incumplió lo dispuesto en el art. 70, nums. 4, 5, 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB); por lo que, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución Determinativa 171980000364 de 02 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), correspondiente a los períodos de enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016, por el Impuesto al ValorAgregado – Crédito Fiscal. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por 20 de 21

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171980000364 de 02 de septiembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales, correspondiente a los períodos de enero, abril, mayo y diciembre de la gestión 2016, por el Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal; de acuerdo a los fundamentos técnicos -jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/fmmb/acq 

ARIIiSCZ/RA 0118/2020 4tog. 

Directora Ejecutiva Regional ;u7 

Autoridad Regionalde 

Impugnación Tributaria SantaOu’ 

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